Opinión

Página 24/LA NACION

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Domingo 1º de abril de 2007

Cartas de lectores Ataque a LA NACION Señor Director:

Buenos Aires, domingo 1º de abril de 2007

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870 “LA NACION será una tribuna de doctrina” (Núm. 1, Año 1) Director: BARTOLOMÉ MITRE

Mesura y concordia

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UANDO los hombres carecen de claridad conceptual sobre el valor de las instituciones y desatienden la honra de los individuos, se siembran las condiciones para que todos los días estalle un escándalo en el país. ¿Se puede vivir así? ¿Hay alguna sociedad que pueda resistir indefinidamente las tensiones que eso supone? Frente al ataque del presidente Néstor Kirchner a miembros de la Cámara de Casación Penal por la supuesta demora en el trámite de ciertas causas judiciales vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante el último período militar, la Corte Suprema de Justicia hizo público un lacónico, pero extraordinariamente expresivo, comunicado, reclamándole al Poder Ejecutivo mesura, equilibrio y respeto por la independencia del Poder Judicial. Borges decía que la elocuencia se logra con apenas cambiar de tono. Bastó, en efecto, un lenguaje conciso y armonioso con lo que la sana razón espera del más alto tribunal de la República –como también de los más expectables ámbitos de la vida nacional– para que las pocas líneas del comunicado concerniente a las presiones que se abaten sobre jueces sobresalieran entre tanta vocinglería exasperada. Es probable que por la gravedad de las palabras pronunciadas respecto de jueces de la Cámara de Casación por el primer mandatario y, más aún, por algunos de sus colaboradores, alguien creyera que había lugar para una acordada de la Corte, con todas las formalidades del caso que ese tipo de disposiciones suponen. No consideramos, sin embargo, que sea saludable, y menos oportuno, entrar en tal debate. Por principio, un cuerpo como el hoy presidido por Ricardo Lorenzetti debe preservar ante el último instante posible su natural condición mediadora entre los actores del país. El solo hecho de que haya considerado dejar sentada una primera posición, con el prurito con que lo hizo ante la lamentable situación producida, merece ser rescatado como una muy valiosa contribución al interés general de la República. Conviene que se registren, una vez más, las cuidadosas palabras con las cuales la Corte se ha ocupado de la cuestión abierta entre el Poder Ejecutivo y jueces de la Cámara de Casación Penal: “Sin perjuicio –ha dicho– de que la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado está sometida a controles republicanos, dicho control debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial.” Las palabras de la Corte llegaron después de que lo hicieran entidades representativas de los abogados, de los presidentes de las cámaras federales y nacionales de todo el país y, en fin, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Esta última asociación cuestionó con severidad la “falta de consideración institucional hacia la alta investidura” de jueces y fiscales, y denunció “una intolerable injerencia” de un poder del Estado sobre otro. El tema en cuestión no es otro que el de la independencia del Poder Judicial. Ahora será dable verificar, sobre bases empíricas, la importancia de las advertencias formuladas en su momento cuando, bajo impulsos del Gobierno, la mayoría oficialista en el Congreso de la Nación se apresuró a reformar las normas que regían la constitución del Consejo de la Magistratura. Los hechos demostrarán o no, en un caso paradigmático como el de la Cámara de Casación Penal, si ese órgano ha sido reducido, por imperio de su nueva composición

–más política, menos próxima a la majestad judicial y académica–, a la condición próxima de apéndice de la bandería dominante en el poder de turno en el país. Ya se ha ocupado esta columna editorial de las cuestiones que se ventilan sobre la actuación de algunos de los jueces de la Cámara de Casación Penal. Son todas cuestiones referidas al período de violencia atroz de los años setenta, que debiera ser absolutamente condenable cualquiera fuere el ángulo desde el que se lo juzgue. La resolución por la Justicia de aquellas cuestiones se ha demorado por muchas razones, algunas ajenas a los jueces que intervinieron en las causas respectivas en los últimos treinta años. Acaso el principal de todos los motivos de dilación haya sido la anulación de las dos leyes sancionadas en los años ochenta, sobre punto final y obediencia debida. Como se sabe, ambas se gestaron a partir de una iniciativa concebida con el espíritu de que sirvieran como las otras normas de amnistía que desde los albores del país jalonaron las tradiciones políticas argentinas. Curiosamente, la celeridad que el jefe del Estado le ha reclamado al máximo tribunal en materia penal para castigar a los imputados de delitos contra los derechos humanos no se la reclama a los juzgados federales en los cuales no avanzan por ahora las numerosas denuncias de corrupción contra funcionarios del actual gobierno nacional. Tampoco se la exige a sus colaboradores para que se ejecuten las sentencias de la Corte que, desde hace bastante tiempo, ordenaron un significativo ajuste de los haberes jubilatorios. La desmesura presidencial ante los miembros de la Cámara de Casación invita, asimismo, a preguntarse si no será todo parte de un operativo dirigido contra quienes, en el futuro, deberían abordar uno de los escándalos más preocupantes de la etapa kirchnerista, como el caso Skanska, que hoy se ventila en tribunales inferiores. Se puede abundar mucho más respecto de un asunto tan delicado, pero parecería que en estas precisas circunstancias lo más útil es hacer notar la importancia del pronunciamiento de una Corte integrada en parte relevante durante este Gobierno. Eso determinó que la Corte comenzara su desempeño ante miradas prejuiciosas, impulsadas por la triste y larga experiencia que el país ha padecido en esta materia cada vez que se introdujeron modificaciones sustanciales en su integración. Por el contrario, con su comunicado, la Corte ha tendido a reafirmar otra impresión, que ha ido creciendo a la luz de algunas de las decisiones institucionales más gravitantes del cuerpo, después de otras con las cuales ha disentido este diario, y del estilo con el cual se expresan sus magistrados. Es, en suma, la impresión de que la Corte se ha afianzado, en principio, ante la opinión independiente del país. Una novedad tan valiosa no pasa inadvertida para quienes confían, a pesar de todas las acechanzas, en la prolongación indefinida del Estado de Derecho que se reconstruyó, después de interminables penurias nacionales, en 1983. Cabe entonces acompañar al alto tribunal que convocó a la mesura en la resolución de los asuntos institucionales del país. De esa convocatoria ningún demócrata, ningún republicano sincero, ningún argentino lacerado por la memoria de un pasado de profundos desencuentros, puede excluirse si está animado por la voluntad de actuar con equilibrio a fin de que los conflictos naturales en la sociedad se resuelvan con espíritu de concordia.

El tránsito y el reino del revés

U

NA realidad cada vez más acuciante demuestra la necesidad de poner manos a la obra para ordenar el tránsito de la ciudad de Buenos Aires, de manera tal que deje de ser motivo preponderante de casi cotidianas situaciones caóticas. No obstante, esa certeza no condice con la decisión del gobierno local de iniciar esa empresa encareciéndoles el costo de los peajes de las autopistas urbanas a los vehículos que en las horas pico matutinas transporten a sólo una persona. Mucho más razonable hubiera sido promover antes las iniciativas y obras imprescindibles para poder disponer de medios alternativos de transporte cómodos y eficientes. En cambio, esas tareas –unas pocas en curso de ejecución, otras en espera de ser licitadas y el resto aún meras formulaciones teóricas– sólo serían ejecutadas más adelante, lo cual induce a sospechar la soterrada influencia de cierta intencionalidad recaudatoria. Así lo han considerado las organizaciones no gubernamentales y el Ente Regulador de Servicios Públicos de la ciudad al calificar de discriminatoria esta medida, que regirá desde mayo próximo. Reclaman, pues, que antes de ponerla en vigor y por tratarse de una modificación del uso de un bien público sea pasada por el tamiz de la audiencia pública, tal cual lo dispone la Constitución porteña en su artículo 63. Las autoridades también han incluido en su multifacético anticipo el anuncio de la construcción de once viaductos en sustitución de otros tantos pasos a nivel, y el soterramiento o elevación de las trazas ferroviarias que atraviesan la ciudad; la terminación del anillo vial de circunvalación de la metrópoli; la habilitación

de nuevas modalidades de estacionamiento de automotores; la extensión de las líneas de subterráneos y del premetro, junto con la habilitación del denominado Tranvía del Este; la actualización de los puentes sobre el Riachuelo y la construcción de otros dos; el mejoramiento de los centros de interconexión de los diversos medios de transporte; el perfeccionamiento de los sistemas de información sobre el estado del tránsito, y –¡por fin!– el estricto control del cumplimiento de las normas que rigen el transporte de cargas. Observándolas con espíritu positivamente crítico, en su mayor parte se trata de apenas promesas renovadas –ni siquiera se ha podido concretar el renacimiento tranviario sobre un más que módico trayecto–, algunas de cuyas concreciones, incluso, dependerán de la mejor o peor predisposición del gobierno nacional, porque están dentro de su órbita. Entretanto, los automovilistas, compelidos a desembolsar aumentos del 100 al 400 por ciento, deberán hacerle frente al gasto o resignarse a abordar trenes casi siempre desvencijados, retrasados y repletos, o colectivos en los cuales el pasaje suele recibir tratamiento similar al de la hacienda en tránsito. Resolver hacer frente a los molestos inconvenientes provocados por el incesante incremento del parque automotor –sin olvidarse, asimismo, de corregir la indisciplina pertinaz que es característica en nuestros conductores– es una determinación plausible. Pero encararla por donde se la ha encarado equivale a tratar de escribir un libro empezando por la palabra “fin” y continuándolo de atrás para adelante.

“Ante las últimas afirmaciones del presidente de la Nación respecto del diario que usted dirige, en nombre del Interbloque Propuesta Federal quiero manifestar que no todo el poder político ataca a los que opinan libremente y ejercen la libertad de prensa. “Nos preocupa mucho que se ataque a LA NACION y a la Justicia simultáneamente, porque la prensa y la Justicia son la barrera de defensa de los derechos humanos. Los gobernantes democráticos tienen que defender la libertad de prensa de quienes los critican porque los adulones se defienden solos. “Confiamos en que el Presidente podrá reconocer sus errores y darle a las instituciones el valor y el respeto que se merecen.” Federico Pinedo Diputado nacional Rivadavia 640, Capital

Crisis de la IGJ Señor Director: “La imprevisible paralización e inoperancia de la Inspección General de Justicia (IGJ), desde hace ya varios meses, es grave y preocupante tanto institucionalmente como para la actividad empresarial y las ONG, que precisan decisiones ágiles de aquélla, en un marco de legalidad. “Hoy nada de eso ocurre, a diferencia de anteriores inspectores generales como Ragazzi, Nissen y Rossi. La nueva titular de la repartición ha sido designada «políticamente», y los resultados ya están a la vista. El precio lo pagan siempre particulares: empresas, inversores, organizaciones de bien común y profesionales. “Prácticamente, es imposible prever qué va a hacer la IGJ y cuándo. Otra preocupante falta de transparencia es la aparente conducta de asesores inoperantes (en número y con sueldos no conocidos ni en la década menemista), que han tenido que pedir auxilio a algunos estudios jurídicos, lo que fuerza a imaginar una dependencia de lo público hacia lo privado que ningún bien les hace a las instituciones. “La «politización» de instituciones «técnicas» parecía una costumbre de los 90 afortunadamente abandonada en la IGJ gracias a varios años de actuaciones de funcionarios experimentados. Lamentablemente, este Gobierno reincidió y el precio –repito– lo pagan siempre particulares. ¿Seguirá reincidiendo el próximo gobierno?” Dr. Waldo Lydeker [email protected]

Vandalismo libre Señor Director: “Me cuesta entender que en el Gobierno se hable de «sensación» de inseguridad. “Después de lo ocurrido en la Panamericana, entre las rutas 8 y 9, durante un embotellamiento, hay que pensar que no se debió simplemente a un accidente. ¡Le robaron a la gente que estaba «atrapada» en sus autos! “Esto fue terrible. Estamos retrocediendo en todo sentido. Si ha podido ocurrir sin que aparentemente no haya pasado nada, ¿qué podemos esperar o suponer con respecto a la seguridad y las autoridades? “Lo más digno que pueden hacer es renunciar, pero parece que casi nadie sabe lo que eso significa. ¿Podremos tener mayor seguridad? ¿Al menos en rutas con peajes?” Vanessa Vales de Coates Alto Perú 255 Lomas de San Isidro (Bs. As.)

Recoleta Señor Director: “Me he enterado por LA NACION que existe un proyecto del diputado Herrera Bravo para reducir el histórico barrio de Recoleta a unas pocas manzanas. Me pregunto qué se persigue con ese fin. ¿Cuál es el beneficio para los vecinos? “La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 32, dice claramente: «Esta Constitución garantiza la preservación del patrimonio cultural, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios».Vaya manera de garantizarla.” Sandra Peralta Paunero 2808, Capital

Violencia institucional Señor Director: “Estoy espantado por la actitud de varios integrantes del Poder Ejecutivo, que atacan al unísono a la Cámara

de Casación y a su presidente. No se trata de una expresión aislada, en un mal momento. Ahora puede verse por qué se quiso cambiar el Consejo de la Magistratura: para poder manipular la Justicia. “Como simple abogado, exhorto a los integrantes de la Cámara a no renunciar. Y pienso que el pueblo, silencioso observador de este atropello, emitirá su opinión en las urnas, en las variadas oportunidades que brinda este año. Esta vez han ido demasiado lejos, y del ridículo no se vuelve.” Dr. Patricio Aristóbulo Navarro Abogado [email protected]

Pienso, luego existo Señor Director: “Hace ya muchos años que el gran economista John Maynard Keynes dio un ejemplo ampliamente conocido para explicar cómo tenía que hacer el Estado para reactivar la economía. Decía que había que hacer que los obreros caben zanjas, y así pagarles un salario para reactivar la economía, y luego mandar a otros obreros a que las tapen y así también cobrarían un salario. “El problema hoy en día es que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no entendió que esto era un ejemplo y realmente está mandando a cavar y tapar zanjas. En la calle Centenera, justo antes de llegar a Alberdi, hace aproximadamente dos meses se mandaron a construir dos lomos

de burro; un mes después retiraron uno de ellos. No contento con esto, el jefe de gobierno mandó a retirar, tres semanas después, el segundo lomo de burro para, tan sólo 5 días después de retirarlo, volverlo a construir. “Parece apropiado citar la frase de Descartes: «Pienso, luego existo».” Rodrigo Conde [email protected]

Héroes de Malvinas Señor Director: “A horas de conmemorarse los 25 años de la gesta de Malvinas, es justo recordar lo ocurrido el 21/5/82, cuando la flota británica se aprestaba a desembarcar en nuestras islas Malvinas. “Para no revelar el lugar, los británicos realizaron varias operaciones de engaño. Esto motivó que un avión aeronaval despegara de Puerto Argentino rumbo a San Carlos. Al llegar, su piloto pudo observar a la flota británica desembarcar tropas, y dio el aviso. “Hasta aquí, el relato no tiene elementos que superen las pautas de conducta normales. Lo sorprendente fue que este aviador naval en lugar de regresar, alistó su desproporcionado armamento y se lanzó solo en un ataque casi suicida contra 12 buques de guerra, averiando a la fragata Argonaut. “Esta acción le valió al entonces teniente de navío Owen Crippa ser condecorado con la máxima distinción: «La Nación Argentina al heroico valor en combate». “Que este reconocimiento sirva para recordar a la totalidad de los 27 héroes que también recibieron esta distinción.”

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Señor Director: “Hay una conocida expresión argentina, que se utiliza cuando alguien tiene que atenerse a consecuencias no deseadas, pero que son en definitiva producto de sus propias acciones. “El señor José Pampuro, en su artículo publicado en LA NACION del 24/3, alaba al presidente Kirchner y su política exterior, así como señala que Hugo Chávez estuvo siempre que lo precisamos, y sostiene que nuestro Presidente interpreta el sentir nacional. Eso sí, basa sus afirmaciones en el hecho de que la gente votó a Kirchner, y por ende está de acuerdo con sus ideas. A quienes no pensamos como el Presidente, nos dijo: «Alpiste».” Mariano Guaia DNI 20.205.908

Indec Señor Director: “Expresó LA NACION en su editorial del 20/3 que «la cada vez más probada manipulación del índice de precios al consumidor concretada por las autoridades nacionales… lejos está de contribuir a la generación de ese clima de confianza». En la asamblea del BID se dijo que «la digitación del índice de precios al consumidor puede afectar la nota de la deuda argentina». “Comparto esas opiniones y me merecen la siguiente reflexión: si estuviere debidamente acreditada la adulteración del índice de precios al consumidor, se trataría de un caso de falsificación o adulteración de un instrumento público («cualquier instrumento que extendieren los funcionarios públicos», Art. 979, Inc. 2 del Código Civil), tipificada como delito en los Arts. 292 y 293 del Código Penal y sancionada con reclusión o prisión de uno a seis años. “En el caso se darían las figuras penales de «adulteración de un documento verdadero» (Art. 292) y de «inserción en un instrumento público de declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar» (Art. 293). “Frente a ello y, reitero, sujeto a la acreditación fehaciente del delito, correspondería que el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas haga la denuncia ante la Justicia para que en el proceso se investigue y, en su caso, se sancione a quienes resultaren responsables del ilícito.” Horacio A. García Belsunce Abogado LE 4.011.865

El acto médico Señor Director: “La mayoría de los médicos vivimos y trabajamos hoy bajo fuego cruzado. Por un lado, nuestras obligaciones hacia nuestros pacientes, y por el otro, el problema que se nos plantea desde siempre a causa de los magros honorarios, para colmo nunca percibidos en tiempo y forma. “Además del factor económico, existe un menoscabo de nuestra profesión, que en ocasiones llega a niveles increíbles: presiones, falta de respeto y hasta amenazas y agresiones físicas. “Es decir, sufrimos un sistema que se muestra perverso e insensible. Nuestras obligaciones y deberes nos son marcados rigurosamente, pero ¿dónde están nuestros derechos?”

Señor Director:

Señor Director: “Un claro ejemplo de la consideración que tienen los políticos hacia los ciudadanos son las pegatinas de carteles. “¿Cómo es que cuidará la ciudad aquel que para promocionar su buena voluntad enchastra postes, paredes, respiraderos de subtes, tapa carteles publicitarios por los cuales otros ciudadanos pagan fortunas y pinta frentes ajenos? ¿Cuál es el concepto de la ley, de aquellos que no la respetan pegando carteles en lugares prohibidos? “El mismo método utilizaba Cha-

Atención al lector 4317-3000

“Alpiste”

Buenos funcionarios

Pegatinas políticas

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones

Ignacio Gaglianone DNI 18.328.751

Dr. Natalio Daitch [email protected]

Ronaldo Alejandro Rogers DNI 8.320.971 Gurruchaga 2327, Capital [email protected]

A los lectores

plin para vender vidrios en The Kid, cuando «el pibe» rompía vidrios que él luego reponía. El mensaje sería: «Vótenme, que yo limpiaré el desastre que estoy haciendo»; claro que en nuestro caso, los políticos después nunca arreglan nada.”

“Manifiesto mi satisfacción por el trato recibido de parte del cónsul argentino en Los Angeles (California), Juan Carlos Garaguso, y de su asistente, el señor Guillermo Assaf. “Sensibilidad, dedicación y toda la eficiencia que demostraron impulsan a que se desee hacerlo notar a la comunidad. “Funcionarios como éstos jerarquizan al país y nos llevan a pensar que todavía hay estructuras intactas y dignas de ser mencionadas.” Simón Goldstein DNI 4.179.483

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