INFORMACION GENERAL

Martes 16 de agosto de 2011

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MANIOBRA MILLONARIA s DECENAS DE JUICIOS Y CIENTOS DE ACUSADOS

Gran estafa con inmuebles en Córdoba Dentro del Registro de la Propiedad falsificaban los libros y asentaban nuevas escrituras con falsos dueños; hubo unos 3000 casos GUSTAVO CARABAJAL ENVIADO ESPECIAL CORDOBA.– Hace más de seis años inventaron un método para quitarles a sus dueños más de 3000 propiedades sin disparar ni un solo tiro. Arrancaban la hoja con el asiento dominial de un inmueble –un campo, un terreno o una casa– del protocolo del Registro General de la Provincia, metían uno falso, a nombre de un testaferro, volvían a coser el libro de actas y hacían una escritura falsa a nombre del nuevo titular. Así, por ejemplo, se apoderaron, en 2005, de un campo de 13.000 hectáreas en Lucio V. Mansilla, valuado en $ 2.000.000, y lo vendieron sin que sus legítimos dueños lo advirtieran. Según determinó la investigación judicial de lo que se denominó la “megacausa del Registro”, participaron de la maniobra escribanos, abogados y empresarios inmobiliarios, muchos de ellos integrantes de las familias más tradicionales de esta provincia, además de empleados de esa dependencia y obreros o desocupados que fueron utilizados como testaferros por la organización. Entre los detenidos por el caso está el ex director del Registro Jorge Belmaña Juárez. Durante los últimos doce meses, la Cámara en lo Criminal de X Nominación realizó 20 juicios contra 76 acusados de participar en esta millonaria defraudación. Hubo 74 condenados, entre los que figuran 10 escribanos que dieron fe de la autenticidad de registros de dominio que, en realidad, eran falsos. Integra también la lista de condenados uno de los empresarios inmobiliarios más importantes de Córdoba: José Rodolfo Sabagh. En diciembre, el tribunal integrado por los jueces Oscar Fernando Iglesias, Juan José Rojas Moresi y Ricardo Iriarte lo sentenció a cinco años de prisión. Como es mayor de 70 años, solicitó el arresto domiciliario. Según consta en el fallo al que tuvo acceso LA NACION, cuando uno de los fiscales le preguntó a Sabagh cuál era su patrimonio, el empresario respondió: “Cuarenta o cincuenta millones”. “¿De pesos?”, le repreguntó; “No, dólares”, cerró. Para condenar a Sabagh, los jueces consideraron agravante que “por su situación económica, muy lejos estaba de tener la necesidad de delinquir para vivir, siendo por el contrario que lo guiaba un fin de lucro y en la pirámide de mando ocupaba el más alto lugar y era el ideólogo de las maniobras”. En ese juicio fueron condenados 10 de los 12 imputados, entre ellos el escribano Eduardo Isaac Vinocur, con una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por seis para ejercer su profesión. Para el tribunal, el escribano fue culpable de haber declarado como verdadera “una operación de venta inexistente de derechos posesorios de un campo, de 78 hectáreas, donde se acreditaba falsamente a dos testaferros como los dueños de ese inmueble que, a su vez, se lo vendían a un tercero, que también integraba la organización”. Actualmente, los juicios por la “megacausa” siguen. Los jueces Iglesias, Rojas Moresi y Rodolfo Eduardo Cabanillas encabezan el debate contra siete imputados, entre los que figuran dos escribanos que mediante la misma metodología se apropiaron de un terreno de 15

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

El tribunal, en plena sesión en uno de los últimos juicios por la “megacausa del Registro de la Propiedad” hectáreas que planeaban vender al gobierno provincial en $ 2.500.000. “En la medida en que la Justicia lo requirió, se ha colaborado con la investigación”, explicó una de las autoridades del Colegio de Escribanos de Córdoba cuando LA NACION preguntó si existía preocupación en la institución por las condenas a notarios. Durante el juicio que terminó el 2 de julio con la condena a cuatro años de prisión de Fernando Pablo Nores Boderau y otros ocho imputados por la apropiación de 300 lotes valuados en $ 8.500.000 mediante la falsificación de poderes y escrituras, el fiscal Enrique Gavier encontró una prueba que vinculaba con la maniobra al ex director del Registro Belmaña Juárez. Luego de profundizar esa pista, hace veinte días, solicitó la detención del ex funcionario y lo acusó de la falsificación reiterada de documentos públicos. Belmaña Juárez estuvo al frente de esa dependencia durante más de seis años, durante las administraciones de Ramón Mestre y José Manuel de la Sota, y era profesor titular en una de las cátedras de Derecho Real en la Universidad de Córdoba. El fiscal Gavier habría hallado elementos que involucrarían a Belmaña Juárez en otras causas de loteos en las sierras y en Jesús María. “La organización elegía los inmuebles que tuvieran dueños que vivieran lejos del campo o los terrenos y que tenían poco contacto con esos bienes. También tenían en cuenta si tenían sucesiones o si pertenecían a una persona cercana a morir”, sostuvo. En el registro, los colaboradores de la actual directora, la abogada Mónica Farfán, se negaron a opinar sobre el tema. Farfán reemplazó recientemente a María Cristina Cáceres, que denunció la primera de las estafas. “Tan grande era el poder de los integrantes de la organización que en uno de los juicios quedó al descubierto que cambiaron los límites entre provincias para que un campo quedara del lado de Córdoba y no de Catamarca para poder quedarse con ese inmueble”, explicó un investigador.

Cifras

3000

300

Es la cifra que surge de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba desde 2003, cuando se recibió la primera denuncia por la adulteración del libro de actas del Registro General de la provincia para dejar asentada una nueva escritura con nuevos dueños para una propiedad.

La primera de las denuncias por la defraudación con las escrituras apócrifas y los asientos notariales oficiales adulterados la realizó María Cristina Cáceres, directora del Registro General de la Propiedad cordobés, recientemente reemplazada en ese cargo por la abogada Mónica Farfán.

59

74

De esas investigaciones, veinte ya fueron analizadas en juicios orales y públicos ante los tribunales locales, con 76 imputados, entre los cuales se cuentan siete empleados del Registro.

Entre ellos, abogados, escribanos, contadores, empresarios, funcionarios públicos, jueces de paz, gestores, comerciantes y empresarios. Ya hubo 10 notarios sentenciados.

13.000

300

Es la extensión de un inmueble de la localidad de Lucio V. Mansilla, valuado en unos 2.000.000 de pesos, que fue reescriturado a nombre de testaferros y vendido en 2005.

Valuados en $ 8.500.000, esos terrenos fueron usurpados ilegalmente, según la Justicia, por nueve personas que resultaron condenadas a cuatro años de prisión en un juicio, en julio.

Propiedades enajenadas

Causas elevadas a juicio oral

hectáreas de campo

Denuncias realizadas

Condenados

lotes

2.500.000 50 pesos

millones de dólares

Era el precio que la organización pretendía que pagara el gobierno de la provincia de Córdoba por la compra de un terreno de 15 hectáreas, del que, según constancias de la investigación, se habían apoderado los estafadores. Por este caso, se realiza actualmente un juicio oral y público contra siete acusados, entre ellos dos escribanos. Un tercer notario murió antes de ser juzgado.

Es el patrimonio que, durante el juicio oral y público en su contra, admitió tener José Rodolfo Sabagh, uno de los empresarios inmobiliarios más importantes de Córdoba. En diciembre, Sabagh fue condenado a cinco años de prisión; por ser mayor de 70 años, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria. Junto con él, fue sentenciado el notario Eduardo Isaac Vinocur.

OSVALDO RUIZ

Enrique Gavier, el fiscal de la causa

Una venta fraudulenta con escala en EE.UU. En Texas, una escribana avaló un poder con firmas falsas usado para vender un campo en Serrezuela Hace seis años, Aniceto Moles pidió en la Dirección General de Rentas de Córdoba un informe del estado de la deuda impositiva del campo de 7402 hectáreas que poseía en la localidad de Serrezuela. Días después, le informaron que no había ninguna deuda, pero que tampoco tenía ningún campo. “Me dijeron que no debía pagar nada porque no tenía ningún campo a mi nombre. Dije que eso era imposible. Presenté la escritura en la que mi amigo Carlos Eduardo Martínez Vidal y yo figurábamos como propietarios. Ahí me enteré de que me habían robado el campo”, recordó Moles. Desde entonces, comenzó una serie de litigios judiciales para tratar de descubrir quién se había apropiado de su campo y para recuperarlo. “Después de muchas averiguaciones, pude determinar que, con un falso poder, de una sola carilla, emitido en la ciudad de Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, hicieron figurar que yo autorizaba a un personaje identificado como Jordan Carlos Maldonado a actuar como apoderado en la venta del campo”, explicó Moles. En ese poder, avalado por la escribana pública Peggy Westfall, aparecían las firmas falsificadas de Moles, de su amigo Martínez y de las esposas de ambos. Luego, ese poder fue tomado por válido por el escribano cordobés Pedro Luis Lascano Pizarro, quien, según denunció Moles, el 11 de septiembre de 2000 hizo una escritura en virtud de la cual Maldonado vendía

el campo en nombre de Moles y de Martínez a otra persona. Lo llamativo del caso fue que Lascano Pizarro no advirtió que las firmas del poder realizado en los Estados Unidos eran falsas y que había una diferencia en las fechas. “Con seguridad, al más inocente escribano principiante le hubiera resultado inadmisible que unos propietarios argentinos viajaran con sus cónyuges a los Estados Unidos para otorgar un poder a favor de alguien que vive en Córdoba, para vender su campo situado en Córdoba, a un comprador que también reside en Córdoba. Pero a Lascano Pizarro ese detalle no le resultó siquiera sospechoso”, agregó indignado Moles. Al consultar en los tribunales de Córdoba, se pudo establecer que Lascano Pizarro no aparecía imputado en la megacausa del Registro, y que la única acusación en su contra era la que había presentado Moles. No obstante, resultó llamativo que el nombre de Maldonado figurara en varias denuncias por estafas realizadas en el Registro. “Denuncié a Lascano Pizarro ante el Colegio de Escribanos, pero ni esa institución ni el Tribunal de Disciplina Notarial intervinieron. Tampoco se tomaron los debidos recaudos para evitar la repetición de estas maniobras”, expresó Moles. En Córdoba, LA NACION intentó comunicarse con Lascano Pizarro, pero su secretaria respondió que el escribano no estaba.

EN EL BARRIO DE BARRACAS

Un policía de la Metropolitana mató a dos ladrones a bordo de un colectivo El agente, de civil, actuó cuando cinco delincuentes subieron a robar a los pasajeros Un oficial de la Policía Metropolitana mató ayer a balazos a dos delincuentes que, junto a otros tres cómplices, subieron a robar a un colectivo que se dirigía a la estación de trenes de Constitución, según informó la fuerza de seguridad porteña. Un pasajero del colectivo afirmó a la prensa que uno de los asaltantes que subieron a robar “era un chico de entre diez y once años” y que durante el robo “estaban muy nerviosos, sacadísimos”. En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseveró que los delincuentes estaban armados y que el oficial de la Metropolitana “está muy bien, pero muy nervioso por la circunstancia que le tocó vivir”, según consignó la agencia Télam. Por su parte, el jefe civil de la fuerza, Eugenio Burzaco, consideró que el efectivo, graduado en diciembre de 2010 con “muy buen concepto”, actuó “con valentía y profesionalismo para proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte”. Según los investigadores, el episodio ocurrió a diez cuadras del Puente

Vélez Sarsfield, del lado de provincia, y culminó cuando el colectivo con los dos hombres baleados a bordo cruzó hacia la Capital y se detuvo frente a un control vehicular que realizaba Prefectura. Dentro del colectivo había unos diez pasajeros y el chofer, quienes resultaron ilesos tras el tiroteo, al igual que el policía. La Policía Metropolitana informó que todo comenzó pasadas las 4.30, cuando cinco hombres subieron al interno 67 de la línea 79, que cubre el trayecto entre la localidad de San Vicente y la estación de trenes de Constitución. El oficial de la Metropolitana, que vive en el partido bonaerense de Berazategui, había tomado el colectivo cerca de las 4 para dirigirse a prestar servicio en la seccional de la fuerza en la Comuna N° 12, en el barrio porteño de Saavedra, y se sentó en el último asiento para dormir mientras viajaba. Según las fuentes, en ese momento, cuatro de los cinco ladrones se distribuyeron en distintos sectores del transporte y uno se dirigió hasta el chofer, a quien amenazó con un arma

y le dijo que se trataba de un asalto. El efectivo se despertó por los gritos y observó a los cuatro asaltantes que comenzaban a robarles a los pasajeros, por lo que se identificó como policía y extrajo su pistola calibre 9 milímetros reglamentaria, con la que se resistió a tiros. Según las fuentes, el hombre, quien al momento del hecho se hallaba vestido con ropas de civil, alcanzó a herir a dos de los delincuentes, mientras que los otros tres huyeron a la carrera. En medio de una crisis nerviosa, el chofer cerró las puertas del colectivo y siguió su marcha hacia el Puente Vélez Sarsfield para cruzar a la Capital, y detuvo su marcha cuando encontró un control vehicular de la Prefectura en la avenida Vélez Sarsfield y Zepita, en el barrio de Barracas. Los efectivos de la Prefectura certificaron que dentro del colectivo se hallaban muertos dos jóvenes, de 18 y 25 años, y cuyas identidades se desconocían. El oficial de la Metropolitana entregó su arma reglamentaria y ayer declaró en los tribunales sobre el

hecho ante el juez de Instrucción porteño Juan Martín Ramos Padilla. Además, las fuentes indicaron que, en principio, no está acreditado que los delincuentes hayan alcanzado a disparar sus armas de fuego. De todas formas, el ministro Montenegro explicó que “se secuestraron armas” dentro del colectivo y que el hecho “está muy, muy claro”. En tanto, también fueron citados a declarar los pasajeros del colectivo para intentar determinar si alguno de ellos puede aportar datos sobre los delincuentes prófugos. Un pasajero del colectivo dijo que los delincuentes “estaban sacadísimos, muy nerviosos, y no se les entendía lo que decían”. “Todo ocurrió muy rápido, fueron segundos. Me querían sacar la billetera y yo les mostré que no tenía plata. Entonces, el policía se identificó –relató el hombre a la prensa–. A uno le aplicó dos disparos y después cayó. Al otro le aplicó uno, medio que quiso balbucear algo, pero ahí, de remate, le aplica otro [disparo], porque no se sabía si quería resistirse con un arma”, agregó.

TELAM

Una mañana de terror a bordo de un colectivo de la línea 79