ECONOMÍA CRÍTICA ANÁLISIS, OPINIÓN Y ACTUALIDAD ECONÓMICA EN CONTEXTO DE CRISIS GLOBAL

La ruta fiscal América Latina y El Caribe necesitan avanzar en materia de cooperación tributaria para hacer frente a las prácticas elusivas. El intercambio automático de información entre administraciones tributarias es un primer paso en esa ruta.

James Henry: La salida de capitales es un tema tributario Pág. 18

Billones de dólares de América Latina escondidos en Paraísos Fiscales Pág. 22

La propuesta tributaria de Piketty apunta a grandes fortunas Pág. 24

Editorial

Índice

Ruta fiscal para la región

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Según la Tax Justice Network (TJN), América Latina ha perdido al menos dos billones de dólares en impuestos eludidos, los mismos que se encuentran ocultos en paraísos fiscales. Los mecanismos fraudulentos para extraer esta riqueza son diversos. Entre ellos tenemos a la triangulación, la manipulación de precios de transferencia, la subcapitalización, el abuso de tratados, entre otras formas de elusión tributaria.

6 Nicaragua: ¿riesgos fiscales

Todas estas modalidades tienen en común la falta de transparencia, la opacidad de los flujos comerciales y la carencia de una cooperación tributaria efectiva entre los Estados. En nuestra región, con amplios recursos naturales, explotados en muchos países a través de la inversión privada, se requiere una ruta clara para frenar las prácticas elusivas y garantizar la presión tributaria necesaria para el bienestar de la población en especial ahora, que la crisis global toca las puertas de América Latina y El Caribe.

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Colombia: debaten ajustes tributarios

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Perú: medidas tributarias contra la crisis

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Costa Rica: Intel reduce sus operaciones en el país

Por ello, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe propone un camino de cooperación internacional y regional en el que fluya la información financiera y tributaria. La transparencia y rendición de cuentas son en este momento el primer paradero de una ruta a seguir. Una estrategia de intercambio automático y multilateral de información tributaria es sin duda uno de los aspectos más importantes en tal sentido. No es fácil por supuesto, y requiere de inversión en calificación e infraestructura que la haga posible, pero además y lo más importante, de voluntad política para exigir que todos los territorios opacos pongan a disposición la información tributaria. Por el lado de las empresas, especialmente las más grandes, es clave exigir que reporten públicamente sobre sus actividades en forma desagregada (producción, ventas, utilidades, impuestos pagados, etc.) en cada país donde operan. Porque no solo hace falta acabar con el secreto bancario, sino también con el secreto intrafirma, espacio natural para la planificación tributaria. Es tan grande la erosión de la base fiscal en el mundo que se necesita que la información tributaria a transparentar incluya datos sobre el beneficiario efectivo y final de las empresas, fondos y fideicomisos. De igual modo, la ruta fiscal para América Latina pasa por la exploración de alternativas heterodoxas para luchar contra la manipulación de los precios de transferencia como el sexto método en el sector extractivo o el método de la tasación unitaria. Ahora bien, transitar este camino sería inútil si es que al mismo tiempo no se produce una reforma de las reglas internacionales para regular estrictamente al sistema financiero. Igualmente, es indispensable acabar con la política de competencia fiscal para la atracción de inversiones. Es un sinsentido que países vecinos bajen sus estándares tributarios para atraer inversiones en una especie de competencia espuria. Así, generar una mayor cooperación entre los países de la región para eliminar de manera coordinada los privilegios fiscales en ciertos sectores, particularmente el extractivo es parte de la ruta fiscal. Así, los espacios de integración regional deben incorporar el debate político sobre tributación internacional, en particular el grupo de trabajo sobre finanzas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Grupo de Integración Financiera de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). De otro lado, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) tiene un rol central en la cooperación técnica. Finalmente, la ruta fiscal no solo es necesaria, sino indispensable para dibujar una región y un mundo con mayor equidad y felicidad. Es ineludible iniciar este rumbo de la mano con toda la sociedad.

Bolivia: ideas para una reforma fiscal a la vista?

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Brasil: campaña para reforma fiscal

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James Henry habla sobre capitales y tributación

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Billones de dólares ocultos en paraísos fiscales

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Análisis de la propuesta de Thomas Piketty

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OCDE precisa estandar de intercambio de información

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OMC adopta acuerdo sobre facilitación del comercio

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Política tributaria para salir del extractivismo

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Impactos fiscales de las Alianzas Público-Privadas

ECONOMÍA CRÍTICA es una publicación institucional de LATINDADD - Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos. www. latindadd.org. Edición impresa N° 2: artículos de la sección Pacto Fiscal de las ediciones digitales 2, 12-15. Imágenes tomadas de internet. Agosto, 2014. Esta publicación es posible gracias al apoyo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe www.justiciafiscal.org Comité editorial: Carlos Bedoya, Luis Moreno, Omar Olivares, Oriana Suárez, Renaud Fossard, Rodolfo Bejarano y Rómulo Torres. Jr. Daniel Olaechea # 175 Jesús María - Lima, Perú. Teléfono: (511) 207 6856

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El Pacto fiscal que Bolivia requiere

Si bien en el país andino se han dado cambios sustantivos otorgando al Estado un papel planificador y de actor directo en la economía, aún está pendiente la reforma fiscal integral. René Martínez

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a reforma fiscal en Bolivia tiene que acompañar a las transformaciones alcanzadas durante los últimos años y hallar soluciones a la problemática y limitaciones sobre la generación, distribución y destino de los recursos públicos. La meta de alcanzar un Pacto Fiscal ya ha sido puesta en agenda para ser analizada en un proceso de diálogo y concertación con la sociedad civil.

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Los recursos de que dispone el Estado provienen principalmente del aporte de la población a través del pago de impuestos y de la explotación y venta de recursos naturales como son los hidrocarburos y minerales. La asignación de los recursos públicos en diferentes bienes y servicios que el Estado provee, como es el caso de la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad social, entre otros, afecta directamente sobre la calidad de vida de la población.

En este marco, el Pacto Fiscal es el acuerdo entre la sociedad civil y el Estado que define los aspectos relacionados a la generación de ingresos públicos, su distribución entre los diferentes niveles de gobierno para ser administrados y el destino o uso de estos recursos. Para Bolivia, el Pacto Fiscal es la agenda pendiente del proceso Constituyente y su realización es fundamental para definir las bases de un desarrollo más equitativo y sostenible, que finalmente

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mejore las condiciones de vida de la población. El Pacto Fiscal es una renovación del Contrato Social, en el sentido de ser un acuerdo que establece los mecanismos para que los miembros de la sociedad aporten al Estado y este proporcione bienes y servicios públicos de calidad. La agenda fiscal • Bolivia actualmente cuenta con un sistema impositivo definido en el año 1986, sostenido básicamente por impuestos indirectos, bajo el cual no se cumple el mandato constitucional de tributar en proporción a la capacidad económica, por lo que es fundamental darle mayor progresividad al sistema, es decir, cobrar más a quienes más ganan. • Una alta dependencia de los ingresos provenientes de la renta extractiva de fuentes no renovables, que hacen bastante vulnerable a las finanzas públicas, por lo tanto la necesidad de generar mayores ingresos internos, a favor de una mayor sostenibilidad. • La necesidad de que los gobiernos subnacionales recauden mayores ingresos y la discusión de la distribución de recursos entre los diferentes niveles de gobierno (definida en la década del noventa) conforme a las competencias establecidas en la nueva Constitución. • Contradictoriamente, de haber pasado de un periodo deficitario a un periodo superavitario, el Estado recurre a mayor endeudamiento para cubrir ciertos gastos, lo que refleja la inconsistente distribución de recursos en relación a las

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competencias y obligaciones de los diferentes niveles de gobierno e instituciones públicas. Existe una marcada inequidad en la distribución de los recursos públicos entre las diferentes regiones, que contradice con los principios y valores de la Constitución, y puede ocasionar la postergación de algunas regiones que cuentan con menores recursos para invertir en su desarrollo. Debatir la orientación del gasto, en especial de la renta por hidrocarburos, la cual no ha sido asignada de manera estratégica, conforme a un criterio de planificación, y una apuesta de desarrollo más sostenible. La gran oportunidad que representan los cuantiosos recursos provenientes de la renta extractiva no debe ser desperdiciada y el Pacto Fiscal es el encuentro que permitirá discutir el destino de estas fuentes. Más aún, bajo un diseño de Estado con autonomías, en el que cada gobierno subnacional decide el uso de sus recursos, el definir este tema requiere espacios de concertación. Las normas relacionadas a la gestión pública y a la ejecución de los recursos de manera que se pueda hacer una gestión más ágil y efectiva.

Perspectivas De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías del año 2010, la propuesta técnica de diálogo para el Pacto Fiscal debe ser presentada seis meses después de conocidos los resultados del Censo. Es así que, según lo informado por el Gobierno se tendría una propuesta en diciembre de 2014. Esta propuesta deberá estable-

“Bolivia actualmente

cuenta con un sistema impositivo definido en 1986, basado en impuestos indirectos, que no cumple el mandato constitucional de tributar en proporción a la capacidad económica, por lo que es fundamental darle mayor progresividad al sistema, es decir, cobrar más a quienes más ganan.”

cer los tiempos, formas y mecanismos para la realización del proceso de diálogo y la construcción de los acuerdos del Pacto Fiscal. Desde la sociedad civil, diferentes instituciones agrupadas en una Plataforma denominada “Pacto por el Bien Común” trabajamos en la articulación y generación de propuestas, y en acciones de incidencia para que el Pacto Fiscal tenga carácter participativo y no sea solamente una negociación política en la cual se defina la distribución del dinero público, sino que se constituya en un espacio para resolver temas estructurales y se oriente la gestión pública hacia un desarrollo más sostenible y equitativo.n

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FMI alerta riesgo fiscal en Nicaragua Tras su visita por Nicaragua, el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, Przemek Gajdeczka, revisó el desempeño de la economía y dio varias recomendaciones al gobierno. Adelmo Sandino

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nalicemos detalladamente, primero, lo que dijo el Señor Gajdeczka: “…De cara al futuro, las mejoras en la gestión de las finanzas públicas se pueden lograr a través de la racionalización del gasto público y la mejora de la presentación de las operaciones fiscales y cuasi-fiscales, de conformidad con las normas internacionales”. Las operaciones cuasi-fiscales, a las que hace mención, son aquellas que no están explicitas en la política fiscal de un gobierno y se refieren a los gastos extrapresupuestarios que escapan de la fiscalización de las autoridades competentes y del público en general; es decir, en la jerga de los economistas este es un término para referirse a las operaciones “opacas” de la política fiscal del Estado. Su monitoreo y evaluación es muy importante, ya que dichas operaciones podrían tener efectos desestabilizadores sobre los precios, sobre la actividad económica, en la política monetaria, la política salarial, la política social, entre otros más. Y es que el FMI es uno de varios organismos multilaterales que

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promueven a nivel internacional las buenas prácticas en transparencia fiscal, entendida en sus diferentes manuales, códigos y guías sobre este tema como el “esfuerzo por informar al público sobre las actividades pasadas, presentes y futuras del gobierno y sobre la estructura y las funciones gubernamentales que determinan las políticas y los resultados fiscales”. En el último informe del FMI (referido a su revisión del artículo cuatro publicado en diciembre pasado), la institución nuevamente enfatizó en las vulnerabilidades macroeconómicas del país, asociadas, entre otros factores estructurales, a la alta dependencia del financiamiento externo proveniente del acuerdo petrolero entre Venezuela y Nicaragua. A través de este acuerdo, que ha significado el manejo de cuantiosos recursos con vínculos opacos y sujetos a riesgos políticos tanto en Nicaragua como en Venezuela, se ha incrementado de forma muy considerable los niveles de endeudamiento externo del sector privado. También se han financiado parcial o totalmente, por fuera del presupuesto nacional, una serie de políticas gubernamentales de amplia cobertura e impacto económico y

social, tales como el bono salarial (absorbido en el presupuesto 2014), el subsidio a la tarifa energética, proyectos habitacionales de interés social, subsidio a la tarifa de transporte público, entre otros. Lo que el FMI busca La preocupación del FMI reside entonces en reconocer y evaluar puntualmente los riesgos que implican para el resultado fiscal del gobierno y las reservas del Banco Central una interrupción o disminución del flujo del financiamiento venezolano y la deuda acumulada desde que entró en vigencia el acuerdo petrolero, ya que se podrían generar “presiones adicionales sobre la posición externa del país”. De llegarse a producir un escenario como el descrito, los balances fiscales y externos se verían afectados, si las operaciones cuasi-fiscales de la cooperación petrolera, dado la existencia de un compromiso político implícito para mantenerlos, fueran absorbidas parcial o totalmente por el presupuesto. De ahí que el FMI recomiende al gobierno ir reduciendo estos gastos, hasta ahora extrapresupuestarios, o gestionar fuentes alternativas de financiamiento, ya que son de una dimensión

LA RUTA FISCAL

“La preocupación del FMI reside en reconocer y evaluar puntualmente los riesgos que implican para el resultado fiscal del gobierno y las reservas del Banco Central una interrupción del flujo del financiamiento venezolano y la deuda acumulada desde que entró en vigencia el acuerdo petrolero.”

considerable. Sólo en 2013, de acuerdo con el Informe de Cooperación Externa que publica desde 2007 el Banco Central de Nicaragua, precisamente en un intento por presentar alguna información sobre el uso de la cooperación petrolera, el flujo de recursos destinados a financiar una serie de proyectos privados de índole socio-productivos, así como programas gubernamentales como los ya mencionados, ascendieron a US$ 558.5 millones; es decir, el equivalente a 5 puntos del PIB. Este indicador, de por sí preocupante, queda corto si tomamos en cuenta que, de acuerdo con los cálculos del FMI, el saldo de deuda que acumula la empresa mixta creada para administrar los recursos cuantiosos del acuerdo petrolero y que guarda vínculos con el gobierno, alcanzó el 21 por ciento del PIB a finales de 2012. En conclusión, recordemos que

por muy prudente que resulte la gestión fiscal de un gobierno (expresada en mantener déficits en torno al 1 por ciento del PIB), no es garantía de una perdurable estabilidad cuando las cuentas fiscales están sujetas a importantes riesgos y existe opacidad en el manejo de los recursos públicos. De ahí, entonces, que sea importante continuar insistiéndole al gobierno que sea más transparente con el uso de la cooperación petrolera, brindando un mayor grado de información pública al respecto, la cual después de todo es un derecho ciudadano consignado en el actuar de todo Estado democrático. n Nota del autor: El FMI también puede contribuir en mejorar la transparencia fiscal en Nicaragua, publicando su informe de evaluación de la Transparencia Fiscal; tal y como lo hace para otros países como Bolivia (país miembro del ALBA) y Costa Rica.

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Campaña fiscal en Brasil El Instituto de Justicia Fiscal (IJF) lanzó una campaña de reforma del sistema tributario para reducir las desigualdades en los ingresos en el gigante sudamericano.

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a campaña considera los impuestos como factor de estímulo para el desarrollo económico y social. No va a discutir el tamaño de la carga fiscal, pero sí su distribución. En esta entrevista, el director técnico del Instituto, Marcelo Lettieri, Doctor en Ciencias Económicas y auditor de la Receita Federal (administración tributaria de Brasil) , habla acerca de la iniciativa. ¿Cómo surge la campaña y cómo será dirigida? A principios de 2014 se discutió con los miembros de IJF, para los cuales recopilamos una serie de propuestas. Sometimos estas propuestas al análisis y debate de nuestros miembros y simpatizantes en el seminario “La fiscalidad y la Justicia Tributaria”, que tuvo lugar en Porto Alegre del 28 al 29 de abril. A partir de estas discusiones, fijamos nuestras metas: “Preparación de propuestas legislativas y realización de campaña de base para canalizar los actores políticos de las nuevas medidas destinadas a mejorar el sistema tributario y hacerlo más justo” El paso siguiente y más importante es el lanzamiento oficial de la campaña, previsto para el 21 de agosto en Belo Horizonte, donde reuniremos las propuestas seleccionadas y las presentaremos a la sociedad y a los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuáles son las bases de esta propuesta de Reforma Fiscal? Hemos establecido los siguientes supuestos:

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Propuestas viables: deben tener en cuenta las condiciones políticas, sociales y económicas en Brasil y en el mundo. No discutieron temas económicos o políticamente inviables, como la reducción de impuestos o tasas superiores a 50%. Reducir la desigualdad: el elemento central de las propuestas que se presentan tienen el objetivo de reducir las desigualdades de ingresos. Reestructuración de la Carga Tributaria: discutir su distribución entre las clases sociales. Promoción del Desarrollo: los impuestos como inducción y estimular el factor de desarrollo económico. ¿Sería posible para avanzar en algunos puntos? Tenemos una serie de propuestas bajo consideración, pero hemos seleccionado algunos que sin duda será incluido, por ejemplo: 1. Sobre la tributación sobre la renta y la riqueza. Igualdad de ingresos de capital y trabajo: La igualdad de trato de los independientes que aumentan los ingresos, tomando todos los presupuestos para la misma escala progresiva. Hoy en día, las rentas del trabajo se gravan a escala progresiva, mientras que las rentas del capital (ganancias, intereses, dividendos, etc.) están exentas o gravadas en origen sólo con tarifas reducidas. Establecer el Impuesto sobre las grandes fortunas. Reestructuración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): aumentar el número

de pistas a los tipos de IRPF, creando, por ejemplo, las tasas marginales de impuestos del 30% y 35% para las rentas más altas. Hoy tenemos cuatro tipos (7,5%, 15%, 22,5% y 27,5%), con una tasa del 27,5% para ingresos anuales superiores a los 53,565.72 reales (moneda de Brasil). Eliminación de la renta presunta (Lucro Presumido LP): Eliminar los impuestos sobre LP y ampliar los límites de la simple Nacional. Hoy en día, tenemos tres formas de calcular Impuesto a la Renta para Personas Jurídicas (IRPJ), y el simple: el ingreso real, la renta presunta o lucro arbitrado. La renta presunta constituye una forma simplificada de la fiscalidad que favorece principalmente a las personas jurídicas que se constituyen como entidades legales para pagar menos impuestos sobre la renta y huir

“Hoy en día, las rentas del trabajo se gravan a escala progresiva, mientras que las rentas de capital (ganancias, intereses, dividendos, etc.) están exentas o gravadas en origen solo con tarifas reducidas.”

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de la cotización a la Seguridad Social. Nuestra propuesta es la eliminación de esta forma de impuestos y la expansión de los límites de la Simple para no hacer daño a las medianas empresas. Fin de la retención de impuestos en la fuente: toda retención en fuente será anticipación del impuesto a la renta IR, y debe ser calculado en el estado de ajuste de escala progresiva única. Impedir que las empresas que han recibido incentivos fiscales distribuyan beneficios resultantes de los incentivos a sus accionistas, principalmente en el extranjero. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles recibieron $ 4 mil millones de dólares en incentivos fiscales en la crisis de 2008/2009 y enviaron al extranjero una cantidad equivalente a ese valor. Intereses sobre Capital: eliminar la deducción de los intereses sobre el capital propio en la tributación de la renta de sociedades. La innovación, creada en diciembre de 1995, permite a las empresas distribuir intereses a sus miembros y accionistas, deduciendo de la base de cálculo de los ingresos y reduciendo los impuestos a pagar. Por lo tanto, independientemente de la aparición de la pareja transacción de préstamo de un socio a la empresa, esta paga los intereses de socios y accionistas, gravando en sólo el 15% (impuesto sobre la renta), cuando debería pagar el 34% si no hubiera un “incentivo” (impuesto sobre la renta y contribución social adicional). Esto beneficia enormemente a las grandes empresas capitalizadas y rentables, especialmente los bancos, que hicieran su fiesta privada después del Plan Real y todavía se aprovechan de la fiebre del capital financiero. 2. El impuesto sobre el consumo: Eliminar todos los impuestos sobre el consumo (ICMS, PIS y COFINS) de la canasta básica de bienes. Reducir el impuesto sobre los insumos básicos (energía, agua y saneamien-

to, telecomunicaciones, combustibles, alimentos, etc.) Tributación. Reestructurar el IPI (simplificación, las nuevas tarifas, etc.). Aumentar el impuesto sobre el consumo de bienes y lujo superfluo. Creación del entorno CIDE para los productos clasificados como nocivos para el medio ambiente. 3. Otros puntos específicos: La progresividad de la equidad tributaria: Implementar la progresividad en los impuestos de propiedad: impuesto sobre bienes inmuebles, ITR, ITCD, impuestos a la propiedad y ITBI. Sector Extractivo/Exportador: la creación de la contribución social a la seguridad social; eliminar las ventajas fiscales para el sector de extracción/ exportación y aplicar el impuesto de exportación para los productos que tienen gran demanda internacional. Transacciones financieras: creo que un impuesto sobre las transacciones financieras, que tienen destino específico, pero con la posibilidad de la división entre las entidades políticas. Todavía estamos analizando un conjunto de propuestas para la GST. ¿Qué entidades los apoyan y cómo se dará a conocer?

Estamos coordinando con diversos movimientos sociales (sindicatos, federaciones laborales, movimientos de los trabajadores urbanos y rurales, asociaciones, etc.) Cada tipo de apoyo que puede dar a la campaña, especialmente en relación con la divulgación y la remisión a los candidatos a la presidencia. Algunas oficinas de sindicatos nacionales y algunas autoridades de sindicatos fiscales ya han expresado su apoyo a la iniciativa. Desde su lanzamiento, las propuestas serán remitidas a nuestra red, se difundirán a través de Internet y otros medios de comunicación y se distribuirán a la sociedad a través de una cartilla simplificada. ¿Cuáles son las perspectivas políticas de la campaña este año de la elección? Creemos que el tiempo es muy apropiado, pero sabemos que el modelo político brasileño actual no es propicio para la discusión de este tema. Entendemos que usted puede seguir adelante y ayudar al momento electoral, por lo menos, para poner el tema en la agenda y comenzar el debate con la sociedad. Somos conscientes, sin embargo, que el progreso significativo sólo será posible después de una reforma política. n

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Ajustes fiscales en Colombia La propuesta de reforma tributaria del presidente Santos ha despertado el debate en la sociedad civil y la academia sobre sus costos y beneficios en relación las necesidades de la población. Jorge Espitia

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a evasión parece ser el tema central de la próxima reforma tributaria que la administración de Santos II (20142018) nos tiene preparada. No debería ser el único objetivo; pues es sabido que la presión fiscal (recaudo tributario/PIB) del Gobierno Nacional Central (GNC) colombiano es una de las más bajas de América Latina; al igual, que es uno de los países con una mayor concentración de la riqueza (Coeficiente de Gini=55.9 en 2010; y Etiopía 33.6 y Ruanda 50.8 en 2011). En el transcurso de los últimos 24 años en Colombia ha habido once reformas al Estatuto Tributario. Muchas de las modificaciones han sido de carácter transitorio. Dentro de los objetivos de estas reformas ha estado aumentar los ingresos fiscales de la Nación para lograr cierto equilibrio en sus finanzas públicas. Si bien, en algunos casos, las reformas lograron aumentar los ingresos, siempre han resultado insuficientes debido a la naturaleza misma de los cambios, los cuales en varios casos permitían la erosión de la base tributaria; o la búsqueda de intercambiar beneficios tributarios

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entre los impuestos directos (renta y patrimonio) con los indirectos, especialmente el IVA interno. Durante el periodo 1975-2013, el recaudo tributario del GNC aumento en 5.8 puntos porcentuales (pp) del PIB, al pasar de 9.1% del PIB en 1975 a 14.9% en 2013, mientras que el impuesto sobre la renta lo hizo en 2.5pp, el IVA interno en 2.5pp y el IVA a las Importaciones en 0.7 pp. Si bien los pilares de la estructura tributaria en Colombia son el impuesto sobre la Renta y el IVA

Interno, y dados los cambios realizados, es que se puede afirmar que la estructura tributaria en Colombia es bastante regresiva, pues los impuestos indirectos, como el IVA, recaen sobre el consumidor final independientemente de su capacidad de gasto. El rendimiento de las últimas reformas fiscales deja mucho que desear ya que han dado origen a un sistema tributario alejado de los “principios generales de eficiencia, equidad y competitividad”. De igual manera, las múltiples reformas han

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dado origen a un sistema tributario complejo, inequitativo e ineficiente, lo que se traduce en una baja productividad de los impuestos y un sistema poco redistributivo. En esta misma línea ha venido haciendo carrera en la Administración la de presentar reformas tributarias (mini-reformas) de muy corto plazo al hacer extensivo uno u otro plazo a efectos de conseguir los recursos necesarios para atender los compromisos incluidos en el rubro de Gastos del GNC. Se consiguen recursos en el corto plazo para atender gastos permanentes. Esto rompe toda lógica de planeación de mediano y largo plazo. La evasión fiscal La literatura económica sobre la evasión fiscal señala que los contribuyentes deciden no declarar parte de su ingreso dependiendo si va ser o no investigado por la autoridad fiscal, es decir, de la probabilidad de ser sujeto de investigación por parte de la Administración Tributaria; del Monto de la Penalización o Multa; de la Tarifa Impositiva y del Nivel del Ingreso. Concordancia con los hechos Cuanto mayor es el número de contribuyentes menor es la probabilidad de que cada uno de ellos sea investigado por la autoridad tributaria. Sin embargo, en este punto hay que introducir un elemento de discusión supremamente importante que se encuentra relacionado con el desarrollo de los sistemas de información, de la estadística multivariada y el manejo de los macrodatos o conjunto de datos complejos y de gran volumen, que los agentes (Empresas, Gobierno y Hogares) usan para analizar y predecir el comportamiento de los ciudadanos, los cuales le pueden brindar a la

Administración Tributaria una gran cantidad de información sobre los contribuyentes y fortalecer sus labores de control y fiscalización. Cuánto más baja es la penalización o multa por parte de la Administración Tributaria mayor es la probabilidad de ocultar ingresos por parte del contribuyente. Existe un nivel de probabilidad de detección odePenalización (Multa) disuasivas de la evasión. La evidencia empírica no es completamente concluyente respecto del nivel de ingresos, ni de la tarifa impositiva. Los incrementos en tipos impositivos y sistemas sancionatorios laxos ocasionan aumentos, tanto en la probabilidad de que exista evasión,como en el monto evadido. En línea con lo anterior, resulta importante que el estudio de las exenciones y los descuentos tributarios sea tenido en cuenta en el marco de una reforma tributaria que busca combatir la evasión fiscal, en la medida en que un incremento de las exenciones aumenta

“El rendimiento de las reformas fiscales de los últimos 24 años deja mucho que desear en la medida en que han dado origen a un sistema tributario alejado de los “principios generales de eficiencia, equidad y competitividad.”

la complejidad del sistema tributario y, por tanto, disminuyen la probabilidad de detección. De igual manera, y como lo recomienda la Cepal, “en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas, no basta con la política redistributiva que pueda hacerse a partir del gasto público sino que resulta importante el rol que juegan los sistemas impositivos en pos de una mayor equidad en la distribución del ingreso”; y ese objetivo de política lo debería considerar el nuevo gobierno (2014-2018); sin descuidar el tema de la evasión pues se conoce que ésta puede llevar al traste todo intento de política redistributiva que se busque realizar a través del sistema tributario,pues la evasión así como las exenciones y prebendas fiscales deterioran la equidad horizontal, donde los contribuyentes con las misma capacidad de pago no afrontan la misma carga fiscal, como la equidad vertical, pues las personas con mayor nivel de ingreso tienen más oportunidades de acceder a estrategias de evasión como de los beneficios fiscales. En otras palabras, la reforma tributaria que el Gobierno Nacional está pensando en presentarle al Congreso de la República debería contener dos aspectos claves: 1) Incrementar la presión fiscal en varios puntos del PIB para atender las necesidades de la población ya sea mediante la ampliación de las bases fiscales o incrementando tarifas; eliminando los beneficios tributarios (exenciones y descuentos); creando nuevos impuestos (p. e. un impuesto a las exportaciones de minerales o, a los dividendos); profundizando la equidad y la justicia tributaria;entre otros; y, 2) Fortalecer la Administración Tributaria para combatir la evasión fiscal

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dotándola de todos los elementos normativos y técnicos necesarios para actuar con éxito en sus labores de control y fiscalización. El gasto tributario En el caso de las exenciones fiscales y los descuentos tributario, es claro que el Gobierno Nacional no tiene una política clara y mucho menos una evaluación de la misma. Mantiene los privilegios fiscales sin ningún tipo de criterio, olvidando que los beneficios fiscales generan desincentivos y costos en el sistema económico y social: “Los incentivos tributarios pueden inducir costos en los principios de eficiencia y equidad. Desde el punto de vista de la eficiencia, se presume que al favorecer cierto sector de la economía frente a otro, los precios relativos de los bienes pueden alterarse y en consecuencia la asignación de los recursos, mientras que del lado de la equidad puede conducir a un tratamiento preferencial en términos de la carga tributaria de dichos sectores. Por lo demás, es evidente que los incentivos tributarios van en contra de la simplicidad de la administración tributaria al incrementar el costo del control, aspecto que puede dar lugar a una mayor complejidad en el sistema y en consecuencia incrementar los índices de evasión tributaria”. Para saber cuánto representan las exenciones y los descuentos fiscales, en este aparte se hace uso de los micro datos de las declaraciones del impuesto de renta de las Personas Jurídicas que la DIAN publica en su página web para el año fiscal 2012 que fueron presentadas en el siguiente año, 2013, y que acaban de ser publicadas. Premio con excenciones En el caso de los Ingresos No

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“En el caso de las exenciones fiscales y los descuentos tributario, es claro que el Gobierno Nacional colombiano no tiene una política clara y mucho menos una evaluación sobre los resultados.” Constitutivos de Renta estos alcanzaron un monto en 2012 cercano a los $34.5 billones que liquidados a la tarifa implícita de renta (33.3%), corresponde a un ingreso que se dejó de percibir, gasto tributario, de $11 billones. El principal beneficiario de esta exención corresponde al sector de Actividades financieras, inmobiliarias y de seguros, el cual participa con el 31% del total. El monto de las deducciones que aparece en las declaraciones asciende a $367 billones, de las cuales el 50% corresponde a Gastos Operacionales Administrativos; 23% a Gastos Operacionales de Ventas; 27% a Otras deducciones (servicios públicos, fletes, seguros, impuestos, etc.) y un valor cercano a los $2 billones a la Deducción de Inversiones en Activos. Los sectores más beneficiados con esta última deducción son, en su orden: Electricidad, gas, vapor y agua (28%); Actividades financieras, inmobiliarias y de seguros (20%); Comercio al por mayor y al por menor, transportey almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicio

de comidas (20%); e, Información y comunicaciones (15%). Desde el punto de vista de la Administración Tributaria y a efectos de cerrar el boquete de la evasión y de la elusión, puede resultar sumamente importante que las actividades de control y fiscalización centren su análisis y evaluación en el ítem de los descuentos en la medida en que esto erosiona la base gravable del impuesto. Por ejemplo, entre 2011 y 2012, el crecimiento nominal de cada uno de estos rubros fue del orden del 9% para el total de las deducciones, del 2% en los Gastos Operacionales Administrativos; del 9% en los Gastos Operacionales de Ventas; del 23% en la Deducción de Inversiones en Activos y del 24% en Otras deducciones. ¿Será que esos últimos valores se encuentran bien soportados? En este punto, resulta importante señalar que continúa vigente la discusión sobre el impacto macro-económico y fiscal de la deducibilidad de los intereses de la deuda de la base del impuesto sobre la renta, pues “En Colombia existe el sesgo de la deducibilidad de los intereses frente a la no deducibilidad de los dividendos, por lo cual las empresas tienden a financiar la mayor parte de sus proyectos a través del crédito. Esto ocurre frecuentemente a través del uso de créditos subordinados con los socios o de colaterales prestados por partes vinculadas en el extranjero. Así, los socios reciben el retorno de la inversión a manera de intereses deducibles en Colombia, reduciendo a su vez el patrimonio de la empresa para fines fiscales”. Este hecho ha llevado a que “En los últimos años, la falta de reglas claras relativas al crédito mercantil originado en la adquisi-

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ción de acciones, cuotas o partes de interés, así como las distintas interpretaciones asumidas por las autoridades administrativas, judiciales y doctrinarias acerca de la naturaleza y tratamiento contable y tributario de dicho crédito mercantil, no sólo han creado incertidumbre y confusión entre los contribuyentes, sino que han dado lugar a la utilización del crédito mercantil y de su amortización como mecanismo para generar gastos deducibles que en muchas ocasiones no corresponden a una realidad económica” (Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma Tributaria de 2012). Esto último, muy seguramente es un componente importante que explica los $367 billones en el ítem del Total de Deducciones que aparecen en las declaraciones del impuesto sobre la renta, pues el nivel de agregación de las declaraciones

no nos permite evaluar tal impacto. El monto de rentas exentas en 2012 ascendió a $9.3 billones y se corresponde con un gasto tributario de $3 billones y dentro de los principales beneficiarios se encuentran los sectores de Actividades de la administración pública y defensa, de enseñanza, actividades de atención de la salud y de asistencia social (37%) y las Actividades financieras, inmobiliarias y de seguros (30%) . Los descuentos tributarios, de acuerdo con las declaraciones alcanza un valor de los 701 mil 627 millones de pesos en 2012 y el principal beneficiario es el sector minero con el 28% y el sector de electricidad, gas, vapor y gas con el 17%. En suma, el gasto tributario por conceptos tales como los Ingresos No Constitutivos de Renta ($11 billones), la deducción de inversiones en activos ($694 mil millones),

las rentas exentas ($3 billones) así como los descuentos tributarios ($702 mil millones) representan valores importantes para las arcas de la Naciónyposibles fuentes de financiamiento del gasto social. Una reforma tributaria debería valorar la posibilidad de eliminar tales exenciones y descuentos fiscales; además de sopesar que tales incentivos le restan simplicidad a la administración tributaria, incrementa el costo de fiscalización y aumenta los índices de evasión. En otras palabras, no se puede pretender que una reforma tributaria que busque combatir la evasión y la elusión no estudie el tema de las exenciones y los descuentos tributarios a profundidad. Además, el Gobierno Nacional debería presentarle al Congreso de la República una evaluación de los beneficios fiscales que aparecen en el Estatuto Tributario. n

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Paquete tributario anticrisis en Perú

Como respuesta a la desaceleración de la economía peruana, el gobierno propuso un paquete de medidas pro inversión entre las que destacan las tributarias. A continuación un breve resumen. Se propone eliminar la capitalización de intereses por el período 31/12/1998 hasta el 31/12/2005 mediante la actualización excepcional de la deuda tributaria, cualquiera fuera el estado en que ésta se encuentre: cobranza, reclamación, apelación al Tribunal Fiscal o impugnada ante el Poder Judicial; en aplazamiento y/o fraccionamientos de carácter general o particular perdidos, incluido el supuesto de incumplimiento de cuotas. Se dispone que los deudores tributarios

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que deseen acogerse a este procedimiento excepcional, deberán presentar la solicitud de acogimiento hasta el 31 de diciembre de 2014, cumpliendo los requisitos, forma y condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Además, se dispone que a la fecha de presentación de la solicitud, el contribuyente deberá haber pagado la totalidad de la deuda tributaria cuyo acogimiento se solicita, excluidos los intereses capitalizados que se eliminarán,

precisándose que dicha actualización no da lugar a compensación ni devolución de monto alguno. A fin de incentivar las inversiones de proyectos mineros se propone elevar los montos mínimos de inversión regulados en La Ley General de Minería. En tal sentido, el proyecto regula un nuevo Contrato de Estabilidad Tributaria (CET) para proyectos mineros con capacidad inicial no menor de “15,000” TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no

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menor de “20,000” TM/día referentes a una concesión minera. Tendrán derecho a celebrar el contrato mencionado los titulares de la actividad minera que inicien o estén realizando actividades de la industria minera que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500 000 000.00. Cabe destacar que este nuevo CET permitirá ampliar sus efectos a las actividades adicionales posteriores a la ejecución del programa de inversiones inicial. Se modifican los montos mínimos de inversión y plazos de los CET regulados actualmente en la Ley General de Minería aplicable únicamente para concesiones mineras, incrementándose el monto de inversión en algunos casos hasta en US$ 250 000 000.00 millones. Se plantea que tanto el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboren el modelo de los tipos de CET regulados en la Ley General de Minería. Actualmente, dicha elaboración le compete exclusivamente al MINEM. Se dispone que previó a la suscripción del CET, se derive al MEF para su conformidad en lo concerniente a la materia tributaria. En la ley vigente no se contempla tal requisito, lo que en la práctica podría demorar la suscripción del referido contrato. Se establece la obligación de los titulares de la actividad minera que suscriban los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera, de proporcionar a la SUNAT la información referida a la inversión total por cada proyecto minero así como de las ampliaciones vinculadas a éste que se les requiera, en los medios, forma y plazo que aquélla disponga mediante Resolución de Superintendencia. Se suspende la aplicación de los intereses moratorios que se generen a partir del vencimiento de los plazos máximos para resolver las apelaciones por el Tribunal Fiscal. Actualmente, está disposición sólo contempla la suspensión de intere-

“Se suspende la facultad de SUNAT para aplicar la norma antielusiva a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad al 19 de julio de 2012.” ses cuando la Administración Tributaria no resuelve en los plazos establecidos el Recurso de Reclamo interpuesto por el contribuyente. Se establece que para las deudas tributarias que se encuentran en procedimientos de apelación en trámite, la regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios, será aplicable si en el plazo de doce (12) meses contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, el Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones interpuestas. Se dispone que el MEF evaluará cada dos (2) años, los plazos para resolver los recursos de reclamación ante las Administraciones Tributarias y los de apelación ante el Tribunal Fiscal, a fin de reducir tales plazos de corresponder. Se han modificado las disposiciones para solicitar medidas cautelares en proceso judiciales para dejar sin efecto cualquier actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria. En tal sentido, se establece que las contracautelas de naturaleza personal y real que ofrezcan los contribuyentes deberán cubrir el 60% de los montos en litigio, en lugar del 100% de la deuda, tal como está regulado actualmente. Se incrementa el monto máximo de la deuda tributaria que podrá garantizarse con la presentación de la caución juratoria de 5 a 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Se establece expresamente que la Administración Tributaria deberá informar al juez sobre dos aspectos, cuando el juez corra traslado de la solicitud cautelar a

la Administración Tributaria, estos son: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora del proceso. Actualmente la norma no precisa los aspectos sobre los cuales la Administración Tributaria de debe pronunciar Se suspende la facultad de la SUNAT para aplicar la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario (norma antielusiva), a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto legislativo N° 1121. En consecuencia, la norma antielusiva se aplicará a las operaciones realizadas a partir del 19 de julio de 2012. A fin de flexibilizar su aplicación así como otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, se ha modificado La Ley que aprueba el Régimen de Percepciones del IGV incorporándose criterios adicionales que se deberán tener en consideración para la designación de Agentes de Percepción, tales como: la participación de dichos sujetos en el mercado y su ubicación dentro de la cadena de producción y distribución de los bienes sujetos al régimen, entre otros. Se dispone la posibilidad de establecer importes diferenciados, adicionales a los previstos, por tipo de bien, a efectos de considerar que se ha realizado una operación con un consumidor final para efectos de la aplicación del Régimen de Percepciones del IGV. Se establece la posibilidad que mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT, se pueda regular los casos en los cuales el requisito de los montos mínimos para ser considerado como consumidor final no resultará exigible. De este modo, se podrá excluir de la percepción del IGV a las compras en boletas de venta. Se establece que en un plazo de 180 días hábiles el Sector Economía y Finanzas establecerá las normas necesarias para racionalizar los Sistemas de Pago del IGV, que comprenden las percepciones, retenciones y detracciones, a fin de racionalizar su aplicación. n

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Intel se va de Costa Rica El pasado 8 de abril INTEL anunció el cierre total de su operación de manufactura de chips para PC y servidores; y el traslado de esa operación a sus plantas de Malasia y Vietnam antes que finalice el 2014.

Jorge Coronado

E

ste cierre significa el despido de 1,500 trabajadores que operaban en la línea de manufactura. Actualmente INTEL, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo (chips), emplea en sus tres componentes operativos en Costa Rica a 2,700 trabajadores: manufactura, ingeniería/diseño y servicios globales. El despido representa el 55% de su operación general. Cuando ingresó INTEL al país en 1999, los sectores promotores de la apertura y la desregulación lo señalaron como el mayor éxito y la comprobación de que sólo con una agresiva política de atracción de inversiones

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sustentada en incentivos, estímulos y privilegios fiscales/tributarios y financieros, íbamos como país a salir del subdesarrollo. En ese año, se planteó que abandonábamos definitivamente el modelo de maquila textil y entrábamos al mundo de la exportación de alta tecnología. A fin de facilitar el ingreso de INTEL se hace una primera reforma al Régimen de Zonas Francas (RZF) en 1998, orientada a brindar la mayor cantidad de facilidades a la transnacional (no pago de impuesto de ventas por compras en el país, no pago de impuesto de renta, no pago de impuestos municipales, tarifas subsidiadas de electricidad y telefonía, etc). Además se acordó que el RZF iba a estar orientado prioritaria-

mente a la atracción de transnacionales del sector servicios. Desempeño de INTEL Los primeros datos demuestran el peso de INTEL en la balanza comercial del país. Al iniciar operaciones en 1999 las exportaciones de la transnacional representaron el 50% del total de las exportaciones industriales nacionales. En estos 17 años la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por medio de INTEL ha sido de US$ 893 millones de dólares, que representa un 11% de toda la IED recibida por el sector industrial. A pesar de estos datos, en términos de generación de empleos el desempeño fue bastante limitado, pues el mejor momento por parte de INTEL fue en el 2006 cuando tenían una población laboral de 3,313 trabajadores. Para el 2014 hay un 18.5% menos de trabajadores que ocho años atrás. En su mejor momento INTEL generó cerca del 7% del total de empleos de las zonas francas. Es necesario apuntar que el Régimen de Zonas Francas a pesar todos los incentivos que se le han brindado genera muy poca oferta laboral, la Población Económicamente Activa (PEA) en Costa Rica al mes de junio 2013 alcanzó 1`600,423 trabajadores; los empleos generados en las Zonas Francas en ese mismo mes llegaban solamente a 58,012 empleos que representan únicamente el 6.78% del total de la PEA nacional. En el año 2009 y a fin de mante-

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ner la permanencia de un grupo de transnacionales de servicios situadas en zonas francas, principalmente INTEL, se realiza una nueva reforma a dicho régimen en el que se brindan nuevas concesiones y se amplían las ya existentes, particularmente se amplían las que tienen que ver con repatriación de capitales, ganancias y dividendos sin pago de impuestos y el no pago de impuestos por importación de insumos y bienes que hagan las empresas. Los datos al 2013 por parte de INTEL señalan que sus exportaciones pasaron a representar el 27% del total de las exportaciones industriales nacionales. Situación que no es resultado de un mayor crecimiento de las exportaciones industriales por parte de otros sectores o empresas transnacionales, sino por la crisis interna a nivel global que enfrenta INTEL desde mediados de la década del dos mil. La retirada Para el 2009 INTEL empezó a plantear la posibilidad de su retiro como parte de su proceso global de reestructuración a fin de bajar costos de producción globales. La decisión de abandonar Costa Rica llegó sin mayores señales, y como resultado una decisión interna de relación costo/beneficio; la decisión principal estuvo sustentada en que la mayoría de su actividad de manufactura está situada en Asia y que logística y financieramente sus costos eran mayores al mantener la planta en Costa Rica. Dejan en Costa Rica dos áreas pequeñas y que no tienen impacto en sus costos operativos, su línea de call center y su línea de investigación y diseño, que además no requieren de una intensa utilización de mano de obra. A tomar en cuenta Algunas enseñanzas de todo el

“Es necesario apuntar que el Régimen de Zonas Francas, a pesar de todos los incentivos que se ha recibido genera muy poca oferta laboral, como lo evidencian las cifras de desempleo” proceso de cierre de INTEL: a) Por más facilidades, privilegios, estímulos fiscales/financieros que le brinde un país a cualquier transnacional, su decisión de mantenerse o retirarse del país no dependerá de dichos incentivos, sino de las decisiones internas de la multinacional a fin de bajar costos operativos. b) Las actuales cadenas de valor globales convierten muy volátiles las decisiones de operación de las multinacionales, ya que cualquier cambio global provoca que muden sus operaciones con relativa facilidad y bajos costos. Generando mayor vulnerabilidad en las economías del Sur, por cuanto las decisiones de cambio no están determinadas por las “facilidades” que brinden los países, sino por decisiones operativas marcadas por dinámicas globales de producción que cada multinacional establezca. c) La existencia de esos encadenamientos globales evidencian que las políticas de atracción de inversiones basadas en privilegios y granjerías para los inversionistas extranjeros que ha promovido el neoliberalismo en los últimos treinta años en Amé-

rica Latina, se desquebraja fuertemente, por cuanto, pareciera que la política de atracción de inversiones de Asia basada principalmente en mano de obra barata, está haciendo más atractiva la migración de la manufactura global a dicho continente. d) Una economía como la de Costa Rica basada en el accionar de multinacionales del sector servicios es aún más vulnerable, por cuanto, las mismas al formar parte de las principales cadenas de valor globales, no solo cambian sus estructuras productivas con suma facilidad, sino que no crean encadenamientos productivos a nivel del país, por lo que no sólo no dejan nada en términos productivos, sino que adicionalmente ha provocado que se abandone la producción agrícola e industrial nacional, con la falsa promesa de generación de riqueza, empleo y crecimiento de la economía por parte del sector servicios. e) Urge que los países de América Latina empiecen a configurar una política común de atracción de inversiones, que garantice independencia, estímulo a las estructuras productivas nacionales por medio de encadenamientos nacionales y principalmente orientadas a actividades generadoras de empleos dignos y decentes. De lo contrario es factible que ante el ejemplo asiático, resurjan las voces neoliberales dirigidas a plantear que la única salida que tenemos como continente es abaratar y precarizar aún más nuestra mano de obra a fin de competir globalmente en atracción de inversiones. Como parte de este esfuerzo de configurar una nueva política regional de atracción de inversiones es necesaria la participación plena de los movimientos sociales, redes y plataformas que actuamos a nivel continental y que hemos venido desarrollando diversidad de propuestas sobre estos temas. n

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“La salida de capital es un problema tributario” James Henry advierte de que, desde varios países del continente, se han desviado al menos dos billones de dólares, monto que supera su deuda externa. Para Henry este asunto tiene mucho que ver con la regulación tributaria

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ames Henry es el economista norteamericano que en 2010 lideró en Tax Justice Network Red de Justicia Tributaria) una investigación sobre el dinero que está escondido en paraísos fiscales. Asesor senior de esta organización y del Centro sobre Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia, ha llegado a Buenos Aires para continuar con su investigación sobre la fuga de capitales de países en desarrollo a ricos por intermedio de paraísos fiscales. ¿Qué le trae a Argentina? Repuesta. Estoy aquí por un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego y que abarca a Argentina y Sudáfrica dentro del trabajo que realizamos sobre la riqueza en el extranjero. Tax Justice Network realizó una estimación en 2010 sobre el total de tal industria a partir de diversas metodologías. Estimamos que existen entre 21 y 32 billones de dólares fuera del control de las autoridades tributarias. Alrededor de un tercio de ese dinero viene de países en desarrollo, como Argentina, Brasil, México y Venezuela. La riqueza en el extranjero de la región es de alrededor de dos billones de dólares, mucho más que la deuda

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“En general, el problema de la salida de capital es un problema de tributación. En organizaciones como Latindadd y Tax Justice Network impulsamos a los países a que sean más activos en cuanto a la fiscalización tributaria.” externa total. Los ricos de Latinoamérica han llevado su dinero fuera de la región. La excepción es Brasil, donde ha habido cierto flujo en reversa pero, en casos como México y Argentina, el 90% o 95% de esos capitales ha sido reinvertido fuera, en general en activos con bajos rendimientos, como depósitos bancarios o bonos y acciones de los mercados occidentales. Latinoamérica es una gran fuente de financiación de los países ricos. Esta es una de las patologías del sistema global que tenemos. Si miramos la estructura de la banca privada en Latinoamérica, observamos que este negocio de sacar dinero afuera está dominado por los principales bancos del mundo. ¿Por qué se fugan los capitales de estos países? R. En el caso de Argentina, la fuga ha estado asociada a la crisis y la inestabilidad dentro del país. Pero en Tax Justice Network y en el trabajo de

Jorge Gaggero (economista argentino) analizamos el rol que desempeñan las instituciones internacionales para facilitar esta salida de dinero y para gestionarlo sin que tribute, lo que lleva a la descapitalización del país. Uno de los asuntos que tratamos es el rol de las compañías multinacionales en tal fuga mediante el abuso de los precios de transferencia (de exportaciones e importaciones) para defraudar impuestos. Por ejemplo, las grandes compañías de grano, cuya lista fue publicada el año pasado por la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina. ¿Cómo puede ser que uno de los países con más consumo de soja del mundo sea Uruguay, donde viven tres millones de habitantes? Es que allí están las oficinas de grandes comercializadoras de grano. Si las compañías multinacionales no pagan impuestos por la renta que obtienen aquí, se transfiere el coste del presupuesto del Gobierno a la clase media y los pobres, por ejemplo, mediante el IVA, que es un impuesto más difícil de defraudar. También estamos muy interesados en el rol de las grandes firmas auditoras y legales que trabajan con los bancos para facilitar que los clientes puedan migrar su dinero. Y además en Argentina tenemos este problema de los fondos buitres. Es un atropello que alguien que especuló con la deuda de un país pueda interferir en la reestructuración de su deuda. Es interesante ver por qué Argentina no aprovechó todo el dinero que tiene fuera, por qué no lo trajo de vuelta, por qué no se financió con un sistema tributario más efectivo. ¿Qué sucede en el resto de Latinoamérica? R. En Venezuela sigue creciendo la salida de capitales por la incertidumbre política. Miami es la nueva capital financiera de Venezuela. Si uno tiene una estrategia que le haga atracti-

vo para los inversores y que mejore las inversiones en educación, países como Argentina podrían aprovechar el dinero que se fue. México ha sido llevado por esta increíble guerra de las drogas, pero la economía parece haber andado bastante bien, su bolsa es fuerte. En la medida en que la economía de EE UU se recupera gradualmente, México crecerá más rápido. En general, el problema de la salida de capital es un problema de tributación. En organizaciones como Latindadd y Tax Justice Network impulsamos a los países a que sean más activos en cuanto a la fiscalización tributaria. Antes de la próxima cumbre del G20, hay un gran esfuerzo para que haya más intercambio de información y para que se reforme el modo en que tributan las multinacionales. Pero nos ha sido difícil que los países en desarrollo hablen de estos temas, salvo muy pocas excepciones. ¿Por qué? R. Muchos países en desarrollo ni siquiera tienen una revisión efectiva de los precios de transferencia. No tienen conciencia de lo que podrían recaudar. Muchos precios de las exportaciones, importaciones y compras de servicios que hacen las multinacionales no tienen comparaciones objetivas para saber si son reales o no. Entre las farmacéuticas, mucha de la investigación se hace aquí, pero dicen que compran este servicio en EE UU y así transfieren dinero afuera del país y pagan aquí menos impuestos. Otro juego de las compañías de grano es girar dinero mediante la prefinanciación de exportaciones, que les sirve para mover los intereses fuera. ¿Quiénes son los grandes defraudadores en Latinoamérica? R. Individuos y compañías. Si uno se fija en una industria como la del plátano, cada gran jugador está involucrado en el juego de mover beneficios

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a paraísos fiscales mediante clientes cautivos que les compran servicios. Entre las grandes firmas globales, las norteamericanas Google, Microsoft, Apple y farmacéuticas han arreglado las cosas para tener muchas de sus patentes en Bermudas o Irlanda. ¿Qué pueden hacer los gobiernos latinoamericanos? R. Reconocer este tema como prioritario. Pero no oímos nada de esto en las organizaciones multilaterales. La comisión tributaria de la ONU sería el lugar apropiado para que los países en desarrollo trataran el tema, en lugar de tener políticas formuladas por la OCDE, que es un grupo de 34 países ricos. Pero la comisión tributaria de la ONU solo tiene un presupuesto de 400.000 dólares y tres empleados. ¿Y qué pueden hacer los gobier-

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nos dentro sus países? R. Un problema en toda América Latina es que hay muchos impuestos. Hay que educar a la gente sobre qué son. Todos los servicios públicos como la educación, la salud, las calles o la seguridad, suponen en los países desarrollados al menos entre 30% y 35% del ingreso nacional. Argentina, Brasil y otros han buscado otras formas de financiarlos. Por ejemplo, con deuda, y fue un desastre. Probaron con las privatizaciones, y no fueron muy exitosas. Probaron con la inflación y fue otro fracaso. Los países menos desarrollados gastan en servicios públicos solo el 10% del PIB. No conozco ningún país que se desarrolla con éxito y en democracia sin un Estado fuerte basado en impuestos justos. Muchos países en Latinoamérica descansan en el IVA, ya no buscan más recaudar de otra manera. No hay dudas de que en el mundo la desigualdad ha crecido dramática-

“Los países menos desarrollados gastan en servicios públicos solo el 10 por ciento del producto. No conozco ningún país que se desarrolla con éxito y en democracia sin un Estado fuerte basado en impuestos justos.”

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mente. El hecho de que ricos y empresas puedan mover el dinero afuera ha hecho una enorme contribución. ¿Ve algún buen ejemplo de sistema tributario en Latinoamérica? ¿O en otro sitio? R. Yo vengo del estado de Minnesota, con una población similar a Uruguay. El gobernador dijo hace cinco años que podía recortar impuestos, como los ricos le decían que hiciese, o podía aumentarlos e invertirlos en mejores escuelas, sistemas sanitarios y carreteras. En esa época había una tremenda competición de recorte de impuestos entre países, pero en Minnesota emergió una historia de éxito. Si le ofreces a un país o Estado un sector público bien gestionado, con seguridad, sin corrupción y con una justicia que no se vende, los negocios prefieren estar en esos lugares donde pueden contar con el Estado de derecho, con gente que se gradúa en la universidad, donde hay sentido de comunidad y donde se pagan mejores salarios. Minnesota elevó el

salario mínimo y los impuestos a los ricos, y le va mejor que a EE UU. El crecimiento se aceleró, que es lo contrario a los que los economistas neoliberales hubiesen esperado. Reformar el Estado no significa reducirlo o eliminarlo. Tampoco podemos volver al modelo socialista, que nunca fue muy exitoso, pero debemos ir a un mejor Estado gestionado con fuerte sistema tributario. ¿Ve algún buen ejemplo en Latinoamérica? R. Hay muchos ejemplos negativos. Ha habido rebajas impositivas a los negocios y han hecho códigos tributarios más regresivos. Nicaragua dio grandes ventajas para que China hiciera un nuevo canal en Centroamérica, pero no sé si ese canal es necesario. No he mirado de cerca lo que está haciendo ahora Chile. ¿A dónde va el dinero que se fuga? R. Va a los paraísos últimos: países del Primer Mundo. Nadie quiere invertir su dinero en las islas Caimán o Jersey. Estos

son conductos para invertir en acciones y bonos en Nueva York, Londres o Zurich. Londres ha explotado en su valor por el dinero ruso. Países como EE UU han diseñado sus códigos tributarios para que, si eres un no residente y haces un depósito, por ejemplo, no tengas que tributar. Es un gran paraíso fiscal. Además, EE UU no tiene acuerdo de intercambio de información tributaria con países como Argentina. Hemos aprobado una ley que exige a los bancos extranjeros que hacen negocios en EE UU que informen sobre los ingresos que reciben de norteamericanos, pero eso no es recíproco con otros países. Porque los bancos norteamericanos hacen grandes negocios atrayendo capitales fugados de Latinoamérica. Sería justo que los gobiernos latinoamericanos demanden a EE UU que también provea información sobre los contribuyentes latinoamericanos. n Esta entrevista fue hecha por Alejandro Rebossio y publicada originalmente en el diario español El País.

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Paraísos fiscales esconden fortunas

Tanto los países del norte como los del sur están viendo afectadas sus bases imponibles ante los millones de millones de dólares que se desvían hacia a territorios opacos. Luis Moreno

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a reciente sanción de la IRS norteamericana al Credit Suisse, tras descubrir que este banco suizo ayudó a sus clientes a evadir el pago de impuestos en Estados Unidos, renueva la preocupación sobre el dinero que está oculto en los paraísos fiscales y que daña la economías los Estados que no pueden gravarlos y a los países que dejan de percibir ingresos por la fuga de los capitales.

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Se ha estimado que los países en desarrollo pierden cerca de 10 veces sus ingresos procedentes de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como consecuencia de los flujos ilícitos financieros (es decir, por cada US$1 que se recibe como AOD, US$10 se van como flujo ilícito). Una de las organizaciones que ha desarrollado enormes esfuerzos para realizar estas estimaciones y poner a la luz estos mecanismos de fraude es la Global Financial Integrity [1]– que a su vez es miembro de una gran organización

mundial de organizaciones y gobiernos que luchan por transparentar la información financiera: La Coalición por la Transparencia Financiera. La Red de Justicia Fiscal de Latinoamérica y el Caribe, trabaja monitoreando estos datos. De acuerdo a investigaciones recientes, tanto la Colación por la Transparencia Financiera y la Global Financial Integrity estiman que los flujos ilícitos financieros asciende a 5.9 billones de US$ (entre 2002 y 2011) y de estos flujos el 64% corresponde a actividades

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“Se ha estimado que los países en desarrollo pierden cerca de 10 veces sus ingresos procedentes de la Ayuda Oficial al Desarrollo como consecuencia de los flujos ilícitos.” comerciales (entre las que se puede destacar la manipulación de precios de transferencia), 31% a la esfera criminal (lavado de activos, narcotráfico) y 5% a dinero corrupto (obtenido por gobernantes corruptos). Aunque parezca que todo esto es solo obra de los malos de la historia, hay que aclarar que muchas veces los gobiernos de turno tienen que ver en las acciones ilegales que permiten la elusión tributaria. Por ejemplo, las corporaciones y las grandes riquezas usan los vacios legales para socavar las bases tributarias de los países – que es a la vez uno de los principales mecanismos de financiación de políticas públicas-. Esto podría considerarse como una forma de corrupción legal. También podemos mencionar otras, como la permisividad que se tiene para el uso y abuso de mecanismos para esconder riquezas en los denominados paraísos fiscales. No es casualidad que Tax Justice Network[2] haya estimado que la riqueza escondida en paraísos Fiscales se estime entre 21 y 31 billones de dólares (el PBI de Japón y EEUU juntos) – de este monto US$ 2 billones corresponden a América Latina. Uno de los mecanismos que utilizan las corporaciones para evadir sus

obligaciones tributarias es la manipulación de precios de transferencia. Christian Aid estima ha estimado que los países en desarrollo pierden cada año unos US$160 mil millones como consecuencia de esta manipulación. La OMC señala que el 60% del comercio mundial se da entre la casa matriz y sus subsidiarias, es decir que mueven el dinero entre ellos para declarar menos ganancias y pagar menos impuestos, o lo que es peor, no pagar nada. Al límite de lo legal e ilegal Lo que es más grave aún, es que muchas de estas operaciones ilícitas, de evasión y elusión se dan bajo el consentimiento de los organismos de cooperación económica internacional, ya que a la fecha solo han implementado débiles normativas de regulación internacional. A esto hay que agregar que las corporaciones gastan miles de millones de dólares contratando buffets de abogados que se encargan de encontrar vacios legales en las legislaciones nacionales e internacionales – la denominada planificación fiscal agresiva- para así evitar el pago justo de sus obligaciones tributarias. A esto se suma las políticas de tratamiento preferencial de inversiones que los estados dan como exenciones para atracción de inversiones. Luchando contra un gigante Hay que destacar en este panorama de David contra Goliat la labor que hacen organizaciones de la sociedad civil internacional que trabajan en temas de justicia tributaria, como la Alianza Global para la justicia Fiscal, Tax Justice Network, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, por mencionar algunas, que promueven e impulsan recomendaciones para transparentar la información y avanzar hacia regulaciones efectivas de la tributación internacional que tiene un impacto directo en la tributación nacional contra la erosión

de la base tributaria. Algunos de los mecanismos que impulsan las organizaciones de la sociedad civil son la publicación de: • Reportes país por país”; para transparentar las cuentas contables de las corporaciones • Intercambio automático de información efectivo”; para sacar a luz el beneficiario efectivo detrás de las operaciones e identificar a los responsable de las conductas impunibles • Dotar de mayores capacidades y financiamiento a la gestión de la administración tributaria nacional”, y promover el debate político y la articulación de política en espacios de integración regional como UNASUR, SICA, CELAC. Si bien parece que el problema afecta principalmente a los países del norte, una mirada de análisis revela que también América Latina pierde unos 2 billones de dólares, dinero que está alojado en paraísos fiscales, según Tax Justice Network. Entre los principales montos se tiene que Brasil aloja unos US$ 520 mil millones (que representa 1/5 de su PBI), México US$ 417 mil millones (3 veces el saldo de su deuda pública), Venezuela US$ 406 mil millones y Argentina 399 mil millones. En el caso de Perú se estima unos $ 8.1 mil millones de riqueza alojada en los centros de opacidad financiera. Solamente por operaciones de precios de transferencia entre 2007 y 2012 se ha estimado un movimiento de $370 mil millones (por operaciones que realizaron 22 grupos económicos) y que representa el 26% del PIB del Perú. Sin embargo durante 2013 solo se lograron auditar 27 casos que realizaron estas operaciones[3]. De haberse auditado el integro de operaciones, el estado peruano podría haber generado ingresos adicionales por unos $3 mil mill (84% del presupuesto público de educación). n

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La apuesta tributaria de Thomas Pikketty Cobrar más impuestos a las grandes fortunas permite luchar contra la alta concentración de las riquezas e implica una transparencia bancaria inexistente según el economista francés. Renaud Fossard

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on el libro “El Capitalismo en el siglo XXI”, el economista francés Thomas Piketty y sus equipos proporcionan un esfuerzo de investigación espectacular y transparente sobre la evolución del capital privado durante dos siglos en los países desarrollados. De ahí propone conclusiones sobre el papel de las desigualdades en la repartición de las riquezas, este “no man’s land” del pensamiento económico. Piketty confirma por lo menos dos viejas intuiciones del pueblo de izquierda: primero que el capitalismo no redistribuye las riquezas de manera natural, al contrario tiene una tendencia sistemática a concentrarse entre pocas manos y aumentar las desigualdades; después, que a largo plazo, éstas perjudican al crecimiento y entonces el Estado debe intervenir para limitarlas y permitir al crecimiento convertirse en óptimo. Capital patrimonial Con más precisión, Piketty identifica el “capital patrimonial” (es decir el patrimonio que no es inmobiliario sino financiero) de las grandes fortunas como principal herramienta de concentración del capital en la sociedad. Muestra que lo principal de los ingresos económicos de los multimillonarios no viene de sus sueldos sino de los frutos de su patrimonio invertido en

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capital financiero. Pues el sistema tributario clásico que solo grava los sueldos de las actividades profesionales y a veces el patrimonio inmobiliario, no alcanza estos ingresos económicos esenciales. Asimismo, en cuanto al impuesto a la sucesión, su efecto puntual sobre la herencia no es suficiente. Entonces sin impuesto sobre el capital financiero, las riquezas se acumulan de manera permanente entre las manos de los ya muy ricos, y el capital se concentra hasta niveles problemáticos para el crecimiento de la economía. En base a este diagnostico, Piketty propone sumar al sistema tributario un impuesto sobre el capital patrimonial que, siendo mundializa-

do, requiere un impuesto mundial. Transparencia contra multimillonarios Piketty precisa que tal impuesto sobre el capital tendría solo vocación a impedir la alta concentración, según él, es la fuente clave de las desigualdades, ya que tendría solo vocación a redistribuir las riquezas de una clase ‘restringida’ de aquellos que tienen cerca o más de mil millones de dólares. En cambio, no apunta a otro grupo también importante con montos de dinero de pequeños y medianos millonarios que tienen entre 10 y 100 millones de dólares. Sobre esta base imponible restringida, los montos recaudados no serían lo suficientemente elevados para los grandes desafíos macroeconómicos que enfrenta

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el mundo. La propuesta de Piketty de impuesto mundial sobre las grandes fortunas no tiene vocación de financiar las políticas públicas del Estado de bienestar ya que su enfoque se limita solo a regular la alta concentración del capital, algo reconocido por el propio autor. Ahora bien, Piketty apunta acertadamente al gravamen de esas grandes fortunas que implica solucionar un problema central de la economía financiera globalizada contemporánea: la opacidad bancaria. Piketty señala que los dirigentes políticos actuales no tienen manera de saber donde se encuentra este capital patrimonial y que se tendrá que llamar al intercambio de información bancaria entre países, y en particular con los paraísos fiscales, para conseguir el conocimiento necesario para luego gravar las grandes fortunas. Precisa con razón que este intercambio de información, para ser eficiente, debe incluir la información sobre los beneficiarios reales y finales del patrimonio, que casi siempre se esconden detrás de estructuras de fachada como los trust y fideicomisos. Añade que tal intercambio de información ya no puede ser previa petición, sino automático: que los Estados envíen a sus pares información relevante automáticamente desde que la tengan, toda la data bancaria sobre los extranjeros que viven en sus países. Lo que olvida Piketty Una investigación profunda de los flujos ilícitos internacionales indica claramente que las riquezas escondidas en los paraísos fiscales, y casi no incluidas en las estadísticas oficiales, llegan a montos significativos. Según el economista James S. Henry y la Tax Justice Network, hay entre 21 y 32 billones de dólares escondidos hoy en los paraísos fiscales, es decir el equivalente al PBI de los Estados Unidos y de Japón juntos. Y los flujos ilícitos anuales hacia los paraísos fiscales llegaban en 2008 a 1,26 billones de dólares según el Instituto Global Financial Integrity. Eso significa que si se toman en cuenta los montos más realistas de las rique-

zas escondidas en los paraísos fiscales, sube significativamente la desigualdad en la repartición del capital y cambian los indicadores de desigualdad. De hecho, recién Piketty acaba de reconocer que sus “estimaciones sobre la concentración de riqueza no toman suficientemente en cuenta la riqueza offshore, y estén probablemente errando por defecto”. Tomando en cuenta que tal elusión tributaria se hace a través de la manipulación de los flujos comerciales intra-firmas (transacciones entre subsidiarias hermanas de la misma transnacional) que representan más de 60 por ciento del comercio internacional, y que más de la mitad del comercio mundial pasa por los paraísos fiscales, se dibuja una idea de la magnitud del fenómeno de los flujos ilícitos generados por las transnacionales en la economía mundial, y eso tiene varias consecuencias. Opacidad financiera La primera consecuencia: la opacidad financiera no permite solamente esconder la información sobre las grandes fortunas mundiales sino sobre todo impide tener una vista correcta de los flujos financieros del sector privado internacional que constituye la mayor parte de la economía globalizada de hoy. Ahora, con la transparencia no solo bancaria sino financiera, o sea más amplia, analizando las cuentas de todas las empresas multinacionales, las organizaciones internacionales y los ministerios de Finanzas del mundo podrían conocer hechos bastante extraños de la economía mundial. ¿Cómo es que la misma UNCTAD puede llegar a decir que en cinco pequeñas islas (7) que representan juntos el 1 por ciento del PBI mundial y el 0,27 de la humanidad, está la fuente del 71 por ciento de las inversiones en China y pesan 1,7 más que los Estados Unidos en términos de inversiones extranjeras? ¿Sabían ustedes que hace una década que la Isla Mauricio es el primer inversionista en India, y que la Isla de Jersey, en el mar frió al lado del Reino Unido, es el

primer exportador de banana a Europa? ¿Será cierto que las Islas Caimán, con sus 45 mil habitantes, es el primer acogedor de hedge funds (fondos de cobertura) del mundo? ¿Y que en un edificio allá están las sedes de más de 12 mil empresas? La composición de los flujos ilícitos internacionales nos dicen que los desafíos de transparencia van más allá del tema de las grandes fortunas y del sector bancario. Es toda la economía financiera internacional empujada por el sector empresarial multinacional que se tiene que poner a la luz para realmente estar en la capacidad de pensar e implementar políticas de regulación. Gravar grandes empresas La otra consecuencia del papel mayor de las riquezas escondidas en la desigualdad – y del papel central de las empresas transnacionales en los flujos ilícitos – es tributaria. Piketty muestra que sin un impuesto sobre el capital patrimonial no se puede captar la renta real de las grandes fortunas. Pero hay una base imponible que los Estados son incapaces de realmente alcanzar: la de las ganancias de las empresas transnacionales que se evapora en los paraísos fiscales. Si más de la mitad de los enormes flujos ilícitos vienen de la manipulación de los precios intra-firma con el fin de eludir tributos, ¿cuánto pierden los Estados del mundo en recursos tributarios? La ONG internacional Christian Aid estima que los países en desarrollo pierden 160 mil de millones cada año solamente a través la manipulación de los precios de transferencia. Además es importante notar que la evasión y la elusión tributaria de las grandes empresas explica el enriquecimiento personal indebido no solo de un puñado de “ricos extremos” sino de una clase mucho más amplia de ricos y muy ricos que se encuentran dirigiendo las mismas empresas gracias a sueldos extravagantes, en el conjunto de los trabajadores de la industria financiera hoy entregada a la “planificación tributaria”, y por fin, naturalmente a los grupos de accionistas de las

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transnacionales que cobran dividendos mucha más altos aún. Transparencia contable La opacidad que permite a las empresas transnacionales eludir sus ganancias viene de las reglas de contabilidad internacional. Tal como el impuesto sobre las grandes fortunas necesita la transparencia bancaria internacional a través del intercambio automático de información, el impuesto sobre la renta de las transnacionales necesita además de la transparencia contable a través del reporte sobre sus actividades en cada país donde opera. En efecto, la manipulación de los precios de transferencia permite a las grandes corporaciones trasladar en su contabilidad – o sea sobre el papel – sus ganancias a sus subsidiarias radicadas en paraísos fiscales, donde se paga poco o nada en impuestos, y también concentrar los costos en las subsidiarias donde se genera realmente la riqueza y donde el Estado grava normalmente a sus contribuyentes. De ahí resulta por la transnacional un tipo de gravamen muy bajo a nivel global, basado en un esquema contable totalmente diferente de la realidad económica pero ampliamente legal. La transparencia contable país por país – cuánto se gana, cuándo se paga y algunas otras informaciones estratégicas – impediría las peores manipulaciones de los precios de transferencia. Terminar con el control de los precios de transferencia y pasar a un sistema de tasación unitaria donde los Estados establecen la base imponible adentro del negocio global de la transnacional – otro tipo de impuesto mundial al que propone Piketty y que es dirigido a las empresas – terminaría con la elusión tributaria. Sería bienvenida que la dinámica intelectual generada por la investigación estrella y las propuestas tributarias de Piketty conlleven también a la reflexión en los círculos económicos sobre el papel de los flujos ilícitos en la economía mundial, así como los caminos hacia la transparencia financiera y hacer que las multinacionales paguen su parte justa a los gobiernos. n

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“Lo central, es la justicia tributaria” Los periodistas Jean Merckaert y Jean Vettraino entrevistaron al autor del libro “Capitalismo del Siglo XXI”. Aquí un breve resumen.

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n “El Capital del siglo XXI”, Thomas Piketty sostiene y demuestra cómo los ricos se enriquecen más rápidamente que el resto de la sociedad. Él argumenta pidiendo la aplicación de un impuesto progresivo sobre las propiedades, el patrimonio. ¿Es posible hacer esto a la escala de país? ¿Sería realista realizarlo en paraísos fiscales? ¿Será esto aceptado por la sociedad? ¿Acaso será suficiente esto para combatir las desigualdades? Las respuestas van en exclusiva para la entrevista de la Revista Proyecto – Revue Projet.

Usted describe cómo, excepto durante la época de auge de la post guerra, los ricos se hicieron ricos más rápido que el resto de la sociedad. ¿Es esa una tendencia inevitable? Thomas Piketty – Mi trabajo consiste principalmente en colocar estas tendencias y fuerzas –que son múltiples y contradictorias– en una perspectiva histórica y comparativa. Luego de observar cómo entre los años 1913 y 1948 en los Estados Unidos, el economista Simon Kuznets hizo visible una compresión significativa de las desigualdades en los ingresos. Muchos llega-

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ron a la conclusión que el crecimiento terminaría por ir a la par con la reducción de las desigualdades y así los economistas dejaron de trabajar en este campo de investigación. Con Emmanuel Saez se prolongó la curva (en U) y a Kuznets se le mostró cómo en los años 1990 la desigualdad en los EE.UU. había recuperado el nivel que tenía a principios del Siglo XX. Marx predijo una tendencia a la baja en el rendimiento de la rentabilidad del capital. Esta medición del ritmo indica la tasa y frecuencia en relación al capital por un año: (un departamento de 100 000 euros, que reporta unos € 4000 por año, equivale a = 4%). Ahora que, visto como lo describo en mi libro, entonces la predicción de Marx resulta errónea. El retorno puro sobre el capital, sin considerar periodos de guerra, sigue siendo 3 o 4% por año en la actualidad, al igual que en los siglos XVIII y XIX. Y no hay ninguna razón por la cual se derrumbaría con la acumulación. Inclusive si pudiésemos volver a meter al genio de la desregulación financiera en su lamparita, ello no afectaría significativamente, esa superioridad de rendimiento del capital (R) sobre la tasa de crecimiento (G). En las sociedades preindustriales, el crecimiento anual fue del 0%, y en algunos casos inferior al 0,1% por año. Incluso en el siglo XIX, a pesar de todas las innovaciones técnicas, crecia entre 1% y 1.5%. La renta de los terrenos, llegaba a ser entre 4 y 5% anual. Esto fue lo que permitió a un grupo de propietarios vivir de sus rentas o propiedades y a dedicarse a otras actividades que no eran para la propia subsistencia: las artes, la ciencia, la guerra, el gobierno, la religión… De alguna manera, esta realidad del (R> L) traumatizaría a las sociedades -con el problema de la usura especulativa: ¿puede el dinero hacer dinero?– pues, es que resulta que en sí, constituye una de sus bases. En la filosofía cristiana de ese entonces fue eliminada la usura, sin embargo se mantuvo la renta de propiedad de la tie-

“La carencia de límites a la acumulación dio lugar, a fines del siglo XIX a soluciones radicales. El desafío de hoy es responder con medios más pacíficos que las guerras, usando vías más eficientes que el comunismo.” rra. Si bien se desconfiaba de algunos tipos de capital, principalmente de los capitales financieros (por el miedo a no poderlos controlar), pero no se tomaba precauciones del rendimiento de la tierra (ella, la tierra, “no miente!”). Parecía ser natural que la tierra ofreciera una renta vitalicia, y que ella permitiera a los poseedores de tierras, vivir sin trabajar. En todas las novelas de Jane Austen y en las de Balzac, el rendimiento del capital resulta ser de alrededor de entre 3 o 4% por ciento anual y llegaba hasta a un 6 o 7% para los más arriesgados. En una sociedad en la que ya no tenemos niños, o en la que la tasa de población disminuye, la riqueza acumulada toma una considerable gran importancia. Ciertamente, no se trata de destino. Tal vez tengamos tantos niños y la innovación técnica sea tan avanzada –limpia y no contaminante– que en el año 2050 nos reencontramos con un crecimiento del 4 al 5% por año… Pero haríamos bien en preparar otras soluciones! ¿El hecho constatado es un caso muy diferente en los países del “Sur”? Thomas Piketty – La desconexión entre el rendimiento patrimonial de alto nivel y la tasa de crecimiento es lo que

ya se puede constatar ahora a nivel global. Incluso si colocamos allí entre ellos a China, el producto interno bruto [PIB] global, no aumenta su promedio anual de 3,3% según vemos en los últimos treinta años (la mitad, debido al hecho de haber un crecimiento de la población). El ingreso promedio crece a nivel global, en un 1,5 o un 2% por año. China ya se debe enfrentar a concentraciones muy altas de patrimonio. Por ahora, al igual que Rusia, está abordando esta situación al ir regulando caso por caso, descartando a uno que otro oligarca. Pero, ¿es esto acaso sostenible en el largo plazo? ¿es posible que China llegue a desarrollarse más rápidamente que Europa o que los Estados Unidos, instaurando algún tipo de regulación adaptada al capitalismo patrimonial del siglo XXI?. Pues se está debatiendo seriamente la introducción de impuestos para ser aplicados a la propiedad y al patrimonio. La carencia de límites a la acumulación dio lugar, a fines del siglo XIX, a soluciones radicales. El desafío de hoy es responder con medios más pacíficos que las guerras, usando vías más eficientes que el comunismo. Los impuestos, lo fiscal resulta ser tan diferente de país en país y en distintos períodos, ¿se ha logrado acaso tener un impacto significativo en la redistribución de los ingresos y de la riqueza? Thomas Piketty – Los instrumentos fiscales son un mecanismo para financiar y desarrollar proyectos para los conjuntos, para la necesidad común, para los bienes públicos, para la protección social, no para la educación, etc. A lo largo de la historia, el tema del impuesto justo –es decir lograr éxito en ponerse de acuerdo en quién paga qué, y basándose en qué criterios– siempre ha sido el tema central, colocado en el corazón del conflicto político. La combinación de estos dos tipos

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de impuesto ¿nos conduciría acaso a una realidad de menor desigualdad? Thomas Piketty – Ambas formas de impuestos ya han jugado un papel en la reducción de las desigualdades en el siglo XIX. Para el futuro, lo que propongo, es combinar el impuesto sobre la renta con el impuesto progresivo sobre la riqueza heredada, la herencia, es decir el patrimonial predominante del siglo XX, pero además con una tercera forma, la cual es: el impuesto progresivo sobre el patrimonio, que diseñado sobre una base anual, algo parecida al impuesto sobre la propiedad o al impuesto sobre el patrimonio que se aplica en Francia, y que se comportaría de una manera más armonizada. El impuesto sobre el patrimonio, creado en 1980-1990, es más moderno, ya que toma en cuenta los diferentes tipos de activos financieros. Pero está plagado de lagunas y nichos fiscales, y además es muy difícil de operar en vista de la ausencia de una visión global del patrimonio y de los formularios de declaración patrimonial que están pre-llenados. ¿Es acaso normal que, como sucede actualmente, esperemos que Bill Gates o que Warren Buffett transfieran su herencia para que el sistema de impuestos recaude una contribución? Es a la inversa, cuando se recibe una sucesión o herencia, no es necesariamente adecuado que en ese momento se concentren toda clase de impuestos, hasta viendo esa justificación a partir de razones psicológicas, y luego también por razones económicas: es que no sabemos cómo evolucionará el desempeño de cada patrimonio. ¿Quién hubiese imaginado que un departamento parisino que fue heredado en 1972, y que se evaluó en 100,000 euros, llegaría a ser de un valor de millones de dólares en la actualidad y que produciría alquileres mensuales equivalentes a cinco veces el salario mínimo?

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En lugar de gravar fuertemente este legado en 1972 y luego no imponerle ningún impuesto durante cuarenta años, en realidad tendría mucho más sentido tratar de gravar en el momento de la transferencia de los activos una parte y luego gravar al dueño a lo largo de su vida. Las desigualdades llevan al modelo patrimonial actual (por lo tanto a la herencia), incluso más aún que a los ingresos. Pero ¿es acaso el impuesto sobre el patrimonio, incluido el de las herencias lo que quiere la sociedad? Thomas Piketty – Es perfectamente legítimo que la gente tenga miedo a tener que pagar impuestos por haber logrado acumular. Debemos tomar en serio estos temores y responder con un debate adecuado, para ello tenemos que hacerlo del modo más democrático y transparente posible. En el 2007, Nicolás Sarkozy, llegó a utilizar este sentimiento positivo de muchos franceses para lograr una reducción del impuesto a las sucesiones a fin de exonerar rentas de 1,5 o 2 millones de dólares… Todo padre podría utilizar esta estimación por cada niño en seis años, por hasta cinco veces durante el transcurso de su vida. Esta medida fue enmendada en el 2012, pues realmente le costaba demasiado caro al Estado. Con demasiada frecuencia se niega el acceso a las cifras en detalle. Y bueno, esta es la conclusión de mi libro, “la negativa a contar rara vez juega a favor de los más pobres.” Desde hace treinta y cinco años, las fortunas se han vuelto muy móviles. El sistema tributario, que se basa principalmente en los flujos, ¿es acaso capaz de corregir estas desigualdades si consideramos que más bien ha sido pensado a una escala de nivel nacional? Thomas Piketty – Las cosas sí son posibles a nivel nacional, por ejemplo

lo de cómo hacer una fiscalidad más progresiva sobre el patrimonio neto de préstamos sin que de pronto las propiedades secundarias tomen mañana mismo el siguiente tren matutino del Eurostar! Pero para ir más allá en lo que se refiere a la posibilidad de aplicarlos con progresividad a escala de las más altas riquezas financieras, se necesitaría una verdadera cooperación, a nivel de los europeos. De lo contrario, la capacidad de elevar los impuestos en países de Europa sería más difícil y la posibilidad más limitada. Esto es aún más real cuando hablamos del impuesto a las sociedades y empresas pues están rodeadas de manera muy contundente por las multinacionales. Hoy en día existen dieciocho impuestos diferentes para las empresas dentro de la zona del euro, es así pues como está completamente integrada desde el punto de vista económico, sabiendo que es así pues como todas las grandes compañías si pueden transferir fácilmente sus beneficios de un país al otro, decidiendo entre sí y en función del interés fiscal que se aplique. ¿Cuál es el rol de las empresas en su tríptico de los principales tipos de aplicación de impuestos? Thomas Piketty – Ellas son una de las ramificaciones. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre las ganancias de las empresas, este es de una forma un tipo de tributación a los ingresos corrientes. Este método de retención, es un impuesto a las fuentes del beneficio que perciben las sociedades en el momento en que tiene ganancias, este sigue siendo un elemento importante del sistema ideal que acá les describo. Pero en detalle, un sistema tributario justo debería desde el principio depender del nivel de los ingresos y del patrimonio y riqueza, y partir de una reflexión sobre el impuesto progresivo a nivel individual. n

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Intercambio Automático para la transparencia La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de precisar su nuevo estándar de intercambio automático de información tributaria.

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i seis meses después de haber fijado el nivel de transparencia exigido (información financiera para divulgar) en el Common Reporting Standard (CRS), la OCDE, junto a las administraciones tributarias del G-20 (OCDE extendido), dio a la luz el nuevo estándar de intercambio automático de información tributaria, que regulará dicho canje entre gobiernos. El nuevo estándar precisa puntos clave del CRS, teniendo en cuenta que más de cuarenta países se comprometieron a implementarlo desde julio del 2017 (otros veinte no aceptaron plazos). Sin embargo, aún está abierto a comentarios hasta el 12 de septiembre de este año, pues deberá recibir el visto bueno de los ministros de finanzas del G-20 el 21 y 22 del mismo mes en la ciudad de Cairns, Australia. Decepción a la vista El nuevo estándar debió permitir que las administraciones tributarias (AT) consigan la información sobre el estado bancario, intereses, dividendos, seguro de vida y ganancias de las personas naturales o entidades financieras, incluido fideicomisos (trust) y fundaciones. Sobre todo, la inclusión de fideicomisos era necesaria, porque si no se conoce el

beneficiario real, no se puede enviar la información a la autoridad tributaria respectiva. Si bien la primera versión del CRS los incluía, en el nuevo estándar hay una “falla” crítica referente a la definición de propiedad de las entidades financieras. Al poner un límite demasiado alto a la propiedad exonerada de reporte (25%), se mantienen grandes espacios para esconder sus riquezas en empresas fantasmas. Ni siquiera se siguió el criterio de la ley estadounidense FATCA, que limita a 10% la propiedad exonerada de reporte. “Se confirma que la transparencia bancaria será limitada al interés de las administraciones tributarias. Los flujos ilícitos que circulan en los territorios secretos investigados por otros actores como los medios de información o la sociedad civil, no serán considerados.” Segundo, se confirma que la transparencia bancaria será limitada al interés de las administraciones tributarias. Los flujos ilícitos que circulan en los territorios secretos investigados por otros actores como los medios de información o la sociedad civil, no serán considerados. Finalmente, los requerimientos en cuanto a las normas de confi-

dencialidad que deben ofrecer los países que se involucran en el modelo de la OCDE extendida, seguirán estando por encima de las capacidades inmediatas de la mayoría de los países en desarrollo. Lo malo de ello es que las administraciones que no pueden cumplir materialmente con el estándar, se quedarán fuera del intercambio, pues no hay un periodo de adaptación previsto. Acuerdo de pocos Por los países en desarrollo, un acuerdo multilateral es necesario no solamente para evitar numerosas negociaciones políticas bilaterales, sino para conseguir el intercambio de información con los centros financieros opacos. En tal sentido, si bien la OCDE extendida dibujó un acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (“Multilateral CAA” por Competent Authority Agreement), establece que cualquier país pueda rechazar el compromiso de manera bilateral, o sea con los países que quiera. Como bien dice la Tax Justice Network, “dado el fuerte aumento de los activos en los países emergentes bajo gestión de banco privados en el norte, parece una estrategia para excluir a los países en desarrollo del estándar“. n

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OMC, facilitación del comercio y tributos La Organización Mundial del Comercio – OMC, en su novena Conferencia Ministerial, adoptó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio Internacional, a pesar del rechazo de varias organizaciones de la sociedad civil. Dao Real

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l punto de rechazo a este Acuerdo es que marca una desviación para el recupero de la hegemonía de la OMC en relación a la disciplina de comercio internacional y se está considerando el desbloqueo de las negociaciones multilaterales internacionales. Al menos desde finales de 2012, fuertemente influido por la crisis financiera internacional, los líderes del G-20 han estado discutiendo y debatiendo en reiteradas ocasiones el fenómeno de la “erosión de las bases imponibles” en los países, sobre todo los países en desarrollo, que surge en gran medida por la exagerada desregulación del comercio internacional y de los flujos financieros, que se profundizó con la globalización de la economía en los últimos 30 años, así como sus efectos en la reducción de la capacidad de los Estados de hacer frente a las crisis. Se estima que las grandes empresas multinacionales no pagan más del 5% de impuestos sobre la renta en los países en los que realizan sus operaciones, ya que pueden, desde esta nueva arquitectura económica mundial, definir la más adecuada ubicación para sus beneficios y costos operativos, beneficios en paraísos fiscales y costos en los países en desarrollo.

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Precios de transferencia Entre los diversos focos de discusión llamamos la atención sobre las propuestas de revisión de las normas sobre precios de transferencia, las propuestas de intercambio automático de información fiscal entre las administraciones tributarias y las propuestas para aumentar la transparencia de las cuentas corporativas de las empresas y las instituciones financieras.

Es en este contexto que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio fue discutido y aprobado. Por un lado, el comercio internacional se percibe como uno de los instrumentos utilizados por las multinacionales para promover la planificación fiscal agresiva contra los intereses de los países. Por otro, se reafirma como esencial para el desarrollo de la actividad de los países, con la imposición a los Estados nacionales

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de la obligación de promover acciones concretas con miras a su facilitación, o de reducir su poder de interferencia sobre los flujos. Antes de analizar el propio acuerdo, debemos rescatar a algunos de los argumentos de las organizaciones sociales que lo criticaban. Más de 150 organizaciones firmaron un documento instando a la OMC a abandonar las negociaciones de este sobre la base de que los países en desarrollo no pueden renunciar a tener un margen de maniobra suficiente, si lo desean, o de establecer niveles estándar de procedimientos aduaneros cuando son capaces de hacerlo. Además, hacían advertencia de los puntos importantes que se deben considerar, como: (I) Que no había evidencia empírica de los beneficios para los países en desarrollo; (II) que el Acuerdo debia llamarse acuerdo de facilitación de las importaciones, dada la asimetría de intereses y condiciones entre los países desarrollados y los países en desarrollo; (III) que sería un modelo promocionado más por los intereses corporativos que por el interés público de los países involucrados, creando un espacio para la externalización y la privatización de las aduanas; y (IV) que el Acuerdo va promover la mitigación del espacio de regulación y formulación de las políticas nacionales. En este sentido, es relevante presentar los argumentos de Alioune Niang, en su artículo “Acuerdo sobre la facilitación del comercio: quiénes serán los beneficiarios?”, en el que señala que el acuerdo propuesto beneficiaría a los países más desarrollados que a los países en desarrollo o menos adelantados. Según el autor, las reformas propuestas son orientadas a la simplificación y la armonización de la legislación aduanera, con el fin de permitir presentación de documentos, facilidades adicionales a los operadores certificados, el pago aplazado de impuestos, la reducción de los controles físicos, la entrega anticipada, etc, medidas para eliminar los obstáculos que enfrentan los países desarrollados en

sus exportaciones. “En efecto, mientras que los países desarrollados se enfrentan a dificultades asociadas con el exceso de burocracia y la lentitud de los procedimientos en la exportación o importación de productos por operaciones de los PMA, los obstáculos que enfrentan estos últimos no fueran tratados por el acuerdo. En efecto, los obstáculos que los países menos adelantados y los países en desarrollo enfrentan al tratar de acceder a los mercados de los países desarrollados están relacionadas con las normas cada vez más estrictas sanitarias y fitosanitarias, que se centran en la calidad del producto, y no en aspectos como la falta de infraestructura calidad y cualificada en el personal de la administración“. Cadenas Globales de Valor También con el fin de discutir los objetivos reales del Acuerdo de Facilitación, el investigador brasileño Renato Baumann sostiene que el tipo predominante de comercio internacional en la actualidad, en que prevalecen las llamadas “Cadenas Globales de Valor – CGV”, que se caracterizan por la distribuicion de las actividades de los sectores de fabricación, de una sola compañía, en muchos países, la intensificación de la transferencia de insumos y bienes a través de fronteras, ha producido muchos cuestionamiento sobre la eficacia e incluso la existencia misma de la OMC como la conocemos hoy. Analizando la situación de la economía brasileña, el investigador señala que “con un parque industrial relativamente diversificado, pero que viene perdiendo competitividad de manera sistemática en los últimos años; y que participa poco en estas CGV, la posibilidad de que los miembros de la OMC pongan prioridad a estas nuevas condiciones del comercio internacional debria ser muy preocupante. Es decir, el autor está alerta en el sentido de que los países cuyas economías no son suficientemente internacionalizadas, tienden a perder con un acuerdo de facilitación del comercio, que venga favorecer esta concepción de

comercio internacional. Sin embargo, se sabe que el comercio internacional se ha usado como herramienta para la transferencia de beneficios a paraísos fiscales a través de la manipulación de precios de transferencia y el conocimiento de la información en los países implicados es clave para combatir la erosión de las bases imponibles. La ratificación presente en el Acuerdo, de proteger el secreto y la confidencialidad, así como restricciones para el uso de la información obtenida a través del intercambio con fines de control aduanero, son dispositivos que, bajo el pretexto de facilitar el comercio, con el tiempo facilitarán su uso para la evasión fiscal. Si la regla fundamental del Acuerdo, consagrado en varios dispositivos, es anticipar o postergar los servicios de controles aduaneros para no interferir en los flujos y de eliminar procedimientos irrelevantes a fin de agilizar y simplificar el levante de las mercancías, lo que aumenta el flujo del comercio, también deberían haber avanzado la posibilidad de implementar el flujo único y automático de información entre las aduanas para identificar rápidamente las discrepancias entre datos declarados a la aduana de partida y de destino de la misma transacción. Al parecer, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio Internacional promoverá una reducción de los costos de operación para importadores y exportadores. Sin embargo, no hay garantía de que los beneficios serán distribuidos en forma equilibrada y simétrica entre países. Lo más probable es que los importadores en los paises en desarrollo y los exportadores de los países desarrollados son los principales beneficiarios en los primeros momentos, ya que los elementos que más dificultan la exportación de los países en desarrollo y los PMA, en gran medida basadas en productos primarios, tienen menos relacion con las estructuras de los servicios aduaneros de los paies importadores y más con las políticas de protección que predominan en los países centrales. n

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Política fiscal para salir del extractivismo Latinoamérica ahondó, en la última década, en el modelo extractivista, apostando a una gran recaudación tributaria. Ahora es tiempo de usar la herramienta fiscal para revertir esta situación. Aldo Caliari

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ualquier evaluación de propuestas políticas para vincular el comercio con la creación de capital nacional en América Latina, tiene que considerar la composición de las exportaciones de la región, que de acuerdo a mediciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), continua siendo tan dependiente de la extracción de los recursos naturales -en promediocomo lo era hace cuarenta años. Solo así se puede examinar adecuadamente un dato reciente de los investigadores de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL): los recursos fiscales provenientes de la extracción de recursos naturales han crecido en importancia en el total de la recaudación tributaria en todos los países de la región que se especializan en esta actividad. Y si bien, en alguna medida, tales incrementos en la recaudación se deben al aumento de los precios de las materias primas, podemos afirmar que ello constituye un balance

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al modelo exportador extractivista con derrame mínimo hacia la economía local. Recaudación y diversificación El impacto de la Gran Recesión de 2008-2009 abrió la puerta para un estudio más avanzado del papel que podría jugar la recaudación impositiva en el caso de las materias primas, en una agenda para la transformación productiva de la región. Uno de los aspectos que la crisis puso de manifiesto fue la importancia que el comercio reviste como factor de transmisión de shocks. Pero lo más importante es que evidenció la vulnerabilidad de la estructura comercial de los países en desarrollo -incluidos America Latina y El Caribe- debido fundamentalmente a la falta de diversificación de productos. Esto apunta a que la diversificación productiva no es secundaria en la agenda de transformación económica, sino que es inescindible de la misma. Porque la necesidad de diversificar la estructura productiva no debe desasociarse

de la necesidad de contar con un contexto macroeconómico y financiero que la facilite. Es desde esta perspectiva, que los altos precios de las materias primas, en un contexto de alta dependencia en las mismas, puede representar una amenaza. Es que los flujos de capitales a sectores con alta exportación de recursos naturales, puede llevar a apreciaciones cambiarias que ahoguen a otros sectores al encarecer sus costos de producción. La tributación se convierte entonces, en un instrumento absolutamente necesario para incidir en los precios relativos, a través de la modificación de las tasas de ganancia relativas entre sectores, apoyando a que la inversión se dirija a sectores no tradicionales de la economía. El mercado no lo hace solo Los retornos a la inversión privada extranjera podrían, en algunos casos, reinvertirse en el país anfitrión; pero dejar tal reinversión a las dinámicas de mercado, tiende a aumentar los desequilibrios existentes.

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Porque en situaciones de precios altos de los recursos naturales, la concentración de la producción en tal sector se ve exacerbada. Por ello, con el fin de tener un comercio más diversificado, primero que nada hay que tener una inversión más diversificada. Y eso no va a ocurrir si se espera que la inversión en sectores más diversos sobrevenga en base al libre juego de oferta y demanda. Esta conclusión se hace más evidente, al ver los patrones de globalización de la economía actual. Junto con la movilidad de los flujos de capitales, la globalización ha provocado un aumento de la importancia del ítem “pago neto de factores” en la cuenta corriente de los países. Eso refleja la mayor trascendencia que los retornos sobre la inversión y el pago de deuda tienen en la cuenta corriente. Pero también apoya la idea de que las decisiones sobre inversión, son de extrema importancia para determinar los flujos comerciales y, por ende, en los patrones de comercio sobrevinientes.

Es interesante notar que el renovado interés por la importancia de la política tributaria como herramienta de diversificación parece estar ganando espacio en la agenda internacional. La postura del G20 Un reciente informe del Grupo de los 20, cuya redacción estuvo liderada por Indonesia y el Reino Unido, se enfocó en los impactos macroeconómicos de la excesiva volatilidad de los precios de las materias primas. El informe menciona que la excesiva volatilidad crea incertidumbre sobre los precios futuros, y complica el planeamiento e inversión de largo plazo lo que lleva a que (países) productores y consumidores de materias primas inviertan por debajo de lo necesario en activos físicos que apoyan el crecimiento. Al analizar las respuestas con que se podría hacer frente a la volatilidad, el informe dice que al considerar políticas fiscales y/o regulatorias, los países podrían también medir el impacto potencial sobre inversiones en la producción. La explotación de los recursos podría ser

maximizada por un régimen fiscal que reconozca la evolución de las inversiones requeridas y el balance entre riesgo y beneficio, para recursos nuevos, establecidos y maduros, o en vías de agotamiento. Debate regional Una declaración de gobiernos de América Latina y el Caribe frente a los impactos comerciales de la crisis formulada en el 2009 avaló de hecho tales políticas: a nivel nacional, los países en desarrollo deberían diversificar sus actividades productivas, lo que incrementaría el rendimiento y la productividad. Para tal propósito, podrían apoyarse en una estrategia de “fijar mal los precios”, es decir, manipular los precios de los productos básicos en relación con otros productos, por ejemplo, a través herramientas monetarias, cambiarias y fiscales. Comenzar a ver las políticas tributarias en su dimensión de factores de conversión productiva es el primer paso en una tarea que no debe esperar más. n

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Riesgos fiscales APP Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son vendidas como la forma más eficiente para invertir en infraestructura, energía salud o educación. Germán Alarco el impacto fiscal de las APP.

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ientras se sofistican las modalidades de APP en las diferentes economías de la región, no se observa un avance similar en sus mecanismos de gestión. En muchos países aumenta su presencia pero la información de los proyectos sigue siendo limitada. No hay criterios homogéneos para el registro y valuación de los pasivos contingentes. No se establecen balances de los elementos positivos y negativos. Tampoco se ubican evaluaciones ex post por proyectos para establecer enseñanzas de cómo gestionar eficaz y eficientemente las APP en América Latina. En el tema de las APP dominan las perspectivas maniqueas. Sus defensores a ultranza insisten en promoverlas sin criterio analítico alguno. Para ellos, toda forma de evaluación ex ante es innecesaria. Son a su juicio maniobras que retrasan la inversión y el crecimiento económico. Son siempre superiores a la ejecución y operación como obra pública tradicional. En realidad sus planteamientos son ideológicos y en muchos casos interesados, ya que sólo les permitirían garantizar ganancias y minimizar los riesgos típicos de cualquier actividad empresarial. En el otro extremo están quienes piensan que las APP son innecesarias e inconvenientes, perdiendo la buena oportunidad de establecer una mejor vinculación entre el sector público y privado, mejorar la infraestructura y prestación de los servicios públicos y contribuir a regular las inversiones, la demanda y el producto. La posición intermedia existe pero es difícil de alcanzar. Hay que contar con cri-

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terios transparentes y precisos de evaluación ex ante de los proyectos de inversión. Se debe evitar la renegociación continua de contratos que genera alto riesgo moral. Los incentivos a sobre invertir y generar sobrecostos deben ser eliminados. Se deben diseñar sistemas que eviten el inmovilismo y que las ganancias de productividad sean aprovechadas exclusivamente por los titulares de los contratos. Hay que evitar que se reconcentre el ingreso a favor de unos pocos, se reduzca la función distributiva del Estado y en general disminuyan los márgenes de maniobra de los gobiernos. Es obvio que las APP implican mayores niveles de endeudamiento, pero hay que evitar que estos sean excesivos afectando a las generaciones futuras. La información disponible por país es

limitada, razón por la cual es complejo señalar el país de América Latina que cuenta con el mejor sistema de gestión de las APP. Parecen ser Colombia y Chile, los que cuentan con sólidos sistemas de evaluación de pasivos contingentes. Aunque les falta más información transparente y sistematizada. También adolecen de evaluaciones ex post de los proyectos ejecutados. Se requiere fortalecer el Estado para promover y gestionar mejor las APP. La primera oleada de proyectos APP está por terminar. Es momento para realizar los ajustes necesarios que permitan optimizarlas por el bien de todos. n Estudio completo disponible en: http://goo.gl/bwEpkn

LA RUTA FISCAL

Sobre los autores: Luis Moreno Economista peruano especializado en políticas tributarias. Es secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe. Dao Real Especialista brasileño en política fiscal y tributación. Dirige el Instituto de Justicia Fiscal de Brasil y miembro de la Red de Justicia Fiscal. Renaud Fossard Politólogo francés especializado en tributación internacional. Integra el equipo técnico de la Red Latinoa-

mericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd). Adelmo Sandino Economista nicaragüense, analista del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), donde es investigador de asuntos vinculados presupuesto público. Rene Martínez Analista boliviano de temas presupuestales y tributarios. Es especialista e investigador de la Fundación Jubileo Bolivia e integra la Red de Justicia Fiscal y Latindadd.

Aldo Caliari Abogado y economista argentino. Es director del proyecto Rethinking Bretton Woods del Center of Concern en Washington DC. Jorge Coronado Sociólogo costarricense, especializado en inversiones y fiscalidad. Es miembro de Latindadd y la Red de Justicia Fiscal. Jorge Espitia Economista colombiano. Magister en políticas públicas y hacienda, y catedrático universitario. t

La foto: Red de Justicia Fiscal

II Asamblea de La Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (Lima, 28 de agosto del 2013). 35

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