Lunes 8 de septiembre de 2008

LA NACION/Página 13

INSEGURIDAD EN EL CONURBANO

Hoy, la zona norte

Luis Abarca

Esther M. Quiroga

Mario Scaparelli

Angela de Castro

Claudia Lorenze

Jorge Stamato

Carlos Tordó

Tulio Verona

ABOGADO ■ Hay que ir un paso adelante del delito, ir a buscar a los ladrones a sus “cuevas” y sacarles las armas

COMERCIANTE ■ Somos una sociedad resignada frente al delito. La inseguridad es la última tragedia argentina

ABOGADO ■ Entraron tres ladrones encapuchados en mi casa y creí que me mataban porque no tenía dinero

COMERCIANTE ■ ¿Quién dijo que por vivir en un lugar lindo uno tiene que ceder sus bienes y rifar su vida?

PELUQUERA ■ En la calle Uruguay, un chico le disparó a mi marido a través del parabrisas, pero el auto era blindado

PRODUCTOR RURAL ■ Se metieron en casa dos veces. Si se baja la edad de imputabilidad en menores, ganamos todos

ASESOR DE SEGUROS ■ Irrumpieron en mi casa pateando la puerta; me apuntaron y no dudé en darles todo el dinero

EMPLEADO ■ El conurbano está en emergencia: Gendarmería y Prefectura deben ayudar a combatir el delito

En San Isidro aumenta la delincuencia Los vecinos viven con miedo; dicen que las escasas estadísticas oficiales sobre inseguridad no reflejan fielmente el desamparo que sienten frente a los hechos delictivos cada vez más violentos, por lo que piden que se declare el estado de emergencia Continuación de la Pág. 1, Col. 6

ramal Tigre. Los siguen siempre otros dos cómplices, que se ubican armados a los laterales del vehículo. En esa zona caliente, los propios vecinos repiten que los conocen como “Cristian” o los “mellizos Rodríguez”, como quien nombra una trillada figura de TV que satura en cada aparición. Otra modalidad utilizada por los delincuentes es esperar la salida de la empleada doméstica o de algún integrante del grupo familiar y tomarlos como rehenes, reducir al resto y desvalijar la casa, comenzando por la caja fuerte. La antología delictiva en el partido se completa con secuestros en la vía pública, en los que la víctima es obligada a regresar a su hogar acompañada por los delincuentes que, una vez allí, roban a destajo. Muchos de estos hechos ni siquiera son denunciados, por temor a posibles represalias de los delincuentes que ya conocen el domicilio de las víctimas. “Las denuncias

pasaron a ser trámites estériles, durante los cuales uno permanece en la comisaría, observa cómo descienden de remises las madres que, llorando, reclaman: «¡M’hijito, m’hijito! ¡Devuélvanmelo!”, según contó el productor agropecuario Jorge Stamato, víctima de otro robo en la zona norte, donde fue despojado de US$ 2000, $ 6000, además de su notebook y de celulares. Desde los asesinatos del ingeniero Carlos Regis, en Beccar (también su hija Mariana fue baleada en un brazo) y del comerciante de Martínez Ernesto Mata, acribillado por el fuego cruzado entre delincuentes y policías, los vecinos de San Isidro mantienen un inclaudicable reclamo por mayor seguridad. Piden que se declare el estado de emergencia en seguridad en el partido, que la Prefectura y la Gendarmería se sumen a las fuerzas policiales, y que el intendente Gustavo Posse convenza a las autoridades de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen. Estos reclamos se concretaron me-

Opinión

diante cinco marchas y actos en varios puntos del partido, donde los vecinos y sus hijos portaban carteles que rezaban: “Queremos poder jugar tranquilos en la calle”, “No más jueces garantistas”, “Queremos poder ir en bici a la casa de nuestros amigos”, o “Estamos obligados a vivir enrejados en nuestras propias casas”. Según estadísticas de la Policía, en la zona norte del conurbano se producen mensualmente 80 robos a mano armada, 120 de automotores (a razón de tres por día), más de 100 hurtos y 8000 llamadas al 911 que terminan con una patrulla en el lugar en menos de 5 minutos. En el caso de homicidios en ocasión de robo, se registraron tres en los últimos tres meses y todos ellos, según dijo la Policía, fueron esclarecidos y sus autores, detenidos, incluidos los casos de Mata, de Regis (ver aparte), y del abogado Enrique Friol, apuñalado diez veces en la puerta de su casa, en Boulogne. El jefe departamental, Luis Sarandeses, a cargo de las diez comisarías del distrito, informó sobre la reciente

desarticulación de dos bandas de asaltantes de otros partidos que se valían de la modalidad de romper puertas mediante fuertes puntapiés para consumar los atracos en las viviendas. “A partir de esas detenciones, no se produjeron nuevos hechos con esta modalidad”, manifestó Sarandeses. Sin embargo, los vecinos creen que son muchas más las bandas activas que operan de esa forma.

La justicia, cuestionada Los reclamos se posan también en la administración de justicia. No fueron pocos los vecinos que culparon al juez de garantías Rafael Sal Lari por las altas reincidencias en los delitos. En marzo pasado, Sal Lari dejó en libertad a un delincuente con frondoso prontuario, oriundo de Malvinas Argentinas, el mismo que meses después asesinó en Beccar al ingeniero Carlos Regis. Lo criticaron también “por dejar entrar y salir” de la comisaría a menores con profusos antecedentes delictivos.

Respecto de los robos violentos de autos en la avenida Uruguay, Sarandeses dijo que siete menores y siete mayores de edad fueron recientemente detenidos en el lugar, pero que erradicar la delincuencia allí se dificulta por la alta reincidencia de los precoces asaltantes. Uno de ellos, de sólo 12 años, fue abatido hace pocos días cuando intentó robar y despojar de su vehículo a un policía vestido de civil. Un gran número de vecinos víctimas de delitos reunidos con LA NACION juzgaron como insuficientes esas detenciones. “La inseguridad es hoy una cuestión ideológica”, opinó con indignación Tulio Verona, empleado en un laboratorio farmacéutico. “Nos oponemos a la colombianización del país. Esta política injusta de derechos humanos sólo para los delincuentes termina desamparando al resto.” Según el abogado Luis Abarca, de la Red Vecinal La Horqueta-La Merced, todas las medidas deberían orientarse hacia la prevención, con operativos sorpresa en zonas calientes.

“La alta participación de menores en robos violentos es, en sí, un ardid para la impunidad”, opinó Esther Méndez Quiroga, comerciante de Beccar. Y otro vecino, Angel Capenti, atribuyó la inseguridad y sus estragos “a la falta de una clara decisión política que vuelva a dar el valor que tiene a la vida humana”. El comerciante Guillermo Parise lo puso en estos términos: “No me animo a dejar solos a mis hijos en casa, ni siquiera para ir al quiosco”. Mientras tanto, Marta Ferrari abogó por tolerancia cero. Fue el pediatra Cristián García Roig quien analizó la problemática desde una visión formativa: “La delincuencia en menores es consecuencia de la desintegración familiar con chicos que se han desarrollado sin jamás acatar una norma. No conocen los límites ni la autoridad porque no tienen a nadie que los discipline o los contenga. Ello sólo se puede revertir cuando padres y madres vuelvan a ejercer una autoridad, a todas luces hoy ausente”.

Opinión

DOS CASOS, DOS MUERTES

El resultado de la inequidad

Imputables, a los 13 años

Por Roxana Kreimer

Por Gustavo Posse

Para LA NACION

Para LA NACION

Los países con más inseguridad son aquellos que tienen mayor inequidad, aquellos en los que hay más diferencia entre el 10 por ciento más rico y el 10% más pobre de la población. Esta inequidad se mide con el coeficiente Gini, un número entre 0 y 1. El cero se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y el uno con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y todos los demás ninguno). Canadá o Suiza, donde la gente deja las puertas de su casa y de su auto sin llave, tienen menos de la mitad del coeficiente Gini que la Argentina, donde las últimas mediciones de 2007 registran un promedio del 0,49, cercano al de la mayoría de los países latinoamericanos. Las cifras y la experiencia de otros países no dejan lugar a dudas: la violencia es el precio de la injusticia social. El determinante de los niveles de violencia social es la diferencia de ingresos entre ricos y pobres. Es clara la correlación entre el aumento de homicidios y otros delitos y las grandes diferencias de ingresos en las sociedades más violentas. La evidencia proviene de estudios internacionales en países desarrollados y en vías de desarrollo. Las sociedades con mayor inequidad se caracterizan por tener relaciones sociales muy conflictivas: más homicidios, más crímenes, menos confianza, menor participación en la vida comunitaria, más discriminación. Uno de los factores más relevantes para desencadenar la violencia es que las personas sientan que se les falta el respeto. Apenas esta percepción se generaliza, la violencia se expande como un huracán: no aumenta sólo entre ricos y pobres, sino también entre los que menos tienen. Muchas sociedades como la nuestra prefieren criminalizar la pobreza, es decir, abordar un fenómeno evidentemente social como si se tratara de una problemática penal, aumentando el tamaño de las cárceles –habitadas en su mayor parte por los sectores sociales de menores recursos– y exigiendo leyes cada vez más duras para los delitos violentos. Descriminalizar el tema de la inseguridad, es decir, abordarlo fundamentalmente como un conflicto social, implica responsabilizarnos como ciudadanos por la flagrante injusticia de la pobreza y también por la de la extrema desigualdad. Ambas constituían para Gandhi las peores formas de la violencia. La pobreza no sólo es una forma de violencia por las razones que cualquiera evidentemente puede imaginar, sino también porque logra imponer significaciones consideradas legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su poder.

San Isidro es el municipio que brinda mayor apoyo a la prevención de la inseguridad, aun cuando el responsable primario sea el Estado provincial. La ley nos prohíbe tener policía propia que atienda el patrullaje y delitos menores. No obstante, $ 22 millones se destinan a ese propósito, sin tener en cuenta lo que los vecinos gastan en seguridad privada. Construimos y sostenemos comisarías, fiscalías, compramos y mantenemos automotores, comunicaciones, equipamientos e infraestructuras para el funcionamiento de la Policía I, II y patrullaje complementario a cargo enteramente del municipio con agentes sufragados por horas adicionales que paga la comuna. Aun así, los niveles deseables de tranquilidad distan de ser los aceptables. No estamos satisfechos. Las causales del delito son sociales. Más del 70% de los delincuentes mayores y del 80% de los menores que actúan en San Isidro provienen de otros partidos. Las leyes y su interpretación ponen en riesgo a la población. Los delincuentes probadamente peligrosos no deben ser recirculados con el resto de la sociedad mediante excarcelaciones. Que cumplan la condena debida para evitar reincidencias e impunidad. Hoy, los menores alcanzan la madurez más temprano que hace 70 años, cuando se redactó el Código Penal. Se debe bajar la edad de imputabilidad a los 13 años con la asistencia de un gabinete psico-medico-pericial que evalúe si [los menores] dirigían debidamente sus acciones [el delito] y si valoraban dicho acto. Los menores delincuentes deben ir a granjas escuela, con educadores adentro y penitenciaría afuera (sólo afuera), con custodia perimetral. Se obliga a los jueces de menores de San Isidro a liberar gente peligrosa (homicidas, delincuentes sexuales seriales; personas con reiterados robos a la propiedad con portación de armas). En virtud de que la Cámara Penal de San Martín entiende que “el Estado renunció a perseguir penalmente a estos niños aun cuando sean probadamente peligrosos”, muchos de aquellos jueces hoy están sumariados en la Suprema Corte por sostener medidas de seguridad respecto de menores de 16 años de alta peligrosidad. Creo en el sistema inglés: “a grandes delitos, grandes condenas”. El nuestro es perverso. A pesar de los esfuerzos que se realizan desde el ámbito provincial, la gente siente que su principal problema no está agendado. La clave es “los peligrosos, sin libertad”. Propongo institutos para menores y variantes de cárceles para los mayores para evitar así liberaciones indiscriminadas cuando el sistema colapsa.

La autora es doctora en ciencias sociales e investigadora del Conicet

11/6/08

17/7/08

Ernesto Mata

Carlos Regis

■ Comerciante, de 56 años, asesinado de un tiro en la

■ Ingeniero químico, de 54 años; se trabó en lucha con delincuentes que habían entrado por la fuerza en su casa de Beccar; lo mataron de un tiro en el pecho.

cabeza cuando cinco delincuentes que habían entrado en su casa de Martínez se tirotearon con la policía.

Cercos electrificados y alambres de púa para sentirse seguros Fuertes y polémicas formas de prevención; denuncias en alza Perros rottwailer, boxers, ovejeros, doberman, mastines y pitbulls. Alarmas de rayo láser en cercos perimetrales, sensores inteligentes, cámaras de video, reflectores con fotocélulas, rollos de alambres de púa sobre los paredones y la más drástica y polémica de todas: cercos electrificados con 12 voltios. Estas son apenas algunas de las medidas preventivas que los vecinos del norte del conurbano toman para repeler la creciente delincuencia. Las 1100 garitas de seguridad privada que solventan los propios vecinos y el trabajo de la policía apostada en diez comisarías parecen no ser suficientes a la hora de combatir el delito. El partido de San Isidro, con más de 310.000 habitantes, es una de las áreas con mayores asimetrías del conurbano. En pocos kilómetros, confluyen, por ejemplo, 42 sedes bancarias y 12 villas de emergencia, que son monitoreadas por 550 policías de la bonaerense. A ellos se suma el patrullaje comunal y de la Policía 2 que, a instancias

del Ministerio de Seguridad bonaerense, envió el sábado pasado otros 70 efectivos para combatir el delito. En lo que va del año, la Municipalidad de San Isidro destinó $ 14,5 millones del presupuesto comunal en seguridad y se estima que hacia fines de año el presupuesto ejecutado en ese rubro ascenderá a $ 23 millones, cifra que duplica la de 2007. Para fines de noviembre, 122 cámaras de video monitorearán las zonas más calientes del partido en un observatorio contra la inseguridad, que funcionará en el entrepiso del Palacio Municipal. Las cámaras contarán con zoom y memoria de imágenes para que las filmaciones puedan servir como elementos de pruebas a los jueces y a los fiscales.

El 911, a pleno En los primeros cinco meses de gestión de Carlos Stornelli como ministro de Seguridad bonaerense, los delitos denunciados en todo el conurbano se incrementaron un 34% con

relación al mismo período de 2007. En los cinco primeros meses de 2008, se denunciaron 58.180 denuncias en la provincia de Buenos Aires. Según se informó, se trata de delitos comunes y prevenibles, es decir, “los que más afectan a la gente”, tal como definió el jefe de la policía provincial, Daniel Salcedo. Stornelli, que ya rechazó varios pedidos de entrevista realizados por LA NACION –dos de ellos formalizados por escrito– adjudicó el aumento de denuncias al buen funcionamiento del número de emergencias 911 y a un presunto blanqueo de datos estadísticos. El servicio 911, dijo el funcionario, recibe 40.000 llamadas diarias. Consultada el área de Prensa de ese Ministerio, sólo aportó datos sobre la operatividad de la fuerza en busca de demostrar una mayor efectividad policial. Aseguran que, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 27 del mes pasado, se realizaron 1.885.651 operativos policiales, que arrojaron como saldo 139.548 detenciones.

El autor es intendente de San Isidro por el Partido Vecinal