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Verano 2012: julio/ agosto / septiembre

ERSA

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Cuadernos del Consejo Económico y Social

Panorama económico La economía española a mediados de 2012 Observatorio de Relaciones Laborales Paro de larga duración y protección por desempleo, ¿algo más que prestaciones? Calidad de vida y desarrollo social Una visión del actual euroescepticismo de la ciudadanía europea Indicadores económicos y sociales Publicaciones Memoria 2011 (resumen)

PRECIO: 3€

CAUCES 021

C A U CES 021 Cuadernos del Consejo Económico y Social

Verano 2012: julio / agosto / septiembre

Presidente Marcos Peña

Carta del Presidente

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Secretaria General Soledad Córdova

Panorama económico La economía española a mediados de 2012

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Consejo Editorial: Jorge Aragón Medina Ana Esperanza Beltrán Blázquez Fernando Marcén Bosque Dionis Oña Martín Fernando Valdés Dal-Ré José Manuel Vilar Martínez Director Rodolfo Serrano

Observatorio de Relaciones Laborales Paro de larga duración y protección por desempleo, ¿algo más que prestaciones?

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Calidad de vida y desarrollo social

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Una visión del actual euroescepticismo de la ciudadanía europea Indicadores económicos y sociales

Escriben en este número: Área de Estudios y Análisis Evelyn Abiguey Sánchez Lorente y Luis Sauto Pascual Ana Hernández Rodríguez y Nuria Moreno-Manzanaro Manuel José Núñez Mateo y Luis Sauto Pascual Indicadores Socioeconómicos José Luis Manzanares

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Dictámenes 86 Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas Publicaciones Memoria 2011 Informe sobre La Internacionalización de la Empresa Española como Factor de Competitividad

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Dirección artística y maqueta Pedro Arjona Fotografía: Celú Gloria Nieto Ana Picos Rodro Foto cubierta: Rodro

Actividades 125 Seminario TRESMED Argel Jornada La internacionalización de la empresa española como factor de competitividad Presentación de la Memoria del CES 2011 en el Forum Nueva Economía Consejo de Administración y Asamblea general de Asociación Internacional de Consejo Económicos y Sociales. Río de Janeiro

Depósito Legal: M-32857-2007 Imprime: Imprenta Nacional de la AEBOE

Los Cuadernos Cauces recogen materiales y trabajos elaborados por los servicios del Consejo como aportaciones al diálogo, el debate y la información y que no representan, en ningún caso, las opiniones y pronunciamientos institucionales del CES que son exclusivamente realizados y aprobados por sus órganos competentes.

CES c/ Huertas, 73 / 28014 Madrid / 91 429 00 18 / www.ces.es

Ana Picos

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Carta del Presidente

El 2011 fue el año en el que las previsiones situaron el comienzo de la recuperación de la economía española. Instituciones nacionales e internacionales anunciaron que tanto la economía como el mercado laboral iniciaría una lenta pero segura remontada. La realidad acabó con esas esperanzas. En el artículo que incluimos en este número 21 de Cauces se hace un pormenorizado análisis de cuál es nuestra situación actual, de las expectativas de nuestra economía y, sobre todo, de las posibles causas que han desembocado en un panorama en el que ni siquiera se cumplieron las previsiones más conservadoras. Directamente ligado a este artículo, otro de los trabajos que se incluyen en estas páginas hace referencia a una de las característica más dramáticas de nuestro mercado de trabajo: el paro de larga duración. Es ésta, además, una característica de la actual crisis. Cuando se está inmerso en una recesión tan profunda como la actual resulta imprescindible que exista una eficaz coordinación de los distintos instrumentos con que cuenta la protección por desempleo para amortiguar los efectos devastadores que sobre trabajadores y sus familias provoca el paro. En España, donde el avance de este tipo de desempleo ha avanzado a gran velocidad, se refuerza la necesidad de revisar los distintos mecanismos de protección social, tanto de solidaridad y eficiencia, como de mejorar las oportunidades de las personas afectadas por este problema. El tercer trabajo de este Cauces es una reflexión en torno al euroescepticismo, fenómeno agravado por la crisis económica y financiera de los estados de la Unión. Por último, unas líneas sobre otro de los apartados de este número: la Memoria 2011. Hemos querido ofrecer un amplio resumen de la misma con el fin de que el lector pueda hacerse una idea global de su contenido, que sirva, a la vez, de guía para un examen más completo del texto que puede consultar en nuestra web www.ces.es Marcos Peña Presidente del Consejo Económico y Social de España

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Panorama Económico

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La economía española a mediados de 2012

Al volver la vista atrás y recuperar las previsiones efectuadas por los diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales, en todas ellas se observa un denominador común: la expectativa puesta en que 2011 fuese el año en que la economía española dejase atrás la trayectoria recesiva. Sin embargo, y pese a los buenos deseos, los augurios que aludían a un ritmo de crecimiento débil que, poco a poco y de manera progresiva, iría en aumento a medida que avanzase el ejercicio, quedaron superados por la realidad de los hechos. Lo mismo ocurrió con las estimaciones positivas del mercado de trabajo para la segunda mitad del mencionado año. El agravamiento de la crisis que tuvo lugar en el segundo semestre de 2011, en el ámbito mundial, europeo y muy particularmente, en el español, obligó a un vuelco inesperado en las previsiones económicas hechas hasta entonces. De este modo, de avanzar datos de crecimiento y de creación de empleo se pasó a hablar de retroceso y de cifras de paro que, previsión tras previsión, iban en aumento. En este contexto, se llegó al último tramo del ejercicio, en el que la negativa interacción de numerosos factores que ponían en riesgo las expectativas de recuperación de la economía española terminó por confirmar los temores de recaída. España se adentraba así en una segunda fase contractiva, dejando atrás la tímida y frágil recuperación vivida en 2010 y la primera parte de 2011. El inicio de esta nueva etapa ha tenido lugar en un contexto en el que las tensiones en los mercados de deuda, o más concretamente, la conocida como crisis de la deuda soberana, ha afectado y continúa afectando grave e intensamente a países que, no hace tanto tiempo, eran ejemplos de crecimiento y convergencia en el marco del proyecto europeo, entre ellos España. Asociado a ello, a finales

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Panorama Económico

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del pasado año persistían en la economía española algunos desequilibrios pronunciados, de entre los cuales cabe destacar: el elevado déficit de las Administraciones Públicas; el también elevado endeudamiento privado; la consiguiente creciente deuda total acumulada; el endurecimiento de las condiciones de financiación; la progresiva caída de la confianza de los agentes económicos; y la desaceleración que comenzaba a percibirse en las exportaciones de mercancías, directamente afectadas por el debilitamiento de algunos de los principales socios comerciales españoles. Además de ello, otras dos circunstacias adquirieron un marcado protagonismo: de un lado, la deficiente operatividad del sistema financiero que, envuelto en graves problemas de confianza sobre su solvencia, continuaba entorpeciendo sobremanera la fluidez del crédito hacia los agentes económicos; de otro, la incertidumbre existente sobre la orientación de la nueva política económica española, ligada al cambio en el ejecutivo que tuvo lugar en el mes de noviembre y al probable incumplimiento que ya empezaba a entreverse de los objetivos fiscales comprometidos con Bruselas. Finalmente, el último y si cabe, el más determinante, de los condicinantes vigentes en el último tramo del pasado ejercicio obedecía al intenso incremento experimentado en el nivel de desempleo, cuya negativa evolución ha reforzado la urgencia de recortar cuanto antes los altos índices de paro registrados en España. La conjunción de todos estos factores se detalla a continuación, si bien su resultado puede quedar condensado en la siguiente idea: deterioro de la actividad en el cuarto trimestre de 2011 y en lo que va de 2012, el cual, tal y como muestran todas las previsiones, continuará hasta el final del presente año y se prolongará, como mínimo, a lo largo del siguiente.

4º trimestre de 2011: incumplimiento de expectativas Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNT), en el cuarto trimestre de 2011, el PIB retrocedió un 0,3 por 100 en términos intertrimestrales (primera caída desde finales de 2009), después del estancamiento registrado en el trimestre precedente. No obstante, en términos de variación interanual, la economía continuó en positivo, con un crecimiento del 0,3 por 100 en el último período del año (0,5 puntos porcentuales por debajo de la cifra correspondiente al trimestre previo). A pesar del mal cierre de ejercicio, en media anual, el PIB aumentó en 2011 un 0,7 por 100, tras los retrocesos del 3,7 y del 0,1 por 100 de 2009 y 2010, respectivamente. No obstante, tal crecimiento interanual fue inferior en seis décimas al previsto, y quedó nueve décimas por debajo del registrado de media en la Unión Europea (UE). Por el lado de la demanda, el escaso crecimiento de España en 2011 se basó en exclusiva en la aportación realizada por el sector exterior, cuya contribución al crecimiento del PIB llegó hasta los 2,5 puntos porcentuales, como resultado de un comportamiento contrapuesto: de un lado, la pujanza de las exportaciones de bienes y servicios, de otro, la atonía, cada vez mayor, de las importaciones. En el lado adverso, la demanda interna se contrajo y concluyó el ejercicio detrayendo 1,8 puntos al crecimiento agregado.

Con este resultado, el componente interno del PIB prolongaba la senda de retrocesos que había emprendido en 2008, fecha en la cual la finalización del ciclo expansivo de la economía española y los efectos de la crisis financiera y económica internacional marcaron el inicio de una nueva etapa en su aportación al crecimiento económico. Desde entonces la demanda interna no ha dejado de caer, y de ser el principal motor del crecimiento en España ha pasado a convertirse en un lastre para el mismo (Gráfico 1). GRÁFICO 1 CONTRIBUCIÓN COMPONENTES DE DEMANDA A LA VARIACIÓN DEL PIB, 2007-2012 (En puntos porcentuales) 6 4 2 0 -2 -4

-8 2007

2008

PIB (% variación)

2009

2010

Demanda Interna

2011

2012 (p)

Demanda Externa

(p) Previsión Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España, y Ministerio de Economía y Competitividad

De modo paralelo, y en lo que respecta a la evolución de la demanda interna a lo largo de 2011, los datos definitivos evidencian cómo el comentado debilitamiento que experimentó la economía española durante el ejercicio tuvo su expresión máxima en la trayectoria registrada por este agregado. En consonancia con ello, y atendiendo a los datos trimestrales, la demanda interna sufrió un descenso especialmente pronunciado en el cuarto período, de tal manera que, de detraer 0,8 puntos al crecimiento del PIB en el primer trimestre, pasó a minorarlo en 2,9 puntos en los tres últimos meses del ejercicio (Gráfico 2). En línea con la senda descrita, a lo largo del período objeto de estudio todos sus componentes registraron un profundo declive, muy en especial el gasto en consumo final y la inversión en construcción (Gráfico 3). Dentro del gasto en consumo final, el componente relativo al consumo privado1 retrocedió un 1,0 por 100 en términos intertrimestrales, cifra que ascendió hasta el 1,1 por 100 si se compara con el mismo período del año precedente. Esta evolución contractiva en el consumo de los hogares ha tenido lugar en un contexto caracterizado por el recrudecimiento en la destrucción de empleo, la prolongación de las restricciones de acceso al crédito, la disminución tanto de la renta real bruta disponible de las familias como de su riqueza financiera neta, y el deterioro sufrido en la confianza de los consumidores; condicionantes que en última instancia se vieron agravados por la política de consolidación fiscal continuada por el Gobierno. 1 El consumo privado se encuentra integrado por el gasto en consumo de los hogares y de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

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En lo que respecta al consumo de las Administraciones Públicas, éste moderó su caída intertrimestral entre octubre y diciembre, hasta situarse en el –1,1 por 100 (-2,0 por 100 en el trimestre anterior); en cambio, en términos interanuales mantuvo el ritmo de descenso alcanzado en el trimestre previo (-3,6 por 100). Dicha partida prorrogó en 2011 la minoración registrada un año atrás, hasta el punto de cerrar el ejercicio con un retroceso interanual del 2,2 por 100. Como principal factor explicativo de su acusado receso se encuentran las políticas de austeridad emprendidas por el ejecutivo, las cuales se fueron intensificando a medida que avanzaba el pasado ejercicio. GRÁFICO 2 CONTRIBUCIÓN COMPONENTES DE DEMANDA A LA VARIACIÓN DEL PIB, TRIMESTRES 2010-2012 (En puntos porcentuales)

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España

GRÁFICO 3 DEMANDA INTERNA, TRIMESTRES 2010-2012 (Tasas de variación interanual)

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España

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Panorama Económico

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La inversión, medida por la formación bruta de capital fijo, experimentó una sustancial caída en el cuarto trimestre de 2011, del 4,3 por 100 intertrimestral y del 6,2 por 100 en comparación con el mismo período del año anterior. Este empeoramiento fue común en todos sus componentes, y muy en especial en la inversión en bienes de equipo y maquinaria, que de un crecimiento en términos intertrimestrales del 2,6 por 100 obtenido entre julio y septiembre, pasó a caer un 3,9 por 100 en los tres últimos meses del año. En términos interanuales, el descenso de este agregado se cifró en el 2,7 por 100, si bien en el trimestre anterior esta misma partida se había incrementado un 2,2 por 100. Las principales razones que explican el desplome de la inversión en bienes de equipo hay que buscarlas en el debilitamiento de la cartera de pedidos exteriores, el pronunciado deterioro de la actividad interna, y las difíciles condiciones de acceso al crédito, que incidieron negativamente en la puesta en funcinamiento de nuevos proyectos de inversión empresarial. Todo ello en un entorno marcado por el empeoramiento de las perspectivas económicas y la fuerte destrucción de empleo. Por su parte, la inversión en construcción prolongó la senda de contracción seguida en los tres primeros trimestres del año, agravando su mala evolución hasta el cierre del último período de 2011, el cual culminó con una bajada del 4,7 por 100 intertrimestral (-8,2 por 100 en términos interanuales). Dentro de ella, la inversión en vivienda continuó su particular atonía, con caídas del 2,3 y del 4,3 por 100, intertrimestral e interanual respectivamente, en un contexto marcado por el paulatino descenso en los precios del sector (caída del índice general de precios de la vivienda (IPV) del 11,2 por 100 interanual entre octubre y diciembre), la senda ascendente del tipo de interés aplicado por las entidades de crédito a los hogares para adquisición de vivienda (situado al cierre de 2011 en el 3,7 por 100), así como por el endurecimiento en los criterios de aprobación de préstamos a las familias para adquisición de vivienda2. Consecuencia de lo anterior, tales préstamos volvieron a decrecer en la última parte del año, a un ritmo del 1,2 por 100 en noviembre y del 1,7 por 100 interanual en el mes siguiente. Por último, y en lo que obedece a la inversión relativa a otros edificios y construcciones, su evolución fue particularmente mala entre octubre y diciembre, con una caída del 7,1 por 100 respecto al trimestre anterior (-2,8 por 100 entre julio y septiembre). A pesar de lo pronunciado del desplome, éste se acrecienta aún más si las cifras del sector se comparan con las obtenidas un año atrás, en cuyo caso el descenso se sitúa en el 11,9 por 100. El principal detonante del comentado declive ha de buscarse, al igual que sucedía al hablar del gasto en consumo de las Administraciones Públicas, en las políticas de austeridad dispuestas dentro del conjunto de medidas adoptadas por el ejecutivo; más concretamente, en la drástica reducción en obra pública, y muy en especial, en el recorte del presupuesto destinado a infraestructuras.

2 Encuesta sobre Préstamos Bancarios elaborada por el Banco de España. Tres factores encabezan la lista que ayuda a explicar el empeoramiento en los criterios de aprobación de préstamos a los hogares para adquisición de vivienda: los mayores costes de financiación, la menor disponibilidad de fondos y el debilitamiento de las expectativas de los prestamistas sobre el mercado de la vivienda.

Primer trimestre de 2012: otra vez en recesión

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Los datos relativos al primer trimestre de 2012 han confirmado la nueva entrada en recesión técnica de la economía española. Según las estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral, el PIB se contrajo un 0,3 por 100 en términos intertrimestrales en los tres primeros meses del año, cifra coincidente con la calculada para el último período de 2011. En tasa interanual, el descenso fue ligeramente mayor, concretamente del 0,4 por 100, entrando así en terreno negativo después de un año y medio de crecimientos consecutivos. En esta línea, a diferencia de lo sucedido en trimestres previos, el positivo comportamiento del sector exterior, cuya contribución al crecimiento del PIB fue de 2,8 puntos porcentuales entre enero y marzo de 2012, no fue suficiente para compensar la caída de la demanda interna en este primer tramo del año, la cual ha supuesto una detracción de 3,2 puntos al crecimiento de la economía española. La negativa evolución de la actividad económica en España se ha producido en un contexto marcado por la continuidad en las restricciones de acceso a la financiación, la elevada incertidumbre y las prolongadas tensiones en los mercados de deuda financiera, el deterioro del mercado de trabajo y el debilitamiento de la economía europea. Una situación que no dista mucho de la vigente varios meses atrás. En el intervalo que media entre enero y marzo de 2012, el consumo de los hogares españoles se ha mantenido en niveles similares a los registrados en el período inmediato anterior (variación del 0,1 por 100 intertrimestral); en cambio, ha retrocedido un 0,6 por 100 en términos interanuales, muy condicionado nuevamente por factores tales como: el alto nivel de desempleo, el fuerte endeudamiento de las familias, su menor riqueza financiera e inmobiliaria, la caída de su renta bruta disponible, y la dilatación en el tiempo del clima de incertidumbre. En lo que obedece a la caída de la renta bruta disponible de los hogares españoles, conviene precisar su estrecha vinculación con las recientes subidas de impuestos sobre la renta (incremento de tipos en el IRPF) y sobre el patrimonio (restablecimiento del impuesto con el mismo nombre y aumentos en el IBI). Paralelamente, todos los indicadores de consumo disponibles a finales de este primer tramo de 2012 se han mostrado en consonancia con la atonía que reflejan las cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral. Buena muestra de ello la constituye el indicador de confianza del consumidor publicado por la Comisión Europea, con un saldo promedio de -24,6 puntos entre enero y marzo (-16,8 puntos en el cuarto trimestre de 2011), y flexionando aún más a la baja en su último dato disponible del bimestre abril-mayo, para el que ha anotado un nivel de –30,9 puntos. El otro componente del consumo final, el consumo de las Administraciones Públicas, ha prorrogado su caída en el período que va de enero a marzo, esta vez con un descenso del 0,3 por 100 intertrimestral y del 5,2 por 100 en su comparativa con el mismo período del año anterior. Tal y como se ha comentado para el cuarto trimestre de 2011, la intensificación en las políticas de ajuste fiscal se encuentra detrás de los sucesivos descensos que este componente de la demanda interna ha

Panorama Económico

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registrado desde la segunda mitad de 2010. Una evolución que ha estado marcada por la reducción de la remuneración de asalariados de las Administraciones Públicas y, muy en especial, de sus compras de bienes y servicios. Ya en lo que respecta a la formación bruta de capital fijo, las estimaciones obtenidas hasta la fecha muestran también una continuidad en las cifras negativas de crecimiento, con porcentajes de variación del -2,6 y del -8,2 por 100 en términos intertrimestrales e interanuales respectivamente. Así mismo, de nuevo todos sus componentes han presentado tasas negativas, tanto en su comparativa con el trimestre anterior, como con el mismo período del año precedente. Concretamente, la inversión en maquinaria y bienes de equipo se ha reducido por segundo trimestre consecutivo en términos intertrimestrales, esta vez un 2,9 por 100, frente al comentado 3,9 por 100 en que minoró durante el período previo. La evolución ha sido aún más negativa en su comparación interanual, con una caída del 5,9 por 100, empeorando con ello la tasa obtenida en el cuarto trimestre de 2011 (-2,7 por 100). La razón de esta prolongación en su retroceso hay que buscarla en los factores, ya comentados, que actuaban como condicionantes para el último tramo de 2011, los cuales, lejos de mitigar las dudas acaecidas sobre la inversión empresarial, no han hecho sino acrecentarlas en los primeros meses de 2012. Finalmente, la inversión en construcción se mantiene fiel al negativo comportamiento descrito por el resto de componentes de la demanda interna, es más, tanto en términos intertrimestrales como interanuales, de todos ellos es el que más retrocede (-3,3 y -10,2 por 100 respectivamente). Entre sus partidas, la inversión residencial ha acentuado entre enero y marzo el proceso de ajuste en el que está inmersa, con un descenso del 1,6 por 100 intertrimestral y del 5,8 por 100 interanual. De igual modo, todos los indicadores coyunturales del sector disponibles para este período contribuyen a refrendar esta tendencia. Así, cabe citar como ejemplos las pronunciadas caídas tanto en las compraventas de viviendas (-29,1 por 100 interanual), como en el número de hipotecas constituidas sobre las mismas (tasa interanual del –43,5 por 100). Por su parte, el índice general de precios de la vivienda, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, ha prolongado también en el primer período de 2012 su trayectoria contractiva, con una tasa interanual del –12,6 por 100, mientras que los préstamos concedidos a las familias para adquisición de vivienda cayeron un 2,0 por 100 interanual (dato coincidente con el del trimestre precedente). Por último, tal y como sucedía en el cuarto trimestre de 2011, la inversión relativa a otros edificios y construcciones ha vuelto a arrojar unas tasas de variación muy negativas entre enero y marzo del presente ejercicio. Concretamente, en este tramo su retroceso fue del 4,8 por 100 respecto al trimestre inmediato anterior y del 14,3 por 100 si se compara con el mismo intervalo de tiempo del año previo. Al igual que se citaba en los datos explicativos de finales de 2011, los pronunciados recortes en obra pública, y en particular, en el presupuesto destinado a infraestructuras, son los grandes responsables del perfil de intenso decrecimiento que este elemento de la demanda interna ha arrastrado en los primeros meses de 2012.

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Panorama económico

La Estrategia de Política Económica Crisis de la deuda soberana en el área del euro

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En un escenario lastrado por la debilidad de las economías europeas, el recrudecimiento durante el verano de las tensiones financieras en el área del euro condicionó sustancialmente el deterioro de la actividad económica española en el tramo final de 2011. Así, la crisis de la deuda soberana europea y su interacción con la situación del sistema financiero, y más concretamente, las dificultades para encontrar soluciones a este problema, afectaron de lleno a la economía española, que acabó por confirmar su caída en una espiral de retroalimentación entre riesgo soberano, riesgo bancario y pérdida de impulso económico en la que aún hoy se halla inmersa. Los efectos más inmediatos de este circulo vicioso se han manifestado en forma de empeoramiento de las condiciones de financiación, debilitamiento de la confianza de los agentes privados y rebaja de las expectativas de crecimiento. No obstante, durante los primeros meses de 2012, la actuación de las autoridades comunitarias permitió paliar durante unas semanas la crisis de la deuda soberana en Europa, gracias a la puesta en marcha de diversas iniciativas dirigidas a recuperar la confianza de los mercados que resultaron de especial relevancia para los intereses de España. En este marco, las medidas de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), convencionales y no convencionales, la aprobación del segundo programa de rescate a Grecia tras la reestructuración de su deuda en manos privadas, con una dotación de 130.000 millones de euros para el periodo 2012-2015, y los avances en el proceso de reforma de la gobernanza económica del área del euro, contribuyeron a una cierta mejoría respecto a las elevadas tensiones vividas a finales de 2011. En concreto, de especial interés resultó el Consejo Europeo celebrado el día 2 de marzo, del cual emanaron dos actuaciones importantes. De un lado, quedaron confirmadas las prioridades de política económica que habían sido señaladas en noviembre por la Comisión Europea en su Informe Anual de Crecimiento, y en las que se abordaba la conveniencia de ligar el pertinente saneamiento de las finanzas públicas con la promoción de un crecimiento sostenible en los países europeos. De otro, los Jefes de Estado y de Gobierno de veinticinco Estados miembros (todos a excepción de Reino Unido y República Checa), firmaron el nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM, que ya había sido acordado en su reunión informal del pasado 30 de enero. Dicho Tratado, cuyo proceso de ratificación está en marcha, obedece al intento de reforzar la disciplina fiscal, al tiempo que se profundiza en la coordinación económica europea. Con este fin, los países firmantes, entre ellos España, se han comprometido a trasladar a sus marcos legales una regla de equilibrio presupuestario y un mecanismo de corrección automático de las desviaciones surgidas a nivel nacional3. Si todo prosigue según lo esperado, la entrada en vigor del conocido como Pacto Fiscal se producirá en enero del año próximo, para lo cual habrá de contar con el visto bueno de doce de las diecisiete economías de la zona euro. 3 España ha sido el primer Estado miembro en proceder a la modificación expresa de su marco legal para dar entrada a las obligaciones contenidas en el nuevo Tratado, adelantándose incluso a la firma del mismo. La materialización de este hecho ha tenido lugar en dos pasos: primero, reforma del artículo 135 de la Constitución Española el pasado mes de septiembre, segundo, la aprobación a finales de abril de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la cual se hace alusión con mayor concreción más adelante en el texto.

4 La situación se ha hecho especialmente delicada a partir de la semana siguiente al acuerdo de rescate del sistema financiero español. En contra de lo que en un momento cabría esperar, lejos de relajar las tensiones en los mercados financieros, el anuncio de la línea de crédito a favor de las entidades bancarias españolas no ha eliminado las dudas en torno a la resolución definitiva de este problema. Así mismo, la rebaja de la agencia de calificación Moody´s de la nota de la deuda soberana española unos días después de conocerse la concesión de la ayuda (el miércoles 13 de junio), no hizo sino empujar al alza la prima de riesgo española. No obstante, el punto álgido ha tenido lugar pasadas las elecciones griegas, de manera que el lunes siguiente a la celebración de los comicios helenos, el 18 de junio, la desconfianza en la solvencia del sector público español continuó su repunte (la prima de riesgo española se alzaba hasta los 589 puntos durante la jornada, y en paralelo, la rentabilidad de la deuda pública de España a 10 años alcanzaba el 7,28 por 100).

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Una relevancia similar tuvo también la actuación acometida por la máxima autoridad monetaria europea durante el primer trimestre del año. Dentro de las medidas convencionales, el BCE optó por prolongar la orientación expansiva de la política monetaria a través del mantenimiento de los tipos de interés oficiales en el 1,0 por 100 para las operaciones principales de financiación, y en el 0,25 por 100 y el 1,75 por 100 para las facilidades de depósito y de crédito, respectivamente. Paralelamente, el 29 de febrero se procedió a una segunda subasta a 36 meses con adjudicación plena que culminó con una inyección de liquidez en el sistema por valor de 530.000 millones de euros a un total de 800 entidades. A través de ella se vino a completar la primera operación de estas características llevada a cabo en diciembre, ocasión en la cual resultaron colocados 489.000 millones de euros. Al margen de estas actuaciones, durante los primeros meses de 2012 el BCE continuó haciendo uso de otros instrumentos no convencionales en el marco de su particular lucha contra la retroalimentación entre riesgos bancarios y riesgos soberanos. Sin embargo, y pese a que las medidas dispuestas ayudaron a relajar entre enero y marzo los diferenciales de deuda soberana y a aliviar las tensiones de liquidez en el sector financiero, lo cierto es que el mercado interbancario no consiguió recuperar con ellas la normalidad en su funcionamiento. De esta manera, el coste de financiación entre entidades se ha mantenido elevado, y los ajustes de sus balances han continuado por la vía de la restricción del crédito. Consecuencia de ello, dicho crédito ha seguido sin fluir hacia familias y empresas. Así mismo, la leve mejoría descrita para enero, febrero y marzo, no se prolongó demasiado, de tal modo que la inestabilidad no tardó en retornar al inicio del mes de abril. El recrudecimiento de las tensiones financieras, reflejo de la mayor aversión al riesgo en la búsqueda de oportunidades de inversión, se ha mantenido hasta la fecha, afectando de un modo singularmente manifiesto a España. La renta variable española ha vuelto a experimentar abultadas caídas durante la primavera de 2012, y la rentabilidad de la deuda pública a diez años se ha disparado hasta niveles que han rebasado incluso el 7 por 100. Todo ello en un escenario en el que el diferencial con el bono alemán ha llegado a situarse por encima de los 585 puntos, superando con ello sus máximos históricos4. En este contexto, la mayor repercusión sobre España de la maltrecha evolución de los mercados financieros resulta alimentada por las dudas incesantes en torno a varios frentes abiertos: primero, su delicada situación económica; segundo, el actual proceso de reestructuración en el que se encuentra su sector bancario, agravado por el repunte en el desconcierto sobre su solvencia que han generado los últimos acontecimientos, esto es, la inevitable intervención estatal en Bankia, y más recientemente, la ayuda a su sector financiero de hasta 100.000 millones de euros aprobada por el Eurogrupo; y tercero, el cumplimiento de sus objetivos de ajuste fiscal, cuyas exigencias pueden verse

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endurecidas a raiz de la comentada inyección financiera acometida desde Bruselas, y que alimenta el temor de que tal ajuste acabe por intensificar la constatada recesión de la economía española. En alusión a este último factor, la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a finales de marzo5, en contra de lo que cabría esperar dada la magnitud de su austeridad, tampoco sirvió para calmar la desconfianza de los mercados en cuanto a la consecución del ajuste fiscal anunciado por el Gobierno. En concreto, el impacto de la contracción económica sobre algunas de sus partidas, fundamentalmente de ingresos, y más concretamente, la posibilidad de que dicho impacto pueda haberse infravalorado, no ha ayudado a disipar la incertidumbre sobre las finanzas públicas de España.

Ajuste fiscal. De donde venimos, hacia donde vamos

5 La presentación de los PGE adquiría este año una especial relevancia desde su concepción de instrumento en el que había de quedar plasmado el proceso de consolidación fiscal a seguir durante el ejercicio, y que en buena medida habrá de condicionar el ritmo de actividad de lo que resta de año.

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La excepcionalidad de las circunstancias por las que atraviesan hoy las cuentas públicas españolas entraña la obligación de acometer un proceso de consolidación fiscal sin precedentes, no sólo por lo abultado del ajuste, sino porque éste deberá producirse en un periodo de clara contracción económica. Una situación absolutamente novedosa en España en lo que se refiere al saneamiento de las finanzas públicas. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta extraordinaria situación de corrección fiscal a la que se enfrenta la economía española y que está teniendo lugar?. A este respecto, resulta procedente retrotraerse varios años atrás. Concretamente, al ejercicio siguiente a aquel en el que dio comienzo la crisis financiera internacional. En este contexto, la política fiscal expansiva desarrollada en España durante 2008 y 2009, como estrategia para intentar amortiguar la crisis, derivó en un déficit público del 11,2 por 100 a finales del segundo año, incurriendo con ello en un notable incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). En esta situación, a principios de 2010, en el marco de actualización del PEC, el anterior Gobierno adquirió el compromiso de situar el déficit conjunto de las Administraciones Públicas (AA.PP) en el 6,0 por 100 del PIB al concluir 2011, y en el 4,4 y el 3,0 por 100 al cierre de 2012 y 2013 respectivamente. El intento de cumplir con los objetivos asumidos en el ámbito europeo fijó el punto de partida hacia un significativo giro en la política económica española. No obstante, a pesar de los antecedentes enunciados, según las primeras estimaciones oficiales, al término de 2011 la reducción del déficit público pareció alejarse en 2,5 puntos del objetivo inicialmente propuesto, situando el mismo en el 8,5 por 100 del PIB. Una cifra que varios meses después, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 17 de mayo, se vería incrementada hasta el 8,9 por 100 (nota a pie de página número 6). Por componentes, la desviación a la baja de las proyecciones macroeconómicas en base a las cuales se había fijado el citado objetivo de déficit para el año 2011 (pronóstico de crecimiento del PIB del 1,3 por 100 y no del 0,7 por 100 como finalmente ocurrió, y perspectiva de aumento del empleo del 0,2 por 100, frente al –2,0 por 100 que se produjo) explica el notable incumplimiento registrado el pasado ejercicio. De este modo, tal y como ya advirtieron en su momento los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) en sus observaciones al Programa Nacional de Reformas de 2011, dicha desviación se tradujo

Panorama Económico en, por un lado, un ajuste decidido en el gasto público, por el otro, una sustancial bajada de los ingresos cíclicos, mucho mayor que la prevista en el Programa de Estabilidad 20112014. Paralelamente, si se atiende a los distintos niveles de las Administraciones Públicas, los datos sitúan a las Comunidades Autónomas como las principales responsables del comentado incumplimiento. En concreto, su distanciamiento con respecto al objetivo previamente dispuesto para ellas (déficit del 1,3 por 100) ha acabado por explicar cerca de dos tercios del desajuste total de 2011 (Cuadro 1). Visto el panorama descrito y dado el evidente desfase en el déficit esperado el pasado año, a comienzos de marzo el nuevo Gobierno rebajó las previsiones de cara a 2012, pasando del citado objetivo de déficit del 4,4 al 5,8 por 100. Sin embargo, las discrepancias con Bruselas sobre la nueva cifra desembocaron en una segunda revisión antes de acabar el mes. Consecuencia de ello, el déficit a alcanzar este año ha quedado estipulado en el 5,3 por 100, manteniéndose de momento, al menos hasta el cierre de este artículo, el enunciado propósito de llegar al 3,0 por 100 del PIB al concluir 2013. CUADRO 1 DÉFICIT PÚBLICO. OBJETIVOS Y RESULTADOS, 2011-2012 (En porcentaje del PIB) CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

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Fuente: elaboración propia a partir de datos de fedea (Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas)

En esta situación, la actividad del actual ejecutivo se ha configurado en torno a dos objetivos que ha calificado de esenciales: primero, devolver a España a la senda de la consolidación fiscal; segundo, superar los problemas de crecimiento y empleo de los que hoy adolece su economía, por medio de avances en materia de competitividad, flexibilidad y eficiencia económica. Con este propósito, la trayectoria emprendida por el anterior Gobierno desde mediados de 2010 se ha visto refrendada y fortalecida por su sucesor, el cual ha articulado su política en materia económica sobre la base de dos principios que ha convertido en fundamentales: austeridad y reformas. Uno y otro han sido concebidos como elementos básicos para tratar de abordar el camino hacia el equilibrio presupuestario, generar confianza en los mercados internacionales de deuda, y sentar los pilares de un crecimiento equilibrado y sostenible en el tiempo. No obstante, no es menos cierto que los efectos más inmediatos de profundizar en este enfoque se han traducido en la continuación tanto de la contracción de la demanda interna como de la destrucción de empleo. En esta linea, la comentada estrategia económica decidida para España ya ha tenido traslación a los Presupuestos Generales del presente año (los más austeros

desde el inicio de la crisis), así como a las distintas medidas e iniciativas que han sido aprobadas durante el transcurrir de 2012. En consonancia con esta última afirmación, el nuevo ejecutivo puso en marcha su propio plan de reformas poco tiempo después de asumir su mandato, articulado en torno a un conjunto de actuaciones que se han ido implementando, y cuyos primeros efectos tuvieron reflejo antes de acabar el pasado año. El modo de proceder para su instauración parece responder a un patrón que se ha reproducido en numerosas ocasiones en lo que va de ejercicio: la elaboración de diversos y sucesivos paquetes de medidas, en ocasiones de índole muy diversa, que viernes tras viernes, después de su aprobación en la reunión semanal del Consejo de Ministros, son dados a conocer, vía rueda de prensa, a la opinión pública. A continuación se hace un repaso cronológico por aquellas medidas que han venido considerándose como de mayor calado, contextualizadas según los distintos ámbitos en los que se han ido sucediendo, su diversa naturaleza y la intensidad de su alcance.

Cronología de la actuación económica del Gobierno 21 CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

De acuerdo con lo adelantado en párrafos precedentes, el ejecutivo salido de las elecciones de noviembre aprobó, el penúltimo día del año, su primer paquete de medidas, cuyo objetivo, siguiendo la línea de su predecesor, no era otro que el de corregir el déficit público y dinamizar la economía. La publicación del acuerdo se llevó a efecto a través del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, de cuyo contenido destacaron algunas decisiones tales como: la confirmación de la actualización de las pensiones al coste de la vida, el mantenimiento íntegro de las prestaciones por desempleo, y la prorlongación de los 400 euros destinados a los parados que hayan agotado su prestación. Así mismo, otras iniciativas adoptadas en materia fiscal fueron: el establecimiento de un recargo de solidaridad progresivo sobre la cuota del IRPF; el incremento de tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles con valor catastral superior a la media de cada municipio (estas dos medidas con anunciado carácter temporal); o la prorrogación del tipo de IVA del 4,0 por 100, junto con la recuperación de la deducción para adquisición de nueva vivienda. Además de ello, el último Consejo de Ministros de 2011 llegó a un acuerdo de no disponibilidad por importe de 8.900 millones de euros en tanto que los Presupuestos Generales del Estado no resultasen aprobados de manera definitiva. Adentrados en el nuevo año, en primer lugar cabe destacar la materialización del segundo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 (II AENC), firmado por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME el pasado 25 de enero. Los principales aspectos que en él se abordaron respondieron a: la estructura de la negociación colectiva, el favorecimiento del uso de la flexibilidad interna, y la renegociación del acuerdo de salarios vigente para 2012, así como la orientación de su evolución para 2013 y 2014. Paralelamente, unos días después, concretamente el 2 de febrero, se dio luz verde a una nueva línea de financiación directa a las Comunidades Autónomas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El objetivo

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perseguido era el de suministrarles apoyo financiero, condicionando el mismo al cumplimiento de una serie de requisitos en materia de disciplina fiscal y financiera6. En cuanto a su diseño, el nuevo mecanismo cubría originariamente dos tramos: el primero destinado a proporcionar financiación a las CCAA para el pago de obligaciones pendientes asociadas a deuda financiera que hubiesen contraído con anterioridad al 1 de enero de 2012 y cuyo vencimiento se produjera en el primer semestre del año; el segundo, dirigido a dotarles de liquidez para la cancelación de las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores derivadas de la adquisición de suministros, realización de obras o prestación de servicios. Esta segunda fórmula suponía así el punto de partida de lo que unas semanas después derivó en la puesta en marcha de un mecanismo extraordinario de financiación dirigido tanto a CCAA como a Corporaciones Locales7 (también conocido como “Plan de Pago a Proveedores”), el cual ha sido dotado inicialmente con 35.000 millones de euros en un intento de que quienes tengan créditos pendientes de cobro sobre estos dos niveles de la Administración puedan recuperarlos. Para ello se ha proyectado un sistema de “plazos”, cuya idea es que, mediante este nuevo procedimiento, y más concretamente, a través de la colaboración y el aval del Estado ante determinadas entidades financieras, las empresas puedan cobrar los servicios prestados, en función de una serie de criterios fijados por el Gobierno y que marcan la prioridad de los pagos. Así mismo, cualquier CCAA o EELL que haya optado por acogerse a este mecanismo extraordinario se ha visto obligada a presentar un Plan de Ajuste Fiscal ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En este marco, el citado Ministerio anunció el 17 de abril que todas las Comunidades Autónomas, salvo Galicia, Navarra y País Vasco, habían decidido acudir al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, presentándose a esa fecha obligaciones pendientes por un importe de 17.255 millones de euros, materializadas en un total de 3.918.986 facturas. Al mismo tiempo, los datos provisionales relativos a los ayuntamientos situaron las cifras en 1.931.976 facturas, con un importe de 9.584 millones de euros pendientes de pago8. Volviendo al mes de febrero, el mismo día en que fue anunciada la nueva línea de financiación del ICO para las Comunidades Autónomas, el Consejo de Ministros aprobaba la primera de las reformas acometidas en el sector financiero en lo que llevamos de ejercicio, y que quedó recogida en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. La nueva regulación partía con el objetivo enunciado de alcanzar el saneamiento del sector para recuperar su confianza y credibilidad, conseguir con ello facilitar el acceso de las entidades de 6 Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las CCAA de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012. 7 Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales; Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas; y Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 8 Así mismo, el pasado 30 de mayo el secretario de Estado de Administraciones Públicas anunció que el Ministerio de Hacienda estaba estudiando una posible ampliación de este Plan, al no haberse agotado en la primera fase los 35.000 millones de euros que estaban previstos para el mismo.

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crédito a los mercados de capitales, y retomar así su función como catalizadores del ahorro hacia la economía real. Con este fin, el Real Decreto-ley contemplaba diversas medidas, entre ellas: el incremento de la exigencia de cobertura de determinados activos ligados al sector inmobiliario de los balances de las entidades de crédito, la modificación del régimen de gobierno de las cajas de ahorros, la reestructuración del régimen de ayudas del FROB, o la introducción de restricciones en las remuneraciones de administradores y directivos de las entidades beneficiarias de ayudas públicas. Pocos días después de la reforma financiera, el Gobierno aprobó el Real Decretoley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuyos objetivos, según recoge la exposición de motivos, son: fomentar la empleabilidad, favorecer la creación de empleo y la contratación indefinida, impulsar la flexibilidad interna como alternativa a la extinción de empleo y reducir la dualidad laboral. La reforma laboral ha contado, en líneas generales, con la valoración favorable de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, mientras que, por el contrario, ha suscitado el rechazo de las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Resultado de lo anterior, fue la convocatoria por estas dos últimas organizaciones de una jornada de huelga general el 29 de marzo, además de diversas manifestaciones contra la misma. Precisamente, en su primera reunión de marzo, el Consejo de Ministros sacó adelante el desarrollo de la disposición adicional octava contenida en el referido Real Decreto-ley sobre la reforma laboral, concerniente a la retribución de los máximos responsables y directivos de las sociedades mercantiles estatales. Así, a través del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público, se han introducido límites a las remuneraciones de los altos mandatarios dentro de estas empresas, sobre la base de cuatro principios: austeridad, eficiencia, transparencia y uniformidad en los criterios de retribución de las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Adicionalmente, este mismo Real Decreto ha incorporado otra modificación relevante, y que responde a la reducción del número de miembros de los Consejos de Administración de las empresas públicas: hasta un máximo de 15 para las de mayor dimensión, 12 para las medianas y 9 para las más pequeñas. En línea con la actuación emprendida el 5 de marzo y en aras de completar ésta, el día 16 de ese mes tuvo lugar la presentación del Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, cuyo cometido declarado es el de avanzar en la configuración de un sector más reducido, racional y eficiente, en un contexto marcado por la austeridad y la necesidad de control del gasto público9. Dicho Plan contempla la supresión, desinversión o agilización de la liquidación de 80 sociedades mercantiles estatales (32 por 100 del total), al tiempo que aborda la reformulación del sector público fundacional estatal mediante diversas operaciones de supresión o fusión. Paralelamente, ese mismo día, el Gobierno dio a conocer la ampliación de la dotación en las Líneas de mediación ICO para 2012 desde los 19.000 hasta los 22.000 millones de euros, a través de la 9 Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal.

10 Umbral de exclusión: que sea primera y única vivienda y que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas. Así mismo, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 60 por 100 de los ingresos netos que perciban el conjunto de los miembros de la familia, quienes además deberán carecer de bienes patrimoniales con los que poder satisfacer la deuda.

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reorientación y refuerzo de algunas de ellas (Inversión, Internacionalización, de Liquidez, de Emprendedores y de Vivienda). La intención enunciada corresponde al deseo de facilitar a las empresas el acceso a la financiación, en particular a pymes y emprendedores, principales destinatarios de estas Líneas. En otro ámbito se produjo también la aprobación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Con esta medida se ha buscado incorporar fórmulas con las que combatir el problema de los desahucios para las personas en riesgo de exclusión social. De este modo, en el texto, tras fijar los umbrales que definen el colectivo a proteger10, se limitan los intereses de demora y se modifican los procedimientos de ejecución extrajudicial (nuevo sistema de subastas on-line). Así mismo, se introduce un Código de Buenas Prácticas que podrá ser suscrito de forma voluntaria por las entidades financieras, tras lo cual su cumplimiento tendrá carácter obligatorio durante al menos dos años, pudiendo ser invocado ante los Tribunales de Justicia. Finalmente, el cierre en materia económica al tercer mes de 2012 lo puso el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Su presentación se llevó a cabo como prolongación del ya comentado Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, ante la argumentada necesidad de complementar los mecanismos contemplados en este último. En líneas generales, en el nuevo Real Decreto-ley se fija como prioridad el incremento de los ingresos fiscales provenientes del Impuesto sobre Sociedades. Con este propósito se introducen dos tipos de actuaciones, de carácter temporal (de aplicación limitada durante 2012 y 2013), y de carácter indefinido. En relación a las primeras cabe citar: la limitación de la deducción del fondo de comercio, la reducción del límite de deducciones aplicadas en los dos periodos impositivos citados y la fijación de un importe mínimo del pago fraccionado para las grandes empresas. Mientras, dentro del segundo tipo de medidas se encuentran: la limitación en la deducción de gastos financieros, la modificación del régimen de exención en la transmisión de participaciones en entidades no residentes en territorio español, o la eliminación de la libertad de amortización regulada en la disposición adicional undécima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. De igual modo, se incorporan variaciones adicionales en otros ámbitos, como pueden ser el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. No obstante, de entre todas las modificaciones reguladas destaca la referida al afloramiento de rentas ocultas derivadas de bienes o derechos no declarados (más conocida como “regularización o amnistía fiscal”). Esta medida extraordinaria se ha impulsado con el fin de favorecer que los contribuyentes del IS, IRPF y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) puedan ponerse al corriente de sus obligaciones tributarias. La argumentación utilizada por el ejecutivo se ha sustentado en la posibilidad

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de atraer más recursos a la Hacienda Pública que permitan contribuir a la necesaria consolidación fiscal. Concretamente, los contribuyentes afectados deberán presentar una “declaración tributaria especial” al objeto de regularizar su situación respecto de los bienes o derechos de los que hubieran sido titulares con anterioridad al 1 de abril de este año, e ingresar el 10 por 100 de su importe o valor de adquisición antes del 30 de noviembre, lo que les asegurará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos, además de la exoneración de cualquier responsabilidad penal que en un principio pudieran llevar aparejada. Continuando la línea descrita, en su reunión del viernes 13 de abril, el Gobierno dio luz verde al denominado Anteproyecto de Ley de intensificación de lucha contra el fraude, con el cual se pretende completar el recién citado Real Decreto-ley de medidas tributarias del pasado 30 de marzo, y más concretamente el conocido como Plan de regularización fiscal. El objetivo señalado es el de reducir la economía sumergida e incrementar el número de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias, para lo cual se introducen medidas adicionales en la lucha contra el fraude fiscal. A grandes rasgos, algunas de las incorporaciones previstas son: la limitación del pago en efectivo entre profesionales hasta los 2.500 euros; la acotación del sistema de módulos; la potenciación del embargo preventivo y de otras medidas cautelares; la fijación de nuevas medidas de recaudación, como pueda ser la imposición de multas a quienes dificulten las acciones inspectoras; la obligación de informar de las cuentas, inmuebles, valores u otros títulos que empresas y particulares tengan en el extranjero; y a colación de esto último, la eliminación de la prescripción de las deudas fiscales en relación a cuentas y valores no declarados en el exterior. Un viernes después, el día 20 de abril, el Consejo de Ministros concluyó también con varias novedades importantes; entre ellas, el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Tal y como se desprende de su título, el objetivo asociado a esta iniciativa responde a la voluntad de racionalizar el gasto en educación y hacerlo más eficaz. De hecho, las estimaciones del Gobierno han apuntado en su presentación a un ahorro potencial de 3.000 millones de euros. Con este propósito han sido introducidos diversos mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa, tanto en el ámbito de la enseñanza universitaria como no universitaria, cuya aplicación podrá ser modulada por cada Comunidad Autónoma en función de su situación financiera. Paralelamente, fruto igualmente de la reunión del ejecutivo de aquel viernes, fue el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. El objetivo fundamental que se incorpora en su texto es el de abordar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud basada en su solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, previéndose en un principio unos ahorros presupuestarios superiores a los 7.000 millones de euros. Así mismo, otro de los propósitos perseguidos consiste en avanzar en la coordinación de los servicios de salud autonómicos, eliminando con ello las diferencias entre las prestaciones ofrecidas por las distintas Comunidades Autónomas.

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Ya en lo que respecta a su contenido, dos fueron las principales novedades. La primera, las modificaciones relativas a las garantías y al uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y más concretamente, aquellas que tienen que ver con la aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. Así, desde la entrada en vigor del mencionado Real Decreto-ley, dicha aportación pasa a ser proporcional al nivel de renta, si bien, contando con una serie de exenciones y topes máximos para los pensionistas y para los tratamientos de carácter crónico. La segunda, los cambios introducidos tanto en el régimen de asistencia sanitaria suministrada a los extranjeros, a quienes la mera inscripción en el padrón municipal ya no les da derecho a la tarjeta sanitaria, como en el de asistencia a los ciudadanos comunitarios, de tal modo que, a partir de ahora, quienes tengan derecho a residencia por un periodo superior a tres meses deberán contar con un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España. El objetivo subrayado con este novedoso requisito es el de combatir el llamado “turismo sanitario”. Acabando el cuarto mes de 2012, el día 25, tras recibir la aprobación del Senado y completar así su último trámite parlamentario, salía adelante la norma que desarrolla la reforma constitucional pactada por los dos principales partidos políticos en el otoño del año pasado, esto es, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El texto, que ha sido tramitado de urgencia, presenta como objetivo central la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas, y con ello el fortalecimiento de la confianza y fiabilidad en la economía española y el refuerzo de los compromisos asumidos con la Unión Europea. A tal fin, se ha impuesto el déficit cero para el conjunto de todas las Administraciones a partir de 2020, junto con la reducción de la deuda pública al 60 por 100 para ese mismo año. Al margen de estas dos destacadas novedades, se ha ampliado el plazo para reducir el endeudamiento de las Comunidades Autónomas de ocho a veinte años. Por último, el cierre a la actuación ejecutiva de abril en materia económica lo puso el Consejo de Ministros del viernes 27, el cual dio como principal resultado un nuevo Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que en principio se espera que abarque hasta finales de 2013. Dicho Plan enuncia como objetivo central la persecución de los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas, así como a la reducción de los ingresos en los recursos económicos de la Seguridad Social. Con este fin, se aboga por la inclusión de una serie de medidas que serán articuladas por medio de un Anteproyecto de Ley Ordinaria y un Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación del Código Penal. Algunas de las más destacadas obedecen a: la ampliación del plazo de prescripción de los delitos más graves contra la Seguridad Social de cinco a diez años; la posibilidad de ampliar de los nueve a los dieciocho meses el período de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, previo al procedimiento sancionador, para supuestos de fraude que resulten especialmente complejos; la extensión de uno a tres años del plazo para exigir la responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación; la eliminación del límite

11 Las principales Recomendaciones introducidas por la Comisión en relación al PE y al PNR de España se pueden resumir en: más medidas de ajuste para las CCAA y creación de una institución fiscal independiente; aceleración del retraso en la edad de jubilación; reorientación de la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo (subida del IVA) y las actividades perjudiciales para el medio ambiente; aplicación de la reforma del sistema financiero, con definición de una estrategia clara sobre la financiación y utilización de mecanismos de protección; ejecución de la reforma laboral y profundización en la misma con medidas adicionales dirigidas a aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo; y revisión de las prioridades de gasto y reasignación de fondos a fin de facilitar el acceso a la financiación para Pymes, investigación, innovación y juventud.

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de 187.515 euros de las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social; la limitación de los incentivos para despedir a los trabajadores de más de 50 años; la supresión de las jubilaciones obligatorias pactadas en convenio colectivo; la incorporación durante 2012 de 53 inspectores y 60 subinspectores destinados a la prevención, detección y lucha contra el empleo irregular; o el refuerzo de los mecanismos de colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos competentes en materia de políticas laborales, sociales y de empleo. Paralelamente, en aquella misma reunión, se aprobó la remisión a Bruselas de la actualización del Programa de Estabilidad 2012-2015 y del Programa Nacional de Reformas de España 2012, en cumplimiento con el calendario dispuesto en el denominado “Semestre Europeo” y empleando para ello un procedimiento similar al del ejercicio 2011. En consonancia, tras efectuar un diagnóstico previo de la economía española, el primero de los programas recoge el cuadro macroeconómico previsto para España en el período 2012-2015, plasmación de la estrategia fiscal que habrá de ser aplicada durante el mismo y que se fundamenta en la búsqueda de la consolidación fiscal. Por su parte, el Programa Nacional de Reformas responde a una agenda de medidas y reformas estructurales a implantar en la búsqueda de un conjunto de objetivos definidos previamente: consolidación fiscal, fomento del crecimiento y la competitividad, lucha contra el desempleo, reactivación del crédito, mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y modernización y racionalización de las Administraciones Públicas. El día de su presentación, el Gobierno insistió en subrayar los esfuerzos realizados para dejar plasmada en ambos documentos la estrategia de política económica a seguir por España en los próximos tres años. Con estas declaraciones, se ponía de relieve el interés del ejecutivo en dar respuesta a una de las reiteradas demandas que se le venían haciendo en las semanas previas, en virtud de la cual, se le reclamaba un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo en aras de recobrar la confianza, muy en particular la de los mercados financieros. No obstante, dada la evolución posterior que en este ámbito ha tenido lugar, el impacto alcanzado por el contenido de uno y otro programa parece no haber sido el esperado. Sea como fuere, la respuesta del ejecutivo comunitario a esta actuación gubernamental ya se ha producido, de tal modo que, tras la comentada remisión a Bruselas de los dos documentos, la Comisión dio a conocer sus Recomendaciones al respecto el pasado 30 de mayo. El contenido de las mismas está llamado a servir de guia de cara al diseño de los próximos PGE11. Siguiendo con la actuación del Gobierno español, en la primera semana de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. El objetivo que se señala en su exposición de motivos consiste en abordar la reforma de ciertos aspectos de

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la legislación ambiental española a fin de contribuir con ello a la reactivación de la economía y la generación de empleo. En términos generales, los mayores esfuerzos se dirigen a la simplificación administrativa, mediante la eliminación de mecanismos de intervención actuales que resultan ineficaces, imponen demoras y entrañan dificultades de gestión para las Administraciones públicas. En su lugar el texto promulga una protección medioambiental eficaz, por medio de la fijación de reglas claras y sencillas, aquello que el legislador ha optado por calificar como “legislación ambiental sostenible”. No obstante, la principal actuación gubernamental del quinto mes de 2012 tuvo lugar en la reunión de Ministros que se celebró un viernes después, día en el que resultó aprobada con carácter de urgencia la segunda reforma del sector financiero en lo que va de legislatura. Como ya se enunciaba en la alusión que se hacía al Real Decreto-ley 2/2012, con la aprobación de aquel se pretendían fijar las bases definitivas para alcanzar un sistema financiero saneado de los activos inmobiliarios, y conseguir con ello la tan ansiada confianza de los mercados y de los socios europeos. Sin embargo, con el paso de los meses han ido apareciendo bastantes más activos inmobiliarios deteriorados de los que se previeron en un primer momento, hasta el punto de requerir de manera inmediata una nueva regulación al respecto, o lo que es equivalente, una nueva reforma del sector en cuestión. Su instrumentalización ha tenido lugar mediante la aprobación del Real Decretoley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en un entorno marcado por la reactivación de las dudas e incertidumbres acerca de la solvencia de la banca española, cuyo punto de inflexión se sitúa en el devenir de la situación por la que atraviesa actualmente Bankia y que ha desembocado en su reciente intervención estatal. Sobre esta base ha surgido el nuevo Real Decreto-ley, cuyo principal objetivo consiste en disipar las citadas dudas e interrogantes que vienen ocasionando los balances de los grupos financieros españoles, avanzando con ello en el saneamiento del sector, a fin de restablecer la confianza perdida en la solvencia de sus entidades y de recuperar así su función canalizadora del ahorro hacia la economía real. Definido el objetivo, entre las medidas contempladas en esta última regulación financiera figura la exigencia de nuevos requerimientos de cobertura, adicionales a los incluidos en el Real Decreto-ley del pasado febrero, establecidos por una sola vez, y de manera diferenciada según los diversos tipos de financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria. Además de ello, se regula la constitución de sociedades de capital a las que las entidades de crédito estarán obligadas a aportar, para su gestión y liquidación, los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias. En conexión con esto último, se delimitan también las reglas necesarias para asegurar la neutralidad fiscal de las operaciones que se efectúen en la constitución de las enunciadas sociedades. Así mismo, con objeto de fomentar la venta de los activos inmobiliarios, se incorpora una exención parcial sobre las rentas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles urbanos que se ejecuten con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma y antes del fin de

año. Dicha exención será del 50 por 100 de las rentas enunciadas, estará sujeta al cumplimiento de determinados requisitos, y afectará tanto al Impuesto sobre Sociedades, como al IRPF y al Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Sin embargo, los esfuerzos de regulación adicionales que ha introducido el recién comentado Real Decreto-ley no han sido suficientes para llevar la calma al sector financiero, en virtud de lo cual, diez días después de su aprobación, el 21 de mayo, se anunciaba la contratación de dos evaluadores independientes para diagnosticar los balances de las entidades financieras españolas. El objetivo perseguido se vuelve a repetir: despejar las dudas sobre la valoración de los activos bancarios, a cuyo fin el Banco de España y el Ministerio de Economía han consensuado la elección de dos auditoras: Roland Berger y Oliver Wyman. A la conclusión de este artículo se acaban de publicar los primeros resultados referentes al examen general realizado por ambas entidades evaluadoras, cuya salida a la luz se produjo concretamente el jueves 21 de junio. Las estimaciones de necesidades de capital a que tales exámenes han dado lugar oscilan entre 51.000 y 62.000 millones de euros en el escenario más adverso12, las cuales, junto con la respectiva evaluación rea-

12 El análisis se ha realizado sobre la base de dos tipos de escenarios: un escenario base, más acorde con las previsiones económicas actuales, y un escenario estresado, marcado por una coyuntura económica sustancialmente peor, que conlleva tres años adicionales de recesión (2012, 2013 y 2014). Para el primero de ellos, Roland Berger ha estimado unas necesidades de capital de 25.600 millones de euros y Oliver Wyman de entre 16.000 y 25.000 millones. Mientras, en el escenario estresado, las necesidades de capital ascienden a 51.800 millones según la primera de las auditoras y entre 51.000 y 62.000 millones de euros según los cálculos de la segunda. 13 El FMI adelantó unos días la publicación de su Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) para España, cuyos resultados salieron a la luz el sábado 9 de junio, en coincidencia con el anuncio del acuerdo de rescate alcanzado en el seno del Eurogrupo. En el Informe realizado, el organismo internacional cifra las necesidades de capital de la banca española en 25.000 millones de euros en el escenario base, en 29.000 millones en el calculado por el Banco de España y en 37.000 millones en el más adverso. Así mismo, advierte de la posibilidad de que esta cifra sobrepase los 40.000 millones de euros, en función del importe al que asciendan los costes de reestructuración y de reclasificación de préstamos. 14 La petición formal de la ayuda por el Gobierno español se produjo quince días después, el lunes 25 de junio. El memorándum del rescate, en el que deberán figurar las condiciones de su devolución, se espera que sea finalmente aprobado por el Eurogrupo en su reunión del 9 de julio.

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lizada por el FMI13, servirán de base para fijar el importe exacto de las necesidades actuales de financiación del sistema bancario español. El marco en el que deben ubicarse ambos Informes obedece al acuerdo alcanzado en el seno del Eurogrupo el pasado 9 de junio, y que supuso la puesta a disposición de España de una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, en un nuevo intento de contribuir a solventar la complicada situación por la que atraviesa el sector financiero español14. Sobre esta base, las evaluaciones realizadas por los dos expertos independientes coinciden con las que exige la Unión Europea a aquellos países que se vean en la obligación de solicitar ayuda financiera con la que sanear su sector bancario. No obstante, el examen no ha acabado ahí. La evaluación consta de dos etapas. La publicación de los primeros resultados sólo se corresponde con la primera de ellas, habiéndose limitado a la realización de las conocidas como pruebas de resistencia o test de estrés, es decir, un análisis de la capacidad de las entidades del sector para hacer frente a un pronunciado deterioro adicional de la coyuntura económica. Así mismo, los trabajos de la segunda etapa ya han comenzado, para cuya elaboración se ha contratado a otras cuatro firmas auditoras: Ernst & Young, Deloitte, KPMG y PwC. En esta ocasión, el estudio se centrará en efectuar un análisis individualizado de las carteras crediticias de los catorce grupos bancarios españoles, con el fin de

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obtener una medición exacta de los riesgos que cada una de ellas lleva aparejados. Sus primeros resultados se esperan para el 31 de julio, los cuales servirán para la confección de un ejercicio aún más amplio y preciso que habrá de presentarse en septiembre. Será entonces cuando verdaderamente se estará en disposición de cifrar las necesidades de capital de cada una de las entidades financeras analizadas, y si éstas son o no capaces de cubrir las mismas con financiación privada en su totalidad o si, por el contrario, necesitarán de fondos públicos para poder satisfacerlas. Acercándose ya al término de esta cronología de medidas, la última actuación económica de mayo se produjo el viernes día 25, por medio del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. El fin pretendido en esta ocasión responde al intento de impulsar y dinamizar la actividad comercial minorista, apostando para ello por una flexibilización en el régimen de aperturas vigente. Con este propósito, el texto elimina la exigencia de solicitud de licencias de actividad y obras de acondicionamiento que no requieran de proyecto previo para aquellos establecimientos comerciales con una superficie de hasta 300 metros cuadrados, y sustituye las mismas por una declaración responsable o una comunicación a priori, según el caso. Finalmente, en el cierre al repaso de la trayectoria que en materia económica ha sido seguida en lo que va de ejercicio, conviene no olvidar, dada su potencial relevancia e incidencia futura, una de las iniciativas puestas en marcha por este ejecutivo y cuyo trámite está actualmente en curso: la Propuesta de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Su propósito, según se anuncia, responde al intento de acabar con la opacidad en la Administración, en aras de mejorar la deteriorada confianza que actualmente tiene la sociedad en las instituciones públicas. No obstante, se ha de remarcar que en su tramitación han ido apareciendo dudas en torno a algunas de sus limitaciones y ambigüedades que, según algunos sectores, pueden alejar finalmente el proyecto de los objetivos inicialmente enunciados.

Previsiones: ahondando en la crisis económica. Posible incumplimiento de los objetivos de déficit Expuestas a grandes rasgos algunas de las claves que explican lo acontecido en lo que va de año, las previsiones efectuadas por todos los organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales anuncian, no sólo una continuación de la negativa dinámica, sino un sustancial agravamiento en la mala evolución de la economía española. De este modo, del análisis de las diferentes proyecciones publicadas hasta la fecha se puede detraer una lectura común: el pronunciado retroceso de la actividad en España durante 2012, en un entorno marcado por la exigencia de avanzar en la consolidación fiscal comprometida con Bruselas, la continuación en el proceso de saneamiento de los balances de familias y empresas, las fuertes tensiones en los mercados financieros y la desaceleración en la contribución del sector exportador de bienes y servicios a la expansión de la producción nacional15 (Cuadro 2). 15 Ninguna de las previsiones aquí expuestas incorpora en su estudio la última revisión al alza del déficit público español enunciada el pasado 17 de mayo, y la cual elevó su porcentaje al 8,9 por 100 del PIB para 2011. En consecuencia, todas las proyecciones han tomado como base el 8,5 por 100 dispuesto con anterioridad.

CUADRO 2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS PARA ESPAÑA, 2012-2013

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de previsiones para España estimados por cada organismo o institución objeto de análisis.

ticos hechos con anterioridad para España por esta misma institución. Concretamente, al término de este artículo, Bruselas proyecta un receso de la economía española en 2012 y 2013 del 1,8 y del 0,3 por 100 respectivamente, mientras que en el otoño del pasado año preveía crecimientos del PIB del 0,7 y del 1,4 por 100 para cada uno de estos años. Según sus estimaciones, el principal detonante de esta situación vendrá del lado de la demanda interna, cuya contracción será especialmente acusada en el presente ejercicio, y sólo parcialmente compensada por la contribución positiva del sector exterior. Así mismo, dentro de la demanda interna, la Comisión advierte del pronunciado recorte que experimentará el gasto de las Administraciones Públicas, resultado inmediato de las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno, muy especialmente en el transcurso de 2012. Ya en lo que concierne al consumo privado y a la inversión empresarial, uno y otro componente prolongarán su fuerte senda de retrocesos en ambos ejercicios, aunque en 2013 de un modo algo más moderado. Las estimaciones de Bruselas relativas al mercado de trabajo tampoco han sido nada halagüeñas, augurando aumentos en el ritmo de destrucción de empleo durante 2012, aunque pronosticando una suavización en el mismo durante el transcurrir de 2013. En cualquier caso, según sus cálculos, la tasa de paro se situará en el 24,4 por 100 al cierre del presente año, y sobrepasará el 25 por 100 de la población activa española en el ejercicio siguiente, niveles que han sido calificados de “inaceptablemente elevados” por la propia Comisión. En lo que respecta al déficit público español, sus cálculos apuntan a que quedará situado en el 6,4 por 100 del PIB a finales de 2012 (1,1 puntos porcentuales por encima del anunciado por el Gobierno), minorándose tan sólo una décima durante 2013, año en el que finalizaría en el 6,3 por 100 (3,3 puntos superior al objetivo 16 Comisión Europea; Previsiones de primavera: hacia una lenta recuperación, mayo 2012.

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El primero de los ejemplos de esta negativa expectativa generalizada podría obedecer a las últimas previsiones de primavera presentadas por la Comisión Europea para 2012 y 201316, las cuales han vuelto a revisar a la baja algunos de los pronós-

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17 Las estimaciones de primavera de la Comisión Europea han sido efectuadas sin contemplar los programas de estabilidad y los planes de ajuste de las Comunidades Autónomas que fueron aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 17 de mayo. 18 FMI; Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2012. Reanudación del crecimiento, peligros persistentes. 19 OCDE; Informe semestral de Perspectivas económicas mundiales, mayo 2012.

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fijado desde el ejecutivo español). Mientras, según la Comisión, la deuda pública de España cerrará el presente ejercicio en el 80,9 por 100 de su PIB, porcentaje que ascenderá hasta el 87,0 por 100 al término de 2013. Ya en lo que obedece al nivel de inflación española, la estimación efectuada es de un 1,9 por 100 para este año, minorándose hasta el 1,1 por 100 para el total de 201317. En líneas generales, los pronósticos de abril del FMI18 son algo más favorables, aunque encauzados en la misma dirección que los recientemente comentados de Bruselas. Así, según sus últimas proyecciones, España ahondará en la recesión a lo largo de 2012, con un desplome en su PIB del 1,8 por 100, sin embargo, a diferencia de la Comisión Europea, prevé que la economía española vuelva a tasas positivas un año después, con un crecimiento del 0,1 por 100 en 2013. En lo que se refiere al mercado laboral, el organismo internacional sitúa la tasa de paro española en el 24,2 por 100 al final de 2012 y, en contraposición con Bruselas, estima que ésta bajará en el ejercicio siguiente hasta el 23,9 por 100. En cambio, en lo que sí coincide con la Comisión es en su previsión de incumplimiento de los objetivos de déficit fijados por España. Según el FMI, el déficit público español sólo se reducirá hasta el 6,0 por 100 del PIB en 2012 y hasta el 5,7 por 100 en 2013. Como puede observarse, aunque mejores que los pronosticados por la Comisión, estos descensos resultan insuficientes para cumplir con los compromisos pactados por el Gobierno español con la Unión Europea. Finalmente, según los cálculos del Fondo, la tasa de inflación en España será del 1,9 por 100 en 2012 y del 1,6 por 100 en 2013, siguiendo así una marcada tendencia a la baja tras registrar en 2011 el 3,2 por 100 en media anual. Otro de los organismos internacionales que ha publicado recientemente sus proyecciones sobre España es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)19. A diferencia del FMI, la OCDE no sólo no mejora las previsiones de la Comisión Europea sino que las empeora en relación al crecimiento económico español. De este modo, si bien esta organización advierte una caída del PIB del 1,6 por 100 en 2012 (dos décimas por debajo de la publicada por Bruselas), de cara a 2013 pronostica una contracción de la actividad económica española del -0,8 por 100 (frente al -0,3 por 100 de estimación de la Comisión). El organismo en cuestión hace hincapié en la pronunciada senda de retroceso que prolongará la demanda interna, y no duda en señalar dos responsables destacados de esta preocupante tendencia: los efectos que tanto las actuales medidas de ajuste fiscal como el desapalancamiento del sector privado están teniendo y tendrán sobre la economía doméstica. La OCDE estima una tasa de desempleo del 24,5 por 100 en 2012 y un incremento de la misma hasta el 25,3 por 100 al año siguiente, cifras en clara sintonía con las descritas por Bruselas. Coincide también en el diagnóstico del incumplimiento español de los objetivos de déficit pactados con la Comisión, si bien sus previsiones resultan bastante menos pesimistas que las

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efectuadas por la institución europea. Así, que los esfuerzos de consolidación fiscal emprendidos por España dejarán los porcentajes de déficit público muy próximos a sus previsiones, concretamente en el 5,4 y el 3,3 por 100 del PIB en 2012 y 2013 respectivamente. Ya en el ámbito nacional, las diferentes predicciones disponibles dan continuidad a la línea descrita en los párrafos anteriores. Sirva de ejemplo el Informe de Proyecciones de la Economía Española elaborado por el Banco se España, el cual ya pronosticaba en enero resultados similares, haciendo especial hincapié en la significativa contracción que experimentará la demanda interna a lo largo de 201220. Tales resultados han sido refrendados en los sucesivos estudios y análisis publicados por el organismo regulador en lo que va de 2012, cuyo enfoque resulta totalmente coincidente con las estimaciones realizadas por diversas entidades privadas21. En líneas generales, en el enunciado Informe de Previsiones, el Banco de España proyectaba un escenario macroeconómico marcado por una sustantiva reducción de la demanda interna, contrarrestada de nuevo de manera insuficiente por la positiva aportación de la demanda exterior. Según estas estimaciones, la citada contracción del componente interno del PIB será conjunción de las pronunciadas caídas sufridas tanto en sus componentes públicos como privados. En relación a esto último, el gasto de las familias se verá directamente condicionado por el efecto de las medidas de ajuste fiscal sobre sus rentas disponibles, así como por el incremento en la tasa de paro. En lo que respecta a la inversión empresarial, se prorroga su descenso a lo largo de 2012 y 2013, aunque a ritmos que paulatinamente se irán moderando. Finalmente, las expectativas del Gobierno no rompen con la tónica imperante en el presente apartado. Concretamente, para el año en curso se ha adelantado una caída del PIB del 1,7 por 100, mientras que de cara a 2013 se prevé un crecimiento del 0,2 por 100 (estimación más favorable de cuantas se han enunciado). En lo referente a la demanda interna, se espera el retroceso de todos los elementos que la configuran, sin excepción alguna, hasta situar su detracción al crecimiento del PIB en 4,4 puntos porcentuales (-1,6 puntos en 2013). Este dato, sólo superado desde el inicio de la recesión por los 6,5 puntos sustraidos en 2009, ha sido predecido en un contexto de continuidad en la inestabilidad financiera, de persistencia de la crisis de la zona euro, de empeoramiento de las expectativas y de pérdida de pulso de los principales socios comerciales de España. Entrando con un poco más de detalle en el componente interno del PIB, el Gasto en consumo privado prolongará la realidad descrita para el último trimestre de 2011 y el primero de 2012. Es más, la previsión efectuada para el año en curso empeora sustancialmente las cifras registradas el pasado ejercicio y apunta a que el retroceso interanual alcanzará el 1,4 por 100 (-1,1 por 100 en 2013). También especialmente negativa es la trayectoria que se espera para el Gasto en consumo público. Si 2011 concluyó con un retroceso en términos interanuales del 2,2 por 100, todo hace presagiar que su minoración irá a más en 2012, hasta el punto de haber sido anunciado por el Ministerio de Economía y Competitividad un 20 Banco de España; Informe de Proyecciones de la Economía española, enero 2012. 21 Véanse a modo de ejemplo, los pronósticos de primavera que para la economía española han editado los departamentos de estudios de entidades como BBVA, La Caixa o la Fundación Funcas, entre otros.

¿Alternativas a las medidas implementadas en un contexto recesivo? El futuro que se presenta, muy particularmente para España, si por algo se caracteriza es por los considerables riesgos a la baja que planean sobre el mismo. De acuerdo con ello, todas las previsiones citadas se encuentran sujetas a un notable grado de incertidumbre. La compleja y casi impresivible situación por la que atraviesan la zona euro y en concreto, los mercados financieros, junto con la indeterminación del alcance que tendrán las reformas que están siendo abordadas, además de aquellas que quedan por venir, se encuentran en el fondo de esta excepcional situación. De un modo más preciso, entre los riesgos de desviación a la baja sobresalen tres factores, cuyo devenir en los próximos meses resultará especialmente determinante para la evolución de la economía española. El primero de ellos se corresponde con

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descenso interanual cercano al 8,0 por 100 (-4,4 por 100 en 2013). Cifras cuyo signo y magnitud nada tienen que ver con los incrementos continuados de esta partida durante la primera década de siglo. Paralelamente, las previsiones del ejecutivo de cara a 2012 apuntan a una reducción de la inversión en bienes de equipo del 7,3 por 100 interanual (-0,2 por 100 en 2013), lastrada nuevamente en gran medida por la debilidad esperada en la demanda interna, el acusado nivel de incertidumbre y el empeoramiento de las expectativas, la continuidad en la destrucción de empleo, la evolución menos expansiva de las exportaciones, y las restricciones de acceso al crédito. Finalmente, se espera que el apartado relativo a inversión en construcción sea el que protagonice el mayor descenso con respecto al mismo período del año anterior, cayendo un 9,9 por 100 en 2012; cifra que será mucho más moderada de cara a 2013 (-0,7 por 100). Dejando a un lado el reiterado proceso de desapalancamiento en el que se encuentra inmerso el sector inmobiliario, el otro gran responsable de la pronunciada contracción augurada en esta partida para el presente ejercicio es, como es de entrever, el suculento esfuerzo de consolidación fiscal y más concretamente, sus repercusiones sobre la inversión pública. Dentro del resto de variables relevantes de cara a medir el pulso económico de España en los dos próximos años, el Gobierno enuncia un avance continuado en la tasa de paro a lo largo del ejercicio, hasta cerrar 2012 en el 24,3 por 100 de la población activa. Un porcentaje que se mantiene prácticamente invariable en cuanto al pronóstico efectuado para el siguiente año (24,2 por 100). Se estima también una moderación importante en lo que obedece a la evolución de los precios, con una tasa de inflación prevista para el actual ejercicio del 1,0 por 100 (2,2 puntos porcentuales por debajo de la obtenida en el último año), mientras que en 2013 se espera su ascenso hasta el 1,2 por 100. Finalmente, la descripción del escenario macroeconómico dispuesto por el ejecutivo lleva a la mención de sus previsiones sobre el estado de las finanzas públicas españolas durante los dos próximos ejercicios. Tal y como se ha comentado, a pesar de los acontecimientos que se han ido sucediendo en los últimos tiempos, el Gobierno continúa manteniendo sus objetivos de déficit para 2012 y 2013, recuérdese, el 5,3 y el 3,0 por 100 a lograr en uno y otro año respectivamente.

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la aún no descartada posibilidad de que, tanto la economía de la zona euro como la economía mundial, sigan una evolución más desfavorable de la prevista en las actuales proyecciones realizadas, lo cual repercutiría muy negativamente en el avance del sector exportador español; el segundo tiene que ver con el riesgo de prolongación de las tensiones financieras actualmente vigentes, una circunstancia que podría inducir a un endurecimiento adicional de las condiciones de financiación pública y privada en España, financiación cuya sostenibilidad en el tiempo, ya de por sí, empieza a ser preocupante; finalmente, el tercero guarda una estrecha relación con el impacto que en el corto plazo pueda llegar a tener sobre la actividad económica del país el intensivo programa de consolidación presupuestaria que el ejecutivo está implementando. En relación a esto último, no se ha de olvidar que, con independencia de lo necesario del ajuste, nos encontramos ante una etapa de consolidación fiscal sin precedentes en la historia económica española reciente. La excepcionalidad del proceso y de sus repercusiones macroeconómicas no han evitado que el ejecutivo actual haya anunciado el estricto cumplimiento de los objetivos fiscales comprometidos con Bruselas. Una intención que ha seguido manteniendo tras la revisión al alza del déficit final de 2011 que tuvo lugar el pasado 17 de mayo. Ese día, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera procedió al examen y posterior aprobación de los Planes de Equilibrio Financiero (PEF) presentados por todas las CCAA, momento en el cual resultaron destapadas las desviaciones en el déficit de varias de ellas, destacando por la magnitud del desajuste: Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León. El efecto inmediato se ha traducido en la citada elevación del déficit de 2011 hasta el 8,9 por 100 del PIB22. Ahora bien, conocidas las grandes líneas maestras que se han trazado para la economía española y por las que, se espera, habrá de caminar en los próximos meses, cabe preguntarse por algunas de las posiciones que, a día de hoy, en el panorama internacional, están siendo defendidas como estrategias adecuadas para superar el contexto de debilidad económica que predomina y del cual, buena parte de los Estados, en especial los conocidos como avanzados, no acaban de salir. Sólo así es posible ubicar la alternativa elegida por el ejecutivo español como estrategia para abordar la particular situación de crisis por la que atraviesa el país. A este respecto, diversos estudios realizados, tanto a escala nacional como internacional, no dudan en señalar la necesidad de recuperar la senda del crecimiento al tiempo que se reducen los desequilibrios acumulados. Lanzada esta idea, una de las grandes cuestiones que planean en la actualidad es: ¿hasta qué punto se puede avanzar hacia el citado crecimiento en un entorno marcado por los diferenciales de los bonos soberanos en perjuicio, claro está, de los países con mayores dificultades, y en el que los comentados programas de consolidación fiscal presionan sobre la demanda? El riesgo más inminente que parece existir a día de hoy es la posibilidad de que la austeridad por la que se ha apostado en determinadas economías

22 Junto a estas tres Comunidades Autónomas, también otras admitieron datos de déficit por encima de aquel que en un inicio habían anunciado. Tal es el caso de Andalucía, que reconoció 32 millones más, o Murcia, 17 millones adicionales. Sin embargo, al igual que en estos dos ejemplos, el resto de desviaciones registradas fueron sustancialmente inferiores a las de las tres Comunidades citadas en el texto. Así mismo, a pesar del incumplimiento destapado y de su consecuencia directa sobre el déficit final de 2011, la reunión del CPFF de aquel día se encontraba enmarcada en un intento de transmitir un mayor grado de compromiso a los mercados financieros y de reducir con ello las dudas vigentes en torno al cumplimiento por las autonomías españolas de sus objetivos fiscales.

y en el camino hacia una mayor integración fiscal en la Eurozona. Según el Fondo, todas estas actuaciones contribuirían en el corto plazo a reducir la incertidumbre y a calmar a los mercados. El segundo de los posicionamientos internacionales que recientemente ha adquirido protagonismo es el presentado por la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico defiende la compra de deuda en los mercados por 23 FMI; Perspectivas de la economía mundial, abril de 2012. Reanudación del crecimiento, peligros persistentes. OCDE; Informe semestral de Perspectivas económicas mundiales, mayo 2012. 24 Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).

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desarrolladas, de manera muy destacada en el interior de Europa, encierre en una destructiva espiral a aquellos países cuya deuda está sufriendo más intensamente la presión de los mercados. Y no sólo eso, sino que la simultaneidad de este voluminoso recorte del gasto en muchos de los Estados miembros acabe por repercutir de un modo muy negativo en su devenir económico, obstaculizando con ello el cumplimiento de los objetivos de déficit público a los que se han comprometido. En este marco, desde la celebración del Consejo Europeo del pasado 9 de diciembre, se han intensificado los debates en torno a la conveniencia o no de la política económica de austeridad promulgada desde un inicio por Berlín, y la cual ha acabado por instaurarse en el resto de sus socios comunitarios, y de manera muy notable, dentro de la zona euro. En esta línea, el Consejo Europeo de primavera, celebrado los días 1 y 2 de marzo de 2012, dentro del diálogo sobre la estrategia económica europea introdujo, junto con la reiterada consolidación presupuestaria, los necesarios estímulos al crecimiento y al empleo. Paralelamente, al despegue de esta nueva etapa de planteamientos económicos con los que avanzar en el actual escenario de crisis han contribuido también las posturas oficiales anunciadas desde algunos organismos internacionales, tales como el FMI o la OCDE, cuyos análisis más recientes23 parecen divergir de algunos de los enfoques incluidos dentro de la ortodoxia alemana de la austeridad. En relación al primero de ellos, en las últimas semanas el FMI se ha manifestado a favor de que los países con mayor capacidad de maniobra y cuyas finanzas públicas requieren de ajustes menos drásticos, abran la puerta a políticas de estímulo de la demanda, a la vista del débil crecimiento por el que atraviesan gran parte de las economías avanzadas. La fórmula repetida en las comparecencias de sus dirigentes y autoridades recoge la combinación de políticas de ajuste sostenido y, como novedad importante, gradual, a fin de minimizar su impacto sobre el crecimiento; liquidez abundante; una política monetaria expansiva; y la recuperación de la confianza en las autoridades de los países avanzados. Así mismo, este organismo internacional viene remarcando la urgencia de romper la retroalimentación actual entre el débil crecimiento económico, los negativos saldos fiscales y los balances de las entidades financieras. A este respecto, ha demandado nuevas actuaciones por parte de las autoridades europeas, tanto en lo que obedece a una intensificación de las medidas implementadas hasta ahora por el BCE, dirigidas a dotar de mayor liquidez al sistema financiero, como en lo que se refiere a avanzar en la articulación de los mecanismos de gestión de crisis europeos24

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el BCE como medio para inyectar liquidez, apuesta por un pacto de crecimiento para Europa y por el lanzamiento de eurobonos. A la vez ha criticado de modo explícito el excesivo ritmo de consolidación fiscal que están siguiendo algunos países en el continente europeo. Conocidas algunas visiones internacionales y centrando el foco de atención en España, parece existir un elevado consenso sobre el impacto negativo que están teniendo y tendrán en el corto plazo los esfuerzos de ajuste fiscal en la evolución de su economía25. La debilidad de los ingresos públicos españoles, arrastrados no sólo por la caída de las bases fiscales (fundamentalmente consumo y salarios), sino también por las carencias estructurales propias del sistema tributario vigente, empuja al ejecutivo a la realización de recortes en materia de gasto público en aras de cumplir con los objetivos de déficit público comprometidos con Europa. Ante este escenario, desde algunos sectores ya se habla de la posibilidad de que España, al igual que otros socios europeos, pueda conseguir un año de margen en su senda de reducción del déficit, de manera que el objetivo del 3,0 por 100 del PIB para 2013 quede retrasado hasta concluir 2014. En principio, parecen darse las dos condiciones básicas exigidas por Bruselas: encontrarse inmersa en una recesión profunda y duradera, y estar acometiendo un intenso programa de recortes y reformas. Sea como fuere, cada vez queda más patente la necesidad de articular desde Europa y más concretamente desde la Eurozona, medidas de apoyo fiscal y financiero con las que se evite que sus Estados miembros caigan en una espiral de políticas fiscales procíclicas; las cuales para el caso de España, impedirían que su economía retornase a la senda del crecimiento, al menos durante un tiempo. La aprobación del rescate al sector financiero español el pasado 9 de junio parecía ser un primer paso en esa dirección, en la medida en que con ello se atacaba directamente a la gran debilidad y preocupación de la cuarta economía de la zona euro. Sin embargo, lo que desde el ejecutivo se describió como una “línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para las entidades bancarias españolas en condiciones muy ventajosas” no ha alcanzado el resultado deseado. La escalada en la prima de riesgo de España en los días sucesivos es la clara evidencia de ello, hasta el punto de que la inquietud y el nerviosismo imperantes han mantenido las dudas que rodean a la economía española y el riesgo a un rescate total del país sigue sin desvanecerse. La falta de concreción de las condiciones por las que se ha de articular la línea de crédito recientemente aprobada aparece como el principal factor explicativo de la mala respuesta dada por los mercados financieros. Así, al final de la redacción de este texto, además del importe máximo de financiación al que se tendrá acceso, los ya enunciados 100.000 millones de euros, sólo se sabe que la canalización de los fondos se producirá a través del FROB y que, al parecer, sí que acabará teniendo impacto, no sólo en la deuda, sino también en el déficit público. Como se puede observar, multitud son los detalles sustantivos que quedan por conocer, tales como: el montante final de la ayuda otorgada, la cantidad que recibirá cada entidad, el mecanismo de ayuda europeo a través

25 Impacto que ya ha quedado reflejado en la descripción de la demanda interna del cuarto trimestre de 2011 y del primero de 2012 incluida en la primera parte de este artículo.

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Panorama Económico

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del cual se producirá su canalización y en función de ello, si ésta se hará en forma de capital o de préstamos, la prioridad de los acreedores en la devolución de sus fondos, los plazos, o el tipo de interés26 que habrá de ser asumido. Las visiones más optimistas apuestan por que, una vez se clarifiquen las enunciadas condiciones para el conocido como “eurocrédito”, a la espera de que éstas sean razonables, y en la medida en que, tras las elecciones en Grecia, se levante la incertidumbre que había existido en torno a su permanencia en el euro, la coyuntura mejore y los mercados den un respiro a la complicada situación actual. En el lado opuesto se sitúan los analistas para quienes la inyección financiera introducida no acaba por resolver los grandes riesgos de la economía española, limitándose a solucionar un problema de liquidez a corto plazo, pero no la posible falta de solvencia del Tesoro público español en un horizonte temporal más amplio. Según esta segunda concepción, a día de hoy la posibilidad de que las tensiones financieras se prolonguen y de que se exija a España la implementación de medidas adicionales sigue siendo bastante elevada27. En este marco, los acontecimientos sucedidos en torno a la prima de riesgo española un día después de la celebración de las elecciones griegas parecen haberse alineado con este segundo enfoque. Los comicios helenos, que se habían planteado como un plebiscito a los rígidos planes de austeridad implantados desde Europa y, en consecuencia, como poco menos que un referéndum sobre la permanencia de Grecia en la Unión Monetaria Europea, terminaron por arrojar los resultados deseados por Bruselas: la victoria de Nueva Democracia. El desenlace electoral, en un principio el más favorable a la formación de un gobierno de coalición estable, que permita dar cumplimiento a los mandatos comunitarios28, debería haberse percibido como una muestra clara de respaldo al euro y por ende, haber traido cierta calma a los mercados, en particular, a la evolución de la deuda pública de aquellos países que han estado especialmente amenazados durante las últimas semanas. Sin embargo, esta proyección no se ha visto materializada para el caso español. El lunes siguiente a la cita de los griegos con las urnas, la deuda soberana de España vivía su jornada más negra. La prima de riesgo alcanzaba los 589 puntos y la rentabilidad del bono español a 10 años sobrepasaba el 7,28 por 100. Ante la complicada situación, desde el ejecutivo, en línea con las declaraciones de las últimas semanas, se ha continuado demandando una intervención contundente del BCE ante lo que se ha catalogado como de “insistente presión de los mercados, no sólo a España, sino al proyecto común europeo”. 26 Si bien no se ha confirmado de manera oficial, algunas fuentes próximas a las negociaciones han anunciado que el tipo de interés fijado para el Estado español se situará próximo al 3,5 por 100, tipo que ascenderá al entorno del 8,5 por 100 para las entidades bancarias en su acceso a la financiación que ha de facilitarles el FROB. 27 En esta línea se sitúan las últimas recomendaciones dadas por el FMI. Concretamente, tras su reciente revisión de la economía española, el pasado 16 de junio el organismo internacional advertía de la conveniencia inmediata de nuevas subidas del IVA y de los impuestos especiales, además de recortes adicionales en los salarios públicos y de la eliminación de la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF. Así mismo, destacaba como deseable la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, si bien en este último caso aclaraba que su aplicación habría de producirse una vez se concluya con el proceso de consolidación fiscal actualmente en marcha. La respuesta del ejecutivo español no se ha hecho esperar, afirmando que, de momento, la aplicación de las recomendaciones del FMI no se encuentra en su agenda. 28 A pesar del rechazo inicial de los socialistas del PASOK a participar en un gobierno que no incluyera al partido de izquierda radical Syriza, segunda fuerza más votada en las elecciones del pasado 17 de junio, la formación del nuevo ejecutivo ya ha tenido lugar.

29 La más reciente manifestación de ello se encuentra en la cumbre celebrada por los presidentes de las cuatro principales economías de la zona euro el viernes 22 de junio. En su reunión los líderes de Alemania, Francia, Italia y España acordaron llevar al Consejo Europeo de la semana siguiente un programa de estímulo al crecimiento europeo por valor a 120.000 millones de euros (el equivalente al 1,0 por 100 del PIB de la UE).

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En cualquier caso, lo dificultoso de la situación por la que atraviesa la cuarta economía de la Eurozona, y los riesgos de propagación a otros países como Italia o Francia, ponen en evidencia la apremiante necesidad de una actuación contundente a escala comunitaria. A día de hoy , ésta parece ser la única vía para detener el efecto contagio, y lo más importante, para buscar soluciones que aborden de raiz los problemas a los que se enfrentan las economías europeas. En línea con este enfoque, cada vez son más las voces que apuntan a que la única alternativa posible pasa por una visión más avanzada de la integración monetaria, económica, fiscal y bancaria; el principal escollo radica en el diferente modo en el que unos y otros entienden que deba llevarse a efecto. Paralelamene, a medida que transcurren los meses y la situación no tiene visos de remontar, la conveniencia de configurar un programa de impulso al crecimiento económico europeo parece ir ganando adeptos. Esta última postura ha encontrado en la figura del nuevo presidente francés a un importante valedor, al cual parecen acercarse, cada vez con menores reservas, otros líderes europeos29. Así las cosas, en el momento de cerrar este artículo, la siguiente fecha en el calendario para comprobar si surgen o no avances en este ámbito coincide con el Consejo Europeo que ha de tener lugar los días 28 y 29 de junio. La expectación puesta en el mismo, y más concretamente en las posibles conclusiones y acuerdos que se pudieran detraer de él, se ha ido incrementando a medida que se acercaba su celebración. Sin embargo, lo ocurrido en anteriores ocasiones, y sobre todo, la divergencia en las posturas que parece mantenerse Hacen que, al mismo tiempo, la posibilidad de alcanzar logros importantes en forma de nuevos instrumentos y mecanismos que contribuyan a enderezar la situación económica actual en Europa deba percibirse con cautela. De cualquier modo, como en otros períodos cruciales para el devenir de la Unión Europea, la solución definitiva pasa por “más Europa”. Ese es el enfoque que debería volver a escena tras un 2011 marcado por el excesivo protagonismo del eje París-Berlín en la gestión de la crisis en el ámbito europeo. De acuerdo con ello, los mecanismos institucionales de los que en su momento se dotó la Unión habrían de retomar las funciones que les fueron otorgadas y coger las riendas de la situación en lo que respecta a la toma de decisiones. Esta es la mejor vía de cara a definir la nueva orientación que se quiera dar al proyecto común europeo, y la nueva hoja de ruta que deberá seguirse para sacarlo adelante. No cabe duda de que Europa y su proyecto más ambicioso, el euro, se encuentran hoy en un momento marcadamente decisivo. La cumbre de los días 28 y 29 de junio se visiona como una buena oportunidad para evidenciar la existencia de avances hacia una salida de la problemática situación actual. Si bien en la fecha de publicación de este texto sus resultados y conclusiones ya se conocerán, días antes de su celebración sólo cabe preguntar: ¿qué mejor modo de abordar dicha salida que dotándose de mecanismos, instrumentos y soluciones, que desemboquen en una mayor integración económica, monetaria, bancaria y fiscal. En definitiva, en “más y mejor Europa”. La respuesta a esta cuestión convendría ser analizada en una posterior ocasión.

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Paro de larga duración y protección por desempleo, ¿algo más que prestaciones? El incremento del paro de larga duración, su persistencia y concentración en algunos grupos de trabajadores constituye una de las principales diferencias de la actual crisis con respecto a las anteriores (Gráfico 1). Como señala la OCDE, durante una profunda recesión, la coordinación eficaz de los distintos instrumentos con que cuenta la protección por desempleo es fundamental para amortiguar los efectos que produce el paro en el bienestar de los trabajadores y sus familias1. El considerable avance del desempleo de larga duración en España refuerza la necesidad de revisar la adecuación de los dispositivos del nivel asistencial de la protección, en términos de solidaridad y suficiencia de las prestaciones, así como de reforzar la coordinación con las políticas activas, para mejorar las oportunidades laborales de las personas que permanecen largo tiempo sin empleo. En la mayoría de los países de la UE, la protección social a las personas desempleadas se despliega fundamentalmente en dos niveles o etapas. El primer nivel suele estar constituido por las prestaciones por desempleo propiamente dichas (lo que en España se correspondería con la prestación contributiva por desempleo) que, en los países con sistemas de protección social de origen bismarckiano, están basadas fundamentalmente en el cumplimiento de unos requisitos de afiliación y cotización por la cobertura del riesgo durante un tiempo. El segundo nivel o vertiente OECD, Perspectivas de empleo 2011, Capítulo 1, “El mantenimiento de los ingresos de los parados, ¿cómo ha resistido la red de seguridad durante la “Gran Recesión”.

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Observatorio de Relaciones Laborales asistencial (lo que aquí equivaldría básicamente al subsidio asistencial y los demás dispositivos de este nivel) suele dar cobertura a las personas en situación de desempleo de larga duración o que han agotado la prestación del primer nivel, o no han generado derecho a la misma. Es en esta vertiente asistencial de la protección por desempleo donde las diferencias entre países en su alcance, duración y ámbito subjetivo son, si cabe, más acusadas. Aunque cabe reseñar como elemento común la exigencia de requisitos adicionales (como prueba de rentas, de residencia legal, etc), las divergencias son notables si se tienen en cuenta otras características de los subsidios como su duración, cuantía y complementariedad con otras políticas de empleo, con los servicios sociales y otras ramas de la protección social.

GRÁFICO 1 TASA DE PARO DE LARGA DURACIÓN EN LA UE.27, 2007-2011 (Sobre total población activa)

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El sistema español de protección por desempleo ha desplegado un importante esfuerzo en afrontar las consecuencias de la pérdida de rentas del trabajo ligada a la situación de desempleo de un volumen de personas históricamente alto. Sin embargo, su alcance protector va perdiendo intensidad a medida que se prolonga la atonía del mercado de trabajo, produciéndose un desplazamiento cada vez mayor de personas hacia el nivel asistencial, que ven extinguido su derecho a la prestación contributiva o que no han cotizado nunca o no lo suficiente para tener derecho a ella (Cuadro 2).

CUADRO 2 ALTAS INICIALES DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE NIVEL ASISTENCIAL, SEGÚN CAUSA DEL ACCESO AL SUBSIDIO Y CAUSA DEL DERECHO

El escenario más probable de persistencia de elevados niveles de desempleo durante los próximos años hace emerger la importancia del segundo pilar de la protección por desempleo y la necesidad de asegurar su adecuación, especialmente en dos sentidos: en su alcance y suficiencia, por un lado, y en su conexión con el objetivo de activación y mejora de las oportunidades de empleo de las personas en paro, por otro. Ello pone de relieve, además, la necesidad de superar el desequilibrio tradicional y la insuficiente conexión entre las políticas activas y pasivas de empleo, así como la importancia de identificar las necesidades presentes y futuras del tejido empresarial para poder dar una adecuada y eficaz respuesta a las mismas, a través de políticas activas orientadas tanto a los desempleados como a las necesidades de las empresas.

Alcance y suficiencia del nivel asistencial Respecto a la primera cuestión, hay que resaltar que la mayoría de los países de la OCDE adoptaron medidas en respuesta a la crisis para reforzar la red de seguridad para los parados, bien aumentando la generosidad de las prestaciones por desempleo o bien extendiendo la cobertura de las prestaciones a grupos que antes no tenían derecho a ellas, como los parados jóvenes o los trabajadores temporales. También cada vez con mayor frecuencia –aunque esto es una tendencia preexistente a la actual recesión- se han ido introduciendo elementos de activación de las personas, ligados a la voluntad de participar en una serie de medidas de refuerzo de la empleabilidad de los desempleados, de eficacia en su búsqueda de empleo y de mejora de la intermediación en el mercado de trabajo de los servicios públicos de empleo. Son notorias las diferencias entre países en cuanto al nivel de sustitución de rentas que representa la protección por desempleo ya durante el primer y segundo año

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No se incluye el subsidio para trabajadores eventuales agrarios. Fuente: MEYSS, Boletín de Estadísticas Laborales

Observatorio de Relaciones Laborales de la situación de desempleo (lo que normalmente suele corresponderse con el “primer nivel” o lo que en España equivale al nivel contributivo). Pero las distancias son aún mayores en lo que se refiere a la protección de los parados de larga y muy larga duración, es decir, especialmente a partir del tercer año (Cuadro 1). CUADRO 1 CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO SEGÚN DURACIÓN DEL PERIODO DE PARO Tasas netas de sustitución en diferentes momentos de un periodo de paro, porcentaje, 2009*.

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* Los países se han ordenado en sentido descendente en función del indicador global de la generosidad (la media quinquenal). En los cálculos se ha tenido en cuenta la renta en efectivo (excluidas, por ejemplo, las cotizaciones de los empresarios a un seguro médico o a un seguro de pensiones para los trabajadores y las transferencias en especie destinadas a los parados), así como los impuestos sobre la renta y las cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagadas por los asalariados. Para centrar la atención en el papel de las prestaciones por desempleo, se ha supuesto que las familias que disponen de pocos recursos no perciben prestaciones asistenciales o ayudas para vivienda para completar sus ingresos. Tampoco se han tenido en cuenta los derechos a percibir una indemnización por despido. Las tasas netas de sustitución corresponden a un trabajador de edades centrales (40 años) que tiene un historial de empleo “largo” e ininterrumpido. Son medias de 12 meses, cuatro tipos de familias (personas solas y parejas con un perceptor de ingresos, con y sin hijos) y dos niveles de ganancias (el 67 y el 100 por ciento de los salarios medios a tiempo completo). Debido a los topes de las prestaciones, las tasas netas de sustitución son más bajas en el caso de las personas cuyas ganancias son superiores a la media. Véase OCDE (2007a) para más detalles. ** Las tasas netas de sustitución de Islandia no incluyen la extensión retroactiva de las prestaciones por desempleo de tres a cuatro años aprobada en diciembre de 2010. Fuente: Modelos de impuestos y prestaciones de la OCDE (www.oecd.org/els/social/workincentives) en OCDE, Perspectivas de empleo 2011.

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La OCDE contempla una serie de 31 países, incluyendo algunos como los Estados Unidos, Corea o Turquía, difícilmente comparables con los europeos en lo que se refiere a sus estructuras de protección social. Construye un “indicador de generosidad” de los sistemas, elaborado a partir de la media del porcentaje de sustitución de rentas respecto a los salarios que perciben los desempleados en el supuesto de mantenerse en esa situación durante un largo tiempo (5 años, tomando la media de cada año). Considerando este indicador, España ocuparía un lugar intermedio en cuanto al nivel de prestaciones que proporciona a sus desempleados. Sin embargo, su posición empeora bastante si sólo se considera el nivel asistencial, es decir, fundamentalmente a partir del tercer año. Sobre todo en el quinto año, la protección baja considerablemente aunque ello no ocurra solo en España (la cuantía se reduce prácticamente a la mitad de lo percibido en el cuarto año), sino también en otros muchos países. Sin embargo, el descenso de la cobertura económica prestada por el sistema de protección por desempleo, que en algunos países puede obedecer a un traspaso de población al ámbito de protección más propio de los servicios sociales que de la protección por desempleo, (por ejemplo en los países nórdicos, donde existe un derecho universal al ingreso mínimo garantizado) puede significar la caída de la red de protección social en el caso de otros, donde las estructuras de servicios sociales no están tan desarrolladas o no tan generosamente. En una prolongación de la crisis de empleo como la actual, que acarrea un importante aumento del paro de larga duración, el nivel asistencial y otras prestaciones del segundo pilar desempeñan un papel fundamental para garantizar unos ingresos mínimos a los parados y sus familias, por lo que, en opinión de la OCDE, resulta oportuno preguntarse si las condiciones relativas al patrimonio u otras reglas hacen que sea demasiado difícil para los parados de larga duración acceder a estas prestaciones. En el caso de España, la OCDE ha puesto de relieve recientemente que el nivel de la atención asistencial de la protección por desempleo está típicamente muy por debajo de la línea de pobreza y entre los más bajos de los países miembros de la OCDE, en lo que se refiere a la cobertura de situaciones concretas, como las de desempleados que encabezan familias monoparentales .2

El avance de la asistencialización de la protección por desempleo en españa En cuanto a España, la asistencialización del sistema avanza a medida que se prolonga la desfavorable situación económica y del mercado de trabajo. Los datos sobre prestaciones por desempleo en el último año dibujan un panorama marcado, no sólo por la ruptura de la tendencia creciente que venía experimentando la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo desde 2003, cayendo hasta el 69,9 por 100 a finales de 2011, sino también por la agudización del proceso de asistencialización de la protección por desempleo que se viene observando desde el inicio de la crisis. En 2011, el número de beneficiarios del nivel asistencial, (1.331.316 en media anual) llegó ya a sobrepasar ligeramente a los perceptores del nivel contributivo 2

OCDE, Employment Outlook 2011- ¿Dónde se sitúa ESPAÑA?

(1.328.020), habiendo descendido, no obstante, un 9,36 por 100 en la media anual de perceptores con respecto al año anterior. Este descenso en el volumen de beneficiarios del nivel asistencial se relaciona, fundamentalmente, con la finalización, el 15 de febrero de 2011, de la prórroga del programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI)3, del que en 2010 se beneficiaron en media anual 249.902 personas y 70.818 personas en 2011. Aunque el PRODI fue sustituido por el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA)4, aprobado en febrero de 2011, los beneficiarios de la ayuda económica que perciben los participantes en este nuevo programa (que fueron 150.000 en 2011) se contabilizaron dentro de los destinatarios de políticas activas, lo que puede resultar paradójico teniendo en cuenta que la ayuda económica que incorpora podría haber sido considerada dentro de las políticas pasivas de empleo al igual que otros programas similares como el PRODI. GRÁFICO 2 BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO, 1991-2011 (En medias anuales según el tipo de prestación)

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Fuente: MEYSS, Boletín de Estadísticas Laborales. (1) El dato media anual para el año 2009 incluye los datos del programa temporal de protección por desempleo e inserción.

La disminución del alcance de las prestaciones por desempleo, tanto en el nivel contributivo como asistencial, se traslada asimismo al incremento en el total de beneficiarios del programa de la Renta Activa de Inserción (RAI), que aumentó considerablemente, nada menos que un 48,2 por 100 más que el año anterior, alcanzando en diciembre de 2011 la cifra más alta desde su implantación (216.518 beneficiarios). Una parte no desdeñable del paro de larga duración está derivando 3 Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto. 4 Aprobado por el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.

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hacia la RAI, un programa limitado a la inserción de colectivos muy específicos con especiales problemas de inserción laboral y que han agotado el subsidio asistencial, con lo que este instrumento estaría actuando como última red del sistema de protección por desempleo. No obstante, hay que recordar que esta ayuda tiene una duración máxima de once meses, estando vinculada a un compromiso de actividad y al diseño de itinerarios personalizados de inserción. El último eslabón de la protección social al que podrían acogerse las personas sin recursos que hayan agotado el derecho a los anteriores subsidios lo constituirían las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas (RMI), al margen del sistema de protección por desempleo propiamente dicho. Sin embargo, no se trata de un instrumento concebido para dar una respuesta general a las situaciones derivadas del desempleo de larga duración, sino de lucha contra la exclusión social, que corre a cargo de de los Servicios Sociales de las comunidades autónomas. Su conexión con el Sistema Público de Empleo o con las políticas activas es más bien residual, aunque en algunas CCAA la percepción de la ayuda se vincula a “compromisos y programas individualizados de inserción”.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política social e igualdad, Informe de Rentas Mínimas de Inserción, 2010.

En 2010, último año en que se dispone de datos, los desempleados que habían agotado la prestación representaban el 13,3 por 100 del total de titulares de RMI. Aunque este grupo haya aumentado considerablemente, y probablemente continúe haciéndolo, no constituye el perfil de riesgo típicamente predominante de los usuarios de rentas mínimas de inserción: en el 37,2 por 100 de los casos se trataba de inmigrantes; en el 28,3 por 100 de los casos, de familias monoparentales; el 8,5 por 100 de población gitana y el 6,6 por 100 de personas sin hogar en situación de exclusión severa. Se trata de colectivos que en muchos casos no es que hayan agotado el subsidio asistencial por desempleo, sino que nunca han disfrutado de una inserción laboral normalizada. Tanto el perfil de los colectivos predominantes como los requisitos de renta que debe reunir la unidad familiar, confirman el carácter de “ultima ratio” de estas ayudas, a las que no se tiene derecho automático

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GRÁFICO 3 PERCEPTORES DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN, 2002-2010

Observatorio de Relaciones Laborales por haber agotado el circuito de la protección por desempleo. Sólo cabría considerarlas como “el último eslabón de la protección social,” y admitir que existe algún que otro peldaño intermedio roto, con el que se tropieza el grupo cada vez mayor de personas que han consumido el subsidio asistencial de desempleo y cuyas unidades familiares no reúnen los requisitos de pobreza para acceder a cotas RMI, generalmente consistentes en no superar la cuantía de la ayuda, que en media de todas las CCAA se situó en 418 € en 2010.

Una mirada a otros sistemas: Alemania, Dinamarca y Portugal

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Escaparía a las posibilidades de este artículo analizar el alcance de todos y cada uno de los sistemas de protección por desempleo de la UE, pero no deja de resultar útil aproximarse a la realidad nacional de algunos de nuestros vecinos europeos cuya experiencia puede resultar de interés por distintos motivos, bien por la similitud de situaciones o por los resultados de sus reformas, centrando el punto de mira en la protección por desempleo en el nivel asistencial y/ o en el supuesto de los parados de larga duración, desde las dos vertientes señaladas: alcance de la protección y conexión con la activación. Valga mirar en primer lugar la situación de nuestro vecino peninsular, Portugal; en segundo lugar, Alemania, como referente de la Europa central con un sistema de protección social de origen “bismarckiano” (sistema de reparto con un fuerte componente de contributivitidad de los ocupados) como el nuestro. Por último, conviene considerar un país nórdico, Dinamarca, perteneciente por tanto a la órbita de lo que se suele considerar “modelos de protección social más avanzados” especialmente por el interés que reviste la vertiente de la protección por desempleo en un modelo de flexiseguridad considerado en los últimos años especialmente exitoso en la combinación de un elevado nivel de protección social a los desempleados, políticas activas, flexibilidad de las relaciones laborales y fluidez de la oferta de trabajo, y ello pese a las dificultades para la comparación que se derivan de sus muy diferentes características, empezando por su base de financiación eminentemente apoyada en la fiscalidad general más que en contribuciones sociales5. En el Anexo 1 se describen los principales requisitos de acceso a los distintos niveles de la protección por desempleo (tasa de sustitución del salario, duración, los límites máximos de las cuantías, la consideración de las distintas situaciones familiares, etc). Téngase en cuenta que la protección por desempleo junto con las políticas de empleo fueron objeto de importantes reformas tanto en Alemania, a partir de la aplicación de la Agenda 2000, como muy recientemente en Dinamarca. Y respecto a la información que figura en el cuadro relativa a Portugal, hay que recordar que, en un contexto económico y político mucho más desfavorable que el de los dos anteriores países, el programa de reforma del mercado laboral incluido en el programa de ajuste económico aprobado por las instituciones de la UE 6 contenía, junto a una serie de 5 Para mayor detalle sobre el modelo danés, véase S.M. Ruesga Benito (Dir.) “El sistema social español en un marco de flexiseguridad. Análisis comparado de algunas experiencias europeas y lecciones”, Secretaría de Estado de Seguridad Social, Fondo FIPROS, 2010. 6 “Memorandum de Entendimiento sobre condicionabilidad de la política económica”, de mayo de 2011.

medidas de naturaleza laboral, el compromiso del Gobierno de reducir la duración máxima de las prestaciones por desempleo de los nuevos desempleados a no más de 18 meses; fijar el límite de las prestaciones hasta 2,5 veces el índice de apoyo social; reducir el periodo mínimo de contribución de 15 a a12 meses y presentar una propuesta de ampliación de las condiciones de acceso para determinadas categorías de autónomos que prestan sus servicios regularmente para una única empresa; así como presentar un informe de la eficacia de las actuales políticas activas para abordar el desempleo de larga duración y un plan de acción para mejorarlas.

La conexión con la activación y las oportunidades de empleo

dos esperados, muestra de la dificultad de la reinserción laboral cuando se prolongan las situaciones de desempleo, incluso cuando existe un alto nivel de inversión en políticas activas, personal dedicado a la orientación y seguimiento en los servicios públicos de empleo así como una fuerte interacción con el sistema de servicios sociales. En cuanto a Dinamarca, aunque en puridad no dispone de un nivel “asistencial” de la protección por desempleo, que quedaría cubierto por el sistema universal de ingresos mínimos, éste último contempla entre sus requisitos un suplemento adicional para aquellos de sus beneficiarios que participen en acciones de formación ocupacional.

7 D. Bencek, K.Schrader, “El modelo de mercado laboral alemán, ¿un ejemplo para Europa?”, en MTAS-SPEE, Cuadernos de Mercado de Trabajo 07/ junio 2011.

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En el nivel asistencial, son especialmente llamativas las diferencias por países en cuanto a la incorporación del enfoque de activación y mejora de las oportunidades de empleo. También emerge la importancia de tener en cuenta el grado de interacción con el resto de las políticas sociales, y en especial con los servicios sociales, puesto que de su extensión, carácter complementario y de apoyo de las políticas de empleo, depende en gran medida la suficiencia del alcance protector de las ayudas puramente económicas que brinda el sistema de protección por desempleo. Respecto a la conexión con las políticas activas de empleo, los requisitos para acceder al subsidio en Portugal apenas se encuentra referencia a algo similar a un compromiso de activación o a medidas de fomento de la empleabilidad ligadas a la percepción del subsidio en su nivel asistencial. La reciente reforma que se aborda como parte del programa de ajuste, por el contrario, pretende avanzar en esa dirección. En el otro extremo, Alemania, aparece claramente conceptualizado el intento de reforzar la conexión de los perceptores del nivel II de la prestación por desempleo con el mundo del trabajo remunerado –una de las orientaciones clave de la reforma llevada a cabo como parte de la Agenda 2000. No obstante, el sistema del nivel II (comúnmente conocido como Hartz IV) sigue siendo enormemente controvertido7 y los esfuerzos no están surtiendo los resulta-

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El nivel asistencial en españa: diversidad y fragmentación de las vías de entrada

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Por su parte, el nivel asistencial de la protección por desempleo en España contempla una amplia variedad de vías de acceso, en concreto ocho modalidades distintas, además de los subsidios para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) y la Renta agraria, el programa temporal por desempleo e inserción (PRODI), sustituido por el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA) y la Renta Activa de Inserción (RAI) (Anexo 2). Por regla general, la duración de estas ayudas suele ser de 6 meses, prorrogable hasta 18 en algunos casos en los que existan responsabilidades familiares, pudiendo llegar hasta los 21 meses, como en el supuesto de que se perciba la subvención por no haber cubierto el periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación contributiva, si se hubiera cotizado durante 6 o más meses. En el caso del subsidio especial para mayores de 52 años se percibe la ayuda hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. En los subsidios REASS dependerá de la edad del solicitante, de las responsabilidades familiares y del número de jornadas trabajadas. En el caso de la RAI la duración máxima son 11 meses. La ayuda económica que conlleva el nivel asistencial no suele superar el 80 por 100 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM vigente (426€ en 2011). Esta cuantía podrá aumentar en algunos casos, como en el subsidio especial para trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado la prestación por desempleo, cuando tengan dos o más familiares a su cargo, en el subsidio para mayores de 52 años que reúnan estos requisitos y en la renta agraria en función de las jornadas reales cotizadas. En el caso del programa PREPARA, la ayuda económica que conlleva es del 75 por 100 del IPREM mensual. En España, una de las obligaciones de los solicitantes de las ayudas económicas del nivel asistencial de la protección por desempleo es la de participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, o acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que determinen los servicios públicos de empleo, o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos, así como aceptar la colocación adecuada que le sea ofrecida por los SPE o por dichas agencias, de hecho en los trámites para solcitar estas ayudas se incorpora la adhesión al compromiso de actividad. Igualmente, tendrán que presentarse a cubrir la oferta de empleo y devolver a los SPE en el plazo de 5 días el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquéllos. En el caso de la RAI los beneficiarios han de suscribir un compromiso de actividad, mediante un plan personal de inserción, en virtud del cual realizarán las actuaciones que acuerden los SPE o entidades que colaboren con ellos, además de participar en los programas de empleo o acciones de inserción, promoción o reconversión profesionales o en aquellas acciones de mejora de la ocupabilidad. El programa PREPARA conlleva un itinerario individualizado y personalizado de inserción para sus beneficiarios que incluya un diagnóstico sobre su empleabilidad

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y medidas de políticas activas dirigidas a mejorarla. Además, participarán en acciones encaminadas a su recualificación y/o inserción profesional, especialmente en sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento8. Por tanto, aunque el enfoque de activación y la definición de compromisos mutuos se encuentra presente en la concepción de las distintas ayudas, el acompañamiento que prestan los Servicios Públicos difiere en intensidad según el dispositivo de que se trate.

Conclusiones

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En la comparación con los países escogidos, el nivel asistencial de la protección por desempleo en España se sitúa sólo ligeramente por encima de Portugal, teniendo en cuenta exclusivamente la cuantía y duración de los subsidios. Pero sobre todo, España sale mal parada si se compara con Alemania y Dinamarca en lo que se refiere a la complementariedad con los servicios sociales y otro tipo de prestaciones que éstos reconocen a los parados, así como en la atención personalizada a los perceptores del subsidio en lo que se refiere al refuerzo de sus posibilidades de reinserción laboral a través de distintas medidas de políticas activas, entre las que están incluidas las formativas. Los modelos de flexiseguridad, como el siempre citado modelo danés o el alemán, tras las reformas operadas por aplicación de la Agenda 2000, se basan en un refuerzo de las obligaciones de ambas partes –los servicios públicos, en su eficiencia a la hora de brindar oportunidades y de conectar oferta y demanda, por una parte, y los desempleados, en su compromiso de búsqueda, aceptación de ofertas “adecuadas”9 de empleo que se les ofrezcan y refuerzo de su empleabilidad. Pero dicho esfuerzo solo es posible con un alto nivel de inversión tanto en políticas activas como en políticas de sustitución de rentas de los parados, que mantengan a la población activa en condiciones adecuadas de empleabilidad para poder reinsertarse a medida que se vaya produciendo la recuperación del empleo y el mercado laboral vuelva a funcionar con relativa normalidad. Por lo pronto, la experiencia europea demuestra que la flexiseguridad funciona sobre todo allí donde se invierten grandes cantidades por desempleado tanto en políticas activas como en políticas de sustitución de rentas. Dinamarca es el ejemplo más paradigmático, con una tasa de paro del 7,1 por 100 en 2010 y un gasto en ese año de nada menos que 19.222 €/año/desempleado en políticas activas y de 13.013,2 €/año/desempleado, en subsidios. Alemania, un modelo social más similar al español, aunque a distancia del país nórdico, no dejaba de gastarse 7.907,7 €/año/desempleado en políticas activas y 10.797 €/año/desempleado en subsidios por desempleo. La elevada tasa de cobertura (desempleados que perciben subsidio) de ambos países, superior a 100 en ambos casos frente al 65,7 de España, se 8 Guía laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011. 9 Estudios recientes demuestran que no existe excesiva variabilidad entre países en cuanto a la noción de “adecuación de la oferta” en torno a la que gira la regulación de las condiciones bajo las que que una persona desempleada pueda o no rechazar una oferta sin ser penalizada en sus derechos de protección por desempleo

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explica por el nada desdeñable volumen de trabajadores ocupados que reciben subsidios por desempleo por no alcanzar un nivel salarial adecuado o un determinado umbral de horas de trabajo semanales. También, en el caso de Alemania, por la extensión del cobro del desempleo parcial en las empresas que se acogieron al programa de reducción de jornada para superar el bache en 2009, fuertemente financiado con cargo a la protección por desempleo. Con datos de Eurostat, España gasta considerablemente menos por desempleado en subsidios (7.033€/año/desempleado) y aún mucho menos en políticas activas (1.827,7 e/año/desempleado, y en descenso), situándose a niveles muy cercanos a los de Portugal, con el agravante de una tasa de cobertura en rápido descenso y el incesante aumento del desempleo. La primera cuestión que se plantea es si con un volumen de potenciales beneficiarios superior al millón de personas en España, teniendo en cuenta solamente a los parados de larga duración, las experiencias de activación que, como el Prepara, han dado relativamente buenos resultados de inserción serían extrapolables a colectivos más amplios y cuáles serían los criterios (¿antigüedad, edad, empleabilidad, cargas familiares, motivación?) para la inclusión en este tipo de programas. Por una parte, las restricciones presupuestarias actuales, que han afectado seriamente a las políticas activas, enfrían las posibilidades de apostar por un refuerzo de los servicios de empleo y las políticas activas e incluso de implementar algunas de las reformas ya aprobadas. Por otro lado, no hay que olvidar el componente de inversión productiva de este tipo de políticas que, si son efectivas, revierten en un ahorro en prestaciones y, sobre todo, frenan la pérdida en cascada de recursos humanos desaprovechados. En cualquier caso, la situación es tan grave y encierra un riesgo tan elevado de pérdida de tejido social y productivo imprescindible para la recuperación, que sin duda obligará a un importante esfuerzo en innovación social en diversos ámbitos durante los próximos años, especialmente en el ámbito de la intermediación y la formación para el empleo. En el ámbito de la protección social al desempleo propiamente dicha, la diversidad y fragmentación de las ayudas existentes sugiere la necesidad de una reflexión sobre su alcance y suficiencia. En orden a este punto, cabe recordar que, en el ámbito de las prestaciones de Seguridad Social, y en cumplimiento de la 13ª Recomendación del Informe de evaluación del Pacto de Toledo, el Gobierno asumió el compromiso, contenido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, de abordar una reordenación integral de las prestaciones no contributivas con el objetivo de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el sistema. Cabría preguntarse si tendría sentido aplicar la misma filosofía a la revisión de los distintos instrumentos de la vertiente asistencial de la protección por desempleo para dar sentido a su finalidad protectora y reforzar, en los supuestos en que sea posible, la empleabilidad de las personas.

Observatorio de Relaciones Laborales MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS DE EMPLEO Y PROTECCIÓN POR DESEMPLEO: DINAMARCA, ALEMANIA, ESPAÑA Y PORTUGAL

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Fuente: Eurostat, Labour Market Policy y Labour Force Survey, 2012. (1)Mantenimiento de ingresos y apoyo a las personas excluidas del mercado de trabajo, bajo la rúbrica de “políticas pasivas”.

Celú

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Observatorio de Relaciones Laborales ANEXO I. LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO EN ALEMANIA, DINAMARCA Y PORTUGAL

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Observatorio de Relaciones Laborales ANEXO II: MODALIDADES Y REQUISITOS DEL SUBSIDIO ASISTENCIAL POR DESEMPLEO EN ESPAÑA

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Observatorio de Relaciones Laborales

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Calidad de Vida y Desarrollo Social

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Una visión del actual euroescepticismo de la ciudadanía europea

La institucionalización de la ciudadanía europea en el Tratado de Maastricht de 1992 (a propuesta de España) supuso un importante esfuerzo para que los europeos sintiesen plenamente el proyecto de construcción europea como algo que les afectaba más allá de las reglamentaciones económicas y administrativas comunitarias, algo que tenía que ver con sus derechos y deberes, con su identidad1. Pues bien, en la actualidad, como consecuencia principalmente de la crisis global y de la difícil situación económica y financiera por la que atraviesa la Unión Europea en su conjunto, especialmente la zona euro, debido a la profunda crisis de deuda soberana surgida en 2010 y que derivó en una aguda crisis política e institucional comunitaria en 2011, los ciudadanos europeos sufren una profunda y preocupante crisis de “identidad colectiva europea” (euroescepticismo). Así, éstos han perdido, en gran medida, la confianza en la Unión y en sus instituciones (e incluso en el proyecto europeo en sí mismo) a causa, entre otros extremos, de su deficiente y “poco social y democrática” gestión de la salida de la crisis y, todo ello, a pesar de las distintas políticas o actuaciones “europeístas” que, desde instancias comunitarias, han sido adoptadas en los últimos años. En este sentido, cabe destacar que la presente debilidad institucional de la Unión Europea contribuyó a que ésta tomara medidas anticrisis poco acertadas. Debido a que los ciudadanos representan una pieza clave para el futuro de Europa, más aún en la actual coyuntura de crisis, esta grave situación debe ser reparada con celeridad y eficacia, sobre todo, desde las instituciones de la Unión Europea.

1 El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y vigente desde el 1 de diciembre de 2009, prosiguió, en gran medida, con la tarea de construir una ciudadanía europea identificada con Europa. Así, éste supuso un importante paso adelante en la labor de conseguir que la Unión sea una unión de valores para garantizar derechos de los que los ciudadanos sean sujetos activos y exigentes.

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Calidad de Vida y Desarrollo Social

Principales políticas o actuaciones comunitarias recientes de carácter “europeísta”

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Dado que la presente desafección de los ciudadanos europeos hacia Europa se dejó ver por primera vez, aunque con una menor intensidad, hace unos años, las instituciones comunitarias han venido adoptando, desde ese momento, diferentes políticas o actuaciones de carácter “europeísta” dirigidas fundamentalmente a intentar recuperar la identidad colectiva “europea” de la ciudadanía de la Unión y la confianza de ésta en aquella. Concretamente, dichas políticas o actuaciones recientes han consistido, a grandes rasgos, en identificar y, posteriormente, remover los obstáculos con los que se encuentran los europeos a la hora de ejercer sus derechos ciudadanos (especialmente en situaciones transfronterizas); mejorar el conocimiento que de la Unión Europea (su historia, su identidad, su ciudadanía -con sus derechos-, etc.) tienen éstos; y potenciar o fomentar su participación en la vida política comunitaria. Así, en cuanto a las actuaciones comunitarias consistentes en la identificación y, posterior, eliminación de los obstáculos al ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de los europeos, destacan, por su gran relevancia, dos: el Informe sobre la ciudadanía de la Unión Europea 20102 y la Consulta pública de la Comisión sobre los derechos de la ciudadanía europea 2012. El Informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión Europea 2010, en primer lugar, venía a identificar los principales obstáculos a los que los europeos se enfrentaban en su vida diaria al ejercer sus derechos ciudadanos, especialmente en situaciones transfronterizas y, posteriormente, proponía un plan de 25 medidas o acciones específicas (a implementar durante los años 2011, 2012 y 2013) que tratarían de facilitar a los ciudadanos de la Unión el ejercicio de sus derechos cuando se desplazasen a otro Estado miembro. Además, cabe destacar que dicho Informe se publicó al mismo tiempo que la Comunicación “Hacia el Acta del Mercado Único: por una economía social de mercado”3, que a su vez se centraba en la eliminación de los obstáculos que se venían encontrando los europeos a la hora de ejercer los derechos que les atribuye el acervo comunitario sobre el Mercado Único. Así pues, se puede afirmar que ambas iniciativas eran complementarias e iban dirigidas a lograr un doble objetivo común: eliminar los obstáculos existentes en la Unión Europea al ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de los europeos y crear una Europa de los ciudadanos que responda adecuadamente a las necesidades y expectativas de éstos.

2 3

COM (2010) 603 final. COM (2010) 608 final.

RECUADRO 1 INFORME SOBRE LA CIUDADANÍA DE UNION EUROPEA 2010: 25 ACCIONES PARA MEJORAR LA VIDA COTIDIANA DE LOS CIUDADANOS DE LA UNION EUROPEA

La Comisión Europea:

1.

facilitará a las parejas internacionales (casadas o parejas de hecho registradas) la tarea de averiguar cuales son los tribunales competentes y la ley aplicable a sus derechos patrimoniales (en caso, por ejemplo, de propiedad común de una vivienda), mediante la propuesta de un instrumento legislativo en 2011.

2.

facilitará la libre circulación de los certificados de registro civil (por ejemplo: certificados de nacimiento y matrimonio) mediante propuestas de instrumentos legislativos en 2013.

3.

permitirá a los ciudadanos y los profesionales de la justicia encontrar fácilmente información multilingüe sobre la justicia en el Portal europeo de justicia. seguirá mejorando la protección de los sospechosos y los acusados en el proceso penal, garantizando el acceso de los sospechosos a un abogado y la comunicación con el exterior durante la detención, mediante la propuesta de dos instrumentos legislativos en 2011.

5.

mejorará la protección de las víctimas de delitos mediante la propuesta de un paquete de medidas, incluido un instrumento legislativo, en 2011.

6.

simplificará las formalidades y las condiciones de matriculación de vehículos previamente matriculados en otro Estado miembro, mediante la presentación de propuestas de instrumentos legislativos en 2011. También adoptará medidas en caso de que el régimen fiscal de los vehículos sea discriminatorio, y buscará soluciones a la doble imposición fiscal de los vehículos, que puede obstaculizar la libre circulación de ciudadanos y mercancías.

7.

propone facilitar el acceso a la atención sanitaria transfronteriza y también está emprendiendo acciones piloto para dotar a los europeos de un acceso electrónico seguro a los datos médicossanitarios, y lograr una amplia difusión de los servicios de telemedicina en 2020, a más tardar. La Comisión también recomendará un conjunto común mínimo de datos sobre los pacientes que permita la interoperabilidad de historiales médicos a los que podrá accederse o que podrán ser intercambiados por vía electrónica en los Estados miembros, a más tardar en 2012.

8.

reforzará la efectividad del derecho de los ciudadanos de la UE a recibir asistencia en los terceros países, incluso en épocas de crisis, por las autoridades diplomáticas y consulares de todos los Estados miembros, mediante la propuesta de medidas legislativas en 2011, la mejora de la información a los ciudadanos a través del sitio web y medidas de comunicación específicas.

9.

modernizará las normas actuales de protección de consumidores que compran viajes combinados, especialmente en Internet, y facilitará la compra de viajes combinados de otros Estados miembros mediante la presentación de una propuesta legislativa en 2011.

10. procurará completar el marco legislativo que permite garantizar un conjunto de derechos

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71 4.

Calidad de Vida y Desarrollo Social comunes de los pasajeros que viajen por cualquier modo de transporte en toda la UE y garantizar la aplicación adecuada de estos derechos, incluidos los derechos de los pasajeros del transporte aéreo (por ejemplo, en caso de grandes retrasos y cancelaciones). La Comisión también procurará asegurarse de que los centros de operaciones (como aeropuertos, estaciones y puertos) se conviertan progresivamente en lugares donde los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información sobre sus derechos de ciudadanos de la UE, especialmente cuando viajan dentro de la UE. 11. propondrá diversas maneras para garantizar que los pasajeros con movilidad reducida puedan acceder fácilmente a todos los medios de transporte y a las infraestructuras que necesiten, concederá a partir de 2010 un premio anual a las ciudades europeas más accesibles, promoverá un mejor acceso a servicios como el seguro de viaje y desarrollará y estimulará el uso a escala comunitaria relativas a la accesibilidad al entorno construido, proponiendo, en 2010, una estrategia de la UE en materia de discapacidad 2010-2020.

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12. propondrá diversas maneras de aumentar la confianza del consumidor en los productos turísticos, organizando campañas de sensibilización para los turistas europeos y supervisando el grado de satisfacción del consumidor con diversos servicios turísticos (por ejemplo, transporte, alojamiento, viajes, etc.). 13. establecerá de manera comprensible los derechos de los usuarios de servicios en línea en un Código de derechos en línea de la UE, en 2012 a más tardar. 14. facilitará la solución extrajudicial rápida y poco costosa de los problemas de los consumidores en la UE mediante la propuesta de un instrumento legislativo relativo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos en 2011, a más tardar, mediante la exploración de propuestas sobre un sistema de solución de conflictos en línea en toda la UE para las transacciones comerciales electrónicas en 2012, y fomentando el recurso a la mediación en 2013. 15. facilitará la libre circulación de ciudadanos de la UE y sus familiares de terceros países mediante el cumplimiento estricto de las normas de la UE, incluida la no discriminación; promoviendo las buenas prácticas y un mayor conocimiento de las normas de la UE sobre el terreno, así como impulsando la difusión a los ciudadanos de la UE de la información relativa a sus derechos de libre circulación. 16. mejora la información a los ciudadanos y desarrolla un nuevo sistema de intercambio electrónico de datos para reducir retrasos y dificultades en el intercambio de información de la seguridad social. 17. ha pedido a los Estados miembros que se aseguren de que en el futuro la publicación de los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo tenga lugar al mismo tiempo en todos los Estados miembros. 18. pide a los Estados miembros que garanticen el pleno respeto de los derechos electorales de los ciudadanos de la UE en los Estados miembros de residencia, que los ciudadanos de la UE puedan afiliarse o fundar partidos políticos en el Estado miembro de residencia, y que los Estados miembros informen debidamente a los ciudadanos de la UE sobre sus derechos electorales. 19. propondrá la simplificación del procedimiento para que los ciudadanos de la UE se presenten

candidatos en sus Estados miembros de residencia, y mejorará el mecanismo actual para prevenir la doble votación en las elecciones del Parlamento Europeo, teniendo en cuenta el calendario y el resultado de la futura reforma electoral del Parlamento Europeo. 20. abrirá un debate para definir las opciones estratégicas para evitar que los ciudadanos de la UE pierdan sus derechos políticos como consecuencia del ejercicio del derecho a la libre circulación. 21. está desarrollando el portal Tu Europa para convertirlo en un punto de ventanilla única de información sobre los derechos de los ciudadanos y las empresas en la UE, fácil de utilizar y accesible por medio de la web (http://ec.europa.eu/youeurope) y de un número de teléfono gratuito (Centro de contacto Europe Direct). Este portal suministrará información práctica y clara, y será un puerto de escala central («servicio externo») que transmitirá las consultas a los diversos servicios especializados de ayuda («servicios internos»).

23. mejorará el conocimiento que tienen los ciudadanos de su estatuto de ciudadanos de la UE, de sus derechos y lo que significa en sus vidas, mediante la proclamación de 2013 como el Año europeo de los ciudadanos, y la organización de actos específicos sobre la ciudadanía de la UE y las políticas comunes relacionadas con los ciudadanos durante dicho Año. 24. facilitará a los ciudadanos de la UE y los interesados la utilización de la ayuda financiera que proporciona la Comisión para el desarrollo de la ciudadanía de la UE, aprovechando las sinergias entre los instrumentos de financiación de la UE disponibles y mediante la racionalización. 25. explorará métodos para reforzar la información sobre los asuntos europeos caracterizada por la independencia, la profesionalidad y la alta calidad; en este contexto, la Comisión también explorará las opciones para una financiación más sostenible de Euronews. Se impulsará la construcción de un estudio de Euronews en Bruselas.

Fuente: Comisión Europea, Informe sobre la ciudadanía de la Unión Europea 2010. Por su parte, la Consulta pública de la Comisión sobre los derechos de la ciudadanía europea 2012, instaba a los europeos a que identificasen cuáles eran los obstáculos que continuaban teniendo que superar a la hora de ejercitar sus derechos ciudadanos (ya sea cuando viajasen por Europa o cuando realizasen compras en online, entre otros extremos) con el objetivo de diseñar, posteriormente, una batería de medidas dirigidas a tratar de eliminarlos4. Cuando finalice dicha consulta, que ha supuesto la mayor jamás 4 Mediante esta consulta, lanzada el 9 de mayo de 2012 (coincidiendo con la celebración del Día de Europa) y que se extenderá por espacio de cuatro meses, los ciudadanos europeos podrán contribuir a establecer algunas de las prioridades políticas de la Unión para los años venideros.

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22. está racionalizando sus redes de información en los Estados miembros para que los ciudadanos encuentren fácilmente el punto de contacto correcto a nivel nacional, regional y local. Las Representaciones de la Comisión en los Estados miembros, así como los 500 centros de información de Europe Direct, seguirán promocionando los derechos de los ciudadanos de aquí al 2012, a través de una mayor cooperación e interacción con los servicios de asistencia y solución de problemas existentes en el ámbito de la UE.

Gloria Nieto

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5 COM (2011) 884 final. En la actualidad, este Reglamento se encuentra en fase de discusión en el seno del Consejo. 6 Éstas eran, entre otras, las relativas al hermanamiento de ciudades y a la conmemoración del pasado europeo. 7 Éste, en líneas generales, viene a dar a los ciudadanos la oportunidad de participar en la profundización de la unidad de Europa, desarrollar una identidad europea, fomentar la identificación con la Unión Europea y reforzar la tolerancia y la comprensión mutua. Véase, Decisión 1904/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el período 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía europea activa. 8 El artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE) establecía que: “Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados. Los procedimientos y las condiciones preceptivas para la presentación de una iniciativa de este tipo se fijarán de conformidad con el párrafo primero del artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. 9 Reglamento UE 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana. 10 COM (2009) 622 final.

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realizada por la Unión Europea en este terreno, la Comisión incorporará directamente a su programa político las aportaciones recibidas de los ciudadanos, las cuales constituirán la base para el segundo Informe sobre la Ciudadanía de la Unión Europea que será presentado por la Comisión en 2013, Año Europeo de los Ciudadanos. Entre las políticas comunitarias consistentes en intentar aumentar la sensibilización pública sobre la Unión Europea y el conocimiento que los ciudadanos tienen de ella, destaca, por su notable importancia, la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el periodo 2014-2020, de 14 de diciembre de 20115. Éste, tenía como objetivo principal apoyar actividades destinadas a aumentar la sensibilización y el conocimiento de los ciudadanos sobre la Unión Europea, su historia, su identidad, su ciudadanía (con sus derechos) y sus objetivos6. Asimismo, dicho programa pretendía fomentar el incremento de la participación ciudadana, mediante grupos de reflexión, agrupaciones ciudadanas u otras organizaciones de la sociedad civil, en las actividades cívicas y democráticas a través de debates y discusiones sobre cuestiones relacionadas con la Unión, y promover una mejor comprensión del impacto de las políticas comunitarias en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. Éste, que venía a sustituir al todavía vigente programa Europa con los Ciudadanos 2007-20137, complementaba al anteriormente citado Informe sobre la ciudadanía de la Unión Europea presentado en 2010 por la Comisión y a la propuesta de ésta de designar al 2013 como “Año Europeo de los Ciudadanos”. Por lo que respecta a las actuaciones comunitarias consistentes en tratar de potenciar o fomentar la participación de los ciudadanos europeos en la vida política de la Unión, cabe señalar que de entre todas ellas, destaca, por su especial trascendencia, la Iniciativa Ciudadana Europea. Ésta, constituyó una de las principales innovaciones o novedades que introdujo el Tratado de Lisboa en 20078. Para dar efecto y operatividad a esta iniciativa, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 11, apartado 4, del TUE, a principios de 2011 el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron un Reglamento9, teniendo en consideración la amplia consulta llevada a cabo por la Comisión basada en el Libro Verde sobre una Iniciativa Ciudadana Europea de 11 de noviembre de 200910, que sería de aplicación a partir del 1 de abril de 2012.

Calidad de Vida y Desarrollo Social Esta novedosa iniciativa, constituyó un gran paso adelante de cara a los ciudadanos europeos, al ofrecerles la posibilidad de participar directamente en la tarea de dar forma política a la Unión Europea o, dicho de otro modo, de ser parte en la configuración del desarrollo legislativo de ésta. Así pues, ésta, desde de la fecha antes citada, va a permitir que un millón de ciudadanos comunitarios, de una cuarta parte de los Estados miembros de la Unión Europea (por lo menos), pidan a la Comisión que presente propuestas legislativas en ámbitos que sean de su competencia11. A este respecto, cabe señalar que, desde las instituciones comunitarias, se espera que esta nueva herramienta de democracia participativa, sin precedentes a escala transnacional, ayude a consolidar las bases democráticas de la Unión y a que Europa se aproxime, cada vez más, a los ciudadanos.

El sentimiento “europeísta “de la ciudadanía europea y la crisis: situación actual

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Sin embargo, hoy en día, seis décadas después del nacimiento de la Unión, el pulso de la vida cotidiana en ésta, marcada directamente por la difícil coyuntura económica, muestra que la ciudadanía europea es cada vez más euroescéptica y no se implica plena y activamente en las cuestiones comunitarias12. Así, hoy en día, Europa es una realidad que se aleja del interés y el apoyo de sus ciudadanos, entre los cuales no existe un profundo sentimiento de identidad colectiva “europea”, a pesar de las diferentes políticas o actuaciones “europeístas” antes citadas que han venido siendo adoptadas desde instancias comunitarias durante los últimos años. Este hecho, constituyendo en sí mismo una situación grave y preocupante, lo es más en la actual coyuntura de crisis (económica- financiera y política) por la que atraviesa la Unión y, en especial, la zona euro, ya que es, en esta tesitura, cuando más necesario resulta hacer un llamamiento al apoyo del ciudadano hacia la mejor herramienta que tenemos los europeos para afrontarla: Europa. El actual euroescepticismo de los ciudadanos de la Unión Europea o, dicho de otro modo, la presente falta de confianza de éstos en aquella y en el proyecto europeo en sí mismo, ha sido originada principalmente por los deficientes mecanismos comunitarios de gestión de la salida de la crisis. Así, éstos han resultado ser insuficientes, ineficaces, uniformes, tardíos y poco democráticos y equitativos (en ocasiones “antisociales”)13, como consecuencia, entre otros extremo, de la debilidad la debilidad institucional de la Unión 11 Los organizadores de cada iniciativa ciudadana (un comité de ciudadanos formado, como mínimo, por siete ciudadanos de la UE residentes, por lo menos, en siete Estados miembros distintos) dispondrán del plazo de un año para obtener el apoyo necesario. Las firmas deberán ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. Los organizadores de iniciativas que prosperen participarán en una audiencia en el Parlamento Europeo. La Comisión tendrá 3 meses para examinar la iniciativa y decidir cómo actuar al respecto. 12 Este aspecto, se ha puesto de manifiesto con claridad, entre otros extremos, en que la participación electoral ha ido disminuyendo de forma constante desde las primeras elecciones europeas directas de 1979. Así, la participación electoral en aquellas fue del 61 por 100, mientras que ésta, en las últimas elecciones europeas directas celebradas en junio de 2009, ha sido del 43 por 100. 13 La mayoría de las medidas o políticas anticrisis adoptadas, durante los últimos años, por la Unión Europea han sido de “austeridad” (dejando de lado el crecimiento y el empleo) y se han materializado principalmente en recortes o ajustes en el ámbito de las políticas sociales). Así, éstas han supuesto un retroceso social (que ha perjudicado a los ciudadanos europeos) y, en ocasiones, un riesgo para la preservación del denominado “Modelo Social Europeo”.

14 Esta situación condujo a que las Presidencias de turno o rotatorias del Consejo de la Unión Europea durante 2011 se difuminaran por completo y pasaran así desapercibidas. 15 Las encuestas disponibles del Eurobarómetro con los datos más actualizados relativos la materia objeto del presente artículo, fueron realizadas durante los últimos meses de 2011 (aunque en algunos casos, la publicación de éstas haya acontecido en 2012). Por lo tanto, al no existir encuesta alguna en este terreno realizada durante la primera mitad de 2012, los datos que se ofrecen en estas líneas correspondientes al otoño de 2011 o a diciembre del mismo año, han de ser considerados como los últimos disponibles y, por lo tanto, como los más actualizados.

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Europea causada principalmente por su falta de gobernanza y de construcción política (a pesar de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009), por el desequilibrio aún existente entre su política monetaria y fiscal, y por la primacía de los intereses nacionales (de los Estados miembros) sobre los comunitarios. En este contexto, merece la pena detenerse en uno de los aspectos que ha caracterizado la gestión de la crisis por parte de la Unión Europea en llos últimos años y que ha provocado, en gran medida, el actual y preocupante aumento del euroescepticismo entre los ciudadanos de la Unión: la falta de una suficiente base democrática de las instituciones europeas (principalmente, Consejo y Comisión) provocada, en gran medida, por la deficiente legitimación democrática de la construcción europea. Así, entre otras cuestiones, el hecho de que Alemania y Francia polarizasen en 2011 las decisiones más importantes de la Unión Europea en materia de lucha contra la crisis14, desplazando así de un modo casi explícito a los mecanismos institucionales de la Unión en lo que a toma de decisiones se refiere, provocó, en gran medida, un profundo deterioro en la calidad, el funcionamiento y la legitimidad de la democracia europea, que se ha traducido en un importante incremento de la desconfianza de la ciudadanía de la Unión hacia ésta (incluidas sus instituciones) y hacia el proyecto europeo en sí mismo. La actual desafección de los europeos hacia Europa (con sus principales aspectos delimitadores o característicos), además de poder ser observado en la vida diaria de la Unión Europea, se encuentra confortablemente sustentado, respaldado y verificado por los resultados que han arrojado las encuestas más recientes realizadas en este ámbito a los ciudadanos europeos desde instancias comunitarias15. Así, éstas han puesto de relieve con nitidez algunos factores constitutivos de los dos principales aspectos que conforman el euroescepticismo que actualmente descansa entre los ciudadanos de la Unión: la falta de confianza de éstos en aquella (principalmente, como consecuencia de los deficientes mecanismos comunitarios de gestión de la salida de la crisis), y la ausencia de un hondo sentimiento de identidad colectiva “europea” entre aquellos. Por lo que respecta al primero de ellos, las encuestas más reciente muestran que, entre otros extremos, la confianza de los ciudadanos europeos en las cuatro principales instituciones comunitarias ha seguido una línea descendente desde el otoño de 2009 (gráfico 1). Asimismo, éstas arrojan que el número de ciudadanos europeos que tienen una buena imagen de la Unión ha caído igualmente desde el otoño de 2009, aunque de manera más pronunciada desde la primavera de 2011 (un 9 por 100). La misma tendencia pero en sentido contrario, se observa en aquellas al referirse al número de ciudadanos europeos que tienen una mala imagen de la Unión (gráfico 2).

Calidad de Vida y Desarrollo Social GRÁFICO 1 CONFIANZA EN LAS 4 PRINCIPALES INSTITUCIONES COMUNITARIAS: TENDENCIA

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Fuente: Standard Eurobarómetro 76, Opinión pública en la Unión Europea, (primeros resultados), diciembre de 2011.

GRÁFICO 2 IMAGEN DE LA UNIÓN EUROPEA: TENDENCIA

Fuente: Standard Eurobarómetro 76, Opinión pública en la Unión Europea, (primeros resultados), diciembre de 2011.

Además, las mismas evidencian que la percepción, por parte de los ciudadanos europeos, de que la Unión no está yendo en la dirección correcta para superar la crisis ha ido aumentando. Así, mientras en primavera de 2011 el 46 por 100 de los europeos consideraba que Europa iba en la dirección adecuada para salir de la crisis, en otoño del mismo año dicho porcentaje descendió un 8 por 100, situándose en el 38 por 100 (gráfico 3). Por su parte, el 23 por 100 de los europeos consideraba, en primavera de 2011, que la Unión avanzaba en la dirección equivocada, mientras que en otoño del mismo año dicho porcentaje aumentó hasta situarse en el 31 por 100.

Gloria Nieto

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Calidad de Vida y Desarrollo Social GRÁFICO 3 OPINIÓN ACERCA DE LA DIRECCIÓN TOMADA POR LA UNIÓN EUROPEA PARA SALIR DE LA CRISIS

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80 Fuente: Standard Eurobarómetro 76, Opinión pública en la Unión Europea. Informe Nacional: España, otoño de 2011.

Con todo ello, cabe finalmente destacar en este contexto, que las encuestas más recientes arrojan que la confianza, en general, de los ciudadanos europeos en la Unión ha ido disminuyendo progresivamente desde el otoño de 2009, con más fuerza desde la primavera de 2011. GRÁFICO 4 CONFIANZA EN LA UNIÓN EUROPEA: TENDENCIA

Fuente: Standard Eurobarómetro 76, Opinión pública en la Unión Europea (primeros resultados), diciembre de 2011.

En cuanto al segundo aspecto, la ausencia de un profundo sentimiento de identidad colectiva “europea” entre los ciudadanos de la Unión, cabe señalar que éste está influido por diversos factores, tales como la escasa información de que disponen los ciudadanos europeos acerca de los asuntos políticos relacionados con Europa, el poco protagonismo o influencia que ostentan éstos, tanto a título individual como colectivo (opinión pública), en el seno de la Unión o el desconocimiento que de la ciudadanía europea y sus derechos intrínsecos tienen aquellos. Pues bien, las encuestas más recientes muestran con nitidez tales extremos. Así, éstas ponen de relieve que los ciudadanos europeos creen que están pobremente informados sobre los asuntos relacionados con la Unión Europea, percepción que se ha mantenido estable desde la última medición acerca de esta cuestión realizada en otoño de 2010. En consecuencia, según las mismas, sólo el 24 por 100 de los europeos afirma que está informados a nivel nacional de dichos asuntos, frente al 73 por 100 que dice no estarlo (gráfico 5). Dicho sentimiento de desinformación sobre las acciones de la Unión Europea podría explicar, en cierto modo, por qué los ciudadanos perciben, como anteriormente se ha señalado, que la Unión no está yendo en la dirección correcta para superar la crisis.

Fuente: Standard Eurobarómetro 76, Opinión pública en la Unión Europea. Informe Nacional: España, otoño de 2011.

Éstas, también arrojan que sólo una tercera parte de los europeos (un 33 por 100) sienten que su voz cuenta en la Unión Europea (gráfico 6), al tiempo que muestran que existe un amplio acuerdo entre los europeos a la hora de afirmar que hay, actualmente, una gran distancia entre la opinión pública y las decisiones que toman los líderes políticos comunitarios (un 81 por 100 de éstos comulga con dicha afirmación16, frente a un 8 por 100 que no lo hace)17. En este terreno cabe igualmente destacar que las encuestas más recientes ponen de relieve el amplio desconocimiento que de la ciudadanía europea y sus derechos correspondientes tienen los europeos18. Así, según éstas, sólo el 43 por 100 de éstos 16 Dicho porcentaje es el resultado de la suma del 51 por 100 que está totalmente de acuerdo y del 38 por 100 que está bastante de acuerdo). 17 Special Eurobarómetro 379, El futuro de Europa, abril de 2012

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81 GRÁFICO 5 INFORMACIÓN SOBRE LOS ASUNTOS POLÍTICOS EUROPEOS

Calidad de Vida y Desarrollo Social “conoce” el significado del término “ciudadano de la Unión Europea”, mientras que el 48 por 100 de aquellos “no está bien informado” sobre sus derechos como ciudadano europeo. Por el contrario, las mismas muestran que menos de un tercio (un 32 por 100) de los europeos se considera “bien” o “muy bien” informado sobre sus derechos como ciudadano de la Unión. Pues bien, a la vista de la situación actual y de los resultados que han arrojado las encuestas mostradas, se puede afirmar que, en líneas generales, las anteriormente citadas políticas o actuaciones de carácter “europeísta” no han contribuido eficazmente a reducir o a contener el euroespecticismo existente entre los ciudadanos europeos ya que, entre otros extremos, éstas no han incluido en un aspecto clave en este contexto: la base democrática de las instituciones europeas. GRÁFICO 6 ¿CUENTA MI VOZ EN LA UNIÓN EUROPEA?

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Fuente: Special Eurobarómetro 379, El futuro de Europa, abril de 2012.

Necesidad de Reforzar la identificación y el compromiso de la ciudadanía europea con la Unión La crisis mundial o global, el permanente desequilibrio internacional o la difícil situación económica, social y financiera por la que atraviesa actualmente la Unión en su conjunto, y especialmente la zona euro, como consecuencia de la profunda crisis de deuda soberana surgida en 2010, constituyen retos que precisan de una Unión Europea cada vez más interrelacionada, cohesionada, integrada, democrática y eficaz, que sólo lo será si se logra edificar una conciencia colectiva en términos de ciudadanía europea que soporte su fuerza de un modo preeminente.

18 Flash Eurobarómetro 294, Ciudadanía de la Unión Europea, marzo de 2010.

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Gloria Nieto

Así pues, en este contexto, parece necesario establecer en la actualidad como objetivo principal el de recuperar y, posteriormente, potenciar el sentimiento “europeísta” de la ciudadanía, reforzando su identificación y compromiso con la Unión y con el proyecto europeo en sí mismo, así como su apoyo a la acción o gestión política de ésta que, como anteriormente se ha señalado, está siendo bastante controvertida durante la crisis debido a su ineficacia y a su carácter “poco social y democrático”. Ello supone edificar, fundamentalmente desde instancias comunitarias, una ciudadanía europea plena de derechos (y libre obstáculos o barreras para ejercerlos) constituyendo, en tal sentido, una conciencia permanente “europea” que la identifique y defina. Es preciso, por lo tanto, lograr que los ciudadanos europeos sean plenamente conocedores de que por el mero hecho de serlo pueden ejercer libremente todos los derechos derivados de ello, comenzando por el de decidir sobre el presente y futuro de la Unión Europea. Tal extremo, contribuirá a que éstos recuperen la tan valiosa y necesaria confianza perdida en la Unión como consecuencia, entre otros extremos, de su deficiente gestión de la crisis, más aún cuando en 2013 se va a celebrar el Año Europeo de los Ciudadanos con motivo de la celebración del vigésimo aniversario del establecimiento (a propuesta de España) del concepto jurídico de ciudadanía europea por el Tratado de Maastricht. En definitiva, la tarea de construir una ciudadanía europea plenamente identificada y comprometida con la Unión en la difícil coyuntura económica, política y social por la que atraviesa ésta en la actualidad, ha de apoyarse fundamentalmente en la adopción, principalmente desde instancias comunitarias, de medidas anticrisis que sean más respetuosas con los europeos, es decir, que resulten verdaderamente democrácticas, justas, equitativas, sociales y efectivas. Sólo de esta manera los ciudadanos de la Unión se sentirán identificados con las mismas y, por lo tanto, con ésta. Así pues, las instituciones comunitarias (y, en buena parte, los Estados miembros) han de cambiar el actual rumbo de sus políticas para aproximarlas cada vez más a los ciudadanos de la Unión, lo que contribuirá a que éstos recuperen la confianza en éstas y en el proyecto europeo en sí mismo, así como su sentimiento europeísta.

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Indicadores económicos y sociales

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Dictámenes

Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas El CES comparte la idea de agilizar el mercado de viviendas en alquiler, aunque pide una política más amplia y coordinada. El dictamen se muestra contrario a dejar la cuantía de la revisión anual del alquiler al pacto entre las partes.

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Madrid, 20 de junio, 2012.-El Consejo Económico y Social de España (CES) comparte el fin último del anteproyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas en cuanto a lograr la necesaria dinamización y flexibilización del mercado del alquiler, según el dictamen aprobado por el Pleno del día 20 de junio. El dictamen señala que, aún compartiendo el objetivo de incentivar el mercado de vivienda en alquiler, la norma debería insertarse en una estrategia política en materia de vivienda más amplia y coordinada por las distintas Administraciones públicas competentes. En su opinión, esta política habría de ser consensuada con los interlocutores sociales, y debe establecer claramente objetivos y prioridades, articulando de manera coherente e integrada las diferentes medidas e instrumentos. El texto aprobado en pleno deja constancia de que el CES considera que la vivienda es un bien social básico, lo que hace que las políticas públicas que promueven y facilitan el acceso a la vivienda, en propiedad o alquiler, representen instrumentos fundamentales de la cohesión y de la inclusión social, especialmente en coyunturas como la actual de profunda crisis con un fuerte impacto en este terreno. El dictamen hace notar que sería conveniente valorar la coherencia o contradicción entre las medidas de fomento del alquiler contenidas en el Anteproyecto y otras de reciente articulación en materia fiscal dirigidas a fomentar la compra de vivienda. El CES echa en falta en la norma sometida a dictamen la implementación de medidas que incentiven la demanda de viviendas en alquiler con carácter general. Por otra parte, dado que en España el alquiler está sobre todo asociado a los colectivos de menor solvencia económica -los más afectados por la crisis- el Consejo considera que sería necesario establecer medidas para satisfacer las necesidades de alojamiento de los sectores más desfavorecidos, sin que ello se traduzca en aumentos en el precio de los alquileres ni en una menor seguridad jurídica para los arrendatarios. El dictamen lamenta la falta de información estadística sobre oferta y demanda de alquiler que existe en nuestro país, lo que dificulta un diagnóstico fiable sobre la situación del mercado que contribuya a la eficacia de cualquier actuación pública. En este sentido aconseja llevar a cabo actuaciones encaminadas a mejorar la información disponible, haciéndola más actualizada y completa.

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Ana Picos

No cree el CES que los plazos mínimos de duración de los contratos sean un factor que determine necesariamente la dinámica del mercado del alquiler en España. En su opinión, su expansión probablemente dependerá más -considerando el aspecto de las garantías jurídicas del lado de la oferta- de aspectos como el funcionamiento de los juzgados, y, en particular, del desarrollo de los procedimientos de desahucio, procurando una mejora sustancial en los plazos medios de duración de dichos procedimientos. En sus observaciones particulares, el dictamen se muestra partidario de establecer en la norma una previsión de que los arrendamientos se inscriban obligatoriamente en el Registro de la Propiedad, y no dejarlo a libre voluntad de las partes. El CES se muestra contrario a que la actualización de la renta al término de cada anualidad se deje a voluntad de los firmantes cuando exista pacto expreso al respecto. El anteproyecto sólo deja la actualización conforme al IPC en los casos en que no hubiera pacto. El dictamen del Consejo considera que una medida como la contemplada puede profundizar en el desequilibrio en el tratamiento a las dos partes del arrendamiento, acentuando la asimetría de poder contractual en dicha relación jurídica. Estas razones aconsejan, a juicio del CES, mantener el mecanismo definido en la Ley vigente, dejando como referencia el IPC, que aporta certeza y seguridad, durante, al menos, la duración mínima obligatoria de los contratos, favoreciendo su estabilidad. El Anteproyecto prevé determinados cambios en materia de demandas de desahucio, entre otros, en ciertos aspectos relativos al contenido del requerimiento al demandado, distinguiendo los supuestos de oposición del mismo de aquellos en los que no hubiera oposición. El CES considera, en relación con este aspecto, que la futura norma debería asegurar la agilización en la realización del lanzamiento en el supuesto de falta de oposición del demandado, garantizando en todo caso la seguridad jurídica de las partes.

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Publicaciones

Principales datos y valoraciones del Capítulo I de la Memoria del CES 2011*

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El contexto europeo y su influencia en la situación de los estados Interrelación de efectos en la economía global Los riesgos que ya se avanzaban para el mantenimiento de la recuperación económica mundial se acabaron imponiendo. La economía mundial experimentó en 2011, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un crecimiento medio del 3,9 por 100, cifra inferior en seis décimas de punto a lo proyectado por este organismo un año antes y 1,4 puntos porcentuales menos que el crecimiento registrado en 2010. Las economías emergentes volvieron a ser el motor del crecimiento mundial, al crecer un 6,2 por 100, frente al incremento del 7,5 por 100 registrado el año anterior.

Consolidación fiscal vs recuperación económica El sobreeendeudamiento y la necesidad de sanear el sector financiero hicieron que algunos gobiernos se viesen obligados a reducir las posibilidades de implementar políticas presupuestarias expansivas dirigidas al crecimiento económico y la recuperación del empleo. El ajuste fiscal impuesto está teniendo consecuencias muy negativas sobre la recuperación del crecimiento a corto plazo. Las políticas de ajuste fiscal por si solas, en ausencia de medidas de estímulo al crecimiento, únicamente pueden derivar en una nueva recesión, tal y como se prevé que ocurra en 2012. Cabe plantearse la eficiencia de las agencias de calificación y de unos mercados *Texto completo de la Memoria en www.ces.es

que “sancionan” sucesivamente los elevados déficit fiscales de algunos países y posteriormente las medidas dirigidas a reducirlos. Ello puede terminar provocando un menor crecimiento económico y la consiguiente mayor dificultad para reducir los déficit. El agravamiento de la crisis de la deuda en la zona euro llevó a un nuevo deterioro de la confianza de las economías domésticas y de las empresas. El debilitamiento de la economía real, la fragilidad de las finanzas públicas y la vulnerabilidad del sector financiero, parecen estar agravándose recíprocamente, dando lugar a un círculo vicioso. Considerando necesaria la sostenibilidad fiscal para garantizar un crecimiento sostenible en el futuro, sería aconsejable acompasar los plazos exigidos en el cumplimiento de los ajustes presupuestarios.

Crisis económica, crisis del Euro y crisis de la UE

La carga del ajuste no debería centrarse exclusivamente en los países deficitarios. Preocupación por la desafección de los ciudadanos europeos, cuyo rechazo a muchas de las decisiones adoptadas e incluso al procedimiento, ha agudizado la pérdida del carácter democrático y la confianza en la viabilidad de la Unión Europea. Avance económico y avance institucional en la UE. Durante 2011, se puso nuevamente de manifiesto la poca efectividad de las instituciones comunitarias en la tarea de la salida de la crisis como consecuencia de su política económica uniforme o lineal y poco flexible. Es necesario que la Unión recupere urgentemente su liderazgo en la escena internacional.

Situación económica de españa Austeridad presupuestaria: crecimiento y demanda La economía española está inmersa en una espiral de riesgos e incertidumbres que dificultan notablemente su recuperación. Necesita corregir los desequilibrios acumulados durante la fase expansiva, además de aquellos otros surgidos de la propia crisis. El sistema financiero español está inmerso en un contexto de progresivo deterioro de los activos inmobiliarios, aumento de la morosidad y persistentes problemas de acceso a la financiación exterior.

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Alemania ha impuesto el rigor presupuestario, la mayor austeridad y más coordinación económica, dejando de lado el necesario estímulo al crecimiento y el empleo.

Publicaciones Riesgo de que las políticas de ajuste fiscal y las medidas sobre el conjunto de Administraciones públicas acaben teniendo un impacto aun más restrictivo sobre la economía. Los efectos más inmediatos de este nuevo enfoque económico se han traducido en un retroceso de la demanda interna y en una rápida destrucción de empleo. El PIB experimentó una tasa de variación del 0,7 por 100 en 2011, que reducir ligeramente su diferencial de crecimiento con la media de la Unión Europea, hasta 0,8 puntos porcentuales. En términos de empleo las diferencias siguieron aumentando, tanto en destrucción de empleo, como en tasa de paro. Las previsiones para 2012 apuntan a una caída de la actividad del entorno del 1,7 por 100 y a una aceleración en el ritmo de destrucción de empleo, hasta el 3,7 por 100. Se ha producido un deterioro de la confianza de los agentes económicos ante el empeoramiento de unas expectativas marcadas por una creciente incertidumbre.

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La leve pero persistente recuperación que venía registrando el gasto en consumo de los hogares (avance del 0,7 por 100 en 2010) se vio truncada en 2011, al registrarse una caída media anual del 0,1 por 100, y del 1,1 por 100 en el cuarto trimestre.

Deterioro de la renta disponible real de los hogares. Las importaciones de bienes y servicios cayeron un 0,1 por 100 en 2011, lo que unido a un avance de las exportaciones del 9 por 100, hizo que el déficit de la balanza comercial se redujera sensiblemente y, con él, la necesidad de financiación de la economía española, que se contrajo ocho décimas, hasta situarse en el 3,2 por 100 del PIB, muy por debajo del máximo del 9,6 por 100 alcanzado en 2007. El comportamiento del empleo y del PIB dio lugar a un avance de carácter pasivo de la productividad, del 2,8 por 100, que, unida a la reducción de la remuneración de asalariados, hizo que los costes laborales unitarios volvieran a caer por segundo año consecutivo.

Evolución territorial Frente a un crecimiento medio de la economía del 0,7 por 100 en 2011, ocho comunidades autónomas mostraron una tasa de variación superior. Canarias y Baleares, con tasas de variación del 2,1 y del 1,8 por 100, respectivamente, seguidas de Navarra, País Vasco y Castilla y León. Entre las regiones menos dinámicas destaca Extremadura, al tratarse de la única comunidad autónoma cuyo PIB cayó en 2011, un 0,3 por 100, seguida de Murcia y Castilla La Mancha, con tasas con crecimiento cero. En 2011 el diferencial entre el nivel máximo de PIB per cápita, registrado en el País Vasco y el mínimo de Extremadura, se situaba en 1,94 puntos.

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, 2010-2012 (En porcentaje)

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Evolución Sectorial La industria mostró un crecimiento del 1,9 por 100 (el 2,4 por 100 la manufacturera), si bien fue una de las actividades que acusó un mayor deterioro a final de año. Los servicios desaceleraron ligeramente su ritmo de crecimiento hasta el 1,1 por 100. El sector primario aumentó el 0,6 por 100, tras la caída del 1,1 por 100 del año anterior. El sector de la construcción continuó con el ajuste iniciado tras la crisis, aunque durante 2011 el descenso en la producción se fue atemperando. Todavía presenta graves problemas que exigen un redimensionamiento, sobre todo en la actividad relacionada con la edificación residencial. La pérdida de empleo en la industria ha sido una constante durante los últimos diez años. En términos de Contabilidad Nacional Trimestral, el sector industrial absorbía el 13,2 por 100 de los ocupados en 2011, frente al 19,0 por 100 que ocupaba en 2001. Los servicios ocupaban en 2011 a un 74,8 por 100 de los trabajadores mientras que diez años antes absorbían el 63,0 por 100 del empleo.

Publicaciones El desplome de la renta del sector agrario responde al notable aumento de los costes intermedios durante 2011 y ello a pesar de que el valor de la producción conjunta, agrícola y ganadera, aumentó un 3,0 por 100. La evolución al alza de los costes de producción está suponiendo en la práctica el abandono de la producción por parte de los sectores ganaderos. La renta de la producción pesquera en valores corrientes para 2010 fue de 727,62 millones de euros, aumentando sólo un 0,56 por 100 con respecto al año anterior. La evolución de la producción industrial responde al deterioro de la demanda interna que se intensificó a finales de año como consecuencia del continuado empeoramiento del mercado laboral y del impacto de las medidas de austeridad. Asimismo, la restricción crediticia dificultaría el acceso al crédito de las empresas industriales y de los hogares para la compra de bienes de consumo, sobre todo duraderos.

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Es necesario llevar a cabo una completa revisión de la regulación eléctrica española, en especial de los costes regulados y de las tarifas aplicadas. Una nueva regulación del mercado eléctrico deberá tener en cuenta el impacto social y económico de cualquier aumento de la tarifa eléctrica. El VAB del sector servicios registró un crecimiento para el conjunto de 2011 del 1,1 por 100, tres puntos por debajo del avance del año anterior. En cuanto a la ocupación, medida en términos de puestos de trabajo equivalente, se observa que como media del año los servicios destruyeron empleos a un ritmo inferior al del año anterior. La caída de las ventas al por menor, revela que los mayores descenso se dieron en las ventas de productos no alimentarios, destacando el de las ventas de equipo del hogar. Esto responde a la menor renta disponible de los hogares y a las mayores dificultades para gestionar estas compras a través de operaciones de crédito al consumo. El empleo medido a través de los afiliados en alta laboral en los sectores relacionados con el turismo aumentó un sólo 0,8 por 100. El sector deberá continuar el proceso de modernización del tradicional segmento de sol y playa, que deberá ser complementado con el fomento del turismo cultural o rural.

El caso del sector financiero El menor peso de los activos de las hipotecas subprime en los balances de las entidades españolas produjo una estimación errónea sobre la profundidad y alcance de la crisis en España. El dinero inyectado por las autoridades monetarias comunitarias a través de préstamos a las entidades financieras en condiciones muy favorables no transcendió a la economía real.

Lo que demuestra que una de las consecuencias de esta crisis financiera ha sido la creciente ineficacia de los mecanismos de transmisión de política monetaria. Las entidades financieras se enfrentaron a la disyuntiva de conjugar las operaciones crediticias con sus crecientes necesidades de fondos para sanear sus balances. Además, las inyecciones de liquidez provocaron que las entidades financieras españolas se beneficiaran del arbitraje de intereses surgido de la diferencia entre el coste de esa liquidez en el BCE y las elevadas rentabilidades que debió ofrecer la deuda pública. La principal rémora del sector financiero español continúa siendo su exposición a los activos relacionados con la construcción y la promoción inmobiliaria. El sistema financiero necesita revisar el modelo de negocio seguido hasta ahora. Deberá conjugar la necesidad de reestructuración y ajuste de la capacidad instalada con un cambio en la orientación de su actividad.

La demanda en crisis

Negativo comportamiento del gasto en consumo final, al pasar de una variación anual positiva del 0,6 por 100 en 2010 a caer el 0,7 por 100 en 2011. Pero más preocupante si cabe es la previsión de cara a 2012: descenderá el 3,1 por 100. El índice de producción industrial (IPI) de bienes de consumo filtrado pasó de un crecimiento anual del 0,8 por 100 en 2010, a retroceder un 1,0 por 100 en 2011, y hasta un 1,6 por 100 en el primer mes del presente año. En lo que va de año de ve un notable empeoramiento en la confianza de los hogares españoles en su condición de consumidores, al pasar el indicador de confianza del consumidor de un saldo neto en porcentaje de –15,3 para diciembre de 2011 a un –28,9. La inversión en bienes de equipo concluyó 2011 con una variación interanual del 1,6 por 100. No obstante, a pesar del signo positivo, su comportamiento ha empeorado de modo manifiesto con respecto a 2010, año en el que su incremento alcanzó el 5,4 por 100.

El papel del Sector Exterior El sector exterior en 2011 contribuyó con 2,5 puntos porcentuales al crecimiento agregado de la economía española. Para 2012, la previsión oficial del escenario macroeconómico señala una contribución del saldo exterior al crecimiento del PIB incluso mayor, de 2,9 puntos porcentuales. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en términos reales un 9,0 por 100, mientras que las importaciones cayeron una décima.

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El escaso crecimiento de la economía española en 2011 se debió en exclusiva a la aportación de la demanda externa, que contribuyó con 2,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Publicaciones La cuota comercial mundial de las exportaciones españolas se ha mantenido, o en todo caso la pérdida de peso relativo ha sido mucho menor El superávit de la balanza de servicios se incrementó un 27,0 por 100, el triple que el año anterior, como consecuencia de la mejora en el saldo de turismo y viajes y, sobre todo, de los servicios no turísticos. Los principales sectores exportadores fueron el de semimanufacturas, 25,9 por 100 del total, el de bienes de equipo, 20,1 por 100, y el del automóvil, 15,4 por 100.

Las dificultades para financiar la recuperación El descenso en la tasa de ahorro, en seis décimas respecto a la de 2010, resultó del deterioro del ahorro público al que se sumó la caída en la tasa de ahorro de los hogares.

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A finales de 2011, el endeudamiento total de la economía española ascendía a un 267 por 100 del PIB, con un reparto muy desigual entre los diferentes sectores de la economía, puesto que 199 puntos correspondían a la deuda del sector privado, es decir empresas y hogares (117 y 81, respectivamente) y solamente el 68 por 100 es deuda de las Administraciones Públicas. El elevado nivel de apalancamiento del sector privado es uno de los principales desequilibrios en los que se ha basado el periodo de expansión y constituye un problema esencial a la hora de lograr la reactivación económica. La crisis y las perspectivas sobre la actividad económica no parecen indicar que este desapalancamiento se realice por la vía de aumentar la producción. De ahí que la práctica totalidad de este ajuste se realice a través de una menor financiación ajena tanto a los hogares como a la actividad productiva. Sin embargo, una contracción crediticia indiscriminada dificulta la salida de la crisis. De hecho, esta restricción, junto a la caída de la demanda interna, constituye los principales obstáculos del sector empresarial no financiero para contribuir a la recuperación. El recrudecimiento de la restricción crediticia durante 2011 se extiende a todas las ramas de actividad, salvo para los servicios de transporte y de intermediación financiera (no entidades de crédito). La persistencia de la crisis y las dificultades para acceder a financiación han contribuido a que los iniciales problemas de liquidez hayan terminado en problemas de solvencia. Esto ha generado un circulo vicioso en el que la menor solvencia de los demandantes de préstamos ha justificado mayores restricciones crediticias por parte de las entidades financieras. Las empresas españolas, durante el periodo de crisis, están experimentando una restricción crediticia superior a la media comunitaria. En definitiva, las entidades financieras no canalizaron hacia la inversión productiva ni los mayores niveles de ahorro de los agentes privados ni la mayor liquidez obtenida de los préstamos del BCE.

PIB POR COMPONENTES DE DEMANDA 2004-2011 (Contribución en puntos porcentuales)

Distribución de la renta, desigualdad y productividad En 2011, con un aumento del PIB nominal del 2,1 por 100 y una reducción del empleo equivalente del 2,7 por 100, se produjo, por tercer año consecutivo, una caída de la remuneración de asalariados (–1,0 por 100), así como un descenso de la recaudación por impuestos indirectos (-1,5 por 100), frente a un aumento del 6,3 por 100 del excedente bruto/rentas mixtas. Esa dinámicas se traducen, respecto a 2010, en una reducción muy significativa de la participación de la retribución del factor trabajo en el PIB (-1,5 puntos porcentuales) que, junto con la ligera disminución del peso de los impuestos indirectos (-0,3 puntos), revierte en un importante aumento del agregado excedente bruto/rentas mixtas, que pasa del 43,0 al 44,8 por 100 del PIB. En 2011 el peso de la remuneración de asalariados sobre el PIB era en España el 46,7 por 100, frente al 48,9 por 100 de media en la Eurozona. Si nos aproximamos a la distribución de la renta a través del coste laboral unitario real (CLUR), se observa que dicha proporción se ha venido reduciendo sistemáticamente hasta 2006, que presenta tasas positivas de 2007 a 2009, y que vuelve a caer de manera sensible en los dos últimos años. En España, durante el periodo 2000-2006, la productividad aparente experimentó incrementos modestos pero positivos todos los años, mientras que la remuneración por asalariado real se redujo sistemáticamente durante el mismo periodo, en el que se generó abundante empleo de bajos salarios y se pactaron incrementos salariales muy moderados, con el consiguiente aumento sostenido del margen unitario.

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No ha sido hasta los primeros compases de 2012, cuando la necesidad de fomentar el crédito al sector privado ha pasado a ser una prioridad entre las medidas de reactivación económica, aunque todavía las iniciativas son escasas y dispersas.

Publicaciones De 2007 a 2009, la recuperación de la productividad, por efecto a partir de 2008 de la drástica disminución del empleo, ha ido acompañada de un aumento aún más pronunciado de la remuneración real, debido a que la destrucción del empleo se ha concentrado en los segmentos más precarios y peor remunerados, a la desinflación de precios provocada por la caída del consumo y a la inercia temporal de la negociación colectiva salarial, con el consiguiente repunte del CLUR. La caída de la remuneración por asalariado real en 2010 y 2011 fue de –0,4 y –0,5 por 100, respectivamente, a lo que contribuye sin duda la rebaja de salarios de los empleados públicos, el pacto colectivo de contención salarial, y a la extensión de la destrucción de empleo a segmentos, sectores y colectivos mejor remunerados.

Austeridad en el gasto público

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De no articularse con prontitud desde la Eurozona medidas de apoyo fiscal y financiero la debilidad de los ingresos públicos exigirá, para lograr los objetivos de consolidación fiscal, la realización de ajustes decididos en el gasto público. En 2011 las Administraciones públicas cerraron sus cuentas con un déficit agregado del 8,5 por 100 del PIB, lo que supone una disminución de 6.800 millones de euros respecto al déficit de 2010. Por segundo año consecutivo se produjo una reducción del déficit, aunque en 2011 se logró gracias a la considerable reducción del gasto (-11.000 millones) que compensó con creces la preocupante caída de los ingresos (-4.600 millones de euros). El ajuste del déficit recayó prácticamente en su totalidad en la administración central, aunque también las entidades locales y la Seguridad Social mejoraron ligeramente el saldo deficitario. Las comunidades autónomas no lograron reducir su necesidad de financiación que se elevó en conjunto hasta el 2,9 por 100 del PIB. Del endeudamiento público, las tres cuartas partes es deuda del Estado, con un incremento de 5,7 puntos de PIB respecto al año anterior, el 19 por 100 es deuda autonómica, con un aumento de 1,7 puntos de PIB, y el 5 por 100 es deuda local. El mayor recorte se produjo en los gastos de capital, tanto en inversión directa como en transferencias de capital, (se reducen un 25,4 por 100). Dato preocupante por la vinculación de la inversión pública con la competitividad de la economía y el impulso del crecimiento económico. Dentro del gasto social, que reduce su participación en el total respecto a 2011, llama la atención la previsión de una nueva rebaja del gasto en prestaciones por desempleo, a pesar de que se estima que el número de parados aumentará en 600.000 personas. Esta tendencia a la baja responde a la pérdida de derechos de una parte creciente del colectivo de parados, que se produce a pesar de la prórroga de la ayuda de 400 para aquellos que hubiesen agotado las prestaciones.

CUADRO MACROECONÓMICO 2007-2011 (Tasa de variación anual, en porcentaje)

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Igualmente preocupante es que, en este escenario de elevadas cotas de paro, la dotación para políticas activas se reduzca un 21 por 100, o que el gasto en actuaciones económicas, el más ligado con la competitividad estructural de la economía española, se reduzca un 17 por 100, un recorte, además, que se concentra en gran medida en la inversión en infraestructuras y en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Dentro de la política exterior, destaca el importante recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que explica lo abultado del descenso del gasto presupuestado para esta política (-39 por 100).

Evolución de los ingresos públicos A pesar de la caída tanto de las rentas salariales -por la destrucción de empleo asalariado, la menor cobertura de las prestaciones por desempleo y la rebaja de los salarios públicos- como de la renta declarada por empresarios individuales, los ingresos por IRPF aumentaron en 2011 un 4,2 por 100, en línea con el año anterior.

Publicaciones INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA Y LA EUROZONA, 2000-2011 (En porcentaje del PIB)

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Por su parte, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades aumentó ligeramente y por primera vez desde el inicio de la crisis (2,5 por 100), a pesar de la importante caída de los beneficios declarados por las grandes empresas (-19 por 100). La recaudación por IVA se estanca en 2011 a pesar de la aplicación plena de la subida de tipos aprobada en 2010, debido al descenso de todos los componentes del gasto final sujeto al impuesto. La recaudación del impuesto de Hidrocarburos se reduce un 6,3 por 100, la del impuesto sobre el tabaco el 2,3 por 100, a pesar de que subieron los tipos, y la del impuesto sobre alcohol el 4,7 por 100. En cambio, la recaudación del impuesto sobre la Electricidad aumenta un 0,7 por 100. En conjunto, el impulso recaudatorio de las reformas tributarias ascendió a 7.853 millones de euros. En todo caso, una de las razones de la importante caída de ingresos registrada desde 2008, que explica una parte fundamental del pronunciado aumento del déficit público, tiene que ver con la desaparición de las bases fiscales asociadas a la burbuja inmobiliaria.

La especialidad del gasto público de las CCAA Todo parece indicar que las Comunidades Autónomas van a sufrir una merma considerable de ingresos ordinarios y que tienen previsto compensarla por medio de la implantación de nuevos tributos medioambientales, de aumentos impositivos adicionales en los tributos cedidos, de privatizaciones de activos reales, del aumento de las tasas y precios públicos (copagos) y, fundamentalmente, del ajuste del gasto. Conviene recordar en este punto que uno de los rasgos distintivos del sector público autonómico español es su especialización en políticas sociales, muy intensivas en empleo. El gasto social absorbe el 74 por 100 de los presupuestos autonómicos, con un claro protagonismo del gasto sanitario (34,3 por 100 del gasto total), educativo (23,5 por 100) y en servicios sociales (6,9 por 100).

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Dada la importancia de los servicios que prestan las Comunidades para la ciudadanía, particularmente la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, y de la importancia de mantener la inversión autonómico en infraestructuras para permitir el desarrollo económico de los territorios, el ajuste del gasto en estas políticas debería ser limitado y centrado en mejoras de eficiencia en la provisión de los servicios ampliamente demandadas y compartidas.

Publicaciones

Principales datos y valoraciones del Capítulo II de la Memoria del CES 2011

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Mercado de Trabajo y Políticas de Empleo Perspectiva europea: evolución, objetivos y debates En 2011 se produjo un incremento del empleo en la UE muy escaso, sólo 1,4 millones de personas (0,6 por 100 respecto al año anterior), insuficiente aún para compensar los más de 6 millones de empleos destruidos desde que diera comienzo la crisis. En el cuarto trimestre de 2011 aumentó en 1,14 millones el número de desempleados, lo que suponía una cifra total de 23,8 millones de personas en situación de desempleo y una tasa de paro de 9,9 por 100 (frente al 9,5 en 2010), un máximo histórico en la UE. Especialmente graves han sido los efectos de la crisis en el desempleo juvenil, que en 2011 alcanzó el 22,1 por 100, 1,2 puntos más que en 2010 y 6,9 puntos más que al inicio de la crisis. La situación de España sigue siendo una de la más preocupantes, al haber registrado los mayores aumentos de la tasa de desempleo desde el inicio de la crisis (14,3 puntos porcentuales), a la cabeza de la UE. En el lado opuesto, se encuentra Alemania, que ha reducido su tasa de desempleo (2,6 puntos porcentuales), como Austria, Bélgica y Luxemburgo, cuya evolución ha sido también positiva. Los Estados miembros emprendieron iniciativas contra el paro juvenil, incidiendo en ámbitos comunes, como: reducir el abandono escolar y garantizar un nivel básico de formación que favorezca la empleabilidad;

facilitar la transición al empleo mediante sistemas duales de formación y empleo, bonificaciones y subvenciones a la contratación así como mecanismos de orientación y mediación laboral específicos para este colectivo; fomento de la movilidad y el autoempleo y puesta en marcha de programas que tratan de “garantizar” un empleo o formación adicional una vez terminada la escuela.

Mercado de trabajo Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el volumen medio de empleo en 2011 se situó en 18,1 millones de personas, un 1,9 por 100 menos que el año anterior.

La destrucción de empleo impulsó que el paro volviera a crecer con fuerza en 2011: un 7,9 por 100 en media anual, lo que supone 367.000 nuevos desempleados, y un 12,3 por 100 en el cuarto trimestre, con 577.000 personas más en paro que en el mismo periodo de 2010. La tasa de paro se situó al final de 2011 en un 22,8 por 100. El descenso de la Afiliación a 31 de diciembre de 2011 fue un 2,1 por 100, frente a un 0,9 por 100 en 2010. El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a 31 de diciembre recogió un crecimiento del 7,9 por 100 en 2011, frente a un 4,5 por 100 en el año anterior. Los datos de estos registros para los primeros meses de 2012 muestran un empeoramiento más pronunciado, con descensos interanuales de afiliación por encima del 2,5 por 100 y con aumentos del paro registrado superiores al 9,5 por 100 en febrero y en marzo. La afiliación en marzo de 2012 se situó en 16,89 millones de personas: como en marzo de 2004. Y el paro registrado en 4,75 millones: como nunca antes. Esta situación eleva los riesgos de pobreza y exclusión social y generan desmotivación y desafección de la vida ciudadana de los que se perciben ya como excluidos laborales, en primer lugar los jóvenes. La persistencia del paro, habitualmente aproximada por el peso del desempleo de larga duración (dos años o más) sobre el total de desempleados, ha crecido con fuerza desde 2009, y se situó en 2011 en un 27,1 por 100.

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En la segunda mitad de 2011 se produjo un descenso en el empleo del 3,3 por 100 esto es, 600.000 empleos menos.

Publicaciones En el cuarto trimestre de 2011 había 1,4 millones de parados de larga duración, un 52 por 100 más que en el mismo trimestre de 2010. En los hogares con un activo, éste estaba parado en el 31,6 por 100 de ellos, en los de dos, un 59 por 100 y un 62,4 por 100 de los de tres. Se trata, además, de un problema que crece mucho, porque en el global de hogares con activos el porcentaje de los que tenían a todos ellos en desempleo era ya un 12,6 por 100 en el cuarto trimestre de 2011: 1,9 puntos más que en 2010, y 8,6 puntos más que en 2007. Son 1.576.000 hogares donde todos los activos están desempleados.

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El escenario macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 contempló en marzo de este año un descenso del PIB del 1,7 por 100, con un descenso del empleo del 3,7 por 100 (lo que supone una pérdida de 631.000 empleos equivalentes a tiempo completo), y con una estimación para la tasa de paro EPA del 24,3 por 100, que supondría elevar el volumen de paro hasta 5,6 millones de personas. En abril la cifra de paro en la EPA del primer trimestre rebasaba esa referencia. Al margen de las previsiones, transcurrido ya 2011 el efecto acumulado de la crisis económica en el volumen de empleo perdido no tiene parangón con ninguno de los observados en la etapa contemporánea. El periodo 1977-1985 arrojó un promedio de 200.000 empleos perdidos en cada uno de esos nueve años y un aumento del paro en torno a 250.000 personas por año. En el trienio 1992-1994 la destrucción de empleo fue más rápida, del orden de 300.000 empleos cada año, se generaron 400.000 parados más en cada uno de esos tres años. Ahora, en el trienio 2009-2011, la destrucción de empleo se sitúa en un promedio anual por encima de los 700.000 efectivos. .

Panorama del empleo en 2011 Se extendió en 2011 la destrucción de empleo a actividades económicas que hasta ahora habían venido preservando éste con bastante solvencia a lo largo de todo el periodo de crisis. En el cuarto trimestre de 2011 ya irrumpe la destrucción de empleo público, con 63.000 ocupados menos en la rama de administración pública, y vuelve a empeorar el sector privado: 97.000 ocupados menos en industrias manufactureras,

296.000 menos en construcción (donde se pierden otros 23.000 empleos en la obra civil), 63.000 menos en transporte, 40.000 menos en comercio, 41.000 menos en artísticas, recreativas y entretenimiento, 66.000 menos en hogares. No obstante, en 2011 el empleo todavía creció en algunas ramas: en la hostelería, el crecimiento fue débil, apenas un 0,6 por 100, aportando menos de 10.000 ocupados al lado positivo del año; pero en otras ramas el crecimiento fue más robusto, destacando el caso de “otros servicios”, con cerca de 50.000 ocupados más (un 13,7 por 100) y las actividades sanitarias, con casi 30.000 más (un 2,1 por 100).

Tres comunidades perdieron empleo a un ritmo significativamente mayor: Extremadura, con un descenso interanual del 6,7 por 100 en el cuarto trimestre, Madrid, con un 5,3 por 100, y Cataluña, con un 4 por 100. Ninguna comunidad autónoma llega ahora al 70 por 100 en tasas de empleo (cuando en 2007 había cinco comunidades por encima de ese valor y otras dos se situaban a poca distancia). El descenso del empleo fue más fuerte entre los extranjeros y en los varones. Y siguió concentrándose en los jóvenes. El 27 por 100 de los empleos perdidos (en términos interanuales) en el cuarto trimestre de 2011 corresponde a personas de menos de 25 años de edad; si se recoge a los que tenían de 25 a 29 años en este cálculo, el impacto de las pérdidas de empleo en el conjunto se eleva al 52 por 100. Los tres grupos quinquenales de edad comprendidos en el tramo de 50 a 64 años lograron aumentar su volumen de ocupación, con porcentajes de crecimiento del 1,1, el 2,3 y el 3,1 por 100, respectivamente. Un año más resulta visible el crecimiento de las ocupadas mayores, con 78.000 empleos más en los tres grupos femeninos comprendidos entre 50 y 64 años. Del total de 600.000 empleos perdidos en el último año, un 34 por 100 habrían correspondido a personas con nacionalidad extrajera.

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Cantabria y Aragón mantuvieron su volumen de empleo respecto del año anterior y en el País Vasco, Canarias y Galicia las pérdidas fueron mucho más moderadas que en el promedio.

Publicaciones GASTO EN POLÍTICAS DE EMPLEO POR TIPO DE ACCIÓN EN ESPAÑA Y LA UE, 2009

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104 DERIVAS SALARIALES, 2002-2011

La pérdida de ocupación extranjera se tradujo, en parte, en la de población activa, con 80.000 personas menos. También se redujo el número de extranjeros mayores de 16 años, en casi 90.000 personas, resultado que condicionó el primer descenso en la población en edad de trabajar en España desde los años setenta del siglo XX. La mayor gravedad de la situación de los jóvenes también se evidencia en que junto a una menor participación laboral hay también, con cierta frecuencia, ausencia de participación en el sistema educativo. Sigue habiendo más de 200.000 menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, y la cifra se eleva a 425.000 cuando se recoge también el tramo de 25 a 29 años.

Los estudios europeos sobre jóvenes en esta situación apuntan a un claro mayor riesgo de exclusión, no sólo de la vida laboral, sino también de la participación plena en la vida social, ciudadana, política. Es positivo que los jóvenes en España recurran más a la formación como estrategia para mejorar su empleabilidad, porque el mayor nivel de estudios marca, en general, un menor impacto de la crisis. En el cuarto año de crisis, el abanico de tasas de paro va del 23 por 100 en los estudios básicos al 12 por 100 en los superiores. En los jóvenes esa “protección” es inferior, porque todas las tasas de paro son mayores que en el total de edades. Pero sigue siendo considerable. El descenso del empleo en 2011 alcanzó tanto a los ocupados por cuenta propia como a los asalariados.

El sector privado redujo el empleo indefinido en un 4 por 100 y el empleo temporal en un 3 por 100; hubo caídas en ambos casos de en torno a un 1. La pérdida acumulada de empleo asalariado indefinido en 2007 y 2011 asciende ya a 746.000 personas, con lo que el nivel se sitúa algo por debajo del que había en 2006.

Las vías de entrada y salida en el mercado de trabajo Un estudio del Banco de España basados en la estadística de flujos indica que ha aumentado la probabilidad de entrar al paro desde un empleo de carácter asalariado temporal. Ésta era entre 2005 y 2007 4 veces mayor que para un asalariado indefinido, y ahora es 10 veces mayor. En 2011 se registraron 13.972.000 contratos nuevos y se convirtieron en indefinidos 461.000 contratos temporales firmados con anterioridad. El 7,7 por 100 de los contratos fueron indefinidos en 2011, frente al 11,9 por 100 en 2007. La crisis ha reducido sensiblemente la duración media de los contratos temporales. Ahora es de 63 días, cerca de 16 menos que en 2007. Un 37 por 100 de los contratos temporales firmados en 2011 tenía un plazo de un mes o menos (y casi un 22 por 100 de una semana o menos), porcentaje que se eleva hasta

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En el estudio de los asalariados por tipo de contrato se encuentra uno de los peores datos de 2011, que es la caída del empleo indefinido. En el cuarto trimestre del año se cifró en 389.000 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior: la mayor bajada de todo el periodo de crisis.

Publicaciones más del 60 por 100 en la modalidad eventual (donde cerca de un 35 por 100 se celebraron por una semana o menos). Prosigue la tendencia de descenso acentuado en el peso de los despidos “exprés”. Se solicitaron 22.445 EREs, con un total de 372.167 trabajadores afectados, lo que supone un 21,8 por 100 más de expedientes y un 15,5 por 100 más de trabajadores que en el año anterior. De esos totales, se autorizaron 21.107 expedientes para 342.381 trabajadores; otros 554 (referidos a 10.991 trabajadores) resultaron no autorizados y 784 (para 18.345 trabajadores) desistidos. De los autorizados, el 91,5 por 100 fueron pactados, con un número de trabajadores equivalente al 90 por 100 del total.

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La tendencia al aumento en todos los tipos de ERE está directamente relacionada con la crisis. El aumento en el total de trabajadores despedidos por ERE es continuo desde 2008; las suspensiones también, con un incremento espectacular en 2009, hasta situarse por encima de las 450.000 personas.

Políticas de empleo Gran parte de las medidas sobre políticas de empleo tiene su origen en el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones (ASE), firmado el 2 de febrero de 2011 por el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las sindicales CCOO y UGT. A comienzos de año, y fruto del Acuerdo Social y Económico, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con efectividad a corto plazo, en el que se incluían medidas dirigidas a los colectivos más afectados por la negativa situación del mercado de trabajo, jóvenes menores de 30 años y parados de larga duración. Pero quizás el elemento más novedoso durante 2011 fue la reforma de las políticas activas de empleo a través del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de Medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, también recogido en el ASE. Continuando con este nuevo desarrollo del marco de las políticas activas de empleo, se aprobó la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, como marco normativo de coordinación y ejecución en el conjunto del Estado. En compás de espera quedó, pese a su aprobación en noviembre de 2011 en Consejo de Ministros, la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y Trabajadoras de Más Edad 2012-2014.

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Además de otras medidas aprobadas a lo largo del año, el Gobierno aprobó distintas medidas dirigidas a los jóvenes. La dotación presupuestaria inicial destinada en 2011 al desempleo fue de 30.140 millones de euros, casi un 81 por 100 del volumen total de recursos de las políticas de empleo. La necesidad de atender a un volumen creciente de perceptores de prestaciones por desempleo obligó a modificar la dotación presupuestaria alcanzando finalmente los 32.221,8 millones de euros. Las políticas activas de empleo se han dotado con 5.764,7 millones de euros, lo que supone un 21,3 por 100 menos respecto a 2011. En 2011 un total de 213.932 contratos fueron objeto de bonificación, lo que supone un 30 por 100 menos que en 2010; de ellos casi un 79 por 100 fueron contratos temporales. Del conjunto de contratos indefinidos, el mayor porcentaje se concentró en las conversiones con un 53,2 por 100.

Publicaciones Según datos provisionales del SEPE, el número de demandantes de empleo formados ascendió en el año 2011 a 180.712 personas, lo que supuso una reducción de cerca de un 25 por 100 respecto al año anterior. El perfil sociodemográfico del alumnado refleja la concentración mayoritaria de los participantes (64,4 por 100) en el grupo entre 25 y 45 años y en el que tenía un nivel de estudios bajo o muy bajo ( 44 por 100). Las mujeres canalizan más del 50 por 100 del total de la contratación bonificada. Los recursos estatales destinados en 2011 a la gestión de las políticas activas de empleo por parte de las comunidades autónomas fueron 3.101,5 millones de euros, lo que supuso un 1,4 por 100 más que en 2010.

Diálogo Social y Relaciones Laborales CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

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Diálogo social. España La coyuntura extremadamente difícil en los ámbitos económico y del empleo ha llevado a los interlocutores sociales a intensificar el diálogo y la negociación para facilitar reformas consensuadas. En las primeras semanas de 2012 se ha producido la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC), la firma del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (V ASAC) y también la aprobación, sin acuerdo previo ni consenso, de la reforma laboral articulada en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. El 2 de febrero de 2011, el Gobierno, CEOE y CEPYME y CCOO y UGT, firmaron el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones (ASE), que permitió, entre otros desarrollos, una reforma para garantizar la consolidación y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Cabe mencionar, asimismo, los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo de inmigración e integración de regímenes de la Seguridad Social, entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Negociación colectiva El cuarto año de duración de la crisis financiera y económica ha supuesto, de nuevo, un contexto de acentuada dificultad para el desarrollo de la negociación colectiva.

ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA, POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1999-2011

La cifra de convenios colectivos de 2011 registrados hasta marzo de 2012 fue de 2.831, que afectan a 789.200 empresas y a algo más de 7 millones de trabajadores. Con respecto a 2009, último año del que ya se dispone de datos completos de registro, dichas cifras suponen el 50 por 100 de los convenios registrados, el 52 por 100 de las empresas y el 61 por 100 de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva también en ese año, sensiblemente menores que las que se dieron en 2010. Las cifras de 2011 suponen 388.800 empresas y algo por encima de 1,4 millones de trabajadores menos que los que había en 2010. Por segundo año consecutivo, el aumento salarial pactado en convenio se separó notablemente de la evolución efectiva del salario promedio de la economía que, en cambio, apenas creció debido fundamentalmente al efecto de la rebaja de los salarios del sector público y de la extensión de la destrucción de empleo a colectivos más cualificados y mejor remunerados. Esta diferente evolución de los incrementos salariales pactados y de los salarios efectivos determinó, al igual que en 2010, una deriva salarial de signo negativo. En los 2.831 convenios con efectos económicos en 2011 que había registrados hasta el mes de marzo de 2012 se había pactado de media una jornada anual de 1.756,1 horas (equivalentes a 38,4 horas a la semana), 3,7 horas menos que en 2010.

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En los convenios de empresa la media de la jornada pactada habían sido 1.705 horas, 1,9 menos que en los convenios de 2010, mientras que en los de ámbito superior se habían pactado 1.760,6 horas, 4,8 menos que en los convenios de 2010. Por su parte, la jornada media efectiva (JME) que recoge la Encuesta de Coyuntura Laboral del MEYSS fue en 2011 de 1.572,4 horas por trabajador y año, resultado de una JME a tiempo completo de 1.715,1 horas, 2,4 horas menos que en 2010, y una a tiempo parcial de 1.038,4 horas, 10,2 más que en el año anterior.

Conflictos laborales: extensión y solución

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En 2011 se llevaron a cabo 777 huelgas, un 21 y un 22,4 por 100 menos que en 2010 y 2009, respectivamente. El número de conflictos se situó por debajo de los 800, tras el repunte registrado en los años de crisis económica, que marcó un valor máximo en 2009. En las huelgas desarrolladas participaron 221.974 trabajadores1, lo que supone una reducción del 35 por 100 en relación a 2010 y del 66 por 100 con respecto a 2009. También fue menor la conflictividad de 2011 en términos de repercusión económica. Se perdieron 485.054 jornadas de trabajo, el 28 por 100 menos que 2010 y el 62 por 100 menos que en 2009. La media de jornadas no trabajadas por conflicto (624) fue también la más baja de los últimos años (682 en 2010 y 1.290 en 2009). El impago de salarios ha seguido siendo, por tercer año, el principal motivo para convocar una huelga, frente a las motivadas por decisiones de regulación de empleo, que han descendido en 2011 con respecto a los dos años anteriores. Han aumentado las motivadas por despidos, sanciones y otras medidas de tipo disciplinario y han descendido las basadas en motivos no estrictamente laborales, principalmente por la caída de las realizadas contra medidas de política económica y social. Por su parte, Los conflictos colectivos presentados ante los órganos de resolución extrajudicial de ámbito de comunidad autónoma aumentaron de nuevo en 2011, hasta 5.360 expedientes, 165 más que en 2010. Afectaron a 2,7 millones de trabajadores y a 168.985 empresas, un 15,5 por 100 menos y un 21,6 por 100 más, respectivamente, que en 2010. Los conflictos en materia de salarios fueron los más abundantes en casi todas las comunidades. Por otra parte, los nueve órganos de ámbito autonómico que tienen competencias para la solución de conflictos individuales tramitaron 27.518 solicitudes de conciliación/mediación de este tipo, una cifra prácticamente idéntica a la que se dio en 2010 (27.703).

Tutela judicial y control administrativo Los juzgados y tribunales del Orden Jurisdiccional Social tramitaron y resolvieron 333.201 asuntos, 9.160 menos que el año anterior (casi un 3 por 100 menos). Los conflictos individuales, al igual que en 2010, experimentaron un descenso de un 4 por 100 con respecto al año anterior. Los conflictos colectivos, por su parte, aumentaron en 446 (un 17 por 100 más).

Prevención de riesgos laborales En 2011 disminuyó, por cuarto año consecutivo, el número de accidentes de trabajo con baja, registrándose 77.594 accidentes menos que en 2010, lo que supone un descenso del 12 por 100 respecto al año anterior.

En atención a la gravedad, en 2011 se registraron 520 accidentes mortales en jornada de trabajo, un 8,6 por 100 menos que el año anterior. Por su parte, los accidentes graves en jornada de trabajo disminuyeron un 13,5 por 100 con respecto a 2010. Atendiendo al índice de incidencia, del conjunto de los 501.579 accidentes con baja en jornada laboral registrados en 2011, se produjo un total de 3.440 accidentes por cien mil trabajadores, lo que supone un descenso del 8,6 por 100 con respecto al año anterior. Por encima de este índice de incidencia medio se situó la construcción, con 7.360 accidentes por cada cien mil trabajadores y la industria con 5.725. Por debajo de la media se sitúan el sector agrario, con un índice de incidencia de 2.706 y el sector servicios, con 2.692 accidentes por cien mil trabajadores.

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A diferencia de lo ocurrido en 2010, disminuyó ligeramente (un 0,3 por 100) el número de accidentes sin baja.

Publicaciones

Principales datos y valoraciones del Capítulo III de la Memoria del CES 2011

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Tras varios años esperando una recuperación económica y del empleo que no llega, la sociedad española se ha instalado en las nuevas condiciones de su existencia y ha adoptado cambios muy notorios en sus formas de vida, en sus hábitos y costumbres, consecuentemente con la merma de sus ingresos y el empeoramiento de las expectativas de mejora. En los hogares se han sentado prioridades claras de gasto, y se han adaptado de lleno la máxima de la austeridad. El impacto social de la crisis en España se está traduciendo en el claro empeoramiento de las condiciones de vida de la población, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento del Estado de Bienestar. A su vez, las consecuencias sociales de la crisis dificultan la recuperación, no solo por la drástica caída de la demanda interna, sino porque están dañando en gran medida el tejido social necesario para el tránsito a una economía más competitiva y sostenible A lo largo de 2011, la continuación de la crisis ha puesto a prueba su madurez democrática, la solidez de las estructuras del sistema de protección social así como de otros ingredientes de la cohesión y el bienestar social, como la solidaridad intergeneracional o la capacidad de sortear las circunstancias adversas, cuya importancia suele subestimarse en las comparaciones internacionales al uso.

Empeoramiento de la situación Cada vez más personas mayores están adquiriendo un protagonismo inesperado por su decisiva aportación social, y no solamente por su frecuente rol de abuelos cuidadores, sino porque sus pensiones se convierten en fuente principal de ingresos en un grupo cada vez mayor de hogares, en los que conviven con sus hijos y/o nietos desempleados.

En el primer trimestre de 2012 había 422.600 de hogares (un 21,7 por 100 más que en el I Tr de 2011) en los que la persona de referencia era jubilada o pensionista y convivía al menos con una persona en paro. Los flujos migratorios han cambiado definitivamente de signo: más de medio millón de personas (un 26 por 100 más que en 2010) emigraron desde España al extranjero en 2011, siendo de nacionalidad española el 12,3 por 100. Así, el año 2011 registró por primera vez en mucho tiempo un saldo migratorio negativo: fueron más los emigrantes que salieron de España que los inmigrantes que se establecieron en nuestro país. La mitad de los hogares habían visto empeorar su situación económica en comparación con cinco años antes (el año 2005). La situación con respecto al año inmediatamente anterior (2009) sólo había mejorado para el 8,4 por 100 de los hogares, para el 42,9 por 100 había empeorado, mientras que para el 48,7 por 100 permanecía igual (de bien o de mal).

Alrededor de la mitad de los jóvenes declaran haber visto empeorar su situación económica, aunque también son el grupo que más frecuentemente declara haber mejorado, tanto con respecto al año anterior como, sobre todo, en comparación con su situación 5 años antes. Más llamativo e igualmente preocupante resulta el hecho de que la percepción de empeoramiento económico personal a lo largo de los años afectara a los grupos de edad de entrada en la madurez, de los que normalmente cabría esperar ya cierto asentamiento social, familiar y laboral (30 y 44 años) y a las familias encabezadas por personas de entre 45 y 64 años, edades en las que esas situaciones deberían estar consolidadas . La pérdida de expectativas de un mejor futuro es un riesgo que está emergiendo y que no favorece la recuperación, pues contradice la lógica del esfuerzo, la educación, la innovación y el emprendimiento que en condiciones normales deberían impulsar el crecimiento económico y la mejora intergeneracional de las condiciones de vida. La continuidad de la crisis económica y de empleo se reflejó en 2011 en el empeoramiento de la mayoría de los componentes de la situación económica de las familias. La merma en los ingresos netos de las familias se está generalizando cada vez más afectando también a los niveles intermedios (los ingresos medios anuales de los hogares españoles se situaron en 2011 en 24.890 €, reflejando un descenso del 4,4 por 100 respecto al año anterior)

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La situación ha empeorado más para las personas en edad de trabajar, lo que es coherente con la escalada del desempleo y la mayor estabilidad de los ingresos en la vejez, que proceden en su mayoría de las pensiones.

Publicaciones EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL GASTO EN CONSUMO POR HOGAR (Porcentajes sobre el año anterior)

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL EN PENSIONES Y PRINCIPALES INDICADORES DE ENVEJECIMIENTO

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Consumo en bienes y servicios públicos La crisis está incidiendo en la relación con los bienes y servicios públicos de que son destinatarios potenciales los ciudadanos, una relación que influye también en sus condiciones de vida y en su renta disponible. La crisis puede estar cambiando las pautas de utilización de algunos servicios, como los educativos, los sanitarios o los de atención a la dependencia en función de su naturaleza pública o privada Por una parte, la percepción de que disminuye o puede disminuir la calidad de los servicios públicos puede aumentar la propensión de algunos colectivos a procurarse su provisión en el mercado privado, especialmente la atención sanitaria o la educación.

Abandono escolar temprano en España es muy preocupante (28,4 por 100) La tasa de paro juvenil española duplica la europea. El deterioro del mercado de trabajo ha agudizado los mayores problemas de inserción laboral de los jóvenes menos educados respecto a sus homólogos europeos. Por ello, sería imprescindible que, a pesar de la crisis económica y de la necesidad de controlar el gasto público, el esfuerzo presupuestario en educación no disminuyera, se hiciera un uso más eficiente de los recursos, y que sé priorizaran las medidas y las acciones dirigidas a reforzar las políticas de prevención y de lucha contra el fracaso escolar. Desde el inicio de la crisis el alumnado que asiste a centros públicos se ha incrementado por encima del incremento total del alumnado en todos los niveles educativos, este aumento es especialmente notorio en educación postobligatoria. El deterioro del mercado de trabajo durante la crisis ha agudizado los mayores problemas de inserción laboral de los jóvenes menos educados respecto a sus homólogos europeos La destrucción de empleo y el aumento del tiempo de permanencia en el paro provocan una caída progresiva de la intensidad de búsqueda de trabajo de los jóvenes desempleados, El déficit de titulados medios es una de las causas más importantes en la insuficiente proporción de jóvenes con estudios de carácter profesional

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Al mismo tiempo, las dificultades económicas de las familias para afrontar el coste de algunos de esos servicios pudiera estar desplazando del sector privado al público a personas que normalmente alternaban ambos o hacían uso exclusivamente del primero

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Vivienda En 2011 empeoró considerablemente la capacidad de las familias de adquirir una vivienda, así como de hacerse cargo de sus gastos de mantenimiento de la misma A pesar del descenso acumulado del precio de la vivienda en propiedad, el crecimiento del desempleo, sobre todo juvenil, junto al aumento del grado de esfuerzo teórico que los nuevos hogares tienen que hacer para acceder a una vivienda en propiedad, agudizado por la restricción en el acceso al crédito y el encarecimiento de las nuevas hipotecas, está produciendo una desaceleración en el ritmo de creación de hogares y un retraso de la edad de emancipación residencial de los jóvenes. Descenso del 5,7 por 100 en los matrimonios y continuado descenso de la fecundidad, que se situaba en 2011 en 1,38 hijos por mujer. El 64,6 por 100 de la población de entre 18 y 34 años en España continúa viviendo con sus padres. Aumenta la proporción de españoles que tienen problemas con los gastos relacionados con la vivienda, y persisten los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal. CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

116 Se alojaron en centros para personas sin hogar una media de 13.701 personas diariamente durante el año 2010, lo que supone un aumento del 15,7 por 100 respecto a 2008. El 11,2 por 100 de la población en 2010 tiene problemas para afrontar los gastos relacionados con la vivienda, por exceder los costes de alojamiento el 40 por 100 de su ingreso equivalente disponible Desde el inicio de la crisis, ha aumentado la incidencia de esta sobrecarga entre los jóvenes y entre los que tienen una vivienda hipotecada, Se produce un descenso de las ejecuciones hipotecarias. Así, el Consejo General del Poder Judicial contabilizó un total de 77.854 ejecuciones hipotecarias en 2011, lo que supone una bajada del 16,9 por 100 respecto al mismo periodo del 2010, aunque el total acumulado desde 2007 alcanza las 349.438 ejecuciones. Sin embargo, se ha producido un incremento del 21,8 por 100 de los lanzamientos en 2011 respecto al año anterior, alcanzando una cifra de 58.241 en 2011 y de 166.716 desde el inicio de la crisis. Tanto la sobrecarga de los gastos de la vivienda sobre los ingresos como los retrasos en el pago de los gastos de la misma, han aumentado mucho en los hogares que residen en alquiler. Como consecuencia, la morosidad en los alquileres de viviendas en España continuó aumentando en 2011 (15,4 por 100), siguiendo la senda alcista desde el inicio de la crisis.

Consumo El año 2010, último sobre el que el INE ha publicado datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), supuso una nueva profundización en la tendencia decreciente del gasto de las familias en España El contraste de los datos del pasado reciente, caracterizado por un notable crecimiento económico en España, del cual el consumo era en buena medida responsable, con los de los últimos años, apuntan a un cambio de tendencia que se acompaña, además, de un aumento de la desigualdad social, reflejada también en las pautas de consumo. En 2010 las familias gastaron en consumo 376.000 millones de euros, un 3 por 100 menos que en 2009. Así, exceptuando el capítulo de la educación, que en 2010 incrementó su gasto medio en los hogares, el resto de las partidas se han ido acomodando a la nueva situación financiera de éstos –y al pesimismo sobre las perspectivas económicas- reduciéndose año tras año la cantidad de dinero que las familias les dedican.

Reducir el gasto o aplazar la compra y reparación de muebles, y evitar adquirir grandes electrodomésticos, es otra de las formas de ajustar la economía doméstica Un papel no menos importante en el ajuste ha sido el desempeñado por la reducción del gasto en hoteles, cafés y restaurantes (descenso del 6,4), que ha sido constante desde 2008, con una mayor caída del consumo en comidas y bebidas fuera de la vivienda que en servicios de alojamiento, un 8,5 inferior a la del año precedente. Las familias redujeron la cantidad de dinero dedicada a servicios como abogados, notarios y servicios funerarios en un 16 por 100 entre 2009 y 2010 y en un 18 por 100 la compra de artículos de joyería y bisutería En 2010 las familias gastaron como término medio 3.600 euros menos que antes del comienzo de la crisis, lo que constituye un verdadero hito en la trayectoria del consumo de las últimas décadas en España. Más de la cuarta parte de esa cantidad se restó del capítulo de los transportes, al que cada familia destinó casi mil euros menos que en 2007, renunciando tanto a la compra de vehículos como al uso de los mismos. La opción de ahorrar en hostelería supuso una disminución media de 600 euros anuales en restaurantes, cafeterías y hoteles, mientras que el relacionado con la compra de artículos para el equipamiento de las viviendas se redujo en 500 euros. Por su parte, la alimentación y el vestido perdieron cada uno en torno a 400 euros anuales por familia. En lo que respecta a las comunicaciones, los españoles les conceden cada vez más importancia y prefieren gastar menos en otros bienes y servicios.

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117 Las familias han optado por aplazar los grandes gastos, como los que suponen la compra de vehículos, muebles y grandes electrodomésticos, así como por reducir algunos de los más superfluos

Publicaciones INDICADORES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA UE, 2009-2010

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Es destacable la evolución de la partida de gasto de ocio, espectáculos y cultura, cuyo peso relativo ha ido elevándose a pesar de la situación de crisis económica. Y ello básicamente por el importante incremento del gasto en la compra de aparatos de televisión, que se ha duplicado desde el año 2006, pasando de 93 a 199 euros, ya que el desembolso en el resto de los elementos de este capítulo se ha reducido (libros, prensa, espectáculos, etc.). Sólo las familias que cuentan con unos ingresos mensuales superiores a cinco mil euros incrementaron su gasto en consumo (7 por 100 de variación) mientras que las demás lo redujeron, sobre todo aquellas con menos recursos. En España, los que cuentan con menos de mil euros al mes dedican más de un 18 por 100 de su presupuesto a adquirir alimentos y más del 40 por 100 a pagar gastos de la vivienda, como alquileres, combustibles, y otros suministros, lo que suma la mitad de sus recursos. Los que tienen situaciones económicas más desahogadas comprometen una parte muy inferior (9 por 100 en alimentación y 26 por 100 en vivienda).

PENSIONES CONTRIBUTIVAS E IMPORTE MEDIO SEGÚN CLASE Y RÉGIMEN, 2011 (En miles de pensiones, euros mensuales y porcentaje)

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El número de deudores concursados ascendía en 2011 a 6.755, un 13 por 100 más que en el año anterior. De ellos 934 se identificaban como personas físicas sin actividad empresarial, es decir, consumidores particulares. Desde 2004, año en el que entró en vigor la ley concursal el número de familias que se han acogido a esta fórmula de resolución ha ido en aumento, alcanzándose en 2009 la cifra más abultada hasta ahora, con un número total de 1.022 casos.

Publicaciones OCDE. INDICADORES COMPARADOS DE CALIDAD DE VIDA, 2010

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Desempleo En términos reales, según la metodología de Eurostat (ESSPROS), el gasto en prestaciones sociales en España alcanzó en 2009 los 198.159,7 millones de € a precios constantes, lo que supuso un incremento del 9,6 por 100 con respecto al año anterior, superior al registrado en la media de la UE 27 (6,9 por 100) y de la UEM (6,6 por 100). Concretamente en el caso de España, el 50,3 por 100 del aumento del gasto en prestaciones sociales en 2009 obedeció al incremento del gasto en la función desempleo La intensificación de la crisis económica y, con ella, la prolongación y acentuación a mediados de 2011 del deterioro del mercado de trabajo, llevó a que las cuentas de las Administraciones de la Seguridad Social registraran déficit por segundo año consecutivo. No obstante, dicho déficit, cifrado en el 0,09 por 100 del PIB, fue inferior al del año anterior (-0,24 por 100), aunque lejos de deberse a una mejora del empleo, respondió a la evolución más moderada de los gastos en prestaciones por desempleo. La crisis económica ha propiciado, desde su inicio, la pérdida de empleos entre ambos sexos, sin embargo, considerando que los desempleados varones superaban a las mujeres, también éstos están agotando antes las prestaciones por desempleo. El volumen medio de perceptores de desempleo a lo largo del año osciló entre, el máximo de 3.054.761 personas, alcanzado en enero de 2011, y el mínimo de 2.720.661 en septiembre del mismo año.

FRACASO ESCOLAR, ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO Y PROPORCIÓN DE JÓVENES CON ESTUDIOS POST-OBLIGATORIOS EN ESPAÑA

El grupo de perceptores del nivel contributivo de esta edad disminuyó un 10 por 100 respecto a 2010. Al igual que el año anterior, la mayoría de los beneficiarios (el 57,1 por 100) fueron varones. De 25 a 35 años, el mayor porcentaje de beneficiarios del nivel contributivo corresponde a quienes llevan menos de 3 meses en esta situación. Los de edades comprendidas entre 35 y 45 años, con carreras más amplias de cotización, fueron en su mayoría beneficiarios con más de 6 meses de permanencia en el paro y menos de 12. Finalmente, los mayores de 45 años hasta los 55, fueron los que mostraron mayores dificultades para encontrar un nuevo puesto de trabajo ya que, su porcentaje mayoritario llevaba más de 24 meses en situación de desempleo. Preocupante resultado del estancamiento que sufre el mercado de trabajo, que apuntala la tendencia al agotamiento de las prestaciones contributivas sin que los beneficiarios de las mismas hayan encontrado un nuevo puesto de trabajo. La consecuencia más inmediata es un nuevo descenso de las rentas en los hogares en que se producen estas situaciones y, lo que es peor, la progresiva reducción de las posibilidades de reinserción laboral que acompaña a las situaciones de paro de larga duración. El gasto real en prestaciones por desempleo en 2011 fue de 32.263,7 millones de euros. En comparación con el gasto real de 2010, se produjo una ligera disminución del gasto total en prestaciones por desempleo del 0,3 por 100, contención directamente imputable no a una mejora de la ocupación, como sería lo deseable, sino al proceso de asistencialización de la protección por desempleo.

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En cuanto a la edad de los perceptores, de nuevo, en coherencia con el mayor porcentaje de población activa, el grupo más numeroso fue el de 25 a 54 años, 1.077.400 beneficiarios que representaron el 81,1 por 100 del total de los perceptores.

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Exclusión y riesgo de pobreza Desde el punto de vista social, el aumento de la pobreza y la desigualdad constituyen quizás las consecuencias más extremas de la crisis en las condiciones de vida de la población. Ligero aumento de los problemas de hacinamiento en el último año en España, mientras que en el resto de la UE disminuyen. La incidencia de exclusión severa en España, aunque es más baja que en los países de nuestro entorno, al contrario que en ellos, ha aumentado en el último año, especialmente entre la población por debajo del umbral de la pobreza, los jóvenes y los que viven en alquiler. Puede decirse que se trata de uno de los problemas más en el medio y largo plazo, en especial, teniendo en cuenta la problemática que plantea el desarrollo de políticas sociales en un contexto de ajustes presupuestarios.

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La pobreza relativa en la UE, y más concretamente en España, ya constituía un problema serio en el período anterior a que diese comienzo la crisis económica. El actual escenario de crisis está aumentando los niveles de pobreza más aún, lo que resulta muy preocupante. En el caso concreto de España, los niveles de pobreza monetaria afectaban en 2010 al 20,7 por 100 de la población pero con el nuevo indicador, los niveles de pobreza aumentan hasta el 23,5 por 100. En términos generales, los más expuestos al riesgo en la UE son los desempleados (63,8 por 100), que presentan porcentajes muy superiores a la media global y a la de otros grupos poblacionales. Conviene destacar también el elevado riesgo de exclusión social y pobreza de las familias monoparentales con hijos a cargo (51,9 por 100), y de la población no comunitaria (41,8 por 100). España ha sido uno de los países que ha registrado mayores aumentos de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, habiendo pasado del 23,4 por 100 en 2009 al 25,5 por 100 en 2010. Ha supuesto un incremento de algo más de un millón de personas en tan sólo un año, hasta alcanzar un total de 11,675 millones. Más de un millón y medio de personas tenían problemas de pobreza monetaria al tiempo que vivían en hogares con baja intensidad de trabajo. Estas situaciones podrían aumentar si se tiene en cuenta que casi 7 millones presentaba problemas de pobreza monetaria y 1,5 millones vivía en hogares con baja intensidad de trabajo.

Los efectos de la crisis en los hogares monoparentales con hijos a cargo han sido especialmente graves y preocupantes: el porcentaje de pobreza y exclusión de estos hogares ha pasado del 43,7 por 100 en 2009 al 51,6 en 2010. El empobrecimiento de la población infantil y joven aumentó por encima de los tres puntos porcentuales, frente a una disminución de la población mayor de 55 años. El aumento de las tasas de pobreza entre la población de menor edad en España ha sido mayor que el promedio de la UE. El riesgo de pobreza entre los desempleados ha aumentado entre 2009 y 2010 en casi seis puntos porcentuales (ha pasado del 49, 6 por 100 al 55,2 por 100). El riesgo de pobreza de las mujeres ha venido siendo más elevado que el de los hombres en todos los grupos poblacionales. La población extranjera no comunitaria es otro de los colectivos que más se está viendo afectado por la crisis económica.

Los hogares en los que, al menos, un miembro está en paro ha aumentado notablemente hasta aproximarse al 30 por 100 en 2011. Asimismo, se ha producido un notable incremento de los hogares que no perciben ningún tipo de ingreso, indicador indirecto de la pobreza más extrema. Desde comienzos de la crisis estos hogares han aumentado en más de 200.000, llegando a afectar en el cuarto trimestre de 2011 a 336.000 (71.000 más que en 2010). Se prevé que el riesgo de pobreza y exclusión afecte al 26,7 por 100 de la población, 1,2 puntos porcentuales más que en 2010 y cuatro respecto al período anterior a la crisis

Desigualdad El aumento de la pobreza está produciendo en paralelo un aumento de la desigualdad bastante pronunciado desde 2007, lo que ha distanciado a España aún más de la media comunitaria. La renta de la población con mayores ingresos en España fue 6,9 veces superior a la de la población con ingresos más bajos en 2010 (frente a 5,3 en 2007), mientras que en la UE 27 esa diferencia se reduce al 5,0, no habiéndose incrementado en los últimos años.

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Uno de los datos más alarmantes es el porcentaje de viviendas en los que todos sus miembros están en desempleo, que ha alcanzado el 12 por 100 de los hogares en el cuarto trimestre de 2011, dos puntos porcentuales más respecto a 2010 y más del doble respecto al período anterior a la crisis.

Publicaciones

Informe sobre La Internacionalización de la Empresa Española como Factor de Competitividad

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En un escenario global de creciente competencia y más en un periodo de crisis económica, las empresas españolas deberían expandirse internacionalmente, introduciendo mejoras y dotándose de más y mejores factores competitivos que les permitan acceder con éxito a los nuevos mercados exteriores y no perder capacidad competitiva en el medio y largo plazo en su mercado doméstico. Ésta es una de las conclusiones más destacadas del Informe sobre la Internacionalización de la Empresa Española como Factor de Competitividad, elaborado por el Consejo Económico y Social de España (CES). El informe, que hace una especial referencia a las pequeñas y medianas empresas, pide de forma urgente un apoyo decidido a las empresas que desean internacionalizarse, en especial las pymes, por parte de las distintas administraciones públicas. En opinión del CES, la internacionalización de las empresas debe constituir un eje prioritario de política económica y objetivo destacado de política exterior. Además, el documento elaborado por el Consejo, se pronuncia a favor de promover con mayor intensidad la orientación hacia otros destinos, mercados emergentes, más dinámicos, a pesar de su posible lejanía cultural y geográfica. Cuando el informe habla de medidas concretas de apoyo público, subraya las siguientes: mayores esfuerzos de sensibilización, suministro de información específica sobre distintos temas que les permita minimizar los costes y riesgos iniciales programas de desarrollo de recursos humanos en todos los ámbitos, apoyo financiero, soporte para la participación en licitaciones internacionales, promoción de redes empresariales, o asistencia técnica.

Actividades

Seminario TRESMED Argel 28/05/2012

Los días 28 y 29 de mayo tuvo lugar en Argel (Argelia) la celebración de un seminario del proyecto TRESMED 4 “Trabajando en el diálogo social y la cooperación” , en colaboración con el CNES de Argelia.Este seminario viene a dar continuidad a la línea temática sobre “Mujer y Diálogo Social” iniciada en Luxemburgo, el pasado mes de marzo y, que será el tema central de las distintas reuniones que tendrán lugar durante 2012.El Seminario brindó la posibilidad de intercambiar experiencias entre los distintos participantes. Sus resultados se recogerán en unas conclusiones que se incorporarán a una publicación al final del proyecto.El CNES de Argelia viene siendo un estrecho colaborador del CES de España en el desarrollo de este proyecto, en sus distintas ediciones. En esta ocasión acogerá a las delegaciones de Jordania y Túnez, junto con los Consejos de Francia e Italia, además del CES de España que organiza el encuentro.También estuvieron presentes expertos de la OIT, de la Fundación Anna Lindt, y la Comisión Europea que es quien financia el Proyecto.Con ocasión del Seminario los Presidentes del CES de España y del CNES argelino han mantenido un encuentro bilateral en el que han tratado temas de actualidad.La televisión argelina ha entrevistado al Presidente Marcos Peña, quien ha manifestado su reconocimiento por los pasos que se están dando en la integración y la participación de las mujeres, específicamente en las pasadas elecciones argelinas en las que las mujeres representan ya el 35% de los parlamentarios.

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Ana Picos

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Actividades

Jornada La internacionalización de la empresa española como factor de competitividad Sede del CES 1 9/06/2012

Presentación de la Memoria del CES 2011 en el Forum Nueva Economía El día 11 de junio, el presidente del CES, Marcos Peña, presentó en el Foro Nueva Sociedad, de Nueva Economía Forum, la Memoria del Consejo Económico y Social 2011.

Consejo de Administración y Asamblea general de Asociación Internacional de Consejo Económicos y Sociales. Río de Janeiro CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

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13,14 y 15/06/2012

Encuentro La situación socioeconómica y laboral en España. La crisis y sus consecuencias socioeconómicas. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander - Palacio de la Magdalena 4 al 6 /07/2012

Encuentro La Juventud: Transición de la Formación al Empleo Universidad Complutense de Madrid - San Lorenzo de El Escorial 16 y 17/07/2012

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