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POLÍTICA

| Viernes 8 de marzo de 2013

El padre Pepe figura en informes de inteligencia

Inesperadas derivaciones

El sindicato policial planteó que se hacen seguimientos internos de actividades gremiales

proyecto X. Está entre los referentes de la villa identificados

por Gendarmería por su ideología y capacidad de movilización Hernán Cappiello LA NACION

La Gendarmería Nacional relevó en informes de inteligencia la actuación de líderes sociales, sindicales y referentes comunitarios, incluido el sacerdote José María Di Paola, conocido como el “padre Pepe”, a quien consideraron un referente de las villas de la ciudad de Buenos Aires y, como simpatizante del Partido Obrero, con capacidad para movilizar 15.000 personas. Así surge de información secuestrada por la Justicia a la Gendarmería Nacional en el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, durante un allanamiento realizado en agosto del año pasado. La denuncia sobre espionaje ilegal había sido presentada en noviembre de 2011 por abogados del Partido Socialista de los Trabajadores y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), a instancias de los delegados de Kraft. El juez Norberto Oyarbide, cuando estuvo interinamente en el juzgado que llevaba el caso, comenzó la investigación, después de que en febrero de 2012 evidencias del espionaje fueron reveladas en los medios. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, negó que se hubieran realizado tareas de inteligencia ilegal sobre grupos sociales, políticos o sindicales, y dijo que sólo se actuaba por orden de un juez. Pero las evidencias parecen desmentirla. Un peritaje ordenado por Oyarbide sobre las computadoras encontradas en Campo de Mayo descubrió partes de inteligencia que

recogen información criminal, pero también datos sensibles sobre gremios, referentes sociales, agrupaciones y punteros políticos, además de análisis llamados “averiguaciones de inteligencia” o “inteligencia de seguridad interior”. El contenido de los discos rígidos es analizado por el recién designado juez Sebastián Casanello, a cargo del juzgado donde Oyarbide actuaba como suplente. Prudente por el voltaje político del caso que salpica a Garré y Aníbal Fernández –quien tuvo a su cargo la seguridad–, el juez pedirá a la Gendarmería Nacional los oficios judiciales, para determinar si hubo un magistrado que encargó a la fuerza hacer esos informes. Si no tienen un aval de la Justicia se trataría de un espionaje ilegal. Los archivos están contenidos en cinco DVD que analizan el fiscal Gerardo Pollicita y los querellantes. Ayer Cristina Caamaño, secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, se reunió a solas con el juez Casanello, aunque no se informaron las razones. la nacion accedió a algunos de los documentos. Uno de ellos es un informe de inteligencia de 54 páginas sobre las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde se narra su origen histórico, pero además se individualizan una por una sus características sociodemográficas, sus punteros, con nombre y apellido, algunas veces con foto y número de documento. Además se agrega una referencia acerca de a qué organización política o social pertenecen. Por ejemplo se mencionaba a militantes identificados con el ex jefe de gobierno por-

teño Aníbal Ibarra o Pro. Entre los referentes sociales, al hablar de la villa 21, se menciona al padre Di Paola (quien ahora está en villa La Cárcova, en San Martín). Se lo identifica como simpatizante del Partido Obrero, se señala que “tiene una elevada capacidad de convocatoria, dado que moviliza aproximadamente 15.000 habitantes”, y que “suele oficiar de moderador entre las propuestas del Gobierno y los intereses de la villa”. El autor evalúa que las organizaciones de izquierda son pioneras en la militancia en las villas, pero que por falta de recursos fueron reemplazados “por los partidos tradicionales y el gobierno local”. Junto con este análisis político hace una advertencia: “Se está dando un proceso de favelización [por las favelas brasileñas]”, donde bandas criminales pelean por el control territorial para la distribución de drogas, como ocurrió con los asesinatos en la villa 1-11-14 de 2006 y 2007. En otros partes hacen un análisis de los cortes de calles y rutas, mes por mes, año por año, e identifican a los grupos sociales que los organizan. En otro del 13 de abril de 2011 hablan de las acciones de diversas organizaciones por la causa por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. En el encabezado señalan que la información proviene de “fuentes locales” y dicen que actúan “dentro del marco regulatorio de la ley nacional de inteligencia y con la clara intención de prevenir hechos y circunstancias que conlleven a potenciales situaciones de AOP”, tal vez amenazas al orden público.ß

Denuncian espionaje en la bonaerense

Pablo Morosi

CORRESPONSAL EN LA PLATA

nilda garré ministra de seguridad

b En 2011 el PST y delegados de Kraft denunciaron que la Gendarmería hacía espionaje, contra lo previsto en la ley de inteligencia. El caso estalló cuando se conoció el Proyecto X, una base con datos de inteligencia criminal. La ministra Garré había negado que se hiciera espionaje político b Pero en Campo de Mayo la Justicia encontró computadoras con informes de inteligencia de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. La clave es saber si fueron realizados por orden de un juez b Cristina Caamaño, funcionaria de confianza de Garré, visitó ayer al juez que investiga el caso

LA PLATA.– Un sumario interno abierto contra un efectivo de la policía bonaerense que participa de actividades sindicales tuvo una inesperada derivación: podría revelar acciones de inteligencia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, sobre la acción de diversos sectores políticos. Así lo denunció el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba) ante la justicia federal platense por la presunta violación de la ley de inteligencia a fines del año pasado. El caso está en manos del juez federal N° 3 Arnaldo Corazza. El hallazgo surgió de la apertura de la investigación sumarial administrativa 1050-5904/1211, de la que tomó conocimiento la nacion, que imputa de afectar “el prestigio y la disciplina de la institución” al sargento Esteban Javier Arriada, destinado a la comisaría sexta de Ezpeleta . Arriada fue filmado y fotografiado a fines de 2011 al participar de una manifestación en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo y hacer declaraciones a la prensa “inherentes a cuestiones laborales”. La marcha se había gestado paralelamente a los reclamos del personal de la Dirección de Infantería de la policía bonaerense que se autoacuarteló el 14 de diciembre de 2011 en solidaridad con seis efectivos desafectados por la represión a militantes de La Cámpora durante el acto de reasunción de Scioli.

Arriada y su abogado, José María Andiarena, pidieron la nulidad de las actuaciones y cuestionaron a los instructores de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial por infringir el artículo cuarto de la ley de inteligencia nacional (N° 25.520). “La obtención de filmaciones y la toma de fotografías de mi pupilo, como de distintas organizaciones sociales, en un claro accionar de inteligencia que viola la ley de la materia, coloca claramente al sargento Esteban Arriada en la condición de víctima de un delito y a la vez ocasiona todo tipo de perjuicios en lo personal y laboral”, alegó Andiarena. “Para demostrar infracciones administrativas inexistentes, cometen delitos comprobados y documentados en los expedientes administrativos que ellos mismos impulsan”, se quejó Nicolás Masi, titular de Sipoba. En la demanda, los denunciantes incorporaron parte del sumario administrativo abierto contra Arriada que incluía una serie de órdenes de servicios para el área de Prevención del Delito, despachos producidos por la Dirección de Análisis de AGAI y mensajes vía fax que llevan el número de la jefatura operativa de la policía provincial. Los denunciantes también expusieron el asunto ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Guido Carlotto, y ante la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Carlos Bonicatto. Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial indicaron que “de ningún modo la cartera realiza tareas de inteligencia que, además, están prohibidas por ley”.ß

Scioli, ante el dilema de convertirse en David frente a Goliat el pulso político Fernando Laborda LA NACION

M

ientras el conflicto con los docentes amenaza con profundizarse, Daniel Scioli se decidió en las últimas horas a ganar la batalla en la opinión pública. De cara a la reunión que mantendrá el próximo lunes con los gremios que agrupan a los trabajadores de la educación y al anticipo de los líderes sindicales de que no aceptarán menos del 30 por ciento de aumento salarial, el mandatario provincial enfatizó: “Sigamos discutiendo, pero con los chicos en las aulas”. De ese modo, Scioli buscó desacreditar las medidas de fuerza de los docentes, que llevan cuatro días de paro en el mes y amenazan con otra huelga de 96 horas para la semana próxima, explicando que los alumnos no tienen por qué ser rehenes o carne de cañón en la negociación paritaria. Hubo una sugestiva alusión del gobernador a Cristina Kirchner, cuando expresó que discutir con los chicos en las aulas “es seguramente la voluntad de nuestra presidenta y de los padres”. No escapa a esa declaración el hecho de que el jefe de Suteba, Roberto Baradel, es visto como un incondicional del kirchnerismo. Sutilmente, el gobernador busca inmiscuir al gobierno nacional en la discusión, imaginando que la prolongación del conflicto docente también afectaría negativamente a la primera mandataria. En su estrategia de lenta diferenciación del kirchnerismo, Scioli dio en las últimas horas un par de señales. Ayer, ratificó su convicción y decisión política de que “aquel que cometa un delito con un arma y tenga antecedentes, no quede liberado”. Lo hizo durante un acto en el que se dio cuenta de los miles de armas secuestradas en operativos policiales o entregadas voluntariamente en el marco del Programa de Desarme, en el que estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, una de las figuras de su gobierno más cuestionadas en el kirchnerismo. El gobernador también hizo el martes algo que la Presidenta se tiene vedado: reunirse con productores agropecuarios e inaugurar la muestra Expoagro, en Baradero. Se trata de una señal no poco importante, que también le ha servido al mandatario bonaerense para encontrar un feedback, no exento de algunas críticas, por parte del sector rural. En la víspera, por ejemplo, productores le pidieron a Scioli que efectúe un reclamo “eficaz” de fon-

dos al gobierno nacional, además de indicarle que la capacidad contributiva del campo se ha agotado. El titular de Carbap, Horacio Salaverri, llegó a sugerirle: “Si está resuelto a solicitar al gobierno nacional fondos y restitución de coparticipación, vamos a acompañarlo, pero que no lo haga de manera tímida con una nota de carácter testimonial”. En las últimas semanas, el reclamo sobre la pérdida de puntos de coparticipación que data de los años 80 y acerca del congelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense en 650 millones de pesos desde 1995 comenzó a hacerse oír. Para no pocos observadores, el grito llegó demasiado tarde. Los funcionarios sciolistas esgrimen ahora que el Fondo del Conurbano equivalía, originalmente, al 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, en tanto hoy es del 0,4% y el 9,6% va al resto de las provincias, once de las cuales reciben más que Buenos Aires. Desde el gobierno nacional pueden responderles que en los dos primeros meses de 2013 la Nación re-

En su estrategia de diferenciación del kirchnerismo, Scioli dio un par de señales Podría comenzar a propiciar una nueva relación entre lo público y lo privado partió casi el doble de los recursos del Fondo del Conurbano en obras públicas de alto impacto para los municipios bonaerenses, entregados en mano por Julio De Vido: unos 1239 millones de pesos. Tanto intendentes de la oposición como hombres del sciolismo hablan de discriminación y de clientelismo. ¿Cómo competir contra semejante caja?, se preguntan unos y otros, y algunos miran al gobernador como un David frente a Goliat. Nadie podrá decir que Scioli es impaciente, imprudente o rebelde. Y difícilmente alguien lo pueda decir en lo inmediato. Mientras tanto, el gobernador piensa cómo diferenciarse sin distanciarse. Ya dio un paso, cuando prometió “continuidad con cambios”. Próximamente, podría comenzar a hablar de la inflación y a ensayar otras frases para propiciar una nueva relación entre lo público y lo privado en la Argentina. Una relación más amigable, distinta de la del cristinismo y, por supuesto, del chavismo.ß