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eDITORIALeS | CARTAS

| Viernes 18 de octubre de 2013

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870 Número 1, Año 1 “la nacion será una tribuna de doctrina” Director: Bartolomé Mitre

El grave atentado al gobernador de Santa Fe No cabe la indiferencia ante los 14 disparos que recibió la vivienda de Bonfatti y las amenazas de muerte, de índole mafiosa, a él y a parte de su gabinete

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asta tal punto se ha hecho carne en la sociedad argentina que la violencia es algo cotidiano e inevitable ante lo cual sólo cabe la resignación, que el atentado a balazos que sufrió en su domicilio el gobernador de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, ha tenido escasa relevancia en la cobertura periodística, y más escasa aún en el plano político. Este gravísimo hecho quedó casi perdido entre los tantos episodios de una violencia generalizada y en franco aumento, desde las agresiones a cronistas de televisión, los ataques de barrabravas hasta los dirigidos a políticos opositores y el patoterismo de un diputado oficialista ante una agente de tránsito. El atentado contra Bonfatti y su familia, al que ayer se sumó una amenaza al mandatario enviada mediante un mensaje de texto al celular de la jueza que investiga el ataque, es tan preocupante como el hecho de que no se le otorgue la importancia que tiene, empezando por sus características claramente mafiosas. En la noche del viernes último, desde unas motocicletas que se detuvieron frente a la vivienda, se efectuaron 14 disparos a la altura de un cuerpo humano. Tres de los disparos impactaron en el living de la residencia. Por fortuna, no se registraron víctimas, pero eso obedeció al azar, pues Bonfatti y su esposa se hallaban en el chalet. El hecho de que los atacantes hayan detenido las motos para poder disparar esa cantidad de balazos indica que se movían con cierta seguridad y sin mayores apremios. Contaban, además, con alguna labor de inteligencia previa pues sabían que en esa oportunidad el gobernador no tenía custodia externa ni interna pues no la solicita cuando se encuentra con su familia. Por su peso económico y político y por estar gobernada por el socialismo, Santa Fe no es una provincia más. También es una de las provincias donde más avanzó el narcotráfico en los últimos años –particularmente en la ciudad de Rosario y su alrededores– y donde ese tipo de delincuencia más ha infiltrado a la policía local, al extremo de que hace exactamente un año el comisario Hugo Tognoli tuvo que renunciar como jefe de la policía de la provincia tras resultar acusado de presunta participación en el tráfico de drogas. Anteriormente, Tognoli se había desempeñado al frente de la División Drogas Peligrosas, de la Policía de Santa Fe. Es preciso reconocer que, desde entonces, las autoridades provinciales y la policía libran una intensa batalla contra varias bandas de narcotraficantes. De ahí que una de las principales hipótesis que se analizan en Santa Fe es que el ataque pudo provenir de algunas de esas bandas o de policías vinculados con ellas. Hay que destacar que también se encuentran amenazados el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto; el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, y el jefe y subjefe de la policía,

Omar Odriozola y Raúl Ardiles, respectivamente. En cuanto a la amenaza a Bonfatti que recibió la jueza de instrucción de Rosario, María Luisa Pérez, se informó que aparentemente, el texto anónimo también se refería en forma amenazante a la secretaria del Área de Delitos Complejos de la provincia, Ana Viglione. Hace unos meses, el juez de instrucción penal de Rosario, Juan Carlos Vienna, quien investiga la banda de narcotraficantes conocida como Los Monos, también recibió amenazas. Resulta preocupante que a una semana del ataque al chalet del gobernador no se hayan registrado grandes avances en la investigación, en la que no hay detenidos. Más preocupante aún ha sido la actitud del gobierno nacional, que puede calificarse tanto de prescindente como de hipócrita. Al día siguiente del atentado, el ministro de Defensa, el santafecino Agustín Rossi, se fotografió junto al mandatario provincial en señal de solidaridad, pero a las pocas horas ese gesto viró hacia un brusco ataque al socialismo que gobierna el distrito, al que llegó a considerar como responsable por el fuerte avance del nacotráfico. Santa Fe está viviendo una escalada de la violencia que, sea cual sea su origen, merece la mayor de las atenciones tanto por parte de la sociedad como de las autoridades nacionales. En efecto, ha sido durante los diez años que el kirch-nerismo lleva en el poder cuando, debido a la ausencia de políticas efectivas de lucha contra el narcotráfico, este tipo de delincuencia aumentó exponencialmente en todo el territorio nacional. La acefalía en que se encuentra desde el 19 de marzo último la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y que suma ya 212 días, es apenas un indicador más de la desidia del gobierno nacional. Al margen del grado de ignorancia, ingenuidad o connivencia en que las autoridades santafecinas puedan haber incurrido años atrás, lo cierto es que un similar avance del narcotráfico se verifica en la provincia de Buenos Aires y también en la Capital. Ante la sospechosa inacción del Poder Ejecutivo Nacional, cabe temer que la peligrosa realidad que muestra Santa Fe sea sólo un anticipo de algo que pronto sufrirá el resto del territorio nacional. En este marco, ha sido acertada la iniciativa del vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, el radical Miguel Bazze, al solicitar la urgente reunión del Consejo de Seguridad. No caben las mezquindades políticas cuando se atenta contra un gobernador y se amenaza a su gabinete y a la justicia local. La sociedad no debe imitar al gobierno nacional, que parece resignarse a una violencia creciente.

Delito y nivel educativo Si bien las opiniones no son unánimes, hay quienes entienden que contar con mayores oportunidades de educación incide en la reducción de la delincuencia

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ías atrás, una frase pronunciada por el ex vicepresidente Julio Cobos requirió una aclaración en torno a un tema de justificado interés. Las palabras que originaron dudas aludían a una vinculación entre la escuela primaria incumplida y los delitos cometidos por personas detenidas, relación que alcanzaría al 85 por ciento de los casos, según había afirmado el dirigente político mendocino. Luego, su equipo de comunicación especificó que el dato estadístico se refería a mediciones correspondientes a la provincia de Mendoza y no al orden general del país, ya que el último informe de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación señalaba que el nivel primario incompleto se verificaba en un tercio de los procesados o condenados. De modo más preciso: en 2011, en el país, el 6% de los detenidos era analfabeto, y alrededor del 26% no había concluido la escuela primaria. Sumados ambos datos, el 32% no había cumplido el nivel de enseñanza básica. El antecedente de la falta de estudios en los años de la infancia y de la adolescencia gravita perjudicialmente en diversos sentidos, pero en las causas del delito obran otras motivaciones o carencias de tipo moral. Al respecto, Gabriel Kessler, sociólogo especializado en el problema de la seguridad, puso de relieve que “no hay una

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relación directa entre el grado de estudio y el delito” y agregó que estadísticamente se observa que “cada clase social, nivel de educación y edad” se corresponde con un tipo de delito determinado. Señaló, además, que los que más preocupan son los que ocurren en el área urbana. Otra investigadora en la materia, Carolina López, perteneciente al Centro de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, elaboró un trabajo de tesis sobre el tema: “Efectos de la educación sobre el delito”, donde afirma que el mayor acceso posible a la educación permite mejores oportunidades de ingreso en el mercado laboral, lo que incide en una reducción relativa de la delincuencia, si bien coincide con Kessler en que una mayor educación puede originar, también, posibilidades de cometer delitos más sofisticados, como sucede, por ejemplo, en la actividad económica. Es oportuno recordar que la ley 26.695, sancionada en 2011, estableció que quienes estén privados de su libertad “tienen derecho a la educación pública”, lo que implica una oferta de formación o de capacitación que abre oportunidades de trabajo honesto que podrían alejar del delito a los detenidos cuando éstos recobren su libertad. En esa expectativa favorable se fundaría un tiempo de detención que abriría camino a un mejor futuro.

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El debate entre los candidatos Queremos saber Ante el lamentable nivel de los debates televisivos entre los candidatos a las próximas elecciones, en los que la mayor parte del tiempo se dedican a agredir y descalificar al otro, haciendo referencias a hechos del pasado y/o argumentando mentiras, sugiero que como parte de las reglas del debate se incluya la condición de que exclusivamente se deben presentar y discutir propuestas concretas, y no solamente enunciativas, sino específicas del tema en cuestión. A los ciudadanos no nos interesa tanto cuántas veces asistieron al Congreso o cuántas leyes votaron o no votaron. Tampoco nos interesa que digan que van a bajar la inflación y van a atraer inversiones. Nos interesa saber cómo van a hacer para solucionar problemas como la inflación, la inseguridad, el empleo, los subsidios, la política agropecuaria, la política exterior, el retraso cambiario, las inversiones, la política energética, el transporte, etc. Rubén Ristau

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Expresiones ¿Cómo se van a tratar de “ladrones” y “mentirosos” en un debate? ¿No es acaso el debate una instancia valorada para discutir temas de importancia sobre el país que podrían representar? ¿No es el ámbito donde los que escuchamos tenemos la posibilidad de evaluar un poco más antes de decidir a quién votar? ¿Cómo se van a tratar de esa manera? ¿Qué diferencia hay entre esas expresiones de “ladrones” o “mentirosos” y el “desubicadita” de Cabandié? Ing. María Helena Otaño

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El video de Cabandié El vergonzoso ejemplo de mala conducta de Cabandié no habría sido posible en una cultura donde a la mujer se le respetaran sus derechos garantidos. El oprobio, sobre el agravio de la escena, lo incorpora la “disculpa a «la chica»” de parte del maleducado personaje con cargo. Hay excesivo vocabulario popular en el discurso argentino negando el estatus de “adultas responsables”, ergo, reconocimiento y respeto: por ejemplo: nena, chica, muchacha, etc. La misoginia discursiva niega la autoridad de la mujer, ya sea profesional, laboral o privada (“doméstica”), y la patología se habría naturalizado. La única disculpa responsable a una mujer decente que cumplía con su trabajo, víctima de abuso y maltrato por el desubicado legislador, sería que a dicha persona se le abonara su lucro cesante, más los daños, y al legislador se lo inhabilitara para la función pública. El “modelo” actual parece premiar a los maleducados, mediocres y delincuentes, mientras dice tener “autoridad” para excluir, echar e infligir arbitrarios “correctivos” a personas decentes y honestas.

Pertenecer a un partido de centroderecha o de centro no impidió que legisladores de ese signo votaran el descanso dominical o la jornada de ocho horas propuestos por Alfredo L. Palacios en 1905 ni las decenas de sucesivas leyes de iniciativa socialista que crearon el derecho laboral argentino en la primera mitad del siglo pasado. Oscar Aníbal López Blanco

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Oxímoron Oxímoron por excelencia: “Lealtad peronista”. Humberto Solá Cánepa [email protected]

Jurisdicción universal El editorial publicado el 10 de octubre en la nacion, que cuestiona la reciente decisión de la jueza Servini de Cubría de imputar y pedir la extradición de cuatro ciudadanos españoles por crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975), no tiene en cuenta el derecho internacional vigente y, en consecuencia, olvida que la lucha contra la impunidad en España es una obligación de alcance universal. Así surge del Estatuto de Roma, adoptado por las Naciones Unidas en 1988, que establece que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. La naturaleza de los crímenes de guerra y contra la humanidad es tal que toda la comunidad internacional, y no sólo el Estado en el que se han cometido, está interesada en su enjuiciamiento. Este interés superior justifica la existencia del principio de jurisdicción universal. Son diversos los instrumentos internacionales –entre ellos el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU– que invocan la necesidad de cooperación de toda la comunidad internacional en el caso de crímenes de derecho internacional. Amnistía Internacional ha documentado extensamente la ausencia de investigación en España, que se ampara en impedimentos del derecho interno: una errónea interpretación del principio de legalidad penal, la prescripción, el fallecimiento de los culpables, la ley de amnistía y la ley de memoria histórica. La aplicación de estos argumentos para sustraerse de la obligación de

N. de la R.: Los crímenes cometidos en el transcurso de conflictos armados internos tienen mecanismos propios, incluyendo los de control posterior, como la Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas, para la verificación de los hechos. Por lo demás, la doctrina prevaleciente se muestra naturalmente muy cautelosa respecto del ejercicio de la jurisdicción internacional; por ello su ejercicio debe orientarse a aquellos casos en los que exista evidencia suficiente y viabilidad para dicho juzgamiento.

Liberación de vías El insólito episodio del desalojo y de la destrucción de un asentamiento en un barrio construido sobre las vías del ferrocarril Belgrano –inimaginable en un país serio– demuestra a las claras la desidia y el total abandono que desde hace casi 50 años han venido demostrando sin excepción todos los gobiernos con respecto a la protección y conservación de las instalaciones y el patrimonio ferroviario. Usurpaciones existen a lo largo y a lo ancho del país y la inacción total del gobierno federal, con la complicidad de gobiernos provinciales y municipales, llevan a que las personas necesitadas y carentes de una vivienda decente construyan y solucionen sus agudos problemas a costa del ferrocarril. Ello lleva a que en muchos casos se descarten las rehabilitaciones de algunos ramales y servicios ante la posibilidad de chocar contra el problema serio del destino de viviendas para estas personas a las que nunca se les ofrece una solución concreta y rápida, aparte de hacer la vista gorda por razones demagógicas y políticas. No comparto el tenor de la nota, que sutilmente pareciera pintar todo este insólito episodio como un drama debido a una medida gubernamental que, en todo caso –aunque con mucho atraso, es cierto–, lo único que procura es retomar un servicio normal de cargas al puerto, que nunca debió ser abandonado, tal como ocurre en casi todo el país. Carlos A. F. Calcagno

CI 3.986.334

En la Red Droga y viajes estudiantiles Facebook

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Hay una gran confusión respecto de qué son la izquierda y el progresismo. Una carta del lunes pasado referida a Pro y al progresismo lo revela. A mi juicio de viejo afiliado socialista, un partido o alianza o frente de tal denominación encarna y unifica una voluntad colectiva de transformación social, política e institucional que debe ser en su práctica y su ética la prefiguración de la sociedad que quiere construir: profundizar la democracia y la República con la independencia de sus tres poderes, basada en los principios de igualdad, libertad y fraternidad, a los que podemos agregar los de justicia social, equidad en la distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades en salud, educación, justicia. Acompañada de un proceder individual y colectivo de alta moralidad y responsabilidad ética y técnica en el ejercicio de la función pública y en el ejercicio de la ciudadanía. El populismo vestido de progresista es otra cosa y otro espíritu.

Mariela Belski Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

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Susana Molica Nardo Kearney

El progresismo

investigar es contraria al derecho internacional. En consecuencia, la investigación en un tercer país surge como la vía idónea para hacer efectivos los derechos de las víctimas. La reconciliación nunca debe hacerse sobre la base de la impunidad, sino a partir de la verdad, la justicia y la reparación.

“¡Es vergonzoso, el avance del narcotráfico y fronteras desprotegidas, sin radares, sin Gendarmería! Para muchos sí que ha sido una década ganada, y bien ganada” Estela Kilduff

“Debería haber más control en los boliches de Bariloche y los hoteles donde hospedan a los chicos. En esa ciudad está todo muy sobrevaluado para los estudiantes. ¿La municipalidad no sabía nada?” María Teresa Cutri

“Ojo, esta gente va a escuelas secundarias a vender viajes de egresados. A estar atentos...” Juan Paredez

Molinetes liberados El lunes y el martes pasados viajé ida y vuelta en tren de Beccar a Retiro en el ferrocarril Mitre. A la noche no hay donde sacar boleto, tanto en Beccar como en Retiro los molinetes están liberados. Habiendo un déficit tan importante en los ferrocarriles, ¿por qué la prestataria no se ocupa de cobrar los pasajes, algo que resulta obvio en cualquier lugar? ¿Por qué la Secretaría de Transporte no controla que la prestataria controle los boletos? A nadie parece importarle, y se otorgan subsidios para cubrir la negligencia y la desidia. Espero que mi carta haga reflexionar a los responsables para corregir este despropósito. Daniel Matheu

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Rutas de Corrientes El mejoramiento de 180 kilómetros de rutas en la provincia de Corrientes es igual a 25 millones de dólares. Esta cifra permitiría la apertura al mercado del 80% de la producción maderera existente en la provincia. Generaría miles de puestos de trabajo directos e indirectos, más inversiones privadas y mejor calidad de vida en una zona del país que tiene todas las condiciones para desarrollarse. Por este medio les hago llegar la inquietud a las autoridades provinciales y nacionales para que tomen medidas al respecto, pensando en un aumento de la calidad de vida de la población y una mayor generación de riquezas. Ignacio Méndez Cunill

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