SOCIEDAD | 21

| Martes 30 de octubre de 2012

SEGURIDAD Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez | www.lanacion.com/seguridad

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crimen en chaco

en quilmes

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura comenzará a investigar al juez Axel López por haber ordenado la libertad condicional de Juan Cabeza, ahora detenido por la violación y el homicidio de Tatiana Kolodziey, en Chaco. El consejero Alejandro Fargosi, autor de la presentación, informó a Télam que se estudiará si hay causales para dar inicio a un juicio político.ß

Dos vigiladores de una terminal de colectivos de Quilmes denunciaron haber sido sorprendidos por dos ladrones que se llevaron de la caja fuerte de la empresa unos 47.000 pesos. Según la denuncia, el hecho ocurrió anteayer en la terminal de la línea 257, de la empresa Villa Nueva, situada en la esquina de la avenida Calchaquí y Rodolfo López, según informó la agencia DyN.ß

Investigará al juez Denuncian el robo de Axel López el Consejo $ 47.000 de una de la Magistratura empresa de ómnibus

narcotráfico y crisis en santa fe

El kirchnerismo exigió el relevo de jefes policiales

Susana Trimarco estuvo presente ayer en el juicio por la desaparición de su hija, Marita Verón

alegatos. Carlos Varela Álvarez describió situaciones y roles en el secuestro de la

víctima, y sostuvo que algunos oficiales les pidieron dinero para investigar el caso PARA LA NACIoN

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– “Escuchar cómo secuestraron a Marita es como que te metan un palo en el corazón y te lo revuelvan.” Así describió Susana Trimarco su sensación durante la primera jornada de los alegatos en el juicio que se sigue por el secuestro de su hija María de los Ángeles Verón, “Marita”, ocurrido el 3 de abril de 2002. El abogado Carlos Varela Álvarez, su representante en la querella, trazó una línea del tiempo entre los días previos al secuestro de Marita y las pistas y testimonios que se recogieron durante los casi nueve meses que lleva el juicio oral por este emblemático caso sobre la trata de personas. Varela Álvarez fue contundente en varios tramos de su exposición. Señaló que apenas habían pasado siete días de su desaparición ya se sabía que Marita no se había ido por su cuenta, sino que había sido secuestrada. La primera pista que siguieron los policías era que la joven se había fugado con algún amante. El abogado apuntó a los policías que la habían visto en La Ramada, una localidad del interior tucumano, y que la mandaron en un colectivo hacia la terminal en vez de devolverla a su familia. Varela Álvarez recordó que se había emi-

tido una circular que alertaba sobre la desaparición de Marita y que los policías omitieron labrar un acta cuando la encontraron. “Devolvieron a Marita a sus secuestradores”, lanzó el letrado. “Héctor Brito, el jefe de la Brigada, le pidió 1500 pesos al padre de Marita [Daniel Verón] para empezar” a investigar el caso, agregó. El abogado también recordó los testimonios de varias personas que a lo largo del juicio declararon haber visto a Marita en los prostíbulos de La Rioja, que regenteaban tres de los principales acusados: Irma Medina y sus hijos José “Chenga” Gómez y Gonzalo Gómez. Defensa de las testigos En un tramo, Varela Álvarez defendió a las testigos que declararon en el juicio. “Todas dicen la verdad. Es imposible que todas recuerden con precisión lo que pasó hace más de diez años. Cada una tiene un recuerdo de lo que pasó”, señaló. Para el abogado, representante de la acción civil, el testimonio de Daniela Milhein fue clave en la causa, ya que describió que ella captaba chicas jóvenes, a las que ofrecía trabajo como niñeras, y que, en realidad, eran enviadas a prostíbulos de Río Gallegos y La Rioja. Calificó a los prostíbulos de “campos de concentración privados”. En la primera jornada de los ale-

Polémica en Tigre por los patrullajes denuncia. Cuatro policías sancionados

denunciaron maniobras con el uso de fondos

Pablo Morosi

CoRRESPoNSAL EN LA PLATA

LA PLATA.– Cuatro efectivos de la policía bonaerense que fueron desafectados de sus puestos acusados de impedir la prestación de un servicio de patrullaje en Tigre denunciaron maniobras con el uso de las partidas para el funcionamiento de móviles que son aportados por el municipio. Los uniformados sancionados fueron identificados por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial como el oficial principal Iván Bilik; el subteniente Esteban Arriada, y los sargentos Armando Acosta y Emmanuel Pozzolo, todos miembros del Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba), una entidad gremial que todavía no posee reconocimiento oficial. Esos policías acudieron el martes pasado por la noche al Centro de operaciones de Tigre (CoT) luego de recibir un pedido de efectivos de ese distrito que les comentaron una serie de irregularidades en un

servicio complementario brindado gracias a un acuerdo entre el ministerio encabezado por Ricardo Casal y la comuna gobernada por Sergio Massa. Cuestionaban la supuesta utilización de uniformados del servicio ordinario, sacados de sus puestos para cubrir horas Polad (policía adicional), que son las horas extras pagadas por un tercero, en este caso la municipalidad de Tigre. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense se informó que los sindicalistas llegaron hasta la sede de la Policía Buenos Aires 2 de Tigre “con intenciones de alterar el normal funcionamiento operativo de esa dependencia”. Anteayer, la Auditoría de Asuntos Internos abrió sumarios para un total de 24 efectivos, pero sólo los integrantes del sindicato de policías fueron “desafectados preventivamente del servicio”, según precisaron fuentes ministeriales. “No es una casualidad que justo los sancionados sean todos hombres comprometidos con la sindi-

La larga lucha de una madre Su esfuerzo, fundamental para llegar al juicio oral

SuSana Trimarco madre de marita verÓn

“Escuchar cómo secuestraron a Marita es como que te metan un palo en el corazón y te lo revuelvan” “Pasaron diez años y Marita no aparece, pero sigo buscando a mi hija y quiero que se haga justicia”

calización y los reclamos laborales de los policías”, dijo Nicolás Massi, secretario general del Sipoba. Arriada, uno de los policías desafectados, contó que las autoridades les dijeron que debían esperar a la semana próxima para saber si la sanción impuesta quedaba firme. Por su parte, la auditora de Asuntos Internos, Viviana Arccidiácono, prefirió no responder las llamadas de la nacion. Los sancionados se movilizaron el viernes hasta la capital provincial, frente a la gobernación bonaerense, y ahora preparan una serie de presentaciones, incluida una denuncia penal para que se investiguen las presuntas irregularidades relatadas por policías de Tigre y otra contra las autoridades que los sancionaron. Según pudo reconstruir la nacion, el planteo terminó de dirimirse en la sede de la Policía Buenos Aires 2 el pasado miércoles a la madrugada y con la presencia de altos mandos de la fuerza, incluido el superintendente de Coordinación operativa, Hugo Matzkin, virtual jefe de la bonaerense. Según la versión oficial sobre el episodio, todo está bajo investigación. Además de los cuatro sancionados, Asuntos Internos está analizando la actitud de otros 20 efectivos de la Departamental Tigre que el martes pasado deberían haber tomado el servicio y no lo hicieron.ß

los nuevos jefes de la cúpula policial, Cristian Sola y José Luis Romitti. El primero, según reconocieron voceros del gobierno, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, el humorista y ex candidato a gobernador por Pro, Miguel Del Sel, se entrevistó ayer con el gobernador y lamentó que el viernes pasado los legisladores nacionales kirchneristas se retiraran de la reunión con Bonfatti. “Creo que se montó todo un circo”, opinó.ß

en la Plata

entraderas

Foto: Fernando Font

El abogado de la familia de Marita Verón, contra la policía José Ignacio Sbrocco

SANTA FE.– El kirchnerismo volvió a reprochar al gobierno provincial, que encabeza el socialista Antonio Bonfatti, por la crisis institucional que se planteó a partir del arresto del ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli, tras la difusión pública del contenido de escuchas telefónicas que lo vincularían con el narcotráfico y la trata de personas. Ayer, el presidente del consejo ejecutivo provincial del PJ Santa Fe, José Luis Freyre, reclamó el desplazamiento de

gatos –la recta final del juicio– estaba previsto que la acción civil terminara su exposición y luego continuara el Ministerio Público Fiscal con su parte. Sin embargo, una indisposición física del juez Eduardo Romero Lascano impidió que continuara la audiencia, que se retomará hoy. En esta etapa, está previsto que al término de la exposición de Varela Álvarez, el fiscal Carlos Sale alegue y pida una pena de 15 años para los acusados. Marita Verón salió de su casa el 3 de abril de 2002 rumbo a la maternidad para hacerse un chequeo, pero nunca regresó. Según testimonios, los ocupantes de un Fiat Duna rojo la habrían secuestrado a “pocas cuadras de su casa”. Estuvo unos días cautiva en una casa de Yerba Buena y luego habría sido vendida a una red de trata de personas. Hay testigos que aseguran haberla visto en prostíbulos de La Rioja. Por esta causa están siendo enjuiciadas 13 personas. Los abogados de los acusados serán los últimos en hacer sus alegatos, tras lo cual el tribunal se tomará un receso hasta mediados de noviembre, cuando se conocerá la sentencia. “Pasaron diez años y Marita no aparece, pero sigo buscando a mi hija y quiero que se haga justicia”, dijo al final Susana Trimarco, que estampó su mano en una bandera que decía #noalatrata.ß

Asesinaron a un docente en Recoleta misterio. Sus compañeros de trabajo no lo veían desde el jueves y ayer dieron aviso a la policía. Cuando la policía llegó al departamento 5° “F” del edificio situado en Jean Jaurès 1198, en Recoleta, escucharon música proveniente del interior, pero nadie respondía al timbre. Cuando ingresaron, con el auxilio de un cerrajero –ya que la puerta estaba cerrada–, encontraron muerto a Arnaldo Ríos, un profesor de matemáticas de 48 años. Estaba vestido, atado de pies y manos, en el piso del living y con un golpe en el costado izquierdo de la cabeza. Ahora la policía investiga si la muerte de Ríos ocurrió durante un robo. Es que, según informaron voceros policiales a la agencia de noticias Télam, el lugar se encontraba revuelto y desordenado. Detectives de la comisaría 19a. buscaban ayer cámaras de seguridad de comercios vecinos al edificio que hubieran podido captar algún movimiento sospechoso en los alrededores de la escena del crimen. El hecho es investigado por el fiscal de instrucción porteño Martín Niklison y el juez en lo criminal Daniel Turano.ß

Roban $ 60.000 a odontóloga platense en una entradera

Detuvieron a un sospechoso buscado desde marzo

Una odontóloga fue víctima de una entradera en su vivienda de La Plata, donde los ladrones se llevaron unos 60.000 pesos, informó la policía. Fuentes policiales informaron que el robo ocurrió en una vivienda de la calle 5, entre 33 y 34, cuando dos asaltantes que se movilizaban en motocicleta sorprendieron a uno de los hijos de la profesional en momentos en que llegaba a la casa.ß

La policía bonaerense detuvo ayer a un delincuente buscado como autor de un robo en La Plata, en marzo pasado, en la modalidad de entradera. La víctima en aquel caso fue una joven de 20 años, que había sido sorprendida por dos sujetos armados cuando se disponía a abrirles la puerta de su domicilio a unos amigos. El otro sospechoso ya había sido detenido en aquel momento.ß

Piden la indagatoria de un comisario por el robo de 29 armas comisarÍa 38a. Para la fiscal, la falta de control

en la armería permitió el hurto “hormiga”

Gabriel Di Nicola LA NACIoN

Fue un “trabajo de hormiga”: la desaparición de las armas no ocurrió de un día para el otro. Las pistolas y los revólveres que estaban en custodia en la comisaría 38a de la Policía Federal fueron sustraídas en diferentes momentos para ser introducidas en el mercado negro. El uniformado que llevó a cabo el hurto con paciencia y en capítulos actuó al amparo de la falta de control en la seccional del barrio de Flores, una zona caliente por delitos y narcotráfico. Así se desprende de un dictamen del Ministerio Público fiscal al que tuvo acceso la nacion. En las últimas horas, y tras una minuciosa investigación, la fiscal de instrucción porteña Mónica Cuñarro solicitó que sean llamados a declaración indagatoria tres policías, entre ellos, el comisario Carlos Grandal, que estaba al frente de la seccional 38a cuando se descubrió el faltante de las armas. El hurto se conoció el 19 de ese mes, cuando un uniformado fue a buscar al depósito de la comisaría un arma que había solicitado un tribunal oral, ante la inminencia de un juicio. La pistola era una de las pruebas para el debate, pero no estaba. El caso del robo de armas en la seccional 38a fue revelado por la nacion el 15 de abril último. En ese momento, Grandal era el jefe de la dependencia y había declarado como testigo; de hecho, fue el primero en hacerlo. Durante la investigación posterior, la fiscal determinó que hubo ocultamiento de pruebas y que le habían “plantado” pistas falsas. Si bien en un primer momento se sospechó de que el número de armas que faltaban de la seccional ascendía a 74 –eso fue lo que se sostenía en un acta firmada por Grandal–, a la hora del dictamen fiscal se comprobó el hurto de 29 pistolas y revólveres. Según informaron a la nacion fuentes judiciales, Cuñarro entiende que Grandal “permitió el ocultamiento de la cadena de responsabilidades en la línea de custodia de las armas y permitió su apoderamiento ilegítimo reiterado en el tiempo”. Para la representante del Ministerio Público, Grandal omitió los controles necesarios sobre la armería y

sobre los uniformados a cargo del depósito donde estaban bajo custodia numerosas armas secuestradas en operativos y vinculadas a delitos, que eran pruebas en causas judiciales. Tras el descubrimiento del faltante, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, puso en marcha auditorías para verificar la situación en otras dependencias de la Federal. Según trascendió entonces, en otras comisarías también se habían producido faltantes, aunque de menor cuantía. Los otros dos Cuñarro también solicitó la indagatoria del sargento José Lada, que era el armero de la comisaría 38a. “En el caso concreto de Lada, tenía responsabilidad sobre los bienes depositados en la armería, y por ello tenía a su cargo el efectivo control sobre ellos”, sostuvo la fiscal. El tercer uniformado para el que pidió la declaración indagatoria es el agente Marcelo Lozano. De la investigación de Cuñarro y de su equipo de colaboradores surge que él sería el autor del hurto de las armas. Así lo sostuvo en el dictamen: “Se determinó que Lozano era una de las personas que frecuentaba la armería; luego del hecho dejó de concurrir a la seccional y pidió licencia por enfermedad, sin concurrir previamente al Hospital Churruca-Visca, que es lo que corresponde legalmente, de lo que nada dijo a su titular”. Según surge del requerimiento fiscal, en una escucha telefónica, la esposa de Lozano le comentó a otra mujer que la situación “se puso heavy [sic]” y que le habían allanado la casa, aunque le aclaró que no habían encontrado nada porque las “cosas” nunca habían estado en su hogar. “Lo que da por cierto que las armas estuvieron en poder de Lozano”, sostuvo la fiscal Cuñarro, en su dictamen. En la investigación hecha por la representante del Ministerio Público se habría establecido que Lozano “repentinamente” canceló una deuda de 20.000 que tenía desde hacía tiempo. “En el mes de enero sólo adeudaba 1000 pesos, cuando su sueldo y situación patrimonial no había variado”, se afirmó en el dictamen. Ahora será la jueza de instrucción porteña Alicia Iermini la que deberá decidir si, como pide Cuñarro, concreta las indagatorias.ß