VI FORO MINISTERIAL DE DESARROLLO MAS ALLA DE LA POBREZA LOS NUEVOS RETOS DE COHESIÓN SOCIAL

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA RETOS DE COHESIÓN SOCIAL Clarisa Hardy

Santiago, abril 2013 ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: 1 de 49

RETOS DE COHESIÓN SOCIAL

Clarisa Hardy

Presentación Es comprensible que la prioridad por abordar la pobreza y superar su expresión más extrema, la indigencia, haya movilizado los esfuerzos de los países de América Latina en la última década, tras largos años de frustrantes resultados y de equivocadas orientaciones que condenaron a la exclusión a varias generaciones de latinoamericanos. Y estos esfuerzos nuevos han abierto un camino de esperanza para esa vasta población excluida, constatándose que, finalmente, la pobreza comienza a reducirse de manera ininterrumpida desde el 2002, revirtiendo las tendencias de las décadas previas. Dejando atrás las experiencias limitadas de los Fondos Sociales de emergencia de los noventa y superando la reductiva mirada economicista que apostaba a las virtudes intrínsecas del crecimiento para generar inclusión, los distintos países de la región comenzaron a priorizar desde inicios del siglo veintiuno políticas sociales en su propio mérito: ampliando su rango de intervención con orientaciones más universalistas y promoviendo, a través de los Programas de Transferencias Condicionadas, el acceso a dichas políticas de los sectores más marginados de los beneficios sociales. Incrementos en el gasto social y expansión de inversiones en infraestructura social básica, priorización en salud y educación, transferencias monetarias a los más pobres para generar un ingreso mínimo de subsistencia en los hogares, creación de ministerios especializados en la superación de la pobreza, profesionalización de la gestión social pública y adopción de instrumentos idóneos de información social, han sido parte de las nuevas orientaciones que mayoritariamente han adoptado los distintos países. Sin duda, esta común orientación de las políticas sociales ha tenido desempeños disímiles según los países, variando la magnitud de recursos destinados y la amplitud de coberturas de la población destinataria de estos esfuerzos públicos. A pesar de esta heterogeneidad que reclama un tratamiento singular de cada realidad nacional, en todos los países se advierte una mayor complejidad social fruto de los avances, por modestos que éstos sean. Es así que la pobreza, siendo un prioridad que no puede ser abandonada -sobre todo, porque ella no es una condición estática-, ha dejado de ser la única problemática social que enfrentan los gobiernos en la actualidad. Surgen nuevas demandas y expectativas que configuran un escenario social complejo y al que los países y sus gobiernos no pueden dar la espalda. Movilizaciones étnicas, estudiantiles y medioambientales, demandas de los trabajadores, de género y por la diversidad sexual, reclamos por mayor seguridad y contra la violencia, exigencias de calidad en la provisión de servicios públicos y trato digno, son parte de este nuevo cuadro que, más que estar asociado a las condiciones de pobreza, se vincula con las 2 de 49

distintas manifestaciones de la desigualdad. En definitiva, sociedades cuya estratificación social -muy determinada por la regresiva distribución del ingreso en el continente más desigual del mundo- desafía a las políticas sociales vigentes y las interpela a dar respuestas que no están presentes o insuficientemente. Si en los noventa abordar la pobreza era una necesidad para afianzar la democracia en países que dejaban atrás dictaduras, en este nuevo siglo la desigualdad está amenazando la legitimidad de la democracia, como bien lo muestra la cundida desafección política de la ciudadanía y su mala evaluación de las instituciones democráticas, especialmente de partidos y parlamentos. Sin tener el propósito de un análisis exhaustivo sobre estas realidades sociales, este texto pretende contribuir a abrir la discusión sobre las exigencias de nuevas orientaciones de las políticas sociales para hacerse cargo de los desafíos de cohesión social en estas segmentadas sociedades latinoamericanas. Con la pregunta sobre qué hay más allá de la pobreza, intentamos ordenar la información disponible sobre estratificación social latinoamericana, para luego organizar una reflexión acerca del tipo de políticas públicas consistentes con tal estratificación, de modo de contribuir a la construcción de sociedades más cohesionadas, requisito de un desarrollo humano sostenible como propone el PNUD. Para abordar el análisis, se ha realizado un esfuerzo de sistematización de evidencia empírica de 18 países latinoamericanos para los que se dispone de fuentes de información comparable. Es así que, haciendo uso de la metodología adoptada por el Banco Mundial para el análisis de vulnerabilidades y clases medias (metodología que fue construida con la colaboración del PNUD)1, ofrecemos un panorama de las diversas estratificaciones sociales al interior de la región. El propósito de estratificar y dimensionar a los estratos sociales, con la información más actualizada para la totalidad de los 18 países2, no es otro que intentar ofrecer un panorama de la realidad social compleja de cada país, detectando ciertas tendencias compartidas por grupos de países, configurando una tipología de países como escenario para identificar, a su vez, el tipo de políticas sociales específicas que mejor responden a los retos de cada 1

La primera propuesta metodológica fue formulada por Luis Felipe López-Calva y Eduardo Ortiz-Juárez, cuando ambos estaban en la Dirección para América Latina y El Caribe del PNUD. Posteriormente, con el traslado del primero de ellos al Banco Mundial, dicha metodología ha sido adoptada por tal entidad. Sin embargo, la colaboración entre ambos autores se mantiene hasta hoy, permaneciendo Eduardo Ortiz-Juárez en PNUD. Quiero agradecer a este último por su colaboración y apoyo metodológico en la preparación de la información para este texto. Por lo mismo, el detalle de la metodología se adjunta como Anexo de este informe y es de autoría de Eduardo Ortiz-Juárez. 2 Las fuentes de información de los 18 pases fueron las respectivas encuestas de hogares que se aplican periódicamente, analizando los datos más recientes disponible en cada uno de ellos: en 11 países son del 2011 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala. Honduras, Panamá, Uruguay y Venezuela); en 5 países son del 2010 (Colombia, México, Paraguay, Perú y El Salvador); y en 2 países del 2009 (Costa Rica y Nicaragua).

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sociedad. El texto está organizado en dos secciones y contiene, además, un Anexo. En la primera sección se sistematiza la información de estratificación social regional y su vinculación con variables tan relevantes como: composición urbano-rural, tamaños de los hogares y jefaturas femeninas de hogar, educación, empleo y rasgos del mercado laboral, calidad del trabajo y remuneraciones de los trabajadores, identificando la situación particular de las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. En la segunda sección se ofrece una propuesta de tipología de países a partir de la evidencia aportada en la primera parte, con la configuración de cuatro tipos en relación a la situación de pobreza e indigencia, y considerando la realidad de los sectores no pobres vulnerables y de los sectores medios de la sociedad. A partir de la tipología, se desarrolla una reflexión sobre los principales retos de políticas sociales para dar cuenta de las principales problemáticas sociales. Esta sección del documento no pretende formular respuestas acabadas, sino destacar algunas prioridades y abrir temas para la reflexión que pueden desarrollar con mayor profundidad los propios países participante del VI Foro Ministerial de Desarrollo. Al término del texto se ofrece un Anexo Metodológico en el que Eduardo Ortiz-Juárez presenta una breve sistematización de la metodología utilizada para la estratificación social de los países.

Clarisa Hardy Abril 2013

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I ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Advertencias iniciales A continuación se presentará un análisis de la realidad social latinoamericana, identificando distintos estratos sociales agrupados según un determinado ingreso per cápita diario, expresado en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA). De tal manera, se reconocen cuatro estratos sociales: los sectores de pobreza -integrados por segmentos de extrema pobreza (constituidos por quienes disponen hasta US$2.5 per cápita diarios) y por segmentos de pobreza moderada (constituidos por los que tienen entre US$2.5 y UD$4)3; los segmentos vulnerables constituidos por quienes disponen entre US$4 y US$10; los sectores medios, entre US$10 y US$50; y los sectores altos que disponen sobre los US$50 per cápita diarios4. A diferencia de los autores de esta metodología que fue construida para identificar y dimensionar a las clases medias vulnerables y clases medias con mayores seguridades económicas, en este texto eludimos expresamente referirnos a la noción de clases sociales y preferimos abordar una estratificación social que reconozca distintos segmentos, estratos o sectores sociales a partir de sus ingresos. Ello, por la connotación que en el debate sociológico y de las ciencias políticas tiene la conceptualización de clases sociales, siendo ésta mucho más ambiciosa que nuestra pretensión de conocer y dimensionar la estratificación de nuestras sociedades con el propósito de perfilar políticas públicas. Esta metodología, que corrige algunas de las limitaciones de otras propuestas metodológicas también utilizadas para tales propósitos, permite la comparabilidad entre países y facilita, por lo mismo, la construcción de una tipología capaz de dar cuenta de las realidades heterogéneas de la región. A partir de una primera caracterización de estos distintos estratos según ingresos, la inclusión de otras variables nos permite ir construyendo mayor complejidad en la estratificación. Es así que a cada estrato le corresponde una cierta caracterización de los hogares, demográfica, de pertenencia urbano-rural, de educación y, sobre todo, de ingresos del trabajo, del trabajo mismo y de los rasgos de su fuerza laboral. De modo que esta manera de organizar la estratificación permite ir construyendo una mirada más rica de cada estrato, no porque responda a una cierta conceptualización previa como es el caso del análisis de clases sociales, sino por el hecho de ir evidenciando empíricamente la presencia de determinados rasgos o características que acompañan a los estratos según sus ingresos.

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Ambos constituyen los estratos de pobreza total de cada país, que incluyen a quienes disponen de hasta US$4 per cápita diarios. 4 La fundamentación de estos criterios de estratificación se presenta en el Anexo metodológico por su autor, Eduardo Ortiz-Juárez.

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Sin duda, esta forma de estratificación puede ser un punto de partida para análisis más rigurosos que permitan caracterizar con mayor profundidad a los distintos estratos sociales de la población latinoamericana, así como incursionar en materias que las ciencias sociales han privilegiado, tales como la subjetividad e identidades que acompañan a los distintos sectores de la sociedad. Esperamos que a futuro se pueda avanzar en esa dirección y enriquecer el actual análisis con otras evidencias que pueden ser de gran utilidad para evaluar la viabilidad y deseabilidad de las políticas públicas que se perfilan para los distintos grupos de la sociedad. Finalmente, una última observación referida a los criterios de ingresos monetarios que están asociados a cada estrato o grupo social. El ingreso que se ha definido para identificar a los sectores de extrema pobreza -hasta US2.5 per cápita diarios- es más alto que el que actualmente utiliza la mayoría de los países y mayor también que el utilizado por CEPAL. De modo que, lo primero que llamará la atención de los expertos y autoridades públicas que lean este texto es que, en general, la pobreza extrema resultará ser más alta en casi todos los países respecto de sus cifras oficiales y de la información que entrega anualmente CEPAL5. En consecuencia, también es más alta la extrema pobreza regional. Algo parecido ocurre con los ingresos que definen a los estratos de pobreza moderada y pobreza total. La situación, en este caso, es variable según los países: en algunos resulta ser que el límite superior de US$4 per cápita diario utilizado para medir la pobreza en este informe es más alto que el considerado en ciertos países y por CEPAL; en otros, a la inversa, resulta ser un ingreso menos exigente que la vara de ingresos que algunos países se han puesto en sus mediciones de pobreza. De modo que, en este informe se presentan cifras de pobreza que difieren de las reportadas por los países, así como de las que proporciona CEPAL: en algunos casos, incrementando el nivel de pobreza del país en cuestión y, en otros, disminuyendo la magnitud de pobreza6. Pero estos resultados no deberían provocar alarma, ni deslegitimar el esfuerzo analítico que desarrolla este informe, pues el concepto fundamental que está detrás de esta estratificación social es el de vulnerabilidad. Es decir, entendiendo por mayor vulnerabilidad aquella que está radicada en los segmentos de la sociedad que están bajo la línea de la pobreza, pero asumiendo que existe una vulnerabilidad extendida que toca a aquellos otros sectores que, no siendo pobres, viven altas inseguridades económicas, condición predictiva de alto riesgo de empobrecer. 5

En sólo 3 de los 18 países analizados en este informe los resultados de extrema pobreza son menores a los que reportan los respectivos países y CEPAL: es el caso de República Dominicana con una brecha significativa de 6.3 puntos porcentuales y, de manera poco significativa, México y Panamá con una brecha de 0.8 puntos porcentuales. Por lo mismo, la extrema pobreza regional que aparece en este informe es más alta que la reportada por CEPAL. 6 En 9 países este texto presenta resultados de pobreza más altos que las cifras oficiales y CEPAL y en los restantes 9 países los resultados de pobreza, en cambio, son menores. En el balance, se produce una cifra regional de pobreza algo mayor que la reportada para 2011 por CEPAL.

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Por lo mismo, los países advertirán que sus cifras oficiales de pobreza pueden ser mayores o menores que los que este informe reporta para los respectivos países, pero en cualquier caso, en todos ellos el rango de la vulnerabilidad absorbe esas diferencias de magnitud en pobreza. Es decir, aquellos países que son más exigentes para medir su pobreza y tienen cifras oficiales más altas que las que exhibe este informe, de todos modos podrán ver que, si bien en este informe no aparecen como parte de los sectores de pobreza, sí integran segmentos de alta vulnerabilidad y están expuestos a situación de riesgo económico y social. Por el contrario, aquellos países que tienen líneas oficiales de pobreza menos exigentes que la utilizada en este informe y, en consecuencia, tienen cifras oficiales de pobreza menores a las reportadas en este texto, de todos modos verán que esa diferencia ha sido absorbida por los sectores vulnerables. Lo que está claro es que, en ningún caso, los sectores medios distorsionan esta realidad social y se alejan considerablemente de los sectores vulnerables, sean éstos o no pobres. Finalmente, en lo que ser refiere a los sectores altos, una observación a considerar. Para aquellos que habitualmente identifican a los sectores altos o ricos con el 10% de más altos ingresos, estimarán que la magnitud de los sectores altos en este informe es muy reducida, pero precisamente la virtud de esta metodología es que no prefigura la realidad social organizándola por deciles. Por lo demás, y valga esta última acotación, ninguna de las encuestas de hogares de los 18 países de la región son capaces de recoger la realidad de los sectores efectivamente más ricos de la sociedad. Los más ricos, por regla general, no responden a estas encuestas y es posible identificarlos y cuantificarlos con realismo sólo en aquellos países en donde las responsabilidades tributarias son menos eludidas y evadidas. En definitiva, los sectores altos de este informe no corresponden a los grupos de mayor riqueza de los países, aún si sus ingresos superan largamente los ingresos de las capas medias. 1. Pobreza y Extrema Pobreza Dadas las diferencias en los criterios de medición de pobreza utilizados en este informe respecto de los que emplean los países y CEPAL7, los datos analizados para los 18 países de América Latina muestran una leve mayor presencia de pobreza regional, y una significativa mayor presencia de extrema pobreza regional: 30.7% de pobreza total (para CEPAL la cifra es de 29.4%) y 16.3% de extrema pobreza, que contrasta con el 11.5% de pobreza extrema reportada por CEPAL para América Latina en 2011.

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CEPAL Panorama Social de América Latina 2012, con las mismas bases de datos y años utilizados para este informe.

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POBREZA EN AMÉRICA LATINA

RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

Del total de los países, doce de ellos tienen niveles de pobreza inferiores a la pobreza regional, pero sólo un país ha logrado reducir su pobreza a un dígito: es el caso de Uruguay con un 8.1% de pobreza total. Todos los demás países tienen niveles de pobreza total de dos dígitos, entre los que existen grandes contrastes, como es el caso de aquellos con una muy baja proporción de su población en condiciones de pobreza -Argentina (10.8%) y Chile (11.6%)- y aquellos en que la pobreza afecta a más de la mitad de sus poblaciones: Guatemala (63.1%), Nicaragua (58.4) y Honduras (56.4%). Analizando la composición de la pobreza latinoamericana constatamos una realidad inquietante, pues la indigencia tiene un peso relativo mayor (16.3%) que la pobreza moderada (14.4%). Y ello resulta ser así por la alta proporción de extrema pobreza en un grupo reducido de países que tienen órdenes de magnitud de indigencia por sobre el promedio regional: en orden decreciente, Guatemala (41.%), Honduras (37.4%), Nicaragua (36.2%), El Salvador (22.0%), Paraguay y Perú (18.4%). A ellos se suman Panamá y Brasil que, no obstante estar entre los países de menor pobreza, la indigencia supera a la pobreza moderada (en el caso de Brasil, de manera poco significativa). Si bien de los 18 países analizados, doce de ellos tienen niveles de pobreza extrema 8 de 49

inferiores al promedio regional, sólo en cuatro de ellos la indigencia ha logrado ser reducida a un dígito: Uruguay (2.6%), Chile (4.1%), Argentina (4.2%) y Costa Rica (8.1%). No obstante los procesos de urbanización en todos los países de América Latina, del total de la pobreza de la región algo más de la mitad (el 51.5%) es rural. Y en tal situación están 10 de los 18 países analizados, destacando la situación de Perú y Panamá en que dos terceras partes de sus poblaciones en condiciones de pobreza viven en zonas rurales. Pero es la extrema pobreza la que más notoriamente está marcada por su ruralidad, como lo revela la alta proporción de indigencia rural en países como Perú, Panamá, Honduras y Paraguay en que dos terceras partes de su población extremadamente pobreza habita en áreas rurales. Aún si, desde el punto de vista de los órdenes de magnitud, la población urbana que vive en condiciones de pobreza en tales países puede ser mayor que la que habita en zonas rurales, la incidencia de la pobreza rural -sobre todo de la indigencia rurales pronunciadamente más alta . Por contraste, los países con menores nivel de indigencia y de pobreza total son aquellos en que más de dos terceras partes de tales familias están localizadas en zonas urbanas, como es el caso de Argentina, Chile y Uruguay. En igual medida, otros países que han vivido procesos de reducción de la pobreza y que originalmente ésta era marcadamente rural, como es el caso de Brasil, México, República Dominicana y Colombia, han urbanizado el rostro de sus pobrezas. Los sectores pobres siguen teniendo tamaños familiares más altos que el promedio de sus respectivos países y, por lo mismo, una mayor tasa de dependencia. Si bien todos los estratos sociales han ido reduciendo con el tiempo su tamaño familiar y las diferencias de tamaño entre estratos se han estrechado, subsisten familias más extendidas entre los estratos pobres que en el resto de la sociedad: mientras el tamaño familiar promedio de la región es de 3.9 miembros, en los sectores pobres ésta es de 4.6 miembros. 2. Sectores Vulnerables y el Fenómeno de la Vulnerabilidad Con la reducción de la pobreza de la última década han emergidos crecientes sectores sociales que, no siendo pobres de acuerdo a los estándares de línea de pobreza de todos los países, revelan condiciones de fragilidad económica que los hace altamente vulnerables a las contingencias, sea externas o familiares. Este fenómeno fue empíricamente detectado por algunos estudios longitudinales realizados con submuestras de familias que formaban parte de las encuestas de hogar en algunos países latinoamericanos. El caso chileno es decidor, como lo ejemplifica el estudio realizado con una misma muestra de cinco mil familias a lo largo de diez años8 y en el que se detecta que un tercio de las personas que habían abandonado la situación de pobreza al inicio del estudio y se habían integrado al segmento de los grupos no pobres del país, 8

Encuesta Panel Casen 1996-2001-2006 realizada por el Ministerio de Planificación (citada en Clarisa Hardy, “De la pobreza a la desigualdad: retos de políticas sociales” IV Foro Ministerial de Desarrollo. PNUD-Fondo España. Nueva York, 2011.

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transitaron por situaciones de pobreza en otros momentos de su ciclo vital en los siguientes años. Este fenómeno de rotación de la pobreza se experimentaba mayormente entre quienes pertenecían a casi el 70% de los grupos de menores ingresos de Chile. Con base en estas evidencias, la problemática de la vulnerabilidad fue incorporada en el debate de las políticas públicas en diversos países9, si bien careciendo todavía de referentes estadísticos aceptados por toda la comunidad que permitieran dimensionar su magnitud y cualificar sus rasgos. Este vacío ha sido llenado por varios organismos internacionales10 que se han abierto a la discusión sobre qué pasa con los sectores sociales que dejan atrás la pobreza. En el caso de la metodología adoptada por el Banco Mundial de manera expresa se identifica a estos grupos como vulnerables y, utilizando los mismos criterios metodológicos y conceptuales, este informe analiza la magnitud del fenómeno para los 18 países de la región. La primera constatación es que, en la actualidad, los sectores no pobres vulnerables son los más numerosos de la región (38.0%), superando a los sectores pobres (como vimos corresponden al 30.7%) y a los estratos medios de mayor seguridad económica que -como se verá a continuación- corresponden al 29.3% de la población latinoamericana. Son los más numerosos, pero asimismo suelen ser los más desprotegidos al quedar fuera de las políticas sociales altamente focalizadas que dominan en gran parte de los países y al carecer de capacidades económicas que les permita hacer frente con tranquilidad a sus necesidades y a las contingencias personales, familiares, nacionales y hasta internacionales, como lo fue la reciente crisis mundial. Sin embargo, existe una heterogeneidad de situaciones que es necesario destacar. Están aquellos países cuyos niveles de pobreza son tan altos que, entendiblemente, la magnitud de los segmentos no pobres vulnerables es inferior al promedio regional, como es el caso de Guatemala, Nicaragua y Honduras. Contrastando con esa situación, está la realidad de Uruguay y Argentina, países que están entre los de menor pobreza y, además, los de menor presencia de sectores no pobres vulnerables, ambos por debajo del promedio regional. Y está la situación singular de Chile que, estando entre los tres países de menor pobreza tiene, en cambio, una alta presencia de sectores vulnerables no pobres: está entre los siete países con mayor presencia de sectores no pobres vulnerables.

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Sin ir más lejos, en Chile se redefinió la orientación de las políticas sociales basados en esta constatación de vulnerabilidades que acompañaba a casi dos tercera partes de la población, con la institucionalización de un Sistema de Protección Social durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Ello implicó extender los beneficios más allá de los hogares pobres, al 40% o al 60% de la población (dependiendo del tipo de prestaciones), así como elaborar nuevos instrumentos de identificación de la población, coherentes con esta nueva orientación. El gobierno que entró posteriormente, retomó la noción de una pobreza estática como criterio orientador de sus prioridades y la focalización volvió a ser más restringida. 10 En particular la OCDE y CEPAL en los últimos años y, más recientemente, Banco Mundial con sus estudios sobre las nuevas clases medias en América Latina.

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SECTORES VULNERABLES Y VULNERABILIDAD TOTAL

RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

Sin embargo, como ya se mencionara, el fenómeno de la vulnerabilidad involucra, tanto a quienes en el presente están en condiciones de pobreza, como a quienes no estando en situación actual de pobreza tienen altos riesgo de empobrecer por sus fragilidades económicas. Considerando esta concepción extendida de vulnerabilidad, llegamos a conclusiones muy fuertes acerca del fenómeno en la región, con un 68.7% de la población latinoamericana en condiciones de vulnerabilidad, si bien con una distribución muy diferenciada. En once países, más de dos terceras de su población es vulnerable y, en dos de ellos, prácticamente la sociedad entera vive condiciones de fragilidad, como es el caso de Nicaragua y Guatemala en que el 90.9% y 90.5% de sus poblaciones respectivas pertenecen a los sectores pobres y no pobres vulnerables. Es decir, sólo un 10 % de la población en ambos países cuentan con mayores seguridades económicas. Si analizamos la composición interna del fenómeno de la vulnerabilidad tenemos que en 4 países la vulnerabilidad se explica mayormente por sus niveles de pobreza, mientras que en los restantes 13 países el peso de los estratos no pobres vulnerables supera a los sectores pobres vulnerables. Cuestión que demuestra que existe un tránsito de la pobreza a una condición de no pobreza frágil o vulnerable y no hacia una situación de mayor seguridad 11 de 49

económica característica de los sectores medios. Y ello nos remite, sin duda, a los bajos ingresos y a los malos empleos, como analizaremos más adelante. La vulnerabilidad como fenómeno social tiene presencia todavía en zonas rurales (30.2%), pero crecientemente en áreas urbanas (69.8%), lo que se explica en el avance progresivo de la urbanización de la pobreza. Esta cercanía que se revela entre los estratos vulnerables pobres y no pobres también se aprecia en tamaños familiares relativamente similares: lo sectores no pobres vulnerables cuentan con familias que, en promedio, tienen 4 miembros y, por tanto, con una tasa de dependencia relativamente similar a los hogares pobres. 3. Los Sectores Medios y su Heterogeneidad No obstante que es altamente discutible, se suele definir a los segmentos que abandonan la pobreza como emergentes capas medias de nuestras sociedades. De modo que, según esta visión, aquellos estratos que acabamos de caracterizar como sectores no pobres vulnerables entrarían en la categoría de capas medias. Junto a ellos, existe otro tipo de capas medias que se definen por sus mayores seguridades económicas o por sus muy bajos riesgos de caer en situaciones de pobreza. Lo que configura una realidad muy heterogénea de capas medias que, en algunos países y siguiendo la nomenclatura propia de los analistas de marketing, suele diferenciar a las capas medias bajas de las que, por su mayor poder adquisitivo, se consideran capas medias altas. Es con esta definición extendida de capas medias que buena parte de la literatura especializada actual alude a América Latina como la región de la emergente clase media o, como plantea la más reciente publicación en la materia 11 , América Latina estaría transitando de región de ingreso medio a región de clase media. Si tomamos tal definición extendida de capas medias para los 18 países analizados, tenemos que el 67.2% de la población de la región sería parte de estos heterogéneos sectores medios, siendo los sectores medios vulnerables los de mayor presencia, con un 58.7% del total de las capas medias. Es decir, desde esta óptica, en América Latina la reducción de la pobreza estaría conformando capas medias pero mayormente vulnerables.

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F.J.Ferreira, J.Messina, J.Rigolini, L.F.López-Calva, M.A. Lugo y R.Vakis Economic Mobility and the Rise of the Latin Arnerican Middle Class. World Bank Latin American and The Caribbean Studies. The World Bank. Washington D.C. 2013. Este libro utiliza la metodología que hemos replicado en este informe y usa las mismas bases de datos, pero menos actualizadas que las nuestras (para cuando se preparó el documento del Banco Mundial las encuestas de hogar del 2011 todavía no estaban disponibles).

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SECTORES MEDIOS Y SU HETEROGENEIDAD

RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

Es así, que de los 18 países analizados, en 14 de ellos la incidencia de los sectores medios vulnerables supera a las capas medias con mayores seguridades económicas. Por lo mismo, sólo 3 países tienen mayor proporción de estos segundos -Uruguay, Argentina y Panamá-, mientras que un cuarto país, Chile, tiene una equilibrada presencia de sectores medios vulnerables y no vulnerables. De este análisis se desprende que la categoría de sectores medios propiamente tales, con mayores seguridades económicas, es todavía relativamente débil en la región, representando al 29.3% de la población total. Si asumimos una definición más estricta de capas medias, dejando afuera a los estratos vulnerables, sólo 2 países revelan la presencia de amplios estratos medios económicamente más consolidados, como es el caso de Uruguay con el 60.2% y Argentina con el 54.4% de su población. A distancia se encuentra Chile con el 42.5% de la población, seguido de Panamá (38.9%), Costa Rica (37.2%), Brasil (34.8% ) y Colombia (33.2%). En la vereda opuesta están Nicaragua con tan sólo un 8.8% de este tipo de capas medias, Guatemala con el 9.0%, Honduras con 12.8% y El Salvador con 16.8%

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Mientras no existan políticas regionales que tengan en su horizonte la vulnerabilidad y que, por lo tanto, impidan regresiones en las situaciones socioeconómicas de las familias, difícilmente se podrá aspirar a la construcción de sectores medios consolidados y a mejorar la movilidad social ascendente tan esquiva hasta el momento. Por ahora, lo que es evidente en la actual estratificación social es que, con la excepción de un par de países, la reducción de la pobreza está creando amplios estratos vulnerables y existe escasa capacidad para consolidar sectores medios más autosuficientes. Una mirada a estos estratos medios con suficiencia económica nos muestra algunos rasgos que los diferencian de los estratos pobres y vulnerables. En primer término, las capas medias son un fenómeno urbano: el 83.1% de estos estratos reside en áreas metropolitanas y ciudades de distintos tamaños. Y en cuanto a los hogares de sectores medios, éstos tienen un tamaño significativamente más reducido y, por tanto, con menor tasa de dependencia que las familias de los estratos vulnerables pobres y no pobres: en promedio cuentan con 3.1 miembros. 4. Sectores Altos y Estratificación de los Ingresos Familiares Reiterando lo que se anticipara al inicio de esta sección, el estrato alto es el que se construye como resultado residual de las restantes categorías, es decir, incorporando a todos aquellos que están por encima de los US$50 per cápita diarios. Sin embargo, la incapacidad de las encuestas de hogares para captar verdaderamente a los sectores más ricos de la sociedad hacen de esta categoría un grupo de altos ingresos que está muy lejos de representar a quienes más concentran la riqueza en los distintos países. La evidencia de que no se dispone de información de ingresos de los hogares más ricos de los países se desprende del dato sobre el ingreso regional per cápita hogar de los estratos altos, que resulta ser de US$3.167. Considerando que el tamaño familiar medio de los sectores altos de la región es de 2.4 miembros, resulta ser que el ingreso mensual familiar regional de estos sectores altos es del orden de los US$7.600, monto que estamos concientes no refleja los ingresos de los más ricos de América Latina. Aún así, el análisis de estos estratos altos en los 18 países de la región arroja que sólo representan al 2.0% de la población total de América Latina, en un rango que va desde menos del 0.5% de estratos altos en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, hasta el 3.7% en Colombia y Panamá, 4.8% en Chile y 5.4% de sectores altos en Uruguay. No obstante estas limitaciones de información fidedigna sobre los más ricos, el análisis de los ingresos familiares de todos los estratos es demostrativa de la distancia que separa dramáticamente a estos sectores altos del resto de la sociedad. Sobre la base de analizar los ingresos mensuales per cápita del hogar 12, tenemos un cuadro 12

En dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA), el ingreso mensual per cápita hogar de los estratos pobres en la región es de US$85; en los estratos no pobres vulnerables US$233.6; en los estratos medios

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sobre el tipo de estratificación social que caracteriza a las segmentadas sociedades latinoamericanas. Si comparamos el ingreso mensual per cápita hogar de los sectores pobres con todos los demás estratos, tenemos que la brecha de ingresos con los sectores no pobres vulnerables es de 2.7 veces, con los sectores medios de 7.7 veces y con los sectores altos de 36.9 veces. Estas cifras evidencian la mayor cercanía de los sectores pobres y no pobres vulnerables entre sí que en relación a los sectores medios, así como la distancia sideral con los sectores altos, aún sin considerar a los hogares efectivamente más ricos de los países. Si contrastamos los ingresos de los estratos vulnerables con los siguientes estratos, tenemos que la brecha del ingreso mensual per cápita hogar de los vulnerables en relación con los estratos medios es de 3.8 veces y con los estratos altos de 18.4 veces. En este caso, la brecha de ingresos familiares entre los estratos vulnerables y las capas medias es algo mayor que aquella que separa a los estratos pobres de los vulnerables. Y, una vez más, la distancia de estos sectores vulnerables respecto de los altos es enorme. Finalmente, al comparar el ingreso familiar per cápita de los hogares de capas medias y los estratos altos la brecha resulta ser de 4.8 veces. Si bien la situación de los estratos medios es considerablemente menos desmedrada que los grupos más desprotegidos de la sociedad, revela una importancia distancia con los estrato altos. BRECHAS INGRESO PER CÁPITA HOGAR AMÉRICA LATINA (US$ PPA) ESTRATOS Pobreza

Sectores Vulnerables

Sectores Medios

Sectores Altos

2.7 veces

7.7 veces

36.9 veces

3.8 veces

18.4 veces

Sector Vulnerables Sectores Medios

4.8 veces

Elaboración propia a partir de RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

Este panorama regional tiene una expresión diferenciada según los países y que da cuenta de los niveles de desigualdad de los ingresos en sus respectivas sociedades. Destaca, por una parte, un grupo reducido de países que tiene brechas de ingresos más altas que las brechas regionales entre todos sus estratos sociales: Guatemala y Honduras, seguidos por Paraguay y Colombia son los casos más llamativos en cuanto a las altas diferencias de ingresos familiares que cruzan transversalmente a todos sus estratos sociales. Es decir, una marcada desigualdad que segmenta a todos los estratos sociales. Por otra parte, hay que destacar asimismo la existencia de un grupo de países que exhibe las mayores brechas entre los hogares de menores y mayores ingresos, considerablemente por US$658.9; y en los estratos altos US$3.167,1.

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encima de la brecha regional: es el caso de Guatemala, que duplica la media regional y, muy cercanamente, Honduras y Paraguay; seguidos por Colombia y Brasil y, finalmente, a bastante distancia de los primeros, Chile. Estos seis países tienen la mayor concentración de ingresos en los sectores más altos de sus respectivas sociedades. RANKING BRECHA INGRESO PER CÁPITA HOGAR DISTANCIA SECTORES POBRES Y ALTOS (brecha regional promedio 36.9 veces)

Elaboración propia a partir de RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

5. Estratificación y Educación La educación ha adquirido centralidad en las agendas públicas de todos los países, apostando a que el acceso y retención en el sistema escolar, así como un aseguramiento de su calidad de manera equitativa, pueden colaborar a contrarrestar las desigualdades de origen que han estado detrás de la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. De hecho, parte importante de las mejorías en los indicadores sociales de América Latina se explica en una mayor preocupación por fortalecer políticas e inversiones educacionales, en coberturas masivas de educación primaria e incrementos de cobertura en la educación media o secundaria. Tales avances de coberturas han llevado a poner el acento, recientemente, en la calidad de la educación que se entrega. Así como el acceso educacional ha sido una fuente histórica de desigualdad en la región, la calidad educacional a la que se accede es parte de las nuevas expresiones de desigualdades que cruzan las sociedades latinoamericanas. 16 de 49

Sin embargo, los accesos todavía tienen una desigual expresión según los niveles de enseñanza y una desigual distribución según el poder adquisitivo de los hogares. Aún si la calidad es el nuevo imperativo educacional y se constituye como un factor determinante de nuevas desigualdades, la inconclusa tarea de garantizar coberturas universales sigue siendo una condición esencial a resolver para abordar la problemática de la pobreza y desigualdad. La primera evidencia de los avances logrados en la última década está en las diferencias de escolaridad generacionales: como veremos a continuación, los niños y jóvenes en edad de estudiar están más escolarizados que sus padres, lo que ya significa un cambio cultural al interior de los hogares y en los países. Aunque el analfabetismo ha dejado de ser un problema en la región en términos generales, no deja de sorprender que todavía existan países con sectores de su población adulta abiertamente analfabeta (ni hablar del analfabetismo por desuso). Ello se aprecia en los estratos pobres y, con particular fuerza, en los de extrema pobreza, especialmente concentrados en aquellos países en los que todavía la pobreza es mayoritaria en la sociedad: es el ejemplo de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua cuyos sectores de extrema pobreza tienen una brecha de alfabetización de hasta 10 puntos porcentuales respecto de sus tasas nacionales y de más de 20 puntos porcentuales respecto del nivel promedio de alfabetización en la región. De modo que, sin ser un problema generalizado, la alfabetización adulta permanece como tarea urgente en una parte de América Latina. Y esta realidad se refleja en los años de escolaridad que reportan los jefes de hogar. La escolaridad promedio de los adultos en la región apenas llega a los 7.1 años de estudio, es decir, marginalmente sobre la enseñanza primaria o básica. Al igual que tantos otros indicadores sociales, este promedio esconde grandes diferencias: desde los 4.6 años de escolaridad de los jefes de hogar más pobres, a los 12.5 años de escolaridad de los sectores altos. Los saltos de escolaridad de los jefes de hogar -hombres y mujeres- según los estratos sociales, son otra prueba de la segmentación social: mientras jefes de hogar de los estratos de pobreza cuentan con 4.9 años de estudio, es decir, con primaria incompleta, los de sectores no pobres vulnerables tan sólo se diferencian de los primeros en que logran completar su enseñanza básica, con 6.7 años de escolaridad. Los adultos de sectores medios en la región cuentan con 9.5 años de estudios, es decir, enseñanza secundaria incompleta, y los de sectores altos terminan sus estudios secundarios, con un promedio regional de 12.5 años de escolaridad. Pero se da una dispersión de resultados en la región, con heterogéneas situaciones nacionales: Chile y Argentina son los dos únicos países en que sus adultos pobres cuentan con educación primaria completa (en el caso de Chile, incluso secundaria incompleta). En los restantes 16 países, los adultos pobres sólo cuentan con educación primaria incompleta. Y este cuadro no es diferente al que viven los adultos de los sectores no pobres vulnerables: en ningún país estos jefes de hogar superan los 8 años de estudio (siendo Chile el que alcanza este mayor nivel de escolaridad). Es más, en 4 países los jefes de hogar vulnerables 17 de 49

ni siquiera han culminado su enseñanza primaria (Costa Rica, Colombia, Brasil y Guatemala). Si bien hay un aumento de los años de escolaridad en los sectores medios, en ningún país sus jefes de hogar culminan los estudios secundarios y el que más se acerca es Chile, con 10 años de escolaridad. El rasgo de los jefes de hogar de los sectores altos es, precisamente, haber culminado sus estudios secundarios y, en pocos países, tener algunos años de estudios postsecundarios, con una escolaridad que fluctúa entre los 13 y 14 años de estudios, como es la situación en Chile, Uruguay, Ecuador, Venezuela y México. Un solo país, Panamá, supera levemente los 14 años de escolaridad. Siendo esta la situación de los jefes de hogar, la de sus hijos en edad de estudiar revela un avance marcado por diversidades nacionales y, una vez más, por la pertenencia a los distintos estratos sociales. En cuanto a educación básica o primaria, la tasa de asistencia escolar de niños y niñas entre 6 y 12 años es prácticamente universal en todos los países y abarca a todos los niveles de la estratificación social. Aunque los estratos más pobres de los países con mayores niveles de pobreza todavía presentan desafíos de cobertura universal (especialmente Guatemala y Nicaragua que están levemente por debajo del 90% de cobertura), lo cierto es que hay que destacar este logro, ya que estos niños han superado con creces la situación de sus padres. En cambio, aún no se alcanzan resultados comparables en la educación secundaria, con una tasa de asistencia escolar regional de 82.5% en los niños y niñas entre 13 y 17 años. Y en estos resultados hay una importante dispersión entre países y entre estratos sociales. Argentina, Brasil, Chile y Colombia están entre aquellos países en que en torno del 90% de estos niños entre 13 y 17 años asisten a la educación secundaria, mientras República Dominicana, Uruguay y Venezuela están entre aquellos que muestran una tasa de asistencia escolar menor al 70%. Destaca el caso de Uruguay que, encabezando los mejores resultados sociales de la región, tiene este nivel de ausentismo en la enseñanza secundaria que, siendo más aguda entre los niños de los sectores vulnerables pobres y no pobres, también está presente en los sectores medios y altos. La asistencia escolar a la enseñanza media tiene una relación con el nivel socioeconómico de las familias, siendo más alta la deserción cuanto menor es el ingreso familiar. De modo que, en términos generales, si bien la actual generación de estudiantes tiene una situación radicalmente distinta a la que vivieron sus padres, de todos modos tiene desafíos que resolver para alcanzar una universalidad igualitaria de acceso y retención en el sistema escolar en todos los estratos de la sociedad. El incremento de la tasa de asistencia escolar en la enseñanza secundaria también ha implicado un aumento de la tasa de asistencia en la enseñanza postsecundaria de los jóvenes entre 18 y 23 años, no obstante que ésta es considerablemente más baja y más desigualmente distribuida entre estratos sociales que en la enseñanza escolar. 18 de 49

Un 38.0% de los jóvenes entre 18 y 23 años asiste a la educación postsecundaria en América Latina, variando según los países y la estratificación social. De los 18 países, 7 de ellos tienen una tasa de asistencia escolar en este grupo de edad sobre el 40%: Argentina, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Chile y Paraguay. Y Venezuela es el único país que tiene una tasa de asistencia escolar postsecundaria del orden de 53.4%. TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR EN AMÉRICALATINA

RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

En todos ellos se aprecia que, a menor nivel ingreso familiar existe una menor tasa de asistencia escolar, pero el caso de Uruguay es singularmente llamativo, pues tiene la mayor brecha regional de asistencia escolar postsecundaria entre sus segmentos de mayores y menores ingresos, a pesar de contar con educación superior pública gratuita. Esta singularidad de Uruguay y algunas otras evidencias que caracterizan la situación en la educación secundaria de varios países, llevan a suponer que los fenómenos de deserción y bajas tasas de asistencia escolar no son enteramente atribuibles a factores económicos y podrían estar incidiendo otras circunstancias necesarias de explorar para avanzar en los niveles de educación de nuestros niños y jóvenes. 23 6. Estratificación Social y Mundo del Trabajo Puesto que el criterio de estratificación social utilizado se basa en los ingresos, la dimensión del mundo laboral es determinante para la caracterización de los estratos sociales. América Latina tiene una tasa de participación laboral del orden del 53.8% y siete países superan dicha tasa: Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay. Destaca el hecho de que la distribución de esta tasa de participación laboral es muy desigual según estratos sociales, pues mientras ella es del orden del 42.8% en los sectores pobres, en los sectores no pobres vulnerables sube a 52.6% y en los estratos medios y altos se eleva al 63.0% y 69.5% respectivamente. Perú es el país con la mayor tasa de participación laboral nacional (73.9%) y con una distribución relativamente homogénea en todos sus estratos sociales, con la particularidad de contar -en una situación inédita en la región- con una mayor tasa de participación en sus estratos pobres y vulnerables, que en los altos. En el extremo opuesto se ubica Chile con la menor fuerza de trabajo de la región, no sólo a 19 de 49

nivel nacional, sino en sus estratos de menores ingresos: la tasa de participación laboral de los sectores pobres chilenos es del 26.3%, casi la mitad de la tasa de participación laboral de los pobres latinoamericanos. Lo mismo le ocurre con sus estratos no pobres vulnerables y con los sectores medios, mejorando solamente en los sectores altos. Similar a la realidad chilena, aunque no tan extrema, es la de Costa Rica, Honduras y Ecuador. Consistente con esta realidad, la tasa de empleo regional -para el mismo período en que se analizó la tasa de participación laboral en los 18 países- es del 50.8%, con una tasa considerablemente menor en los estratos pobres (38.5%), casi la mitad que la de los sectores altos (68.6%). Superan la tasa regional de empleo Perú, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua y Argentina. Con excepción de este último, todos países que -no obstante la mayor tasa de empleo- tienen niveles altos y medio-altos de pobreza, así como de vulnerabilidad, lo que refiere a la calidad de estos empleos, como se verá más adelante. Nuevamente Perú encabeza la región en cuanto a empleo a nivel nacional y en todos los estratos de manera relativamente homogénea (sobre el 70%), excepto en el sector alto en que la tasa de empleo disminuye y se pone por debajo de la tasa que tienen los sectores altos latinoamericanos. Entre los países que tienen una tasa de empleo inferior a la regional, y especialmente en sus sectores de menores ingresos -tanto pobres como no pobres vulnerables- están Costa Rica, Chile, Uruguay y Brasil. Desde el punto de vista de las jornadas de trabajo, cabe destacar que éstas son más reducidas en los sectores de pobreza que en los restantes estratos, siendo los trabajadores de mayor pobreza los que desempeñan menos horas de trabajo semanales: desde las 36.3 horas de jornada promedio regional de los sectores extremadamente pobres, que se elevan a 43,7 horas en los sectores no pobres vulnerables, a sobre las 45 horas semanales de trabajo de los trabajadores de estratos medios y altos. Argentina, Uruguay y Panamá son los países en que sus estratos de menores ingresos tienen jornadas laborales más reducidas y, en el extremo opuesto, están Nicaragua, México, Guatemala y Paraguay cuyos trabajadores pobres destinan largas jornadas a sus trabajos. Destacan, asimismo, las largas jornadas laborales de los sectores no pobres vulnerables en Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Colombia y Costa Rica. Esta realidad debe ser comprendida a partir del examen de los ingresos del trabajo. En un análisis para los 18 países sobre el salario por hora de sus trabajadores tenemos que, en general, parece existir una relación entre la mayor jornada laboral de los sectores de menores ingresos y sus remuneraciones. En efecto, los países mencionados con las mayores jornadas laborales de sus estratos pobres y no pobres vulnerables, resultan ser los que tienen un salario promedio por hora menor al salario promedio regional. Por otra parte, la desigualdad de estos salarios es muy marcada según estratos sociales. Con 20 de 49

dólares ajustados por poder adquisitivo en los 18 países, tenemos que el salario promedio por hora varía desde los US$1.8 en los trabajadores de los sectores pobres, a US$3.0 de los estratos vulnerables, para duplicarse en los estratos medios a US$5.9 y saltar a US$24.8 en los estratos altos. El diferencial entre los trabajadores de mayores y menores salarios es de 13.6 veces, pero también existen brechas en los salarios de los trabajadores de estratos intermedios. Cabe destacar, en todo caso, que la menor brecha de salarios se produce entre los sectores pobres y no pobres vulnerables. BRECHAS SALARIOS POR HORA AMÉRICA LATINA (US$ PPA) ESTRATOS Pobreza

Sectores Vulnerables

Sectores Medios

Sectores Altos

1.6 veces

3.3 veces

13.6 veces

2.0 veces

8.3 veces

Sector Vulnerables Sectores Medios

4.2 veces

Elaboración propia a partir RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

Y, al igual que otras variables consideradas previamente en el análisis, también en la estratificación de los salarios hay una realidad latinoamericana heterogénea. Podemos identificar algunas situaciones especiales. El caso de aquellos países que tienen una diferencia muy marcada en los niveles salariales entre todos los estratos sociales, como es el caso de Honduras, Guatemala, Paraguay, Bolivia, México, Nicaragua y Colombia. Por otro lado, están los países con diferencias poco marcadas entre sus estratos y con la menor brecha entre los salarios de los trabajadores de estratos pobres y ricos, como es la situación de Argentina, Uruguay, Costa Roca y República Dominicana. Y finalmente, el caso de Chile y, en menor medida, Brasil en que con brechas de salarios más suaves entre los estratos bajos e intermedios, éstas se elevan por sobre el promedio regional cuando se incluye a los estratos altos, con una clara mayor concentración de los más altos salarios en el reducido grupo de trabajadores de los estratos de mayores ingresos del país.

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RANKING BRECHA SALARIOS POR HORA DUSTANCIA TRABAJADORES SECTORES POBRES Y ALTOS Brecha regional promedio de 13.6 veces

Elaboración propia a partir RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

La informalidad en el trabajo sigue siendo dominante. Considerando a los 18 países analizados, el 44.8% de los trabajadores en América Latina son formales y el 55% son trabajadores informales. Una vez más, con mucha diversidad intrarregional: los países con mayores niveles de formalidad son Uruguay (68.3%), Chile (63.9%), Argentina (58.9%) y Costa Rica (56.3%). Pero es importante señalar que, excepto Chile que tiene un nivel de trabajo formal también en los sectores pobres (cercano a la mitad de sus trabajadores), en los otros países la formalidad se concentra en los sectores medios y altos, con escasa presencia de empleos formales en sus sectores pobres y vulnerables. Por otra parte, los países con mayores niveles de informalidad son Ecuador(72.5%), Bolivia (69.8%), Guatemala (69.6%), Honduras (66.5%), Colombia (66.2%), Perú (65.2%) y El Salvador (61.7%), fenómeno del que sólo se eximen los trabajadores de más altos ingresos. Lo anterior se refleja en la baja presencia de contratos de trabajo, que no alcanza ni siquiera a cubrir la mitad de los trabajadores (no obstante que ello tiene una muy desigual expresión según los estratos sociales)13 y en la escasa cobertura que tienen los sistemas de pensiones: 13

Este dato pudiera estar subrepresentado, pues sólo 11 de los 18 países analizados cuentan con esa información en sus encuestas de hogar. Con la ausencia de información para Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, el promedio de los restantes 11 países es de un 47.6% del total de trabajadores que cuenta con contratos de trabajo, siendo Chile el que mayor nivel de contratación reporta

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regionalmente el 50.6% de los trabajadores reporta contar con derecho a pensión o jubilación, estando mejor posicionados Uruguay (87.8%), Chile (76.4%), Brasil (70.6%), Venezuela (67.8%), Costa Rica y República Dominicana (67.6%). Por el contrario, débil sistema de pensiones se aprecia en Honduras y Guatemala -con menos del 25% de los trabajadores- y en Bolivia, El Salvador y Perú, con menos del 40% de los trabajadores. RASGOS DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA

RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

De modo que, analizados los rasgos del mercado laboral, sus ingresos del trabajo y otros indicadores de calidad del empleo, podemos apreciar un fenómeno extendido de precarización de los empleos que incide, tanto o más que el nivel de empleo, en la situación que viven todos los estratos sociales, con excepción del reducido número de trabajadores que integra el estrato alto, de mayores ingresos de los respectivos países. 7. Estratificación Social, Género y Edad La situación de las mujeres El fenómeno de las jefaturas femeninas de hogar es uno de los más relevantes en la realidad social latinoamericana actual y se ha expandido en los últimos años, representando el 31.1% de los hogares. Un tercio de las familias en América Latina tiene a una mujer a su cargo, no sólo de las tareas domésticas y del cuidado de los miembros dependientes del hogar, sino de su sustento. Países como Uruguay sobrepasan con creces este promedio regional con un 43.3% de jefaturas femeninas de hogar, seguido por Brasil (37.8%), Venezuela (36.5%), Argentina (35.9%), Nicaragua (34.0%) y Chile (33.5%). Este extendido fenómeno, que cruza transversalmente a todos los estratos sociales, aparece especialmente marcado en los segmentos más pobres de los países: en el caso de Uruguay las jefaturas de hogar abarcan al 59.5% de los hogares extremadamente pobres; en Chile constituyen el 50.8% de los hogares más pobres, y en Brasil, Argentina y Venezuela (80.4%), Ecuador (70.6%) y Panamá (60.3%).

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superan el 46%. En términos generales, los hogares más pobres de la región tienen una mayor proporción de mujeres jefas de hogar que el resto de los estratos sociales. La dependencia económica que estos hogares tienen del aporte que hacen las mujeres, lleva a la necesidad de revisar la dimensión de género en el mundo laboral. La revisión de los datos en los 18 países analizados muestra un cuadro de manifiesta discriminación en el acceso al trabajo para las mujeres que, si bien tiende a ser menos marcada en los estratos medios y altos, recorre transversalmente a todos los sectores sociales de los países. Tanto en lo que se refiere a la tasa de participación laboral, como a la tasa de empleo, éstas son siempre menores en las mujeres que en los hombres, si bien la brecha es menor a medida que se avanza en la estratificación social. Mientras a nivel nacional la brecha de genero en la tasa de participación laboral es del orden del 33.9%, en los sectores de pobreza alcanza el 48.3% y en la pobreza extrema llega a ser 49%. Si a estas cifras agregamos el componente de vulnerabilidad, resulta ser que las brechas de género de participación laboral en la totalidad de los sectores vulnerables (pobres y no pobres) alcanzan el 41%. Estas disparidades no desaparecen en ninguno de los estratos, si bien es menor en los sectores medios con una brecha del 19.4% y en los estratos altos con 13.4%. Otro tanto ocurre con la tasa de empleo, en que la brecha entre hombres y mujeres ocupados llega a ser, en promedio regional, del 35%, siendo más del 50% en los sectores pobres y reduciéndose a 20.2% en los estratos medios y a 12.9% en los sectores de más altos ingresos. En la totalidad de los estratos vulnerables (pobres y no pobres) es de 43%. Esta generalizada desigualdad en la tasa de participación laboral y de empleo de las mujeres es más marcada en algunos países que, por lo demás, tienen las menores tasas de participación y de empleo femeninas, como es el caso de Honduras, Guatemala, México, Chile, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. En cuanto a sus salarios, también existen importantes brechas de género. Cabe destacar que en los sectores pobres ella es inexistente y que ambos, hombres y mujeres, comparten iguales magros salarios. Como otros estudios ya lo han demostrado para varios países, la brecha mayor en los ingresos del trabajo entre hombres y mujeres se produce en los sectores altos, es decir, en los niveles profesionales y gerenciales, con mayores calificaciones y años de estudio. El análisis de las encuestas de hogar de los 18 países revela que en los estratos de pobreza hombres y mujeres tienen un mismo salario por hora, correspondiente a US$1.9 y que éstos varían levemente en los sectores vulnerables (US$3.3 para los hombres y US$2.9 para las mujeres), pasando por una brecha algo mayor en los sectores medios (US$6.6 salario por hora para hombres y US$5.9 para mujeres), para dar un salto en los estratos altos, con un salario por hora de los hombre (US$31.9) que casi duplica el de las mujeres (US$16.3).

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DIMENSIONES DE GÉNERO Hombres y Mujeres 25 - 55 años

RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

La situación de los jóvenes En cuanto a los jóvenes, éstos presentan un cuadro en la región aún más desmejorado que las mujeres adultas, afectando por igual a jóvenes de ambos sexos. A las tasas de deserción en la enseñanza media y a la baja participación en educación postsecundaria analizadas previamente, se suma una baja partición laboral de los jóvenes y una disminuida tasa de empleo juvenil. Estos hechos nos confrontan a un nuevo fenómeno que habrá de tenerse en cuenta en América Latina, el de jóvenes que no estudian ni trabajan, con todas las consecuencias sociales que ello acarrea. La tasa regional de participación laboral de los jóvenes entre 15 y 24 años es de 52.6%, con una relativa homogeneidad en todos los estratos sociales, fluctuando entre el 45.6% de los jóvenes de estratos pobres y el 51% en los estratos altos, siendo los jóvenes de estratos medios los que mayor participación laboral tienen, con un 56.8%. Más baja aún es la tasa de empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años: con un porcentaje regional del 45.5%, la tasa de empleo se segmenta según estratos sociales, siendo menor en los sectores juveniles pobres (35,8%) y, nuevamente, más alta entre los jóvenes de sectores medios (51.3%). Del examen del comportamiento de los jóvenes en el mundo del empleo por países, se advierte un fenómeno asociado a los mayores niveles de pobreza de los países: los países con menores niveles de pobreza tienden a tener menos jóvenes activos en el mercado laboral de los estratos de menores ingresos, como es el caso de Chile (con una participación laboral del 10% de los jóvenes pobres), Argentina y Costa Rica (con una tasa de participación juvenil en pobreza del 20.9% y 19.9% respectivamente). La excepción la constituye Uruguay que, con la menor pobreza regional, reporta alta tasa de participación laboral de jóvenes de estratos pobres. Consistente con lo anterior, países con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad exhiben 25 de 49

cifras altas de participación laboral de jóvenes, como lo muestra Perú (el 60,2% de los jóvenes entre 15 y 24 años de los estratos de menores ingresos) y porcentajes similares de los estratos vulnerables y medios. Fenómeno que se repite en Guatemala, Bolivia, Honduras, Paraguay y Nicaragua, con elevadas tasas de participación laboral juvenil. En cuanto a sus remuneraciones, los jóvenes entre 15 y 24 años ganan aún por debajo de lo que ganan las mujeres adultas, con un salario por hora promedio regional equivalente a US$3.1. Si bien por debajo de las mujeres en todos los estratos sociales, los jóvenes experimentan importantes diferencias en sus salarios dependiendo de los sectores socioeconómicos a los que pertenecen: mientras los jóvenes de los sectores de pobreza perciben un salario promedio regional de US$1.6 la hora, los jóvenes de estratos vulnerables perciben US$2.6, subiendo a US$4.2 en los sectores medios y a US$10.9 por hora en los estratos altos. Los adultos mayores de 65 años Este grupo etáreo ha estado creciendo en la región y representa un nuevo desafío, precisamente por las condiciones laborales descritas que habrán de reflejarse en las condiciones de vida de estos trabajadores una vez que llegan a la edad de abandonar el mercado laboral Si bien el promedio regional de adultos mayores de 65 años en los 18 países analizados representa el 7.9% del total de la población, existe un grupo de países que ya está mostrando niveles cercanos a los países más envejecidos internacionalmente: encabeza esta realidad Uruguay con 13.7% de su población correspondiente a este grupo etáreo, seguido por Chile (10.8%), Argentina (10.7%) y Ecuador (10.1%). Se acercan a este perfil demográfico de mayor envejecimiento poblacional Brasil, Panamá y Perú, con porcentajes de adultos mayores de 65 años que se acercan al 9% de sus respectivos países. Examinando la distribución de adultos mayores por estratos, resulta que la mayor parte está en condiciones de vulnerabilidad: 24.4% perteneciente a los sectores de pobreza y 35.7% a los sectores no pobres vulnerables, lo que representa 60.1% del total de adultos mayores de 65 años de América Latina. Cifra preocupante que habrá que tener en consideración a la luz de las necesidades propias de este grupo etáreo y a la mayor esperanza de vida que, como tendencia, se está produciendo en las distintas sociedades latinoamericanas.

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II TIPOLOGIA DE PAÍSES Y RETOS DE POLÍTICAS SOCIALES Antecedentes para la elaboración de la tipología La realidad de la estratificación social en la región nos muestra, con distintos órdenes de magnitud, cómo conviven estratos pobres, con nuevos segmentos vulnerables que no siendo pobres comparten con éstos inseguridades económicas, con estratos medios que poseen mayores seguridades económicas, y con un reducido sector de altos ingresos. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

RBLAC-UNDP con estimaciones CEDLAS

Con base a este escenario y a los elementos analizados en la sección precedente, ofrecemos a continuación una propuesta de tipología de países que considera los pesos relativos entre estos estratos, así como la forma en que se relacionan entre sí al interior de los países. De tal suerte que resultan ser cuatro tipos de agrupaciones de países, por similitudes en su estratificación social. Es decir, se identifican cuatro grupos de países de acuerdo a los niveles de pobreza, de vulnerabilidad y de presencia de sectores medios con mayores seguridades económicas, así como por las relaciones que tienen entre sí: por una parte, cuánto pesan en la vulnerabilidad total los estratos pobres y no pobres y, de otra, cuánto pesan en el total de los así llamados sectores medios en un sentido amplio, los nuevos segmentos no pobres vulnerables y las capas medias que tienen mayores seguridades económicas. 27 de 49

Puesto que la presencia de los sectores altos es tan pequeña en cada país, ello no constituye un factor determinante en la conformación de la tipología, si bien se podrá destacar en cada tipo de países agrupados el nivel de desigualdad, recurriendo a un ranking sobre el lugar que cada país ocupa en la brecha distributiva que separa a los estratos pobres de los altos. El propósito de presentar esta tipología de estratificación social es poder identificar las diversas realidades de la región que ameritan una aproximación particular de políticas sociales, en el marco de una orientación general de estas políticas, y relevar algunas problemáticas que deberían ser parte del arsenal de propuestas para la acción de los gobiernos. Grupo I. Países de Baja Pobreza e Importantes Sectores Medios Considerando a los estratos en pobreza, se trata de un grupo de países que tienen la menor presencia de pobreza a nivel regional, tanto en lo que a pobreza extrema se refiere, como a pobreza moderada, siendo ambas de un dígito (si bien la suma como pobreza total pueda llegar a los dos dígitos). En todos ellos la extrema pobreza, así como la pobreza total, es esencialmente un fenómeno urbano14 con todo lo que esto significa desde el punto de vista de políticas públicas. Sin embargo, aún si marginal, la pobreza rural también está presente y existe el riesgo, dado su escaso peso a nivel nacional, de omitirla o dejarla marginada en las prioridades de políticas en estos países. En esta situación están -en orden creciente de presencia de estratos pobres- Uruguay, Argentina y Chile, los tres países con menores niveles regionales de pobreza y cuyos órdenes de magnitud se mueven entre 8.0% y 11.6% de sus respectivas sociedades, siendo Uruguay el único país que ha llegado a tener un dígito de pobreza total, con el menor nivel de extrema pobreza y moderada de América Latina. En cuanto a la composición de la pobreza, los tres países tienen niveles de indigencia y pobreza moderada de un dígito y en los tres los niveles de extrema pobreza son inferiores a la magnitud de pobreza moderada. Uruguay, en todo caso, es el que tiene el menor peso de indigencia en su pobreza total, seguido por Chile y Argentina. Por tanto, estos tres países presentan una considerable mayor presencia de estratos medios en su sociedad, considerando a los nuevos sectores no pobres (sectores emergentes vulnerables) y a los sectores medios económicamente más seguros: Uruguay encabeza esta situación con el 86.5% del total de su población, seguido por Argentina con el 85.9%, y por Chile con 83.6%, a gran distancia de los restantes países de la región. Sin embargo, la composición interna de estos segmentos medios difiere en los tres países, 14

De los 3 países sólo se tienen datos de la distribución urbano-rural de la pobreza en Chile, pues en Argentina y Uruguay sus encuestas de hogar se realizan solamente en zonas urbanas. En cuanto a Chile, del total de la extrema pobreza nacional el 81.8% es urbana, elevándose al 82.5% cuando se trata de pobreza total.

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conformando realidades singulares a tener en consideración para efectos de políticas públicas. Desde el punto de vista de los pesos relativos que tienen ambos estratos medios (no pobres vulnerables y estratos medios con seguridad económica), Uruguay y Argentina muestran el menor peso de los sectores no pobres vulnerables en el total de los estratos medios (en Uruguay los sectores medios con seguridad económica representan el 69.5% del total de los segmentos medios y en Argentina el 63.4%). En cambio, en Chile hay una presencia relativamente equilibrada entre ambos sectores: 49.2% de estratos no pobres vulnerables y 50.8% de sectores medios con mayor seguridad económica. Ahora bien, si sólo nos remitimos a observar a los estratos no pobres vulnerables, Uruguay es el único país de la región que podemos clasificar con baja vulnerabilidad en sus sectores no pobres de la sociedad. En el caso de Argentina, la situación es de un nivel medio de vulnerabilidad no pobre. Y Chile ofrece la particularidad de integrar este grupo de países de menor nivel de pobreza y mayor presencia de sectores medios en la región, pero con un alto nivel de vulnerabilidad en sus estratos no pobres. Con estos antecedentes podemos caracterizar a Uruguay y Argentina como países con sectores medios consolidados y a Chile como un país con sectores medios emergentes y en transición a la consolidación de sus sectores medios.

En la dimensión de las desigualdades y considerando las brechas de los ingresos familiares entre los estratos altos y pobres de sus respectivas sociedades, Argentina y Uruguay están entre los cuatro países de la región con la menor brecha distributiva, mientras Chile se ubica entre los países con altas brechas de ingresos familiares entre los estratos pobres y altos. Si utilizamos el análisis de brechas de los salarios, una vez más se aprecian diferencias en estos tres países: Argentina es el país con la menor brecha salarial de América Latina entre sus estratos de menores y mayores ingresos, Uruguay se localiza entre los pocos países con una brecha media-baja y Chile entre aquellos que tienen una brecha media-alta. En suma, Uruguay Argentina están entre los países con menor desigualdad de sus ingresos, 29 de 49

tanto de los hogares como salariales. Chile, en cambio, presenta mayores desigualdades, posicionándose en el lugar doce en cuanto a brechas regionales de ingresos familiares y séptimo en cuanto a brecha de ingresos en los salarios. Los tres países están entre aquellos con los mayores niveles de formalización del empleo, especialmente Chile que tiene el más alto nivel de empleo formal nacional y en los estratos pobres. Los trabajadores de estos tres países están entre los que cuentan con mayores niveles de contrato y con derecho a pensión asociado al trabajo. Sin embargo, en cuanto a tasa de participación laboral, Chile tiene la menor tasa de participación y de empleo de este grupo, especialmente en sus sectores vulnerables pobres y no pobres, pero también de América Latina. En materia de orientación de políticas, estas realidades remiten a la necesidad de incidir en el ámbito del trabajo, tanto o más que en la generación de empleos (particularmente en el caso chileno), en la calidad de los mismos, dados los niveles de precariedad que acompañan a los empleos incluso formales, así como el nivel de informalidad en los estratos de menores ingresos, sean éstos pobres o no pobres vulnerables. A lo anterior, hay que sumar la preocupación por la desigualdad distributiva que se aprecia en la gran distancia que separa a los estratos pobres de los altos: sin duda de manera especial en Chile y que se refleja en la mayor vulnerabilidad de su sociedad respecto de la que experimentan los otros dos países del grupo. Grupo II. Países de Pobreza Media y Emergentes Sectores Medios En este grupo de países se localizan aquellos que tienen niveles de pobreza extrema y moderada de dos dígitos (con la excepción de Costa Rica que tiene niveles de indigencia de 8.1% y de Panamá con 9.6% de pobreza no extrema) y cuya pobreza total está por debajo del promedio regional de pobreza (es decir, con una pobreza inferior al 30.7% del total de sus sociedades), en un rango que va desde el 19.6% al 29.5% de pobreza total. Forman parte de este grupo -en orden creciente de presencia de estratos pobres- Costa Rica, Panamá, Brasil, Colombia, Bolivia, México, Venezuela y Ecuador. Con un total de ocho países, este grupo es el más numeroso de la tipología de estratificación social. A diferencia de los seis países restantes del grupo, cabe destacar que Brasil y Panamá tienen niveles de extrema pobreza superiores a la pobreza moderada, señal importante que ambos deben considerar desde el punto de vista de sus políticas de superación de la pobreza que están siendo menos efectivas en los sectores extremadamente pobres. La mitad de este grupo muestra una predominancia de la condición de ruralidad de la pobreza15: es el caso de Panamá (que es el segundo país de la región cuya extrema pobreza mayormente es de carácter rural), Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Con la excepción de Panamá en que sólo un tercio de la pobreza del país se localiza en las ciudades, en los tres restantes si bien la proporción de pobreza urbana es inferior a la rural, está bastante cercana 15

En el caso de Venezuela no se tiene información de pobreza desagregada por niveles urbanos y rurales.

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a la mitad. En todo caso, puesto que los órdenes de magnitud de la población urbana son mayores, la pobreza en las ciudades también es relevante en todos estos países. En Brasil, Colombia y México la pobreza tiene mayor carácter urbano que rural en la actualidad, aunque todavía existen estratos pobres rurales que representan al menos un tercio de la población pobre de estos países. Más allá de los pesos distintos que los sectores pobres urbanos y rurales tengan en este grupo de países, es relevante abordar ambas realidades y, por lo mismo, se plantea la necesidad de especializar estrategias de intervención de superación de la pobreza en las ciudades y en las zonas rurales. En los ocho países existe una considerable presencia de estratos medios en sus respectivas sociedades, considerando a los nuevos sectores no pobres (sectores emergentes vulnerables) y a los sectores medios económicamente más seguros: encabeza esta situación Costa Rica (con un 76.9% del total de su población en estos estratos), seguido por Panamá (75%), Bolivia (73.3%), Brasil (72%), Colombia, México y Venezuela (con algunas décimas sobre el setenta por ciento), para culminar con Ecuador (69.6%). Observando la composición interna de estos segmentos medios advertimos tres situaciones distintas, importantes a considerar desde el punto de vista de las prioridades de políticas sociales. Costa Rica, Brasil y Colombia tienen mayor presencia de sectores no pobres vulnerables que sectores medios con mayores seguridades económicas, pero con un peso relativamente equilibrado entre ambos segmentos. En el caso de Bolivia, México, Venezuela y Ecuador el peso de los sectores vulnerables en el total de las capas medias casi duplica al peso de los sectores medios con mayores seguridades económicas. Y la excepción la constituye Panamá, que tiene una presencia levemente mayor de sectores medios con seguridad económica que de sectores medios vulnerables, pero con una diferencia poco significativa, en un relativo equilibrio entre ambos segmentos, lo que asemeja su situación a la de los tres primeros países mencionados. Si nos remitimos a los sectores medios vulnerables, Panamá, Brasil, Colombia y Costa Rica tienen un nivel medio de vulnerabilidad, mientras los restantes cuatro, Ecuador, México, Bolivia y Venezuela están en un nivel alto de vulnerabilidad en sus estratos sociales no pobres. Finalmente, en la dimensión de la desigualdad de ingresos, considerando las brechas de ingresos familiares y de los salarios entre los estratos altos y pobres, se dan situaciones muy heterogéneas.

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En cuanto a las brechas de ingresos familiares16, Bolivia está entre los cuatro países con menores brechas de la región, es decir, en el grupo de aquellos que tienen una brecha media-baja. Ecuador, Costa Rica, México y Panamá se localizan en el numeroso grupo de países con brechas media-alta en sus ingresos familiares. Finalmente, Brasil y Colombia adhieren- junto a Chile, como vimos en el Grupo I- a los países de la región que cuentan con altas brechas de ingresos familiares. Por otra parte, el análisis de brechas de salarios 17 muestra un comportamiento relativamente homogéneo al interior de este grupo de países: el mayor número de ellos (Ecuador, Panamá, Bolivia. México y Colombia) forma parte de los países con una brecha salarial media-alta. La excepción a esta situación la constituyen Costa Rica y Brasil: el primero, Costa Rica, tiene una brecha salarial media-baja entre sus sectores pobres y el estrato alto; en cambio, Brasil forma parte de aquellos países con una brecha salarial alta considerando la realidad regional. En suma, con las excepciones de Costa Rica (con menor desigualdad) y Brasil (con alta desigualdad), los países de este grupo tienen niveles medio-altos de desigualdad en sus ingresos. En este grupo de países, exceptuando Brasil y Colombia, existe una menor tasa de participación laboral y de empleo que la media regional, de por sí baja según estándares internacionales. Pero no sólo déficit de empleo, sino de calidad del mismo. De los ocho países de este grupo, tres de ellos sobrepasan el nivel de informalidad del empleo regional, siendo Ecuador y Bolivia los que mayor informalidad presentan en América Latina, seguidos a alguna distancia por Colombia. Los restantes países del grupo tienen niveles de informalidad inferiores al promedio regional, pero todos los países de este grupo presentan, en todo caso, alta informalidad en los estratos pobres y no pobres 16 17

Para Venezuela se carece de información de ingresos. Para Venezuela se carece de información de ingresos.

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vulnerables. En cuanto al derecho de jubilación asociado al empleo, Bolivia, Colombia, Ecuador, México presentan una baja presencia de esta prestación a nivel nacional y marcadamente más baja entre sus trabajadores de estratos pobres y vulnerables. Se exceptúan de esta situación Brasil, Costa Rica y Venezuela que sobrepasan la situación media regional. Estos antecedentes grupales en materia de acceso al empleo, ingresos y condiciones laborales -aún considerando las diferentes situaciones nacionales- se reflejan en el alto nivel de vulnerabilidad social de sus estratos no pobres y hablan de la necesidad de abordar, junto con la problemática de la pobreza que todavía tienen sus sociedades, las desigualdades de ingresos. Por lo tanto, la urgencia de incorporar las dimensiones de empleo y laborales en las políticas de superación de la pobreza y desigualdad. Grupo III. Países de Alta Pobreza y Débiles Sectores Medios En este grupo se ubican aquellos países con niveles de extrema pobreza y pobreza total sobre el promedio regional y en donde el peso de la extrema pobreza, con la excepción de República Dominicana, es mayor que la pobreza moderada. Forman parte de este grupo -en orden creciente de presencia de estratos pobres- Paraguay, República Dominicana, Perú y el Salvador. Como se señalaba, en República Dominicana el mayor peso de la pobreza se explica por la población con pobreza moderada, a diferencia de Paraguay, Perú y El Salvador que, a la inversa, el peso de la extrema pobreza incide mayormente en los niveles totales de pobreza en estos países. El Salvador tiene el mayor nivel de extrema pobreza del grupo (22%), superando a Paraguay y Perú, ambos con 18.4%. Lo anterior es consistente con el hecho de que en República Dominicana la pobreza tiene rostro urbano, mientras que en Perú, Paraguay y El Salvador ella es marcadamente rural: en los casos de Perú y Paraguay sobre dos terceras partes de la extrema pobreza son rurales (80.9% y 72.8% respectivamente) y en El Salvador se acerca a esa magnitud (66.5%). Este fenómeno ha llevado a los países a concentrar sus estrategias de superación de la extrema pobreza en las áreas rurales, pero cabe la pregunta de qué efectos puede tener una focalización ruralizada de las políticas sociales en países que han expandido sus procesos de urbanización y que tienen, desde el punto de vista del tamaño poblacional, un mayor número de hogares pobres en las ciudades. De modo que, así como hay que reevaluar las estrategias de intervención para la superación de la pobreza puesto que no han sido efectivas en la extrema pobreza (probablemente por la especificidad que esta tiene en el espacio rural y por el componente étnico que la acompaña), lo cierto es que la pobreza urbana sigue siendo también un reto. En estos cuatro países la presencia de estratos medios es inferior al promedio regional, particularmente en el caso de El Salvador. Al observar la composición interna de los sectores medios es notorio el peso que tienen los nuevos sectores no pobres vulnerables. De modo que este grupo de países se caracteriza por una alta vulnerabilidad de sus sectores no 33 de 49

pobres, lo que sumado a los altos niveles de pobreza habla de una gran fragilidad económica en la mayor parte de sus sociedades. En el caso de El Salvador, el peso de los estratos pobres y no pobres vulnerables es similar, sumando al 82.8% de la población. En los restantes tres países del grupo, la situación es levemente distinta, con un modesto mayor peso relativo de sectores no pobres vulnerables respecto de los que están en condiciones de pobreza, sumando ambos más de dos terceras partes de la población de estos países. De modo tal que, los sectores medios con mayores seguridades económicas son todavía débiles en estas sociedades (en torno de un cuarto de sus respectivas poblaciones), siendo particularmente débil su participación en El Salvador (representan el 16.8% de la sociedad salvadoreña). Podemos así distinguir a Paraguay, Perú y República Dominicana como países con sectores medios débiles y El Salvador con sectores medios incipientes. En todos ellos, a las urgencias de la pobreza hay que agregar el necesario tratamiento de las vulnerabilidades o fragilidades económicas que afectan a vastas mayorías sociales, dimensión ésta que remite al ámbito del empleo y laborales en este grupo de países con altos niveles de informalidad. Informalidad que se combina con mejores tasas de participación laboral y de empleo en algunos países (como es el caso de Paraguay y Perú, este último con las más altas tasas de participación y de empleo regionales en todos sus estratos), o con peores (como es el caso de República Dominicana y El Salvador, con tasas de participación y de empleo inferiores a la media regional en sus estratos pobres y no pobres vulnerables). En cuanto a las desigualdades de ingresos, tanto al considerar las brechas de ingresos familiares, como las brechas salariales entre los estratos altos y pobres, se advierten dos tipos de situaciones marcadas.

Por una parte, están República Dominicana y El Salvador que se localizan entre los países con menores desigualdades de América Latina: en cuanto a El Salvador, resulta ser el país latinoamericano con la menor brecha de ingresos familiares entre los estratos más pobres y altos y, por otro lado, ocupa el quinto lugar en el ranking de brechas de salarios. Se da así una situación singular en el continente, en que este país -que experimenta altos niveles de pobreza, sobre todo de extrema pobreza- tiene bajos niveles de desigualdad en el contexto 34 de 49

regional. República Dominicana, si bien a cierta distancia del fenómeno salvadoreño, se le acerca y también muestra esta divergencia entre los altos niveles de pobreza y los menores niveles de desigualdad si se lo compara en general con la región y, particularmente, con los otros dos países de su grupo. La situación opuesta se vive en Paraguay y Perú que tienen altos niveles de desigualdad considerando las brechas de ingresos familiares y las de los salarios entre los estratos pobres y ricos: Paraguay, país de los más desiguales en la región, ocupa el lugar quince en el ranking que considera a 17 países, y Perú, el décimo lugar. Sin duda la pobreza extrema y pobreza nacionales, la extensión de las vulnerabilidades en sociedades de gran fragilidad económica y las desigualdades -que especialmente afectan a Paraguay y Perú- refuerzan la necesidad de articular de mejor manera políticas sociales, de empleo y laborales, con una fuerte preocupación por las áreas rurales, pero con desafíos crecientes en las zonas urbanas. Grupo IV. Países de Pobreza Excesiva e Incipientes Sectores Medios Finalmente, este cuarto grupo incluye a aquellos países cuya situación de pobreza general y de extrema pobreza en particular, sobrepasan considerablemente el panorama regional. En todos ellos la extrema pobreza excede por mucho a la pobreza moderada y más que duplica la extrema pobreza promedio de la región. Forman parte de este grupo -en orden creciente de presencia de estratos pobres- Honduras, Nicaragua y Guatemala, los tres países con el más alto nivel de pobreza y extrema pobreza de América Latina. Todos ellos tienen a más de la mitad de su sociedad en los estratos pobres. En el caso de Guatemala, en que la pobreza afecta al 63.1% de la población, estos estratos duplican la pobreza promedio regional y más que duplican a la extrema pobreza de la región. No muy distantes se ubican Nicaragua y Honduras. Al igual que el anterior grupo de países de alta pobreza, este grupo tiene un marcado sesgo de pobreza rural. Es el caso de Honduras y Guatemala, con el 67.6% y 63.7% del total de su pobreza en zonas rurales. En el caso de Nicaragua, la pobreza rural también es superior a la urbana, pero de forma menos marcada: el 54.7% del total de la pobreza nicaragüense es rural. Una vez más se presenta la preocupación respecto de las estrategias de superación de la pobreza que, por una parte, parecen ser inefectivas en las áreas rurales y por otra, que de concentrarse exclusiva o preferentemente en las áreas rurales de estos países puede llevar a la indefensión de los segmentos de pobreza extrema que habitan las áreas urbanas. En los tres países, los sectores medios son considerablemente inferiores al promedio regional y, en el caso de Guatemala, representan casi la mitad de este promedio. Pero, no sólo más reducida su presencia en estos países, sino que el análisis de su 35 de 49

composición interna muestra que los estratos medios con seguridad económica son casi inexistentes. Es así que, en el caso de Nicaragua, ellos representan el 8.8% de la población, en Guatemala el 9% y en Honduras el 12.8%. Es decir, después de los sectores pobres -que superan a la mitad de sus respectivas poblaciones-, el estrato que le sigue en órdenes de magnitud son los sectores no pobres vulnerables, cercanos a un tercio de la población en cada uno de estos países. Son, pues, sociedades marcadas masivamente por la alta fragilidad económica, cuentan con incipientes sectores medios de alta vulnerabilidad, siendo casi marginal la presencia de estratos medios con mayores seguridades económicas en el conjunto de las respectivas sociedades.

Estos países se confrontan a altos niveles de exclusión y vulnerabilidad que deberían constituirse en objetivos de la mayor urgencia en las políticas sociales de los gobiernos correspondientes. En cuanto a la dimensión de la desigualdad de ingresos familiares y de los salarios, la realidad tampoco es auspiciosa en este grupo de países. Si se analizan las brechas de ingresos familiares entre los estratos altos y pobres, en Honduras y Guatemala estas brechas son las más altas de la región, estando Guatemala en el último lugar del ranking regional de brechas de ingresos familiares y Honduras en el lugar 16 (del total de los 17 países con información disponible). Nicaragua, en cambio, con el sexto lugar del ranking de brechas se coloca entre los países con desigualdad media-alta. En cuanto a la desigualdad de los salarios entre los estratos de menor y mayor ingresos, los tres países de este grupo presentan situaciones de alta desigualdad. Nicaragua, en el lugar 13 del ranking regional de brechas salariales, nuevamente tiene una brecha de desigualdad considerada media-alta, mientras que Guatemala y Honduras, en las dos posiciones de mayor desigualdad del ranking regional, exhiben brechas excesivas de desigualdad: en ambos países la distancia entre el salario por hora del estrato de pobreza y el estrato alto es de 40 veces, es decir, casi cuadruplica la brecha regional promedio, que es de 13.6 veces. Desigualdades que también se manifiestan en los mercados laborales y en una generaliza precarización de los empleos. Ninguno de estos tres países tiene las más bajas tasas de participación laboral y de empleo de la región, más bien se mueven en torno de la media de 36 de 49

América Latina, pero sí son los países en que la informalidad es generalizada y las prestaciones asociadas al trabajo son muy escasas. En suma, una gran debilidad en la institucionalidad laboral que recorre a sus sociedades. Con tales niveles de pobreza, vulnerabilidad y desigualdades estos países requieren una reflexión estratégica sustantiva sobre sus políticas sociales y la correspondencia con políticas fiscales y laborales. Pero no será suficiente si, adicionalmente, no se considera a este grupo países como los de mayor necesidad de apoyo de la cooperación financiera y técnica internacional, para lo cual sería interesante pensar en como puede contribuir la cooperación horizontal en la propia región. Conclusiones: Retos de Políticas de Cohesión Social en América Latina. El análisis precedente arroja evidencias que debieran constituir los puntos de partida para orientar las reflexiones sobre las decisiones estratégicas que deben guiar las políticas de cohesión social de la región. Primera conclusión. La necesidad de reorientar las políticas sociales desde la focalización en la pobreza a la priorización de la protección social según estratos sociales. A la luz de los datos más recientes aportados por las encuestas de hogar analizadas, nadie podría concluir que la lucha contra la pobreza ha dejado de ser una urgencia., puesto que aún si se han producido importantes avances, la pobreza sigue siendo un problema que cruza -con mayor o menor fuerza- a todos los países. Más aún, se constata que la extrema pobreza se mueve más lentamente de lo deseable y que constituye, en no pocos países, un problema cuyos órdenes de magnitud son tanto o más inquietantes que la pobreza moderada. Lo anterior reafirma la necesidad de abordar con mayor eficacia las estrategias de intervención hacia la extrema pobreza y plantearse en qué medida los Programas de Transferencias Condicionadas deben universalizarse hacia toda la población que vive en estas condiciones: garantizando seguridad en los ingresos de manera universal a todos los hogares que están en condiciones de alta pobreza (lo que implicaría revisar los montos y amplitud de cobertura de las transferencias monetarias) y potenciando las inversiones en educación y salud, así como en infraestructura social básica, territorialmente desplegadas para todas las comunidades rurales y urbanas marginales. Sin este esfuerzo, no hay condiciones de enfrentar las precarias condiciones de vida de esta generación, castigando simultáneamente a la próxima a través de los niños y niñas de estos hogares. Pero, siendo esto así, la lección más relevante que deja el análisis de estratificación social es la evidencia de que los sectores pobres que han dejado de serlo en recientes años están engrosando nuevos segmentos sociales -que en muchos países se califican de emergentes capas medias- cuya característica es la vulnerabilidad. Los progresos en la superación de la pobreza no han significado transitar a situaciones de seguridad económica en gran parte de los hogares de la región. De modo tal, que las sociedades latinoamericanas -salvo excepciones- están masivamente 37 de 49

constituidas por estratos vulnerables: en algunos países predominando la vulnerabilidad de los sectores pobres, en otros, las fragilidades de los estratos que no son pobres, sean éstas denominadas capas medias bajas o estratos vulnerables no pobres. En suma, hasta ahora el éxito de las políticas públicas ha permitido traspasar los umbrales de las necesidades básicas, pero no generar sociedades con seguridades para sus habitantes. A partir de estas realidades las políticas sociales debieran estar reorientando su quehacer y formulándose nuevas interrogantes: por un lado, asumir la complejidad de las sociedades latinoamericanas y abrirse a formular propósitos más allá de la pobreza y, asimismo, plantearse la interrogante de cómo abordar la construcción de sociedades más seguras y no sólo con menor pobreza. Haber restringido la preocupación estrictamente en la superación de la pobreza y haber focalizado la intervención de los Estados sólo hacia tales segmentos es la explicación de por qué, no sólo se han desatendido otros problemas sociales que aquejan a distintos grupos y sectores en los diversos países, sino que se ha avanzado más lento o se han tenido vaivenes en los resultados. No haber entendido que la pobreza es un fenómeno dinámico y no haber incorporado la noción de vulnerabilidad o de inseguridad social en los objetivos de las políticas sociales explica los movimientos de avances y retrocesos que la propia pobreza ha tenido en las últimas décadas. Hacer de la protección social el eje prioritario de las políticas sociales y poner en el centro de su quehacer las seguridades de las personas y comunidades permite abordar, de acuerdo a la realidad de cada país o grupo de países, las particulares y diversas formas de inseguridad que se viven. Es abordar la acción social del Estado con la lógica de derechos a ser asegurados y no sólo de estándares mínimos de necesidades básicas a ser satisfechas. Es establecer una interlocución con la sociedad entera y no sólo con una parte de ella. Esta nueva orientación permite acoger la diversidad social en la región, contando con una protección social orientada a todos los grupos sociales de acuerdo a los perfiles de los estratos sociales, al tipo de inseguridades particulares que cada estrato vive y al tipo de derechos sociales cuya desprotección puede significar su nulo o débil ejercicio. Pero, sobre todo, con esta perspectiva universalista de una protección social que le habla al conjunto de la sociedad se construye una identidad societal actualmente inexistente (fruto de la segmentación social y de la desigualdad), creando las bases para formular proyectos que puedan ser asumidos colectivamente, revalorizando la cooperación y la solidaridad como base de la cohesión social. Segunda conclusión. La necesaria articulación de políticas sociales y laborales para abordar las desigualdades. Si algo demuestra el análisis de la estratificación social en los países latinoamericanos es 38 de 49

que no existe un comportamiento común entre el fenómeno de la pobreza y de la desigualdad distributiva. Hemos visto que la tendencia a la reducción de la pobreza no ha alterado el patrón regresivo en la distribución de los ingresos en la región, más allá de modestos avances recogidos en los resultados del coeficiente de Gini de varios países18. Además, existe una pluralidad de situaciones que revela la inexistencia de relaciones predefinidas entre pobreza y desigualdad: países con alta pobreza y baja desigualdad relativa 19 (a modo de ejemplo casi único, El Salvador), o con alta pobreza y alta desigualdad (situación mucho más común y que está claramente expuesta por los tres países del Grupo IV de la tipología presentada), así como países con baja pobreza y alta desigualdad (situación evidenciada por Chile, pero también presente en mucho países de pobreza media), o con baja pobreza y baja desigualdad relativa (ejemplificadas solamente por Uruguay y Argentina). Lo que lleva a concluir que los resultados en ambas son respuesta a estrategias distintas y que en el actual escenario, tanto o más crucial que el foco de la pobreza en una nueva orientación de políticas que provean seguridades a sus sociedades, debe serlo la desigualdad que está a la base del modelo segmentado de estratificación social en la región. Y, como se describiera en la primera sección, hay dos terrenos en que la desigualdad se manifiesta: en la educación y en el mundo del trabajo. Respecto de la educación, los innegables avances de acceso a la educación primaria que se ha universalizado generalizadamente, se ven limitados por una insuficiente tasa de asistencia escolar en la enseñanza media y, sobre todo, por la baja tasa de asistencia escolar postsecundaria. Y esto, sin siquiera mencionar los déficits de calidad educacionales que segregan a los estudiantes de ingresos bajo y medios respecto de los estudiantes de altos ingresos familiares. Sin embargo, siendo la educación una condición necesaria para la anhelada movilidad social y teniendo los países que priorizar enérgicamente sus políticas educativas, es claramente insuficiente. Existen factores extra educativos que están detrás de las grandes desigualdades sociales, siendo determinante la dimensión del trabajo: la precarización del trabajo, incluso en los empleos formales, es parte del actual panorama regional, como lo son las brechas salariales que separan a todos los estratos sociales de aquel pequeño grupo que integra el estrato de mayores ingresos en cada país. Si las políticas sociales continúan siendo, como hasta ahora, las únicas responsables de abordar estas realidades sociales, el cuadro de desigualdades no sufrirá modificaciones o a un ritmo de tal lentitud que condena a varias generaciones.

18

Reportados por CEPAL Panorama Social de América Latina. 2012.

19

Es importante dejar establecida que se trata de una desigualdad baja relativa, puesto que lo es por comparación con los niveles regionales de desigualdad, pero que dista de ser baja desigualdad por contraste con patrones internacionales de menor desigualdad.

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En mayor o menor medida, el gasto social en la región ha intentado paliar las desigualdades de ingresos de los hogares, sea con transferencias monetarias para asegurar mínimos de ingresos a las familias que están en condiciones de subsistencia, sea a través de provisiones gratuitas o co-pagadas de servicios sociales que la mayoría no puede financiar en la oferta privada, o debe hacerlo con grandes sacrificios y endeudamiento familiar. Pero, hasta ahora, estas son acciones públicas paliativas que intentan compensar en parte las desigualdades que se viven en el mundo del trabajo, en la calidad de los empleos y de los salarios que retribuyen el trabajo. No es factible mantener, pues, esta disociación y ha llegado el momento en que se institucionalice una estrategia de articulación entre políticas sociales y laborales, haciendo que la intervención pública tenga esta doble dimensión: en que derechos sociales y del trabajo sean parte de una misma apuesta estratégica. Si bien la protección social está llamada a garantizar el ejercicio de derechos de los ciudadanos como tales y no por la condición de ciudadanía laboral, lo cierto es que es inviable sostener en el tiempo los pilares solidarios en los que esta protección social debe sustentarse, sin una participación activa de los propios trabajadores en la protección social. Y ello requiere trabajadores bien formados, mejor remunerados y debidamente protegidos de los riesgos. La posibilidad de incrementar la dimensión contributiva de la protección social requiere grandes esfuerzos de las políticas sociales universales no contributivas. Y ello significa que, así como las políticas sociales apoyan la construcción de capital humano, las dimensiones laborales en que dicho capital humano puedan desplegarse, dependen de políticas de empleo, productivas, de innovación, así como de seguridad social y de relaciones laborales que los Estados deben promover y fortalecer. Tercera conclusión. Nuevos ejes programáticos específicos. Las complejidades sociales de las que se ha hablado en este documento, no sólo se refieren a la manifestación genérica de la pobreza, vulnerabilidad y desigualdad, sino que aluden a la emergencia de ciertos fenómenos particulares que cruzan a todos los estratos sociales y que tienen una expresión diferenciada según la posición que cada quien ocupa en la estratificación social. Si bien tales fenómenos no han sido objeto de un tratamiento analítico en este documento y ameritan un tratamiento específico y en profundidad en su propio mérito, es importante dejar establecidas sus prioridades para efectos de futuras reflexiones. Al referirnos a las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad, es ineludible abordar la situación de las mujeres en América Latina. Como lo son abordar los factores etáreos -la situación de los jóvenes y adultos mayores-, la problemática rural e indígena, así como el despliegue territorial de todos estos fenómenos. Si la meta a alcanzar con las políticas sociales es la construcción de una sociedad de 40 de 49

seguridades, son estos sectores de la sociedad quienes particularmente están expuestos a mayores discriminaciones e indefensiones. Por lo mismo, deben ser parte de las prioridades de las estrategias de desarrollo. De modo tal, que urgen como ejes programáticos prioritarios: las aún incipientes políticas de igualdad de derechos de las mujeres; la instalación de políticas de cuidado, con especial énfasis en la infancia, así como de promoción para la vida activa y protección de los adultos mayores; las necesarias políticas de inclusión de la juventud recogiendo uno de los fenómenos nuevos más inquietantes, el de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan; avanzar en políticas de integración con resguardo de la identidad de los pueblos indígenas; y profundizar la descentralización de la protección social, de las políticas laborales, productivas y de innovación, de modo de adecuarlas a las diversas realidades territoriales, en zonas rurales y urbanas. Cuarta conclusión. Pacto fiscal para la cohesión social La envergadura de los retos que enfrenta América Latina y que muy sucintamente se recogen en estas conclusiones, reafirma lo que fuera el centro de la reflexión del anterior V Foro Ministerial de Desarrollo 2012: la urgencia de contar con políticas fiscales adecuadas para la superación de la pobreza y desigualdad. En esa ocasión, prácticamente la totalidad de las autoridades políticas presentes de los países de América Latina -en tanto ministros(as) o viceministros((as) del área social de sus gobiernos- sostuvieron que la viabilidad de sus estrategias para abordar las problemáticas sociales de sus respectivos países estaba limitada por políticas fiscales que, en su mayoría, deberían contar con reformas tributarias para aumentar la recaudación y hacer más progresivos los regímenes tributarios vigentes, con mayor peso de los impuestos directos de empresas y personas de más altos ingresos. Pero también, cambios en las decisiones sobre pertinencia y relevancia del gasto público, en cómo invertir los mayores recursos fiscales disponibles, haciendo responsable a la política fiscal de las prioridades de superación de la pobreza y desigualdades. Ante los antecedentes aportados por este informe no queda sino reiterar tales criterios en estas conclusiones y advertir que una política fiscal con esta nueva orientación de cohesión social requiere construir pactos sociales y políticos nacionales sólidos. Porque lo que está en discusión, como se planteara en la introducción de este documento, es la legitimidad de nuestras democracias y nuestras potencialidades de desarrollo ante sociedades que siguen marcadas por la fragmentación y segregadas por grandes brechas sociales.

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ANEXO METODOLÓGICO

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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ESTRATIFICACION SOCIAL A PARTIR DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE VULNERABILIDADES. Eduardo Ortiz-Juárez 1 La definición de clases La estratificación de la sociedad en ‘clases’, entendida como la identificación de grupos con rasgos sociales o económicos similares, ha sido motivo de investigación para los científicos sociales desde hace mucho tiempo. El desarrollo de la noción de clase encuentra su punto de partida en los trabajos de Marx y Weber quienes, respectivamente, la concibieron como un grupos de individuos con posiciones comunes dentro del proceso productivo —bajo un esquema de relaciones de explotación—, y con oportunidades económicas similares capaces de determinar su nivel de bienestar —habilidades y nivel educativo. Ambas nociones evolucionaron de la mano con distintos enfoques empíricos para distinguir la posición de los individuos en la sociedad, sea a través de la propiedad de medios de producción, o por medio de su posición ocupacional. Este último ha sido probablemente el enfoque más utilizado puesto que la ocupación de un individuo se relaciona con sus habilidades y con su capacidad para generar ingresos. Por ejemplo, las categorías de estratificación ocupacional de Goldthorpe han dominado el análisis sociológico de clase en las últimas décadas (Goldthorpe 1992; Goldthorpe 2000). En economía, el debate empírico es reciente y las clases se definen, generalmente, en términos de una característica medible. Por ejemplo, en el análisis de la pobreza o ‘clase baja’ se han seguido enfoques tanto relativos —un individuo es pobre si su nivel de bienestar está en función de un referente social determinado—, o absolutos —un individuo es pobre si su nivel de bienestar está en función de su nivel de ingreso o consumo. En el análisis de la clase media se ha seguido un patrón similar. El enfoque relativo de la clase media ha desarrollado dos grupos de definiciones principales: (1) con base en medidas de tendencia central que identifican a los individuos con ingreso en un cierto rango alrededor de la mediana de la distribución, y (2) con base en cuantiles de la distribución que utilizan una proporción fija de ésta (ver Tabla 1). Dependiendo del análisis, estas definiciones relativas pueden presentar algunas deficiencias. Por ejemplo, en un análisis multi-país las definiciones del grupo (1) dificultan la comparación pues el valor de referencia —la mediana de la distribución— difiere de un lugar a otro. Por otro lado, en un análisis de tendencias a través del tiempo las medidas del grupo (2) implican que el tamaño relativo del estrato siempre será el mismo de un año a otro. Un enfoque absoluto puede evitar estos problemas, pues concibe a la clase media como un grupo de individuos con un nivel de ingreso o consumo dentro de un rango 44 de 49

específico y comparable, por ejemplo, en dólares internacionales ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA)20. El análisis de la clase media es relevante por una serie de razones sociales, políticas y económicas que pueden revisarse a detalle en un reciente informe del Banco Mundial sobre el crecimiento de este grupo en América Latina y el Caribe (Ferreira et al. 2013). Empíricamente, facilita la estimación del tamaño de los grupos o clases en los extremos, potencialmente denominados clase baja o pobreza y clase alta o riqueza, y su comparación con estos grupos en términos de distintas características. Existen diversas propuestas recientes que han generado un debate importante sobre la medición comparable de la clase media (ver Tabla 1). Si bien estas medidas evitan los problemas del enfoque relativo, en algunos casos la definición de sus rangos monetarios carece de un marco conceptual acerca de qué significa estar en el medio en un sentido económico relevante. López-Calva y Ortiz-Juárez (2012) argumentan que cualquier definición absoluta de clase media debe responder a un principio de bienestar que descanse sobre una discusión conceptual solida y evite tendencias y resultados contraintuitivos.

20

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras mostradas en este documento están expresadas en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA).

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Tabla 1: Definiciones de la clase media Medidas relativas (percentiles de la distribución de ingreso) Birdsall, Graham, y Pettinato (2000)

i

clase media

0.75 (p50) = yi = 1.25 (p50)

Blackburn y Bloom (1985)

0.60 (p50) = yi = 2.25 (p50)

Davis y Huston (1992)

0.50 (p50) = yi = 1.50 (p50)

Alesina y Perotti (1996)

p40 = yi = p80

Barro (1999) y Easterly (2001)

P20 = yi = p80

Partridge (1997)

p40 = yi = p60

Solimano (2008)

P20 = yi = p90

Medidas absolutas (rangos de ingreso en dólares ajustados por PPA) Banerjee y Duflo (2008)

i

clase media

Kharas (2010) López-Calva (2012)

$2 = yi = $10 al día $10 = yi = $100 al día

y

Ortiz-Juarez

$10 = yi = $50 al día

Milanovic y Yitzhaki (2002)

$12 = yi = $50 al día

Ravallion (2010)

$2 = yi = $13 al día

Fuente: Ferrerira et al. (2013).

La Figura 1 muestra este tipo de resultados al utilizar los valores definidos por Ravallion —$2-13 per cápita al día— o por Banerjee y Duflo —$2-10 per cápita al día— en encuestas de Chile, México y Perú. Primero, el tamaño de la clase media descendió durante las últimas dos décadas, un aspecto contraintuitivo debido al ritmo de crecimiento económico y descenso de desigualdad en estos países. Segundo, la clase media aumentó en periodos de recesión económica, moviéndose en paralelo con los niveles de pobreza: en México (1994/95 y 2008/09) y Perú (1998/99). Estos movimientos contraintuitivos se relacionan con el valor del umbral inferior de las definiciones mostradas ($2 al día) que es apenas la mitad de la línea internacional de pobreza para América Latina ($4 al día), lo que sugiere la inclusión de individuos en pobreza dentro de la clase media. La ausencia de un marco conceptual para apoyar la definición de los umbrales explica resultados contraintuitivos como los señalados antes. López-Calva y Ortiz-Juárez siguen un enfoque de vulnerabilidad a la pobreza para establecer el umbral monetario que defina a la clase media en tres países de América Latina: Chile, México y Perú. Los autores 46 de 49

argumentan que es posible encontrar el nivel de ingresos asociado a un conjunto de activos y características que permitan a la población ser menos vulnerable de caer en pobreza; un enfoque que hace un paralelismo con la medición de la pobreza: si el valor de la línea de pobreza extrema equivale a la cantidad de ingreso necesaria para evitar que los individuos ‘caigan en desnutrición’, en el caso de la clase media el umbral equivale a la cantidad de ingreso necesaria para evitar que los individuos ‘caigan en pobreza’. Figura 1: Porcentaje de hogares según rangos de ingreso per cápita diario; 1992-2010

Fuente: López-Calva & Ortiz Juárez (2012) con base en CASEN, ENIGH y ENAHO.

El enfoque propuesto por López-Calva y Ortiz-Juárez sigue una metodología en tres etapas utilizando datos longitudinales. Primero, construye matrices de transición de pobreza en dos puntos en el tiempo empleando la línea de pobreza de $4 dólares per cápita al día para clasificar a los hogares en cuatro categorías: 1) no pobres, si nunca han caído bajo la línea de pobreza en los dos períodos; 2) siempre pobres, si han estado en pobreza en ambos periodos; 3) pobres iniciales, si estaban bajo la línea de pobreza en el período inicial, pero dejaron esta condición en el periodo final; y, 4) nuevos pobres, si no eran pobres en el período inicial, pero cayeron en pobreza en el final. Segundo, estima un modelo de regresión logístico para analizar los factores correlacionados con la probabilidad de caer en pobreza. En este modelo, la variable dependiente toma el valor de 1 si los hogares caen en las categorías siempre pobres o nuevos pobres, y de 0 en el caso opuesto. Las variables explicativas corresponden a indicadores demográficos, de ocupación, de educación, y de riesgos. Finalmente, utiliza las mismas variables explicativas del modelo logístico para estimar un modelo de regresión lineal en donde la variable dependiente es el ingreso per 47 de 49

cápita del hogar en el primer periodo. Para distintas probabilidades de caer en pobreza, los coeficientes resultantes de esta regresión son multiplicados por el promedio de las correspondientes variables explicativas para resolver la ecuación y obtener el monto de ingreso asociado a cada rango de probabilidad. Los resultados de esta metodología se muestran en la Figura 2. Bajo el argumento de que la clase media debe ser un grupo fortalecido, compuesto por aquellos hogares que enfrentan un bajo riesgo de empobrecimiento a través del tiempo, los autores proponen utilizar un 10 por ciento de probabilidad de caer en pobreza como una línea divisoria entre seguridad económica y vulnerabilidad, y establecer, por tanto, el ingreso predicho asociado a tal probabilidad como el umbral inferior que define el inicio de la clase media. La Figura 2 muestra que aquellos hogares no pobres con una probabilidad de serlo del 10 por ciento tienen un ingreso per cápita promedio cercano a $10 al día, monto utilizado como umbral inferior y que resulta robusto a diferentes especificaciones de los modelos estimados. Si bien puede argumentarse que la selección de una probabilidad de 10 por ciento es un hecho arbitrario, aquella se deriva de un concepto robusto de seguridad económica que puede adaptarse a contextos específicos21. Esta propuesta llena un vacío dejado por algunas propuestas recientes que confunden la noción de ‘no ser pobre’ con la de ‘ser clase media’, lo que resulta en tendencias contraintuitivas y resultados limitados. En esta línea, la actual definición evidencia la existencia de un grupo que no puede ser definido como clase media —al tener un ingreso per cápita menor a $10 al día—, pero que escapa a la definición de pobreza de acuerdo con la línea internacional de $4. Figura 2: Ingreso per cápita al día según probabilidades de caer en pobreza

Fuente: López-Calva & Ortiz Juárez (2012) con base en CASEN Panel, ENNViH y ENAHO Panel.

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Ferreira et al. (2013) realizaron un ejercicio de validación del umbral calculado por López-Calva y Ortiz Juárez a partir de analizar la relación entre el ingreso y la auto-percepción de ‘ser clase media’ en 7 países de América Latina utilizando la encuesta Ecosocial. Sus resultados sugieren que fijar el umbral inferior en $10 es robusto puesto que por debajo de dicho nivel los individuos son cada vez más similares a aquellos en situación de pobreza —por debajo de $4.

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Respecto al umbral superior, los autores proponen un valor de $50 al día que se ubica en el extremo superior de la distribución de ingreso —alrededor del percentil 95-97 en los países analizados—, y a través de análisis de sensibilidad muestran que variarlo hacia arriba/abajo incluye/excluye a un porcentaje muy reducido de personas —alrededor de 2 puntos porcentuales. Este aspecto es generalizable al resto de América Latina. Por ejemplo, al mover el umbral superior de $50 a $100 el tamaño de la clase media aumenta en apenas 1.7 puntos porcentuales (Ferreira et al. 2013). Por el contrario, mover el umbral inferior implica un aumento o disminución considerable de la clase media. El análisis que sigue adopta, por tanto, la definición de clase media propuesta por López-Calva y Ortiz-Juárez: individuos con un ingreso per cápita diario en el rango $10-50 dólares, ajustados por paridad de poder adquisitivo, y compara sus características con los grupos de población en pobreza extrema (menos de $2.5 al día), pobreza total (menos de $4 al día), vulnerabilidad (entre $4 y $10 al día), y clase alta (más de $50 al día) que resultan de la misma estratificación.

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