POLÍTICA | 11

| Domingo 21 De septiembre De 2014

Sigue incompleto el legajo de The Old Fund en la IGJ

caso ciccone. Pese a que el organismo lo dio por reconstruido, el tramo clave

sólo tiene cuatro fojas de un total de 22; dudas sobre el desembarco de Dusbel

Hasta 2015 seguirá acéfala la Defensoría control. Ningún sector político cuenta con

los votos necesarios para nombrar un titular

Laura Serra LA NACION

Hugo Alconada Mon LA NACION

Para la Inspección General de Justicia (IGJ), el legajo “extraviado” de The Old Fund es algo del pasado. Afirma que logró reconstruirlo y así se lo comunicó a la justicia federal. Pero el tramo clave del legajo “reconstruido” tiene apenas cuatro fojas cuando el original tenía 22. Faltan dictámenes, observaciones de los inspectores, formularios, firmas, sellos y otros pasos del desembarco de la firma uruguaya Dusbel en el misterioso fondo que controló la ex Ciccone Calcográfica, según verificó la nacion. El material faltante se suma, así, a documentos registrales de The Old Fund que, como reveló la nacion el 18 de agosto pasado, acumulan una docena de indicios sobre su posible falsedad. Y arroja nuevas sospechas, por ejemplo, sobre la fecha real en que la firma uruguaya Dusbel –con acciones al portador– aportó US$ 620.000 para adquirir el 50% de The Old Fund, en reemplazo de Sergio Gustavo Martínez, el prófugo de la justicia de Estados Unidos y amigo del vicepresidente Amado Boudou y de su socio, José María Núñez Carmona. En su último comunicado público vinculado al “caso Ciccone”, sin embargo, la IGJ negó incluso que se haya desaparecido el legajo de The Old Fund, sino que sólo se extravió de un “trámite”, cuya reconstrucción “fue concluida en un breve lapso”, lo que se logró “a partir de copias digitalizadas”. Según reconstruyó la jueza federal María Servini de Cubría, que investiga la posible comisión de delitos dentro de la IGJ, el “extravío” ocurrió semanas después de que estalló el escándalo, cuando desapareció todo lo que The Old Fund presentó sobre la reforma y ampliación de su estatuto para la incorporación de Dusbel. Desde entonces, la IGJ inició un “sumario” para deslindar responsabilidades, pero Servini de Cubría

ordenó un peritaje en los sistemas informáticos del organismo que depende del Ministerio de Justicia para buscar indicios sobre qué ocurrió. Autorizó, incluso, la revisión de las cuentas oficiales de correo electrónico sobre la base de ciertas palabras clave para de ese modo evitar planteos de nulidad por vulneración de la privacidad. Las “copias digitalizadas” con las que IGJ dio por cerrada la reconstrucción de The Old Fund, sin embargo, dejaron afuera más material sensible, según reconstruyó la nacion. Entre otros: ● Falta el dictamen del abogado de The Old Fund, Albert Chamorro Hernández, ex inspector de la IGJ y pasado laboral en común con el rostro visible de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, en el estudio Alfaro Abogados. Chamorro actuó como supuesto apoderado de Dusbel meses antes de que esa firma lo designara como tal y, además, transcribió otra acta –la número tres– meses antes de que ocurriera. ● Falta el dictamen de un contador público nacional en relación a ese aumento de capital de The Old Fund con los US$ 620.000 que aportó Dusbel, al punto que incluso se ignora si existe ese contador o su nombre. ● Faltan formularios de presentación de The Old Fund ante la IGJ, los que, entre otros datos relevantes, pueden dar fecha cierta a ciertos movimientos del legajo dentro del organismo. ● Faltan las observaciones cursadas por los funcionarios e inspectores de la IGJ ante cada presentación de The Old Fund. La sociedad presentó e inscribió, por ejemplo, un trámite urgente de cambio de domicilio el 2 de marzo de 2012 –casi un mes después del estallido del escándalo– a pesar de que adeudaba una declaración jurada de actualización prevista por la resolución 1/11. Por ese motivo, la IGJ debió impedirle, desde noviembre de 2011, ingresar todo otro trámite

Los faltantes en el expediente

amado boudou vicepresidente de la nación

b El material faltante arroja sospechas sobre la fecha real en que Dusbel aportó US$ 620.000 para adquirir el 50% de The Old Fund, en reemplazo de Sergio Gustavo Martínez, amigo de Boudou b Falta el dictamen del abogado de The Old Fund, Chamorro Hernández (ex inspector de la IGJ y pasado laboral en común con Vandenbroele), que actuó como supuesto apoderado de Dusbel meses antes de que esa firma lo designara b No está el dictamen de un contador en relación con el aumento de capital de TOF con los US$ 620.000 que aportó Dusbel b Pese a los notorios faltantes, la IGJ dio por reconstruido el expediente sobre The Old Fund, a través de una resolución del organismo

hasta que, precisamente, cumpliera con esa declaración jurada. ● Falta, incluso, la plancha de inscripción emitida por la IGJ, y que aportaría otros datos adicionales sobre la veracidad del legajo. Pese a estos y otros faltantes –que se suman a indicios sobre la presunta adulteración de documentos, tal como reveló la nacion el 18 de agosto pasado–, el entonces titular de la IGJ Marcelo Mamberti firmó la resolución 618/12, con la que consideró reconstruido el material faltante sobre The Old Fund y así se acompaña desde entonces cada vez que la Justicia solicita una copia. Las particularidades de este caso, sin embargo, fueron más allá. Porque, a diferencia de otras reconstrucciones, incluso las de otros dos legajos “extraviados” dentro de la IGJ vinculados al caso Ciccone –los de London Supply y la propia Ciccone Calcográfica–, el organismo no requirió a los responsables de The Old Fund que acompañaran las copias que conservaban del material perdido, así como tampoco pidió los dictámenes del abogado y del contador intervinientes, ni buscó las observaciones que pudieron redactar sus propios inspectores. Esas observaciones tampoco aparecieron ante otros trámites de The Old Fund. El identificado como 2725178, por ejemplo, acumuló tantas que, según la desplazada titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, la IGJ ni siquiera debió autorizar su inscripción. Entre otros motivos, porque la firma del abogado Sergio Gastrell no estaba legalizada por el Colegio, lo que impide darle fecha cierta al documento. No sólo eso: también le faltan datos de la póliza de seguro de caución que debió presentar Vandenbroele. Según el inspector dictaminante, el titular de The Old Fund las acompañó, pero no aparecen ni están individualizadas. El trámite se inscribió igual. Así, al Juzgado se remitieron 11 fojas de ese trámite, cuando en el sistema interno de la IGJ eran 22. También faltan.ß

La Defensoría del Pueblo, cuya jefatura está vacante desde hace ya cinco años, permanecerá acéfala hasta después de las elecciones de 2015. Se trata de una decisión tomada en conjunto entre los legisladores oficialistas y opositores que integran la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo. Para justificar la postergación, adujeron que ninguno de los dos sectores políticos cuenta con los dos tercios de los votos en ambas cámaras que exige la ley para imponer un candidato. Se esperará el recambio presidencial y una nueva integración parlamentaria para elegir al nuevo defensor. Hoy el cargo es ejercido de manera interina por Carlos Guillermo Haquim, un peronista que no responde al kirchnerismo, pero que tampoco pretende enfrentársele, como lo hizo el anterior defensor del Pueblo Eduardo Molino, protagonista de varias denuncias sobre la llamada “embajada paralela” argentina en Venezuela. Haquim goza de las mismas facultades que el titular de la Defensoría, salvo una atribución clave: está imposibilitado de presentar denuncias ante la Justicia. Puede receptar inquietudes de los ciudadanos y actuar ante las autoridades nacionales, pero no ante un juez. “La Defensoría está funcionando normalmente. Se creó la idea de que, como no se nombró a su titular, este organismo está virtualmente paralizado, pero no es así: las acciones judiciales siguen su curso y se busca solucionar los problemas que nos trae la gente. La función de la Defensoría es ser mediador entre la ciudadanía y las autoridades. Mi objetivo es ése, no pelearme con el Gobierno”, explicó Haquim a la nacion. Con este interinato, el Gobierno se asegura que la Defensoría no se convertirá en una trinchera opositora del kirchnerismo. Y la oposición se garantiza que el cargo no será ocupado por algún kirchnerista de paladar negro que pueda torpedearle la gestión a un eventual futuro presidente de signo opositor. De hecho, el

oficialismo había propuesto las postulaciones del ex senador Daniel Filmus y del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. El statu quo es, por el momento, funcional para ambas partes. Sin embargo, hasta después de las elecciones, la Defensoría tendrá un carácter “testimonial”. Hace poco más de un mes, por ejemplo, Haquim cuestionó los recientes incrementos en las tarifas de gas autorizados por el Gobierno, al considerar que las empresas no cumplieron requisitos previstos en la ley. Sin embargo, el organismo se halla inhabilitado para presentarse ante la Justicia. Según la Defensoría, “el aumento se ha efectuado sin transparentar los costos de las empresas y sin explicar las razones que pudieran justificarlos, ni las inversiones realizadas por las distribuidoras para mejorar la calidad de la prestación del servicio”, a lo que se suma “haber omitido realizar la debida audiencia pública”, se informó en un comunicado. “En mérito de ello, la Defensoría Nacional exhortará a la Secretaría de Energía de la Nación que disponga retrotraer este nuevo cuadro tarifario al anterior y elevará un informe especial al Congreso”, enfatizó. La función limitada del organismo motivó la reacción de algunas ONG que, a principios de año, reclamaron por carta a los legisladores la pronta designación de un nuevo defensor. Lo hicieron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano. Pese a los reclamos, los legisladores en el Congreso no se inmutan, salvo excepciones. “Sería una buena señal de quienes ocupan hoy el Gobierno no dejar conflictos abiertos a la gestión que se encargará de la administración del país a partir de 2015. Es bueno recordar que la Defensoría –hoy acéfala– recibe denuncias y las investiga; le avisa a la sociedad sobre cualquier clase de problema que haya detectado”, sostuvo el diputado Julio Cobos (UCR).ß