8

POLITICA

I

Martes 21 de agosto de 2012

LA IMPRENTA DE LOS BILLETES s EL MISTERIO DE LOS ACCIONISTAS

The Old Fund, según pasan los años ETAPA 1 s2010 Se inicia con la llegada de Vandenbroele y está signada por la finalización del proceso de quiebra.

The Old Fund SA A. Vandenbroele El “testaferro” de Boudou es la cara visible del cambio.

CICCONE CALCOGRAFICA

70%

Tierras International Investments (Holanda) 98% Sergio Gustavo Martínez 2%





   
 
 




    

Familia Ciccone 30%

ETAPA 2 s2010-12 Abarca desde la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, hasta el estallido del escándalo Ciccone, este año.

The Old Fund SA G. Reinwick Firmó un documento clave con Vandenbroele.

CICCONE CALCOGRAFICA

70%

Tierras International Investments (Holanda) 50% Dusbel SA (Uruguay) 50%




  

 



  

Familia Ciccone 30%

ETAPA 3 s2012 En la última etapa de la Ciccone privada, surgen firmas nuevas detrás de The Old Fund, como Federalia, Maxifarm, Mayer y Southern Security.

The Old Fund SA Jorge Brito Aparece detrás de las últimas operaciones financieras.

CICCONE CALCOGRAFICA

70%

LLC (Estados Unidos) 50%



*Fondos de Marítima del Sur, Federalia y Maxifarm

   



  

Dusbel SA (Uruguay) 50% *Fondos de Mayer SA y Southern Security

Familia Ciccone 30%

Nuevas sociedades sospechosas aparecen detrás de The Old Fund También surgieron más vínculos de Brito y Moneta como financistas de la ex Ciccone HUGO ALCONADA MON LA NACION La compleja trama societaria detrás de la nueva Ciccone sumó nuevos eslabones y empresas durante las semanas que precedieron la orden de intervención y expropiación que firmó la presidenta Cristina Kirchner, según confirmaron fuentes al tanto de la operatoria a LA NACION. La trama sumó así más rastros de los banqueros Jorge Brito y Raúl Moneta, quienes aparecen como dos de los aportantes de los misteriosos $ 50 millones con los que The Old Fund solventó las operaciones de la ex Ciccone durante casi dos años. La operatoria incluyó, además, un documento clave que el aparente “accionista controlante” de The Old Fund, Guillermo Reinwick, firmó con el supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, el 13 de junio último, según confirmaron dos miembros de la familia Ciccone a LA NACION. Ese documento establece que Vandenbroele actuó por cuenta y orden de Reinwick desde 2010 para intentar el salvataje de la ex Ciccone, lo que le serviría a su vez de “protección” ante la investigación de la Justicia.

Reinwick “resistió” la firma de ese documento, según el relato de la familia Ciccone, pero terminó cediendo a la presión. Y así asumió también la responsabilidad por las dos sociedades que aparecen detrás de The Old Fund: el fondo holandés Tierras International Investments CV y la uruguaya Dusbel SA, con acciones al portador. Disuelta desde febrero último en el Registro Público de Comercio de Amsterdam, sin embargo, el fondo holandés fue reemplazado a su vez por otra sociedad “de responsabilidad limitada” de origen norteamericano, conocida como “LLC”. A esta nueva sociedad se sumaron otras firmas como supuestas financistas de los $ 50 millones. Entre otras, la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, cuya actividad principal es financiar empresas en problemas. Con deudas registradas en los bancos Macro, Mariva, Finansur e Industrial por cerca de $ 10 millones, la cooperativa muestra dos rasgos singulares. El primero, que figura en el listado de empresas y personas que compraron y sacaron dólares del país que ventiló el saliente presidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado, por unos $ 6 millones.

El segundo, que suele descontar cheques de sus clientes a través del Banco Macro, de Jorge Brito, según relataron a LA NACION dos personas al tanto de su operatoria comercial. (LA NACION contactó a la cooperativa, se presentó en sus oficinas y dejó los datos a una secretaria, pero no respondieron la consulta). El Macro acumula vínculos con el “caso Ciccone”. Entre otros, allí operan las cuentas de The Old Fund y de su ex socio minorista Sergio Martínez, el prófugo de la justicia de Estados Unidos que pagó dos camionetas Kia para la precandidatura porteña de Boudou con cheques de ese banco. Y Brito acumula vínculos con Boudou, al que le festejó en su casa su candidatura a vicepresidente la noche misma que se anunció (LA NACION procuró consultar a Brito durante las últimas tres semanas, pero no respondió los pedidos de entrevista).

Fronting Moneta también habría aportado cerca de $ 22 millones, como prestamista, por medio de varias empresas. La primera es Maxifarm SA, tal como reveló este diario el 16 de julio; la segunda, Federalia SA,

con otros $ 7 millones, que habría aportado en efectivo y con multas por abonar el sellado del contrato fuera del término de 45 días. A través de un colaborador, sin embargo, Moneta reiteró su posición ante la consulta de LA NACION. Dijo que estaba interesado en el “posible negocio de la ex Ciccone”, para lo cual había convocado a “un socio internacional”, cuyo nombre calló. Pero insistió en que en ningún momento concretó su interés en dinero. La irrupción de Moneta con Federalia y Maxifarm replica, sin embargo, la operatoria que montó años atrás junto con el Macro de Brito para recomprar en remate el edificio República por US$ 56 millones para revendérselo en el mismo acto a IRSA por US$ 74 millones. Allí no concluyó el supuesto rol de Moneta como prestamista de la ex Ciccone. Por el contrario, habría recurrido a otras dos sociedades (Mayer SA y la norteamericana Southern Securities) para entregarle fondos a Vandenbroele para la uruguaya Dusbel. De ese modo, Moneta cumplió con el pedido de Brito para que hiciera el fronting de la operación, es decir, que pusiera su rostro para los $ 50 millones bajo sospecha.

La expropiación de Ciccone avanza con respaldo opositor El bloque de Pino Solanas y los juecistas, autores de proyectos similares, acompañan al oficialismo Como ocurrió en el Senado la semana pasada, el oficialismo en la Cámara de Diputados no tendrá inconvenientes para aprobar hoy, en un plenario de comisiones, y mañana, en una sesión especial, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para expropiar la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica). Igual que durante la sesión en la Cámara alta, buena parte del debate tendrá como eje los presuntos vínculos entre el vicepresidente Amado Boudou y el grupo que maneja la imprenta, contratada por la Casa de Moneda para imprimir billetes de 100 pesos. De todos modos, a los votos del bloque del Frente para la Victoria se sumarán los de un grupo de diputados de la oposición que anticiparon que acompañarán la iniciativa de la presidenta Cristina Kirchner. Lo mismo pasó en el Senado, donde hubo 44 votos a favor y 20 en contra. En el grupo de los opositores que acompañarán al oficialismo se encuentran los tres diputados del bloque que preside Pino Solanas y los cinco del Frente Cívico, del senador Luis Juez, que votó a favor del proyecto durante el debate en la Cámara alta. Todos ellos tienen algo en común: son autores de iniciativas presentadas antes que la del Poder Ejecutivo que promovían la estatización de la ex Ciccone, hoy intervenida por un decreto de la Presidenta. En la misma situación se encuentra el diputado Felipe Solá, presidente de una bancada de tres integrantes y firmante del proyecto de Pino Solanas. Pero aún se desconoce cuál será el sentido de su voto. La peronista disidente Graciela Camaño, del Frente Peronista, también había firmado el proyecto de Solanas, pero se encargó de aclarar que no se sentía atada a esa firma. Voceros de esa bancada anticiparon a LA NACION que todo el bloque se pronunciará por el rechazo a la iniciativa. Lo mismo harán los bloques de Pro, de la Coalición Cívica y de la

UCR, pese a que el presidente de esta última bancada, Ricardo Gil Lavedra, también había presentado un proyecto para disponer la expropiación de la ex Ciccone. Los opositores que votarán en contra sostienen que la expropiación de la ex Ciccone servirá para ocultar la vinculación de Boudou con el grupo que se quedó con la mayor parte de la compañía. “La investigación judicial debe ir a fondo y escarbar hasta el hueso. La expropiación no para la investigación judicial. La Justicia debe seguir la investigación independientemente del funcionamiento de la empresa”, respondió Solanas, para explicar su posición. “Si la Justicia no actúa es porque le tiene pánico al poder, no porque la empresa sea estatal o privada”, coincidió Juez. El voto favorable de los juecistas volverá a exponer las diferencias internas en el interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP). El Partido Socialista y el GEN ya anticiparon que votarán en contra, lo mismo que Victoria Donda. “El Gobierno se equivoca si supone que expropiando Ciccone podrá esconder la mugre debajo de la alfombra”, dijo Gerardo Milman (GEN). En tanto que Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, dijo que su bloque sólo acompañaría el proyecto del oficialismo si se aprobara un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Con esa posibilidad descartada, Lozano y su bancada se debaten entre votar en contra o abstenerse. Antes de la sesión especial, prevista para mañana a las 11.30, las posturas quedarán expuestas en la reunión plenaria de la comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto, convocada para hoy a las 15. La diputada Diana Conti anticipó que se rechazarán pedidos opositores para que funcionarios asistan a dar explicaciones, tal como ocurrió anteriormente en el debate en el Senado.

Alak va al Congreso por el Código Civil El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, participará hoy de la audiencia que se llevará a cabo en el Congreso de la Nación, organizada por la Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio del nuevo Código Civil y Comercial. La reunión se llevará a cabo a partir de las 14 en el Salón Azul del Senado y el ministro protagonizará la segunda de las jornadas de discusiones que comenzaron el martes pasado con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; de la vicepresidenta de ese cuerpo, Elena Highton de Nolasco; y de la jurista Aída Kemmelmajer.

TRABAJO DE LA COMISION LEGISLATIVA

TRAS UN POLEMICO SPOT DEL GOBIERNO

Prevén duras críticas a Scioli en el informe por el caso Candela

Severa respuesta de Córdoba a la Nación Exigirá por escrito que no le retengan fondos

El kirchnerismo objetará la política de seguridad PABLO MOROSI CORRESPONSALIA LA PLATA LA PLATA.– Pocos días antes de que la comisión legislativa de “acompañamiento para el esclarecimiento del asesinato de Candela Sol Rodríguez” presente su informe sobre las presuntas irregularidades que rodearon el caso ocurrido hace un año, las disputas en el seno del cuerpo, en especial entre miembros del propio oficialismo, prenuncian la fuerte polémica que el trabajo desatará sobre la gestión de seguridad del gobierno de Daniel Scioli. Las discrepancias en el interior de la comisión son tales que se espera que haya tres dictámenes diferentes, ya que el senador sciolista Alberto De Fazio y su par de Unión Pro Peronista, Anibal Asseff, ya adelantaron que realizarán informes por separado. Ambos legisladores coinciden en defender la actuación policial y cargan las tintas sobre la conducción de la instrucción judicial. En cambio, para el resto –representantes del Frente para la Victoria (FPV), la Coalición Cívica (CC) y GEN–, los reproches deben extenderse tanto al Poder Judicial como al gobierno de Scioli e incluso a la labor de los medios de comunicación en la cobertura del caso. Pese a que los miembros de la comisión, presidida por Jorge Ruesga (FPV) y creada a instancias del vicegobernador Gabriel Mariotto,

acordaron la confidencialidad sobre sus tareas, muchas de sus actividades y parte de las declaraciones de los testigos se hicieron públicas. De hecho, el dictamen de los aliados a Mariotto y a la oposición incluirá, entre otras cosas, la recomendación de avanzar en pedidos de juicio político para el fiscal Marcelo Tavolaro y su jefe directo, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Goodgate, solicitud que también podría alcanzar al juez de Garantías Alfredo Meade. También sugerirá sumarios e, incluso, sanciones para uniformados, entre los que no estarían ajenos el jefe de la policía provincial, Hugo Matzkin; su antecesor –ya retirado– Juan Carlos Paggi; el ex superintendente de investigaciones Roberto Castronuovo, y, entre otros, el titular de la DDI La Matanza, Marcelo Javier Chebriau. Este dictamen no será vinculante, pero tendrá un fuerte peso político.

Alarma La difusión oficial del informe, que estará terminado para fin de mes –cuando se cumple un año de la aparición del cadáver de Candela–, provoca alarma en el gobierno provincial, debido a que, según trascendió, también cuestionará la política de seguridad basada en “una matriz de autogobierno policial” que, para los investigadores, provoca “graves disfunciones” que terminaron por facilitar el crimen y obstaculizar su esclarecimiento, según confió a LA

ARCHIVO

El vicegobernador Gabriel Mariotto, durante una sesión de la comisión NACION un miembro de la comisión de activa participación. Desde la comisión, que en julio entregó a Mariotto un preinforme, advirtieron que la presentación del trabajo sobre el caso Candela “sacudirá la estructura de seguridad” de la provincia, conducida por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, blanco de las críticas del kirchnerismo. De hecho, aún no se descarta una eventual citación para que Casal también declare, como en algún momento lo sugirió la senadora María Isabel Gainza (CC). No se desecha, tampoco, la posibilidad de que más de un testimonio recogido durante la pesquisa sea girado a la justicia penal, para nutrir la instrucción de la causa o para iniciar nuevas investigaciones que involucren a altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad en hechos ilícitos. El dictamen se elaboró durante casi cinco meses, sobre la base de

la lectura, la sistematización, el análisis y el cotejo del expediente judicial, con sus correspondientes legajos complementarios. Es decir, se evaluó la declaración voluntaria de unos 40 testigos; y un seguimiento del tratamiento periodístico del hecho. El cuadro de situación que los técnicos de la comisión se han conformado es que se habría tratado de un narcosecuestro y que la ruptura de los protocolos de actuación investigativa tanto durante el desarrollo del rapto como luego de la aparición del cuerpo inscriben el crimen en un contexto de disputas e internas policiales y determinan un fraudulento armado de pruebas. Asimismo, los pesquisas de la comisión habrían observado, según se indicó, “una estrategia mediática que deliberadamente enturbia el desarrollo de la investigación del caso”.

Con la colaboración de María José Lucesole.

CORDOBA.– En medio del fuerte malestar provocado por el spot publicitario que difundió el fin de semana la Casa Rosada para desacreditar el reclamo de Córdoba sobre la deuda de la Anses, el gobernador José Manuel de la Sota notificará hoy por escrito a la Nación su reclamo para que deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación. El jefe de Gabinete, Oscar González, informó que hoy el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, presentará el escrito al gobierno nacional para comunicarle que por ley –sancionada días atrás por la Legislatura– la provincia resolvió renunciar al Pacto Fiscal de 1992, por el cual todas las provincias cedían parte de la coparticipación para solventar el sistema jubilatorio nacional. De la Sota ya comunicó por carta a todos los gobernadores la decisión y los invitó a realizar lo propio. Sin embargo, los mandatarios afines al kirchnerismo rechazaron en bloque esa pretensión. González explicó que la notificación oficial es el paso previo, en caso de no haber una respuesta satisfactoria, a una nueva demanda ante la Corte Suprema. Córdoba ya demandó a la Nación por la deuda de 1040 millones de pesos a la caja previsional. Los jueces fijaron una audiencia de conciliación para el 10 de septiembre. Por otra parte, González calificó de “agresión” e “intolerancia política” la actitud del gobierno nacional al difundir el cuestionado spot televisivo durante la transmisión de Fútbol para Todos.

“Es parte del maltrato al que nos han sometido últimamente. Ocho meses peregrinando De la Sota por despachos oficiales en Buenos Aires y nunca logramos una respuesta, y nos contestan en el entretiempo de un partido de fútbol”, dijo el funcionario. “Nada de lo que dice el aviso es cierto, pero nosotros no vamos a responder a través de un aviso. Vamos a decir lo nuestro ante la Corte Suprema”, expresó. “Si vamos a seguir tratando las diferencias de la Nación y la provincia en los partidos de fútbol, vamos a tener que alargar el entretiempo o extender el campeonato”, ironizó.

Rechazo Por su parte, el senador Aníbal Fernández defendió ayer la decisión de la Nación de no girar fondos previsionales a Córdoba, al sostener que “de la totalidad que se está reclamando, el 16 por ciento solamente son jubilados que se benefician de esta manera, el resto no percibe ese tipo de beneficios”. El ex jefe de Gabinete y actual senador ultrakirchnerista explicó que “el Estado Nacional firmó un convenio con (el entonces gobernador Juan) Schiaretti que decía que en año tenían que coordinar para hacer las jubilaciones de la misma manera, eso no sucedió y el Estado Nacional no financia ese tipo de situaciones porque la inmensa mayoría, el 84 por ciento, no se beneficia con eso“, sostuvo. Fue la única voz oficial que ayer salió a contestarle a De la Sota.