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INFORMACION GENERAL

I

La vigilancia electrónica

Domingo 2 de octubre de 2011

Un poder disuasivo del delito

Crecerá el 35% la colocación de cámaras Se distribuirán en los municipios de San Martín, Vicente López, San Isidro y Tigre, y en la ciudad de Buenos Aires; hoy hay más de 4000 LORELEY GAFFOGLIO LA NACION La patente de un vehículo que participa de un secuestro exprés “leída” por el zoom de una cámara de alta definición. La fisonomía identificada de un hombre que charla en el andén con la joven que luego violará, aunque el ultraje no logre verse. El delincuente empeñado en destruir el domo que lo otea en vivo para poder delinquir en San Martín. Esos son algunos delitos que la Justicia logró esclarecer mediante el aporte de grabaciones, enarboladas como elementos probatorios. Hoy miles de “ojos electrónicos” actúan contra el delito en el espacio público. A fines de este año la ciudad de Buenos Aires y comunas como San Martín, Vicente López, San Isidro y Tigre sumarán un 35% más cámaras a las alrededor de 4000 en funcionamiento. En la esfera privada hay cada vez más usuarios de esos “ojos de halcón”. Según expertos, el principal atributo de las cámaras radica en su poder disuasivo del delito, pues la grabación resulta una prueba irrefutable. Convertida en un fenómeno global, la videovigilancia obedece a la eficacia que suma la tecnología cuando se la articula dentro de un sistema integral y sincronizado de seguridad y judicial. Así lo aseguran jueces y responsables de la seguridad en la Capital y en distritos del conurbano. Allí, en los últimos dos años creció exponencialmente el número de videocámaras insertas en centros de monitoreo y de almacenamiento de datos, articulados con sistemas de comunicación. “Hay que decirlo: son eficaces sólo si están insertas dentro de un sistema de comunicación integral, con capacidad de respuesta policial rápida. Si no, estás sólo filmando el delito. Aunque esa ayuda es invalorable para la Justicia ya que, probada la materialidad del hecho, pasás a discutir la calificación penal”, afirma el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. “Nosotros recién logramos la eficacia esperada en marzo al inaugurar el Centro Unico de Comando y Control (CUCC), de donde se despacha a la policía y al sistema de emergencias, que en las comunas 12 y 15 demoran 4 minutos en llegar. Nos falta integrarlo con bomberos, tránsito y personal de seguridad de la Policía Federal”. Desde su instrumentación, las cámaras de la ciudad detectaron 2600 delitos en flagrancia. Sus correspondientes filmaciones engrosan ahora igual número de causas judiciales. “Desbaratamos desde redes de punguistas en la peatonal Florida, organizaciones de trata de personas en Constitución y de drogas en la Villa 31; previnimos casos de pedofilia y evitamos suicidios”, enumera Eugenio Burzaco, jefe de la Policía Metropolitana. “Resuelven, sobre todo, los delitos sistémicos, ya que es difícil prevenir un hecho aleatorio. Parece un chiste, pero los delincuentes repiten hábitos y conductas y así, con mirada entrenada, los detenemos”. El gran reparo que apunta a la invasión de la privacidad y al resguardo de los datos personales (la imagen y la voz de las personas) no se tradujo, hasta ahora, en un reclamo. En Tigre y San Isidro, por ejemplo, la instalación de cámaras tiene 93 por ciento de aceptación ciudadana, según datos oficiales. El gobierno porteño se previno de posibles controversias con un software especial que ensombrece la pantalla cuando la cámara panea delante de una ventana. Los datos allí se almacenan por 60 días y por 30, en la provincia de Buenos Aires.

Mayor vigilancia CIUDAD DE BUENOS AIRES

OPINION

El video, un testigo irrefutable

2800 Será el total de las cámaras que estarán instaladas para fines de año. MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

PESE A LA IMAGEN, PARA UN FISCAL NO FUE ROBO Y FUE APARTADO

900

Prevén tener instaladas en diciembre. Hoy funcionan 620.

En abril de 2010, en Pacheco, Tigre, dos ladrones, a golpes, intentaron robar un auto en la ruta 197, con su conductor a bordo. El fiscal no consideró la imagen como prueba; su dictamen fue revocado.

MUNICIPIO DE TIGRE

800

Habrá esa cantidad en funcionamiento para diciembre próximo. MUN. DE ESTEBAN ECHEVERRIA

150

Alrededor de 50 cámaras están ubicadas en zonas comerciales.

PARA ROBAR SIN SER VISTO ROMPIÓ LA CAMARA

MUNICIPIO DE MORON

Hace una semana, el operador de una cámara de vigilancia ubicada en el barrio Las Ranas, en San Martín, advirtió que la imagen se movía. Descubrió que un joven ladrón se trepó para desconectarla y así robar sin ser visto.

182

Es la cantidad total prevista para antes de fines de año. MUNICIPIO DE QUILMES

210

Para 2012, prevén extender la instalación de cámaras. GENTILEZA DE LOS MUNICIPIOS DE TIGRE Y SAN MARTIN

El Poder Judicial es el ámbito donde mayor uso se les da a las filmaciones: por mes, en San Isidro, donde se producen 700 detenciones –según indica el subsecretario de Seguridad, Héctor Alcántara– se responden 300 oficios judiciales; en Tigre, 100 y en la Capital, unos 50. “Tenemos un promedio de 240 eventos diarios, que moviliza al personal policial”, explica el secretario de Seguridad de Tigre, Diego Santillán. “No se puede cuantificar la prevención, pero sí las veces que utilizás el sistema. En nuestro caso son más los eventos preventivos que los esclarecimientos. Y cuando hubo ilícitos, como el intento de robo al blindado en Benavídez, se difundieron.” Un caso resonante sentó “precedente” en ese distrito. Fue cuando, alertada por las cámaras, la policía detuvo a un ladrón por intento de robo y el fiscal Marcelo Lloret consideró que la grabación no acreditaba el delito, por lo que lo liberó. “La filmación nunca puede reemplazar un testimonio”, argumentó Lloret, quien fue separado de la causa por el fiscal general Julio Novo. Este, además, revocó su dictamen. “Acá hubo graves errores de interpretación y de concepto”, dijo Novo. Luego, el nuevo fiscal, Mariano Magaz, logró el procesamiento del autor del hecho. El propio intendente de San Martín desafió a quienes las rechazaban en su partido: “Son necesarias. Y, aunque los delincuentes las rompan una y otra vez, las cámaras se van a instalar igual”.

En una veintena de casos, las imágenes fueron determinantes No sólo representan un aporte legal, sino también para la prevención “Las grabaciones de los sistemas de vigilancia con cámara, en el ámbito tanto público como privado, son un aporte sustantivo a la investigación judicial y, a mi criterio, una buena forma de prevención y de inversión social contra el delito, ya que pocos se animan a delinquir cuando advierten que están siendo grabados.” El que opina es un magistrado de un tribunal de alzada del fuero penal, reconocido junto a sus pares de cámara con el premio a la excelencia judicial, quien prefirió que no se publicara su identidad. La misma fuente le facilitó a LA NACION una veintena de fallos de juzgados federales y de las cámaras de Casación y de Apelaciones, en los que las filmaciones se constituyeron en las pruebas clave de los procesos. Los magistrados fundaron sus fallos argumentando sólo a partir de lo que observaron y escucharon en las grabaciones. Eso incluye desde filmaciones de escasa nitidez en un comercio, que permitieron identificar y luego probar la participación de un impu-

tado en una tentativa de homicidio, a la imputación de falso testimonio cuando el relato oral de un testigo ante un tribunal inferior resultó a todas luces divergente con los hechos observados en un video.

“Elementos contundentes” En otra oportunidad, los jueces, sin otros testigos que una filmación, directamente imputaron del delito de tentativa de robo tras observar que “las imágenes resultan elementos de prueba que se erigen de manera contundente en contra de la versión esgrimida por el encausado, quien en ocasión de su declaración indagatoria había indicado ser totalmente ajeno a los hechos que se le imputaban”. El tribunal hasta convalidó como prueba desde material fílmico obtenido mediante una cámara oculta durante una extorsión hasta un registro de audio casero en un rudimentario casete. En ambos casos, los procesamientos fueron homologados. Sobre las grabaciones caseras,

la Cámara Nacional de Casación Penal expresó: “estas, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles. Su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima, toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares, a los fines de acreditar el hecho que se investiga”. Todas esas evidencias, según explicó la fuente, aparecen amparadas por la libertad probatoria; son sopesadas por los jueces mediante la sana crítica que rige en el Código Procesal Penal y aceptadas cuando no hay indicios de adulteración o violación de derechos y garantías constitucionales. En el caso de la cámara oculta el tribunal entendió que la filmación no puede tildarse de ilegal “cuando un particular es víctima de la posible comisión de un delito en su perjuicio y arbitra los medios a su alcance para poder documentarlo”.

JUICIO ORAL A UN ESCRIBANO EN SAN ISIDRO

LA NACION Una fiscal de San Isidro pidió que un escribano sea condenado a 12 años de prisión por dos casos de abuso sexual agravado de tres niñas. La fiscal Lidia González Ozores solicitó al Tribunal Oral N°2 de San Isidro, que aplique esa pena al escribano Mariano Antonio Montes Salazar, de 50 años. Además, tanto la representante del Ministerio Público, como los abogados Rafael Cúneo Libarona y Gustavo Posleman, que representan a las víctimas, pidieron a los magistrados que se ordene la detención del imputado debido a la gravedad de la pena solicitada. Pero los jueces decidieron postergar esa decisión hasta el momento de la lectura de sentencia y la supeditaron al veredicto, que se conocerá

el viernes próximo, a las 12. En tanto, el abogado que defiende a Montes Salazar pidió la absolución de su cliente. El juicio oral que tuvo al escribano Montes Salazar como acusado comenzó el lunes pasado. Durante cuatro días, los magistrados escucharon a los 15 testigos propuestos por la fiscalía y las querellas. “De los diez testigos que había propuesto el acusado, sólo concurrió una mujer, que trabajaba como empleada doméstica en la casa del escribano y su declaración dejó bastantes dudas”, explicó el abogado Cúneo Libarona, quien pidió que Montes Salazar sea condenado a 10 años de cárcel por el abuso sexual de la menor a la que representa. Según el letrado, durante el debate se presentaron otras tres menores que afirmaron haber sido víctimas del escribano.

CLAUDIO STAMPALIJA PARA LA NACION Hace años vengo sosteniendo que la eficacia de las videocámaras se observa en gran medida en la faz investigativa del crimen. Los debates científicos en los que he intervenido en distintas latitudes, como las estadísticas serias que surgen de ciudades que las vienen utilizando, dan cuenta de ello. Ciertamente, la tecnología tiene su costado fascinante y de pronta aceptación. Programas televisivos específicos y sus representaciones en los noticieros, coadyuvan en edificar una moda. Debo reconocer que soy partidario de la existencia de las cámaras, de la misma manera que soy consciente de sus limitaciones. Admito una fuerte preocupación cuando en nuestro país contemplo diariamente cómo muchos intendentes vienen cultivando casi como única estrategia la colocación de cámaras en su jurisdicción, al buscar un rápido reconocimiento popular por sus esfuerzos en pos de otorgar mayor seguridad a los vecinos. Esto puede nutrir la tentación de no construir políticas sociales a través de programas de prevención focalizados, que son la herramienta institucional más exitosa en la pugna por reducir los índices delictivos y, por ende, la victimización. Porque la pequeña porción de la eficacia preventiva de las cámaras descansa en la velocidad en la detección del hecho por los operadores del sistema y en forma paralela en la capacidad de rapidez de la respuesta policial. Y ese binomio todavía no funciona con la fluidez necesaria en nuestro país y en buena parte de los que usan esa tecnología. Ahora bien, hay que destacar que su gran fortaleza reside en la colaboración que brinda en la dilucidación de los hechos ilícitos, tanto en lo relativo a la forma en que sucedieron como a la identificación de sus autores. Facilita el descubrimiento de la verdad real. Y cuando se determina una responsabilidad penal, a través de su única herramienta legítima, cual es el dictado de una sentencia firme, la ayuda que prestó el sistema de videocámaras se convierte en cogestor de la prevención especial que apareja la aplicación de la pena en el caso concreto, aun cuando su aptitud dista mucho de su propósito de rehabilitar y resocializar al delincuente. En definitiva, estamos frente a un aporte más en la lucha contra el delito, pero con la convicción de que la prevención de éste se gesta esencialmente desde las políticas dirigidas a erradicar la marginalidad, mejorar las tasas de desempleo, disminuir la deserción escolar y la violencia intrafamiliar, confeccionar programas contra el consumo del alcohol y las drogas, y desalentar el uso de armas de fuego.

El autor es abogado penalista y criminólogo, y director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano

EN UN DERRUMBE

Pidieron 12 años de cárcel para un acusado de abusar de tres niñas GUSTAVO CARABAJAL

Son eficaces, pero no son la solución definitiva

Los abusos por los que fue acusado el escribano ocurrieron en tres domicilios de San Isidro, entre 1992 y 1998, cuando las víctimas tenían entre 7 y 12 años. Una de las víctimas fue la hija del primer matrimonio de su pareja y las otras dos eran compañeras de colegio de la niña. Varios años después, una de las niñas relató los abusos de un sacerdote que era rector del colegio en el que estudiaba y decidió denunciar el abuso. “En el debate se acreditó que el imputado atacaba a todas sus víctimas menores de edad, de la misma forma: las invitaba a ver televisión en su cama matrimonial y se valía de su condición de padre, tío, concubino de la madre de una de las menores o guardador de las niñas que, confundidas, no oponían reparo por su escasa edad”, agregó Cúneo Libarona.

El juicio oral que, en su etapa de aportes de prueba y alegatos terminó anteayer, resultó el corolario para un proceso que comenzó hace más de diez años, cuando una de las niñas supuestamente abusada hizo la denuncia ante una fiscalía de San Isidro. Durante las audiencias declaró una de las menores abusadas, que, en la actualidad tiene 22 años, en tanto que los testimonios de las otras víctimas fueron incorporados por lectura. Las niñas, a los 16 años, lograron contar los abusos a sus padres, a raíz de ver en televisión un informe sobre el caso de Peter Malenchini, un profesor de arte en un importante colegio de San Isidro, quien abusó de varios de sus alumnos. Una de sus víctimas fue el sacerdote al que una de las niñas le relató por primera vez sobre los abusos.

Imputación

Rafael Cúneo Libarona

REPRESENTANTE DE UNA DE LAS VICTIMAS

”En el debate se acreditó que el imputado atacaba a todas sus víctimas menores de edad, de la misma forma: las invitaba a ver TV en su cama matrimonial y se valía de su condición de padre, tío o guardador de las niñas que, confundidas, no ponían reparo por su poca edad.”

Murió un obrero en Caballito Ayer, un albañil de 22 años murió aplastado por una pared que se derrumbó, en una obra donde se realizaban trabajos de excavación para la construcción de un edificio, en avenida Directorio 428, Caballito. El joven, de nacionalidad paraguaya, trabajaba en ese momento con un martillo mecánico cuando cedió una pared lindera y se le cayó encima, mientras otros diez operarios del obrador lograron escapar ilesos del derrumbe. La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) informó, mediante un comunicado, que la obra había sido denunciada por incumplimiento de las medidas de seguridad laboral. Según indicaron los gremialistas, radicaron esa denuncia el 23 de septiembre, cuando se realizaban tareas de excavación y hormigón armado sin el debido cumplimiento a las medidas de seguridad laboral.