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eDITORIALeS | CARTAS

| Domingo 30 De marzo De 2014

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870 Número 1, Año 1 “la nacion será una tribuna de doctrina” Director: Bartolomé Mitre

El oxígeno de la democracia Una vez más, la Corte ordenó al Gobierno suministrar la información pública que requiere la ciudadanía para el efectivo control de los actos de los funcionarios

L

a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha vuelto a ordenar al gobierno nacional, en un fallo especialmente duro, que cumpla con su deber de permitir el acceso a la información pública, al que define como una necesidad de los ciudadanos y no como “una gracia o un favor del gobierno” de turno. En esta oportunidad, el alto tribunal resolvió en favor de un caso llevado adelante por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) como patrocinante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), entidad a la que el gobierno nacional había negado información sobre los padrones de beneficiarios de planes sociales, justificándose en que se trata de datos “sensibles” que afectan a grupos vulnerables. Ese argumento fue literalmente demolido por el fallo de la Corte, que entendió que la información solicitada está “vinculada a cuestiones públicas”, que “el acceso a esos datos posee un claro interés público, ya que para realizar un exhaustivo control social sobre el modo en que los funcionarios han asignado estos subsidios resulta necesario acceder al listado de los distintos beneficiarios”, y que tal información “no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la nación argentina”. La sentencia fue suscripta por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y por los jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Raúl Zaffaroni prefirió abstenerse. Entre las apreciaciones más contundentes están las de Argibay y Petracchi, quienes sostienen que “no es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario, haciéndolos accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas. La transparencia –no la opacidad– beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso. La ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de los fondos públicos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio [de Desarrollo Social de la Nación, al que se le había reclamado la información], sino de la sociedad toda”. Los jueces fueron todavía más allá de este caso particular al encomendar al Congreso la inmediata sanción de la ley de acceso a la información pública, proyecto que siempre ha encontrado férreas resistencias políticas. Un claro reflejo de esas trabas se verifica en la propia información pública que el Parlamento suele negar con bastante frecuencia a quienes se la reclaman o los escasos datos que muchas veces figuran en su página web sobre los gastos en los que incurren los legisladores con los dineros públicos. Se trata de otro retroceso significativo en materia de transparencia republicana, pues retacear o directamente negar esa información impide una lucha eficaz contra la corrupción. El propio oficialismo en el Gobierno viene trabando sistemáticamente y convirtiendo en una telaraña burocrática de nulos resultados al decreto de libre acceso a la información pública suscripto en 2004

por el entonces presidente Néstor Kirchner. No ha sido el caso de los planes sociales la primera vez que el Gobierno se niega a brindar información amparado en la “sensibilidad” de los datos. Hace poco más de un mes, un pedido de acceso a la información pública realizado por la nacion para que se difundieran los sueldos de la Presidenta y de sus ministros fue rechazado por la Secretaría General de la Presidencia por considerar esa información como “personal y sensible”. La airada reacción pública que provocó esa respuesta obligó al titular de esa dependencia, Oscar Parrilli, a pedir disculpas, tras lo cual se dieron a conocer los salarios de las personas requeridas. Esta misma Corte, en diciembre de 2012, ya había reconocido el derecho de todos los ciudadanos a acceder libremente a la información que está en poder del Estado, al condenar al PAMI a revelar la forma en la que distribuye la publicidad oficial entre los medios de prensa. En aquella oportunidad, la negativa del Gobierno a otro pedido de la ADC se había basado en que el organismo de los jubilados no es un ente estatal y que, por tanto, no correspondía informar sobre la cuestión. El máximo tribunal dijo entonces que, aun cuando el PAMI no sea un organismo estatal, resulta arbitraria la negativa a suministrar información, pues están involucrados importantes intereses públicos y que, para cumplir con los tratados internacionales en la materia, “el Estado no sólo debe permitir el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino en todos los órganos estatales, en todas sus ramas y niveles nacionales y locales; empresas del Estado, hospitales, instituciones privadas o de cualquier tipo que ejerzan funciones públicas”. Otro reciente fallo del más alto tribunal de la Nación obligó al Poder Ejecutivo a publicar el contrato que liga a la Televisión Pública con la productora responsable del programa televisivo 6,7,8. Cabe recordar que el derecho de acceso a la información pública está consagrado en la Constitución Nacional, en la Declaración de los Derechos del Hombre y en el Pacto de San José de Costa Rica, y que fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes. Por otra parte, aun hoy, y a pesar de incesantes reclamos, no se conocen los detalles del acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta. La propia Presidenta se ha manifestado molesta por los requerimientos judiciales para derribar ese secretismo antidemocrático y restrictivo del sistema republicano. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, el libre acceso a la información pública forma parte del sistema republicano de garantías del que disponen los ciudadanos para formar su opinión sobre el grado de transparencia ética con que los miembros del Gobierno cumplen el mandato que el pueblo les confiere mediante el voto. Y, como particularmente ha dicho la Corte en esta última sentencia, esa información es nada más y nada menos que el “oxígeno de la democracia”.

Integración de las personas con síndrome de Down

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l 21 de marzo pasado se celebró en todo el mundo el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. La Asociación Síndrome de Down (Asdra) de la República Argentina convocó a una reunión pública en Plaza Italia, para que la sociedad conozca y valore la importancia de la diferencia en la configuración de una sociedad integrada. Este esfuerzo por hacer visible el derecho a vivir con igualdad de oportunidades, vivir en una familia, ir a la escuela como otros niños, tener derecho al trabajo y al salario digno son todos logros por difundir y por internalizar por una sociedad que se pretenda inclusiva. La integración no es fácil: implica dejar de lado prejuicios que rigen nuestra forma de ser en el mundo; cambiar la escala de valores, y atreverse a ser creativos en la tarea de formar caracteres y transmitir la cultura. El advenimiento del hijo diferente es un golpe duro para la autoestima de los padres. Lo es también para los otros hijos, que afrontan con desconcierto la llegada de lo diferente, de aquel que causó el dolor y el llanto iniciales de los padres, y el temor y la inseguridad frente a la reacción de la sociedad ante un hijo con distintas capacidades. Por eso, el apoyo de las instituciones y del gobierno, de matrimonios o familias que han pasado por experiencias similares, y la difusión de la estimulación temprana, la contención psicológica son fundamentales para vivir con normalidad la experiencia de la llegada de la discapacidad a la

familia. Asdra ha sido un ejemplo en la materia. Cuando una persona que nace diferente descubre que es aceptada por su familia, no sólo evoluciona notablemente, sino que devuelve el ciento por uno. No hay integración sin aceptación, y aceptar la diferencia es un acto de amor y de aceptación. Y lo que se dice para las personas vale para la sociedad. La integración, en cualquiera de sus formas, demuestra cómo el retorno de la inversión amorosa es inmediato. La escuela integrada enseña a apreciar el valor que encierran las individualidades y qué es lo que subyace bajo la apariencia, y a los maestros los ayuda a entender que todos somos limitados en algo. En el trabajo, cualquier persona con síndrome de Down mejora desde el espíritu la actividad del conjunto. En lo deportivo, muestra por la sola presencia el profundo respeto que debemos tener por el otro y en lo religioso basta ver su participación en una ceremonia para que se refuerce la admiración ante el misterio de una comunicación que nos supera. La sociedad debe provocar el cambio que dé oportunidades a todos, especialmente a quienes, además de su diferencia, están marcados por la pobreza. Es necesario un compromiso real, sustentado no sólo en la legislación y en las políticas adecuadas, sino en su efectiva instrumentación. Que el recordatorio del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down marque el comienzo de una sociedad argentina más inclusiva.

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Carta de la semana

Desilusión Después de ver a la Presidenta en una nueva cadena nacional, distendida tras regresar de su viaje a Europa, supuse que tendría anuncios muy promisorios y esperanzadores para la Argentina. Escuché que los alfajores de tres tapas argentinos son pioneros en el mundo, que su madre y su hermana se compraron dos equipos de aire acondicionado y entre otras cosas que el tarifazo no es un tarifazo. Esperé ansiosa su visión y propuestas de soluciones sobre los terribles y acuciantes problemas que preocupan sobremanera a todos los argentinos: el narcotráfico,

Tarifazo y consumo Finalmente, el tarifazo está entre nosotros. El Gobierno lo presenta como una “reasignación de subsidios para impulsar el ahorro”, pero todos sabemos de qué se trata. Y este tarifazo, al igual que las moratorias impositivas, perjudicará al cumplidor y premiará al moroso. Bajo la máscara del “impulso al ahorro” se reducirán subsidios –aumentarán tarifas– en aquellos usuarios que mantengan o aumenten el consumo de gas en los próximos períodos, subsistiendo el beneficio para quienes logren reducirlo. Y aunque pretendan mostrarlo como una invitación al ahorro, esta medida nace con una grave injusticia en su matriz, omitida en el anuncio oficial. En efecto, aquel usuario que por su rechazo al despilfarro o por su estrecha situación económica haya utilizado la menor cantidad posible de gas, reduciendo su uso al extremo, se verá perjudicado con la medida dado que a partir de la fecha le resultará imposible reducir aún más su consumo, el aumento llegará fatalmente. En cambio, quien lo haya utilizado a discreción, sin límite alguno, bien podrá moderar su costumbre recibiendo así un premio para el cual no hizo méritos. Más justo habría sido un aumento para todos los usuarios en proporción al consumo. Claro que los aumentos deberán esperar al próximo gobierno. Juan Manuel Otero

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la inseguridad, la inflación, la educación casi inexistente para muchos niños en el país, tema que ni el ministro de Educación de la Nación, Sileoni (¿sigue siendo ministro?), tocó. Pero la espera fue en vano. De eso no habló. ¡Que desilusión! A cambio nos contó que se siente la madre de los argentinos. No necesitamos una madre. Por favor, sea y compórtese como la presidenta de la Nación. Eso necesitamos.

Inés Gallino

DNI 10.809.816

fermedades graves a soportar juicios en los que una multitud enardecida los insulta como si estuvieran en un circo romano, y a ser recluidos en penales no preparados para su atención médica, negándoles la prisión domiciliaria. Nadie en su sano juicio y con una opinión imparcial puede afirmar que estas situaciones son el resultado de la búsqueda de justicia, es a todas luces una política de venganza, donde lo que se persigue es causar el mayor sufrimiento posible al enemigo. Aquí se puede apreciar la hipocresía de la política de derechos humanos, para la cual determinados individuos no califican como seres humanos, y por lo tanto no pueden poseer los mismos derechos.

Flavio E. Sfulcini

DNI 25.007.696

Veterano de Malvinas El miércoles es el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas. Mi más sentido reconocimiento a quienes por servicio o vocación respondieron con coraje al llamado de la patria. A los caídos en Malvinas, a los que regresaron al territorio nacional, muchos de ellos oficiales que actualmente se encuentran detenidos en establecimientos penitenciarios del país, a todos ellos, héroes de Malvinas, gracias. Soldados de la patria, orgullo nacional. Lorena Domínguez Arbelaiz

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Para evitar el debate Es curioso ver cómo el gobierno nacional ha calificado de “conspiradores” a quienes describen la realidad, política y económica con objetividad. Los tilda también de confabuladores, y hasta de personas sin escrúpulos. De esta forma se oficializó la manera de evitar la discusión a través de la descalificación personal. Desde el Gobierno se apuesta al desprestigio, al descrédito, a la desautorización y a la inhabilitación del opinante, sin reparar en el contenido de la opinión. Es la ley de atajo, tan burda como tautológica.

Viajar en avión “Hoy los sectores de clase media baja pueden acceder a un viaje en avión” manifestó la Presidenta. Presentó ese hecho como algo auspicioso, cuando, en realidad, configura una flagrante injusticia social hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad, quienes, con sus impuestos, contribuyen a sostener una aerolínea deficitaria utilizada no por todos y, mucho menos, por esa clase social más castigada. Lo que representa para ellos un privilegio –el de poder utilizar ese medio de transporte– es,

DNI 21.614.450

Paz y reconciliación Urquiza, después de Caseros en 1852, y Lonardi, en 1955, pronunciaron la frase “ni vencedores ni vencidos”. Ninguno de los dos quiso aumentar la desdicha humana. Alfonsín y Menem tampoco quisieron aumentar los tonos oscuros del retrato de la Argentina y sancionaron leyes que dejaban atrás y en el olvido un período desdichado de nuestra historia, utilizando legítimamente todos los instrumentos constitucionales vigentes. Reflexionemos un instante y veamos el espíritu de concordia de estos hombres frente a otros que animados exclusivamente por el odio y la venganza sólo aspiran al castigo por el castigo mismo. ¿No habrá llegado el momento de la pacificación y reconciliación a través de una amnistía general? ¿No será oportuno rendir homenaje a todos los muertos sin analizar para qué lado luchaban? ¿No seremos capaces de imitar a España con los pactos de la Moncloa de 1977 o a la Sudáfrica de Nelson Mandela? ¿No podemos reemplazar la palabra castigo por concordia y pensar que la verdad completa sólo será posible sin la acción punitiva de la Justicia? Rafael Mariano Braga

DNI 8.447.824

En el artículo de Luis Alberto Romero del 24 de marzo se relata lo que para nosotros, familiares de presos políticos, es moneda corriente. Los derechos a la salud, a la educación y a un proceso justo, gozados por cualquier otro preso, son negados a los de “lesa humanidad”. Jueces, fiscales y querellantes someten a personas con un promedio de 70 años que padecen cáncer, Alzheimer, EPOC u otras en-

tal vez, algo que jamás en sus vidas puedan acceder. Algunos argumentarán que con los impuestos que pagan las clases más acomodadas se financian los subsidios de bienes y servicios al que acceden los sectores más humildes, lo cual no dejaría de estar ajustado a la realidad. Pero que, a su vez, es tan verdadero como que a la clase menos pudiente –que también contribuye con sus impuestos– es al sector que le llega la porción menor de la torta de subsidios, hecho que hace que cuando esas franjas sociales deban sostener con sus impuestos los privilegios de las más acomodadas, resulte ello una injusticia que resalta con tanta nitidez imposible de disimular con discursos que no describen toda la realidad. Alberto Pintos Morel

DNI 14.416.879

Atención al ciudadano Como es frecuente, en la actividad privada y pública se confunde atención con calidad de atención. También es el caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La nota referida a reclamos insólitos que éste recibe no es acertada ni oportuna. Conseguir con el 147 es un trabajo que demanda mucho tiempo y ninguna satisfacción. No es culpa, naturalmente, de los empleados del call center, que no son bien entrenados ni tienen recursos para solucionar los problemas ni insólitos ni disparatados de los contribuyentes –como sugiere dicha nota– y que, por supuesto, son la inmensa mayoría. Las veredas rotas, los semáforos que no funcionan o simplemente no están, la inactividad letárgica de la Policía Metropolitana, las bocinas feroces, no son tonterías. Pero, curiosamente, los reclamos no surten efecto, y hay que volver a hacerlos ad infinitum. En la dirección [email protected], anunciada alegremente por Michetti y Santilli, los mensajes rebotan como si fueran de goma. Lo insólito es esto, no el hecho de que haya un porcentaje reducido de reclamos extravagantes. Javier Romero Lóizaga [email protected]

Hugo López Carribero

Hipocresía TELÉFONO DE ATENCIÓN AL LECTOR

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En la Red Baja de subsidios Facebook

“Siempre la clase media termina pagando” Mónica Marcela Kannemann

“Esto frenará al egoísta que prende cinco aires en la casa aunque haga 23 grados, porque es barato... Ahora lo va a pensar dos veces” Daniel Landin

“Que usen nuestro dinero de la quita de subsidios para hospitales, escuelas, salitas de primeros auxilios, no para clientelismo barato regalando planes sociales. Que generen puestos de trabajo” Karina Ramone

“¿Hasta un 300% más en las facturas de agua y hasta un 400% más en las facturas de gas no es un aumento? Ah, no, “reasignación de subsidios”. Paula Radoviztki

La casa de Victoria En referencia a la carta titulada “Un ícono de San Isidro”, la lectora Rosa de la Fuente finaliza su carta diciendo: “Quienes amamos nuestro patrimonio cultural deseamos que, tal como lo querían las hermanas Ocampo, nunca pueda ser utilizada con fines políticos”. Sin embargo, en su carta expresa su alegría que la Secretaría de Cultura de la Nación rechazara hacerse cargo y que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (desde 1999), político, hijo de un político radical (intendente desde 1983 hasta 1999), ex aliado del Frente para la Victoria, de Pro y actual socio político de Massa, se haga cargo. Santiago Aranguren

DNI 31.649.763

Isleta Se informó que el gobierno porteño habría encontrado un lugar donde se colocarían “los mármoles” de Cristóbal Colón, figura histórica vilipendiada por un capricho banal y disparatado del Poder Ejecutivo de la Nación. El lugar encontrado, llamado superficialmente “isleta”, en el cruce de las avenidas Paseo Colón, Almirante Brown y Martín García, no es nada menos que la Plazoleta Carlos Di Sarli, que recuerda a uno de los tres más grandes directores de orquesta típica, junto con Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese. Fue creada por ordenanza municipal Nº 45591, publicada en el Boletín Municipal Nº 19205. Además, en la plazoleta existen monumentos dedicados a dos hijos dilectos de la “República de La Boca” como Juan de Dios Filiberto y Benito Quinquela Martín. Llama la atención que las autoridades del gobierno porteño desconozcan la denominación de esa “isleta” y los valores que allí se representan. Dr. Fernando Espiniella

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