Procesos Electorales de Ayer y Hoy

Apuntes Legislativos PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Sexagésima Primera Legislatura 2009-2012 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS

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Supervisión de edición: Lic. Alfredo Sainez Araiza. Diseño y edición de interiores: Natalia Ivonne Lara Rivera

“Procesos Electorales de Ayer y Hoy” LXI LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO © Por esta edición: Instituto de Investigaciones Legislativas Callejón de la Condesa Núm. 7 Centro. C.P. 36000. Guanajuato. Gto., México Tel. 01 (473) 102–00–00 extensiones 6074, 6075 y 6080 www.congresogto.gob.mx Primera edición, 2012–07–15 Año 8, Número 63 ISBN: 970-9784-00-5 Impreso en México / Printed in México Esta publicación no puede ser reproducida, incluyendo el diseño de la cubierta y de páginas interiores, ni todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sea mecánico, foto químico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo solicitado por escrito y autorizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado de Guanajuato.

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DIPUTACIÓN PERMANENTE Tercer Año Segundo Receso Dip. José Isacc González Calderón PRESIDENTE Dip. Moisés Gerardo Murillo Ramos VICEPRESIDENTE Dip. Francisco Amílcar Mijangos Ramírez PRIMER SECRETARIO Dip. José Jesús Correa Ramírez SECRETARIO Dip. Eduardo López Mares PROSECRETARIO

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Gerardo Trujillo Flores

Dip. Héctor Hugo Varela Flores

Dip. María Elena Pérez-Sandi Plascencia

Dip. José Luis Barbosa Hernández

Presidente

Vicepresidente

Dip. Eduardo Ramírez Pérez

Dip. Héctor Astudillo García

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SECRETARÍA GENERAL

Lic. Salvador Márquez Lozornio

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS Lic. Tomás Bustos Muñoz DIRECTOR GENERAL

Lic. Aarón Soto Martínez

COORDINADOR DE PROMOCIÓN Y FORMACÓN LEGISLATIVA

Lic. Alfredo Sainez Araiza

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LEGISLATIVO

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Índice

Pag.

Presentación .............................................................................................................6 I. LECCIONES DE LA HISTORIA: PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO ................................................................................8 JOSÉ LUIS LARA VALDÉS .................................................................................8 II. EL INICIO DE UNA VIDA INSTITUCIONAL: PRIMEROS ENSAYOS ELECTORALES EN GUANAJUATO 1823 A 1829 ..............................................26 LUIS ERNESTO CAMARILLO RAMÍREZ ..........................................................26 III. PARTIDOS POLÍTICOS, REPRESENTACIÓN Y DEMOCRACIA DE CALIDAD. MÉXICO Y LOS PAÍSES ANDINOS. .................................................38 DR. ADRIÁN S. GIMATE-WELSH Y GUILLERMINA MARTÍNEZ BERMÚDEZ ........................................................................................................38 IV. TEMAS ELECTORALES EN TEXTOS ................................................................55 MARIO GALLARDO VELÁZQUEZ ......................................................................55

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Presentación “ Quien olvida su historia está condenado a repetirla”. Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana A prender de las lecciones de la historia cultiva la previsión, virtud cardinal del político, que le permite deliberar y elegir los medios adecuados para el logro de los objetivos; así como, valorar los alcances y limitaciones de las acciones para afinar los aciertos y corregir los errores, que forjan el temple del espíritu, crecimiento y desarrollo del género humano, a través de una continúa enseñanza-aprendizaje en devenir de la escuela de la vida. Compartiendo este propósito y en un año eminentemente electoral, en este número de Apuntes Legislativos, se presentan tres ensayos: En el primero, el maestro e historiador, José Luis Lara Valdés, aborda las “LECCIONES DE LA HISTORIA: PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO”, en donde realiza un análisis retrospectivo sobre “historias no abordadas (…) para que no se olviden las tareas pendientes”; En el segundo, el historiador Luis Ernesto Camarillo Ramírez nos remonta al “INICIO DE UNA VIDA INSTITUCIONAL: PRIMEROS ENSAYOS ELECTORALES EN GUANAJUATO 1823 A 1829”, a fin de conocer las diversas figuras jurídico-electorales, la regulación y como se preparaban las elecciones en los albores de una vida institucional en el territorio guanajuatense; y, Finalmente, Apuntes Legislativos, da la bienvenida a los doctores Adrián S. Gimate-Welsh y Guillermina Martínez Bermúdez, agradeciendo su colaboración, denominada, “PARTIDOS POLÍTICOS, REPRESENTACIÓN Y DEMOCRACIA DE CALIDAD. MÉXICO Y LOS PAÍSES ANDINOS”, en donde analizan la evolución de algunos conceptos y categorías políticas, entre las que destacan: democracia y representación; así como el origen y la transición de los partidos políticos; la geometría política (izquierda-derecha); la crisis de confianza en las instituciones de los sistemas políticos en América Latina –incluido las del sistema político mexicano–, en perspectiva comparada, utilizando la analogía literaria, poesía/poema, que establece Octavio Paz. Sin menoscabo, de apuntar la incoherencia entre “los programas de los partidos y las leyes y políticas que promueven una vez en el poder.” En la Sección de la Biblioteca, “José Aguilar y Maya”, se recomiendan 4 textos afines a los temas electorales, que puede consultar el público en general. Atentamente Coordinación de Investigación y Desarrollo Legislativo

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I.

LECCIONES DE LA HISTORIA: PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

JOSÉ LUIS LARA VALDÉS 1 En el marco teórico de los historiadores contemporáneos Hay historias pendientes de escribir por que no han sido estudiadas con base en fuentes de primera mano, o éstas no han sido recuperadas ni sistematizadas, por lo que, no pocas de esas historias son apenas unos cuantos testimonios. En este artículo averiguamos sobre procesos electorales sucedidos en el pasado, y la cantidad de documentos que encontramos darán mejor idea de lo que acabo de mencionar, la realidad histórica que trastornó o transformó la primera elección constitucional de Irapuato, con base en fuentes de primera mano recuperadas y sistematizadas de los archivos históricos municipales de Guanajuato e Irapuato, en contexto con fuentes de segunda mano. También damos a conocer imágenes de otro momento histórico, los procesos del siglo XX, imágenes que dejan entrever la realidad histórica, los entrañables participantes en el proceso de elecciones constitucionales de 1918, y de 1947, pero de los cuales no hay contexto ya que falta por localizar los expedientes donde quiera que se encuentren. La historia, en tanto conocimiento sistemático, está carente de otras explicaciones que lleven a interpretaciones; de momento aquí emprendemos la narrativa de los momentos que evocan los testimonios. Fuentes de primera mano, decimos los historiadores; historias no abordadas, y que aquí compartimos para que no se olviden las tareas pendientes, que, también así se construye la cultura de la legalidad reconociendo el derecho que tienen las nuevas generaciones al conocimiento de su propia historia. Son lecciones de historia pendientes de entender para integrar a nuestra cultura histórica. Historiar instituciones sociales, políticas, incluso jurídicas en el marco de la teoría del conocimiento que se postula, como es el caso el derecho electoral, ha sucedido más en una mínima proporción que las historias de vida y de acciones de confrontación ideológica o armada. Hay pocos o escasos trabajos de análisis y abundan los trabajos de biografías o de coyuntura, y claro está, de confrontaciones en el plano ideológico, económico, incluso militar. Somos dado por ello, a pensar que la historia ya está escrita para siempre cuando que cuanto conocemos apenas si es un aspecto: no tenemos de la historia parlamentaria sino unos cuantos logros y unos pocos catálogos de las fuentes de primera mano que han sobrevivido en los recintos, sedes, de los tres poderes representativos federales y estatales; Archivo General del Estado de Guanajuato, Archivo del Congreso del Estado, 1

Presidente del Colegio de Historiadores de Guanajuato. Profesor de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Historia; Cronista de la División de Derecho, Política y Gobierno y coordinador del Seminario en Historia del Derecho Constitucional en México, en el Departamento de Derecho. Ha gestionado el rescate y catalogación parcial del Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato, durante la LVI Legislatura, de donde proviene parte del material que se publica por primera vez.

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Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde sin duda estarán los asuntos concernientes a las inconformidades con el resultado de las elecciones, pero donde está pendiente la tarea de catalogar y clasificar su fondo histórico documental, no sabemos si el grado de avance en la archivalia para ofrecer a los estudiosos la materia prima del conocimiento, exista ya en el archivo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Los archivos históricos municipales, algunos iniciados con la vida de la joven república mexicana, conservan actas de elecciones municipales como es el caso de la primera elección constitucional para integrar el Ayuntamiento de Irapuato, en el escenario de la promulgación y jura de la Constitución política de la monarquía española, dada en Cádiz en 1812. Asunto del cual contextualizo en la historia de la sociedad regional y en el marco histórico de la República de Indios que es ya la referencia del orden legal establecido por la Corona desde el siglo XVI: las elecciones que tenían lugar en las congregaciones, o pueblos de indios, para gobernante, justicia, representante ante las autoridades virreinales y el clero2. Si bien hay entidades municipales con memoria documental de siglos anteriores, Celaya, Guanajuato, León, Salvatierra es porque su administración comenzó antes de ser municipios a partir de la Constitución de 1824. También tienen la tarea pendiente de localizar en estos archivos el expediente de la primera elección constitucional. En otras entidades municipales devino de la declaración de igualdad, diremos ahora el reconocimiento a los derechos ciudadanos los “pueblos de indios”: Acámbaro, Amoles (Cortazar), San Marcos Irapuato, Tierra Blanca, Xichú de Indios (Victoria), y Yuriria, entre otros surgidos en el siglo XVI para la conquista y colonización del territorio3 ; enfrentaron el fin del orden jurídico establecido para ellos con las elecciones para Ayuntamientos constitucionales entre 1813 y 1814, aunque, si bien por los seis años de suspensión de la Constitución de Cádiz, de 1814 a 1816, habrían quedado en indefinición por el estado de guerra, hasta que en 1821, en definitivo sucedió la cancelación de la “república de indios” porque no podía haber muchas naciones dentro de una nación, la naciente nación mexicana. Historiar procesos electorales En el Archivo General de Indias, Sevilla, Esp., está el expediente de las primeras elecciones realizadas en territorio guanajuatense para la creación de un nuevo Ayuntamiento, donde había sido por usos y costumbres un pueblo de indios, Silao, dentro

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En una ponencia que presenté “Ayuntamientos de Guanajuato promulgan y juran la Constitución política de la Monarquía española, dada en Cádiz, 1812”, en la Universidad de Cádiz (marzo de 2012) este asunto llamó la atención por el desconocimiento de cómo funcionó la República de Indios, estamentos legal para las “congregaciones” que quisieron establecerse en pueblo. Está publicada en el número 57 de Apuntes Legislativos. LXI Legislatura del Estado de Guanajuato. 3 La mayor descripción la hago en mi libro Cartografía histórica de Guanajuato en tiempos de la guerra de Independencia, Universidad de Guanajuato, 2012.

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de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Guanajuato4 . Silao e Irapuato, pueblos de indios, haciendas y ranchos de españoles, tienen en sus historias el mismo principio político de procesos electorales como origen de sus respectivos ayuntamientos. Las historias no se han detenido en tales momentos tan constructivos de las identidades locales, cuanto compartieron como vocación de integrar ayuntamientos y quedar fuera de la supervisión de las autoridades de la ciudad de Santa Fe de Guanajuato. En el caso de Silao contando con la gestión del Intendente José Antonio Riaño, a cargo del gobierno de la Intendencia Mayor de Guanajuato, una vez realizada la elección se manifestaron inconformes otros propietarios de haciendas y ranchos que prefirieron continuar con el estado de relaciones políticas; el asunto dio lugar a un litigio llevado a la metrópoli peninsular donde, el promovente, Juan López de Cancelada, quedó atrapado por la guerra contra los invasores franceses y poco pudo hacer por la causa que le llevó. Las congregaciones de Silao y de Irapuato tuvieron por origen familias trasladadas de las distintas regiones donde habitaban los antiguos otomíes, los hñañuh, o los puréhpechas, llamados tarascos en las historias: para poblar en el territorio. La “República de indios”, legitimada por derecho medieval del conquistador, allí donde el conquistado aceptaba congregarse en paz, le eran respetados sus derechos de nación, su propia lengua, y tan sólo con la formalidad de elegir entre ellos Gobernador, y Justicias. En toda América hispanizada, en rigor, así funcionaron para el Derecho Indiano las congregaciones de indios, era la República de Indios el sujeto político, y tuvo tal éxito que al menos en el territorio guanajuatense alcanzaron mayor prosperidad que no pocos empresarios españoles, agricultores, ganaderos, mineros, comerciantes: Acámbaro, Yuriria, Irapuato, Silao, son unos pocos casos del éxito, y el más destacable, la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. En León, San Miguel de la Real Corona y San Francisco del Coecillo debieron soportar el acoso de los criollos y españoles de la Villa, quienes les disputaron las mejores tierras y el agua. El pueblo de Analco en San Felipe fue extinto por rebeldía a Su Magestad durante la expulsión de los jesuitas en 1767. Podemos mencionar con datos que estos pueblos tuvieron por usos y costumbres elegir a sus gobernante, justicia, y en su momento el escribano que tenía a su cargo la “caja de la comunidad”, suelen aparecer en los expedientes de las “visitas” que ordenaba realizar, periódicamente, para supervisión del buen orden, el Obispo de México o el Obispo de Michoacán. Pero los archivos de los pueblos de indios no hemos tenido la fortuna de verlos historiados. Hay historias que han dado énfasis a las acciones de guerra iniciada, en 1810, nos falta atender la historia de lo político, y de lo político electoral, la integración de los Ayuntamientos sumaron experiencias por las disposiciones que fueron llegando de las Juntas Generales y Extraordinarias, y luego establecidas por la Constitución política de la Monarquía española. El caso de las elecciones, mediando la cantidad de habitantes del territorio que se pretendía eregir en Ayuntamiento5:

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AGI-Sevilla, Esp. Audiencia de México. Legajo n° 1686. Colección de decretos y órdenes de las Cortes de España, que se reputan vigentes en la República de los Estados Unidos Mexicanos, México, Imprenta de Galván, 1829. [edición facsimilar con estudio introductorio de Oscar Cruz Barney, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001] Este compendio de legislación es indicativo de la vigencia de las disposiciones dadas en Cádiz, algunas desde el año de 1811, y de la utilidad que dieron a la naciente República Mexicana. Decreto del 23 de mayo de 1812, p. 28 passim. 5

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• Decreto del día 23 (mayo). Formación de los ayuntamientos constitucionales. • Decreto del día 10 (julio). Reglas para la formación de los ayuntamientos constitucionales. I. Cualquier pueblo que no tenga ayuntamiento y cuya población no llegue a mil almas, y que por su particulares circunstancia de agricultores, industria o población considere que debe tener ayuntamiento, lo hará presente a la diputación de la provincia, para que en virtud de su informe se provea lo conveniente por el gobierno. II. Los pueblos que no se hallen con estas circunstancias seguirán agregados a los ayuntamientos a que lo han estado hasta aquí, mientras que la mejora de su estado político no exija otras providencias; agregándose al más inmediato en su providencia los que se formaren nuevamente, y los despoblados con jurisdicción. III. Debiendo cesar en virtud de lo prevenido en el artículo 312 de la constitución los regidores y demás oficios perpetuos de ayuntamiento, luego que se reciba y publique en cada pueblo la constitución y este decreto, se pasará a elegirlos a pluralidad absoluta de votos en la forma que se establece en los artículos 313 y 314, así en los pueblos en que todos tengan la dicha cualidad de perpetuos, como en los que la tengan algunos solamente IV. Como no puede dejar de convenir que haya entre el gobierno del pueblo y su vecindario aquella proporción que es compatible con el buen orden y mejor administración, habrá un alcalde, dos regidores y un procurador síndico en todos los pueblos. Tales fueron instrumentos legales para el fin de las congregaciones o “pueblos de indios” en tanto estamento político que controló al régimen económico territorial. Es el caso de San Marcos Irapuato donde, criollos y españoles, propietarios de haciendas resolvieron el conflicto jurisdiccional antiguo sobre tierras, aguas, y otros usos y costumbres, lo que había sido propio de las autoridades del “pueblo de indios”. Por la vía de las elecciones constitucionales se originó el nuevo Ayuntamiento y con los recursos legales la República de Indios pareció definitivamente si no extinta, sí subordinada a la autoridad establecida con la promulgación y jura de la Constitución. Mientras el territorio era teatro de la guerra insurgente contra realistas por lo que no es extraño ver en la lista de ciudadanos electos para el primer Ayuntamiento Constitucional de Irapuato a militares; el lugar había sido elegido por el comandante del Ejército de Operaciones del Centro, Agustín de Iturbide, como base, “su División Bajío” como le llaman las historias. No han sido historiadas las acciones de disposición o franco despojo que de las cajas de comunidades o “congregaciones de indios” hicieron estos nuevos ayuntamientos, o las autoridades militares; el Fondo de Propios y Arbitrios que tuvieron los pueblos de Acámbaro, San José de Amoles, Analco en San Felipe, San Marcos Irapuato, Nuestra Señora de los Dolores, San Francisco de Pénjamo, los Pueblos del Rincón, San Luis de la Paz, Silao, San Miguel de la Real Corona de León, San Francisco del Coecillo, Yuriria.6 6

En otras entidades ya se ha venido realizando con lo que el método está a la vista, y será otra tarea más, véase García Ávila, Sergio (2006): “Las tierras comunales indígenas en Michoacán y las políticas del gobierno español durante la guerra insurgente”, en Moisés Guzmán Pérez, coord… Entre la tradición y la modernidad. Estudios sobre la Independencia, México, Instituto de Investigaciones Históricas/UMSNH.

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El pueblo de indios de San Marcos Irapuato tenía el antecedente de confrontación al grado de que los criollos y españoles pretendían la inexistencia del pueblo de indios y en cambio la existencia de la “congregación de españoles”, lo que constituyó litigio constante, incluso debió dar lugar a una declaratoria del Virrey Branciforte, en 1795, ratificando el régimen legal de pueblo de indios a Irapuato, y el consiguiente regaño a quienes pretendían negar tal. Algo de las razones de descontento y agravios se entiende en expediente del asunto que contiene los nombres de los principales jefes de familia del pueblo de indios, 15 “caciques originarios” en el año de 1796:7 “Indios caciques originarios y vecinos de esta congregación de Irapuato y su jurisdicción por sí y a nombre de los demás naturales del distrito por quien prestamos voz y caucion de voto et grato. Puestos a las benignas plantas de Vuestra Excelencia con el mayor rendimiento decimos: que siendo como somos unos miserables de poco cultivo y ninguna instrucción en materias forenses y ser este lugar tan limitado de patronos que nos tengan paciencia para entender nuestras demandas o negocios judiciales que se nos [f1] (¿otorgue?) nombrarnos lo de defensor, procurador o agente de todos y cuantos negocios se nos ofrezcan para que de esta suerte no queden ilusorios nuestros dueños ni seamos tan tiranizados, ni demorados por deudas en las cárceles con notable perjuicio de nuestras miserables familias”. Hipólito Tiburcio García José Feliciano Hernández Rafael Martínez Juan Salvador Rico Manuel González Marcelo Ramírez Cornelio Delgado José Antonio Juárez José Tomás Hernández Claudio Condareo Domingo José Ramírez José Gregorio González Pedro Laureano Marcos Anselmo Pérez Jose Lois Martínez Acaso estos 15 caciques sean los gobernantes electos de las congregaciones que componía al pueblo de San Marcos Irapuato y de las cuales hay noticia en otro expediente sobre inundación de los barrios del pueblo más inundados: el Pueblito (hoy San Vicente), San Francisco, Santiago y parte del de Santa Ana hasta el Camino Real. Fue desbordamiento del río de Silao, debido al descuido del actual dueño de la hacienda de

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Archivo Histórico Municipal de Irapuato, la intervención del Virrey Branciforte en Caja 3, Exp. 301, 1795; el consecutivo de petición de nombrarle procurado al pueblo de indios, en Caja 2, Exp. 174, 1796. En la paleografía he adecuado al uso actual las expresiones. Para una localización del catálogo en línea véase www.archivoirapuato.gob.mx

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San Juan, José Miguel Carrillo por no haber abierto a tiempo las compuertas de la toma de agua de su presa, de la hacienda de San Juan.8 Hay otro expediente donde se refiere que Ambrosio Ferrer Montes era el cacique mayordomo de la cofradía de indios, y que había solicitado y obtenido autorización de celebrar una jura pública a favor de Fernando VII, el 4 de abril de 18099 . Esta es la situación de conflicto que vino a dirimir la primera elección constitucional para sumar la voluntad de los habitantes del territorio que quisieron formar Ayuntamiento. Cuando llegó a la capital de la Provincia de Guanajuato el ejemplar de la Constitución Política de la Monarquía Española, dada en Cádiz por las Cortes Generales y Extraordinarias, en 1812. Después de la promulgación y jura, en fecha 3 de junio de 1813 hubo elecciones constitucionales entre una Junta de veinticinco vecinos reunidos para el efecto, según se hizo constar en Acta, resultando, de entre ellos, electos los siguientes10 : • • • • • • • • • • • •

Don Mariano Garcia Diego: Primer regidor electo con trece votos El señor comandante Lic. Don Jose Maria Esquivel: Segundo regidor El Lic. don Pedro Concha: Tercer regidor con diez y siete votos El capitán don Mariano de la Concha: Cuarto regidor con quince votos Don Angel Torrin: Quinto regidor con trece votos Don Jose Sanabria: Sexto regidor con catorce votos Don Ignacio Estrada: Séptimo regidor con diez y siete votos Don Juan Gallardo; Octavo regidor con veinte votos Don Matias Tiburcio: Noveno regidor con diez y seis votos El capitán Lanuza: Décimo regidor con catorce votos Don Rafael Aramburu: Undécimo regidor con diez y ocho votos Don Manuel Quiroga: Duodécimo regidor con catorce votos

De este acto legal, el “ilustre ayuntamiento nuevamente erigido”, da fe otro dato de la misma época, y circunstancia, validar las relaciones sociales de producción entre los particulares: “En la Congregación de Irapuato a 4 de noviembre de 1813 ante mi el escribano nacional público y de este ilustre ayuntamiento nuevamente erigido, con arreglo a la constitución política de la monarquía española, comparecieron don José Antonio Oñate y su hijo don Jose Gregorio Oñate vecinos de esa referida congregación que doy fe les conozco y dijeron que desde el dia 6 del próximo pasado octubre recibieron de mano de don José Rafael Gaitán vecino del pueblo de Cucuparo, jurisdicción de Pázquaro a toda su satisfacción y contento y sin la menor tacha ni defecto 376 arrobas, 6 libras de lana al precio de cinco pesos por cada arroba ascendiendo su total importe a la cantidad de mil ochocientos sesenta y seis pesos un real y medio…11” 8

AHMI, Caja 4, Exp. 356, 1804. AHMI, Juzgado de lo Civil de 1678 A 1950. Localización por años. 10 AHMI, Caja 499: 1275. En el mismo acto registrado aparece como Alcalde de primer voto con diez y ocho votos Don José M() Garcia Diego, acaso no se trate de la misma persona del Primer regidor. 9

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AHMI, Caja 83: 533, foja 1 frente.

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El regreso del “deseado” Fernando VII a la Corona española derivó en el desconocimiento del régimen constitucional, en encarcelamiento de diputados y la persecución de otros, en agosto de 1814 llegó de Madrid el decreto de Fernando VII que abolía la Constitución Política de la Monarquía; el Virrey Calleja envió la comunicación a los Intendentes en las Provincias para que procedieran de inmediato a restituir el orden antiguo, acaso debido a las condiciones extraordinarias por la guerra insurgente en Guanajuato, la connivencia para el funcionamiento de autoridades en Irapuato habría sucedido según este otro dato: “Don Angel Torrin regidor del muy ilustre ayuntamiento constitucional de esta congregación ante ud. como mejor de derecho proceda parezco y digo: que en septiembre del año pasado de mil ochocientos doce fui nombrado comisionado para el cobro del arbitrio del diez por ciento sobre rentas de casas en el cuartel primero de este lugar, y sin embargo que en el presente año luego después de publicada la Constitución Política de la Monarquía Española, recayó en mi una de las elecciones de regidores, cuyo empleo me eximia de otra cualquier carga consejil, pues no debo llevar dos, no he reclamado hasta ahora, procurando cumplir el año de la recaudación de aquella comisión, considerando que el sujeto en quien recayera, por la falta de conocimiento de los causantes, estando ya corrida la mayor parte del año, no la podía concluir como yo12.” La adecuación a las circunstancias habría sido la connivencia, la conveniencia como uso y costumbre hasta que, seis años después sobrevino la reposición de la Constitución de Cádiz, el 31 de mayo de 1820 el Virrey Apodaca emitió el bando real ordenando acatarla y exhortando “a los españoles a la unión, quietud y buen orden”. Como es conocido tales fueron los hilos de la trama que urdieron quienes no quisieron el régimen constitucional gaditano; y la transición hacia la Independencia, recayendo los principales acontecimientos en la capa social de poder militar, que tuvo por sede del jefe de operaciones Agustín de Iturbide, “el pueblo de indios” de Acámbaro; de donde salió y a donde llegó la correspondencia logística del Ejército Trigarante.

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AHMI, Caja 83: 534.

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La Provincia de Guanajuato en tiempos de la guerra de Independencia, con ubicación de los principales reductos de los insurgentes, Cerro y Fuerte del Sombrero, Cerro y Fuerte de San Gregorio, Ciénega y Fuerte de Zacapu en la Provincia de Valladolid; están indicadas las líneas de recorrido del Ejército de Operaciones de Agustín de Iturbide, saliendo de León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, Salvatierra, Apaseo y Querétaro; al occidente está la Linea del Ejército de Nueva Galicia13.

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Original en Archivo de la Real Academia de Historia de España, véase Lara Valdés, Cartografía histórica de Guanajuato en tiempos de la guerra de Independencia.

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Recibido el Decreto y el impreso de la Constitución, en la capital de la Provincia de Guanajuato, se dispuso enviarlo “A los subdelegados y Justicias de los lugares de esta Provincia que se hayan desocupado de enemigos y son: Celaya, Irapuato, Silao y León, se les dirige un oficio del tenor siguiente=El día 14 del corriente se ha de verificar en esta Capital la solemne publicación de la Constitución política de la Monarquía Española14”

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Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato. Ayuntamiento. Gobierno, 1812

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Respuesta desde Irapuato de Don José Mariano García Diego al Intendente Corregidor de Guanajuato, Don Fernando Pérez Marañón en el sentido de haber recibido el Superior Oficio de 8 de mayo de 1813 acompañado de la Constitución, para su solemne publicación “en este lugar, la que voy a disponer de acuerdo con los Prelados Eclesiásticos y Comandante de Armas”.15

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AHUG. Vid supra.

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Resultados de las primeras elecciones constitucionales para formar el Ayuntamiento de Irapuato, el 3 de junio de 1813, autentificadas por el escribano Coronel. 16 Historiar procesos electorales en el siglo XX Las teorías, teoría del Estado, teoría de la Historia, constituyen el marco de referencia para entender y explicar a las fuentes de primera mano, y éstas, dentro del constante cambio de los conceptos. Es incontrovertible que las disciplinas del conocimiento han venido acumulando su propia “empire”. Ser historiador es una disciplina que se adquiere en la academia, en la Universidad de Guanajuato hace apenas 50 años de ello. Mas historiar no es exclusivo del ámbito escolarizado, ser historiador es de los oficios más antiguos de la humanidad que así se han venido configurando, justo en la manera de entender a la sociedad, de interpretarla, de narrar los hechos importantes sucedidos en el pasado. Para ello está ahora la importante corriente teórica de historia de los conceptos, sin la cual seguiríamos remitiéndonos al legado griego y romano de “la república”, de la “democracia” pero sin explicarnos lo que aconteció, en materia de elecciones dentro de nuestra propia “empire”, nuestra historia de las instituciones políticas. Hoy en día los objetos nómadas del conocimiento fracturaron, o acaso ya rompieron el paradigma que vengo mencionando, las tecnologías de la informática rompieron con la disciplina de las ciencias sociales; hoy en día ya no se forma a historiadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos, economistas, politólogos, sin las TIC´S. La red de redes ha venido siendo nutrida con información tomada directamente de testimonios existentes en fondos documentales. La Memoria del Mundo, esa gran iniciativa de UNESCO sigue incrementándose, por lo que ya no es necesarios que el historiador acuda al lugar de los hechos contenidos en fuentes de primera mano, cuando los grandes institutos que administran sus fondos históricos los vienen subiendo a la internet. Hemos visto que Apuntes Legislativos está en la página de la LXI Legislatura, por lo que éste artículo podrá ser ampliamente conocido y, en consecuencia, a cuantos interese, indicar las vías a seguir. 16

AHMI, vid supra, nota 10. Agradezco a la historiadora Luz Antonia Miranda Félix la gentileza del envío de la imagen digitalizada de esta acta, así como la asistencia en la localización de otra información en el Archivo Histórico Municipal de Irapuato.

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Cuantos lean en otras regiones entender que hay necesidad de hacer la historia antes que repetir cuanto se ha escrito como si ya fuera definitivo. Es el riesgo de cortar y pegar, paradigma actual con el que incluso no pocos estudiosos de “la cosa pública” obtienen información, que no datos, para publicaciones. En las currícula de los programas educativos de Historia o de otras disciplinas que distinguimos como ciencias sociales la tendencia en métodos de investigación es adquirir tecnología, y no importa el conocimiento en archivalia, paleografía, diplomática; lo que equivale al olvido de las bases para la heurística y la hermenéutica. También por ello hablamos de historias pendientes de escribir. Internet impuso la revolución de las formas de adquisición del conocimiento, y como caso tenemos el reciente proceso electoral del cual se han difundido imágenes testimoniales; se equivoca y engaña quien da por hecho que eso es la historia del proceso electoral: historiar es mucho más, como lo he pretendido describir en los párrafos anteriores. Nos encontramos contenidos en el aulario virtual donde hay lecciones pendientes de la historia, falta la narración que contextualice cuanto cada imagen evoca. Dicho desde otras perspectivas, si las elecciones son lecciones pendientes en nuestra sociedad, es debido a que no hemos escrito la historia aún. Aun cuando se cuenta con fondos documentales donde las series de testimonios escritos estén completas, o más o menos completas; siempre hace falta contextualizar lo que contienen los expedientes de un archivo, pongamos el fondo documental del Congreso del Estado de Guanajuato; con cuanto aconteció en los mismos tiempos y quedó asimismo en forma de fuentes para la historia. Las imágenes que enseguida se exponen tienen ese propósito. Las pequeñas historias que se avizoran requieren de ser contextualizadas. En todo caso, pretendo, en mi oficio de historiador forjado en el paradigma de los pasados 50 años, mayor y mejor análisis en los receptores de esta información, que aquí sigue17 .

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Las fuentes han sido digitalizadas por el autor, a partir de fotografías que realizo José Luis Rocha Lomelí, para el catálogo analítico de planos, mapas, y otra imágenes que entregué, en su momento a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Guanajuato. Los originales los dejé encarpetados en pastas rígidas como se acostumbra con este tipo de documentos. Los números corresponden a la secuencia que asigné durante la clasificación. Véase: Lara Valdés, José Luis, (1994):“Memoria del quehacer legislativo”, en Cuadernos del Congreso del Estado de Guanajuato, Tercera Epoca, Año 1 n° 1, LVI Legislatura del Estado de Guanajuato. Véase también Lara Valdés (1995): “Trayectoria del Poder Legislativo”, en Cuadernos del Congreso del Estado de Guanajuato, Año 1 n° 2, México, LVI Legislatura del Estado de Guanajuato.

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10. Acta de proceso electoral en Hacienda del Rincón, Dolores Hidalgo, año de 1918: “En la Hacienda de Rincón, Distrito de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato, a las cinco de la tarde del día cuatro de agosto de 1918 mil novecientos dieciocho se procedió a levantar la presente acta de la votación obtenida en la casilla de la Sección 18 con respecto al Congreso de Diputados Propietarios y Suplentes al Congreso local al efecto se hace constar lo siguiente que el número total de votantes fue de 75 fue como sigue: ciudadano Jesus Delgado setenta y un votos Suplente al C. Javir Jiménez Rocha setenta y un voto Diputado propietario al C. I. Perez tres votos Suplente al C. Eberardo Soto tres votos para Diputado al C. Nicolás I. Múgica un voto y Suplente al C. Javier Jiménez Rocha un voto no abierto … (¿sin?) otro incidente se cierra la presente acta que se levanta por duplicado y firma los componentes de la mesa. Presidente Luis Sánchez 1° Secretario Abraham U… (ilegible) 2° Secretario Lucio Hernández 1er Escrutador Inés Estrada 2° Escrutador Cruz Hernández Representante del partido

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11. Padrón de electores de Trojes de Rincón, Sección 18, Trojes del Rincón, Dolores Hidalgo, Agosto de 1918. Contiene los nombres de los empadronados y de los empadronadores, Empadronador 1° J. Inés Fajardo (rúbrica); 2° Evaristo Santana; 3° Antonio Cabrera. Se muestra dos de las cuatro páginas. Los datos de las columnas son:

1 4

Nombre Edad Margarito 38 Rosales Roberto 37 Garay

Estado Casado

Oficio - -

Sabe leer - -

No sabe - -

-

Jornalero

Sólo

Escribe

-

Votó Voto

Las siguientes fotografías de escenario electoral, mesa y bancos patas de tijera, pegados en el muro publicidad de candidatos y un cartel que destaca con la leyenda: “¡Pueblo! Aquí se voltean boletas para el candidato Manuel Carrera y Ezequiel D. Saavedra”. La toma sirvió como evidencia, según está escrito en tinta morada sobre la imagen: “Sitio infractores arts. 26-27 última Ley Electoral Estado, que huyeron tímidos Justicia al presentarse Fotógrafo convencidos su delito” En escenario diferente el mismo cartel, un hombre sentado poco visible y otro de pie da la espalda, algo muestra a un niño que está observando, la anotación sobre la imagen dice: “Banquillo que desocupó el infractor encargado … para escudarse de ser fotógrafiado” Fotografía con cuatro personajes alrededor de la mesa instalada para las votaciones, al fondo el mismo cartel y leyenda. Escrito a máquina: “Infractores arts. 26-27 última Ley Electoral Estado, terminando labor voltear boletas electores favor unicamente candidatos Manuel Carrera i Ezequiel D. Saavedra.”

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Otro escenario para el mismo ilícito denunciado, el mismo cartel y poco clara la explicación escrita sobre la imagen, ilegible. Cuatro personajes con los atavíos de la época.

Delitos electorales en Salamanca, año de 1918

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7. Manuscrito a manera de acta circunstanciada sobre delitos electorales, a juicio de los representantes de los partidos Acción Nacional (Alfonso Carrasco y Felipe Bucio) y Fuerza Popular (Otilio García y Narciso N…), en el municipio de Salvatierra, el año de 1947. “A las 9 de la mañana se presentó el señor Isidro Santoyo en la placita de este lugar para instalar la casilla pero no nos pusimos de acuerdo porque él no respetó lo que todos los votantes pedían que entregaran la mesa por votación como manda el artículo 14 de la ley dicho Señor se retiró y nosotros esperamos hasta las 12 horas sin que se hubiera instalado la casilla y firmamos para constancia” Otro en formato impreso para llenar con elementos de Protesta, de la Casilla 7 de la municipalidad de Eménguaro, llenado por el representante legal del partido Acción Nacional, por actos violatorios del Artículo 34 del Código Electoral vigente, por haber instalado la mesa de votaciones antes de la hora establecida, firman, J. Guadalupe Hernández, Zacarías Ramírez, y hay otra cuatro rúbricas ilegibles, en fecha 20 de julio de 1947.

FUENTES Fondos consultados AGI Archivo General de Indias, Sevilla, Esp. Audiencia de México. Legajo n° 1686 AHMI Archivo Histórico de la ciudad de Irapuato AHUG Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato [esta institución custodia hace unos sesenta años al archivo histórico de la ciudad de Guanajuato] Ayuntamiento. Gobierno. Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato, grupo de documentos gráficos. Archivo de la Real Academia de la Historia, Madrid, Esp. Facsímiles Colección de decretos y órdenes de las Cortes de España, que se reputan vigentes en la República de los Estados Unidos Mexicanos, México, Imprenta de Galván, 1829. [edición facsimilar con estudio introductorio de Oscar Cruz Barney, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001] Colección de documentos relativos a la época de la Independencia de México, México, Gobierno del Estado de Guanajuato/Miguel Angel Porrúa, Ed. Facsimilar, 2010. Bibliografía GAMAS TORRUCO, José (1997): “Federalismo (aspiración nacional y ética social)”, en Sergio García Ramírez, coord., Los valores en el derecho mexicano. Una aproximación, México, UNAM/FCE. GARCÍA ÁVILA, Sergio (2006): “Las tierras comunales indígenas en Michoacán y las políticas del gobierno español durante la guerra insurgente”, en Moisés Guzmán Pérez, coord… Entre la tradición y la modernidad. Estudios sobre la Independencia, México, Instituto de Investigaciones Históricas/UMSNH. GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario (1994): Orígenes y viacrucis del Primer Proyecto Constitucional y de la Primera Declaración de Derechos del Hombre de Centroamérica, México, UNAM.

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LARA VALDÉS, José Luis, (1994):“Memoria del quehacer legislativo”, en Cuadernos del Congreso del Estado de Guanajuato, Tercera Epoca, Año 1 n° 1, LVI Legislatura del Estado de Guanajuato. ========= (1995): “Trayectoria del Poder Legislativo”, en Cuadernos del Congreso del Estado de Guanajuato, México, LVI Legislatura del Estado de Guanajuato. ========= (2012): Cartografía histórica de Guanajuato en la guerra de Independencia, Universidad de Guanajuato.

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II.

EL INICIO DE UNA VIDA INSTITUCIONAL: PRIMEROS ENSAYOS ELECTORALES EN GUANAJUATO 1823 A 1829 LUIS ERNESTO CAMARILLO RAMÍREZ

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En un año eminentemente electoral, surge la inquietud de conocer cómo se preparaban los comicios en los albores de una vida institucional en la que los personajes que habían descollado en el mundo novohispano buscaban hacer una línea de continuidad con el nuevo orden y bajo la norma establecida como primer corpus legal, la constitución de Cádiz. Quiénes eran estos individuos, cuál era su proximidad con la esfera pública y cómo se efectuaban las elecciones a los cargos de diferente nivel de un país recién instituido, con una severa recesión provocada por la lucha independentista y una situación política inestable. La reconstrucción de la historia nacional poca atención a puesto a temas de corte político que no sea la revisión de la vida de los hombres instalados en el poder y de ahí la posibilidad de enterar a los lectores sobre los comportamientos sociales de un grupo de individuos ligados al poder más no de la forma en que llegaron a ocupar esa posición, de ahí que se ha dejado de lado lo referente a las cuestiones electorales o lo ha tratado superficialmente, como parte de una coyuntura específica que de forma tangencial se aproxime a temar relacionados, más pobremente se ha reflexionado sobre las leyes electorales y sus reformas. Parecería que se da por sentado que las instituciones y las autoridades y los mecanismos de elección siempre han existido como un ente heterogéneo y consolidado y no, una de las problemáticas desde la erección de este país ha sido el sistema de representación y los mecanismos de acceso al poder, de 1821 a la fecha varios son los conceptos de democracia y sistemas democráticos que se experimentaron hasta conformar nuestro actual sistema de representación político al grado que el tema sigue siendo vigente en el devenir del pueblo mexicano y en qué marco jurídico se dieron. Para tratar de entender nuestra tradición político-electoral, si se permite el término, es necesario retomar estos aspectos en los primeros años de la vida independiente de México, para intentar comprender mejor los años posteriores y nuestra contemporaneidad, pues en la compleja trama que se ha venido acumulando ha impedido que los núcleos o fuerzas políticas adquieran una carta de naturalización de tal modo que se pudiera en los componentes de los grupos políticos advertir discusiones en función de las necesidades de la población y no en las intentonas por conservar o llegar al poder. Resulta interesante hacer un acercamiento a la materia electoral en la primera etapa de la vida del país y ver los cambios, continuidades y resistencias que tiene la legislación electoral, pues las reformas y sus aplicaciones siguen siendo temas de actualidad y en esos primeros reglamentos se pueden encontrar artículos que hoy son vigentes en casuística y por ende en resistencia a su aplicabilidad. Es común hablar de reformas, constituciones, pero para referirse a la economía del momento, no se profundiza en la vida electoral, sus leyes y reformas, al ingresar al tema 18

Integrante del Colegio de Historiadores de Guanajuato A.C.

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electoral, con una visión histórica, uno puede percatarse de que, si bien no es muy socorrido el desentrañar esta clase de temas, tampoco hay mucha información que de luz al respecto. Otro problema es que regularmente la academia trata el asunto de una manera general en el país, sin tomar en cuenta su diversidad, más acentuada en la primera mitad del siglo XIX, pues no se puede tomar a la Ciudad de México como el único referente o tópico fundacional, por lo que, después de localizar n grupo de documentos en el Archivo General del Estado de Guanajuato, fondo Secretaría de Gobierno, se decidió indagar en un ámbito local específico qué hay del tema electoral. La temporalidad resultó interesante pues si bien ya se había reconocido de forma local la independencia de México, culturalmente, por la cercanía del proceso histórico podían continuar resistencias a aceptar cambios mayúsculos referentes a la toma de decisiones y sobre todo a aceptar la nueva forma de entender la cosa pública. Estos documentos referentes a las juntas electorales, primera forma de administración pública de las poblaciones en que fue subdividida la región que componía la nueva nación, fueron acomodados de forma cronológica, con el objeto de obtener un panorama general del estado que guardaron las que se llamaron “juntas”, que eran los organismos electorales, y de algunas vicisitudes éstas sufrieron, que es el tema principal del trabajo. La explicación o descripción de los documentos se presentan también según el orden cronológico. Las juntas electorales Haciendo una analogía con la condición actual, podríamos decir que las Juntas hacía las veces del gran elector, es decir un cuerpo colegiado que se reunía para dar validez y que un reducido grupo de ciudadanos, en razón de uno a 200, tuviera la posibilidad de representar al total de la población. Desde Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, se consideró a las juntas parroquiales para la elección de diputados de Cortes. Las mismas estarían formadas por ciudadanos que vivieran en el territorio. Tomando en cuenta que éste abarcaba los reinos de españoles, las islas y territorios ocupados por la Corona en ultramar. En la Constitución de Cádiz, las juntas tuvieron el carácter de parroquial, de partido y electorales de provincia. En el primer caso se dividieron en parroquiales, por ser ésta la célula divisible más pequeña y en la que la Iglesia tenía ingerencia, en tanto número de habitantes con derecho a emitir sufragio y se reunirían para elegir lo que se conocía como electores seculares. Las segundas se conformaban con un compilado de juntas parroquiales que se reunían en la cabecera de cada partido, y ahí los electores elegían a los diputados de Cortes, así como las juntas electorales de provincia, cuya finalidad era que los electores eligieran a los diputados que correspondiera asistir a las Cortes, y se reunían por los electores de partidos congregados en la capital de la intendencia o del virreinato.

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En cuanto los derechos que tenían las personas para poder votar, se toman del artículo 29 de la Constitución de Cádiz, donde decía que: “[…] los electores se elegirían de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles y de aquellos que hayan obtenido de las Cortes carta de ciudadano” (García, 1973, p. 145). En el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, en su capítulo IV, artículo 61, que trata sobre la elección de diputados para el Supremo Congreso, retoma el asunto de que debe ser mediante las juntas parroquiales, de partido y de provincia, el medio para que se elijan a tales diputados. El objetivo y modo de operar de las juntas fue igual que la de la Constitución de Cádiz. Aquí nuevamente se hace hincapié en las condiciones que otorga a un habitante tener derecho a votar, y en el decreto constitucional son más claras. En el artículo 65 se dice que: “tienen derecho a sufragio: los ciudadanos que hubieran llegado a la edad de 18 años, o antes si se casaren, que hayan acreditado su adhesión a nuestra santa causa, que tenga empleo y modo honesto de vivir y que no estén notados de alguna infamia pública, ni procesados criminalmente por nuestro gobierno". (García, 1973, p. 150) En el Reglamento Provincial Político del Imperio Mexicano hay un apartado que contiene las bases para las elecciones del nuevo Congreso. En el se estipulan, nuevamente, tres tipos de juntas, que fueron la estructura mediante la cual se eligieron los diferentes personajes para puestos públicos, este reglamento recibe el nombre de juntas primarias, secundarias y provinciales. A diferencia de las de la Constitución de Cádiz, cambia el nombre de las primeras dos y conserva el nombre de la provincial, así como el modo de operar es la misma que marca dicha constitución. Sobresale que en este reglamento se consigna que, para poder ejercer el voto, es necesario ser mexicano, aunque hay un acotamiento en el sentido de que debe haber nacido libre. Otro dato a resaltar de este reglamento es: que se podían adquirir sus derechos a votar quienes se hubieran apegado a los tratados de Córdova e Iguala. En esta jerarquía de juntas electorales, se conservó también en el decreto sobre el gobierno político del distrito, sus rentas y nombramiento de diputados, de 11 de abril de 1826. Lo que sustancialmente cambió, fueron las fechas de la realización de las elecciones, pues, mientras en los decretos, reglamentos y constituciones anteriormente referidos se tomaban los meses de septiembre y octubre, aquí se explica el calendario de elecciones, esto en el “Artículo 7: las juntas primarias se celebrarán el tercer domingo de Agosto; las secundarias, en el primer domingo de Septiembre, las últimas en el primer domingo de Octubre”. (García, 1973, p. 157.) En términos generales, las juntas podrían ocupar, guardando sus distancias, lo que hoy son los tres tipos de elecciones: municipal, estatal y federal. Es de resaltar que la elección no era mediante voto directo, sólo era así en las juntas parroquiales y luego en las primarias se reunía toda la población para elegir a los electores que, a su vez, elegirían a los alcaldes, regidores, síndicos y procuradores. En los otros dos estatus de las juntas sólo se reunía a estos electores parroquiales a representar a los parroquianos. Desde la Constitución de Cádiz, la legislación no varió mucho hasta 1830, periodo que abarca este análisis, las formulas se fueron adecuando a las circunstancias, incluso, en el ir a misa, acto previo al ejercicio electoral.

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Nuevas propuestas de resolución a viejas rencillas La mayor problemática que se vivía en las postrimerías del virreinato fue la incertidumbre del gobierno monárquico por la permeabilidad de levantamientos y un descontento generalizado en la población y el coste social y económico que acarrea toda conflagración bélica. Al final de la guerra independentista y los mecanismos para intentar apaciguar a la población fue visible que en general las situaciones de las cosas no cambiaron del todo. Lo que se vivía en la esfera de lo público era una generalizada pérdida de confianza entre los individuos acentuada más aun con las indefiniciones de las autoridades, somos realistas o somos insurgentes… por lo tanto pa pregunta pululante en el ambiente de los primeros años posteriores a la guerra fue: ¿Quién ganó? De ahí que se acentuara el divisionismo ideológico ficcional propiciado por las dos corrientes de pensamiento, liberales y conservadores, a causa de la disputa por el poder mermaba en varios aspectos al país, siendo el económico y por ende el social los más afectados. Todo ello se aunó a una falta de marco jurídico, lo que enrarecía aun más el panorama de la novel nación. Si buscamos un acontecimiento que pueda marcar un comienzo de esta problemática este puede se puede ubicar después de la muerte del insurgente José María Morelos y Pavón, cuando el movimiento de independencia se disolvió en numerosas guerrillas rurales. El ocaso de las fuerzas realistas y el indulto ofrecido por el virrey Juan Ruiz de Apodaca lograron que algunos jefes insurgentes dejaran la lucha. De quienes continuaron prendida la tea libertaria se encuentran, Ignacio Rayón, Nicolás Bravo y Manuel Mier y Terán fueron capturados; Guadalupe Victoria despareció en la selva veracruzana. Solamente en el sur del país la lucha se sostuvo por la voluntad del general Vicente Guerrero. Por su parte, en el año de 1820, el rey de España, Fernando VII, aceptó la Constitución de Cádiz, que acotaba el poder del monarca. Como consecuencia, los españoles que combatieron a los insurgentes percibieron que sus intereses se afectaban por este hecho, por lo que se reunieron en templo de la Profesa, en la Ciudad de México, para lograr la independencia y evitar que la nueva constitución se implantara en la Nueva España. Este grupo logró que el virrey Apodaca nombrara a uno de sus miembros, Agustín de Iturbide, comandante del Ejército del Sur, con la consigna de acabar con Vicente Guerrero. Este jefe, en lugar de combatir al caudillo insurgente, buscó su alianza para la concreción del plan de los conjurados de la Profesa. Una vez que Iturbide se reunió con lanzó el Plan de Iguala, que declaró a México país independiente, católico, hogar de peninsulares, criollos, indios y negros por igual. De la unión de las fuerzas armadas de Guerrero e Iturbide, surgió el Ejército Trigarante, que rápidamente se apoderó de la Nueva España. Apodaca fue destituido por su propia guarnición y regresó a España. El nuevo virrey, don Juan de O'Donojú, sólo llegó para firmar los tratados de Córdoba. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró a la Ciudad de México, al siguiente día se instaló una Junta Provisional de Gobierno, encargada de redactar el Acta de Independencia y de organizar un congreso que decidiera la forma de gobierno para el país, lo que provocó el enojo de los insurgentes, quienes se revelaron contra él. A los mexicanos les faltaban armas y dinero, y así tendrían que defenderse. Lo peor era que se encontraban divididos, porque no estaban de acuerdo en la forma de gobierno que debían adoptar: unos querían

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una república (liberales) y otros una monarquía (conservadores). De estos últimos, unos querían que reinara algún príncipe español, y otros que fuera coronado Iturbide. España no aceptó enviar un príncipe al trono de México y eso reforzó la demanda de los iturbidistas, por lo que Agustín de Iturbide fue coronado emperador. Así, el Congreso lo declaró emperador, con el nombre de Agustín I. A principios de 1823, Antonio López de Santa Ana lanzó un proyecto republicano al que se unieron algunos antiguos combatientes insurgentes y borbonistas, ante tal situación, Iturbide abdicó. El imperio duró apenas once meses, hasta marzo de 1823. Una vez derrocado el primer imperio, se instaló un Supremo Poder Ejecutivo, conformado por tres generales y sus tres respectivos suplentes. Este supremo poder tenía dos graves problemas por resolver: uno era la falta de un orden político y jurídico que lo constituyera como tal. Una vez cubierto este primer requisito lo segundo era buscar el reconocimiento en el concierto de las naciones. Para resolver la primera necesidad se instaló el Congreso en marzo de 1823, el carácter de éste era constituyente. La presencia de una mayoría que apostaba por una república federal hacía propaganda por lo medios a su alcance para lograr una sociedad homogénea y no estamental. Algunas provincias anhelaban una mayor libertad que les permitiera tomar decisiones administrativas y políticas, aunque ya se habían dado avances a favor de la autonomía de las provincias con la creación de la de intendencias durante la última parte del siglo XVIII al igual que la creación de la figura de diputado provincial a inicios del siglo XIX. Lo que contribuyó a tener una mayor presencia de un sentimiento federalista. Esto trajo consigo una serie de problemas de separatismo en las provincias, propiciado principalmente por la distribución de los reinos y su administración con un sentido de autonomía, aunado a un sentimiento separatista de las provincias que era ocasionado por la pretensión de que los diferentes reinos debían ser autosuficientes en lo económico político y. También contribuyó a un marcado abandono del centro para con las provincias debido a sus disputas internas. Todo ello se recrudeció en 1823, año en que las provincias del sur, norte y occidente pusieron condiciones para permanecer dentro de México, la mayoría condicionaba, entre otros aspectos, que se eligiera el modelo de gobierno republicano federal representativo. Previo a la disolución del primer Congreso Constituyente, su comisión de constitución elaboró ocho puntos en los que debería establecerse la Constitución general de México. Este trabajo sirvió para que en el segundo Congreso Constituyente redactara el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que se discutió del 23 de diciembre de 1823 al 31 de enero de 1824. Esta acta sentó la base de la organización jurídico-política que tendría la nación mexicana. Este esfuerzo fue el primer intento por que México adoptara su propia Constitución, la cual discutieron del 1 de abril al 3 de octubre de 1824. El 4 de octubre se firmó el documento, que conteniendo noventa y seis puntos, se convirtió en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El Supremo Poder, una vez aprobada la Constitución, la promulgó el 2 de octubre y declaró, previas elecciones, a Guadalupe Victoria, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a Nicolás Bravo, vicepresidente. En la historia, a este episodio se le conoce como la Primera República, que duró del 31 de enero de 1825 al 23 de octubre de 1835.

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Un nuevo orden Bajo estas nuevas medidas emanadas del orden legal, los territorios que se adscribieron al pacto federal tuvieron que obtener su propia forma de contrarrestar en lo posible la aplastante sobre representación de la ley superior y conservar en la medida de lo posible su autonomía en el concierto de las otras regiones del país, más en regiones como el otrora granero de la Nueva España y su abastecedor de plata y otras riquezas. Cómo acostumbrarse a un papel ínfimo después de la notable prosapia de su psado. Esta época para Guanajuato fue de reestructuración, en lo urbano y en lo institucional, los poblados, hasta hacía poco provincias, incluso algunas aún con las categorías de congregaciones o villas, tuvieron que hacer una seria labor de reconstrucción y fortalecimiento social. Los capitales españoles, en su mayoría estaban fuera, pero las cabezas de ganado y las tierras de cultivo se habían quedado y había que ponerlas a trabajar en función de las nuevas reglas del mercado y las posibilidades que daba el nuevo orden, establecer nuevos mecanismos en aras de regresar a las viejas glorias. Pese a que desde los institucional se propiciaba un avance en materia legislativa que buscaba dar rapidez a la organización de la nueva administración pública, lo cierto es que al igual que en el resto del país, el estado de Guanajuato se encontraba, sumido en una gran depresión, producto del abandono o destrucción de haciendas, minas y ranchos, el medio de producción había sido abandonado o destruido, echarlo a andar costaría demasiado y las carencias eran demaciadas para retardar la obra. La ciudad de Guanajuato, centro minero y eje económico de la región, no se reponía a más de diez años de los saqueos de que fue víctima durante la Guerra de Independencia, provocando que la cadena productiva de los alrededores se frenara. Irapuato, León, Celaya que abastecían de productos a las haciendas de beneficio se vieron con la necesidad de buscar nuevos mercados que permitieran el intercambio de productos y la solvencia de los productores para no frenar sus mermadas economías. La producción de grano, hortaliza y cárnicos en la región centro del país fue una tarea importante pues de ahí dependían varias familias, un ejemplo de esto es León, que con una incipiente producción de textiles y siembra de hortalizas e Irapuato, con la siembra de leguminosas y hortalizas, principales abastecedores de víveres y jarcias para los trabajadores de las minas, al igual que el surtido del forraje para las bestias de carga, vieron frenadas la producción por falta de compradores. No había una cara halagüeña para la producción y menos en el mercado. Aun así, la vida continuó en el país y, por ende, sus regiones fueron sorteando esas vicisitudes en busca de mejores tiempos. Guanajuato se adhirió al pacto federal, el primer gobernador, fue Carlos Montes de Oca, su territorio fue casi igual al que tuvo durante la intendencia, etapa previa a la independización del país. Su población para 1825 ascendía a 16,094 vecinos19 , logrando para 1832 tener 20,065 habitantes20 Con la implementación de los Gobiernos federados, las autoridades civiles tuvieron que dar servicios a la población por lo que se vio un despertar a una vida de instituciones, entre 19

Tomado de Memoria de Gobierno, 10 de febrero de 1826.

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Tomado de Memoria Gobierno de 8 de marzo de 1832

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ellas se creó la primera policía citadina que velaría por la seguridad de sus habitantes, tanto conglomerados en las ciudades como en la zona rural; el antiguo Colegio de la Santísima Trinidad formó parte de la educación atendida por el Estado. Educación laica financiada por el Estado y administrada por el gobierno municipal de la ciudad capital. Esta empresa requirió de mucha voluntad de sus habitantes, ya que el colegio atravesaba por falta de recursos y hasta entonces era atendido por el clero. Entre las principales mejoras estuvieron la atención a la infraestructura, biblioteca, laboratorios y personal, incluso la reestructura de un sistema de becas, así como un internado para alumnos que vinieran de fuera de la ciudad de Guanajuato. El pueblo de Irapuato en este ámbito formó parte de los pueblos fundados en el siglo XVI, hoy en día existe controversia en torno a la fecha de su fundación como congregación de indios llamada de San Marcos. Se asevera que el Rey Carlos V otorgó una merced en una cédula fechada el 15 de febrero de 1547, (Martínez, 1965: 19). Para tal efecto se donó un terreno de 9,000 varas de circunferencia, donde se colocó como centro la iglesia parroquial y flanqueada por los ríos Silao y Guanajuato. En la época de su fundación como poblado de indios, la congregación de Irapuato fue tomada como lugar de paso donde se abastecían los viajeros de alimentos y descansaban del trayecto, y servía para conseguir provisiones para continuar el viaje. La población de Irapuato fue diversa desde su fundación, según el censo de 1748 en la Congregación había 1 500 familias de españoles y mestizos y 1 000 familias de indios purépechas. Los principales productos eran maíz, trigo y frijol. Este decaimiento de la actividad comercial continuó aun después de finalizada la Guerra de Independencia. En el año de 1824 se pidió al gobernador Carlos Montes de Oca su apoyo para la construcción de un cementerio, que viniera a acabar con el problema de salud al sepultar cadáveres en algunos de los seis templos que encontraban en el centro21 . Una de las medidas adoptadas desde 1912, con la constitución de Cádiz fue elevar el rango de villas a pueblos según el número de sus habitantes. Al finalizar la guerra de independencia, según decreto del gobernador, del estado, Carlos Montes de Oca, el 18 de marzo 1826, se dispuso que la congregación de Irapuato, fuera elevada al rango de villa “a partir del día en que allí se jure la Constitución Política del Estado.” (Baltasar, 1991: 49) Como parte de este auge por la elevación de congregación a villa, es que una comisión del Ayuntamiento expone ante el Gobierno del estado las propuestas para mejorar la infraestructura Irapuato. Entre otras cosas, ésta incluyó la construcción de un puente, por la dificultad de desplazarse hacia fuera de la villa en época de lluvias, pues a finales de los años 1820 se vivieron una serie de inundaciones que dejaron prácticamente incomunicados a sus habitantes hasta que bajó el río Irapuato. La construcción de esta vía aquí propuesta adquiere importancia, pues para el tiempo en que se establece la necesidad y se proyecta la obra, la villa no tenía un camino de esa magnitud. Y así lo expresan las autoridades del estado: “[…] de la obra de que se trata resolverá el tráfico continuo que debe tener uno de los primeros caminos del Estado”.22 La actividad comercial en la nueva villa se vio incrementada al reimplantarse los días de mercado o tandas, que, como ya se dijo, con la lucha de independencia habían sido suspendidas. La agricultura marcó el pulso de la economía local. Según indica Eduardo M. Vargas, el periodo de 1824 a 1850 es de progreso e incremento de la agricultura y la 21 22

AGEG. Fondo Secretaría de Gobierno, Serie Ayuntamientos, Caja 10, Expediente 6. AGEG. Fondo Secretaría de Gobierno, Serie Ayuntamientos, Caja 48, Expediente 8.

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industria; señalan también que existían plantíos de olivares, garbanzo, lentejas, cebada y, por supuesto, maíz. Este mismo personaje señala el inicio del cultivo de la fresa en el año de 185223. Las juntas electorales en Irapuato Irapuato, en la época de interés para esta investigación, continuaba como centro productor de alimentos, por lo que la población más importante se encuentra relacionada con la agricultura en la mediana y gran propiedad. Hay conventos que proliferan la vida contemplativa y ayudan a continuar la obra pastoral, así como al registro de nacimiento, defunción y educación elemental, pues quien quiere continuar con estudios superiores debe emigrar a Valladolid, México, Guadalajara o a Guanajuato capital. Los documentos estudiados sobre el caso específico de Irapuato son catorce. El primero de ellos es una misiva que suscribe José María Camacho, quien recurre a la autoridad para apelar que se le revoque el cargo de regidor, ya que, según el texto de la carta, la Constitución le impide ocupar cargo alguno en la administración pública por ser pobre. Por la fecha del documento, él se está refiriendo al Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, en el apartado de las juntas primarias o municipales, dice en el artículo 17, que no tienen derecho a votar y, por ende, a ser votados las personas que no tuvieren domicilio, empleo, oficio o modo de vivir, por lo que el señor que escribe la carta incurrió en uno de estos supuestos, por lo que su designación como regidor era ilegal, aunque hubiera sido permitido por la propia junta y más cuando el que suscribe la misiva expresa que tendrá la calidad de decano. En el caso de los documentos dos y tres, se hace referencia a que una vez siendo elegidos diputados primarios, deberían reunirse en la capital del estado, lo que en ambos casos no sucede. En el primero, atendiendo a que según el decreto ocho, se debería nombrar vocal para la diputación, pero será el nuevo Congreso el encargado de hacerlo, por lo que José María Esquivel y Salgado dice que se esperará a que eso suceda. En el caso del documento tercero, se hace referencia a que debía haber un mínimo de diputados para instalar la sesión, pero en el entendido que no se consiguiera el quórum, no se instalaría, por lo que el que suscribe, Esquivel y Salgado no ve razón para que se traslade desde Irapuato a la capital del estado. Esto quedo contenido en el artículo 80 de las Bases para la Elección del Nuevo Congreso (García, 1973, p. 157), de lo que se desprende que la instalación del Congreso será el 31 de octubre y deben asistir como mínimo el cincuenta por ciento más uno de los diputados. El documento cuatro hace alusión a la modificación de provincias a estados de la federación, esto en 1824; el motivo de este oficio es para preguntar en qué papel se deberán elaborar las credenciales de los electores, con el antecedente de que ya en la junta anterior, se usaba este instrumento la junta electoral. El reglamento electoral donde se hace menciona a la credencial es en la Convocatoria a Cortes, del 17 de noviembre de 1821, en el artículo 5. En este texto se hace observación al papel y sellos, por lo que se infiere que éstos podían cambiar de acuerdo cada elección.

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AGEG. Fondo Secretaria de gobierno, Serie Ayuntamientos Caja 48 Expediente 8

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Por su parte, el documento cinco, es la copia de un oficio que gira la autoridad de Irapuato al Gobernador, para decir que se ha enterado que se debe instalar la junta electoral. Por lo ambiguo del texto se desprenden dos posibles casos: uno es que no se hubieren alcanzado el mínimo de diputados para instalar la sesión en la capital del estado o, bien, debía hacerse un ajuste en su número. Si fuera el segundo caso, y partiendo de que en las Bases para las Elecciones del Nuevo Congreso, publicado en junio de 1823, dice en su artículo 8 que, por cada cincuenta mil personas habrá un diputado, sin tener un dato anterior de la cantidad de personas que se requerían para nombrar un diputado en reglamentos anteriores que permita tener una referencia previa, aunque siguiendo a la letra el documento, solo hace mención de que debido a que ya se recibió la comunicación de que debe instalarse la Junta Electoral, el Juzgado Supremo la transmitirán a los dos electores dejando un poco velada la idea de una variación del número de integrantes.. El documento número seis no es más que una lista de los electores del Ayuntamiento de 1826, en ésta, se encuentran enumerados tres alcaldes, seis regidores y dos procuradores, en el artículo doce de la Formación de Ayuntamientos Constitucionales, de mayo de1812, en su artículo cuarto, hace alusión del número de alcaldes regidores y procuradores, dependiendo de los habitantes que tiene el poblado. La conformación mínima era un alcalde, dos regidores y un procurador cuando se llegue a doscientos habitantes, siendo el caso opuesto cuando sea capital de las provincias, que entonces llegaría a dieciséis regidores. (García, 1978, p. 149) En las aclaraciones de la Ley de 23 de mayo de 1812 sobre la formación de ayuntamientos de 23 de marzo de 1821, se dice, en su fracción primera, que habrá dos alcaldes, seis regidores y un procurador síndico en los pueblos, que pasando de 500 habitantes sin exceder a mil. Así como dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores síndicos, cuando pasando de mil habitantes no rebasen los cuatro mil (García, 1973, p. 152), siendo este último el rango al que se acercaría Irapuato. La lista es de 1826 y el postrer registro de modificación de las reglas para designar autoridades municipales son las de 1821, por lo que se infiere que las reformas posteriores no tuvieron mayor variación. En el documento siete es una acta de la designación de los electores que concurrirán por el partido a la capital del estado a la elección de diputados para conformar el congreso general. Para representar a Irapuato se eligieron a dos diputados. El Decreto sobre el gobierno político del Distrito, sus rentas y nombramientos de diputados de 1826 dice que por cada ochenta mil habitantes se elegirán un diputado, por lo que no hay una razón aparente para que hayan dos personas con el nombramiento de diputado, pues para ello debía rebasar la cantidad de 160 mil habitantes y para ese momento la población era de 17, 111 habitantes, a diferencia de la Constitución de Cádiz, que tomaba a setenta mil almas por cada diputado. (García, 1973, p. 145) Se hace referencia en el documento ocho de un caso, que en parte, en época actual parece muy común, el que las personas que ostentaban algún cargo público pidieran licencia para ausentarse parcial o totalmente del cargo, ya fuera por causas de miseria o bien por el trabajo que aparte debieran realizar. En este caso es un alcalde primero, quien por cambio de actividad se ve obligado a abandonar el puesto. Es de notar que se hace

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hincapié al servicio a la comunidad, aunque el subtexto es que el pertenecér al ayuntamiento no significaba necesariamente que redituara monetariamente, pues en los reglamentos anteriormente citados, dicen que si el individuo tienen el dinero suficiente para mantenerse no percibiría dieta alguna del erario. En este caso particular, se dio una resolución positiva para quien suscribió el oficio y se convocó a sesión para hacer el nuevo nombramiento. En el documento nueve se hace nuevamente alusión a la elección de autoridades del Ayuntamiento en 1827, que serán efectivos los cargos de las personas que fueron nombrados por la Junta Electoral Provincial. En esta elección, a diferencia de la lista anteriormente descrita, se puede observar que ya hay un alcalde más, llegando a tres, baja tres regidores dejando solamente tres y un a sólo síndico procurador. Por lo que, posiblemente, se haya dado una reforma a la ley de la que el libro de García Orozco no de cuenta, o bien, la reforma se haya dado en la Constitución del Estado de Guanajuato, otra opción es que se haya reacotado la demarcación territorial de Irapuato. En esta acta no sólo se da cuenta de la elección de los miembros del Ayuntamiento, también se recupera cómo es que se integra la Junta Provincial. Y, al final de la sesión, se fijan los resultados en un paraje conocido, previa disolución de la Junta. El documento diez es una sesión donde se suplen autoridades por causa diversas. Por lo que la ley lo contempla. Lo que en lo particular me parece digno de ser rescatado es la parte donde, en plena sesión, se nombre a un funcionario como suplente por ausencia del titular. Una vez hecha la nueva selección se le pregunta: “que si se presumía que hubiera cohecho o soborno para que la elección recayera en determinado lugar y contestada que unánimemente por la negativa se procedió a […]” . Esta pregunta está consignada desde la Constitución de Cádiz en el artículo 49 que a la letra dice: enseguida preguntará el presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona; y si la hubiere deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. (García, 1973: 145) Sin elementos para afirmar lo concerniente al documento once que se refiere a la perdida de derechos de los peninsulares a participar como autoridades. Al revisar las diferentes leyes sobre la materia, el Reglamento Provisional del Imperio hace referencia de que hay dos tipos de electores, los naturales, es decir, los nacidos aquí y los avecindados, es de suponerse que son los peninsulares que se encontrarán en el territorio, todo de acuerdo a la firma de los tratados de Iguala y de Córdova. No encontré en el libro de García Orozco alguna reforma a este respecto, pero atendiendo a la nota marginal del propio documento, rescato que se envió al grado mayor de gobierno para su resolución. Lamentablemente no se encontró un documento posterior que hiciera referencia a este caso. El documento doce tiene como tema principal el establecimiento de la Junta Electoral que elegiría primeramente al presidente, secretario y escrutadores de la propia junta, y una vez resuelto esta formalidad se precede a la elección de alcaldes, regidores y procuradores. Los alcaldes llegaron a tres, al igual que los regidores y un solo procurador. El documento trece es el anuncio ante la autoridad del estado que fue designado Nicolás Tejeda alcalde primero. Lo que resalta en éste y todos los documentos es la manera cómo se refieren a la autoridad, contenido en los reglamentos, por lo tanto, se hace la referencia al “supremo gobierno”, “a Vuestra Excelencia”, etcétera.

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Por último, el documento catorce tiene un caso muy peculiar, pues según lo descrito por los que lo suscriben: Francisco de Lanuza, Rafael Fonseca, Ignacio Calderón, Joaquín de la Vega y José Antonio Sanabria, la Junta Electoral no convocó a elecciones en el año de 1829, como correspondía, esperando ellos hasta el plazo final, las doce del día 6 de diciembre de 1826 . El problema fue que la junta municipal no se había reunido y las personas suponían que Irapuato se pudiera quedar sin representación ante el Congreso del estado. Por esta razón, los quejosos piden se ejecuten las sanciones a que se harían merecedores, según los artículos correspondientes de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. A manera de conclusiones Entre el ser y el deber ser hay un abismo plagado de real política. Las leyes electorales dan posibilidades y aproximan a los estudiosos a varios escenarios que son susceptibles a ser recreados en la vida cotidiana, pero tal y como siempre sucede la vida misma se encarga de superar las expectativas. Así es como a lo largo de este análisis de documentos nos podemos percatar que la legislación electoral de ese tiempo, al igual que la de hoy, muestran una serie de vacíos que al paso han subsanado con reformas a la ley en la lógica del ensayo error, no siempre bien estudiadas. Más bien legislando sobre la marcha. De la primera ley electoral de 1812 a la de 1826, la diferencia en las formas fue variando muy poco, lo que permite afirmar que las leyes como el conocimiento no son de generación espontánea, sino un ejercicio de acumulación del saber basado en la experimentación de su aplicabilidad. En la búsqueda de una mayor aproximación de lo que era una junta electoral, podemos llegar a la cuenta de que éstas siguieron evolucionando, pues hoy en día se utilizan en España, y la variación de ellas desde 1812 y sus posteriores adecuaciones a la actualidad española no tienen mayor diferencia a las del siglo XX El análisis de documentos nos permite acercarnos a episodios de la vida pasada, con una visión crítica de esta forma es como iremos cubriendo las lagunas de conocimiento que la historia de bronce, a decir de don Luis González, ha dejado. Pues en la reconstrucción de la historia se pasa por alto las legislaciones y, como pudimos observar, ya en los albores de México existieron instituciones que cuidaban las elecciones o la vida institucional del país.

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III.

PARTIDOS POLÍTICOS, REPRESENTACIÓN Y DEMOCRACIA DE CALIDAD. MÉXICO Y LOS PAÍSES ANDINOS. DR. ADRIÁN S. GIMATE-WELSH Y GUILLERMINA MARTÍNEZ BERMÚDEZ24

0. Consideraciones generales sobre los partidos políticos Partamos de la correspondencia que establece Octavio Paz en “Hacia el poema”. Cito: el “poema no es otra cosa que un objeto discursivo (…) no acaba de escribirse nunca”. Esto mismo podemos decir de la palabra “democracia” o su calificativo, “calidad de la democracia”. Una cosa son las designaciones, otra muy distinta es la interpretación, podemos sostener en consonancia con Hobbes para quien el poder de nombrar es el poder primario del gobernante, como lo es el de la iglesia en la ceremonia del bautizo. Así pues, si recurrimos a la frase latina, a la que Giovanni Sartori acude en su discusión sobre el concepto “pluralismo” político. “Nomina numina”, (Los nombres son dioses) Digamos, en consonancia con el teórico italiano, que los partidos políticos constituyen los pilares idóneos para el desempeño democrático de un sistema político de un estado soberano, integran y canalizan los intereses ciudadanos. Diremos, desde una acepción canónica del término, esta función la cumplieron los clubes en el siglo XIX en la conformación del Estado-Nación. Siguiendo el paralelismo con Octavio Paz, si la poesía es la idea inmaterial, el poema es el objeto discursivo: un juego rítmico, que se ajusta a un arreglo o diseño en el tiempo y en el espacio, responde al gusto estético de una comunidad de lectores, subraya Octavio Paz en el Arco y la lira. Asimismo la noción de “democracia” es la creación cultural que nos viene desde Pericles en el siglo V (a.C.) y continúa en el tiempo, no acaba nunca de escribirse; es la ciudad libre, el ideal democrático de los griegos a la que apela Moisei Ostrogorski en 190525; su concreción se expresa en los arreglos institucionales en el tiempo y en el espacio según los acuerdos alcanzados entre los grupos políticos en disputa por el poder. De manera análoga a la poseía, cada nueva escritura — arreglo institucional — tiene trazos de otras escrituras, como la de 1857 contiene las huellas de la ingeniería constitucional de 1824 y la de 1917 las improntas del arreglo de 1857. Este es, me parece, el sentido de Ostrogroski al decir que el carácter contractual de la asociación del gobernante y del representante no debe agotarse en el acto constitutivo del contrato, sino que debemos pensar en contratos sociales que se suceden unos a otros en el tiempo, relación contractual que se negocia según lo requiera la vida social y lo 24

Centro de Investigaciones Legislativas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Director y Co-Directora 25 Reeditada en 1912, tras abandonar el Duma rusa

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demande la aparición de una problemática de interés nacional, como sucede actualmente en México y en el resto de los países de América Latina, sobre todo en el contexto de las crisis por la que atraviesan las instituciones de los sistemas políticos de México y de América latina. Esto han hecho los partidos políticos liberales o de izquierda, conservadores o de derecha desde sus inicios hasta el siglo XXI: han constituido instituciones fundantes, instituciones constituyentes. Los representantes de la LXI Legislatura tienen ante sí la gran ocasión de pasar a la historia logrando los consensos necesarios en la reforma constitucional en material electoral, pero privan los intereses de partido por encima del interés nacional y no logran construir los acuerdos necesarios, aunque se han logrado algunos avances, sobre todo en el Senado de la República. ¿Qué tanto hemos avanzado desde el decreto de Francisco y Madero del 19 de diciembre de 1911?. Veamos el capítulo VIII, artículo 117 del decreto respecto de los partidos políticos.

El artículo 117 hace hincapié en el rol que juegan los partidos políticos en los procesos electorales de acuerdo con la ley vigente, que es la que antecede al artículo 117. El decreto en sí comprende el nuevo sistema electoral que habrá de regir en las elecciones para la Presidencia, la Vicepresidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Sin duda el pluripartidismo de fines del siglo XX y de principios del siglo XXI es mejor que bipartidismo del siglo XIX, pero la representación política no ha mejorado sustancialmente. El decreto de Madero responde a un momento escritural, inmediato a la caída del sistema autoritario de Porfirio Díaz. Vendrá después el largo periodo de otro sistema autoritario como desenlace de la Revolución Mexicana en la que el partido del Estado, el Partido Nacional Revolucionario (1929), organización partidista reguladora de los conflictos políticos, tuvo una doble estructura: directa o territorial, formada por los comités municipales, estatales, territoriales, un Comité Directivo Nacional, y una estructura indirecta compuesta por los partidos municipales, estatales y nacionales que aceptaron los estatutos del PNR. Albergó 148 partidos de las 28 entidades federativas. El Partido de la Revolución mexicana (1938), surge igualmente con una estructura territorial, pero también sectorial, expresión de los sectores revolucionarios del país: campesinas, obreras, populares y militares: un partido de corporaciones. Y el Partido Revolucionario Institucional (1946), cuya posición ideológica pragmática esta definida en las dos piezas sustantivas de su denominación: revolucionario, su capacidad para convertirse en instrumento político para llevar a cabo el programa de la Revolución Mexicana, su vocación por el cambio y la transformación del país en lo económico, en la

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igualdad de oportunidades y la justicia social (bienestar); y su naturaleza institucional, según su declaración de principios, radica en que para llevar a cabo sus acciones transformadoras, éstas habrán de hacerse en el marco institucional, esto es, según las disposiciones constitucionales y legales que rigen al país. Dentro de su Programa de Acción, el PRI se propone una Reforma del Estado, una reforma electoral, un mejor equilibrio de poderes, un nuevo federalismo y una nueva relación entre la sociedad y el gobierno. Ideológicamente, en su interior han convivido tendencias ideológicas de ambos extremos: la derecha y la izquierda. En este contexto surge el Partido Acción Nacional, considerado la principal fuerza política de oposición al Partido Revolucionario Institucional a partir de 1939. Definido como un partido de los ciudadanos, su estrategia electoral ha sido la de conquistar progresivamente los gobiernos locales y estatales hasta que en el año 2000 obtiene la Presidencia de la República. Con ello se logra la alternancia en el poder. Como partido de derecha, representa los intereses de los sectores conservadores, eclesiásticos, empresariales, las clases medias y las profesionales. Desde su fundación con Manuel Gómez Morín, se caracteriza por su rechazo a las acciones estatistas. Su reclutamiento inicial es elitista, por invitación de su fundador. En sus puntos programáticos, el individuo es el centro, después la familia y en tercer lugar la sociedad. Ideológicamente, sus miembros lo ubican en el centro-derecha, con un 6.4 en 1995 y un 6.2 en 1999. Los demás partidos, sin embargo, lo consideran de extrema derecha (8.9) El Partido de la Revolución Democrática, cuyo registro lo obtiene en 1989, es producto de la integración de varios partidos: El Partido Socialista Unificado de México, el Partido Socialista de los Trabajadores, y de otras organizaciones partidistas y de Movimientos sociales como La Asamblea de Barrios, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la Coalición Obrera Campesina. Su éxito, a partir de 1988, a través del Frente Democrático Nacional reside en que amplía las fronteras del sistema político mexicano al incorporar sectores marginados de los beneficios de la participación política, como lo señala Panebianco. Su penetración territorial fue del centro (DF) hacia la periferia: los estados como Michoacán y Guerrero, Zacatecas. Su ubicación ideológica es definida de izquierda, por debajo del punto de quiebre de 5.0 (3.2 en 1995, 3.0 en 1998 y 2.3 en 1999), que coinciden en esencia con la calificación que le dan otros partidos. Así, el sistema político mexicano adquiere trazos aparentemente más definidos ideológicamente, el sistema de partidos, configurado por dos extremos ideológicos: el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, derecha-izquierda; y un partido que transita entre ambos polos ideológicos: el Partido Revolucionario Institucional, en el discurso y en las acciones, si estamos de acuerdo con Arnaldo Córdova (La Jornada, 6, noviembre, 2011), espectro ideológico que concuerda con la afirmación de Paz “la existencia del partido como órgano constitutivo y esencial el estado mexicano posrevolucionario (Octavio Paz)26. Éste ha sido calificado de “partido de los trabajadores”, “partido de la burguesía” o de la “oligarquía” o “instrumento del Ejecutivo” (Luis Javier Garrido, 1986)27. La historia contemporánea mexicana ha sido caracterizada, desde esta óptica de unipartidista como de pluripartidista, de modelo democrático como de autoritario; su modelo ha sido repudiado por unos, admirado por otros28. 26

El ogro filantrópico. Historia y política, 1971-1978, Joaquín Mortiz, p. 109-124 El Partido de la Revolución Institucionalizada, SEP, México, 1986. 28 El interés del general de Gaulle por el PRI hizo que enviará expertos de los partidos a estudiarlo 27

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Sin embargo, su historia no ha sido realmente estudiada a fondo porque no sido visto como un partido autoritario en el poder, por ejemplo, así clasifican Scott Mainwaring y Frances Hagopian su régimen de gobierno hasta fines del siglo XX: 1945-1987 (2005)29. Su tránsito de un partido en el gobierno, autoritario, a uno en una fase semiautoritaria, como lo definen Mainwaring y Hagopian, coloca al sistema político mexicano, como bien sabemos, en la fase de transición a la democracia, pero al mismo tiempo instala al PRI en los inicios de la crisis del partido, como lo advierte Francisco Reveles en Partido Revolucionario Institucional: crisis y refundación (2003);30 la caracterización de Reveles es coincidente con la de Mainwaring y Hagopian: “fue pilar del régimen político autoritario y eje del sistema electoral no competitivo. Nació como partido gobernante y, por ende, su principal objetivo fue conservar el poder” (Reveles, 2003:11). Si bien los estudios sobre el PRI arrojan caracterizaciones del tipo: partido de estado, maquinaria electoral, partido hegemónico, partido del régimen político, se requieren aún de estudios más profundos que examinen no sólo su historia hegemónica, su vinculación con los sectores sociales o con los empresarios en un mundo globalizado; se hacen necesarios, además, estudios detenidos sobre la naturaleza misma de los partidos: su carácter representativo, aspecto fundamental de la democracia contemporánea, como señala Maurice Duverger (2004),31 esto es, su origen vinculado al sufragio popular — la representación— y al trabajo parlamentario, una vez investidos como legisladores representantes de los intereses ciudadanos. Hay pues un origen electoral, y una muy necesaria relación entre estas dos dimensiones, ancladas en cuestiones locales o regionales (las facciones en el sentido de John Madison, Cf. El Federalista, número 10), 32 en identidades políticas o en intereses compartidos. Como la poesía y el poema, los partidos se auto-construyen de manera constante, no obstante que mantienen rasgos que son constantes y que los definen. Para poder caracterizarlos, habría que estudiarlos en sus actos de concreción, en sus momentos fundacionales. Ahora bien, ante la crisis de confianza en las instituciones del sistema político mexicano como de los sistemas políticos en América latina, exhortamos a los actores políticos, si ustedes están de acuerdo con la analogía poesía/poema que establece Octavio Paz, a que visualicen nuevos objetos discursivos ante el agotamiento del contrato originario. Debemos evitar la “esclerotización” en los partidos políticos y en las instituciones políticas en general. Ejemplos de ello hay muchas: el surgimiento de la Corriente Democrática en 1986 o la crisis entre los tradicionalistas y los pragmatistas al interior del Partido Acción Nacional en la década de los noventas. El país requiere un sistema de partidos en vías de cambio; requerimos de nuevas formas de cooperación y participación ciudadana, y formación constante de nuevos consensos. Pero lamentablemente, como hemos visto en las modificaciones constitucionales recientes, los legisladores no terminan de entender la importancia del efecto psicológico del arreglo institucional en los procesos electorales; sólo se ven a sí 29

The Third Wave of Democratization in Latin America,. Advances y Setbacks, Cambridge, Cambridge University Press. 30 Francisco Reveles, Coordinador, México: UNAM/Editorial Gernika. 31 Los partidos políticos, México: fondo de Cultura Económica. Primera edición en francés, Les parties politiques, Librairie Armand Colin, Paris. 32 Al partido lo define como bando, facción, abogados que delibera sobre los intereses de las facciones

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mismos, no miran hacia la ciudadanía que se supone representan. La reforma política del 2011 aprobada en la Cámara de Diputados es un avance pero incompleto. Este es el reto de los partidos políticos, en la actualidad se encuentran con un gran deficit de legitimidad y de representación ( Scott Mainwaring, 2004; Manuel Alcántara, 2010); este es el gran reto de los partidos políticos: entablar un nuevo diálogo con la ciudadanía en la construcción de un modelo alternativo de democracia que fomente un verdadero empoderamiento ciudadano en la toma de decisiones. Si se quiere, un mayor grado de interacción vertical, si queremos colocarnos en la perspectiva de Guillermo O´Donnell (1997). Me parece que sería importante reflexionar más a fondo sobre el rol de los partidos políticos en el contexto de los cien años de vida transcurridos como instituciones encargadas de representar los intereses de los ciudadanos. No es casual que exista una crisis de legitimidad de los partidos políticos en México, en muchos países de América Latina y del resto del mundo, como han señalado estudiosos como Scott Mainwaring, Manuel Alcántara, Pippa Norris. En muchos de nuestros países, incluido Estados Unidos, las elecciones se han conducido con precariedad, no sólo por el comportamiento de los partidos políticos, sino por la falta de certidumbre y credibilidad de las decisiones de los responsables de las instituciones electorales (Cf. El Estudio de José Antonio Crespo; Helena Varela, 2010) y por el rol que juegan medios masivos de comunicación. Aparentemente tenemos en México un sistema de partidos más competitivo, que se ha traducido en una representación más plural en los congresos federales y estatales, como también sucede en países como Perú y Ecuador; pero apreciamos una subinstitucionalización como señala Javier Duque Daza (2008) para el caso colombiano. Surge la pregunta, que relación podemos apreciar entre los partidos políticos y la democracia en América latina. De entrada, sostenemos, que esta relación no ha fomentado la durabilidad y la vitalidad de la democracia. A saber, no hay coherencia entre los programas de los partidos y las leyes y políticas que promueven una vez en el poder. Ahí están los casos de Argentina, Venezuela y Chile, como ha demostrado el estudio de Susan Stokes; no hay coherencia organizacional y disciplina de partido; no muestran capacidad para el cambio; no muestran autonomía frente a los poderes económicos y frente al poder de los medios de comunicación. Dicho de otra manera, exhiben una escasa funcionalidad democrática; y esto sucede porque exhiben escasa institucionalización. Así, a mayor institucionalización partidista, mayor consolidación de los partidos, mayores posibilidades de consolidación democrática que tendrá como efecto un mayor enraizamiento en la sociedad. Ante estos vacíos, los movimientos sociales y los movimientos ciudadanos han llenado estos huecos en algunos países latinoamericanos que, en algunos casos terminan partidizándose (Cf. Donna Lee van Cott, 2005). No obstante, contribuyen al mejoramiento de la democracia. Este es el supuesto que subyace en países como Ecuador y Perú. En México, los ciudadanos no disponen de la función legislativa en el ámbito nacional, como existe en Colombia y Ecuador, por ejemplo, después de los nuevos arreglos institucionales en la década de los noventa. Sirvan estos comentarios introductorios para presentar ahora una breve muestra de los resultados de un estudio realizado en Ecuador y Perú sobre la representación de los pueblos originarios que concierne, justamente, al tema de los partidos políticos y la representación.

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1. Representación política Centrar la mirada en la representación (Pippa Norris, 2004) es colocarse en los indicadores de la calidad de la democracia: la creación institucional, la instauración de nuevos arreglos electorales y el fortalecimiento de una ciudadanía activa, esto es, el establecimientos de las estructuras democráticas básicas; más aún, si se fija la vista en el rol que juega la oposición en un sistema presidencial (Scott Morgenstern, Juan Javier Negri, Aníbal Pérez-Liñán, 2009); pero también significa colocarse en la pregunta planteada por Rorty (1996): qué tan coherente es la teoría democrática con la práctica, cuestión planteada asimismo por Norberto Bobbio (2004:28). La interrogante de Rorty implica, como lo advierte Robert Dahl (1996), cuestionarnos si los sistemas políticos latinoamericanos pueden catalogarse como democráticos si aplicamos los criterios mínimos de la democracia. La respuesta es afirmativa, sí se satisfacen los criterios mínimos, si estamos de acuerdo en sus atributos fundamentales: elecciones regulares y libres, sufragio universal, rendición de cuentas de las instituciones del estado y libertad de expresión y de asociación, dimensiones de la democracia que suelen calificarse como formales. Pero, como bien sabemos, la dimensión electoral no es suficiente para tener una democracia representativa sólida. Más allá de la condición mínima electoral — elecciones libres de violencia, de la compra de votos, del fraude sistemático y de la manipulación mediática —, los representantes parlamentarios deben reflejar la sociedad que representan, deben estar representados los grupos minoritarios, entre muchos otros grupos. Ante los atributos aludidos, los críticos se preguntan, ¿se asegura la distribución del poder? ¿qué tanto se fomenta la participación ciudadana? (Norris, 2008). Esto es, no basta una concepción de la democracia en términos mecánicos, es necesario, asimismo, el efecto psicológico que fortalezca la democracia. De ahí la importancia de la representación, de la democracia participativa y de la democracia social, atributos que fortalecen su calidad. Cabe advertir de entrada que si bien no hacemos un vacío a la acepción de Guillermo O´Donnell (2005), que subraya los derechos económicos y sociales, sí fijamos nuestra vista en los derechos políticos, en los principios de equidad, en la participación ciudadana y en la rendición de cuentas (Schmitter, 2005), esto es, calidad de la democracia en términos procedimentales33 y del estado de derecho — equidad en los derechos a la información y en los procesos de competencia electoral (Ender y Samuels, 2001), así como en los derechos de representación de todos los sectores de que se compone una sociedad. De ahí la importancia del estudio de las instituciones electorales, esto es, las reglas establecidas para el acceso al poder. En otras palabras, nos instalamos en la perspectiva poliárquica de Robert Dahl y de Morlino. Mejor todavía, nos interesa la relación entre las 33

Monitoreo de la responsabilidad de los gobernantes y de los representantes elegidos y de las demandas ciudadanas.

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normas institucionales del proceso electoral y la competencia entre los partidos políticos y los resultados que de éste emanan (Dieter Nohlen, 1994). En el sentido de Nohlen, partimos de la premisa de que las elecciones se conciben como el método democrático para designar a los representantes; las elecciones significan, a la vez, el control del gobierno y de los representantes por el pueblo (Nohlen, 1994). Entendidas las normas institucionales de los procesos electorales como las estructuras democráticas básicas, los esfuerzos por ahondar en la gobernabilidad y la gobernanza han puesto la mirada en el diseño de los sistemas electorales. En este contexto, los países en su búsqueda del modelo ideal, han transitado de un sistema electoral por mayoría34 a un sistema de representación proporcional35 o a sistemas mixtos. Sin embargo, las definiciones del tipo de sistema electoral nos remiten, por un lado, a un principio decisorio36 y, por otro lado, al resultado electoral, pero hay otros aspectos por considerar, entre otros, la circunscripción electoral, que si no está adecuadamente delimitada puede conducir a problemáticas de sobrerrepresentación o subrepresentación, como se desprende de las entrevistas aplicadas a las(os) legisladoras(es) de Ecuador o Perú. En el primero (sistema mayoritario), se elige un representante por circunscripción y en el segundo (sistema proporcional) se elige más de un representante, pero esta caracterización tampoco es un criterio difinitorio ya que los sistemas uninominales de una circunscripción también aparecen en los sistemas de representación proporcional. Adicionalmente, y como advierte Nohlen, “la elección en circunscripciones binominales o tri-nominales invariables corresponde” a un sistema mayoritario (1994:88). Lo que aparece en los sistemas políticos son sistemas electorales contradictorios: conviven elementos de un sistema mayoritario con aspectos de un sistema de representación proporcional, sistemas de representación proporcional personalizada; o bien los casos en que las curules son asignadas en varias circunscripciones pequeñas de acuerdo con el principio proporcional, pero la barrera es tan alta para la asignación de los escaños que ocasiona una desproporción entre votos y escaños. En consecuencia, los resultados ya no corresponden a una representación proporcional Este tipo de cuestionamientos nos llevaría a poner en tela de juicio la representación proporcional en los casos en que en este sistema no se asignen las curules bajo dicho principio. Más todavía, ¿cómo puede mantenerse la barrera del 5 % para la representación política, que tiene características de representación no proporcional, dentro de un sistema de representación proporcional? (Sartori, 1985). Planteadas las consideraciones anteriores, nos preguntamos: ¿Qué percepción tienen las(os) representantes de las minorías étnicas de los diseños electorales en sus acciones de acceso al poder? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan en la competencia interna y frente a los candidatos de los demás partidos en la obtención de una curul? Y, una vez en congreso, ¿Son responsivos en su trabajo legislativo? ¿Rinden cuentas a sus representados? En este trabajo no damos respuesta a todas estas interrogantes, nos circunscribimos a la problemática de las listas abiertas y las listas cerradas.

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Utilizo el término en el sentido en que es empleado por Dieter Nohlen (1994:88), a saber, el candidato es elegido por haber logrado la mayoría relativa de votos o la mayoría absoluta. 35 La representación expresa la distribución de los votos entre los partidos. 36 La fórmula que se utiliza para convertir los votos en escaños.

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Para comprobar la interrogante antes planteada, analizamos la información obtenida en la aplicación de cuestionarios a legisladoras(es) representantes de los pueblos originarios de Ecuador y Perú y la comparmos entre sí a fin de averiguar si el arreglo electoral responde a las expectativas de los actores políticos y de los analistas de la ingeniería institucional. 2. Los sistemas electorales vigentes en Ecuador y Perú El sistema electoral es considerado una de las instituciones fundamentales en la construcción de una democracia de calidad. El supuesto subyacente es la idea de que la ingeniería electoral tiene consecuencias en las opciones de los votantes y en la representación política en virtud de que las reglas electorales tienen consecuencias en el comportamiento de los partidos y sus actores políticos. Dicho en otros términos, el rediseño electoral tiene efectos mecánicos importantes pues determina qué candidatos son elegidos al Poder legislativo y qué partidos devienen gobierno. Ambos supuestos son fundamentales en la democracia representativa, deliberativa. Pero también busca tener efectos psicológicos en el ámbito individual. Es decir, la ingeniería electoral incide en el comportamiento de los actores políticos y en los electores. Las interrogantes principales han sido, ¿cómo generar mayor certidumbre a los procesos electorales de modo que se profundice la democracia y se fortalezca la gobernabilidad? La vía adoptada en algunos países ha sido colocar la atención en el diseño electoral, aún en los países de las democracias consolidadas.37 Los sistemas electorales basados en el principio mayoritario han sido valorados positivamente por razones de rendición de cuentas del partido en el gobierno y por los incentivos que conlleva la representación en la composición del Poder legislativo. La modalidad proporcional, a su vez, ha sido defendida por su carácter incluyente, por sus posibilidades de compartir el poder y de expresar la pluralidad social e ideológica de un país. El debate a favor o en contra de los sistemas combinados ha sido una de las características de los estudios recientes sobre sistemas electorales (Mathhew Soberg Shugart y Martin P. Wattenberg, 2001). Por otro lado, los sistemas proporcionales presentan menos obstáculos para llegar al poder en la medida que se requiere de un menor porcentaje electoral. Los partidos, consecuentemente, adoptan estrategias electorales que focalizan el voto de sectores homogéneos de la sociedad. Los vínculos de este tipo de electores pueden ser de clase, religión de afinidades identitarias o ideológicas. Los partidos promueven, en consecuencia, los intereses de sus electores de manera más definida dados los vínculos de afinidad, reforzando la representación mandato (Cf. Adam Przeworski, 1999 et all). Esta modalidad posibilita una mayor movilización del sector social en general en lugar de un alto consenso en asuntos en los que la mayoría de los partidos están colocados. La competencia partidista se encontrará en un espectro espacial más amplio en términos ideológicos. Tales circunstancias generan mayores incentivos en el electorado en 37

Tomemos por caso el de Inglaterra que ha llevado a cabo transformaciones en su sistema electoral para incorporar una modalidad mixta entre el sistema mayoritario y el representacional.

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los procesos electorales. Se maximizan los incentivos en las votaciones, se combate la apatía electoral y el malestar hacia los partidos. Los grupos minoritarios, los pueblos originarios en particular, igualmente tendrán mayores incentivos para participar activamente en los procesos electorales. Este ha sido, al menos, un rasgo caracterizador reciente de los pueblos indígenas en países como Perú, Ecuador y aun en países como Colombia y Venezuela donde la población indígena no excede el 3 % (Cf. Donna Lee van Cott, 2005). Pero este despertar por la competencia política de los pueblos indígenas se ha inscrito en el contexto de la desconfianza hacia los partidos políticos y de los rompimientos de clase, pero también a partir de la creación de nuevas organizaciones que giran alrededor de la etnicidad; otro tipo de rompimiento, como en el caso de Ecuador. Dado este contexto latinoamericano, el planteamiento general es el siguiente. ¿Cómo se ha dado la representación de los pueblos originarios en los países andinos y México, y cuál ha sido su labor legislativa en estos países? Para responder a esta pregunta, y otras que se desprenden de ella, en una primera etapa, hemos llevado a cabo un estudio de las reformas constitucionales en materia electoral (Gimate-Welsh, 2010b) que sirve de base para el análisis de la representación de las minorías étnicas en los países andinos y México; y en la segunda fase, dada la representación indígena en estos países nos proponemos averiguar qué percepción tienen del sistema electoral vigente. Para dar respuesta a esta interrogante presentamos a continuación los resultados de las entrevistas38 realizadas en el mes de septiembre, 2010, con legisladoras y legisladores del Ecuador y de Perú. 3. Cronología de los cambios en los sistemas electorales del Ecuador Ecuador ha experimentado cambios profundos en su sistema político a partir de 1978-79 y 1983 (Simon Pachano, 2004; Michael Rowland, 1998), transformaciones que están enmarcadas en la tercera ola de la democratización. Los cambios, que tenían por meta una mayor representación de los sectores sociales y de una mayor gobernabilidad, afectaron a la estructura del congreso, al calendario electoral y la duración de los poderes Legislativo y Ejecutivo; afectó, asimismo, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. La reforma constitucional de 1978 incorpora por vez primera la segunda vuelta en la elección presidencial; en 1983 reduce el periodo de los legisladores a cuatro años; en 1994, mediante plebiscito, se aprueba la reforma constitucional que permite los candidatos independientes con lo que se pone fin al monopolio de los partidos; y en 1997 se transita a la votación personalizada o listas abiertas. Veamos la cronología de los cambios en el sistema electoral ecuatoriano y después los del Perú. 4. Cronología de los cambios en los sistemas electorales peruanos El Congreso peruano del periodo 2001-2016, está integrado por 130 congresistas39, también unicameral como el ecuatoriano, es resultado de un conjunto de transformaciones

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Los datos que presento en forma de gráficos provienen de los cuestionarios aplicados a los (las) legisladores(as) y de las grabaciones. En la presentación de las citas textuales mantengo el anonimato de los autores(as). 39 La legislatura 2006-2011 tuvo 124 congresistas.

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iniciadas también en 1978. Su elección se rige por el principio proporcional de acuerdo con el artículo 187 constitucional. Veamos algunas de sus transformaciones. El sistema electoral vigente después de las transformaciones constitucionales del 2000 tiene tres grandes retos (Daniel Zovato, 2001): 1) el fortalecimiento del sistema de partidos, sin que éstos devengan una partidocracia, 2) la conciliación de la gobernabilidad con la representación y 3) la obtención de un determinado nivel de concertación que permita el acuerdo nacional después del régimen autoritario fujimorista. Sin embargo, para la elección presidencial del 2011 participaron 31 partidos y para la elección del 2006 veinte partidos presentaron candidato presidencial. Diez años después, el diagnóstico y pronóstico de Dieter Nohlen, “en el Perú hay un sistema de partidos atomizado, poco institucionalizados” (2001), se constata respecto del sistema de partidos y respecto de la dificultad de predecir el efecto causal del sistema electoral en el sistema de partidos o que éstos tengan sobre el arreglo electoral; ambos pueden verse como variables dependiente o independiente en una relación de interdependencia, posición discordante con la asumida por Giovanni Sartori. 5. Percepción de las(os) legisladoras(es) sobre los sistemas electorales de Ecuador y Perú40. 5.1 Listas cerradas y bloqueadas Las(os) congresistas ecuatorianas(os) entrevistadas(os) se inclinan en señalar que el sistema electoral de listas cerradas en la representación de minorías étnicas es cuasi deplorable. La legisladora entrevistada (E1)41 considera que una de las desventajas radica en que las listas cerradas de representación no brindan la posibilidad real de elegir a los candidatos más idóneos, sino al partido político. Si bien en algunas zonas o sectores esto ha favorecido al movimiento Pachakutik, considera que eso no es tan democrático ya que muchos asambleístas llegan a la Asamblea Nacional gracias a la fórmula, no necesariamente porque la ciudadanía lo eligiera como su representante, llegan al congreso como efecto del arrastre del candidato presidencial. La lista cerrada lo que ha dado es de que muchos asambleístas sean de la bancada oficialista; si ahora fuéramos como candidatos individuales seguro no sacarían menos del diez por ciento del electorado, sino ganaron con una figura, de la lista que es el presidente Correa. Por su parte E2 señala que en ciertos territorios con población mayormente indígena es posible que favorezca la lista cerrada, sin embargo, dado el arreglo del sistema electoral, el arrastre de una figura local tiene más bien efectos negativos para los candidatos de los pueblos originarios. 40

La transcripción de la entrevista a las(os) legisladoras(es) es textual; en el anexo 1 aparecen los nombres de las(os) parlamentarias(os) pero se mantiene su anonimato, ya que no aparece la numeración de la (del) entrevistada(o) que aparece en el cuerpo del trabajo, sólo aparecen sus nombres. 41 Legisladora número uno de la lista. Las siglas E1, E2, E3, E4, se refieren a las (los) parlamentarias(os) de Ecuador; las siglas P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 se refieren a las(os) parlamentarias(os) del Perú.

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Ahora yo saqué los primeros tres puestos en la lista cerrada pero por el pluripersonal y por el sistema de minorías yo pierdo dos asambleístas en Cotopaxi porque yo tuve un excelente arrastre, entonces tienen que entrar distintos partidos, hay que triplicar las votaciones para que pueda entrar, entonces en población con mayor incidencia indígena sí tiene sentido la lista cerrada. Por otro lado, hay quienes como E3 que no se inclina por las listas abiertas ni las cerradas ya que ambas vienen con “vicio”; se pronuncia por un sistema mixto de designación directa que pueda dar la posibilidad de que esa persona tenga el respaldo mayoritario en su circunscripción. Con las listas cerradas y las abiertas siguen predominando los partidos que tienen más estructura, más recursos económicos, esto no sólo en Ecuador sino en América latina. Yo parto desde el principio de la equidad, donde la gente pueda identificar a la persona por sus cualidades, por su servicio y la designación que pueda dar para cualquier cargo sea por su capacidad directa, es decir, su trayectoria de dirigente, de servidor público, cualquier área que haya tomado su experiencia, su hoja de vida limpia cuenta y como él podría o ella, cómo podría ir asumiendo una nueva responsabilidad. En lo que respecta a las (los) congresistas peruanas(os), al preguntar por el sistema electoral de listas cerradas bloqueadas en la representación de las minorías étnicas se perciben claramente dos posturas. En la primera posición, varias(os) legisladoras(es) entrevistadas(os) (P1, P3)42 señalan que la representación proporcional apoya la representación de los pueblos originarios. En contraparte, se encuentran aquellos (P4, P7, P8)43 que expresan que es deficiente dado que “en voto cerrado no tienen oportunidad los pueblos, el que tiene es el voto preferencial”. Las listas cerradas siempre han sido un gran problema porque vulneran la forma de entender la democracia en nuestros propios pueblos, nuestros pueblos están acostumbrados a una democracia mucho más directa donde se resuelven directamente las cosas, y directamente la representación y las listas cerradas hacen que sean los partidos o los grupos los que determinen tal representación y eso no es bueno (P8). El entrevistado P6 considera que el problema radica en que el sistema electoral no contiene compromiso de representación de los pueblos indígenas en el Congreso peruano, en otras palabras, no refleja la realidad sociocultural del Estado peruano. En el caso del Perú, no existe obligatoriedad de representación de minorías al Congreso (…) la población quechua en el Perú es un tercio de la población, entonces debe tener una representación

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Congresistas peruanas(os) 1 y 3. Cabe mencionar que del total de legisladoras(es) de la legislatura 20062011 que representan a los pueblos originarios, fue posible entrevistar al 78.5 % 43 Representantes 4, 7 y 8

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equivalente, más de un tercio de miembros en el Congreso de la República. 5.2 Listas cerradas desbloqueadas En cuanto al sistema electoral de listas cerradas desbloqueadas, los datos arrojan dos posturas: entre aquellos, como E1, que consideran que es cuasi óptimo, aunque también tiene desventajas ya que existe la posibilidad de que se pierda el espacio o la posibilidad de representación de las minorías étnicas; y los que afirman, como E2 y E4, que se trata de un sistema pésimo, que es un sistema tramposo, ya que permite votar por personas pero al mismo tiempo para asignar un escaño te suman la plancha. No tiene sentido si votan buscando entre lista, sino vota plancha, finalmente nosotros trabajamos por la plancha, ¿por qué? Porque si no sumamos la votación de todos no entramos ni siquiera uno. Por eso es muy tramposo, porque nos permite votar unipersonal pero para asignar un cupo a nosotros nos suman el mayor número de votos como lista, no como persona. Al interrogar a las(os) legisladoras(es) sobre la transición de listas cerradas a listas abiertas y de listas abiertas a un sistema mixto, encontramos los resultados siguientes. Para los entrevistados los principales fenómenos político- sociales que influyeron en la reforma electoral de listas cerradas a listas abiertas tienen que ver con que los ciudadanos no se han sentido representados por quienes ganaron los escaños por lista (E1), por lo que ha surgido la necesidad de nuevos liderazgos, la necesidad de dar paso a la participación ciudadana (E2). Ahora bien, por una parte se ha brindado una mayor importancia al perfil de la persona, sin embargo también está condicionada al arrastre, es decir, finalmente termina siendo arrastrada por la candidatura nacional, por lo que E4 considera que no hay mucha variación, a excepción de la elección en los gobiernos locales. En cambio, para E3 tanto las listas cerradas como las listas abiertas han ocultado algunos elementos que no permiten realizar apropiadamente el ejercicio democrático. Hoy el diseño para las listas cerradas o las abiertas está hecho con metodologías inadecuadas para los pueblos indígenas, ya que se trata de otra cultura, otra norma de pensamiento, otra experiencia, otra propuesta. En el caso de Ecuador “la cancha” no está diseñado para la mayoría, ni a los afro-ecuatorianos, ni para los indígenas y otros sectores sociales , si se hace una real comparación qué partidos han predominado, qué personajes han pasado, casi como un juego de ruleta verás los mismos nombres y verás los mismos partidos, entonces como que no hay una innovación institucional democrática, entonces veo un tema ya de fondo no solamente de forma en los dos propios sistemas que han llevado al deterioro. Sobre el tránsito a un sistema electoral mixto en la representación de las minorías, apreciamos la inexistencia de un consenso. Algunos consideran regular al sistema mixto,

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otros como cuasi óptimo u óptimo. En la segunda postura se encuentra el E3, quién señala que le daría esa evaluación numérica por ser optimista: Porque sería una nueva experiencia, una nueva forma (…) aquí da la posibilidad de preparar, da la posibilidad de tener elementos básicos, reglamentaría mucho mejor, habría innovación de herramientas adecuadas para el sistema de elección, así que yo arrancaría optimistamente con eso, podríamos tener éxito o fracaso, pero desde la experiencia. Los entrevistados (E1, E4) coinciden en que una de las razones principales para una reforma de un sistema de listas abiertas a un sistema mixto radica en que es una oportunidad, una mayor posibilidad para que haya representantes de las minorías. E2 considera que el principal objetivo sería la inducción a nuevos liderazgos, donde haya la posibilidad de que líderes o figuras ganen pese al partido político. En contraste con las posturas anteriores, E3 argumenta que “el resultado no es halagador ya que sólo se piensa en el trabajo de un partido, de un movimiento, tal diseño no fortalece la democracia del Estado, sino sólo en su propio beneficio, entonces eso sí es preocupante,” postura que coincide con la posición general del apartado anterior: se favorece al partido, no la participación ciudadana. Las entrevistas realizadas a las(os) congresistas peruanas(os), arrojan los datos siguientes. Para algunos entrevistados, cómo P1, las listas cerradas desbloqueadas fomentan “la participación ciudadana más que un sistema de listas donde no se puede escoger de entre candidatos.” No obstante, el entrevistado P4 señala que si bien para el público esto le parece muy bien, “dentro del partido, el problema es que hay lucha entre candidatos y eso es aún peor que la elección, pero yo creo que a final de cuentas el que tiene la razón es el elector, o sea me parece bien.” Para otros, en cambio, el problema central radica en, si se quiere ser coherente, primero: Debe buscarse el equilibrio ya que el país es pluricultural y muchas culturas son totalmente excluidas. Si bien es cierto que hay un equilibrio en cuanto a la representación de la mujer o la representación de los jóvenes en el caso de los municipios, pero aún falta avanzar más para poder entender otro tipo de equilibrios y el equilibrio de buscar la participación de todas las áreas del país, creo que eso es importante si los políticos quieren construir una democracia y representación real, esa variable debe ingresar también en la composición política y en relación fundamentalmente en las listas que se proponen (P7). 6. Conclusiones Los cambios iniciados en la década de los setenta en Ecuador y Perú, que culminan al finalizar el siglo XX, colocan a ambos países en la llamada tercera ola de la transición democrática. Cada uno de estos países busca la fórmula electoral más idónea en la composición de su Poder Legislativo. Ecuador transita de listas cerradas a listas abiertas; Perú pasa de la circunscripción nacional a circunscripciones provinciales, adopta la representación proporcional e incorpora las candidaturas independientes de los partidos.

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Sin embargo, las transformaciones, que han sido constantes, no han permitido a los partidos políticos ni a sus actores tener los referentes institucionales necesarios para elaborar sus estrategias políticas, ni mucho menos el tiempo suficiente para ver la eficacia de los arreglos electorales (Pippa Norris, 2004). Más todavía, si se hace una comparación entre el sistema electoral surgido en los setentas y las reformas posteriores, apreciamos una contradicción en los objetivos buscados inicialmente, pues hay elementos contradictorios en el diseño institucional: hay menos posibilidades para el establecimiento de coaliciones y para una mayor representación, hay un debilitamiento de los partidos, el efecto psicológico en el votante disminuye con el establecimiento de las fórmula combinada puesta en marcha en las elecciones del 2006 en ambos países. El tamaño de la circunscripción o distrito electoral sigue siendo un punto crítico en Ecuador y Perú, no hay una correspondencia entre la población y las curules asignadas. Veamos una síntesis de los apartados del cuestionario. En el tema de listas cerradas en la elección de los representantes al congreso apreciamos las siguientes críticas al sistema electoral  No son una opción de elección para los ciudadanos. El elector elige la fórmula, no la capacidad o trayectoria y responsabilidad del candidato.  Los pueblos originarios están acostumbrados a una democracia más directa.  Favorecen al partido  No es un arreglo electoral democrático  Los representantes elegidos llegan al congreso gracias a la fórmula, como efecto de arrastre del candidato presidencial  No obstante, en territorios con población mayormente indígena probablemente favorezca, pero el arrastre de una figura local no redunda en beneficio de los candidatos de los pueblos originarios Las(os) congresistas entrevistadas(os) que sostienen una posición favorable a la representación proporcional aducen los argumentos siguientes:    

Hay mayor participación de jóvenes y más jóvenes son elegidos Hay opciones, ya que no es el dinero el que define quién gana la elección El partido no define quién llega finalmente al congreso Favorece al pueblo

En contraste, las(os) entrevistadas(os) que consideran adverso el sistema de representación proporcional, aluden los argumentos siguientes:  

No favorece la representación de las minorías étnicas No hay equidad de género

El mismo Jurado Nacional de Elecciones contraviene la normatividad ya que soslaya la noción de comunidad indígena, aún en casos como la región de Cuzco donde las comunidades campesinas son hablantes de la lengua Quechua.

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IV.

TEMAS ELECTORALES EN TEXTOS MARIO GALLARDO VELÁZQUEZ44

Con objetivo de promover y difundir el acervo que resguarda la Biblioteca del H. Congreso del Estado de Guanajuato "José Aguilar y Maya" para su estudio y consulta en este número 63 de Apuntes Legislativos abordamos el tema de Procesos Electorales de Ayer y Hoy, tema que en definitiva es un asunto de interés actual y de vital importancia para la vida democrática de nuestro país. El primero de los libros lleva por nombre "Partidos Políticos y Democracia", texto de Jaime F. Cárdenas Gracia. Editado bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Publicación Cívica del Instituto Federal Electoral. El propósito del autor es explicar qué son los partidos políticos, cuáles son sus tareas en una democracia, qué diferencias presentan respecto de otras organizaciones, cuál ha sido su evolución histórica, por qué son tan importantes en la vida política moderna, cómo son reconocidos jurídicamente, cómo se clasifican y cuál es su futuro; nuestro autor señala las posibles deficiencias y propone en términos generales vías para superarlas y apunta que si los partidos políticos no son sensibles a los cambios sociales y no profundizan la democracia en su vida interna, probablemente serán afectados e influirán negativamente en el tejido social e institucional.

Instituto Federal Electoral Partidos Políticos y Democracia / Instituto Federal Electoral: México, D.F Instituto Federal Electoral 53 pág. (Partidos políticos y democracia) No. Eje. 2.

…

El segundo texto se titula "Sistemas Electorales y de Partidos", cuyo autor es Leonardo 44

Encargado del Departamento de Formación Legislativa y Eventos del IIL

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Valdés. El libro fue editado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral. El doctor Leonardo Valdés Zurita, amplio conocedor del tema, presenta un panorama de los diferentes sistemas electorales y estudia su relevante vinculación con los sistemas de partidos. Opina el doctor que un eje ordenador para evaluar a los regímenes políticos es el grado de aproximación o distanciamiento entre ellos y el ideal democrático. Así, este último sirve como parámetro para juzgar el funcionamiento y la dinámica de las instituciones y las prácticas políticas reales. Estima el doctor que la relación entre ideal democrático y realidad política es en extremo compleja debido a que las instituciones y los procedimientos en los que la democracia se concreta responden a procesos históricos y políticos específicos, así como a la elección y concreción de opciones diversas. En efecto, éstos pretenden resolver la necesidad de traducir en representación política el principio de la soberanía popular y la voluntad ciudadana expresada en el voto. Sin embargo, como es sabido, no existe una fórmula única para transformar votos en curules; las posibilidades de hacerlo son múltiples y pueden incorporar una gran diversidad de variables específicas, reconoce que existen dos principios básicos de representación política: el mayoritario y el proporcional, pero ambos pueden materializarse de muy diversas maneras e incluso combinarse, dando lugar a una amplia gama de opciones y a una extensa tipología de sistemas electorales.

Instituto Federal Electoral Sistemas Electorales y de Partidos / Instituto Federal Electoral: México, D.F Instituto Federal Electoral 54 pág. (Sistemas Electorales y de Partidos) No. Eje. 1.

El tercero de los libros lleva por nombre “El Horizonte Electoral y la Democracia en la Ruta del Derecho”. Editado por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. El Coordinador de la obra es Francisco Martínez Sánchez. Este texto contiene temas relevantes, actuales y de suma utilidad para los actores electorales, los cuáles se clasifican en cuatro apartados DEMOCRACIA Y POLÍTICA que se integra por temas como: La actualidad de los partidos políticos en México, jueces y democracia, ¿Por qué votar en el extranjero? Y nuevas reflexiones sobre la libertad, igual, en CULTURA ELECTORAL se recopilaron los ensayos sobre justicia constitucional electoral y democracia, Juicio de Revisión Constitucional

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Electoral, así como jurisprudencia y elecciones locales en México; en relación con el DERECHO CONSUETUDINARIO se publica el ensayo denominado “¿Constitucionalidad e inconstitucionalidad del voto público en las elecciones de los municipios de Oaxaca que se rigen por el sistema de usos y costumbres?”. Finalmente en PÁGINA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS, se ofrecen temas como: Los principios constitucionales de las elecciones en las entidades federativas, la caducidad un claro signo de denegación de justicia en materia de amparo, los sistemas jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos y derechos indígenas en México, y la interposición del recurso de revisión en materia de amparo, por parte del órgano jurisdiccional resulta imprescindible tratándose de asuntos de carácter penal, en aras de una transparencia y recta impartición de justicia, por lo que, se inicia un breve repaso de autores y contenidos que muestran los alcances de sus aportaciones

Martínez Sánchez , Francisco El Horizonte Electoral y la Democracia en la ruta del Derecho/ Francisco Martínez Sánchez: Oaxaca, México Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. 293 pág. (Compilación de Ponencias) [No. Eje] 1

El cuarto libro es una memoria de Conferencias Magistrales y el texto se titula “Congreso Internacional de Derecho y Procesos Electorales”. Impreso por la Comisión Coordinadora para la Reforma Política del Estado de Guanajuato. El texto aborda temas como: Ingeniería Electoral y Partidos Políticos, Sufragio efectivo: unas perspectivas internacionales, Los beneficios de la democracia, Partidos Políticos y cambio democrático en América Latina, Alcance de la Nueva Reforma Política Electoral, Procesos Electorales y Cultura Política, La calificación de las elecciones, Urgencia de atender los reclamos ciudadanos y muchos otros temas vigentes e interesantes.

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Comisión Coordinadora para la Reforma Política del Estado de Guanajuato. Congreso Internacional de Derecho y Procesos Electorales / Comisión Coordinadora para la Reforma Política del Estado de Guanajuato:; Guanajuato, Gto Comisión Coordinadora para la Reforma Política del Estado de Guanajuato.(CORPEG). 407 pág. [No. Eje] 1

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