El negocio de insertar a parados se paga con dinero público Las agencias de colocación privada pueden percibir hasta 3.000 euros por desempleado con contrato

Marta Rodríguez Domingo 12 de abril de 2015

Una oficina de trabajo temporal. / PABLO LORENZANA Para ayudar a los servicios públicos de empleo en la inserción de los desempleados, se crean las agencias de colocación privadas. Sus servicios son retribuidos con fondos públicos según unos baremos que tienen en cuenta el tiempo en paro y la edad de la persona. Los sindicatos alertan de desigualdades y de mercantilización de un servicio que solo debería proveerse por el Estado. Asturias está adherida a un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por el cual dichas entidades cooperarán en la búsqueda de trabajo para desempleados. El presupuesto nacional habilita un máximo de 200 millones de euros para cuatro ejercicios. Las agencias cobrarán según el perfil del beneficiario, que atiende al tiempo de este en el paro y a su edad. Las partidas inferiores se consignan para el colectivo de entre 3 y 6 meses sin trabajo, con 300 euros abonados a la entidad por cada menor de 44 años insertado, 350 euros por aquellos de entre 45 y 54 años y

600 euros para franjas de edad superiores. Se dan también bandas intermedias, aunque los colectivos más favorecidos están representados por aquellos que lleven más de dos años en paro, con 1.850 euros por cada individuo menor de 29 años colocado, 2.300 euros si tiene entre 45 y 54 años y un máximo de 3.000 euros por los mayores de 45 años. La ley también prevé minoraciones en los pagos cuando se trate de contratos a tiempo parcial. Según la normativa vigente, se considerará cumplido el objetivo de inserción cuando se haya formalizado y mantenido un contrato de trabajo “por un plazo equivalente al menos a seis meses a tiempo completo, en un período de ocho meses”. Aunque también la ley matiza que “en relación con los contratos fijos discontinuos, la duración de la actividad laboral será equivalente al menos a seis meses a tiempo completo, en el período de un año”.

Los sindicatos El planteamiento del Estado en la búsqueda laboral es criticado por el secretario de empleo de CCOO para Asturias, Adrián Redondo. Denuncia que las agencias suponen un uso indebido de los trabajadores y una “mercantilización de la relación laboral”. Estas empresas privadas, al cobrar por cada desempleado al que consigan insertar generan “bolsas que priorizan a los que tienen más posibilidades de acceso al trabajo frente a los que poseen menos opciones”, para asegurarse su ganancia por la intermediación. Explica que no resulta más que un nuevo reflejo del desmantelamiento de los servicios del Estado a los ciudadanos. “Se está haciendo una transferencia de competencias públicas de empleo a agencias privadas, con efectos negativos como oscurantismo y desigualdad”, según manifiesta la secretaria de acción sindical de UGT, Mar Celemín. Explica que cada Comunidad Autónoma suscribe sus propios convenios, lo que ya genera un atentado a la igualdad, pero además con la derivación a estas firmas de parados que reciben prestación, el Estado se ahorra su paga y discrimina a unos sobre otros. A esto debe añadirse que la información que estas agencias tienen obligación de facilitar tampoco es demasiado extensa. Por ello, los sindicatos demandan un mayor control. Solicitan que estas organizaciones comuniquen más detalles de los puestos conseguidos, como los relativos al número de horas, distribución de la jornada, tipo de ocupación, si se trata de una vinculación a tiempo completo o parcial y qué otras funciones se han desarrollado en la orientación, formación y ayuda en la búsqueda laboral. El Principado registra más de medio centenar de centros autorizados para actuar en este ámbito, que incluyen tanto entidades sin ánimo de lucro como empresas de trabajo temporal (ETT). La actividad como organización colaboradora en la inserción laboral se suma así a las tareas que las ETT asumen como cedentes de trabajadores a empresas que lo demanden. Este último papel también ha sido siempre muy cuestionado por los sindicatos. CCOO denuncia que la alta rotación y estacionalidad de las ocupaciones “generan problemas de salud laboral, ya que el trabajador tiene que empezar de cero en cada entorno y esto provoca más siniestralidad”. El sindicato entiende que si la entidad matriz necesita cubrir eventualidades puede contratar directamente, pero no lo hace porque así “rebaja las condiciones del empleado y evita que se cuele como parte de la plantilla laboral”.

Las ETTs se defienden Sin embargo, frente a esta visión negativa, las empresas de trabajo temporal reivindican su función. Adecco, Flexiplan y Randstad argumentan que ellas ofertan un servicio eficaz de selección, puesta a disposición y gestión de trámites. También justifican que realizar esa labor puede resultar muy gravoso para organizaciones que precisen cubrir carencias de personal en períodos cortos de tiempo, ya que muchas de estas no disponen de la flexibilidad y rapidez en la respuesta que sus compañías sí pueden prestar. Asimismo, inciden en que los trabajadores cedidos por las ETT y sus compañeros de la empresa de destino perciben el mismo salario. Además, aclaran que por este servicio, las ETT no cobran cantidad alguna del Estado ni del trabajador, sino que se lo repercuten a la empresa que les solicita su asistencia. Aunque las empresas consultadas no han facilitado datos de su margen de beneficio por estas tareas, este depende del volumen del encargo. Con respecto a las críticas de los sindicatos acerca de la temporalidad, Ana Teresa González, directora de Randstad en Asturias, argumenta que “el mercado laboral es imperfecto”, pero la temporalidad no tiene por qué ser negativa porque “existen trabajadores que por su situación personal solo quieren un empleo temporal”. Para Nuria Domínguez, responsable de selección de Flexiplan, “tenemos la mentalidad de entrar en un trabajo y quedar ahí para toda la vida, pero eso ya no se da, hay que cambiar esa visión”. La directora de Adecco en Gijón, Ana Bretón, saca la parte positiva de la movilidad, ya que así el empleado “tiene experiencia en muchos sectores, polivalencia y más posibilidades de encontrar un trabajo”.

Empresas multiservicios Al lado de las ETT y las agencias de colocación, UGT también apunta una figura que emerge en estos años y que, según explica, rebaja otra vez los derechos a los trabajadores. Son las llamadas empresas multiservicios, que desarrollan actividades en varias áreas. Celemín manifiesta que “funcionan como ETT, pero sin los controles de estas, porque existe una laguna legal y suponen competencia desleal tanto para estas ETT como para las empresas de cada sector”. Comentan desde UGT que estos organismos ceden también a los trabajadores a los que contratan, pero con inferiores condiciones, ya que se les aplican el convenio de la empresa de origen, habitualmente peor que el de destino. La secretaria manifiesta que tanto UGT como CCOO instan a no firmar convenios colectivos hasta que no se reforme el marco legal y se dote de unas garantías a estas actuaciones.