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PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2015 28.ª SESIÓN (Vespertina) MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2015 PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES LUIS IBERICO NÚÑEZ, MARIANO PORTUGAL CATACORA Y DE LA SEÑORA NATALIE CONDORI JAHUIRA SUMARIO Se pasa lista.— Se abre la sesión.— Se aprueba, sin observaciones, el acta de la 16.ª sesión, celebrada el 1 de octubre de 2015.— Rechazado que fuera el informe final en mayoría materia de debate, se aprueba el informe en minoría de la Comisión de Inteligencia del período anual de sesiones 2014-2015, respecto de la investigación sobre el seguimiento a políticos y otros personajes realizado presuntamente por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI.— Se aprueban las mociones de saludo al Ejército Peruano por el aniversario del día instaurado en su honor; y, a la Policía Nacional del Perú, en un nuevo aniversario de su creación institucional.— Se aprueba el informe final materia de debate de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales; habiéndose sancionado, en votaciones separadas, las recomendaciones 8, 9 y 24.— Se acuerdan las modificaciones propuestas al Cuadro de Comisiones Ordinarias.— Se suspende la sesión. —A las 16 horas y 13 minutos, bajo la Presidencia del señor Luis Iberico Núñez e 1

integrando la Mesa Directiva la señora Natalie Condori Jahuira, y el señor Mariano Portugal Catacora, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Isla Rojas, Lescano Ancieta, Lewis del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Merino de Lama, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valqui Matos e Yrupailla Montes. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista registran su asistencia por medio del sistema digital.) Con licencia oficial, los congresistas Acha Romaní, Espinoza Cruz, Huayama Neira, Inga Vásquez, Julca Jara, León Rivera, Luna Gálvez, Pérez del Solar Cuculiza, Reynaga Soto y Urquizo Maggia. Con licencia por enfermedad, el congresista Zerillo Bazalar. En función de representación: los congresistas Galarreta Velarde, Acuña Núñez, Coari Mamani, Cordero Jon Tay, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Kobashigawa Kobashigawa, León Romero, Neyra Olaychea, Rivas Teixeira, Rosas Huaranga, Saavedra Vela y Zeballos Salinas. Ausentes, los congresistas Acuña Peralta, Anicama Ñáñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Capuñay Quispe, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Coa Aguilar, Dammert Ego Aguirre, Delgado Zegarra, Espinoza Rosales, Gamarra Saldívar, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Jara Velásquez, Lay Sun, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Monterola Abregu, Mora Zevallos, Núñez Campos, Omonte Durand, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Schaefer Cuculiza, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Vacchelli Corbetto, Valle Ramírez, Velásquez Quesquén, Wong Pujada y Zamudio Briceño. Suspendido, el congresista Abugattás Majluf. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se pone en conocimiento de la Representación Nacional, para efectos del quórum, que en estos momentos está sesionando la Comisión Investigadora del Caso Orellana, y que, por consiguiente, se considera a sus integrantes con licencia. 1

Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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Han registrado su asistencia 64 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 60 congresistas. Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la 16.ª sesión, celebrada el 1 de octubre de 2015. Si ningún congresista formula observaciones, se dará por aprobada. —Se aprueba, sin observaciones, el acta de la 16.ª sesión, celebrada el 1 de octubre de 2015. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobada. Rechazado que fuera el informe final en mayoría materia de debate, se aprueba el informe en minoría de la Comisión de Inteligencia del período anual de sesiones 20142015, respecto de la investigación sobre el seguimiento a políticos y otros personajes, realizado presuntamente por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a iniciar la sustentación del informe final en mayoría de la Comisión de Inteligencia del período anual de sesiones 20142015 respecto de la investigación sobre el seguimiento a políticos y otros personajes realizado presuntamente por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI. Al respecto, los congresistas Salgado Rubianes, Tubino Arias Schreiber y Bedoya de Vivanco han presentado un informe en minoría. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Inteligencia, congresista Isla Rojas. El señor ISLA ROJAS (NGP).— Presidente: Voy a iniciar la sustentación de este informe de la Comisión de Inteligencia. Cabe precisar que se hizo una investigación de oficio por un acuerdo unánime de la Comisión, ante la publicación en la revista Correo Semanal, del 15 de enero, que tenía como título ‘Espionaje a la Oposición, videos revelan reglaje de Servicios de Inteligencia a adversarios políticos, entre ellos los exministros Del Castillo Gálvez y Miguel Hidalgo Medina y el empresario Jaime Mur’. Esta publicación de Correo Semanal hizo que la Comisión de Inteligencia sesione inmediatamente y, en aras de la verdad, en el acto también la congresista Luz Salgado solicitó que se invite al director de la DINI para que informe respecto a esta denuncia periodística. Es así que el 16 de enero se acordó por unanimidad continuar con la investigación. Lo preciso, porque no se inicia esta investigación producto de alguna moción, sino por un acuerdo en una sesión convocada por el presidente de la Comisión, en ese momento el congresista César Yrupailla, pero donde el acuerdo sobre la investigación fue por unanimidad. 3

Así que el 20 de enero acordamos, por unanimidad también, declararnos en sesión permanente. Preciso que el 18 de enero, en el reportaje periodístico ‘Reglaje de las altas esferas’, difundido por el programa Panorama, se denunció el presunto seguimiento a la vicepresidenta y congresista Marisol Espinoza, por lo que acordamos incluir esta denuncia en la investigación. Asimismo, durante la visita realizada a las instalaciones de la DINI, el 21 de enero, se acordó incluir en la investigación el incremento presupuestal y el gasto ‘reservado’ de la DINI del año 2013, así como la adquisición de equipamiento de interceptación telefónica legal denominado ‘Proyecto Pisco’. Siendo así, se realizaron 21 sesiones extraordinarias y una ordinaria, del 16 de enero al 25 de marzo. En estas sesiones se presentaron los siguientes invitados: la congresista y vicepresidenta de la República Marisol Espinoza Cruz, el congresista Yonhy Lescano Ancieta, el congresista Juan Carlos Eguren, el congresista Víctor Andrés García Belaunde y el congresista Rogelio Canches Guzmán. Asimismo, la presidenta del Consejo de Ministros, en ese momento, congresista Ana Jara Velásquez; el Contralor General de la República, doctor Fuad Khoury Zarzar; el doctor Jorge del Castillo Gálvez, excongresista; el señor Salomón Lerner Ghitis, ex presidente del Consejo de Ministros; el señor Iván Slocovich Pardo y Américo Zambrano, director y periodista de la revista Correo Semanal. Asimismo, miembros de la DINI, el Director de Inteligencia, en ese momento, el capitán en retiro del Ejército Peruano Javier Briceño Carpio; el Director de Contrainteligencia de la DINI, coronel Mauro Castañeda Prada; el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú Arturo Barraza Luyo, personal de la DINI; el comandante de la Policía Nacional del Perú Johnny Bravo Sánchez; el técnico del Ejército Peruano Johny Huamán Espinoza, agente de la DINI; el técnico del Ejército Peruano Raúl Pianto Cuevas, agente de la DINI; y el señor Rosendo Chávez Rojas, personal de la DINI. Asimismo, el capitán en retiro del Ejército Peruano Víctor Gómez Rodríguez, ex Director Nacional de Inteligencia; Suboficial PNP Wilbert Achanccaray Ccapa, motorizado del resguardo de la congresista Marisol Espinoza; SOT 1 PNP José Sánchez Isidro, resguardo de la congresista Marisol Espinoza; SOS PNP Jorge Feria Gordillo, resguardo de la congresista Marisol Espinoza; la señorita Ana Lilian Vilela Montenegro, asesora de la congresista Marisol Espinoza, y el señor Rolando Readhead Tello, chofer de la congresista Marisol Espinoza; también el comandante PNP José Jorge Álvarez, comisario de la Comisaria de Monterrico-Surco. No concurrieron a la sesión, la congresista Natalie Condori, la congresista Esther Saavedra, la señora Milagros Leyva, conductora del programa Panorama, la señora Tania Quispe Mansilla, Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, y el señor Miguel Ávalos Cabanillas, vecino del congresista Yonhy Lescano. Dicho esto, la Comisión determinó dos temas a ser investigados: primero, el supuesto seguimiento a congresistas de la República y otros personajes de la política nacional, presuntamente realizado por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI); y segundo, el presupuesto ‘Reservado’ asignado a la DINI para el año 2013 en el rubro ‘reservado’, y su control presupuestal por la Contraloría General de la República. 4

Precisamos que el 25 de marzo de 2015, como resultado de las investigaciones realizadas, se aprobaron las siguientes conclusiones y recomendaciones. En cada conclusión voy a señalar la votación que se dio, porque es un informe en mayoría y hay algunas conclusiones donde hubo unanimidad y algunas otras fueron por mayoría. Esto quiero precisarlo, para que no haya lugar a equivocación acerca de la posición que tomó cada parlamentario miembro de la Comisión de Inteligencia. Conclusión A: para el supuesto seguimiento a la congresista y vicepresidenta de la República Marisol Espinoza Cruz. Señalamos que existen elementos razonables que permiten determinar que los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia intervenidos el día 3 de noviembre de 2014 habían recibido órdenes e instrucciones para desarrollar acciones dentro de la zona del distrito de Surco, en el marco de la ejecución del plan ‘Islámicos’, como una operación de contrainteligencia de monitoreo para la detección de indicios o hechos sobre actividades encubiertas de infiltración de elementos vinculados al terrorismo islámico, desarrollándose así el plan de contrainfiltración. De acuerdo a las manifestaciones que se han tomado, el personal policial de seguridad, chofer del vehículo y motorizado de la vicepresidenta y congresista de la República Marisol Espinoza Cruz, que han sido transcritas en el ítem Análisis del informe, hay evidentes contradicciones en detallar las circunstancias en que el vehículo fue intervenido: primero, el auto pasó frente al condominio cuando la comitiva salía de él; segundo, el auto estaba estacionado al costado del Centro Educativo Pio XII; tercero, el auto estaba estacionado frente a la casa de la señora congresista y vicepresidenta de la República, y se acopló a la comitiva en cuanto esta salió del condominio. Iguales contradicciones hay respecto a la distancia de la intervención del vehículo: 50 y 100 metros, como referencia, de la entrada del condominio. Se ha establecido de estas mismas manifestaciones que era la primera vez que el citado vehículo había sido visto por las inmediaciones de la vivienda, lo que resulta inexplicable; y, por tanto, es ilógico que elementos de inteligencia estacionen su movilidad frente a la casa de su objetivo o que se acoplen a la comitiva a efectos de efectuar un seguimiento, más aún si el vehículo tenía lunas polarizadas y el permiso para usarlas no reunía los requisitos que el Reglamento de Tránsito exigía. Esto permite establecer que los agentes intervenidos, frente al trabajo que realizaban dentro del plan ‘Islámicos’, demostraron impericia, y no se puede atribuir responsabilidad a los jefes encargados del plan ‘Islámicos’ o de la DINI, porque una de las características de planes de esta naturaleza es que los que lo ejecutan tienen amplia libertad para actuar en situaciones imprevisibles o posibles, lo que implica que deben resolver cualquier situación de acuerdo a su capacidad, y solo al final de la jornada lo reportan. Puesta al voto esta primera conclusión, se aprobó por mayoría, con el voto a favor de los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, César Yrupailla y el que habla Víctor Isla; en contra, los congresistas Luz Salgado y Javier Bedoya. 5

Conclusión B: para el supuesto seguimiento al doctor Jorge del Castillo Gálvez. Se ha acreditado que se han realizado acciones de seguimiento al doctor Jorge del Castillo Gálvez, tanto en su oficina como en otros lugares. Sin embargo, de la información recopilada no puede concluirse que la Dirección Nacional de Inteligencia ha realizado las actividades de seguimiento al doctor Jorge del Castillo Gálvez. Tampoco se ha acreditado que los documentos que sirvieron de base para los reportes periodísticos y que fueron entregados a nuestra Comisión sean de la DINI. Puesta al voto, se aprobó por mayoría, con el voto a favor de los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, César Yrupailla y Víctor Isla; en contra, los congresistas Luz Salgado y Javier Bedoya. Conclusión C: para el supuesto seguimiento a la congresista Natalie Condori. De las fotografías proporcionadas por los periodistas a la Comisión, tampoco se acredita que sea la DINI la autora, ni del supuesto seguimiento del entorno familiar de la congresista Natalie Condori ni de las fotografías mencionadas. La investigación ha tenido serias limitaciones porque la congresista Natalie Condori se abstuvo de aceptar la invitación de la Comisión para dar su manifestación al respecto. Puesta al voto, se aprobó por mayoría, con el voto a favor de los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, César Yrupailla y el que habla Víctor Isla; en contra, la congresista Luz Salgado y el congresista Javier Bedoya. Conclusión D: para la recopilación ilegal de datos personales de los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y Juan Carlos Eguren Neuenschwander y de otras personas. Se ha establecido fehacientemente que las consultas a la SUNARP las realizaron, por lo menos desde el 8 de abril de 2005, con los Convenios de Cooperación Institucional suscritos entre la SUNARP y el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), primero; y, a partir del 28 de agosto de 2010 entre la SUNARP y la DINI; y desde el 18 de octubre de 2012 en base a la Adenda N.° 01 al último Convenio de Cooperación Institucional. Se ha comprobado que desde el 2011 a la fecha, por lo menos se ha realizado un total de 157 mil 455 búsquedas. No se ha comprobado que el señor Rosendo Chávez haya entregado la información recopilada a la Red Orellana. Esto es importante precisarlo, porque había una sindicación que pudo haber sido así, como una hipótesis de parte del congresista Víctor Andrés García Belaunde. Entonces, la Comisión señala que no se ha comprobado que el señor Rosendo Chávez haya entregado la información recopilada a la Red Orellana, cuyas actividades está investigando una Comisión Investigadora Especial.

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En ese sentido, la Comisión de Inteligencia debe seguir investigando para determinar esta posible infiltración tanto por el citado Rosendo Chávez como por funcionarios o empleados de la misma Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Se debe suponer razonablemente que la información recabada de los Registros Públicos debe haber tenido como fin garantizar la vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, en especial del accionar de organizaciones terroristas, del narcotráfico, del crimen organizado y otras, nacionales o extranjeras, que atenten o amenacen la plena vigencia del estado democrático como lo señala la ley. De hecho, durante la presente investigación no se ha determinado que la DINI haya brindado usos diferentes a los propósitos asignados por la ley, ni hemos tenido evidencias del uso ilegal, doloso o indebido de dicha información, razón por la cual concluimos que no existe presunción de la comisión de actos ilícitos. Sin embargo, resulta importante reflexionar sobre la necesidad y pertinencia de un acopio tan amplio de información, sin que ello suponga negar o limitar a la principal institución de inteligencia del país el acceso a todo tipo de información consignada en los Registros Públicos que no afecte la seguridad ni la intimidad de los ciudadanos. Por ello, a la luz de los hechos, sería necesario que la propia Dirección Nacional de Inteligencia evalúe si el procedimiento de acopio de información de los Registros Públicos en tan grandes volúmenes es adecuado para sus propios fines en el contexto de un sistema de inteligencia democrático, pues resulta absolutamente imprescindible evitar que las acciones de inteligencia generen desconfianza o no tengan legitimidad en la comunidad. Puesta al voto, se aprobó por mayoría, con el voto a favor de los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, César Yrupailla y el que habla Víctor Isla; en contra, la congresista Luz Salgado y el congresista Javier Bedoya. Conclusión E: para el incremento presupuestal y el gasto de recursos reservados del año 2013. Se ha demostrado que tanto el Contralor General de la República como el Director de Inteligencia Nacional han interpretado a su manera la Directiva 003-2006-DINI, que es la ‘Directiva para sustentar el procedimiento de autorización, uso, control y rendición de recursos especiales’, pues, en tanto la DINI retarda en dar a la Contraloría General de la República los documentos necesarios para el control de estos recursos basándose en el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública (tienen acceso a información reservada ‘… el Contralor General de la República…’), el órgano de control lo exige en base a sus atribuciones constitucionales y la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esta interpretación restrictiva por el Contralor General de la República y el Director Nacional de Inteligencia, impidió el control de dichos recursos durante el año 2014, como se estila en estos casos, debido al intercambio innecesario de comunicaciones (hubo un intercambio de oficio tanto entre la DINI y la Contraloría, uno solicitando 7

información, los otros diciendo que no podían darla pero sí que podían entregarla de manera directa, y el Contralor después de su presentación dentro de la Comisión recién realizó esta gestión, y aquí lo señalamos en esta conclusión), hasta que recién el día anterior a su presentación ante la Comisión de Inteligencia, es decir el 11 de febrero de 2015, el Contralor se apersonó a la DINI a recabar tal información. Se ha demostrado con ello, la inacción o falta de acción efectiva de la Contraloría porque no ha ejercido el control oportuno que le corresponde según la Constitución Política y su ley orgánica. Se ha demostrado que no se ha tenido en consideración la jerarquía legal que establece el artículo 51 de la Constitución Política, concordante con el artículo 82 del mismo cuerpo de leyes. Hay que tener en cuenta que ni el Decreto Legislativo 1141 y su Reglamento, ni la Directiva 003-2006-DINI, pueden limitar el cumplimiento las funciones constitucionales del Contralor General de la República. Respecto a la compra de equipos de interceptación legal, no se ha explicado ni documentado sobre los siguientes aspectos: —El gasto en infraestructura para el funcionamiento de los equipos adquiridos, que es del orden de los 16 millones de soles. —Las razones por las que la DINI adquirió estos equipos, en razón de que no es su función hacer este tipo de actividades operativas. —Las razones por las que estos aparatos han sido ubicados en el local donde funciona la DINI, en razón de que han señalado que los organismos que los utilizarán serian el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. —La existencia del correspondiente estudio de suelo para determinar la ubicación exacta donde deberían funcionar. Puesta al voto, se aprobó por unanimidad, con el voto de los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, Luz Salgado, Javier Bedoya, Cesar Yrupailla y el que habla Víctor Isla. Antes de llegar a las recomendaciones, cabe precisar lo siguiente: Que, con fecha posterior a la aprobación del informe en mayoría, la Contraloría General de la República informó en la sesión del 30 de septiembre que remitió al Fiscal de la Nación la Carpeta de Control 085 indicando los responsables de las presuntas irregularidades. Esto es importante señalarlo: Que, en una sesión posterior, en setiembre, el Contralor dio esta información indicando al responsable de la operación, y figura ahí: director de Inteligencia Nacional y director ejecutivo, por gestionar y autorizar directamente las operaciones del Proyecto Pisco.

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Esta es la conclusión de la Contraloría al órgano de línea, Direcciones de inteligencia y contrainteligencia, por no elaborar los planes de actividades de inteligencia y emitir solicitudes de recursos especiales para pagar obligaciones relacionadas al proyecto. También al especialista de la DINI (el bachiller de ingeniería electrónica), por haber aceptado su designación como coordinador técnico y verificar los avances de obras para la implementación del proyecto. Asimismo, informo los hechos observados en la acción de control. Que, durante los años 2012 al 2014, la DINI, sin tener un marco legal que permita su implementación u operatividad, adquiere un sistema de interceptación legal de comunicaciones, el cual está inoperativo, ejecutando gastos por 61 millones 670 mil 224. En octubre de 2012, sin contar con la disponibilidad presupuestal, la DINI comprometió recursos del año 2013, al aceptar la propuesta comercial de la empresa Verint Systems y emitir a su favor la orden de compra. Los órganos de línea de la DINI solicitaron recursos especiales sin haber efectuado el procedimiento establecido en la normativa interna, que establecía la elaboración del plan de actividad de inteligencia y previo al requerimiento de recursos. La DINI adquirió a la empresa Verint Systems un sistema de interceptación legal de comunicaciones, sin evaluar el precio y la calidad. La DINI ha cancelado la totalidad del sistema por 21 millones 600 mil dólares, sin que a la fecha esté operativo. Se realizó una capacitación por 850 mil dólares a 12 personas, de las cuales solo cinco permanecen en el proyecto, la misma que tuvo una duración de dos semanas en Israel y cuatro en Perú. La DINI contrató los servicios de RN Edifica S.A.C, para ejecutar obras por 9 millones 639 mil 806 soles, destinados a la instalación del sistema, sin contar con la documentación exigida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Además, las obras fueron verificadas y supervisadas por un bachiller en ingeniería electrónica. La falta de documentación sobre la obra (especificaciones técnicas, cuadernos de obra, planos, memorias descriptivas, etcétera) no permitió verificar la razonabilidad del desembolso efectuado; carencia del marco normativo que permita la implementación y operatividad del sistema adquirido. Luego, la Comisión determinó frente a esto las siguientes recomendaciones: En cuanto a la conclusión A, referente al caso de la congresista Espinoza, y la conclusión D, referente al caso de la recopilación de datos personales del congresista García Belaunde y el congresista Eguren y de otras personas, se hace necesaria la modificación del Decreto Legislativo 1141, Decreto Legislativo de fortalecimiento y modernización del Sistema Nacional de Inteligencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, en lo siguiente:

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Artículo 11: sobre el Consejo de Inteligencia Nacional, para restituirle las atribuciones como la máxima instancia colegiada del Sistema de Inteligencia Nacional encargada de orientar las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y tener carácter deliberativo y resolutivo. Artículo 17.3: sobre la función de la Dirección Nacional de Inteligencia de ejecutar actividades de contrainteligencia en el ámbito de su competencia, precisando aquellas actividades de contrainteligencia que puede realizar la DINI y aquellas que competen a los otros componentes del Sistema de Inteligencia Nacional. Artículos 21 y 24: sobre la designación y remoción del Director de Inteligencia Nacional y la designación del Directo Ejecutivo, para que el Director de Inteligencia Nacional sea designado y removido por el Presidente constitucional de la República y su nombramiento ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la República; y que el Director Ejecutivo de la DINI sea designado y removido por el Presidente de la República mediante Resolución Suprema refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Artículo 36.3: sobre las facultades de la Comisión de Inteligencia para fiscalizar todos los planes de inteligencia y contrainteligencia, inclusive los de carácter operativo y secreto, designar dos congresistas de la Comisión de Inteligencia, uno del partido de Gobierno y otro de la oposición que tendrán acceso a estos planes en cualquier momento. Puesta al voto, se aprobó por mayoría; lo hicieron a favor los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, Javier Bedoya, César Yrupailla y el que habla Víctor Isla. Se abstuvo la congresista Luz Salgado. En cuanto a la Conclusión E, incremento del presupuesto y gasto de recurso reservado del año 2013, se hace necesaria la modificación del Decreto Legislativo 1141, Decreto Legislativo de fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional-SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia-DINI, en lo siguiente: Artículo 29.1: sobre el control institucional, para que el control de las actividades de gestión administrativa, económica y financiera de los recursos y bienes de los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional, sean realizados sin limitación por el órgano de control institucional correspondiente, inclusive cuando se trate de los gastos reservados de inteligencia, lo que debe incluirse en las normas de la Contraloría General de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y los Ministerios del Interior y de Defensa. Artículo 30.6: sobre la rendición de cuentas de Recursos Especiales, para que la Dirección Nacional de Inteligencia y la Contraloría General de la República den cuenta a la Comisión de Inteligencia sobre el uso de las gastos de naturaleza reservada de la actividad de inteligencia que realizan los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional, en forma obligatoria, anticipada y permanente sin requerir solicitud de por medio. Puesta al voto, se aprobó por unanimidad, con el voto de los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, Luz Salgado, Javier Bedoya, César Yrupailla y del que habla Víctor Isla. 10

Asimismo, que el presente informe se remita al Ministerio Público, para que dentro de las atribuciones que le confiere el Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, evalúe la información contenida en el presente documento, con la finalidad de establecer si los actos descritos tienen o no relevancia de carácter penal. Puesta al voto, se aprobó por unanimidad, con el voto de los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, Luz Salgado, Javier Bedoya, César Yrupailla y del que habla Víctor Isla. Se remita a la Comisión reorganizadora de alto nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia creada por Decreto Supremo 013-2015-PCM, las recomendaciones del presente documento, para que informe a la Comisión de Inteligencia los avances y resultados de su trabajo, así como la implementación de estas recomendaciones que permitan el logro de los objetivos de la reorganización de la DINI. Puesta al voto, se aprobó por unanimidad, con el voto de los congresistas Hugo Carrillo, Daniel Mora, Luz Salgado, Javier Bedoya, César Yrupailla y del que habla Víctor Isla. Cabe precisar que todos conocemos que el informe de la Comisión Reorganizadora de Alto Nivel ya fue emitido. Finalmente, señor Presidente, colegas congresistas, hago de conocimiento de la Representación Nacional que los informes de la investigación en mayoría y en minoría y su ampliación, fueron remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros desde el 20 de mayo, y también se encuentran en la Cuadragésima Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima. Asimismo, que la Quinta Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima está investigando la adquisición de los equipos de interceptación telefónica legal por la DINI del Proyecto Pisco. Asimismo, el 27 de mayo se han entregado los informes de la investigación al Presidente de la Comisión Reorganizadora de la DINI, y el 19 de octubre en sesión el Primer Ministro Pedro Cateriano y los miembros de la Comisión Reorganizadora de Alto Nivel expusieron el informe final. Como consecuencia de la labor realizada por la Comisión de Inteligencia, el 11 de noviembre se aprobó el dictamen de los proyectos de ley que proponen modificar diversos artículos del Decreto Legislativo 1141 que recogen las propuestas de diversos congresistas, así como las recomendaciones de los informes de investigación, en mayoría y en minoría, y del informe de la Comisión Reorganizadora de la DINI; el mismo que se encuentra expedito para ser agendado y para su debate en el Pleno del Congreso de la República. Agradezco su paciencia. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Agradecemos la exposición del señor presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.

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A continuación, tiene la palabra la congresista Salgado Rubianes, para sustentar el informe en minoría a nombre de los firmantes. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente: En esta investigación que ha sido de oficio, como bien ha dicho el presidente de la Comisión de Inteligencia, los congresistas no hemos estado de acuerdo en una serie de conclusiones, y por eso es que en la mayoría de los casos hemos tenido que hacer un informe en minoría, que fue presentado el 1 de abril y ampliado el 29 de abril a raíz de las investigaciones por las denuncias públicas, y nosotros acordamos declararnos en sesión permanente casi los tres meses de verano. Nuestro informe en minoría ha sido firmado por los congresistas Carlos Tubino, Javier Bedoya y Luz Salgado; y, para efectos de la exposición en el Pleno, nos hemos dividido en tres partes. ¿Por qué? Porque con el informe en minoría nosotros vamos a aprobar algo que no reconoce el informe en mayoría. El informe en mayoría dice que no hubo seguimiento. El informe en mayoría dice que no hubo búsqueda. El informe en mayoría dice que no hubo irregularidades en la compra, y nosotros estamos comprobando que sí. ¿Por qué se hizo renunciar al jefe de la DINI, por qué se hizo renunciar al jefe de Contrainteligencia, por qué se hizo renunciar al director ejecutivo, por qué se nombró una comisión reorganizadora si nada de esto había pasado? Entonces, en una primera parte el congresista Javier Bedoya expondrá el caso del seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinoza. En la segunda parte, el congresista Carlos Tubino tratará los temas de seguimiento a políticos y diversos personajes, entre ellos el señor Jorge del Castillo, Jorge Paredes Terry, la congresista Natalie Condori, y luego abordará la afectación de miles de ciudadanos y la denuncia de los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y Juan Carlos Eguren. Y en la tercera parte, que estará a mi cargo, trataré los vínculos con Palacio de Gobierno y el Proyecto Pisco. Así que, pido a usted, señor Presidente, dar pase al congresista Javier Bedoya. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Bedoya de Vivanco. El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señor Presidente: Trataré de ser lo más esquemático y directo posible, para que la Representación Nacional pueda hacer el seguimiento debido a los hechos, que están cargados de circunstancias, fechas, personajes, que, si entro a detallar cada uno de ellos, evidentemente van a originar mucha confusión. En lo que se refiere al tema a mi cargo, que es el seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinoza, los hechos se produjeron el 3 de noviembre de 2014. Debemos empezar señalando que la vicepresidenta de la República vive en un condominio, que su casa queda al interior y que hay un muro perimétrico delantero.

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Estando ella en su domicilio, antes de salir fue informada por personal de su casa, que había salido temprano a adquirir el pan, de la existencia de un vehículo sospechoso con personas en su interior. Es así que cuando en la Comisión la vicepresidenta presta sus declaraciones, al igual que el personal de su vehículo, dice claramente Rolando Readhead Tello, que es el chofer del vehículo de la vicepresidenta: Cuando la señora sale de su domicilio y aborda el ‘cofre’ (el ‘cofre’ era la denominación con la cual se identificaba el coche de la vicepresidenta); entonces, cuando la doctora sale e ingresa al ‘cofre’, salió mortificada porque indicaba que había un carro frente a su domicilio, carro sospechoso con dos personas, y era un carro plomo con lunas polarizadas. O sea, antes de llegar a la calle, estando en el interior del condominio, ya la vicepresidenta estaba alertada; ya lo conversó y lo comunicó al personal de su vehículo, y así lo ha verificado el propio chofer. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista, si fuera tan amable, quisiera saber si está compatibilizado su discurso con el power point, para poder hacer el seguimiento. El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— No necesariamente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Correcto. Prosiga usted. El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Tengo otro orden mental al que aparece allí. Pero si coincidimos en algún momento con las diapositivas, en buena hora; y si no, yo sigo de acuerdo a mi esquema mental. En consecuencia, cuando la vicepresidenta da la orden, su vehículo comienza a salir del condominio rumbo a la calle. Dentro de su vehículo, lleva el chofer que conduce, un escolta y ella sentada atrás. Este vehículo es precedido por una motocicleta y es seguido por un vehículo con dos agentes. Cuando llegan a la puerta del condominio, o sea, ya en la calle, el chofer confirma ver la existencia de un vehículo estacionado, con dos personas sospechosas en su interior. El auto sale y toma rumbo a la derecha, y no bien pasa frente al vehículo estacionado que los estaba esperando, este vehículo enciende motores y se pliega a la caravana de la vicepresidenta. Informada de esto, la vicepresidenta da la orden al policía del ‘liebre’, el que iba en motocicleta: ‘Intervengan ese vehículo’. Cosa que así sucede; y el policía, entonces, los hace apearse, ponerse a un costado, que se identifiquen; y al mostrar sus DNI y documentos, se verifica que tenían carné del Ejército peruano. Y cuando les preguntan, estos dicen que están asignados al Servicio de Inteligencia. Son llevados, entonces, a la comisaría, y son llevados no como dan las versiones posteriores de estos mismos agentes; porque quiero que tengan muy en claro que hay 13

que hacer una diferencia: hay dentro del personal que presta servicio a la vicepresidenta personal propio de su confianza, como es su chofer y su seguridad dentro del vehículo; y hay personal de seguridad puesta por el Estado, como es el motociclista ‘liebre’ que precede la caravana de la vicepresidenta, y el vehículo camioneta posterior que iba con dos miembros de seguridad. Esto es importante, porque vamos a comenzar a ver las diferencias de las declaraciones de la vicepresidenta y el personal de su entorno versus la versión del personal que depende, obviamente, de Seguridad del Estado. La primera discrepancia es, según el chofer, según la seguridad de la vicepresidenta, según la propia vicepresidenta, que ese vehículo estaba estacionado esperando que ella saliera del condominio. Según la versión que dan posteriormente los otros agentes al servicio de la vicepresidenta pero que dependen de Seguridad del Estado, cuando el vehículo sale a la calle pasa otro vehículo y el jefe de la motocicleta ‘liebre’, al ver ese vehículo sospechoso y con lunas polarizadas, y que las dos personas que iban al interior miraron sospechosamente, él toma la iniciativa de intervenir el vehículo. No fue así; fue la vicepresidenta quien dio la orden, fue la vicepresidenta quien antes de salir del condominio había alertado a su personal. No fue iniciativa del piloto de la moto el proceder a intervenir el vehículo, sino fue orden de la vicepresidenta. Cuando son llevados a la comisaría, el motociclista que hace de ‘liebre’ indica que habían sido intervenidos porque tenían luna polarizada y no contaban con el permiso para llevar esa luna polarizada, negando haber recibido la orden de la vicepresidenta de intervenir el vehículo. Sin embargo, antes de alinear sus declaraciones de acuerdo al libreto que repiten ante la Comisión de Inteligencia, cuando todavía el policía ‘liebre’ actuaba libre y espontáneamente y no sujeto a un libreto que le habían dado, él llega a la comisaría y hace el parte. Y en el parte dice: ‘En el día de la fecha, a las 10 horas aproximadamente, el suscrito se encontraba en servicio en la escolta de la vicepresidenta de la República como motociclista, momentos en que se encontraba en la puerta del domicilio de dicha dignataria, ubicada en la calle número tanto, donde se percata de un vehículo sospechoso con lunas polarizadas con dos ocupantes’. O sea, él reconoce espontáneamente, y cuando la caravana de la vicepresidenta llega a la puerta de la calle, ya se percatan de la existencia del vehículo. No es un vehículo que pasó: ya estaba el vehículo ahí, corroborando la versión de la vicepresidenta, del chofer y del personal de seguridad al interior del vehículo vicepresidencial. Son llevados a la comisaría; y en la comisaría se presenta el personal de la DINI y les dan como explicación que no era un seguimiento a la vicepresidenta, sino que era parte del plan ‘Islámicos’. Ubiquémonos en el tiempo; acabamos de ver en días pasados que se ha llevado a cabo en París el encuentro internacional para ver todo lo concerniente al calentamiento global 14

de la tierra. Recordemos que justo un año antes, las sesiones preparatorias se llevaron a cabo acá en Lima; y, según la versión de la DINI, ellos habían detectado gente radical del islamismo que presumiblemente podía estar preparando un atentado contra la embajada norteamericana, los colegios que hay en los alrededores y contra determinadas familias de la colonia judía, que es gente adinerada; y que como la embajada, los colegios y estos residentes viven cerca o en las inmediaciones de la vicepresidenta, era realmente una labor de patrullaje, camuflados como agentes ocultos, lo que estaban haciendo. Ese es la explicación que nos dieron. Y que habían detectado la posibilidad de este atentado porque, primero, con la colaboración de servicios de inteligencia de otros países habían sido alertados de que en Magdalena funciona un templo islámico y que, poco antes, en una ceremonia religiosa se había presentado un enfrentamiento violento entre los grupos Sunitas y los grupos Chiítas; y que esto, entonces, había originado hacer un seguimiento, producto de lo cual se había determinado que había algunos agentes que trabajaban en la zona de Huancavelica, Abancay, Apurímac que se dedicaban a reclutar a jóvenes peruanos para adoctrinarlos y que inclusive los habían llevado, para adoctrinarlos y prepararlos, a Irán; y que todo esto estaba siendo monitoreado por nuestra DINI, con la colaboración de la Mossad de Israel y la CIA de Estados Unidos —es la versión que se nos dio oficialmente—, lo cual entonces originó que se hicieran todos estos patrullajes. Tan es así que la DINI nos presenta en la Comisión unas fotografías supuestamente tomadas en el momento de la intervención al vehículo; porque la DINI sostiene que no era un vehículo que estaba estacionado, sino que era un vehículo que coincidió en pasar por la puerta de la casa del condominio donde vive la vicepresidenta, en el momento en que su caravana salía, y que no se plegó a la caravana de la vicepresidenta y que no fue intervenido como consecuencia de haberse puesto a seguir a la caravana de la vicepresidenta, sino que fue intervenido 190 metros más allá donde estaban estacionados, después de una curva, que ni siquiera permitía donde estaban ellos ubicados visualizar la puerta de salida del condominio de la vicepresidenta. Y nos mostraron una foto de ese momento de la intervención al vehículo, a 190 metros de la puerta, con lo cual ellos corroboraban esto. No ha sido, como dice la vicepresidenta, la intervención a 40 metros de la puerta del condominio de la presidenta, sino a 190 metros en dirección opuesta y después de una curva. Nos presentan esta foto y nos afirman que esta foto fue tomada por el segundo, o sea el de seguridad que iba dentro del vehículo de la vicepresidenta. Cuando este fue entrevistado y se le muestra la foto y se le pregunta si él la había tomado, niega haberla tomado. Es una foto a la distancia, borrosa; el mismo vehículo Datsun aparentemente fue llevado, y entonces, cuando el supuesto autor de la foto desmiente las versiones del director de la DINI, capitán Briceño, este cambia su versión ante la Comisión y dice que él había visto las fotos y era la interpretación que él tuvo de esas fotografías; pero que, habiendo indagado más, había determinado que esas fotos, en efecto, no fueron tomadas por el hombre de seguridad que iba dentro del coche de la vicepresidenta, sino que fueron tomadas a la distancia por otra patrulla de la DINI que circunstancialmente pasaba por 15

allí, también dentro de sus labores. Entonces, termina dando marcha atrás y reconociendo que la primera versión que dio ante la Comisión evidentemente no era exacta. He tratado con ello, señor, de mostrar cómo se produjeron los hechos, dónde se intervino al vehículo y la falsedad de la versión de la DINI referida a que el auto estaba estacionado a 190 metros de la puerta del condominio de la vicepresidenta de la república, cuando no fue así. Por ejemplo, cuando a Marisol Cruz, vicepresidenta, se le pregunta: ‘¿Y cuando la escolta hace ese primer reconocimiento, ya estaba ese auto estacionado o merodeando o circulando? Y ella responde: ‘Ya estaba el auto allí, es por eso que se alerta. Estaba estacionado frente al estacionamiento’. Esta declaración nunca ha sido cuestionada. Cuando al chofer de la vicepresidenta se le pide bajo juramento que declare, dice, lo que les leí al inicio de mi intervención: ‘Cuando la doctora sale e ingresa al cofre —o sea al vehículo—, salió mortificada porque indicaba que había un carro frente a su domicilio. Entonces, al salir siempre tengo que divisar si viene un carro de un lado izquierdo, ese es el sentido del tránsito, y vi el carro que la doctora más o menos indicaba, las características que tenía, era un carro plomo con lunas polarizadas y dos personas. Entonces, hemos avanzado’. Se le repregunta: ‘¿Y usted vio ese carro parado, estacionado? Sí —dijo—, estacionado’. También me he referido a las dos versiones que de la foto que nos presentó la DINI ha dado la persona de su director, el capitán Briceño, primero tratando de decirnos que había sido una foto tomada por miembro del personal de la vicepresidenta, para después tener que reconocer que había sido tomada a la distancia por otra unidad de la DINI que pasaba por esos lugares. De allí hemos citado al motociclista, hemos citado a los dos policías que hacían el seguimiento en vehículo adicional al cofre, o sea al coche de la vicepresidenta; y cosa curiosa, señores congresistas: todos ellos citados para que den su declaración testimonial —de nada se les estaba imputando, simplemente para que dieran su versión—, todos se presentan acompañados por un abogado; los tres acompañados en fechas distintas cada uno por el mismo abogado, abogado puesto por la DINI; y los tres nos van a dar una versión que difiere de la original, empezando por el que manejaba la moto liebre, que ahora ya dice que la intervención fue en otro lugar, que el vehículo estaba pasando y no estacionado, y que él intervino el vehículo de propia iniciativa porque vio que era un carro sospechoso y que no hizo esa intervención por cumplir órdenes de la vicepresidenta. Es decir, cuando a las varias semanas de haber iniciado las labores la Comisión de Inteligencia, se cita a estos tres agentes, que no son agentes designados por la vicepresidenta, sino puestos a su servicio por el Estado peruano y que dependen del Ministerio del Interior, los tres van acompañados del mismo abogado y van exactamente con el mismo libreto, que difiere de sus declaraciones iniciales y difiere de las versiones que tanto la vicepresidenta como su chofer y su seguridad al interior del vehículo nos habían proporcionado.

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También he explicado los argumentos que nos dieron en torno al famoso plan ‘Islámicos’ y en qué consistía este plan. Yo creo que el Gobierno conocía perfectamente todo esto antes que esto se hiciera público, porque esto se hace público varias semanas después de haber ocurrido los hechos, porque un canal de televisión los propala. Pero el mismo día que ocurrieron los hechos, la vicepresidenta, según ha declarado ante la Comisión, indignada llamó al jefe de la Dini y reportó, y fue donde el Presidente de la República para informarle de esto; y la entonces primera ministra Ana Jara, aquí presente, en las declaraciones que ha dado nos dice: ‘Yo recuerdo, presidente —dirigiéndose al presidente de la Comisión—, que el Jefe de Estado iba a hacer un viaje largo al exterior los últimos días de noviembre, y me dejó instrucciones sobre el tema de gestión pública los días en que él iba a estar fuera; y entre esos temas, me participó que la vicepresidenta Marisol Espinoza le había hecho saber de un supuesto seguimiento que le estaría haciendo la Dirección Nacional de Inteligencia’. Yo termino indicando que cuando todos estos hechos salieron a luz, se hicieron públicos por los periodistas que los dieron a conocer; fue un programa de televisión, pero antes el diario Correo, cuyo director fue citado a la Comisión y nos hizo saber que cuando ellos reciben las fotos, los videos y todos estos hechos, y los reciben, según manifestaron, de un informante de adentro de Palacio de Gobierno —por razones profesionales los señores del diario Correo no iban a mencionar de quién se trataba—, esta persona que les proporciona la información les indica ‘Si ustedes publican esto, el Gobierno va a negarlo y va a aducir, como razones, que se trataba de un operativo de otra naturaleza’. Los hechos posteriores y la aparición del plan ‘Islámicos’ han corroborado lo que semanas antes que se nos adujera la existencia del plan ‘Islámicos’ se nos había adelantado. Es evidente, entonces, que aquí ha habido un seguimiento a la vicepresidenta. ¿Con qué fines? Entraríamos ya en un plano especulativo; pero si lo analizamos en retrospectiva, con los elementos que hoy en día tenemos, con el distanciamiento político de la vicepresidenta respecto del Gobierno y de su propia bancada, con las declaraciones que la señora primera dama habría vertido sobre la vicepresidenta y que otros congresistas han hecho público en canales de televisión; es evidente que ya desde entonces había, no sé si un distanciamiento entre la vicepresidenta y el Gobierno, pero sí, evidentemente, fastidio por lo menos en las más altas esferas del Gobierno respecto de la vicepresidenta. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Tubino Arias Schreiber. El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Señor Presidente: Voy a tratar de ser concreto; por lo tanto, voy a leer y hacer el seguimiento de las transparencias que tenemos en el power point que estoy presentando. Voy a exponer varios casos del informe en minoría sobre la investigación de las denuncias de acciones ilegales ejecutadas desde la Dirección Nacional de Inteligencia -DINI.

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El primer caso que voy a exponer es el de seguimientos a políticos y otros personajes. Se trata de seguimientos al señor Jorge del Castillo; al señor Jorge Paredes Terry, ex asesor del congresista Abugattás; y a la congresista Natalie Condori. En enero de 2015, en la revista Correo Semanal y en el diario Correo, se publicó una serie de denuncias de seguimiento a diversos políticos y personajes, tales como la vicepresidenta Marisol Espinoza, según acaba de exponer el congresista Javier Bedoya, el señor Jorge del Castillo, las congresistas Natalie Condori y Cecilia Tait, el congresista Rogelio Canches; asimismo, el ex asesor del congresista Daniel Abugattás, señor Jorge Paredes Terry, entre otros.(Ver cuadro 1.) Empezaremos con el seguimiento efectuado al señor Jorge del Castillo. Como señalé, en enero de 2015 el diario Correo publicó un reportaje en el que denunciaba haber recibido información respecto del señor Jorge Del Castillo, en que se pretendía sindicarlo como el principal lobista del partido aprista en el sector minero energético.(Ver cuadro 2.) A continuación veremos un video que Correo Semanal recibió junto con el informe. En él se ve que la grabación es hecha aparentemente desde un auto a unos metros de su oficina. —Se proyecta el video. Lo que se muestra acá es observación y vigilancia durante la mañana y la noche. El informe de nueve páginas, que se ve en esta transparencia, al lado izquierdo de la lámina, da detalles de las personas que visitaron la oficina del señor Jorge del Castillo, en San Isidro, entre marzo y mayo de 2014.(Ver cuadro 3.) Acá se puede ver, y se ha visto en el video, reuniones de Jorge del Castillo con funcionarios, privados y públicos, vinculados a intereses minero energéticos, que se decía que lo convertían en el principal lobista del partido aprista. Acá podemos ver en esta transparencia que la personas señaladas en ese informe son el señor Jesús Campo Ángeles, Julio Manrique Álvarez, Jorge Herrera Valladares, Bryan Schwartzman Sterental, José Manuel Zegarra Freund, Luis Ceferino Garrido Maza, Juan Guillermo Wendorff Juárez.(Ver cuadro 4.) Como puede verse en la misma transparencia, las fotos, que no se ven muy bien, son de Reniec, nombre este que se lee en diagonal; o sea, en cada foto en diagonal se lee Reniec 2014; y al lado derecho de cada foto aparece la fecha y hora de la búsqueda efectuada. Es aquí donde encontramos las evidencias irrefutables, a fin de verificar qué personas habían solicitado a Reniec la información de los visitantes a la oficina del señor Jorge del Castillo. Pedimos a Reniec los reportes de búsquedas y nos dimos con la sorpresa de que fue realizada por el técnico en operaciones de inteligencia de la DINI Héctor Eufrasio Vera Rebollar. Hemos visto que las fotos nos decían claramente que esto venía de Reniec y estaba la fecha. Con eso, se preguntó a Reniec y nos dio la información de que quien

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había hecho esta búsqueda a esas personas era el señor Héctor Eufrasio Vera Revollar, trabajador de la DINI. Como puede verse en ese cuadro, y es muy importante, a la izquierda están los nombres de las personas buscadas; en la siguiente columna, la fecha de la vigilancia, es decir, en el terreno, la vigilancia señalada en el informe; y luego se observa que la búsqueda, y con clave PCM, fue realizada por personal de la DINI. Y se ve también, en la siguiente, la fecha y hora de la búsqueda. Es muy importante visualizar que las búsquedas son hechas a los pocos días de realizado el seguimiento, pero no con una persona sino con todas; es decir, se observaba a una persona que ingresaba, en este caso, a la oficina del señor Del Castillo, y se identificaba qué persona era, y luego de unos días se hacía ya la búsqueda en Reniec, buscando ya toda la información con relación a esta persona. Y eso ¿quién lo hacía? Lo hacía personal de la DINI. Entonces, ¿quién había hecho el seguimiento? Por supuesto, personal de la DINI.(Ver cuadro 5.) Asimismo, como puede verse en ese cuadro, otro agente de la DINI, esta vez el jefe de Producción de Inteligencia, José Antonio Ramos Madrid, realizó búsquedas a las mismas personas; es decir, verificando lo que se había hecho, utilizando un código de usuario asignado a la PCM.(Ver cuadro 6.) En esa lámina se observa, con detalle, lo que dije anteriormente: que no se veía muy bien una de las fotos del informe que se entrega a Correo, en que se observa la fecha y hora de la búsqueda en forma vertical; y al pedir el reporte a Reniec, se verifica quién la efectuó: José Antonio Ramos Madrid, jefe de Producción de Inteligencia de la DINI.(Ver cuadro 7.) ¿Qué nos evidencia esto? Que, luego de las actividades de seguimiento a cargo del personal operativo de la DINI, la identificación de las personas observadas se encarga al técnico en operaciones de inteligencia Héctor Eufrasio Vera Revollar. Luego, el jefe de Producción de Inteligencia, José Antonio Ramos Madrid, reitera la búsqueda a fin de elaborar el informe correspondiente. Esto, señores, constituye prueba plena; queda acreditado que fue la DINI la que efectuó la vigilancia y seguimiento de esas personas con las búsquedas detectadas. Vamos a ver ahora el caso del seguimiento al señor Jorge Paredes Terry, ex asesor del congresista Abugattás. En octubre del 2014, Correo Semanal nos remite un informe, que es uno más de todos los que le fueron entregados, donde se da cuenta de algunas actividades del señor Paredes Terry. Se señala que el ex asesor del congresista Abugattás mantiene vínculos de interés con el señor Jorge del Castillo y que el objetivo sería dañar la imagen y credibilidad del presidente, la primera dama y altos funcionarios. Refiriéndose a la empresa de Jorge del Castillo ‘Diálogo y Soluciones SAC’, comenta: ‘Esta empresa y sus principales asociados vendrían dedicándose al recojo y manipulación de información a través de los diversos operadores psicológicos del partido aprista con la finalidad de comprometer la imagen, confianza y credibilidad del Presidente de la República, su familia, así como de otros funcionarios del Estado’. 19

En el informe se especula que Paredes Terry posiblemente contribuye con el APRA, proporcionando información distorsionada y manipulada contra las principales autoridades del Gobierno Central. Finalmente, concluye señalando que no se descarta que los medios de comunicación realicen una agenda mediática con la finalidad de comprometer la imagen y credibilidad del Presidente de la República, la primera dama y altos funcionarios del Estado. Anteriormente, el 13 de junio del 2014, y esto es muy importante, una revista local publica la denuncia del seguimiento efectuado a este señor Paredes Terry y la forma como este sorprendió a su seguidor. Textualmente dice así el informe: ‘Jorge Paredes Terry, presidente del Movimiento Patria para Todos, denunció que es vigilado afuera de su domicilio, en San Borja; señala que tocaron el timbre en su casa, y cuando se asomó por la ventana, el sujeto salió corriendo y subió a un carro color plata, de placa D7P275. Denuncia también que interceptó e hizo que detuvieran a otro sujeto que lo estaba filmando, pero que inexplicablemente lo soltaron’.(Ver cuadro 8.) Pues bien, en mayo de este año, América Televisión remite, entre otros documentos, este informe del jefe de Contrainteligencia, que está al lado izquierdo, que está proyectado en la transparencia mostrada, en el que se evidencia que la DINI estuvo haciendo seguimiento al señor Jorge Paredes Terry.(Ver cuadro 9.) Dice el informe: ‘El 10 de junio de 2014 —este es el informe de la DINI—, en circunstancia en que un operativo de la Dirección de Contrainteligencia efectuaba actividades de observación, vigilancia y seguimiento, a inmediaciones del domicilio del objetivo denominado TOTO, fue referido por este, logrando fotografiar a uno de los agentes y al vehículo en que se desplazaba, de placa D7P275’. Esto, nuevamente, constituye prueba plena de la vigilancia y seguimiento a un adversario político del Gobierno con recursos de la DINI, ya que el mismo informe de la DINI da cuenta de que fue sorprendido el agente cuando estaba haciendo observación y vigilancia. O sea, qué mejor prueba de que esto realmente se llevó acabo. El caso de la vigilancia y seguimiento a la congresista Natalie Condori nos permite confirmar el modus operandi de la DINI. El informe entregado a Correo Semanal señala una serie de supuestos hallazgos y da cuenta del seguimiento efectuado a diversas personas de su entorno, su madre, su hermano y la propia congresista. Reseña las Comisiones a las cuales pertenece e identifica el vehículo que posee. Contiene información de su madre, hermano, trabajadores y efectivos de seguridad que la custodian. Se incluye en el informe una serie de fotos sobre presuntas actividades irregulares, con el fin de evidenciar supuestas irregularidades en su accionar.(Ver cuadros 10 y 11.) Pues bien, aquí, al igual que en el caso del señor Jorge del Castillo, efectuamos la constatación de las fechas de las fotografías con el reporte de Reniec, y se verifica que quien hizo las búsquedas es nada menos que el agente Johnny Bravo, el funcionario de la DINI que rescató a los agentes que vigilaron la casa de la congresista Marisol Espinoza. También participó personal de la Digimin. Nuevamente coinciden fechas y personas. Otra prueba plena adicional.(Ver cuadros 12 y 13.) 20

Recordemos ahora que quienes nos proporcionaron la información sobre estos casos son los periodistas de Correo Semanal señor Iván Slocovich y señor Américo Zambrano; información que es relevante al ser corroborada con la información que se ha obtenido por Reniec. Pues bien, el propio director de la revista Correo Semanal, señor Iván Slocovich, declaró ante la Comisión que los expedientes con todos estos datos producto del seguimiento y vigilancia al señor Jorge del Castillo, a la congresista Natalie Condori y a otras personas, se los entregaron con el encargo expreso de desacreditarlos y desprestigiarlos. Sin embargo, el señor Slocovich decide invertir el uso de este material, es decir, decide denunciar el uso ilegal de los recursos de la DINI en seguimiento con fines políticos partidarios. El periodista de Correo Semanal, señor Américo Zambrano, que también fue muy claro en sus declaraciones ante la Comisión, ratifica lo dicho por el señor Slocovich. Dijo textualmente: ‘Esta información se la proporcionan con el fin de desacreditar a las personas que han sido víctimas o que aparecen en las imágenes o en los documentos’. El propio señor Slocovich indica textualmente que se les dijo que el material provenía de la Dirección Nacional de Inteligencia. En el mismo sentido, el señor Américo Zambrano indica en sus declaraciones textualmente lo siguiente: ‘Entonces quedó clarísimo que quienes proporcionaban o quienes entregaban el material para que ellos armen este tipo o utilicen estos insumos era el propio jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. A mí se me aseguró que esos trabajos los estaban haciendo, por un lado la Dirección Nacional de Inteligencia, y también había equipos de la Dirin, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional’. El señor Zambrano indica explícitamente que quien le entregaba a él los expedientes son personas que trabajan en el Gobierno actualmente, específicamente en el Ministerio del Interior. Según el señor Iván Slocovich, la existencia de expedientes con información dirigida a desprestigiar a personas cercanas convertidas en presuntos enemigos políticos, es una práctica extendida. Dijo textualmente: ‘Me mostraron imágenes y documentos de la señora Randa Mussallam. Me mostraron también un material de la congresista Esther Saavedra, que al parecer era un reglaje. Había imágenes de vehículos de ella, que tampoco me las entregaron, y de otra funcionaria de quien nos reservamos el derecho de decir su identidad, porque todavía estamos verificando la información’. Conclusiones: Se ha acreditado la realización de seguimientos sostenidos y sistemáticos a Jorge del Castillo Gálvez, Jorge Paredes Terry y Natalie Condori Jahuira, con el objetivo político de presuntamente desprestigiarlos y/o desacreditarlos frente a la opinión pública. El desarrollo y contenido político de los informes, los altos costos representados en la labor de observación, vigilancia y seguimiento realizado, y la inacción y negligencia de la DINI para detectarlo, constituyen indicios razonables de que no serían empresas privadas las responsables de dicho accionar ilícito, sino que se trataría de la utilización de recursos 21

públicos por parte de los servicios de inteligencia con un claro intento de beneficio político. Los seguimientos habrían sido realizados por personal de la DINI y los informes obtenidos y difundidos por funcionarios cercanos a Palacio de Gobierno, según la sindicación directa de los periodistas de la revista Correo Semanal. Un ex alto funcionario del Ministerio del Interior del actual Gobierno, que labora en una institución muy cercana al señor Presidente de la República, conjuntamente con otra persona, serían los encargados de entregar a los periodistas y difundir los documentos elaborados por la DINI para desprestigiar a los enemigos del Gobierno. Las asociaciones ilegales de seguimiento y espionaje solo pudieron realizarse con el consentimiento y/o aprobación del jefe de la DINI, con la aprobación del Presidente de la República, de quien depende funcionalmente. Por último, la Comisión investigó también las denuncias de los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y Juan Carlos Eguren, así como la afectación de miles de ciudadanos. El 30 de enero de 2015, el congresista Juan Carlos Eguren denunció ante la Comisión un presunto seguimiento o verificación de datos por parte de personal de la DINI a diversos congresistas, en que se han buscado propiedades, vehículos, inmuebles, empresas, e inclusive a los familiares y empleados de sus respectivos despachos. El 16 de febrero de 2015, el congresista Víctor Andrés García Belaunde denunció que en el marco de las diversas calumnias y difamaciones en su contra por parte de la Red Orellana, inició algunas investigaciones que lo llevaron a encontrar un reporte de la Sunat en el cual se detallan las búsquedas realizadas por parte del señor Rosendo Chávez Rojas, que pertenece al personal de la DINI, respecto a los datos registrales del congresista y toda su familia. Recibimos también en la Comisión, el 4 de febrero de 2015, la declaración del señor Rosendo Chávez Rojas, trabajador de la DINI, quien reconoció específicamente que sí recibía órdenes de su director de Contrainteligencia para efectuar estas búsquedas, y que él hacía este trabajo que a su entender era rutinario. En esta transcripción de la declaración del señor Rosendo Chávez, reconoce explícitamente que el vio el nombre del congresista García Belaunde, de su esposa y de su hija en el pedido de búsqueda de información. Textualmente dijo: ‘Yo recuerdo que todo pedido, todo trabajo que se hacía o se hace en esa oficina, obedece a un pedido de información, y ese pedido de información —como repito— lo visa el señor Mauro Castañeda, que es el director de Contrainteligencia’. Según el director de Contrainteligencia, Mauro Castañeda, la información era utilizada por diversas secciones de la DINI y autorizada por la Dirección Nacional, la que reportaba al señor Presidente de la República directamente. La 157 mil 455 búsquedas en Sunarp se realizaron desde cuatro claves asignadas a la PCM. Textualmente dijo: ‘Es a través de la Dirección Nacional, y son exclusivamente para 22

las instituciones del Estado, no es para trámites. Y aparte de eso también, lo solicitan las secciones y las direcciones internas que requieran para su trabajo de análisis de inteligencia. Entonces, en ese caso yo como director de Contrainteligencia me remito a tramitar el trámite de la solicitud o la orden de actualización de datos de todas las personas de la administración pública que lo soliciten ahí…’. Conclusiones: Se ha acreditado que la DINI habría realizado búsquedas de información de personajes políticos y ciudadanos con el objetivo de usar la información con fines políticos. Dicha actividad se habría realizado de manera sistemática y tuvo como objetivo desacreditar o condicionar el accionar de las personas vigiladas. Se ha determinado que se realizaron acciones de búsqueda y probable seguimiento contra diversos ciudadanos, como funcionarios, empresarios, periodistas y familiares de políticos, que no constituyen ninguna amenaza para la defensa y seguridad nacional. Se ha comprobado con la información entregada por Sunarp que las búsquedas realizadas por los servicios de inteligencia eran sistemáticas y tenían como propósito indagar la vida personal, patrimonial y familiar de políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos con fines políticos. Asimismo, esta información habría sido indebidamente utilizada con el propósito de iniciar procesos legales contra una de las víctimas del seguimiento, como es el caso del congresista Víctor Andrés García Belaunde. La recopilación de la información fue realizada desde cuatro claves asignadas en base a los convenios firmados desde el año 2005 con la Sunarp por parte de la DINI y habría sido ordenada desde la alta dirección de esta institución que depende funcionalmente del Presidente de la República. La labor desarrollada por la DINI habría sido realizada con el consentimiento o permitida por el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y la primera ministra, Ana Jara Velásquez, considerando que dicha entidad depende funcionalmente del Presidente de la República y se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, según el artículo 16 del Decreto Legislativo 1141. Finalmente, se ha comprobado que se utilizaron recursos públicos para fines distintos a la funciones de la DINI. Señor Presidente, quiero terminar mi participación cediéndole la palabra a la congresista Luz Salgado, resaltando que el trabajo que hemos efectuado en la Comisión a nivel del informe en minoría, elaborado por la congresista Luz Salgado, el congresista Javier Bedoya y quien habla, ha sido sumamente riguroso y serio, con el principal objetivo de demostrar lo que ha quedado plenamente acreditado y que se ha descrito en la conclusiones, donde se han encontrado indicios razonables que han expuesto las evidencias y lo que jurídicamente se conoce como prueba plena de la posible comisión de delitos. Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Finalmente, tiene la palabra la congresista Salgado Rubianes, para terminar de sustentar el informe en minoría. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Señor Presidente: A mí me toca hablar de otros casos al que hemos puesto el Caso IV: Vínculos con Palacio de Gobierno. Los Jefes de Operaciones de la Dirección de Contrainteligencias, y digo los jefes porque fueron dos, visitaron la oficina del asesor presidencial Eduardo Roy Gates, en Palacio de Gobierno, a pesar de no tener ninguna relación funcional ni legal. Según el artículo 10 del Decreto Supremo 066-2006-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, los consejeros presidenciales solo actúan por indicación expresa del Presidente de la República, es decir, si ellos no tienen autorización expresa, no tienen por qué actuar. Asesoran, elaboran estudios y emiten opiniones en asuntos que les son requeridos por el Presidente. En algunos casos asumen otras funciones que les son asignadas por el Presidente.(Cuadro 14.) Visitas realizadas al asesor presidencial: Con fecha 6 de diciembre de 2012, el señor Mauro Castañeda Prada, ex jefe de Contrainteligencia, visita al señor Roy Gates a las 10 y 30 de la mañana y sale a las 11 y 51; vale decir, estuvo 1 hora y 21 minutos. El 6 de febrero de 2013, el señor Castañeda Prada, ex jefe de Contrainteligencia, visita al señor Roy Gates, de 9 y 5 a 10 y 3, o sea 58 minutos. El 25 de enero de 2013, el señor Johnny Bravo Sánchez, ex jefe de Operaciones de la DINI, visita al señor Roy Gates, de 18 y 43 a 19 y 30, o sea, 47 minutos. El 25 de enero de 2013, el señor Arturo Barraza Luyo, también ex jefe de Operaciones, en ese momento era jefe de Operaciones, visita al señor Roy Gates, de 18 y 51 a 19 y 30, o sea, por 39 minutos.(Ver cuadro 15.) ¿Qué dijeron los jefes de operaciones sobre las visitas a Roy Gates? Cuando los hemos llamados a la Comisión de Inteligencia, y por eso repito que este examen lo hemos hecho durante más de tres meses, y eso sí, con la anuencia y la asistencia de todos los congresistas de la Comisión de Inteligencia, nos ha permitido sacar una serie de conclusiones. Arturo Barraza Luyo, jefe de operaciones en el 2013, dice: “Bueno, en relación a ese asunto, yo fui comisionado por mi jefe de ese entonces, que me acercara a Palacio y recibiera un informe, no, me dijo una información, tal vez se refería a un documento, seguro; ‘anda y entrevístate con el señor Roy Gates, te va a entregar una información’…”. “Bueno —dice—, ese día llegué a Palacio, me hicieron pasar, por alrededor de dos minutos estuve esperando, me hicieron pasar a una salita, después de un tiempo vino una señorita y me dijo: ‘el señor Roy Gates se disculpa, pero no lo va a poder atender porque se le ha presentado un asunto urgente’, y me retiré sin nada”. Estuvo 39 minutos.

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Johnny Bravo Sánchez, ex jefe de Operaciones también en el 2014, dice: “Fui acompañando al funcionario, él se llama Arturo Barraza, que en ese entonces era el jefe de Operaciones, yo no era el jefe de Operaciones. Lo acompañé; pero igual, me quedé en la antesala, no sé…”. “Estábamos trabajando en la calle y me dijo: ‘¿Sabes qué? Hay una diligencia en Palacio, acompáñame a ver si de repente necesitamos algún apoyo’. Entonces fui, lo acompañé, pero dijo… la verdad, no me dio mayor detalle. Solamente entré con él, porque dejamos nuestro DNI y, lógicamente, uno se queda en el pasadizo”. Él estuvo 47 minutos.(Ver cuadros 5 y 6.) No es lógica, pues, la explicación que nos dieron a la Comisión de Inteligencia. Eran jefes de operaciones de Inteligencia, y se supone que si los han llamado tenía que ser por algo importante. ¿Qué dijo el señor Mauro Castañeda cuando lo llamamos? El jefe de Dirección de Contrainteligencia de la DINI dijo: ‘En una oportunidad el director, no recuerdo qué fecha, me indicó que Arturo Barraza fuera a Palacio a recibir un documento. ¿Puedes ir? Y fue todo eso. ¿Qué cosa le habrá indicado? ‘No sé’. O sea, Castañeda que era nuestro jefe de Contrainteligencia manda a sus jefes de operaciones a Palacio de Gobierno, y no sabe para qué los manda. Y dice: ‘Cuando yo fui —porque a él le preguntamos, ¿y usted por qué fue?— en anteriores oportunidades, fui para coordinar unos sistemas informáticos y de seguridad’. El jefe de Contrainteligencia no tiene que estar viendo los temas informáticos. Conclusiones sobre esta parte: Existen, pues, evidencias de reuniones sostenidas por el ex asesor presidencial Eduardo Roy Gates —al que no pudimos invitar porque no tuvimos mayoría en la Comisión de Inteligencia— con el jefe de Contrainteligencia y dos jefes de Operaciones de esta dirección, lo cual hace presumir, de acuerdo a la normatividad, que estas eran realizadas por encargo del Presidente de la República; porque, si no, no se explica por qué el señor Roy Gates se reunía con los jefes de operaciones y con el jefe de Contrainteligencia. Debe tenerse en cuenta que la Dirección de Contrainteligencia está involucrada en las búsquedas registrales a miles de ciudadanos y en el seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinoza. Caso V: adquisición de equipos de interceptación, Sistema de interceptación legal ‘Proyecto Pisco’. Sobre la adquisición de equipos de interceptación telefónica (Ver cuadro 18.) El ‘Proyecto Pisco’ se inicia por un encargo verbal del Presidente de la República: Luego de las denuncias públicas de seguimiento por parte de la DINI y por requerimiento de la Contraloría, Víctor Gómez, el ex jefe de la DINI, compañero del presidente Ollanta Humala, informó mediante carta de 19 de febrero de 2015, que la compra del equipo fue un encargo del Presidente de la República (no se basó en estudios previos). Nosotros estábamos preocupados porque frente a los requerimientos que también le hacíamos a la 25

Contraloría de la República, decíamos quién ordenó comprar esto, con qué estudio se mandó comprar. Y cuando hemos requerido al jefe de la DINI, él le pide a su vez informe al ex jefe de la DINI, Víctor Gómez. Es por eso que le manda esta carta donde en la parte final —está resaltada— dice: ‘En estas circunstancias y luego de varias conversaciones, a principios del año 2012 recibo el encargo del señor Presidente de la República de empezar a indagar sobre sistemas de interceptación legal existentes en el mercado’. O sea, solamente esta conversación sirve para que se inicie la compra de todo este equipo. No hay requerimiento de los organismos que son los encargados, de los técnicos, en decir: ‘Mira, esto necesitamos para hacer el seguimiento’, porque sí es necesario. Es necesario para combatir el narcotráfico, es necesario para combatir el crimen organizado, es necesario para hacer una serie de seguimientos de inteligencia que hoy día nos podrían estar ayudando; pero no para perseguir a los ciudadanos ni a periodistas, ni a políticos adversarios al Gobierno.(Ver cuadro 19.) En el año 2013 se incrementó el presupuesto de la DINI para gastos reservados, ustedes se acordarán, de 18 millones a 73 millones. Este incremento de 55 millones de nuevos soles de los gastos reservados tuvo como objetivo adquirir un equipo de interceptación telefónica a la empresa israelí Verint Systems Ltd., eludiendo la Ley de contrataciones del Estado. La adquisición no tiene sustento técnico No participaron expertos, técnicos o un comité especial para la adquisición. Solo existe un documento llamado ‘Análisis comparativo de plataformas de interceptación legal’, elaborado por el señor Iván Kamisaki, ex director ejecutivo. Él es miembro de la policía, pero no es experto en el tema; no está capacitado para analizar la tecnología de estos equipos. No hay sustento técnico de la razón por la cual se selecciona a la empresa Verint Systems Ltd. El órgano de línea de la DINI nos contestó que no participó en la adquisición. La decisión fue tomada solo por el jefe de la DINI, en ese entonces el señor Víctor Gómez, compañero de promoción del Presidente Ollanta Humala, y el entonces jefe de gabinete de asesores Iván Kamisaki. El monto de la compra fue de 64 millones 332 mil 332 soles y las obras civiles relacionadas al proyecto, de 9 millones 631 mil 806 soles. El costo total a la fecha es de 73 millones 964 mil 138 millones soles. Es decir, la decisión la toman solamente dos personas, y supuestamente el Presidente; porque, si no, cómo se explica que muevan estas partidas que no son poca cosa. El ‘Proyecto Pisco’ no tuvo una adquisición transparente

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El examen especial de la Contraloría a los recursos especiales de la DINI del año 2013, concluye: No se proporcionó información sobre la adquisición de los equipos de interceptación (criterios para determinar al proveedor, calidad, cantidad, precio, garantía, capacitación, etcétera) de bienes especializados. No se permitió la inspección física en un primer momento. Negativa a la evaluación de los controles internos aduciendo normas de reserva. La auditoría presupuestal de la Contraloría del año 2013 concluye: En ‘abstención de opinión’. Cuando la Contraloría no encuentra las cosas claras, dice: ‘Me abstengo’; y en la ejecución del año 2013 concluye, entonces, en abstención de opinión, debido a que no se alcanzó el sustento de los gastos de adquisición de bienes a proveedores extranjeros por un monto de 54 millones 948 mil 679. Contraloría nos informa recién en febrero de este año 2015 de esta falta de información. El Proyecto Pisco no tuvo una adquisición transparente: El 23 de julio del 2014 la Contraloría insiste en solicitar la documentación que respalde la adquisición de bienes —insiste porque nosotros también estábamos detrás de la Contraloría—: precio, garantía, criterios para determinar al proveedor, etcétera. El 2 de diciembre de 2014 la Contraloría manifiesta que ha recibido información incompleta y en copia simple. El 21 de enero de 2015 reitera la necesidad de que se entregue la información. Recién a partir del 9 de febrero de 2015 la DINI empieza a enviar a la Contraloría la información de la adquisición del sistema de interceptación legal. El 11 de febrero de 2015, el Contralor informó a la Comisión de Inteligencia respecto a los problemas que se suscitaron en la adquisición del sistema de interceptación. Conclusiones sobre este tema: La Dirección Nacional de Inteligencia no ha proporcionado información de manera oportuna a la Contraloría General de la República y esta no ha actuado oportunamente para velar por la legalidad de la adquisición de equipos de interceptación telefónica y de datos. No se ha sustentado adecuadamente la razón de la compra por parte de la DINI de estos equipos de interceptación telefónica y de datos, los gastos en infraestructura por 16 millones de soles, ni las razones por las cuales se ubica en las instalaciones de la DINI. Nos dijeron que no podían porque estos equipos debería administrarlos el Ministerio del Interior; pero nos dijeron que allí no se podía hacer, por los suelos.

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Pero estos temas han seguido después de que nosotros hemos entregado los informes, y creo que el Pleno tiene que saber del trabajo que ha hecho la Comisión de Inteligencia y de este dictamen en minoría, porque tiene sustento. Hay nuevos elementos recogidos después de la presentación del informe en minoría que corroboran las conclusiones alcanzadas. Cuando nos mandaron el presupuesto del año 2013, se modificó la genérica de gasto de activos financieros a recursos especiales con el fin de evadir controles. Nosotros nos quedamos preocupados y dijimos: ‘Un momentito, si el Ejecutivo mandó que Adquisición de Activos no Financieros era por 56 millones 307 mil, ¿por qué esto pasó luego en la Ley de Presupuesto a Recursos Especiales? O sea, para tratar de no ser controlado. Nos llamó la atención, porque entonces esto había ocurrido aquí, en el Congreso de la República. ¿Cómo se produjo el cambio de partida?(Ver cuadro 20.) ¿Cómo se produjo el cambio de partida? En la discusión de la Ley de Presupuesto del año 2013, el presidente de la Comisión de Presupuesto —qué lástima que no esté aquí— solicitó el cambio de la genérica de gasto, aduciendo que el Poder Ejecutivo envió una modificación al proyecto de ley. En el debate de la Ley de Presupuesto, el 29 de noviembre de 2012, el congresista Gutiérrez decía: ‘Señor Presidente, el proyecto de ley de Presupuesto ha sido modificado en los anexos que se presentan, siendo los siguientes: De la Presidencia del Consejo de Ministros, con Oficio 5872-2012-PCM/CG, solicitando la modificatoria en lo referido a la asignación de recursos al Pliego 010, Dirección Nacional de Inteligencia -DINI, que por error material consigna un monto de 55 millones de nuevos soles en la Genérica de Gasto 06: Adquisición de Activos no Financieros, debiendo reasignarse a la Genérica de Gasto 05: Otros gastos’. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca solicitó la modificación del Proyecto de Ley de Presupuesto. Se modificó con un simple oficio del Secretario General de la PCM, señor Julio Guzmán, muy conocido últimamente. El señor Julio Guzmán, secretario de la PCM, manda un oficio y modifica todo el acuerdo que ha tenido el Consejo de Ministros, y dice que lo hizo por encargo del entonces premier Jiménez Mayor. Yo me acuerdo que una vez le preguntaron al ex ministro Valdez que por qué había hecho esto, y él como no sabía lo que había firmado, un poco más y decía ‘no recuerdo’. Pero en esa época, quien era primer ministro era el premier Jiménez Mayor. El Oficio 5877, de 28 de noviembre de 2012, ¿qué dice? ‘Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del presidente del Consejo de Ministros, a fin de solicitarle la modificatoria de los anexos del Anteproyecto de Ley de Presupuesto, en lo referido a la asignación de recursos al Pliego 010 Dirección Nacional de Inteligencia, Julio Armando Guzmán, secretario Presidencia del Consejo de Ministros’. O sea, simple y llanamente, el secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros viene aquí y nos hace modificar el presupuesto, le hace decir al presidente de la Comisión de Presupuesto que hay un acuerdo, cuando no hubo ningún acuerdo de modificación por parte del Consejo de Ministros.(Ver cuadro 21.) 28

El oficio del secretario general de la PCM, de 28 de noviembre de 2012, en el que se sustenta el pedido del congresista Josué Gutiérrez, no contiene un acuerdo, pues, del Consejo de Ministros, ni la firma del entonces premier Juan Jiménez Mayor. Aquí se modificó el Presupuesto sin tener la firma del primer ministro, sin tener el aval de ningún ministro. Miren ustedes, un secretario nos mandó modificar el Presupuesto de la República, lo que luego determinó que esos recursos fueran a una partida tratando de no ser auditados. De ahí que se aumentaron los presupuestos.(Ver cuadro 22.) El 15 de setiembre de 2015 el nuevo director de la DINI señaló que su institución no solicitó la modificación del Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2013. Tenemos el oficio 285, firmado por el señor Manuel Sevilla, que textualmente dice: ‘La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) no emitió ningún documento por el cual se haya solicitado ante la Secretaría General de la PCM la modificación del anexo del proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2013’.(Ver cuadro 23.) Miren lo grave que esto. Señor Presidente, qué lástima que muchos no presten atención al tema, pero aquí hay una tremenda irregularidad. O sea, se modifica el presupuesto de una institución, y el jefe de esa institución no había solicitado la modificación. ¿Quién puede tener la capacidad, el poder para modificar una partida presupuestal aquí en el Congreso de la República, si el jefe de la institución no lo ha solicitado? ¿Quién puede tener esa fuerza? Pues aquí aceptamos esa fuerza de un simple secretario. No existió acuerdo del Consejo de Ministros, no existió pedido de la DINI para modificar. ¿Quién entonces ordenó ese cambio, señor? Sobre las irregularidades en la adquisición encontradas por la Contraloría, también hemos comprobado que no existió un contrato para la compra, solo un documento llamado Carta Propuesta, la cual fija hitos de entregables sin condiciones ni fechas para el cumplimiento. Por eso no podemos pedir, ahora, si ese equipo funciona, no funciona, cuándo se va a echar andar, porque no existe contrato para la adquisición del equipo de interceptación. No se establecieron ni exigieron garantías de cumplimiento de obligaciones. Se hicieron los pagos sin verificar el cumplimiento de los hitos. Como no había contrato, había hitos que cumplir. Pues, se hicieron los pagos sin verificar que esos hitos se hayan cumplido. A la fecha ya se canceló el 100% y el equipo aún no está operativo, según el señor Sevilla. Nosotros hemos ido a verlo dos veces, y nos han dicho que todavía falta. Pero ese es un tema técnico, la propia Contraloría ha dicho que todavía no funciona. Se han pagado 845 mil dólares para capacitar también a doce personas, supuestamente para que operen el equipo, de las cuales actualmente solo cinco laboran en la DINI. De las doce que han ido a capacitarse, solo cinco laboran ahora en la DINI, y a las otras las mandaron por otro lado. Hemos gastado 845 mil dólares para capacitar a personas que ya no pertenecen a la DINI. Solamente cinco quedan. Las obras civiles ejecutadas en el 2014 por 8 millones 287 mil 646, para el funcionamiento del equipo, no cuentan con la documentación técnica requerida por el 29

Reglamento Nacional de Edificaciones. El proyecto de construcción estuvo a cargo de un bachiller en ingeniería electrónica. El 29 de setiembre de 2015 el Contralor de la República informó a la Comisión que remitió al Fiscal de la Nación la Carpeta de Control N.° 085-2015-CG/OCI-5536-ACCC, respecto a las irregularidades advertidas, implicando a cinco funcionarios de la DINI. Adquisición de equipo de geolocalización: El 16 de setiembre de 2015, el jefe encargado de la DINI al ser consultado en la Comisión de Inteligencia sobre la existencia de otros equipos, nos manifestó que desde el año pasado la DINI cuenta con un equipo de geolocalización en tiempo real para líneas móviles 2G y 3G, llamado Sky Lock que no requiere autorización ni coordinación con operadoras de telefonía. El costo del equipo ha sido de un millón 195 mil dólares y fue adquirido también a la empresa Verint Systems Ltd. Dicha situación no nos fue informada, a los miembros de la Comisión, por los anteriores jefes de la DINI. Nos enteramos por un documento que llegó a la Comisión, y cuando hicimos la pregunta, soltó la respuesta: el 16 de setiembre del 2015. Y nos dijo a los miembros de la Comisión, casualmente, que sí existía. Los anteriores jefes de la DINI, cuando hemos ido hasta en tres oportunidades, con el señor Yrupailla, con el señor Isla, con la señora Solórzano, nunca nos dijeron que ya tenían el equipo de geolocalización. ¿Cuándo nos lo iban a decir? Y después salió la Ley de geolocalización. Pero ya tenían el equipo, igual comprado sin contrato, sin ver si era el equipo que necesitábamos. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Inteligencia. Derogar los artículos del Decreto Legislativo 1141 que otorgan a la DINI autorización para realizar actividades operativas. Que la DINI y la Contraloría informen a la Comisión de Inteligencia sobre el uso de gastos de naturaleza reservada en forma obligatoria, anticipada y permanente. Remitir la presente investigación a la Comisión reorganizadora de alto nivel de la DINI y al Ministerio Público, a fin de que determinen las responsabilidades a que hubiere lugar. Esto lo aprobamos en la Comisión en forma unánime. Pero quiero decirle que el Ministerio Público se adelantó y pidió al Congreso de la República que le alcanzara tanto el informe en mayoría como el informe en minoría. Pero lo que no tiene el Ministerio Público es el pronunciamiento del Congreso. Por un lado tiene un informe que le dice: aquí no existió nada. Y por otro lado tiene un informe en minoría que le dice: sí, aquí hubo seguimientos; aquí hubo mala compra; aquí hubo interceptación; aquí hubo una serie de hechos que se tienen que investigar para sancionar a los responsables. 30

Voy a leer algo que faltó de la primera parte del congresista Bedoya, para que quede en acta, sobre todo, que son las conclusiones sobre el seguimiento a la congresista y primera vicepresidenta Marisol Espinoza. Las conclusiones de ese informe por si acaso son, y esto para que quede en acta: primero, se ha podido determinar que la Dirección Nacional de Inteligencia habría realizado actividades de vigilancia, seguimiento y observación a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza Cruz; dichas actividades habrían sido ejecutadas por los agentes de inteligencia Johnny Huamán Espinoza y Raúl Pinto Cueva, con el consentimiento y por disposición del Jefe de la Oficina de Operaciones, Johnny Bravo, el jefe de Contrainteligencia, Mauro Castañeda, y el ex jefe de la DINI, Víctor Gómez Rodríguez. El señor Javier Briceño, jefe de la DINI, a pesar de tener muy poco tiempo en el cargo, trasladó una explicación del caso, sin realizar una evaluación exhaustiva de los hechos, sino más bien dirigida a encubrirlos. Falsedad en la declaración de los agentes; uso de plantillas en las respuestas blindadas por los agentes de inteligencia frente a la investigación interna realzada por la DINI; ausencia de firmas en un primer documento; falta de entrega de correos electrónicos; falta de entrega de fotos originales de la ubicación del vehículo; utilización del plan ‘Islámicos’ como forma de encubrimiento. Se ha podido determinar que el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, la premier Ana Jara y el exjefe de la DINI, Víctor Gómez, conocieron los hechos previamente a la denuncia periodística, por queja directa de la propia vicepresidenta, e hicieron muy poco para investigar seriamente lo sucedido. Habría existido un actuar negligente por parte de la presidenta del Consejo de Ministro ante el conocimiento previo de la denuncia formulada por la propia vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, frente al presidente de la República, Ollanta Humala. No existió una investigación interna adecuada ni profunda por parte del exjefe de la DINI, Víctor Gómez Rodríguez. Sin embargo, la versión de la DINI fue respaldada por la primera ministra. La falta de investigación seria de un hecho de esta naturaleza plantea la hipótesis de que el exjefe de la DINI, Víctor Gómez, solo pudo haber dispuesto el seguimiento con el consentimiento del presidente de la República Ollanta Humala. La recomendación es también remitir esto al Ministerio Publico. Señor Presidente, en este trabajo, que nosotros hemos tratado de que sea lo más responsable y serio posible, lo que hemos hecho es encontrar todos los documentos que están corroborando que sí existieron estas irregularidades, por decir lo menos; ya el Ministerio Público establecerá si ocurrieron delitos. Pero en este caso nosotros no podíamos dejar de informar a la Representación Nacional, que tiene que saber que si bien es cierto que la Comisión de Inteligencia trabaja en todas sus sesiones en forma reservada o secreta, no puede dejar de informar a la Representación Nacional de todo el trabajo que se viene haciendo. 31

No hemos terminado con todas las investigaciones, queda mucho todavía; en algunas no hemos tenido material y en otras está llegando material adicional que será materia de otro informe. Lo que descubrimos, por ejemplo, sobre lo que pasó en el Pleno del Congreso con el presupuesto, el cambio que se hizo a este, no figura en el informe. Eso lo descubrimos después, cuando fuimos haciendo seguimiento de los oficios, cuando la DINI nos dice que ellos nunca solicitaron el cambio de partida, cuando encontramos que hay un oficio de la PCM que no viene del presidente del Consejo de Ministros sino de un secretario, como es el señor Guzmán, y que sirvió para que todos los congresistas modificáramos el presupuesto. Miren ustedes lo importante que es estar atento a todos los detalles de cada una de las palabras que dice el presidente de la Comisión de Presupuesto; porque luego vienen los cambiazos, luego viene el traslado de partidas, y en este caso estamos pasando una partida que ellos creían que no podía ser auditable. La Contraloría tiene expreso derecho constitucional de auditar todo; y es por eso que con nuestra insistencia, con la fuerza que le hemos puesto en la Comisión de Inteligencia, hemos logrado que la Contraloría logre meterse en los documentos y pueda sacar este informe que tenía pendiente desde hace años. Hemos pedido que la Comisión de Inteligencia tenga otras atribuciones; pero hemos aprobado un proyecto —ya lo ha mencionado el congresista Isla y está en el Orden del día— con el cual debemos empezar por algo; porque la Comisión de Reorganización realmente no nos ha dado mayores luces, ha traído ese proyecto y nosotros habíamos presentado con anterioridad para que a la DINI se le quite la función de ser operativa. La DINI no tiene por qué hacer los trabajos operativos de inteligencia; para eso se encarga a las instituciones del Ministerio del Interior y a las instituciones de las Fuerzas Armadas: Fuerza Aérea, Marina, Ejército, cada una de las cuales tiene su servicio de inteligencia. Todos esos servicios de inteligencia se tienen que integrar, y la DINI lo que tiene que hacer es analizar, estudiar y dar las recomendaciones al más alto nivel. La inteligencia es indispensable, es importante. Sin la inteligencia nosotros no podemos siquiera entrar al puerto del Callao para ver cómo sale la droga, ni quiénes son los cabecillas de esas bandas criminales. Sin la inteligencia no podemos saber qué es lo que está ocurriendo en el Vraem, donde las avionetas suben y bajan, y queda la droga por ahí. Para eso se necesita la inteligencia. También se necesitan equipos de interceptación. Pero todo tiene que ser adquirido con arreglo a ley, esta adquisición de equipos tiene que ser de acuerdo con lo que dice el Estado y de acuerdo con la normativa existente; porque se trata de los recursos de todos los peruanos; no se puede disponer de ellos porque a alguien le gusta esta empresa o porque a otro le gusta otra empresa. Y si no se cumple eso, habrá responsables. Es por eso que estos documentos ya están en el Ministerio Público. Pero lo que necesitamos es que vayan con el aval del Congreso de la República.

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Pido, por tanto, que se vote a favor del informe en minoría, en el que hemos trabajado los congresistas Carlos Tubino, Javier Bedoya y la que habla. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha concluido la sustentación tanto del informe en mayoría como del informe en minoría; ha habido un amplio criterio para que puedan escucharse las dos posiciones, así que empezamos el debate. Tiene la palabra el congresista Mulder Bedoya. El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente: Brevemente, porque han sido bastante locuaces tanto el congresista Isla como los colegas que han expuesto el informe en minoría. Simplemente quiero señalar que difieren ambos informes en apreciaciones de carácter subjetivo y no en propuestas o pruebas objetivas. Creo que hay acuerdo en el sentido de que sí hubo reglaje, de que sí hubo seguimiento; solo que, respecto al informe en mayoría, no sé si fue redactado por congresistas que tienen respeto por la veracidad o ven demasiado El Chavo del 8, pues dicen que se hizo el seguimiento o el espionaje para proteger a los seguidos o para proteger a los espiados. Es decir, acerca de los 157 mil procesos de investigación que desde la Dini se hicieron para otras tantas personas, dice el informe en mayoría, y lo dice de la siguiente manera: ‘Se debe suponer razonablemente que la información recabada de los Registros Públicos debe haber tenido como fin garantizar la vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad’. Resulta hasta infantil esta redacción: ‘debe haber tenido’; ni siquiera usan un verbo en condicional: ‘tendría’. No, ‘debe haber tenido’. O sea, es un supuesto, es algo que se les ocurre solamente porque les da la gana, porque no hay ningún sustento de esta frase, ni siquiera un indicio, o siquiera la versión de una persona, por más cínica que fuera. Dice: ‘debe haber tenido como fin garantizar la vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad’. Este es un chiste, pues, Presidente. Como lo mismo es un chiste suponer que el reglaje que se hizo a la congresista Marisol Espinoza obedecía al famoso plan Islámicos, del cual no se habla ni una letra. Yo recuerdo, cuando este escándalo motivó la caída del Gabinete y hubo aquí un proceso de interpelaciones, que vino el jefe de Inteligencia y vino el primer ministro, y nos trajeron la fotografía de unos sujetos que eran de nacionalidad siria y que habían ingresado al territorio peruano. Eso era todo. O sea que, ser sirio era suficiente para que fueran considerados como sospechosos de ser terroristas; y con eso querían engatusarnos. Entonces, el informe en minoría sí dice, obviamente, que todas estas acciones obedecían a un control político. Claro, les faltó un poquito más de audacia, porque la congresista Luz Salgado pregunta: ‘Alguien tiene que haber dado la orden’. Si la misma DINI no solicitó aquí el aumento de su presupuesto en la Ley de Presupuesto, obviamente hay alguien que tiene que haber dado la orden, y eso está estipulado en el artículo 16 del Decreto Legislativo 1141, que dice que la DINI depende funcionalmente del Presidente de la República. 33

El único que puede dar órdenes en la DINI es el Presidente de la República, él es el responsable de lo que hace la DINI; y, obviamente, como el Presidente de la República no va a contestar —supongo que contestará después, cuando haya comisiones investigadoras—, no han podido llegar a ninguna conclusión. Pero es clarísimo que aquí lo que han hecho todas las personas que han concurrido a la Comisión de Inteligencia es tirarse la pelota entre ellos, confundir, engañar. Eso es típico de los agentes de inteligencia que, cogidos infraganti, lo que tienen son coartadas preestablecidas. Inventan coartadas, mienten descaradamente, como eso de que había aquí el seguimiento a islámicos. Si hubiera habido ese seguimiento a islámicos, siquiera hubiesen mostrado, aunque sea en reuniones secretas, quiénes eran esos islámicos, qué hacían, cómo era que los seguían, qué antecedentes tenían, qué estaban buscando, cuáles eran sus objetivos. Nada de eso, solo un sirio que entró al Perú, y eso es una burla. Entonces, el informe en minoría debe merecer el voto de la Representación Nacional, y el informe en mayoría debe ser enviado al tacho; porque, la verdad, no se puede resistir que un Congreso de la República que se respete adopte un criterio según el cual se diga: ‘Bueno, debe suponerse que deben haber tenido con fin garantizar la seguridad de las personas espiadas’. Ese es un chiste, pues; no se puede sostener eso. Pero en el informe en minoría sí es necesario que se establezca que no han podido encontrar responsabilidades, lo cual es lamentable. Eso quiere decir que aquí habido una vulneración adicional, porque el artículo 97 de la Constitución establece la obligatoriedad de cualquier persona que es requerida por un órgano de investigación del Congreso a brindarle toda la información que requiera, no ocultarle al Congreso de la República información. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Cuando lo hacen exprofeso están incumpliendo con la Constitución y están cometiendo, sin duda, delito contra los órganos administrativos. Entonces, ahí también tienen que formularse acusaciones, y no solamente remitir al Ministerio Público. Creo que debe denunciarse a las personas responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional que han saboteado la acción del Congreso, ocultándole información con argumentos que son falaces, risibles, sin ningún sustento, y que, por lo tanto, nos llevan a conclusiones como esta. En realidad, este informe va a ser importante para aquellos que quieran escribir la historia en el futuro. Pero parece que no van a tener ningún efecto práctico, ni el informe en mayoría, ni el informe en minoría, aunque obviamente el informe en minoría sí tiene la valentía de señalar los hechos, de señalar cuáles son las circunstancias, y, por lo tanto, de desvirtuar el risible informe en mayoría, que debe ser descartado por el solo hecho de no caer en el ridículo. Gracias. 34

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista García Belaunde. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidente: Yo he sido mencionado varias veces en el debate, y felicito a la señora Luz Salgado por su exposición. Me apena haber escuchado, y menos mal que en parte, porque si hubiese sido todo estaría más deprimido todavía, al señor Víctor Isla, diciendo que no sabe nada, que se encuentra aislado, que yo no he sido chuponeado, reglado, seguido, que más bien me han protegido. Pero a él le han hecho también espionaje, porque no puedo pensar que esa película en que aparece borracho de amor en un viaje al Asia ha sido hecha por amigos. No, ha sido hecho por los servicios de inteligencia o de contrainteligencia. Claro, de eso no me voy a ocupar. Pero es gravísimo que este Gobierno Nacionalista haya querido borrar un espionaje brutal, asqueroso, antidemocrático, con las mentiras que aquí se han dicho el día de hoy. Y vamos a ver qué dice, nada menos, el informe que tengo a la mano. Dice que el señor Rosendo Chávez, en el caso mío, Presidente —y disculpe que personalice, porque han hecho igual con muchos más; pero en el caso mío yo me siento afectado particularmente—; dice que él recibió órdenes del director de Contrainteligencia, señor Castañeda; y acá dicen que no. Y luego, esa información que el señor da aparece al día siguiente de dar la información en Juez Justo; aquí está, toda la información aparece en estos titulares. Y toda la información de mis bienes aparece también gracias a un agente de inteligencia que entra al Registro Público en Ica y saca la información después de las cinco de la tarde. Qué casualidad. ¿Y quién es este señor Rosendo Chávez Rojas? Aquí está: nació en Arequipa en el año 1945, etcétera; y no hay ni una observación en su Reniec. Sin embargo, sacamos el Reniec estos últimos días, ¿y qué dice abajo? ‘Observación: inscripción en proceso de investigación’. ¿Cómo? Inscripción en proceso de investigación. Quiere decir que le están cambiando de identidad al señor Rosendo Chávez... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene tiempo adicional, congresista. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Lo están ocultando porque sabe mucho y porque ha chuponeado. Pero cuando vemos el Infocorp del señor Rosendo Chávez, apreciamos garantías de 446 mil soles. ¿Cómo lo hace, con un sueldo de 2000 soles? Cuando vemos su tarjeta de crédito, se advierte que mueve 36 mil soles. ¿Cómo lo hace? Y esto es de 2014. Pero cuando vemos el Infocorp de ahora: garantías, cero. Caramba, ya pagó todo; su préstamo que estaba en 95 mil soles, está ahora en 50 mil, y sus tarjetas siguen siendo de 27 mil soles. Entonces, lo están limpiando; el Gobierno está limpiando a sus 'chuponeadores', a sus espías. Eso es lo que está haciendo el Gobierno. Y me parece penoso que gente que dice que es demócrata, empiece a coludirse con la policía corrupta, ineficiente, antidemocrática, para poder defender lo indefendible. Eso me da pena, realmente me da pena. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. 35

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Y acá vemos cómo la señora Jara, a quien aprecio muchísimo, declaró a El Comercio, en febrero de 2015, que la DINI iba a cerrarse: ‘Anuncia cierre de la DINI’, pero no anunció cambios en el gabinete. Claro, ella se fue después, por otro problema. Pero vemos acá que el 17 de agosto del 2015, el ministro de Economía me informa que no ha recibido ninguna comunicación para la suspensión de las operaciones en las cuentas bancarias de la UE 1032 Dirección Nacional de Inteligencia; o sea, nunca le quitaron recursos ni nunca le intervinieron ni nunca la pararon ni nunca la cerraron. Encantado, Presidente, si usted es benevolente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede interrumpir, congresista Salgado Rubianes. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente, casualmente, por lo que está manifestando el congresista García Belaunde, falta investigar mucho más, pero tiene que ser desde el Ministerio Público ya, para que pueda requerir a las personas, para que vean las cuentas, para que vea todo lo que ha manifestado el congresista García Belaunde. Por eso creemos que es importante aprobar el proyecto por el cual le quitamos la función de operatividad a la DINI, y que ya ha sido aprobado en la Comisión. Y quiero decirle al congresista Mauricio Mulder que en la introducción se señala que estas actividades serían el reflejo de un plan diseñado desde el Gobierno para utilizar los servicios de inteligencia, no solo para los fines de la Defensa y Seguridad Nacional, sino para el espionaje y seguimiento político. Y también dice: ‘El seguimiento, rastreo y manipulación de información constituyen un delito que debe quedar en evidencia y ser sancionado. Lo acontecido constituye una política sistemática elaborada para salvaguardar los intereses de un pequeño grupo dentro del Gobierno y no para salvaguardar los intereses del país’. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista García Belaunde. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Para terminar, Presidente. Ha habido reglaje, chuponeo, hostigamiento, etcétera. Desde el 2 de octubre de 2013 estoy reiterando a los ministros correspondientes y al director de Inteligencia que me informen. He reiterado varios oficios y nunca tuve respuesta, desde el 2013. Pero peor aún, al final de todo esto se meten a mi oficina, durante cuatro o cinco horas; y hay un policía, Luis Faustor Villajuan, que es el oficial de la Policía, que ingresa a mi oficina, y está totalmente grabado, fotografiado, todo lo que hizo dentro de ella. Sin embargo, ese señor contra el cual también interpusimos una denuncia, ha sido nombrado jefe de la Policía de Lima. Es decir, este es un Gobierno que promueve y auspicia a los 'chuponeadores', a los que te investigan, a los que te persiguen, a los que te reglan. Por eso es que el informe en minoría debe ser aprobado, como una lección de ética y de democracia para la ex mayoría gobiernista. 36

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Antes de continuar, por haber sido directamente aludido, tiene la palabra el congresista Isla Rojas. El señor ISLA ROJAS (NGP).— Presidente, quiero dirigirme al congresista García Belaunde, así como él se ha dirigido a mí. Como el colega ha señalado que no ha estado en toda mi exposición, tal vez no ha escuchado esta parte; dije que se ha comprobado que esta recopilación de información pública —porque así fue señalado por el señor Rosendo Sánchez, que además es un trabajador de la DINI desde el 2001— se venía haciendo aproximadamente desde el 8 de abril de 2005, por la existencia de convenios de cooperación institucional suscritos entre la Sunat y el Consejo Nacional de Inteligencia (en ese tiempo CNI); luego, el 28 de agosto de 2010; luego, se hace una adenda el 2012; es más, se ha comprobado que habían realizado esta recopilación de información pública de 157 mil 455 búsquedas. Entonces, de 157 mil 455, descontando la búsqueda al señor García Belaunde, quedarían 157 mil 454. Es decir, con todo respeto, el colega considera que esta recopilación de información pública ha sido realizada solo a él. A mí me sorprende ese afán de querer creer eso. Veo que en un velorio, el congresista quisiera ser el muerto para llamar la atención. Aquí lo cierto, más allá de lo que uno cree que debe ser, es que hay que demostrarlo. Frente a esta información, que además hemos visto que es recopilación de la mayoría de congresistas, de mayoría de ciudadanos, se ha señalado —y es importante que los que conocen de inteligencia puedan decirlo— que esta forma de recopilación de información pública, porque esta es una información pública, existe en Registros Públicos, y puede un ciudadano solicitar una búsqueda. Ahora, se ha hecho en esta magnitud. Y, por lo demás, como se ha señalado que ha sido usado en esta red mafiosa… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. El señor ISLA ROJAS (NGP).— Concluyo, Presidente. Y hay una investigación sobre el Grupo Orellana; entonces, mal haríamos en que por supuestos, solamente por querer quedar bien, señalemos que hemos podido probar. Existen elementos; efectivamente, el congresista García Belaunde tuvo una lucha frontal; pero, en la Comisión, cuatro parlamentarios, ante esta evaluación, no hemos podido señalar que haya un elemento probatorio. Creo que esta es la oportunidad, si el congresista Belaunde lo tiene, que lo presente, porque es importante. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Está contestando una alusión, congresista; no hay interrupción. El señor ISLA ROJAS (NGP).— Estoy en una alusión.

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Sería importante, ¿por qué? Porque todo —estas conclusiones, algunas aprobadas por mayoría, y un par de ellas por unanimidad—, todo ha sido derivado al Ministerio Público; es más, está en la 46 Fiscalía, si mal no recuerdo. Entonces, el Congreso de la República, después de este trabajo realizado por la Comisión, lo que está haciendo es aportar todo estos elementos que se han podido discutir ahí. Evidentemente, hay discrepancias, hay algunas posiciones antagónicas pero respetables; y aquí, por defender mi posición, no voy a tratar de descalificar o de querer ridiculizar la posición del otro grupo. Yo respecto las posiciones, porque nosotros lo que hemos hecho es buscar elementos de prueba más allá de la voluntad que alguien quiera tener. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Condori Jahuira. La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidente, cedo una interrupción el congresista García Belaunde. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede interrumpir el congresista García Belaunde, por un minuto. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidente, dice el informe del señor Isla que no hemos tenido evidencias del uso ilegal, doloso e indebido de dicha información: eso es lo que dice en cuatro líneas. Pero ¿qué más evidencia que 156 mil búsquedas, que más evidencia que un colega que ha estado denunciando eso seis años aquí, que más evidencia que las cartas que hemos enviado, que más evidencia que la declaración de Rosendo Chávez que dice que ha cumplido órdenes del jefe de Contrainteligencia? ¿Qué más evidencia se quiere? Lo que pasa, simplemente, es que están coludidos con el espionaje. Esos es todo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede continuar, congresista Condori Jahuira. La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidente, si usted lo tiene a bien, cedo la segunda interrupción a la congresista Karla Schaefer. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede interrumpir la congresista Schaefer Cuculiza. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Gracias, congresista Condori, Presidente, realmente me sorprende escuchar este tipo de declaraciones. Como bien dice el congresista Belaunde, la congresista Luz Salgado y los colegas que me han antecedido, la DINI está dedicada a recopilar información pública de gente hasta muerta, de mi padre, muerto hace 15 años, de mis cuñados, que viven hace 35 años en el extranjero. 38

¿En eso pierde el tiempo la DINI, cuando este país se desangra? Por favor, es el colmo que haya quienes quieran proteger estas cosas. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Condori Jahuira. La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidente: No cabe duda de que hay indignación en estos momentos, porque la negación sigue persistiendo en un accionar que es evidentemente claro: una persecución política, de reglaje y de acopio de datos persistente y de forma direccionada. Lo que se ha hecho es vil, es atentar incluso contra la propia integridad de las personas. No entendemos por qué razón se ha utilizado la DINI de esta forma, cuando en el país tenemos una inseguridad ciudadana. En estos momentos, el Callao está declarado como zona de emergencia. Ahora entendemos porque cualquier individuo usa arma sin permiso, sin licencia, ahora entendemos porque hay sicariato, ahora entendemos porque hay narcotráfico. ¿Esos son los resultados de este Gobierno y del trabajo de inteligencia? ¿Ese es el resultado que nos da la DINI en nuestro país? ¿Para eso los peruanos le asignamos recursos a la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Para eso? Lo más vil es que en estos casos —nosotros somos públicos, y no tengo ningún temor ni oculto nada malo— se haga una persecución y reglaje a menores de edad; porque no solamente es mi hijo, sino que hay muchos menores de edad, hijos de congresistas, que han sido reglados; entonces, dónde queda el famoso discurso contra la violencia familiar, contra la violencia de género, si aquí se persigue a mujeres, a madres de familia, a hijos menores de edad, poniéndolos y exponiéndolos públicamente. ¿Esa es la forma de hacer política? Tanta es la incapacidad para poder tener argumentos políticos, diálogo, consenso en nuestro país que hace tanta falta. Al contrario, lo que ha primado y lo que hemos visto en estos años es una intolerancia total. Lo más grave es que este tipo de hechos sí atenta contra la democracia, democracia que nos ha costado recuperar e instituir en este país. Eso debilita a todas las instituciones. Si nosotros los congresistas hemos sido reglados, e incluso los ministros de Estado, ¿estarán libres los señores de los otros poderes del Estado? ¿Qué nos garantiza que no hay datos en estos momentos y que no se sigue haciendo esta labor? —Asume la Presidencia el señor Mariano Portugal Catacora. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Tiempo para concluir, congresista. La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— ¿Quién nos responde en estos momentos y nos da las garantías de que no estamos siendo reglados, para que mañana más tarde lo usen en plena campaña electoral? Que se nos diga quién de Palacio de Gobierno llevó esta información de la DINI a los medios de comunicación.

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Tiene que haber responsables, porque los papeles no caminan solos. Debemos apoyar colegas, cómo no, este informe en minoría; porque sería vergonzoso aprobar un informe en mayoría que no dice nada. Yo pido que se incluyan los datos que en este Pleno ha acotado el congresista García Belaunde a este informe en minoría. Sería desastroso aprobar ese informe. Y yo quisiera que se pongan no solo en lugar de uno, sino que pensemos en el mañana, porque mañana más tarde cualquiera de nosotros puede ver de la misma forma vulnerados sus derechos, sus libertades, viéndose coaccionado. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Sírvase concluir, congresista. La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— ¿Para qué? ¿Para ser extorsionado políticamente? ¿Para qué? ¿Para ser silenciado y no poder hablar, para ser supeditado en nuestras funciones? Eso es lo que han buscado, y a Dios gracias ha sido descubierto por medios de comunicación objetivos que no se prestaron al juego y al chantaje. Esto debe ser detenido lo más antes posible; y ojalá que haya justicia, porque así daremos claras señales en nuestro país de que, si hay sanción, va a haber justicia para el resto. Gracias. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Tiene la palabra el congresista Salazar Miranda. El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente: Con fecha 31 de mayo de este año, escribí un artículo en un medio de comunicación sobre estos temas de la DINI; y vaya, la verdad, que no me equivoqué en cómo iba a acabar esto. En diciembre del año 2012, en uso de las facultades legislativas que otorga el Congreso de la República al Ejecutivo, se publicó el Decreto Legislativo 1141, mediante el cual se redefinen los objetivos, las facultades, los ámbitos de acción de la Dirección Nacional de Inteligencia. Por supuesto, diversas personalidades políticas de todas las tendencias, así como analistas y medios de comunicación, cuestionaron las actividades de la DINI que se le estaban encargando, adicionalmente a lo que toda la vida tuvo, particularmente a su Director General, a su Director Ejecutivo; así también, por los destaques de personal policial como de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos en situación de retiro e incluso en actividad, reclutados con la finalidad de realizar reglaje y seguimiento a opositores y críticos del régimen. Cabe señalar que el presupuesto de la DINI en el año 2013 ascendía a algo más de 73 millones, lo que significaba un incremento de 676,47% respecto al de año 2010. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el avance en la ejecución presupuestal; en efecto, en los tres primero meses del año 2013, la DINI ejecutó presupuesto, en enero, por tres millones 688; en febrero, por diez millones 254 mil; en marzo, por 16 millones 329 mil; es decir, por 30 millones, lo que significa que en 90 días la DINI gastó más que en los años 2010 y 2011. El año 2012 tuvo un presupuesto de 18 millones.

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Nosotros podemos advertir cómo se redefinió el visionar de la DINI otorgándole funciones operativas. Desde luego, esto es algo delicado, porque sabido es que el Jefe de la DINI hace parte con el Presidente. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Un minuto más para concluir, congresista. El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Gracias, Presidente. Obviamente, existe la PCM como un medio de pase; pero en la realidad él lo hace directamente con el Presidente. Esto resulta pues un asunto delicado porque, teniendo en cuenta a todas y cada una de las personas sobre las que ha habido seguimiento por parte de la DINI y otras organizaciones de inteligencia, y también sobre el que habla, entonces, indudablemente, no queda otro camino que pensar que todo esto ha llegado hasta la primera magistratura del país. Esto, obviamente, es muy delicado. Respecto a un Presidente, tiene que haber una serie de compartimentos para poder llegar hasta donde él. Por ello es que la DINI jamás ha tenido funciones operativas, casualmente, para que no se crea ni se piense que él está inmiscuido en este tipo de cosas. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Un minuto para terminar, congresista. El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Entonces, nos queda una moraleja para el futuro, no sin antes señalar que debe haber una comisión investigadora de todos estos hechos; en ese sentido, cabe que la Comisión de Inteligencia se convierta en una comisión que los investigue, para que tales hechos no queden así, y, sobre todo, que jamás puedan volver a ocurrir. Cuando la persona hace gestión, hay que tener mucho cuidado con quienes llegan y piensan que están descubriendo las pólvora; porque vienen y nos dicen las cosas que se podrían hacer si tenemos conocimiento de lo que otros hacen. Este es un tema muy delicado, y esa es una realidad que hoy se tiene que asumir; y tienen que asumirla quienes han sido los responsables de todas estas situaciones veladas que hacen daño a la democracia en el país. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Tiene la palabra la congresista Jara Velásquez. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Presidente, le agradezco el uso de la palabra; y saludo a mis pares en este primer Poder del Estado. Si usted lo permite, cedo una interrupción al congresista Víctor Isla. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Interrupción concedida.

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El señor ISLA ROJAS (NGP).— Presidente, sobre el incremento presupuestal, quiero plantear una reflexión al Pleno. ¿Era necesaria la adquisición de este equipo de interceptación legal conocido como Proyecto Pisco? En lo personal, y muchos de los nuestros creen que sí, creo, con convicción, que era necesario. ¿Por qué?, porque el Estado Peruano viene actuando con un equipo prestado por Estados Unidos, conocido como Constelación, a los efectos de hacer esta interceptación telefónica legal. Díganme ustedes, ¿un país soberano puede estar muchos años con un equipo prestado de esta naturaleza? El solo hecho de la existencia de tener un equipo prestado demuestra la necesidad imperiosa de que se adquiera este equipo. Ahora, respecto del cuestionamiento al procedimiento de adquisición, la Comisión determinó, con la intervención de la Contraloría, y hay un informe de la Contraloría, que hay cuestionamiento sobre el particular. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Un minuto adicional para concluir, congresista. El señor ISLA ROJAS (NGP).— Sobre ese cuestionamiento, que además está alcanzado por la Contraloría al Ministerio Público, también esta Comisión ofició al Ministerio Público para que se haga la investigación respectiva. Pero, ¿podemos cuestionar la necesidad de su adquisición? Yo creo, y el país debe considerar, que era absoluta e imperiosamente necesario, porque no puede un país soberano como el Perú tener un equipo de esta naturaleza a préstamo de una potencia extranjera. Gracias. El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Puede iniciar su intervención, congresista Jara Velásquez. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Presidente: Puedo entender los argumentos, tanto del informe en mayoría como del informe en minoría, que se han expuesto en el seno del Parlamento, porque en mi condición de parlamentaria y de figura política, en su momento también fui objeto de acopio de información pública, no solamente en lo que a mí respecta, sino también en lo que respecta a mi familia. Es más, y me llama poderosamente la atención, ni siquiera he sido nombrada en el informe en minoría, habida cuenta de que este se ha elaborado semanas después inclusive de mi censura por este Congreso de la República. O es que ya nos olvidamos de una portada de la revista Correo Semanal, en la que aparecía mi foto con el subtítulo de ‘El Expediente Jara’. Claro, es la ley del embudo; se consignan los nombres de otras personalidades políticas, pero a las autoridades del Gobierno, a esas hay que ignorarlas, con ellas no es. Entonces, si queremos ser horizontales en el trato, por qué siquiera, a manera de considerandos, no se cita que personalidades de la bancada de Gobierno también fueron objeto de la recopilación de información de carácter público, que, como bien ha señalado el presidente de la Comisión de Inteligencia, no es fruto de este Gobierno. Son usos y costumbres que se arrastran desde la época del presidente Alejandro Toledo, del 42

presidente Alan García, mediante convenios celebrados por la Presidencia del Consejo de Ministros o la Dirección Nacional de Inteligencia con entidades públicas como los Registros Públicos, el Registro de Identificación y Estado Civil y otros. No es que acá se haya montado todo un operativo expresamente para hacer un seguimiento personalizado a los que son oposición al régimen, o utilizar esa información para uso de chantaje. Hasta ahora, salvo el episodio del congresista García Belaunde, no se ha podido probar que la información en manos de terceros haya sido utilizada para acabar con las honras de los congresistas. Convengo en que es necesario saber quién, aparentemente, fue la persona que llevó la información al diario Correo. Yo también estoy interesada en saberlo. Yo he pagado precio, yo he ido a la censura absolutamente convencida de que no ha habido una directiva, una política de Estado del Gobierno de Ollanta Humala que determine el seguimiento, el acoso político, el chantaje y las honras mancilladas por parte de este Gobierno; pero es necesario conocer quién puede haber actuado a espaldas del régimen, y nos ayudaría mucho que la propia prensa... El señor PRESIDENTE (Mariano Portugal Catacora).— Un minuto más para concluir, congresista. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Presidente, ya que he sido citada en más de una oportunidad por los señores congresistas que me han antecedido, le pediría que fuera un poco más magnánimo en el tiempo que me va a conceder. Ayudaría mucho que el director del diario Correo, Iván Slocovich, señalara quién fue ese personaje o esos personajes que llevaron la información al diario Correo. Ante esa supuesta información que vendría de la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que no ha sido probado, pues estamos hablando todavía de hipótesis, y mientras pretendemos darle facultades de comisión investigadora a la Comisión de Inteligencia del Congreso, la Fiscalía hace meses empezó ya su investigación abocándose especialmente a la causa. Yo he prestado mi testimonial —estoy en calidad de agraviada—, y muchos de nosotros seguramente ya lo hicimos. Pero, mientras nos queremos poner a profundizar la investigación, eso ya habrá corrido otro tanto ante el celo del Ministerio Público. Quisiéramos saber quién entregó ese material; pero eso no lo he escuchado en los informes, porque acá se están mezclando los temas. Ha habido un acopio de información de carácter público a través de convenios institucionales, y no sabemos en manos de quiénes fue a parar esa información; eso es algo que investiga ya la Fiscalía, pero acá se habla de chuponeo, de interceptaciones. ¿Quiénes han sido víctimas de estos usos que van, obviamente, contra todo régimen democrático? Hasta ahora, no he escuchado un solo caso que se haya comprobado. Rechazo expresamente las conclusiones del informe en minoría en el extremo que señala que como la primera ministra de aquel entonces —entiéndase yo— conocía de la denuncia que la señora vicepresidenta le hiciera saber al Presidente de la República a fines de noviembre del año 2014, yo soy responsable —¿responsable de qué?— de haber dispuesto el reglaje a la señora vicepresidenta; pero eso es algo que tampoco ha 43

quedado comprobado. ¿Existió el Plan Islámicos? Existió; nos guste o no, existió. La Fiscalía determinará si ciertamente este acontecimiento que narra la señora vicepresidenta tiene correlación directa o no con el Plan Islámicos; pero el hecho de que yo haya tomado conocimiento, y que días después fuera al propio despacho de la señora vicepresidenta, en calidad de Presidenta del Consejo de Ministros, a pedirle que escuche los descargos de los integrantes de la plana mayor de la Dirección Nacional de Inteligencia en su caso particular, y si quería, ya que nunca había pisado las instalaciones de la DINI, que fuéramos juntas para que ella in situ pidiera y recabara la información que ella necesitase para que le quedase por cierto que esto no era una política de Estado establecida por el presidente Humala; todo ello, ciertamente, ocurrió. Y fue así como la presidenta del Consejo de Ministros, que tomó acciones, que no ocultó información, que llevó a la señora vicepresidenta a las instalaciones de la DINI, que la visitó en su despacho con la plana mayor de la DINI, y como la DINI había perdido legitimidad ante la opinión pública porque nadie confiaba ya en el sistema de inteligencia del Perú, dispuso que esta entidad entre en reorganización. Y existiendo todavía personal y gastos operativos y gastos administrativos que asumir, las cuentas no se pudieron cerrar. Entonces, sí hubo una norma publicada en El Peruano que dispuso la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia; pero eso no significa que porque las cuentas no se cerraron, se continuó con la parte operativa, que fue suspendida para los efectos de esa investigación. Esta congresista tomó acciones, descabezó la plana mayor de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Lo hizo otro primer ministro? ¿Por qué me ponen a mí como responsable en las conclusiones? Es decir, yo pago pato por partida doble. Pagué el precio político de asumir la responsabilidad que el Congreso de la República determinase, por ser supuestamente el responsable político en representación del Presidente de la República; y ahora me citan en las conclusiones diciendo que ‘como tuvo conocimiento en noviembre de 2014 de los hechos, poco o nada hizo’. ¿Poco o nada les parece haber solicitado información, haber enviado oficios al Ministerio Público, haber descabezado a la plana mayor, disponer la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Qué hicieron los que me antecedieron a mí en el cargo? ¿Qué disposiciones dieron? Muéstrenme la política de Estado, la directiva interna en la que este Gobierno dispone hacer ese acopio de información pública. Muéstrenmela a mí, y me como las palabras esta noche. Me parece injusto que me citen a mí en las conclusiones; porque si yo me remito... Colega, en seguida le voy a dar la interrupción. —Asume la presidencia la señora Natalie Condori Jahuira. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Si yo me remito a la conferencia pública de la congresista Salgado, del congresista Bedoya y del congresista Tubino, cuando hicieron 44

público su informe en minoría, dijeron que la presidenta del Consejo de Ministros —en este caso yo, para no hablar de mí en tercera persona— no tenía conocimiento de estos hechos. Ahora resulta que sí soy responsable. ¿Qué tipo de responsabilidad me quieren hallar a mí? ¿Política? ¿Acaso no me descabezaron? ¿Acaso no me censuraron? ¿Qué tipo de responsabilidad quieren hallar en mí, de una funcionaria pública que tomó decisiones de la más alta instancia? Si nosotros no declaramos la reorganización de la DINI, seguramente hubiesen dicho que estábamos apañando el accionar de algunos malos efectivos; y si lo hacíamos, como fue la voluntad política, producto de una ronda de diálogo con las principales fuerzas políticas del país, hubiesen dicho que era porque seguramente estábamos admitiendo responsabilidad. Y cuando el colega García Belaunde señala: ‘Con toda la estima que le tengo a la congresista Jara, en febrero de este año declaró para El Comercio que se cerraba la DINI’. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Sírvase concluir, congresista. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Sí pues, esa fue la voluntad política, producto de un diálogo; pero luego coincidimos todos en que, teniendo que hacer frente a la inseguridad ciudadana y al orden interno, era necesario reorganizar el Servicio de Inteligencia del país. Porque la cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia es la DINI, y por eso las cuentas no se cierran. Por eso es que esta Comisión ha remitido al Congreso de la República un proyecto de ley en que propone que esta dirección solo se dedique a hacer inteligencia estratégica y ya no operativa, que no compita con la Dirin ni con las otras entidades de Inteligencia que pertenecen también al Poder Ejecutivo. Nosotros, pues, hemos tomado acciones. Presidenta, antes de concluir permítame ceder al congresista Carlos Tubino la interrupción que me solicita. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Puede interrumpir, congresista Tubino Arias Schreiber. El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Señora Presidenta, ya he tenido una intervención previa donde ha quedado plenamente demostrado, con pruebas plenas, que lo que acá se ha hecho es observación, vigilancia y seguimiento; o sea, no solamente seguimiento, a través de medios abiertos, que uno puede consultar con ellos. No, ha habido vigilancia, ha habido observación y ha habido seguimiento, y eso ha quedado totalmente comprobado con tres pruebas plenas. ¿Esa es la actividad que debe hacer un Servicio de Inteligencia? No, señora. Un Servicio de Inteligencia debe dedicarse a la seguridad interna y externa. Aquí ha habido un pésimo uso del Servicio de Inteligencia, en este caso, de la DINI. Entonces, sí estamos ante un tema serio, y eso está en las conclusiones.

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La congresista Ana Jara, acá, trata de mostrarnos su no conocimiento sobre el tema. Seguramente, de repente... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Por excepción, congresista; culmine. El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Pero, orgánicamente, ¿la DINI de quién depende? De la oficina del primer ministro. Entonces, hay una dependencia orgánica que no podemos soslayar. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista Jara Velásquez. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Presidenta, tanto en el informe en mayoría como en el informe en minoría no se concluye que existió una directiva de parte del Gobierno de Ollanta Humala para hacer este tipo de prácticas que contravienen el orden constitucional: seguimiento, hostigamiento político, chantaje; no hay una sola directiva, y no ha habido nadie que desfilara ante la Comisión de Inteligencia que así lo haya declarado. Estemos de acuerdo o no, les pueda parecer un cuento chino o no la existencia de un Plan Islámicos, este existió. Entonces, también en las conclusiones dicen: ‘La otrora presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, es responsable porque poco o nada hizo’, a pesar de las acciones que todo el mundo sabe que tomé. Y si no, vayamos pues a la información que es pública y que todavía se puede visualizar por Internet. No se ha probado fehacientemente que esta sea una política del Gobierno. Se han mencionado nombres, como el de Rosendo Chávez, personaje al que yo misma pedí a la Fiscalía que se le investigue, cuando yo todavía era presidenta del Consejo de Ministros... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Hay muchos temas que están siendo ventilados ante el Ministerio Público; pero, en cuanto al accionar de malos efectivos, si fuere el caso, si se llegase a determinar plenamente que hubo funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia que hicieron este trabajo que lesiona el estado de derecho, a ellos les caerá todo el peso de la ley, claro que sí. Pero no podemos pensar que esta ha sido una institución creada por este Gobierno. Son los usos y costumbres que se arrastran de otras gestiones, y eso, por supuesto, no nos santifica; pero tampoco se puede decir que ha sido una práctica instaurada por esta gestión. Presidenta, espero la colaboración máxima de todos los actores en sede del Ministerio Público. Así como yo estoy colaborando y quiero llegar a conocer la verdad, espero que la prensa tampoco hable medias verdades. Se acusa alegremente a funcionarios pertenecientes al Ministerio del Interior. Que nos digan los nombres. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Congresista, su tiempo concluyó.

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Tiene la palabra el congresista Lescano Ancieta. Con la anuencia del congresista Lescano Ancieta, puede interrumpir la congresista Jara Velásquez. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— ¿Puedo continuar, Presidenta? Muchas gracias, nunca voy a olvidar este gesto. Entonces, que la prensa colabore. Todos queremos saber quiénes fueron esos funestos personajes que llevaron esa información en nombre del Gobierno, porque ahí está el hilo de la madeja, y ahí podremos saber realmente si esta fue una política de este Gobierno. Yo estoy absolutamente convencida de que no fue así; por eso es que me sometí a la censura, porque estaba convencida de que no había responsabilidad en el presidente Humala. Y si esto fuese cierto, sería responsabilidad de algunos malos funcionarios, que ya están dando cuenta ante la ley; y los procesos que se inician en sede del Ministerio Público, continúan de oficio, nadie los detiene. Pero que la prensa nos ayude, que el diario Correo nos diga los nombres de estos funestos personajes; yo los quiero saber. Por lo demás, ustedes tienen la fuerza de los votos. Pueden votar favorablemente por el informe en minoría, que en muchos aspectos considero que tiene coherencia; pero no establezcamos aquí que esto ha sido un hecho que proviene exclusivamente de esta gestión. Proviene de muchas, y muchos primeros ministros guardaron silencio, no solo de la gestión del Presidente Humala, y no por eso podemos pensar que el Servicio Nacional de Inteligencia no ayudó en muchos otros operativos que si han sido necesarios para restaurar la tranquilidad y el orden interno del país: uno de ellos, la caída de Feliciano. Le agradezco por estos minutos, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Gracias, congresista. Le agradecemos su tolerancia y comprensión. Puede iniciar su intervención, congresista Lescano Ancieta. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señora Presidenta, me pide una interrupción la congresista Salgado. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Interrupción concedida, congresista Salgado Rubianes. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidenta, entiendo los descargos comprensibles de la congresista Ana Jara, pero yo lo que quiero hacerle recordar es que cuando ella vino a la Comisión Permanente —y nosotros estábamos ahí, los de la Comisión de Inteligencia—, creímos que iba a deslindar. ¿Y qué fue lo que dijo ahí? Apoyó al señor Briceño, lo dijo exactamente, y eso fue lo que nos preocupó, porque nadie cree que usted, congresista, haya ordenado hacer eso. Alguien más fuerte lo ordenó hacer. Usted no, usted no sabía, porque usted no conocía ni la DINI. Usted dijo 47

que nunca había pisado la DINI; pero era su sector, ministra. Y cuando le dio el presidente Ollanta Humala la denuncia, antes de irse de viaje, de que estaba siendo perseguida Marisol Espinoza, porque se había quejado, usted tuvo que mandar a hacer una investigación de inmediato. Y eso fue lo que no hizo. ¿Pero qué dijo cuando vino con Briceño? ‘Señora Presidente —le dijo usted—, cada funcionario público es responsable de los informes que emite, pero yo hago mío los informes que emito. Lo que he venido a hacer de conocimiento a la Comisión Permanente es lo que la Dirección Nacional de Inteligencia me corre a mí traslado como organismo adscrito al sector que represento.’ La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— ‘Yo me limito, Presidente, a recibir la información que la DINI me da. Yo creo que sería una respuesta subjetiva. Señale que, aquí, sí me quedé conforme o no me quedé conforme. Yo recibo como abogada una exposición, y para mí es suficiente.’ Eso dijo usted. Para usted era suficiente, y no ordenó nada. Y sí es cierto: hubo seguimiento a congresistas de su bancada, cuando todavía no se habían ido. Por eso lo pusimos en primer orden. La colega Condori era de su bancada, cuando la siguieron; y la colega Espinoza, hasta hace poco también era de su bancada. Sí, lo hicieron. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra, congresista Lescano Ancieta. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señora Presidenta, me pide otra interrupción la congresista Ana Jara; yo, con el mayor de los gustos. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Por alusión, tiene la palabra la congresista Jara Velásquez. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Presidenta, yo no encuentro, la verdad, contradicción entre lo que he dicho y lo que ha expresado la señora congresista Luz Salgado. Claro, yo solo hago mío los informes que yo firmo, no los que no firmo. Pero yo soy institucional, señora Salgado, así como ustedes fueron institucionales ante el régimen de Fujimori, cuando se taparon los ojos frente a las cosas que pasaban en el país. Si una OPE me corre a mí traslado de una respuesta oficial, yo tengo que traerla al Pleno del Congreso. Pero también dije que había dispuesto que los ministros de Estado me dieran información de hechos que me había señalado el congresista García Belaunde, el congresista Juan Carlos Eguren, el otrora ministro del interior Daniel Urresti, y que estaba a la espera de esa información para poder evacuarla al Congreso. Eso también lo dije. Entonces, si se van a decir textualmente mis declaraciones, que se digan completas. 48

Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Ahora sí, puede iniciar su intervención, congresista Lescano Ancieta. El señor LEWIS DEL ALCÁZAR (GPUR).— Señora Presidenta: Solamente para una cuestión muy puntual. He leído ambos informes, hemos sido varios los denunciantes en esta investigación; pero lo que me sorprende es que la investigación no ha sido integral, porque para algunos han investigado; para otros, no. Esa es una forma de discriminación, y me da la impresión de que todavía en el Perú hay amigos y amigotes en la política que tienen algunas preferencias; y algunos que no son amigos y amigotes, no ven el caso para indagar la verdad. Aquí, nosotros denunciamos que el 22 de enero de este año se nos hizo un seguimiento. Se dio el número de placa del vehículo, se dio el parte por parte de seguridad; y la Policía contesta algo inaudito: dice que eran prácticas de cursos de técnicas básicas de vigilancia y que estaban practicando con la Policía Montada del Canadá cerca de la casa de un congresista. Es lo que dice la Policía, y detalla que por esa zona estaban haciendo prácticas de vigilancia, al parecer con policías de Canadá, y por esa razón estaban por mi domicilio. Eso lo han tomado como cierto en ambos informes de la Comisión; no se ha tomado en referencia el parte policial de seguridad, las referencias del vehículo, la incoherencia de la explicación, porque ni siquiera se ha remitido documento alguno que dé explicación o que pruebe la situación de seguimiento. Hay pruebas de que se ha hecho también revisión de mis bienes, y en las conclusiones de ambos informes no se dice ni una sola palabra. De manera que yo estoy extrañado de que algunas cosas se investigan y algunas otras cosas no se investigan. No me enojo, pero quería dejar constancia de ello. Señora Presidenta, la congresista Salgado me pide una interrupción. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la interrupción, congresista Salgado Rubianes. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidenta, entiendo la posición del congresista Lescano; pero quiero decirle que la Comisión no dejó de investigar su caso. Solicitamos informes; y con los informes que llegaron vino todo un expediente dándonos indicios de que lo que había ocurrido cerca de su domicilio tenía sustento. No tuvimos otro informe adicional que nos hiciera seguir otra línea de investigación. Por eso decía que la Comisión de Inteligencia no ha terminado, porque hay muchas líneas que se han quedado abiertas todavía, pero eso implica tener también facultades de comisión investigadora permanente.

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Nosotros nos hemos visto limitados porque, en principio, no éramos una comisión especial; no teníamos personal adicional; nosotros lo hemos hecho con nuestros propios asesores y con la documentación que nos han dado a fuerza de reclamos de parte de los sectores de Gobierno; y de parte suya, señor… La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista Lescano Ancieta. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta, estos hechos se dan en la coyuntura de los hechos de seguimiento producidos respecto a otras personas. Y aquí incluso se repiten las palabras que escuchó uno de los testigos cerca de mi domicilio: ‘Ahí viene el blanco, el objetivo’; y dice que ese blanco, ese objetivo, era una persona que iba a pie y que se llamaba Pierre Villeneuve. ¿Se ha comprobado eso, se ha acreditado —como dicen— que estaban haciendo seguimientos y prácticas de vigilancia? Entonces, con una explicación así de inconsistente no se ha dicho ninguna palabra en ambos informes, por lo que dejo constancia de eso. Creo que es una omisión en los informes, porque no se ha indagado adecuadamente. Sería bueno que en el Ministerio Público puedan revisar más el caso, porque creo que es importante que a todos los parlamentarios y políticos se nos trate por igual, puesto que somos víctimas de difamaciones por parte de algunos grandes medios de comunicación, de manera cobarde, con alevosía y ventaja, con una serie de inexactitudes. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Como políticos ponemos el pecho, porque no le hemos robado nada a nadie, ni hemos estafado a nadie, ni hechos causado daño a nadie. Pero acá en el Parlamento las cosas también se deben hacer de manera correcta: a todos investigarlos por igual, y todos los hechos indagarlos por igual. Simplemente, dejo constancia de esa situación. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Angulo Álvarez. El señor ANGULO ÁLVAREZ (GPDD).— Señora Presidenta: Hay algunos hechos incontrovertibles con respecto al proyecto Pisco. El primero es que el Gobierno peruano ha entregado 22 millones de dólares a una compañía israelita, y esta compañía no nos ha dado absolutamente nada. Hemos entregado un dinero sin un solo contrato —porque no hay ni hubo contrato—, con el propósito de recibir una máquina: un software de interceptación telefónica para cinco mil líneas. Le hemos pedido a Contraloría y a la DINI que nos digan dónde está el contrato en el que se estipulan las condiciones por las cuales nosotros deberíamos recibir esta máquina. No tenemos contrato, y hemos pagado religiosamente desde el principio, cuando entregamos 800 mil dólares, al último, el 31 de agosto, cuando entregamos un millón 800 mil dólares. Hemos pagado ya todo esto, y la máquina está ahí sin utilizar; y se acabó el dinero.

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Pero hay más todavía: la máquina no puede ser utilizada porque necesitamos la autorización de las cuatro compañías que prestan servicio telefónico, que son Telefónica, Claro, Entel y Bitel. Tenemos que pedirles autorización a estas compañías para que estas permitan que haya la interceptación telefónica; y para eso tenemos que pagarle a cada una de ellas. Se habla de un millón y medio a cada una de las compañías. Quiere decir que estamos hablando más o menos de seis millones de dólares más. Y hasta ahora no tenemos absolutamente nada. Además de eso, se han invertido nueve millones de soles en un edificio que se dice que era precisamente para contener todo el aparato. Sabemos nosotros, y he visto ese edificio en el 2011, que es el mismo edificio, no ha cambiado nada. Lo único que ha pasado es que lo han pintado un poco, le han puesto cableado estructurado, y se han gastado nueve millones de soles. Esto se llama aquí, mínimo, una negligencia criminal. Hemos comprometido 30 millones de dólares, y no tenemos absolutamente nada. Acá hay una complicidad, y quiero llamar la atención con respecto a la Contraloría. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor ANGULO ÁLVAREZ (GPDD).— Cómo es posible que la Contraloría y el Órgano de Control Interno no se hayan dado cuenta de que se estaba —entre comillas— ‘realizando un contrato a viva voz’. Cómo es posible que no se haya tenido en cuenta que cuando uno entrega dinero tiene que recibir algo en contraparte. La Contraloría tiene la culpa, el señor Fuad Khoury tiene mucha culpa en este asunto; y, por supuesto, tienen mucha culpa también los primeros ministros. No sé quiénes habrán sido los primeros ministros, porque han sido tantos; pero ellos tienen también la culpa. Y tiene la culpa el capitán Gómez, de la DINI; y tiene la culpa el actual, el señor Sevilla, de la DINI. Ellos han entregado la plata. Es por eso que considero que existe una defraudación al Estado, y esto significa que el daño causado... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. El señor ANGULO ÁLVAREZ (GPDD).— Señora Presidenta, me pide una interrupción la congresista Ana Jara. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la interrupción, congresista Jara Velásquez. La señora JARA VELÁSQUEZ (NGP).— Gracias, congresista Angulo. Presidenta, cuando usted, obviamente, lo considere pertinente, quiero que quienes han expuesto el informe en minoría sobre este tema de la DINI, o en su defecto, al presidente de la Comisión de Inteligencia, congresista Víctor Isla, me señalen cuáles son los usos parlamentarios. El Congreso de la República, entiendo, no le dio facultades de comisión investigadora a la Comisión de Inteligencia para que pueda exponerse este caso en el seno del

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Congreso. Sin embargo, lo estamos ventilando; y me parece muy bien que los 130 congresistas participemos. Pero cuando a mí me tomaron mi declaración en sede del Ministerio Público, la señora Fiscal ya tenía el informe en minoría y el informe en mayoría. O sea, ¿esto ya es de conocimiento de los operadores del derecho, y nosotros recién estamos tomando conocimiento del mismo? ¿Esos son los usos parlamentarios? Si esto es así, me gustaría saberlo. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista Angulo Álvarez. El señor ANGULO ÁLVAREZ (GPDD).— Solamente, para terminar, quiero decir que es indudable que necesitamos que la Comisión de Inteligencia se convierta precisamente en una comisión investigadora y que llegue hasta lo último de este problema. No puede ser posible que perdamos 30 millones de dólares a cambio de absolutamente nada. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Tubino Arias Schreiber. El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Señora Presidenta: Con relación a todo lo que se ha debatido hasta el momento, quiero referirme nuevamente al famoso proyecto Pisco, porque realmente es escandaloso lo que ha sucedido. Si bien es necesario que se cuente con un equipo de esa categoría para luchar contra el crimen organizado y resguardar la seguridad interna y externa del país; sin embargo, a estas alturas, en un país que afianza su democracia, ir y gastar 150 millones de soles y comprar como si fuese una caja de chicles, sin seguir ningún proceso, sin seguir ninguna de las normas sobre adquisiciones del Estado, nos causa preocupación, porque eso es lo que se ha hecho, y, peor todavía, hoy ni se quiere ponerlo operativo. Y ahí está tirada una inversión pésimamente mal hecha, sobre todo, por no haberse seguido a estas alturas ningún procedimiento. Por lo demás, en el informe en minoría no se habla solo de seguimientos, sino de cosas más serias, como observación, vigilancia y, luego, seguimiento, que ya se puede hacer incluso bajo medios que son de uso público. Pero ¿observación y vigilancia? Realmente, qué mal uso de los servicios de inteligencia; hasta cuándo vamos a seguir con crisis de este tipo en un país que tenemos que afianzar democráticamente. La verdad, todo esto es algo que no debe suceder en el Perú. Es lo que quiero recalcar. Veo que se acaba de retirar la congresista Ana Jara. Ella se indigna de algunas cosas; pero la realidad es que la DINI dependía orgánicamente, como hasta ahora, de la oficina del Primer Ministro; y ella la tuvo bajo su dependencia. Hay responsabilidades por negligencia o por omisión; pero la responsabilidad existe. 52

Entonces, eso es lo que se ha puesto en el informe y es lo que se ha presentado, inclusive, tengo entendido, ya hasta la Fiscalía; y hoy lo que se hace es poner esto en conocimiento público, para que se conozca qué es lo que ha venido sucediendo con la DINI, para que se sepa que sí hay pruebas plenas que se han presentado y que demuestran que ha habido observación, vigilancia y seguimiento, que son cosas serias. Eso es lo que se ha visto esta noche en este debate. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra la congresista Teves Quispe. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señora Presidenta: Escuchamos intervenciones cuyo único afán es perjudicar, naturalmente, al Gobierno. Nosotros tenemos que ser bien claros en señalar que hay un informe amplio sobre un trabajo que han hecho los integrantes de la Comisión de Inteligencia, y que hay en un informe en mayoría. Obviamente, también hay un informe en minoría que han trabajado quienes tienen mucha experiencia, y digo experiencia porque pertenecen a gobiernos anteriores; y lo han hecho tal vez pensando que aquí hubo persecución, hubo seguimiento, hubo —de repente— situaciones que en la práctica pueden corresponder a gobiernos pasados, pero que no es la práctica de este gobierno. Veo que en el informe en minoría mucho se habla de ‘habría’, ‘es una posibilidad’, ‘sería una posibilidad’. Esto no es una evidencia, tampoco es la verdad. Entonces, si hablamos de condicionantes o de posibilidades, deslindamos cualquier presunción de esta evidencia. Cuando hubo ese tipo de acusaciones contra el Gobierno, se censuró de manera injusta a una premier que hizo cabalmente un trabajo adecuado. La congresista Jara fue censurada aquí, en el Pleno del Congreso, por la situación de la DINI. Y, ¿qué se hizo con la DINI? Solicitamos su reestructuración. Entonces, ¿quiénes son los que realmente quieren a la institución? Cuando en una institución hay fallas, lo primero que tenemos que hacer es solicitar cambios, que son buenos, la reestructuración. ¿Quiénes son los que se oponen a una real estructuración y cambio? ¿Quiénes son los que ponen zancadillas y piedras en el camino? ¿Acaso no actuamos de inmediato y solicitamos que pudiese reconvertirse o ser revaluada para recuperar la institucionalidad? Señora Presidenta, creo que aquí se formulan denuncias con poca responsabilidad, porque se dice que habría persecución de congresistas, de la oposición. Nosotros somos políticos, y los políticos sabemos a lo que nos exponemos. Los políticos sabemos, desde el momento en que tenemos cargos políticos, que estamos siendo seguidos para no poder faltar al Estado. Entonces, qué tenemos que esconder, si todo está claro, todo es transparente; por qué tenemos miedo. Se ha cambiado al responsable de la DINI,

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inmediatamente, por dos veces consecutivas. Tampoco eso les agrada. ¿O es que pedir el cambio de malos funcionarios ha fastidiado a muchos? La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Me parece que hay necesidad de desenmascararnos, para saber quiénes realmente queremos una institución saludable y limpia, una institución que queremos cambiar, y quiénes se oponen. Nadie puede quedarse perennemente en una institución. Las personas pasamos, la institución debe quedar. Pero sí hemos pedido una reestructuración, y la hizo este Gobierno. Hay un informe que habla de indicios, por tanto, no son pruebas contundentes de que el Gobierno haya hecho persecución. Esas son falacias, son mentiras, son acusaciones, y en campaña electoral todo vale, todo sirve. Esas patrañas no las podemos admitir. Aquí hay un trasfondo político, un trasfondo electoral; y eso no se puede permitir. Basta ya, maltrataron mucho al presidente de la República, y también maltrataron mucho a la primera dama, Nadine Heredia, presidente del Partido Nacionalista. Esta mañana, por ejemplo, blindaron fácilmente a una candidata que debía venir a la Comisión de Fiscalización; entonces, ¿quiénes blindan...? La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiempo para concluir, congresista. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, hay quienes esta mañana han pedido que se presente como candidata a la Comisión de Fiscalización. Que venga al Congreso de la República. Sencillamente, no vino, no va a venir, porque no quieren algunos integrantes de algunas bancadas que siempre trabajan en conjunto, en equipo. Señora Presidenta, me pide una interrupción la colega Alcorta. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la interrupción, congresista Alcorta Suero. La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Gracias, congresista Teves. Presidenta, me parece, o no sé si he alucinado, pero he escuchado a la congresista Teves decir que las autoridades y los políticos que tenemos cargos públicos debemos ser seguidos. Me parece de terror, de espanto, una barbaridad. ¿Cómo vamos a aceptar y permitir que los políticos que tenemos cargos públicos debemos ser seguidos? Eso no es propio de la DINI, tampoco, absolutamente, de ninguna manera; eso es permitir un reglaje, un seguimiento, que se ha hecho justamente para el chantaje. No han seguido al hijo de la congresista Condori por el hecho de seguirlo. Lo han seguido para decir: ‘La señora está utilizando recursos del Estado, está utilizando a su seguridad, pues le dejan al hijo’. Eso es chantaje. Eso es chantaje para utilizarlo en 54

provecho propio. Y es inaceptable que se diga acá que todas las autoridades y quienes tenemos cargos públicos debemos ser seguidos. De ninguna manera; yo rechazo eso. En el Perú hay gente correcta y decente que no tiene por qué ser seguida, no porque tenga que esconderse, sino porque no tiene por qué ser seguida. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista Teves Quispe. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Lo que ha habido es una malinterpretación, porque yo no he dicho que deben ser seguidos. Desde el momento que somos autoridades políticas, no debemos tener miedo a nada. Puede haber un control, puede haber un trabajo, y por ese trabajo transparente uno no le teme a nadie; y, sobre esa base, creo que no le debemos tener miedo a nadie. En política, obviamente, nada es casualidad. Arremeten contra el Gobierno, todos disparan contra el Gobierno; pero nosotros hemos tenido reacciones saludables. Vemos que también hay congresistas que ya no pertenecen a esta bancada, tendrán sus razones. Finalmente quedamos pocos, pero los mejores. Así que hay que seguir trabajando y seguir estando en el proyecto, porque los que se quedan en un proyecto política son porque mantienen lealtad y disciplina; y eso creo que lo saben los políticos tradicionales. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Inteligencia, congresista Isla Rojas. El señor ISLA ROJAS (NGP).— Presidenta: Ha quedado claro, evidentemente, que acá hay posiciones políticas marcadas. El informe de la Comisión en mayoría señala con claridad, sobre la acusación de seguimientos, que los mismas no existieron. En el caso específico de la congresista Espinoza, se ha demostrado, con la información de la DINI, que existía el denominado plan Islámicos. No se encuentra aquí, en este momento, el congresista Mora; pero el colega ha señalado con claridad que este plan se inició el 2002 hasta el 2004, es decir, este plan existe. Con referencia a la recopilación de datos de información pública, por ejemplo, hay una declaración en el diario El Comercio del general en retiro Danilo Guevara, que era jefe en el gobierno anterior, que señala que estos convenios con la Sunarp han sido renovados y que la intención, evidentemente, era tener recopilación de información pública, no con un propósito de seguimiento o de hacer un uso inadecuado de ella. Con el fin de saber si se ha dado este uso inadecuado, esto ha sido remitido al Ministerio Público. Hemos señalado también, y creo que el país tiene claridad en ello, la necesidad imperiosa de que el Estado peruano cuente con este equipo de interceptación telefónica legal, toda vez que venía operando en los procesos investigatorios con un equipo prestado por Estados Unidos. 55

Consideramos que no era posible continuar con ello, porque no es correcto. Sin embargo, dentro del proceso de adquisición, ante un informe de la Contraloría General de la República, así como ante las conclusiones a que llegamos por unanimidad en la Comisión, estas se han enviado al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones respectivas. Antes de finalizar, quiero aclarar lo que ha señalado, creo que por error, el congresista Tubino. Acá tenemos el informe. El proyecto Pisco no alcanza los 150 millones, como él dijo, sino que, entre la adquisición del equipo y la edificación, llega aproximadamente a los 70 millones. Por lo dicho, concluyo pidiendo a la Representación Nacional votar a favor del informe en mayoría. Muchas gracias. —Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Señores congresistas, habiendo finalizado el debate y la intervención del presidente de la Comisión, les agradeceré registrar su asistencia para votar. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Aprovechamos este momento para saludar por su cumpleaños a nuestra querida colega Verónika Mendoza Frisch, que los celebra hoy; y también, por el mismo motivo, al congresista José Luis Elías Ávalos, que los cumplió ayer. Han registrado su asistencia 78 congresistas. Se va a proceder a votar el informe en mayoría de la Comisión de Inteligencia. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se rechaza, por 46 votos en contra, 25 votos a favor y cinco abstenciones, el informe en mayoría de la Comisión de Inteligencia acerca de la investigación sobre el seguimiento a políticos y otros personajes realizado presuntamente por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se deja constancia del voto en contra del congresista Gagó Pérez. Ha sido rechazado el informe en mayoría. “Votación del informe final en mayoría de la Comisión de Inteligencia

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Señores congresistas que votaron en contra: Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Anicama Ñáñez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, García Belaúnde, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, León Romero, Medina Ortiz, Merino de Lama, Mulder Bedoya, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos. Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Apaza Condori, Benítez Rivas, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Isla Rojas, Jara Velásquez, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Rivas Teixeira, Solórzano Flores, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez e Yrupailla Montes. Señores congresistas que se abstuvieron: Dammert Ego Aguirre, Lescano Ancieta, Mavila León, Mendoza Frisch y Simon Munaro.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Con la misma asistencia, se va a proceder a votar el informe en minoría. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba, por 46 votos a favor, 24 en contra y seis abstenciones, el informe en minoría de la Comisión de Inteligencia acerca de la investigación sobre el seguimiento a políticos y otros personajes realizado presuntamente por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se deja constancia del voto a favor del congresista Gagó Pérez. El informe en minoría ha sido aprobado. —Las conclusiones del informe final en minoría aprobado son las siguientes: “INFORME EN MINORIA “Investigación de las denuncias de acciones ilegales ejecutadas desde la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI” CAPÍTULO 1 SEGUIMIENTO A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA MARISOL ESPINOZA CRUZ 57

CONCLUSIONES 1. Se ha podido determinar que la Dirección Nacional de Inteligencia habría realizado actividades de vigilancia, seguimiento y observación a la Vicepresidenta de la República Marisol Espinoza Cruz. 2. Dichas actividades habrían sido ejecutadas por los agentes de Inteligencia Johnny Huamán Espinoza y Raúl Pinto Cuevas con el consentimiento y por disposición del Jefe de la Oficina de Operaciones Johnny Bravo, Jefe de Contrainteligencia Mauro Castañeda y ex Jefe de la DINI Víctor Gómez Rodríguez. 3. El señor Javier Briceño, Jefe de la DINI, a pesar de tener muy poco tiempo en el cargo, trasladó una explicación del caso sin realizar una evaluación exhaustiva de los hechos, sino más bien dirigida a encubrirlos: -

Falsedad en la declaración de los agentes.

Uso de plantillas en las respuestas brindadas por los agentes de inteligencia frente a la investigación interna realizada por la DINI. Ausencia de firmas en un primer documento, para luego, insertar la firma en un documento posterior. Falta de entrega de correos electrónicos de los informes diarios de los agentes de inteligencia. Falta de entrega de fotos originales de la ubicación del vehículo de seguimiento a la Vicepresidenta -

Utilización del “Plan Islámico” como forma de encubrimiento.

4. Se ha podido determinar que el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, la Premier Ana Jara Velásquez y el ex Jefe de la DINI Víctor Gómez Rodríguez, conocieron los hechos previamente a la denuncia periodística, por queja directa de la propia Vicepresidenta e hicieron muy poco para investigar seriamente lo sucedido. 5. Habría existido un actuar negligente por parte de la Presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara Velásquez ante el conocimiento previo de la denuncia formulada por la propia Vicepresidenta de la República Marisol Espinoza Cruz frente al Presidente de la República Ollanta Humala Tasso. No existió una investigación interna adecuada ni profunda por parte del ex jefe de la DINI Víctor Gómez Rodríguez. Sin embargo, la versión de la DINI fue respaldada por la Primera Ministra Ana Jara Velásquez. 6. La falta de investigación seria de un hecho de esta naturaleza, plantea la hipótesis de que el ex Jefe de la DINI Víctor Gómez Rodríguez, sólo pudo haber dispuesto el seguimiento con el consentimiento del Presidente de la República Ollanta Humala Tasso. CAPÍTULO 2 58

DENUNCIA DE SEGUIMIENTO A POLÍTICOS Y DIVERSOS PERSONAJES CONCLUSIONES 1. Se ha acreditado la realización de seguimientos sostenidos y sistemáticos a Jorge del Castillo Gálvez, Jorge Paredes Terry y Natalie Condori Jahuira, con el objetivo político de presuntamente desprestigiarlos y/o desacreditarlos frente a la opinión pública. 2. El desarrollo y contenido político de los informes, los altos costos representados en la labor de observación, vigilancia y seguimiento realizado y la inacción y negligencia de la DINI para detectarlos, constituyen indicios razonables de que no serían de Empresas Privadas las responsables de dicho accionar ilícito, sino que se trataría de la utilización de recursos públicos por parte de los servicios de inteligencia con un claro intento de beneficio político. 3. Los seguimientos habrían sido realizados por personal de la DINI y los informes obtenidos y difundidos por funcionarios cercanos a Palacio de Gobierno según la sindicación directa de los periodistas de la revista “Correo Semanal”. 4. Un ex alto funcionario del Ministerio del Interior del actual Gobierno que labora en una institución muy cercana al Presidente, conjuntamente con otra persona, serían los encargados de entregar a los periodistas y difundir los documentos elaborados por la DINI para desprestigiar a los enemigos del Gobierno. Las acciones ilegales de seguimiento y espionaje sólo pudieron realizarse con el consentimiento y/o aprobación del Jefe de la DINI y con la aprobación del Presidente de la Republica Ollanta Humala Tasso de quien depende directamente. CAPÍTULO 3 LA AFECTACIÓN DE MILES DE CIUDADANOS Y LA DENUNCIA DE LOS CONGRESISTAS JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER Y VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA BELAÚNDE CONCLUSIONES 1. Se ha acreditado que la DINI habría realizado búsquedas de información de personajes políticos y ciudadanos con el objetivo de usar la información con fines políticos. Dicha actividad se habría realizado de manera sistemática y tuvo como objetivo desacreditar o condicionar el accionar de las personas vigiladas. 2. Se ha determinado que se realizaron acciones de búsqueda y probable seguimiento contra ciudadanos como funcionarios, empresarios, periodistas y familiares de políticos, que no constituyen ninguna amenaza para la defensa y seguridad nacional. 3. Se ha comprobado con la información entregada por SUNARP que las búsquedas realizadas por los servicios de inteligencia eran sistemáticas y tenían como propósito indagar la vida personal, patrimonial y familiar de políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos para usos con fines políticos. Asimismo, esta información habría sido 59

indebidamente utilizada con el propósito de iniciar procesos legales contra una de las víctimas del seguimiento (es el caso del congresista Víctor Andrés García Belaunde). 4. La recopilación de la información fue realizada desde 4 claves asignadas en base a los convenios firmados desde el año 2005 con la SUNARP por parte de la DINI y habría sido ordenada desde la alta dirección de la DINI que depende funcionalmente del Presidente de la República y está adscrita a la DINI. 5. La labor desarrollada por la DINI habría sido realizada con el consentimiento o permitida por el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y la Primera Ministra Ana Jara Velásquez, considerando que dicha entidad depende funcionalmente del Presidente de la República y se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (art. 16 del Decreto Legislativo 1141). 6. Se ha comprobado que se utilizaron recursos públicos para fines distintos a las funciones de la DINI. CAPÍTULO 4 VÍNCULOS CON PALACIO DE GOBIERNO Y ACTUACIÓN DE CONTRALORÍA CONCLUSIONES 1. Existen evidencias de reuniones sostenidas por el ex asesor presidencial Eduardo Roy Gates con el Jefe de Contrainteligencia y dos jefes de Operaciones de ésta dirección. Lo cual hace presumir de acuerdo a la normatividad que estas eran realizadas por encargo del Presidente de la República. Debe tenerse en cuenta que la Dirección de contrainteligencia está involucrada en las búsquedas registrales de miles de ciudadanos y en el seguimiento a Marisol Espinoza Cruz. 2. La Dirección Nacional de Inteligencia no ha proporcionado información de manera oportuna a la Contraloría General de la República y ésta no ha actuado oportunamente para velar por la legalidad de la adquisición de equipos de interceptación telefónica y de datos. 3. No se ha sustentado adecuadamente la razón de la compra por parte de la DINI de estos equipos de interceptación telefónica y de datos, los gastos en infraestructura por 16 millones de soles, ni las razones por las cuales se ubica en las instalaciones de la DINI.” “Votación del informe final en minoría de la Comisión de Inteligencia Señores congresistas que votaron a favor: Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Anicama Ñáñez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, García Belaúnde, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, León Romero, Medina Ortiz, Merino de Lama, Mulder Bedoya, Pari Choquecota, Pariona 60

Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos. Señores congresistas que votaron en contra: Apaza Condori, Benítez Rivas, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Isla Rojas, Jara Velásquez, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Rivas Teixeira, Solórzano Flores, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez e Yrupailla Montes. Señores congresistas que se abstuvieron: Andrade Carmona, Dammert Ego Aguirre, Lescano Ancieta, Mavila León, Mendoza Frisch y Simon Munaro.” Se aprueban las mociones de saludo al Ejército Peruano por el aniversario del día instaurado en su honor; y, a la Policía Nacional del Perú, en un nuevo aniversario de creación institucional El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a dar cuenta de dos mociones de saludo. El RELATOR da lectura: Mociones de saludo De los congresistas Iberico Núñez y Cuculiza Torre, al glorioso Ejército Peruano, con motivo de celebrarse el 9 de diciembre de 2015 el centésimo nonagésimo primer aniversario del día instaurado en su honor, así como recordar la batalla de Ayacucho. De los congresistas Iberico Núñez y Cuculiza Torre, a la Policía Nacional del Perú, con motivo de conmemorarse el 6 de diciembre de 2015 el vigésimo séptimo aniversario de su creación institucional. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Por supuesto, los señores y damas congresistas que deseen suscribir estas mociones están invitados a hacerlo. Se va a consultar. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, del mismo modo. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se aprueban dichas mociones de saludo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han sido aprobadas. —El texto de las mociones aprobadas es el siguiente: “El Congreso de la República;

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Acuerda: Primero.— Expresar su saludo, felicitación y agradecimiento al glorioso Ejército Peruano, con motivo de celebrarse el 9 de diciembre de 2015 el centésimo nonagésimo primer aniversario del día instaurado en su Honor, así como recordar la Batalla de Ayacucho. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor general EP Carlos Enrique Vergara Ciapciak, comandante general del Ejército del Perú; y, por su intermedio haga extensivo dicho saludo a los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes de la escuela de oficiales, técnicos suboficiales, alumnos de la escuela técnica, a la tropa, al personal civil que labora en la mencionada institución. Lima, 10 de diciembre de 2015.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar su saludo, sinceras felicitaciones y agradecimiento a la Policía Nacional del Perú, con motivo de celebrarse el 6 de diciembre de 2015 el vigésimo séptimo aniversario de su creación institucional. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor general de policía Vicente Rodríguez Fernández, director general de la Policía Nacional del Perú; y, por su intermedio a los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes de la escuela de oficiales, técnicos suboficiales, a los alumnos de la escuela técnica y al personal civil que labora en la mencionada institución. Lima, 10 de diciembre de 2015.” Se aprueba el informe final materia de debate de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y los movimientos regionales y locales; habiéndose sancionado, en votaciones separadas, las recomendaciones 8, 9 y 24 El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El siguiente punto. EL RELATOR da lectura Informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de Investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales.(*) El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a iniciar la sustentación del informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión Investigadora, congresista Mavila león. 62

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Señor Presidente, me pide una interrupción el colega Cárdenas. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Cárdenas Cerrón. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidente, en cumplimiento de nuestras funciones que se establecen en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso de la República, un grupo de personas que han participado en las operaciones militares del año 1995 han pedido el apoyo de algunos congresistas, especialmente de aquellos relacionados directamente con el liderazgo de cada una de las bancadas, para que el Proyecto de Ley 2208, que se halla en Relatoría, sea exonerado del plazo de publicación y también objeto de ampliación de agenda, a fin de que pueda ser tratado en el Pleno Ordinario del jueves 10 de diciembre. Presidente, quisiera que me dé solo unos segundos para... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista, estas solicitudes de prioridades se hacen en el Consejo Directivo o en la Junta de Portavoces; de lo contrario, en los Plenos muchos congresistas van a empezar a pedir priorizar sus proyectos, y, así, la sesión sería inmanejable. Le solicito que, a través de la Junta de Portavoces, contemple la posibilidad de formular su pedido. Tiene la palabra la congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Señor Presidente: La Comisión Investigadora encargada de investigar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales, estuvo compuesta por quien habla, el congresista Yehude Simon como vicepresidente, el congresista Agustín Molina como secretario, el congresista Julio César Gagó como miembro, el congresista Elard Melgar como miembro —previamente estuvo el congresista Kobashigawa—, la congresista Esther Saavedra como miembro y la congresista Julia Teves como miembro. Los objetivos de la investigación fueron, en primer lugar, como objetivo general, analizar y explicar la influencia del narcotráfico en los partidos y movimientos políticos en el ámbito nacional, regional y local. Como objetivos específicos, identificar los alcances, modalidades y mecanismos del narcotráfico en los partidos y movimientos políticos; identificar los factores que favorecieron la influencia del narcotráfico en las organizaciones políticas y en el manejo de la cosa pública; y, proponer un marco legal, políticas públicas y acciones de Estado orientadas a desarticular y prevenir la influencia del narcotráfico en los partidos y movimientos políticos. Colegas, coherentes con la función de la Comisión investigadora del Congreso, el objetivo de la Comisión no tuvo carácter jus punitivo; es decir, no pretendió sustituir ningún organismo jurisdiccional, sino hacer una investigación que tiene por objetivo la búsqueda de la verdad y proponer políticas públicas de prevención en esa orientación.

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La hipótesis de trabajo general reza lo siguiente: existe una influencia persistente, creciente y aún no hegemónica del narcotráfico en los partidos políticos y, principalmente, en los movimientos regionales y locales. Busca convertirlos progresivamente en instrumentos para la cooptación del Estado y el acceso y ejercicio de poder en las instancias de decisión, en diferentes sectores y niveles de gobierno en función de sus intereses particulares. Como hipótesis de trabajo específicas, consideramos que la instrumentalización de las organizaciones políticas, principalmente los movimientos políticos regionales y sus líderes, se ha producido a través de modalidades específicas en función de la naturaleza de la acción, los objetivos establecidos de la misma y los resultados esperados. Diversos factores, endógenos y exógenos, explican la instrumentalización de los partidos y movimientos políticos regionales y locales. La infiltración e instrumentalización de las organizaciones políticas y sus líderes exige propuestas de un marco legal alternativo, reformas político criminales y de administración de justicia, así como el fortalecimiento de los partidos políticos (reforma política integral) y el desarrollo de mecanismos y estrategias de desarticulación y prevención de la infiltración del narcotráfico. El acervo documentario de la Comisión investigadora y su cantidad Las declaraciones de investigados e invitados a la Comisión investigadora, los descargos de investigados presentados. Alrededor del 83% del total de investigados ha cumplido con alcanzar a la Comisión documentos de descargo.(Cuadro 24.) La primera etapa del trabajo de la Comisión estuvo orientada, de acuerdo a su plan de trabajo, a intentar hacer un diagnóstico de la problemática del narcotráfico y la política, y en virtud de ello se recibió información del Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE, de Devida, de la Procuraduría Nacional Antidrogas, de la Fiscalía Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Ministerio del Interior, de la Fuerza Aérea del Perú, de la Asociación Civil Transparencia y de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú. La información del Sistema Electoral: evidentemente, esta estuvo orientada a proponer medidas vinculadas al financiamiento público, directo o indirecto, aspecto que ya este Congreso ha visto cuando se ha discutido el tema de la reforma política.(Ver cuadro 25.) La ONPE nos plantea una radiografía de las finanzas partidarias. Tal vez debe resaltarse en este gráfico que, en relación a aportantes por denuncias procedentes del Ministerio del Interior, hay por tráfico ilícito de drogas cinco aportantes que estarían siendo procesados por este delito.(Ver cuadro 26.) La información procedente de Devida se destaca porque nos demuestra que el 75% de candidatos supuestamente vinculados al tráfico de drogas y el terrorismo, se encontraban en condición de investigados; y el 42% de candidatos con procesos vinculados al tráfico de drogas, se ubicaban en Huánuco y en Ayacucho.(Ver cuadro 17.) El número de candidatos, según situación legal, de acuerdo a la lista del Mininter, y ubicación en zonas de producción cocalera, era el punto de partida para hacer este diagnóstico. 64

La información de la Procuraduría Nacional Antidrogas fue particularmente relevante, porque nos hizo llegar una lista en la que hay un diagnóstico de caso por caso de los procesos vinculados a tráfico de drogas y lavado de activos, en los que estarían inmersas autoridades políticas en gestión o ex autoridades políticas. La Fiscalía Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio fue particularmente insistente en la necesidad de orientar una conceptualización del delito de lavado de activos, al que concibe como un delito de naturaleza autónoma. El audio, por favor. —Se pasa audio. “La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Doctora Delia Espinoza Valenzuela. La señora ESPINOZA VALENZUELA, Delia.— Gracias. Con relación a las preguntas que me formuló la congresista Mavila, voy a tomar el tema del delito precedente. Veo que hay bastante preocupación. No se preocupen, señores, la ley es clara. El principio de legalidad está totalmente consagrado con la Ley 1106. La autonomía del delito de lavado de activos está precisamente basada en eso, de que los actos de conversión, transferencia, etcétera, esa descripción típica es la que consagra el principio de legalidad; por lo tanto no se puede hablar de delito precedente. El delito precedente ya se cometió, ya es parte de otra estructura típica; eso que quede bien claro. Ya se cometió el narcotráfico, perfecto. Ya se cometió corrupción. Ya se cometió extorsión, secuestro, ahí se consumó. Lo posterior, lo que quiero ocultar, transferir, formalizar, invertir, ese dinero ‘sucio’, tiene ya su base típica en el lavado de activos como tal. Así como está en este momento la ley, nos permite hacer una lucha frontal contra el lavado de activos. Sobre el tema de la afectación que se generaría a los parientes, conforme a nuestra propuesta de que las declaraciones juradas los incluyan, no olvidemos de que una modalidad bastante frecuente es precisamente contar con testaferros; y, de acuerdo a los casos que estamos viendo actualmente, suelen ser hermanas, hermanos, ahijados o parientes bastante cercanos al funcionario. Entonces, ello vendría a justificar. Ya es cuestión de trabajar, en todo caso, técnicamente y sin vulnerar la Constitución, de que las libertades tienen también que ser ponderadas. No podemos hablar de libertades absolutas, y eso lo sabemos los que somos abogados. Por lo tanto, eso merece...” —Final del audio. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias.

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De este acercamiento con las instituciones vinculadas a la problemática del narcotráfico y de lavado de activos, tuvimos una primera conclusión: la necesidad de urgentes políticas de Estado en materia de narcotráfico y de lavado de activos. Una de las principales tiene que ver con las facultades recortadas a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la que no se le otorga la facultad de levantamiento del secreto bancario y tributario, cuando requiere información que debiera solicitar directamente a las organizaciones bancarias y financieras. Ahí tienen en pantalla, por ejemplo, un proyecto de ley de la congresista Omonte en esa orientación, que todavía no ha sido tratado en este Parlamento.(Ver cuadro 28.) La información procedente de las instituciones: son importantes las informaciones del Ministerio del Interior en materia de pistas de aterrizaje ilícitas, laboratorios ilícitos, pozas de maceración, vehículos incautados en el ámbito terrestre, marítimo y fluvial, y armas de fuego decomisadas. Tal vez es importante rescatar ahí la información respecto a la cuantía de pozas de maceración: de dos mil 157 el año 2012, baja a mil 398 el 2013, a mil 45 el 2014 y a 497 el 2015.(Ver cuadro 29.) La información procedente de las instituciones, como la Fuerza Aérea, en la que podemos advertir la tremenda cantidad de pistas ilícitas que hay, por ejemplo, en el ámbito del río Ene. Dicho sea de paso, según las últimas informaciones, hay un proceso de migración a la zona de frontera vinculada al Brasil.(Ver cuadro 30.) La información procedente de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. Por favor, el audio. —Se pasa un audio. El señor (…).— Esta es la droga que en el Perú tiene varios controles químicos para ver su pureza, un análisis cualitativo y un cuantitativo. A esa droga, primero, se hace un examen referencial al minuto que se decomisa en el campo; cuando llega acá al laboratorio se hacen otros dosajes, en presencia de peritos, en presencia del fiscal, la policía, y de ahí se almacena y (…), y posteriormente se lleva a la incineración; y, en ese proceso de incineración nuevamente se analiza con otros actores pero de las mismas instituciones; y posteriormente se procede a su destrucción final. La señora PRESIDENTA.— Congresista Gagó. El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Yo estoy escuchando atentamente su respuesta, entiendo que cada 15 días, más o menos, una vez decomisada la droga, incineran, es lo que estoy escuchando; y en el caso de la marihuana, prácticamente es casi inmediato. Sin embargo, aun así no me contestan mi pregunta. No guarda relación: si yo chequeo el año 2013 y comparamos los números que ustedes ponen aquí, yo diría que hay otros 20 mil 500 kilos por incinerar, lo hubieran desaparecido, según los números que ustedes me están indicando aquí. Esa es mi pregunta exactamente: ¿por qué la diferencia? La señora PRESIDENTA.— ¿Permitiría al congresista Gagó abundar en su pregunta?

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—Fin del audio. —Reasume la Presidencia la señora Natalie Condori Jahuira. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Es importante la precisión hecha por el miembro de la Comisión, congresista Gagó, porque había una incongruencia entre la información que daba el Ministerio del Interior sobre la cantidad de pozas incineradas y objetivamente el porcentaje real de droga incinerada. En el siguiente estadio de la investigación, empezamos a tener un debate sobre con qué criterio podríamos seleccionar una base de datos que vinculara actores políticos con narcotráfico; y vimos que la decisión no podía ser arbitraria, subjetiva. Y por eso echamos mano a información oficial, como la del 12 de agosto, en que el ministro del Interior, Daniel Urresti, entregó al Jurado Nacional de Elecciones una lista de 124 candidatos en el Perú que estarían vinculados al narcotráfico.(Ver cuadro 31.) La siguiente contiene la lista de 124, de la cual nosotros hemos filtrado básicamente los que se referían a autoridades en gestión o de nivel del gobierno regional, provincial o local, para intentar sacar un criterio aleatorio de estos tres niveles de investigados. Pero quiero que quede claro que nosotros no hemos seleccionado personas al azar, sino que hemos seleccionado personas que ya estaban siendo investigadas por la autoridad del Ministerio Público o del Poder Judicial.(Ver cuadro 32.) Una fuente fue la ‘Lista Urresti’, enviada al Jurado Nacional de Elecciones. Otra fuente fue la información procedente de la Procuraduría Antidrogas, e incluso alguna información procedente de la organización Transparencia. Entramos luego a realizar un diagnóstico parcial de la problemática del narcotráfico en nuestro país. En el diagnóstico incorporamos los principales factores que facilitan la infiltración de la droga en la política. Vimos que hay factores endógenos, es decir internos, propios del desarrollo del sistema político, como centralismo, ciclo de dictadura y democracia, instituciones débiles, pobre ciudadanía; y factores exógenos, que son ajenos al sistema político y obedecen a la propia dinámica del tráfico ilícito de drogas, demanda global de droga, evolución de la criminalidad, mercados ilícitos. Advertimos que el Perú fue proveedor de materia prima en un primer estadio (hoja de coca y pasta básica), que era transportada a los laboratorios colombianos para su transformación en cocaína. Para ese ámbito de gestión, en un primer periodo los narcotraficantes requerían relaciones políticas solo o principalmente en las zonas de producción en la selva alta. En un segundo periodo, las mafias colombianas y posteriormente las mexicanas, trasladan primeras etapas de transformación bruta, como la maceración de la hoja de coca y la primera elaboración de la pasta básica, cerca de las chacras de coca para exportar un producto semielaborado, aunque no grandes volúmenes, a Colombia y de ahí a Estados Unidos.

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Mantienen, sin embargo, las mafias extranjeras el conocimiento y la tecnología de elaboración del proceso de cristalización, las cadenas de transporte y de distribución internacional de la cocaína. En un tercer estadio, en el Perú, en años recientes, ante los cambios producidos en los mercados y circuitos internacionales de la droga, el Plan Colombia, la decisión del gobierno mexicano de confrontar contra la mafia de las drogas; las organizaciones extranjeras prefieren dejar en manos nacionales el manejo del circuito del narcotráfico dentro del país, para que ya no solo se produzca coca ni solo haya acopio, sino transformación, almacenamiento, transporte doméstico, cristalización e incluso preembarque.(Ver cuadro 23.) En esta ampliación de funciones de la economía de la droga transnacional y nacional, se requiere ampliar las relaciones políticas no solo en las zonas productoras, sino en las intermedias en la sierra y en los grandes puertos de la costa. Ahí tienen un cuadro de la evolución de los cultivos de la coca en el Perú y Colombia. Advertirán que mientras desciende el cultivo de la coca en Colombia, más bien crece en el Perú, estando en el orden de 62 mil 500 hectáreas cultivadas al año 2012, mientras en Colombia están en el orden de 48 mil.(Ver cuadro 34.) En el siguiente gráfico se advertirá la evolución de los cultivos de coca en el Perú, que ocupan 128 mil 739 hectáreas en el año 2012.(Ver cuadro 35.) En el siguiente gráfico veremos las nuevas rutas marítimas de la coca. Podrán apreciar que la tradicional ruta marítima orientada a México, Estados Unidos y Canadá, está variando hacia Bélgica, Holanda, España, Lituania, Italia. En Europa, la droga está en el orden de 40 mil a 45 mil por kilo de cocaína. En Asia, sin embargo, tiene un precio superlativo: 150 mil dólares por kilo. También hay un circuito orientado a Jordania y China, hacia África del Sur, a Benin, a Sudáfrica y a Oceanía. Adviértase que el 80% de las drogas que sale del Perú es por los puertos. Si bien las pistas clandestinas son un serio riesgo, más riesgo parece ser, por la modalidad del trasiego y la cuantía de las drogas, la modalidad marítima a través de los puertos.(Ver cuadro 36.) El Sistema Internacional Antidrogas y su llegada al Perú ha tenido que ver con el desarrollo de un régimen supranacional normativo de control de drogas, que se implantó en 191 países, entre ellos el Perú, desde 1908 hasta 1988. Estamos hablando de la Convención Única sobre estupefacientes, de 1961, la Convención Internacional sobre sustancias psicotrópicas, de 1971, y la Convención Internacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, de 1988. Esta forma de ingreso e incorporación interna, sin embargo, no consideró dos elementos claves para entender el narcotráfico: la demanda internacional determina la oferta, y el uso geopolítico del tráfico ilícito de drogas por Estados Unidos.(Ver cuadro 37.)

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Brevemente, tenemos luego una historia de las vinculaciones entre narcotráfico y políticas, que se inicia principalmente en la década de los años 40, con los primeros embarques de cocaína desde el puerto del Callao a Estados Unidos, con el clan de los hermanos Víctor y Tiburcio Carusso. Los casos de Rivera Llorente y Witthembury en 1976, constituyen embriones de la presencia del narcotráfico en los asuntos públicos nacionales. Los primeros nexos del narcotráfico en la política se van a dar en forma progresiva, incrementándose en los años sesenta y setenta, hasta 1994. Desde los ochenta y noventa y en la primera década del siglo XXI, se ha pasado por booms sucesivos, desde los tradicionales carteles colombianos, para los que trabajaba el narcotráfico peruano, de Medellín y Cali, o los mexicanos como La Familia Michoacana, Golfo Suárez, Sinaloa, hasta Los Zetas, lo que significó varios cambios en la dinámica de la economía del narcotráfico.(Ver cuadro 28.) Vladimiro Montesinos representa el fenómeno más visible de narcopolítica en el Perú. Estos datos los hemos extraído del informe y de los hallazgos de la Comisión Townsend, del Congreso de la República del año 2001. Manejaba, según la Comisión, directamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Poder Judicial; movía y colocaba personas de su confianza en puestos claves del Estado; con ello tenía acceso a información privilegiada sobre actividades de tráfico ilícito de drogas y los operativos de interdicción de la Dirandro, la DEA y las Fuerzas Armadas. Alberto Fujimori tomó conocimiento de las actividades ilícitas con el TID de Montesinos después del golpe de 1992. Con información privilegiada sobre el tráfico ilícito de drogas procedente del Poder Judicial, Montesinos obtenía dinero por tráfico de influencias y corrupción de funcionarios; manejaba instituciones militares, la Policía Nacional, el Fuero Militar, lo que le permitía encubrir casos de efectivos corrompidos por tráfico ilícito de drogas. Montesinos y altos mandos militares conocían los planes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en zonas dominadas por tráfico ilícito de drogas y alertaban de operativos al narcotráfico. Hemos hecho una secuencia, que solo voy a pasar brevemente, de las vinculaciones entre el narcotráfico y la política en el Perú, y las principales bandas, firmas y patrones de 1990 a 2000. El principal es el ‘Vaticano’, Demetrio Leonel Chávez Peñaherrera, detenido en 1994. Realizó casi 280 vuelos con droga desde Campanilla. Contó con protección de Montesinos a quien pagaba 50 mil dólares mensuales y de tres mil a cinco mil dólares para el general Nicolás Hermosa por cada vuelo. Luego está ‘El ministro’ Waldo Vargas Arias, colombiano, que reemplazó a ‘Vaticano’; ‘Los Norteños’, vinculado con el cartel de Tijuana, dirigidos por Jorge y José López Paredes.(Ver cuadro 39.) Posteriormente, las principales bandas, firmas y patrones del narcotráfico en el país que fueron protegidas; por ejemplo, ‘Los Cachique’, que se relacionaron con el cartel de Cali; ‘Los Camellos’, que, según declaración hecha por Boris Foguel ante el fiscal Espino Méndez, a Vladimiro Montesinos como socio de la organización le pagaban porque los 69

protegía para el traslado de droga. Ellos estaban vinculados al Cartel de Tijuana. ‘Los Albinos’, de 1998 al 2000, dirigidos por Pedro Perales ‘Don Pedrito’ y los colombianos Diego Vallejos y Saúl García Benites, dependiente de un remanente del Cartel de Cali al que abastecían con cocaína. Lizardo Macedo Santillán, ‘Cristal’, jefe en Lima. El jefe de la banda se arrepintió y declaró jurisdiccionalmente que pagaban cupos a Montesinos a través del comandante PNP Hugo Soyers.(Ver cuadro 40.) Lucio Tijero ‘El ingeniero’, quien ha declarado directamente a la Comisión y que se autocalificó como ingeniero petrolero de profesión y narcotraficante de oficio, reconoció que en la década de 1980 para adelante ellos trabajaban en el circuito de la ruta de la droga Perú-Colombia-México-Estados Unidos, que la familia Sánchez Paredes manejaba la ruta a México, que allí mataron a Segundo Sánchez Paredes, que Montesinos vivía en Leticia (Trapecio amazónico), que tenía un equipo de fútbol: el Defensor Comandante Clavero, que allí captaban a ‘traqueteros’, que conoció a los grandes: Barboza, Osito, Montesinos Torres, Perciles Sánchez Paredes, entre otros, y que todos trabajaban para Pablo Escobar, autodenominándose el cartel peruano.(Ver cuadro 41.) Vamos a observar los mecanismos de infiltración del narcotráfico en la política nacional. Primer mecanismo: corrupción vinculada al narcotráfico. El más visible se implementa mediante la realización de actos de corrupción (cohecho activo y/o pasivo) dirigidos a las autoridades de cualquier índole, para que hagan o dejen de hacer determinadas funciones de vigilancia, monitoreo, persecución y control. Por ejemplo, el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial. Segundo mecanismo: relaciones políticas, económicas y sociales del narcotráfico con autoridades políticas, en las que se distingue el lavado de activos como mecanismo de relación. Jorge Nieto habla de territorios signados por la característica de la paz narca, es decir, dejar hacer, dejar pasar a la producción y el trasiego de droga, a través de vínculos con autoridades o líderes políticos, de arriba a abajo, desde los gobiernos regionales, provinciales y locales. Tercer mecanismo: infiltración del narcotráfico en diversos niveles de actuación del Estado; por ejemplo, asegurar poder o influencia a nivel de control territorial en regiones o lugares estratégicos del país.(Ver cuadro 42.) Cuarto mecanismo: presencia y participación en procesos electorales para asegurar sus intereses de producción, traslado y exportación de droga, o para asegurar posterior lavado de activos con autoridades que eligen y que hacen obras para el Estado, invirtiendo dinero sucio a través del cual hacen movimiento de lavado de activos. Quinta mecanismo: crear mercados paralelos utilizando la mecánica de libre mercado, el impulso de la inversión privada y el favorecimiento de negocios ilícitos que han contribuido por escasa prevención, control y represión al incremento del narcotráfico y el lavado de activos, economías paralelas en Ayacucho, en Tingo María, en la selva, en fin, que están directamente articuladas al proceso de trasiego de drogas y de lavado de activos.(Ver cuadro 43.) 70

Sexto mecanismo: formación de fortunas mal habidas, como lo vamos a ver. Ya que no hay tiempo para exponer el trabajo exhaustivo que la Comisión ha hecho de los 29 casos investigados, por eso hemos seleccionado aleatoriamente solo cinco o seis casos; pero en esos casos se prueba la formación de fortunas mal habidas, no justificadas y la existencia de evidente desbalance patrimonial. Sétimo mecanismo: influencia sobre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El congresista Simon, cuando describa las conclusiones, probablemente detalle más estos parámetros que tienen que ver con pérdida de expedientes, demora de expedientes, tráfico de influencias e impunidad. Y, por último: el vínculo que hemos encontrado entre subversión, terrorismo y narcoterrorismo y sus relaciones con las organizaciones sociales.(Ver cuadro 44.) Desde 1980, Sendero Luminoso y el MRTA tuvieron áreas de influencia a lo largo de la selva alta, donde conviven pueblos y comunidades de agricultores migrantes, organizados en asociaciones, comités y otras formas de colectividades. Se produjeron relaciones, en algunos casos de enfrentamiento y puja por la hegemonía política y militar, en otros de convivencia, y en otros de negocio y asociación ilícita. Por último, el mecanismo del ejercicio de la violencia, sicariato, ajusticiamiento de parte de los narcotraficantes hacia dirigentes y autoridades políticas. Para muestra un solo caso: el narcotráfico pacta con un candidato a gobierno regional, al que va a auspiciar en proceso de selección; el gobernador provincial no se somete al pacto del gobernador regional y en tal virtud es asesinado. Entonces, el ejercicio de la violencia física o psicológica que ejercen estas organizaciones del narcotráfico para dar señales de predominio y asegurar la continuidad de sus negocios o la impunidad de su accionar. Hay vínculo presunto del narcoterrorismo y la representación política. Hemos entrevistado a las dirigentes cocaleras Nancy Obregón y Elsa Malpartida, que argumentan que ellas solo han asumido labores de liderazgo del movimiento social de los cocaleros; pero entre los dirigentes sí hemos detectado la presencia de Wilder Satalaya Apagueño o ‘Koki’, quien aceptó ante la Comisión que fue parte de una escuela política senderista orientada incluso a resolver las contradicciones entre los propios senderistas, entre la línea de ‘José’ y la línea de ‘Artemio’. Ellas están investigadas por delito de terrorismo y lavado de activos por tráfico ilícito de drogas.(Ver cuadro 45.) Tienen ahí a Félix Huachaca, que es el actor que fue enviado por ‘José’ para asesinar a ‘Artemio’, pero que no logró sus objetivos, porque ‘Artemio’ fue detenido previamente.(Ver cuadro 46.) Sin embargo, hemos recibido información de ‘Artemio’ de cómo confrontó el senderismo con organizaciones de narcotraficantes colombianos y cómo, aparentemente, autoridades peruanas apoyaron a los narcotraficantes colombianos para derrotar a Sendero, y como ‘Artemio’ posteriormente viajó a Colombia para asesinar a los líderes colombianos que habían sido, según ‘Artemio’, apoyados por la representación de la Fuerzas Armadas peruanas. 71

Pero lo nuevo en este extremo de la investigación es el presunto vínculo directo de narcoterrorismo con representación política. La señora Madelem Cloud Tapia, exalcaldesa de Aucayacu, procesada por tráfico ilícito de drogas ante el juzgado de investigación preparatoria de Leoncio Prado, expediente 291-2013, secretaria de juzgado, es la esposa de ‘Don Gabino’.(Ver cuadro 47.) Hemos detectado una conversación telefónica de fuentes de inteligencia entre ‘Artemio’, que era el líder senderista hegemónico en la zona en ese tiempo, con Gualberto Crispín Mejía Estrada, ‘Don Gabino’, esposo de Madelem Cloud, en que ‘Don Gabino’, que además es un hacendado, tiene una gran concentración de la tierra y trabaja con alta probabilidad en el trasiego de drogas, le admite poner como candidata a su cónyuge, porque hay que adecuarse a los tiempos, y le ofrece apoyo económico a un ‘Artemio’ que ya estaba en debacle económica; y en que ‘Artemio’ se compromete a darle apoyo político electoral para la elección de su cónyuge.(Ver cuadros 48 y 49.) Hemos advertido un asunto muy importante: es difícil que a un actor político lo encontremos haciendo narcotráfico directo, como sujeto activo de narcotráfico. Parece ser que el mecanismo más importante del eventual vínculo del narcotráfico y la política es a través de lavado de activos procedentes del narcotráfico. Y hay diversas características de lavado de activos en buena parte de los investigados. Por ejemplo, incrementos injustificados del patrimonio en el balance anual de las empresas, utilidades cuantiosas acumuladas no congruentes con el giro económico empresarial; adquisiciones de maquinarias a elevado precio con pago fraccionado, en que a pesar de que el pago es fraccionado vía leasing, no se justifica tremenda cantidad de pago en función de sus ingresos; financiamiento de vehículos cuyos pagos fraccionados no están justificados; cobro de dietas y dividendos como socios de empresas en base a utilidades que no son reales; apertura de diversas cuentas bancarias de procedencia desconocida; rentas no justificadas ante la Sunat; préstamos recibidos de personas insolventes; desplazamiento de activos de empresas nacionales a empresas internacionales; declaración de utilidades ficticias en las empresas investigadas; apariencia de mayor cantidad de patrimonio para ingresar dinero mal habido al capital ordinario; pagos hechos no a través del sistema bancario sino usando casas de cambio en el exterior o medios de pago de la economía informal; uso del sistema de cooperativas para dinamizar economías regionales con dinero procedente de la droga; formas de pago previo o ‘anticipos’ por supuestos pagos a terceros por negocios futuros; pagos ficticios del saldo de capital social cuando son incrementos del capital del dueño de la empresa; colocación de activos de unas empresas a otras de propiedad del mismo dueño; declaración de ventas ficticias ante la Sunat; adquisición de préstamos bancarios basados en necesidades inexistentes; uso de testaferros con vínculos familiares o que son trabajadores en condición de dependencia laboral; uso de testaferros para la formación de empresas con aportes procedentes de dinero mal habido; supuestas inversiones que generan pérdidas exorbitantes, por ejemplo, compra de aviones que después venden a precio diminuto, casi el tercio del valor con el que los compraron, y entonces no existe una racionalidad económica, salvo la presunción de que sobredimensionaron el valor del precio en la compra del primer avión; transferencia de capitales a terceros para encubrir el incremento sobredimensionado del patrimonio, etcétera. 72

Todos estos datos que parecen áridos, quisiéramos verlos con unos cuantos ejemplos. La relación de investigados la tienen ahí.(Ver cuadro 50.) Vamos a iniciar con un primer caso emblemático: el caso del señor Gilmer Wilson Horna Corrales, gobernador regional de Amazonas del 2014 al 2018 por el movimiento político ‘Sentimiento Amazonense’. Presunción: inversión privada presuntamente procedente de negocios ilícitos y desbalance patrimonial. Está procesado ante la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. Expediente 133-2014. Acá hay una característica bien peculiar: hay una revista, Información Mediática, que da cuenta de que hay 12 requisitorias del señor Gilmer Horna por el delito de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; y sin embargo, de esas 12 requisitorias ha desaparecido toda la documentación; y la procuradora antidrogas Sonia Medina, haciendo un trabajo enjundioso, encontró una sola requisitoria, que ha sido el punto de partida para la investigación por lavado de activos al señor Horna.(Ver cuadro 51.) El audio, por favor, si es tan amable. —Inicio de proyección del audio. La señora .— La pérdida de los expedientes, que en su momento se mencionó, es parte de las estrategias de las organizaciones criminales, y tan es parte que casi todos, no sé, si inteligente o torpemente lo hacen; lo que ellos hacen es desaparecer los rastros de vinculación con los delitos graves, en este caso, narcotráfico. —Fin de proyección del audio. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Tenemos la estructura familiar del señor Horna Corrales: su madre, su padre, sus hijos; y advertirán que tiene muchos hermanos. Sin embargo, el señor está separado y tiene ahora otra pareja, que es hermana de William Iván Sifuentes Zavaleta, y ese señor, ex administrador de uno de los negocios del Grupo Horna, Transportes Horna (GH Bus), es un ex sacerdote detenido el 27 de noviembre de 2012 por la posesión de dos kilos de morfina. Ese sacerdote es el actual cuñado del presidente del gobierno regional investigado.(Ver cuadro 52.) Entre las empresas del señor Horna, ustedes pueden ver ahí: pollerías, empresas de transporte, entre otras.(Ver cuadro 53.) El patrimonio total del señor Horna es del orden de 52 millones 395 mil nuevos soles, declarados ante la Contraloría. Es propietario de 18 inmuebles (15 en Lima, tres en Amazonas), tres camiones, siete camionetas, 19 motocicletas. Tiene también seis empresas con el 100% de acciones. Admitió, ante la Comisión, que empresas que rigen a nombre de otros accionistas en el fondo son de su propiedad. Tiene también otros bienes: 19 pollerías ‘Corralito’, 150 cabezas de ganado, 25 ómnibus, ocho custer y tres camiones. Dentro de su patrimonio empresarial: empresa educativa Grupo Horna, empresa de transportes Grupo Horna, Agropecuaria Glo Sac, inversiones Corralito, Inversiones 73

Pabecsa, Inversiones Z Tours, con un total por el orden de ocho millones 189 mil soles. Gilmer Horna, al asumir el cargo de gobernador de Amazonas, declaró ante la Contraloría, el 2 de febrero del 2015, un patrimonio de cinco millones 724 mil 500 nuevos soles. Sin embargo, ante la Comisión señaló que la totalidad de las acciones de las empresas eran de su propiedad, es decir, el total del capital social es de ocho millones 189 mil soles. Hay, pues, tres millones y medio que aparentemente no habrían sido declaradas con regularidad.(Ver cuadro 54.) Ahí tienen la estructura económica del Grupo Horna: todas las inversiones prueban que los accionistas son sus hijos o sus personas dependientes; principalmente son sus hijos o sus hermanos.(Ver cuadro 55.) Hay la simulación de propiedad de hermanos del investigado en la empresa de Transporte Grupo Horna. Los hermanos Carlos, Leocadio, Diógenes y Zoraida constituyen empresa cuya propiedad en realidad es del mismo señor Gilmer Horna conforme detalló este ante la Comisión.(Ver cuadro 56.) El incremento del capital de la Empresa de Transporte Grupo Horna SAC: en el 2005 su capital era del orden de 50 mil soles y en el 2011 es de ocho millones 19 mil. En seis años, se incrementó en casi ocho millones de soles. Vehículos adquiridos mediante leasing: el señor tiene 25 ómnibus, cinco camiones, siete custer, dos camionetas; en total, 38 vehículos. La empresa de Transporte Grupo Horna SAC ha adquirido 38 vehículos mediante leasing y préstamos en los años del 2006 al 2015, por un importe total de 24 millones 472 mil soles, llegando a pagar cuotas mensuales de 122 mil 300 dólares. Lo paradojal en este caso es que él ha declarado ante la Contraloría un ingreso mensual privado de 10 mil soles. En el hipotético caso de que cada vehículo produjera utilidades —hemos hecho un cálculo con los servidores de Contraloría que han laborado en la Comisión—, ello no da como para poder pagar 122 mil dólares por los vehículos, sobre todo los ómnibus que va adquiriendo el Grupo Horna. Tenemos también la otra actividad económica: restaurantes, bares y cantinas (Pollerías ‘Corralito’). Gilmer Horna es propietario de 19 pollerías: como persona natural tiene nueve; como inversiones Pabecsa, ocho; como inversiones ‘Corralito’, dos.(Ver cuadro 57.) Presuntos vínculos de Gilmer Horna con el narcotráfico: Con William Sifuentes Zavaleta, administrador de Transporte Horna, que fue detenido el año 2012 con dos kilos de morfina, que fue sentenciado además a ocho años de pena privativa de libertad, recluido en el penal de Huancas. Es hermano de Danny Merced Sifuentes Zavaleta, actual pareja del investigado. Tienen amapola cultivada. El látex de opio tiene la peculiaridad de que su valor es sumamente alto: el costo del litro de látex es de ocho mil 500 dólares en la actualidad.(Ver cuadro 58.)

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Señor Presidente, me pide una interrupción el congresista Martín Belaunde; con todo gusto. —Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Belaunde Moreyra. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Muchas gracias, congresista. Simplemente, ya que el señor Gilmer Horna tiene todo este patrimonio tan bien descrito por la congresista Mavila, le preguntaría si él tiene alguna vinculación con la política sea congresal, sea con el Poder Ejecutivo, sea con la política regional o local. Sería conveniente que la congresista nos ilustre sobre el particular. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Estimado congresista, recién se ha reintegrado a la reunión, pero hemos empezado por ahí. El señor es presidente del gobierno regional de Amazonas. Hemos empezado por ahí, antes de dar esta información. Pero de todas maneras le agradezco la pregunta; porque, si no, no tendría sentido todo lo que estamos tratando de demostrar: el vínculo entre esta autoridad política y lo que a nuestro juicio revela un incremento importante de su patrimonio personal; y además vínculos indirectos con personas que están siendo procesadas por narcotráfico. Vamos a pasar a un segundo caso emblemático, que tiene que ver con la familia Sánchez Paredes. Con fecha 7 de mayo de 2010, el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de la Corte Suprema de Justicia de la República abre instrucción en vía ordinaria contra Segundo Orlando, Segundo Manuel, Fidel Ernesto, Miguel Ángel y otros integrantes de la familia Sánchez Paredes y terceros. Posteriormente, en el 2012, la doctora María Maguiña, Fiscal Adjunta del Ministerio Público, Segunda Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada, produce una resolución en la que refiere que, no habiéndose desvirtuado la presunción de inocencia, no estando probado ningún desbalance patrimonial y no estando probada la existencia de delito precedente de tráfico de drogas, este expediente debe ser archivado.(Ver cuadro 59.) Posteriormente, en abril del año 2014, en su función en ese tiempo de fiscal supremo penal, el actual Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, desestima el archivamiento, desaprueba el dictamen de la fiscal que señalaba que no había mérito para pasar a juicio oral y ordena la apertura de ese juicio oral. Entonces, hay dos criterios diferenciados de la autoridad del Ministerio Pública para la apertura de investigación a integrantes de la

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familia Sánchez Paredes, de los cuales básicamente me voy a referir a dos.(Ver cuadro 60.) Pero previamente quiero presentar a la familia. Ahí la tienen: el señor Segundo Simón Sánchez Paredes, que fue asesinado en México en 1987, en su hacienda donde tenía un laboratorio de procesamiento de droga. El señor Perciles Sánchez Paredes, que cayó abatido en Trujillo en 1991, supuestamente al resistirse a un asalto. El señor Segundo Manuel Sánchez Paredes, ex alcalde de Mollebamba. Y el señor Fortunato Sánchez Paredes, actual alcalde de Mollebamba. Los hemos investigado en virtud de su vínculo político con la gestión municipal en esas localidades, y también en virtud de su notorio estatus patrimonial.(Ver cuadro 61.) Los hermanos Fortunato y Segundo Manuel Sánchez Paredes son alcaldes, turnándose desde hace 19 años, del distrito de Mollebamba. Segundo Manuel Sánchez Paredes, ex alcalde de esa municipalidad, está siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos, proceso que se encuentra en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. ¿Podemos escuchar el audio? El señor no quiso declarar ante la Comisión. —Se pasa audio. El señor .— Por favor, señora Presidenta, señores congresistas, debo manifestar que yo hace siete años me vienen investigando en las Sala Supranacional, segunda sala, o sea que yo hoy no puedo declarar, me acojo al silencio, luego he enviado por acá dos escritos ya en donde les digo todo. En lo que se refiere a la municipalidad que estaba a mi cargo, yo fui invitado por estos grupos políticos, yo he sido invitado por mi pueblo más que nada; yo nada más que hacía de incorporarme al grupo político, ya se vivía en aquel entonces. A la hora de retirarme, señores congresistas, el Foncomún de mi distrito era de 28 mil soles, o sea qué lavado va ver ahí, no hay lavado, así que me abstengo de declarar, señores congresistas. Discúlpenme, pero ese es mi derecho que me guardo. —Fin del audio. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— En la Comisión hemos respetado el derecho constitucional a la reserva del investigado. Sin embargo, ello no ha obstado que investiguemos, por información de Sunarp principalmente, su patrimonio. La familia Sánchez Alayo, que está compuesta por el investigado, su esposa y sus hijos, registra un patrimonio total de 208 inmuebles y 31 vehículos, por un valor total de vehículos de 621 mil 451 dólares. Hay una disputa incluso entre padre e hijos. Hubo un tiroteo entre los guardaespaldas de Manuel Sánchez Paredes y los de su propio hijo, Fidel Sánchez Alayo, en las inmediaciones de la Corte de Justicia de Ica. Padre e hijo son procesados por lavado de 76

dinero y, ahora, se disputan la mina San Simón. Adviertan como cayó abatido un seguridad de Fidel Sánchez Alayo.(Ver cuadro 62.) Inmuebles del padre, de Segundo Manuel Sánchez Paredes: en Lima tiene 28 inmuebles por 914 mil 166 metros cuadrados; en Trujillo tiene nueve inmuebles, 246 mil 274 hectáreas; en Otuzco tiene 104 predios; en Huamachuco tiene 12 predios, y en Juanjuí, 23 predios. Total de inmuebles a título personal: 166.(Ver cuadro 63.) En propiedad vehicular tiene siete vehículos. Hay una modalidad que entiendo la deberá explicar el congresista Simon, que hemos caracterizado como un mecanismo importante indicial de lavado de activos, que tiene que ver con utilización de distintas modalidades de adjudicaciones de tierra, para una concentración sobredimensionada de terrenos en zonas alejadas del control policial o jurisdiccional, o en zonas cercanas al mar. Por ejemplo, en Quilmaná, Cañete, el señor Sánchez Paredes tiene tres sublotes adquiridos de la Asociación Agricultura Los Ángeles de Quilmaná. El sublote tres fue adjudicado por el Ministerio de Agricultura a la Asociación de Agricultores al precio diminuto de once céntimos de un nuevo sol por metro cuadrado.(Ver cuadro 64.) El grupo Sánchez Paredes, según sus dirigentes, se ha ido apropiando de terrenos de la comunidad. La Minera San Simón habría comprado parte de esos terrenos, y en segunda venta la habría vendido a Segundo Manuel Sánchez Paredes por el valor de 409 mil 850 dólares. La característica de estas áreas es que están bajo control territorial de seguridad privada, que impide incluso el trasiego de personas privadas que habitan en posesiones colaterales. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná. —Inicio de proyección de video EL presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná.- Hacen su trabajo. El señor .- ¿Los Sánchez Paredes cuando invadieron tu terreno que cantidad de terreno invadieron? EL presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná.- Ellos por lo menos ingresaron una esquina, por lo menos, de 20 hectáreas, por lo menos El señor

.- 20 hectáreas,

EL presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná.- Según van pasando los años, van avanzando, van avanzando. Nosotros hemos tenido en el 2006 una inspección judicial del juzgado penal, donde el juez tenía que sacar de 24 horas a 48 un desalojo. Nunca ocurrió, nunca ocurrió hasta la fecha. El señor .- ¿Qué actividad la familia Sánchez Paredes realiza en esas grandes extensiones de terrenos que esta posesionado

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EL presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná.- Bueno, señor periodista, ¿ahorita qué han hecho? Después de la inspección judicial han empezado a construir corrales, han traído vacas, han empezado a sembrar encima de lo que… El señor .- ¿Cuantas cabezas hay ahí? EL presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná.- Por lo menos, según dicen que hay dos mil cabeza de ganado y han empezado a cercarlo toditito para no dejar entrar a los socios. Todo está cercado, toda está con alambre de púas, con eucalipto lo han puesto, está bien cercado. Ahora, solamente nos han dejado un pase, como decir un pase de, podemos poner, cinco metros para ingreso al pozo dos, nada más. El señor .- Perdón, ¿no han participado las autoridades del lugar, ya sea la gobernación, la policía, el alcalde de Quilmaná?, ¿no han hecho nada? EL presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná.- Bueno, yo a mi parecer todas las autoridades, los alcaldes están a favor de Sánchez Paredes. Mire cuánto documento he presentado, señor, al señor alcalde de Quilmaná. Hasta la fecha no me ha contestado mi documento. El señor

.- No actúa.

EL presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná.- No actúa. —Fin de la proyección de video. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— A continuación tenemos otras modalidades de concentración de tierra que ameritaría una nueva Comisión investigadora. Es curioso como en Otuzco, a título de compraventa, y a través de Cofopri, ha adquirido 43 predios, por el valor el metro cuadrado de trece céntimos el metro cuadrado, y en esa orientación tiene 751 hectáreas valorizadas en 980 mil 371 soles; Cofopri también: diez predios; Ministerio de Agricultura: cinco predios; Decreto Legislativo 667: 36 predios; Sunarp: diez predios. Total, 104 predios.(Ver cuadro 65.) Tal vez deberíamos preguntarnos si el fin tuitivo del Estado es otorgar tantos predios a unos cuantos que son los propietarios, cuando se supone que el otorgamiento de predios tiene que ver con un interés social, orientado a personas de estratos más subalternos. En Huamachuco tiene 12 predios, en San Martín, Juanjuí, tiene dos predios. En total tiene 23 predios. Se observa, pues, que adquirió terrenos a precio diminuto. En el bulevar de Asia, los señores Sánchez Paredes tienen tanto territorio que hasta una calle lleva el nombre de la hija de Orlando Sánchez Paredes, y se llama Verónica Patricia Sánchez Miranda. La Policía está investigando a la familia por tráfico de tierras en Asia, porque de las 28 mil hectáreas que forman el todo integral de este boulevard, 13 mil hectáreas están en posesión de los Sánchez Paredes.(Ver cuadro 66.) Veamos en el ámbito de concesiones mineras. Son 11 derechos mineros otorgados a Segundo Manuel Sánchez Paredes, por un valor total de cinco millones y pico de soles, 78

con un valor por hectárea de 866,30 soles, con un valor por metro cuadrado de 0,09 céntimos de sol. En concesiones mineras, 15 parcelas de tierras que suman seis mil 742 hectáreas.(Ver cuadro 67.) Sociedades legales de Segundo Manuel Sánchez Paredes: Sociedad Minera Jurdy, Sociedad Minera Corimarcas, Sociedad Minera Alicia Gabriela N.° 3, Sociedad Minera Alicia Gabriela N.° 7. Total de capital: 19 mil soles. En empresas, tenemos 18 por un valor de 46 mil dólares. Como sociedad conyugal, 32 empresas por un valor de 13 millones 521 mil dólares. Total de empresas: 50, de las cuales solo 16 registran información de su capital social. El valor es de 13 millones 567 mil dólares.(Ver cuadro 68.) Hay relaciones político-sociales. Está Sánchez Paredes con su abogado Eduardo Roy Gates; en un almuerzo, con el señor Toledo en Mamacona; Fidel Sánchez Alayo con Absalón Vásquez, ex ministro de Agricultura; Enrique López, supuesto hombre de confianza de Fidel Sánchez Alayo, con un congresista.(Ver cuadros 69 y 70.) Vamos a pasar a Fortunato Sánchez Paredes, hermano, alcalde también de la municipalidad de Mollebamba, en Santiago de Chuco, La Libertad, investigado por presunto delito de lavado de activos. El proceso se encuentra en la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. En Trujillo, el Ministerio Público está investigando al señor Fortunato Sánchez Paredes. Vamos a ver algo de su patrimonio: en Lima, un inmueble; pero en Trujillo tiene 54 inmuebles por un valor total de cuatro millones 585 mil dólares. Tiene 34 vehículos por un valor de 643 mil dólares.(Ver cuadro 71.) Tiene un derecho minero en Santiago de Chuco, donde ha adquirido el metro cuadrado a 0,03 céntimos de sol, y la Sociedad Minera RL Corimarcas en esa localidad.(Ver cuadro 72.) Tiene predios rurales en Otuzco, adquiridos por compraventa y también a través de Cofopri.(Ver cuadro 73.) Las empresas del señor Fortunato Wilmer son 15, en actividad minera, transporte, comercio, entre otras. El total de su capital social es de dos millones 149 mil 511 dólares. Con ello terminamos de describir una fortuna patrimonialmente poderosa y donde la pregunta que se hace el señor Sánchez Paredes: ‘¿para qué me interesaría a mí lavar en un municipio tan pequeño como Mollepata?’, podría tener —y eso evidentemente tendrá que investigar la autoridad pertinente— una respuesta que tiene que ver con la eventualidad de la producción o el trasiego de sustancias en las localidades donde tiene concentración de tierras. Además, la localidad ligada a la playa está muy cercana a los puertos, lo que también crea un escenario de vulnerabilidad para esa posibilidad de trasiego marítimo. Vamos a pasar a la familia Picón Quedo. 79

Por Disposición 440-2010, de 15 de setiembre de 2010, la Fiscalía Especializada en Tráfico de Drogas de Huánuco inicia investigación preliminar a los señores Picón Quedo, a propósito de un reporte periodístico publicado en el diario Perú 21, que se titulaba: ‘La Droga se infiltra en campaña’. Los hermanos Picón Quedo han tenido amplia participación política: el señor Juan Orfilio, fallecido, ha sido dos veces alcalde provincial de Huánuco; el señor Luis Raúl, presidente regional en funciones de Huánuco de 2010 al 2014; el señor Orfilio Isaac, fundador del movimiento Avanzada Regional Independiente Unidos por Huánuco, de 2012.(Ver cuadro 74.) Las empresas del grupo Picón: en Iquitos tienen una empresa, en Pucallpa otra, en Lima cinco empresas, en Tingo María tres empresas, en Tarapoto dos empresas. El principal rubro es el de venta de materiales de construcción y comercialización de productos agroquímicos.(Ver cuadro 64.) El patrimonio total: 23 millones 794 mil soles. Sin embargo, los Picón declaran ser propietarios de inmuebles valorizados solo en 80 mil soles, cuando en realidad tienen un patrimonio del orden de 125 mil. Sus empresas son Strong Loreto, Vidagro Selva, Picón Sac, Promotora Oriental, Maquinarias Sac, entre otras.(Ver cuadros 76 y 77.) El crecimiento de su patrimonio es relevante. Maquinarias SAC se fundó con cinco mil soles; ahora tiene un patrimonio de seis millones 845 mil. Vidagro se fundó con mil soles; ahora tiene un patrimonio de siete millones. Picón SAC, con diez mil soles; ahora tiene 393 mil. Strong Loreto, con diez mil soles; ahora tiene un millón 264 mil. Promotora Oriental, con 20 mil; ahora tiene tres millones 545 mil.(Ver cuadro 78.) La peculiaridad del grupo Picón es que durante la gestión de un Picón como autoridad, las empresas dirigidas por otro Picón pactan con el gobierno regional o el gobierno local. Así, tenemos contrataciones con el Estado en el periodo en que fueron autoridades electas: con Maquinarias SAC, por cinco millones; con Vidagro, por seis millones; con Promotora Oriental, por 41 millones; con Proconstruye, por 53 mil; con Comercial Picón, por un millón; con Radio Televisión, por 11 mil; con Picón SAC, por dos millones; con Strong Loreto, por tres millones, entre otras. Es decir, es el uso de los recursos del Estado en función de sus empresas individuales.(Ver cuadro 79.) Luis Raúl Picón ha sido ex presidente regional de Huánuco y tiene inmuebles registrados a la Sunarp. Adelante, por favor. —Se pasa audio. “La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— ¿No se le ocurrió a usted como autoridad algún diseño de políticas de control social o de presencia de órganos como la Policía, la Fuerza Armada, Inteligencia, para enfrentar la problemática del narcotráfico? El señor PICÓN QUEDO, Luis Raúl.— ... nosotros siempre hemos exigido el desarrollo del agro, desarrollo del campo. 80

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— ¿Hizo alguna gestión con la Fuerza Aérea, con el Ejército, con el Ministerio del Interior, para desarrollar una política de confrontación de las bandas de criminalidad sin el narcotráfico, señor Picón? El señor PICÓN QUEDO, Luis Raúl.— Siempre lo hemos hecho. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— ¿Qué hizo, señor? El señor PICÓN QUEDO, Luis Raúl.— Múltiples acciones. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— ¿A ver qué acciones, señor? El señor PICÓN QUEDO, Luis Raúl.— Múltiples coordinaciones con los jefes. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— ¿Pero qué? ¿Para qué? A ver, alguna obra, algo que se deduzca de esa coordinación. ¿Podría expresarlo, por favor? El señor PICÓN QUEDO, Luis Raúl.— De todas maneras, nuestra posición siempre ha sido clara contra el narcotráfico.” —Fin del audio. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Los bienes inmuebles registrados a la Sunarp por el señor Luis Raúl Picón Quedo, son tres en Lima, uno en Juanjuí, tres en Tarapoto, cuatro en Tingo María, por el valor total de diez millones 656 mil soles.(Ver cuadro 80.) Hay mecanismos de lavado de activos presuntos. ¿Por qué? Porque se registran empresas a nombre de sus trabajadores que fungen como accionistas, y transcurrido cierto periodo de tiempo el señor Picón, por junta general de accionistas... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista, han transcurrido 60 minutos; no sé cuánto tiempo más necesitaría para computárselo. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Trataré de abreviar, señor; serán unos 20 minutos. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Bien, 20 minutos. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Voy a dejar otros casos. El mecanismo es usar trabajadores como accionistas fictos y después recuperar el patrimonio.(Ver cuadro 81.) Presuntos vínculos con el narcotráfico: Jhon Friedrich Shanon Macedo fue administrador por tres años de cinco empresas de la familia Picón Quedo, está requisitoriado desde 1994 por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, según la Policía es presunto miembro de la banda ‘Tío Abraham’. Existencia de posibles vínculos de esta banda con la organización de Cachiche Rivera.

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Según informe de la Dirandro, se intervino a la ciudadana Lilia Bertha Guzmán Silva, primera esposa de Juan Orfilio, hermano del investigado, quien pretendía viajar a Sao Paulo-Brasil, llevando una maleta con cinco kilos de alcaloide de cocaína. Ahí tiene vínculos con la política, congresistas, en fin.(Ver cuadro 82.) Los movimientos financieros de Orfilio Isaac Picón Quedo son altos. Tiene importantes depósitos y cuentas bancarias en personas naturales y en personas jurídicas.(Ver cuadros 83 y 84.) El siguiente caso del que vamos a informar es el de Miguel Facundo Chinguel, que está vinculado al caso Oropeza. Este caso lo tuvimos que tocar porque durante el funcionamiento de la comisión hubo una solicitud expresa de tratamiento de esta problemática. El señor Chinguel, entre julio de 2007 y julio de 2011, fue director de Serpost. De enero de 2008 a marzo de 2010 fue presidente de la Comisión de Indultos y Gracias. Conoció a Américo Oropeza, dirigente aprista, en San Juan de Lurigancho, que era su campo de acción política. A la muerte de este, asesoró a su viuda e hijos, lo que incluyó actos jurídicos simulados. Percibía cinco mil soles por asesoría legal a la razón social Sergero SAC, de propiedad de la familia Oropeza. Creo que conocemos más o menos quién es la persona de Facundo Chinguel. Fue designado presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales el 2008; el 2006 ingresó al directorio de la empresa de Correos Serpost; tiene un proceso penal por omisión de funciones en el caso Crousillat: concesión de un indulto supuestamente humanitario, que posteriormente se derogó; tiene denuncias también por solicitar presunto dinero de presos para reducir condenas por narcotráfico; en julio de 2013, fue detenido de manera preliminar y está purgando prisión en el establecimiento penitenciario de Piedras Gordas.(Ver cuadro 85.) Miguel Facundo Chinguel apoyó la campaña electoral para el Parlamento Andino del señor Luis Nava. Tienen ahí el documento que prueba el monto que cotizó a favor de dicho candidato: aporte por cinco mil 200 soles para publicidad radial.(Ver cuadro 86.) El estudio Facundo Abogados estaba ubicado en el Paseo de la República 1636, 1654 y 1661, Lince. Gerald Oropeza era quien pagaba los arbitrios de ese inmueble desde el 2014. Pilar López, madre de Oropeza, declaró a la Comisión que compró el inmueble a sugerencia de Facundo Chinguel. Las gracias presidenciales otorgadas en el gobierno del señor Alan García, en el período del 2006 a 2011, ratifican pues cierta relación que creemos que tiene que quedar esclarecida. Son cinco mil 478 gracias; indultos, 232 en casos de narcotráfico; y conmutaciones, cinco mil 246. En caso de narcotráfico agravado, 72 indultos; y en caso de narcotráfico agravado, tres mil 207 conmutaciones. 400 conmutaciones dadas a condenados por tráfico de drogas en forma agravada. Las gracias presidenciales en el período 2006-2011 se constituyen en la práctica en un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este poder. 82

Tienen ustedes la resolución que otorga el indulto al señor Crousillat.(Ver cuadro 87.) Según el fiscal anticorrupción Walter Delgado, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Chinguel rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que habrían accedido a ello previo pago de 240 mil dólares. Este proceso se encuentra en este momento en el fuero judicial. Hay supuestos conmutados que vuelven a delinquir: el colombiano Edwin Javier Valenzuela Meneses es capturado en octubre de 2013 en Paita, con tres toneladas de droga, junto con una banda multinacional aparentemente vinculada al cartel de Sinaloa. El señor Oropeza, investigado por conspiración para el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, delitos tributarios, contra la fe pública, usurpación y corrupción. Fotografía en el sepelio del padre del señor Gerald Oropeza, asesinado el 26 de enero del 2011.(Ver cuadro 88.) Fotografías: Américo Oropeza, en vida, organizó en San Juan de Lurigancho, el 2011, diversas actividades a favor del candidato aprista Luis Nava. Luis Nava; a su diestra, el señor Américo Oropeza.(Ver cuadro 89.) Ahí tienen a Oropeza, inscrito en el APRA, como su familia. Él también era miembro del partido, después ha sido separado.(Ver cuadro 90.) Familia aprista: Américo Oropeza, padre, candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho. Pilar López, madre, candidata al Congreso de la República por ese partido. Casa de Crousillat. Ángel Vera Niño, dirigente del APRA, cuando fue gobernador de La Molina entregó la posesión del inmueble a Gerald Oropeza. Facundo Chinguel, abogado de la familia, militante aprista, compró acciones simuladas de sus empresas; contratos durante el régimen aprista por más de 216 millones de soles, la mayoría con el Ministerio Público de la razón social: en primer lugar Sergero y después Sergero SAC. Tienen el carné de afiliación al partido aprista de Gerald Oropeza, de su hermana Araceli, de su madre. Afiche de su madre como candidata al Congreso de la República por el N.° 17. La abuela y tías de Gerald Oropeza están vinculadas al tráfico de drogas. Teófila Vargas Flores, abuela; en 1980 fue sentenciada a dos años de prisión por tráfico de drogas y al pago de 30 sueldos mínimos vitales. Silvia y Cecilia López Vargas, hermanas de Pilar y tías de Gerald, involucradas en tráfico de drogas; una sentenciada en dos oportunidades y la otra investigada. Silvia López Vargas, tía de Gerald, fue narcoconnmutada en el 2009; debió salir en marzo del 2011, pero el gobierno aprista le disminuyó la pena diez meses antes. La resolución suprema que lo prueba.(Ver cuadros 91, 92 y 93.) Alamín Gaspar Barbarán, tío de Gerald. En febrero de 2003, Facundo Chinguel presentó un recurso de agravio constitucional a favor de Alamín Gaspar Barbarán —o sea, Chinguel fue defensor de Alamín Gaspar—, a fin de dejar sin efecto la sentencia por la que fuera condenado por robo agravado y recuperar su libertad; fue declarado 83

improcedente por el Tribunal Constitucional. Fue cabecilla de la temible banda de Los Destructores, que sembró terror en Lima en los 90 con asaltos al paso a vehículos de caudales, cambistas, bancos y secuestros. Disuelto Los Destructores, fue líder de la banda Canto Chico, de San Juan de Lurigancho. Después se injertó en Los Chalacos. Ahí tienen el parte del INPE que acredita que Alamín Gaspar Barbaran está preso en Huancayo por delito de robo agravado.(Ver cuadro 94.) Araceli Mirella Oropeza, hermana de Gerald, está casada con el hermano de Rubén Salas Espinoza, que fue asesinado en extrañas circunstancias a unas cuadras del local de SERGEROSAC.(Ver cuadro 95.) Blanca Yalitzi Gambini Vega, la madre de los hijos de Gerald Oropeza, es propietaria de cuatro vehículos Ibiza, comprados al contado, por un monto superior a los 60 mil dólares, y están destinados al servicio de taxi. Se presume que el patrimonio para la adquisición de dichos vehículos le habría sido entregado por Gerald Oropeza. Ahí tienen los lazos de la familia Oropeza con el Estado y la política: con el Ministerio Publico, con la Contraloría General de la República, con el Reniec, con la Universidad Villarreal, a través de contratos sucesivos de servicios de limpieza, principalmente con el Ministerio Público. Luego, los datos de sus vínculos políticos y familiares.(Ver cuadro 96.) Lo nuevo aquí es que Oropeza tiene un apoderado, su apoderado legal, Jason Silva de la Peña, que compró un kit electoral en julio de 2014 en la ONPE. Además publicó en facebook un aviso con el que pretendía comprar un partido político inscrito y vigente para el 2016. O sea, el apoderado de Gerald Oropeza quería comprar un ‘vientre de alquiler’. Entonces, hay una tentativa de participación política: Tienen el registro de la inscripción de mandatos y poderes de Jason Elberth Silva de la Peña, apoderado de Gerald Oropeza, y la compra del kit electoral del partido Acción Democrática Nacionalista Industrial.(Ver cuadro 97.) Tienen también los contratos de SERGERO con el Ministerio Público por 137 millones. En total, por 156 millones, en el periodo de 2008 al 2015.(Ver cuadro 98.) Los vínculos de Oropeza con criminalidad organizada El atentado al Porsche, el 1 de abril de 2015. Está toda la banda de la criminalidad organizada que confronta el Grupo de Caracol con el de Gerald Oropeza, pero están ambos debajo de Javier Poémape, alias ‘Javi’, que aparentemente tiene vínculos extranjeros. Hemos detectado un vínculo, por ejemplo, con el señor Valdez, de Ucayali, en el trasiego de drogas transnacional a través de Panamá.(Ver cuadro 99.) Tienen el atestado policial del 21 de noviembre de 2014 al Porsche. Les abren atestado por tráfico ilícito de drogas a los lugartenientes de Oropeza, Sulca, Berríos y Velásquez, y por posesión ilegal de armas de fuego.(Ver cuadro 100.)

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Lo curioso en este atestado es que lo hacen por supuesta microcomercialización de drogas, cuando dentro de lo incautado había suficiente documentación que probaba actos preparatorios de trasiego aduanero y de ubicación de barcos para, evidentemente, un listado de códigos de container para embarque, un diagrama de distribución de container y documentos reservados, que hacen presumir que era documentación de embarque y desembarque de mercaderías y de trasiego de drogas.(Ver cuadro 101.) Tenemos el atentado posterior contra Gerald Oropeza el 1 de abril; y aquí lo más interesante, lo que debiera ser más investigado tiene que ver con la existencia o no de una maleta azul. La asesora del congresista Gagó probó ante la Comisión la existencia de una maleta azul que habría sido traída de Centroamérica por Gerald Oropeza y que contendría euros de un trasiego de drogas por el orden de diez millones de dólares, producto del pago por el envío de una remesa de cocaína a Europa. La policía tiene distintas versiones sobre la existencia o no de la maleta azul.(Ver cuadro 102.) Tienen allí a Caracol, que es un delincuente que viene siendo pesquisado ahora en la mafia vinculada al Callao y al tráfico ilícito a través del puerto.(Ver cuadro 103.) Tentativa de Gerald Oropeza de infiltración en el Ministerio Público: El fiscal Salirrosas logró detectar que a través de un chofer que le habían puesto a disposición de su servicio estaba tratando de introducirse un ‘topo’ que era informante de Gerald Oropeza; asunto que habrá que investigar porque, evidentemente, la posibilidad de que bandas de criminalidad infiltren, vía personal subalterno, al Ministerio Público es todo un riesgo y una vulnerabilidad.(Ver cuadro 104.) Vamos a tocar brevemente el caso del señor Wilfredo Oscorima Núñez, ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho. Está procesado por tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito; reelecto el 2014; entrevistado el 18 de mayo. El señor tiene la peculiaridad siguiente: él dice que su única propiedad actual es un inmueble que alquila por el valor de 80 mil dólares en el centro de Lima. Sin embargo, sus cuatro consortes, la primera Judith Prieto, la segunda María del Rosario Wong, la tercera Eleodora Bautista y la cuarta Pamela Bedoya, tienen negocios vinculados a los negocios originales del señor Wilfredo Oscorima, los que tienen que ver con negocios de casas de juego.(Ver cuadro 105.) El incremento patrimonial el año 2013 con respecto al año 2011 fue del 46% en el caso del señor Oscorima, o sea, 70 mil 200 nuevos soles, y adquirió siete inmuebles por un valor de un millón 100 mil dólares. Tiene tres vehículos, el de mayor precio es un Mercedes Benz. Pero, en todo caso, lo que es interesante para la investigación es que durante el año 2014 —y esta es información que viene del levantamiento del secreto bancario—, se advierten tres depósitos inusuales de alto nivel de cantidad de dólares: 450 mil, 250 mil, 200 mil. Deposita tan alta cantidad de dólares, y luego la saca inmediatamente; y al 31 de diciembre la cuenta se queda con siete dólares. Igual, en el caso de Inversiones Palace y en el caso de explotación de salas de juego y bingo. Entonces, hay un movimiento medio raro de capitales en su trasiego de carácter bancario.(Ver cuadros 106, 107, 108 y 109.)

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De otro lado, tiene depósitos bancarios con una liquidez sumamente móvil. Tiene varias empresas, seis con capital social. No voy a referirme a lo que presumimos que tiene que ver con la posibilidad del uso de testaferros por sus parejas, y voy a pasar más adelante. Lo que sí nos parece importante a destacar, porque se expresa en varios niveles de otros investigados, es el tráfico de influencias vinculado a autoridades del Poder Judicial. El señor Alfonso Donaire Cuba, hermano del doctor José Donaire Cuba, vocal de la Corte Superior de Ayacucho, fue designado subgerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho; la señora Irma Rosa Córdova Ramos, hermana de José Manuel Córdova Ramos, presidente de Sala de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, fue contratada como directora de la Unidad de Coordinación de Lima; el señor Pedro Prado Prado, hermano del doctor César Prado, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, fue contratado en el cargo de director regional de Trabajo y Empleo del Gobierno Regional de Ayacucho. Parece ser que esta política de delegar autoridad regional en personas vinculadas al Poder Judicial crea un escenario para un eventual y posterior tráfico de influencias en el Poder Judicial. De hecho, hay denuncias de la prensa regional que rescatamos. En una conferencia de prensa del gobierno regional, Wilfredo Oscorima aceptó haber regalado un reloj Rolex al presidente de la Corte Superior de Justicia. Y lo que genera rebeldía es que cuando la periodista le pregunta si eso es cierto, el señor Oscorima le responde: ‘¿Y por qué? ¿Usted no desearía que le regalen también joyas similares?’ Etcétera. Vamos a terminar el caso del señor Oscorima, para decir que él tiene a título personal diez vehículos, siete empresas; su cónyuge primera, diez inmuebles, un vehículo y seis empresas; su cónyuge segunda, ocho inmuebles, dos vehículos y cuatro empresas; y su hijo, diez inmuebles y dos vehículos.(Ver cuadro 110.) Vamos a saltar en razón del tiempo, para tratar algo del caso Barranca; y lo debemos tratar porque fue encargado a la Comisión en el momento mismo en que se formó esta: El 31 de julio de 2014, en la playa La Bandurria, fue intervenido por la Dinandro un camión de propiedad del ex candidato a la Municipalidad de Barranca por Fuerza Popular señor Alberto Beto Tapia. Entre los detenidos se encontraba su cuñado Danilo Conrado Silva Sánchez, casado con su hermana Giuliana Mónica Tapia. En la playa no se encontró droga, sino otra sustancia. Sin embargo, cuando la Policía trasladó el vehículo al inmueble de donde originariamente se habían sacado los balones de gas, el fundo Tusán, donde se prepararon torpedos y ladrillos de yeso, la PNP encontró 41 kilos de cocaína, y no se explicó su fuente ni su origen. Ese fundo Tusán es propiedad de Gledy Margarita Córdova Tapia, sobrina del señor Beto Tapia. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— ¿Cuánto tiempo adicional más necesita, congresista? La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Cuatro minutos, señor. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene cinco minutos, congresista.

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La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Después le voy a pedir al congresista Simon que lea las conclusiones y recomendaciones, señor. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Correcto. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— En el penal Piedras Gordas, procesados por el caso Barranca, están el señor Danilo Conrado Silva Sánchez, cuñado de Beto Tapia, con antecedentes por narcotráfico; y Alberto Martín Cárdenas, egresado de Senati, probable autor de soldado de torpedos que transportaban droga. Ahí tienen unas fotos del señor Danilo Conrado, con un polo con una ‘K’, y también una foto con todo lo incautado en el fundo Tusán.(Ver cuadros 111 y 112.) Extrañamente, a los colombianos vinculados al caso Barranca se les dio comparecencia con restricciones, a pedido de la fiscal Díaz Prieto de la Primera Fiscalía Especializada, lo que permitió que esos colombianos fuguen del país. Esto debería ser aclarado por los órganos de control del Ministerio Público.(Ver cuadro 113.) Danilo Silva Sánchez formó parte de una organización criminal que se dedicó a la producción, en nuestro territorio, de clorhidrato de cocaína para exportarlo a México y Europa. El mexicano Barraza Sánchez, entrevistado en Castro Castro, reconoció haber venido al Perú para realizar actividades de narcotráfico el 2001 y haber contratado a Danilo Sánchez para esas actividades ilícitas.(Ver cuadros 114 y 115.) Por estos hechos, Danilo Sánchez ha purgado prisión. El mexicano dice que se autoincriminó para librar de responsabilidad a sus coprocesados, incluyendo a Silva Sánchez en el proceso en el que se incautó 65 kilos de droga y fue sentenciado a 20 años de pena privativa de libertad. Hay una extraña conmutación de pena de Danilo Silva. Curiosamente, Silva Sánchez remitió su solicitud de conmutación de pena el 25 de noviembre de 2008, y el 27 de noviembre del mismo año recién llegaba al Minjus el oficio del director del penal de Huacho, donde purgaba condena, remitiendo el expediente y la solicitud para que la Comisión evalúe el pedido. Es decir, la conmutación se decidió 15 días antes de que se solicitara la gracia presidencial.(Ver cuadro 116.) Señores congresistas, como reitero, el criterio rector de esta Comisión no es incriminar a los investigados, sino diagnosticar los principales mecanismos de lavado, de presencia sobrepatrimonial no explicada, de eventual enriquecimiento ilícito de actores políticos. Creemos que lo fundamental tiene que ver con las conclusiones y, sobre todo, con las recomendaciones de la Comisión, las mismas que fueron aprobadas por unanimidad, y con la propuesta de 27 proyectos legislativos, de los que posteriormente, en muy breve reseña, voy a dejar constancia ante ustedes. Congresista Yehude Simon. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Simon Munaro.

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El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidente: Evidentemente, esta Comisión ha trabajado, y no podía hacer un informe de un minuto ni de cinco minutos. Es un trabajo que está afectando a todo el país, sobre un tema que tiene que ver con la industria criminal y con la inseguridad. Pero yo quiero partir de lo siguiente: en principio, nosotros, por lo menos el que habla, no estamos hablando ni de instituciones del Estado ni de partidos políticos; estamos personalizando buscando responsables: ¿cómo se ha infiltrado a los partidos políticos, cómo se han infiltrado las instituciones?, y en función de eso estamos alertando. Entonces, que no se diga que estamos diciendo que la Fuerzas Armadas, que las fuerzas policiales y que todos los partidos políticos son narcotraficantes; porque, si no, no tendría ninguna razón estar aquí. Pero es evidente que la mayoría de partidos y que la mayoría de instituciones han tenido de una u otra manera infiltración de parte del narcotráfico, y por eso es que nos alarmamos. Antes de leer las conclusiones y recomendaciones del informe, quiero recordar que en la época del general Morales Bermúdez, años 1975-1979, se hablaba de una famosa promoción de la Policía de Investigaciones del Perú; y ahí hubo 35 generales que se adueñaron de todas las direcciones, especialmente de la dirección de delitos contra el patrimonio. ¿Y qué hicieron estos señores? Protegían a ciertas bandas a cambio de compartir el producto de los robos. Quiero recordar que en esta época alcanzó su máxima expresión la gestión de Eduardo Ipinze Rebatta como director superior de la PIP. Al llegar como director superior este señor, el negocio ilícito de narcotráfico comenzó a cambiar de dueños. La PIP barrió a todos los pequeños distribuidores y paqueteros, a los pequeños que eran protegidos por la Guardia Civil. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a proteger a los grandes. No podemos olvidar, por ejemplo, a las grandes mafias que llegaban a Lima procedentes del Huallaga; lo que significaba la estación PIP de Apolo, en La Victoria, donde iban a parar los grandes narcotraficantes que eran intervenidos en la Carretera Central, lo cual representaba una mina de oro para muchos policías. Cuando la Comisión trabajaba tuvimos la buena idea de interrogar a todo el mundo; y yo quiero recordar con la congresista Mavila y los congresistas miembros de la Comisión, lo que significó Tijero. Tijero dijo: ‘Sí, yo soy narcotraficante; sí, yo he estado comprometido; pero cuántos, en tal partido, en tal partido, en tal partido, están comprometidos. Díganme, yo hablo’. Y después, dio algunos nombres, que están incluidos en el informe de la Comisión. Pero tendríamos que dejar también de ser un poco hipócritas, porque esto no nace en el siglo XXI. Yo recuerdo, y recordarán los congresistas que estuvieron del 85 al 90 —creo que no hay ninguno ahora—, cuando íbamos a visitar los penales, que nos encontrábamos con que ‘El Padrino’, por ejemplo, jugaba fulbito afuera. Cuando estuve en prisión, vi por ejemplo cómo el señor Corrochano visitaba a los Sánchez Paredes, a Tijero, y se reunía con ellos. Ingresaba con carros de la policía o del ejército, porque no podía ver bien, y se reunían y hacían sus fiestas, y sabe Dios qué 88

negocios harían. Entonces, ahora estamos alarmados porque pensábamos que eso había terminado; eso nunca terminó, comenzó y sigue. Hablamos de Ipinze; pero también habría que hablar del general Rómulo Alayza; cuando asume la Dirección Superior de la PIP, Rodríguez López le hace un banquete a la promoción y controla todos los mandos. Con la captura de Rodríguez López queda descubierta toda la influencia en esa época del narcotráfico, incluso se habla de la presencia de Pablo Escobar en algún momento aquí en el Perú. Recuerdo mucho que cuando se capturó al narcotraficante Evaristo Porras Ardila, que fue toda una noticia en los medios de comunicación, se le encontró con 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— ¿Cuánto tiempo adicional requiere, congresista? El señor SIMON MUNARO (PP).— Por lo menos 15 minutos, Presidente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Correcto. El señor SIMON MUNARO (PP).— ¿Quién fue el defensor de Evaristo Porras Ardila en 1984? Vladimiro Montesinos. Fue enviado al penal de Lurigancho, y a fines de ese año se fuga del país en una avioneta, con la ayuda justamente de Montesinos. Y así, sucesivamente, podríamos hablar de Jorge Zárate, de cómo los grupos subversivos hicieron alianzas con el narcotráfico; pero también de cómo los gobiernos de aquel entonces dijeron: ‘Tenemos un enemigo común’, y se dedicaron a atacar al terrorismo, a la subversión, pero dejaron que el narcotráfico se desarrolle. Hace poco se informó que la Dirandro detuvo a 27 policías que están vinculados con el narcotráfico. Hace poco las fuerzas armadas denuncian que hay gente en el Vraem coludida con el narcotráfico. Lo dijo la congresista Rosa Mavila: cuando hemos investigado todos estos casos conocidos y hemos pedido los documentos —lo investigado en el Poder Judicial—, simple y llanamente desaparecieron, no hay ninguna información. Policía involucrada, fuerzas armadas involucradas, Poder Judicial involucrado, Fiscalía y Ministerio Público involucrados, congresistas de épocas pasadas separados del Congreso de la República durante la época del arquitecto Belaunde, por estar ligados al narcotráfico; durante la época del presidente García, por estar ligados al narcotráfico; durante la época del señor Fujimori, por estar ligados al narcotráfico. Entonces, nuestra investigación lo que ha hecho es demostrar que el país sí está infiltrado por el narcotráfico y que, además, si no tomamos las medidas del caso y el Congreso no vota las leyes que estamos presentando, simplemente vamos a terminar en un narcoestado. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado?

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Esta Comisión partió de dos hipótesis específicas que buscaron dos consensos preliminares que facilitaran las respuestas si existe o no influencia de narcotráfico en la política. Hemos concluido, primero, que el tráfico ilícito de drogas es en esencia un fenómeno económico que se acerca a la oferta y la demanda mundial de drogas naturales y sintéticas. Hemos visto que en los últimos 30 años, en el Perú esta actividad ilegal de carácter global ha evolucionado permanentemente para continuar su negocio y distraer los intentos en detenerla y reprimirla. Hemos concluido, como segunda, que el Perú y su sistema político —es decir partidos, ciudadanos e instituciones— tienen una larga experiencia histórica de diversas formas de influencia de narcotráfico en las estructuras políticas e instituciones del Estado; cuestión que es alimentada por un conjunto de ausencias históricas, deficiencias estructurales y obstáculos coyunturales que hacen que nuestra democracia y ciudadanía sean un modelo aún incipiente. Trabajando estos dos conceptos como antecedentes, podemos concluir que el trabajo de esta Comisión puede demostrar fehacientemente dos cosas: Una: el interés del narcotráfico, sus miembros y organizaciones nacionales e internacionales para influir, penetrar en la política peruana de diversos modos, en la formación de organizaciones políticas —se ha hablado de los movimientos regionales—, en el financiamiento de las campañas electorales —mucho ojo a los dineros que se están gastando en cantidades exorbitantes en esta campaña electoral—, lavar dinero en campañas electorales desproporcionadas; es decir, el manejo de poder y de la gestión pública hoy se convierten en instrumentos fundamentales de interrelación y comercio entre la economía ilegal y el sistema político legal. Hay una absoluta vulnerabilidad, deficiencia, fragilidad, carácter incipiente de las estructuras, mecanismos y procedimientos políticos de gestión pública, de control de la policía, de aduanas, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Contraloría y la administración de justicia. Creemos y tememos que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están absolutamente infiltrados; que habiendo buenos jueces y buenos fiscales, sin embargo, se les están yendo los narcotraficantes, y por la puerta grande, ni siquiera por la puerta chica. Segunda, seguramente todos los congresistas han visto esa serie sobre la vida de Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar se mete en la política, está sucediendo exactamente que muchos delincuentes de narcotráfico se meten en la política y tienen sus garras en estos poderes. No es ninguna novedad que esta Comisión haya concluido que el Perú es un país productor milenario de hoja de coca; su cultivo con un máximo de seis cosechas al año es la actividad con mayor rentabilidad. Cuando hemos ido a las zonas cocaleras, las Fuerzas Armadas que estaban allí les decían a los campesinos que siembren maíz; y se iban los militares. Puede usted, Presidente, hablar con el general Donayre, que es parte 90

de su organización, y el general Donayre le puede decir que los campesinos sembraban maicito. Y cuando el general Donayre, siendo ya miembro de las Fuerzas Armadas, jefe del Comando Conjunto, se retiraba, los campesinos decían: ‘Sembramos coquita porque es lo que más nos da’. Es decir, no hay presencia del Estado y los cultivos alternativos no han sido solución para ellos. Hemos encontrado que el Gobierno Central siempre fue y será objeto de mira para el crimen organizado, en razón, por cierto, del alto grado de centralismo que impera en nuestro país. Sin embargo, la presencia del Estado en los gobiernos regionales hace que estos tengan igual o mayor grado de vulnerabilidad. Hemos encontrado, como conclusión, que hay indicios de la llamada ‘Paz narco’; es decir, hay territorios controlados: el gobierno real ha desplazado al gobierno local, al gobierno regional; no pasa nada, nada se mueve en ese territorio, todo está tranquilo. Esta modalidad es una verdadera amenaza para el Perú, donde existe un débil control territorial del Estado. Hemos encontrado que hay pistas de aterrizaje adonde nadie llega; bajan las avionetas y la Fuerza Área ni siquiera ha podido intervenir; y todo el mundo callado. Hemos podido comprender la relación entre el narcotráfico y la política, bajo el esquema clásico de la corrupción, esto es, siguiendo el derrotero que puede transitar desde el soborno a funcionarios públicos hasta la captura de instituciones por parte del narcotráfico, que resultan insuficientes y superficiales, máxime cuando dichas relaciones se desarrollan en el escenario de Estados débiles y poco institucionalizados. Se está buscando el riesgo de reconfiguración del Estado en función de los intereses del narcotráfico, es decir, la transformación del Estado desde adentro por parte de organizaciones criminales que han llevado a la demora de la implementación de leyes adecuadas de escasa garantía de eficacia en las instituciones de control. La congresista Rosa Mavila ha mencionado lo que pasa en Ayacucho, en Amazonas, como en otros gobiernos regionales y gobiernos locales, lo que está haciendo del país otro Estado. Se ha verificado un creciente desprestigio del sistema político, especialmente de los gobiernos regionales y locales, teniendo de un lado la desarrollada percepción ciudadana de serios vínculos del narcotráfico con candidatos y autoridades políticas elegidas, y de otro, la aceptación y normalización por parte de la población de dichos hechos sin comprender el real alcance de los efectos que ellos acarrean. Cuando hablamos del ex presidente de la región Ayacucho, hace tres o cuatro años todo el mundo lo sabía; se hizo denuncias por todo lado, y han pasado cuatro años para que después descubramos que eso era cierto, pero lo metimos en la vida política del país. En el proceso de elaboración de una tipología correcta y eficaz que permite incluir los distintos casos y modalidades de involucramiento de narcotráfico en la política peruana en los últimos 40 o 50 años, creemos conveniente distinguir tres formas:

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a) En las campañas y procesos electorales, básicamente como instrumento para lavar dinero y asegurar lealtades, que ya estamos viendo. b) En el proceso de aseguramiento de las rutas locales, mediante el pago de cupos a diversas autoridades, entre ellas, alcaldes que se encuentran en la ruta de la droga. c) En el criterio de garantizar diversas formas de impunidad, ejerciendo presiones de nivel político para el desfavorecimiento de sede policial, fiscal y judicial. Se han verificado diversos mecanismos de infiltración de narcotráfico en la política nacional, corrupción vinculada al narcotráfico, relaciones políticas, económicas, sociales del narcotráfico con autoridades políticas, entre las que se distingue el lavado de activos como mecanismo de relación. Yo recuerdo, de lo que conversaba con el congresista García Belaunde, cuando al arquitecto Belaunde Terry se le da un avión para que pueda viajar a la parte amazónica, y Belaunde pregunta de quién es esa avioneta, y le dicen: De ‘Mosca Loca’. Él dice: ‘No me meto, no voy’. Sin embargo, algunos de sus funcionarios, después ministros, sí viajaron en esa avioneta. La presencia y participación en procesos electorales para asegurar sus intereses de producción, traslado y exportación de drogas o lavado de activos, el libre mercado e impulso a la inversión privada y el favorecimiento de negocios ilícitos, han contribuido, por escasa prevención y represión, al incremento del narcotráfico y lavado de activos; formación de fortunas mal habidas, no justificadas y desbalance patrimonial; influencia sobre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya lo dijimos; la subversión, el terrorismo, el narcotráfico y cómo han buscado estos sus relaciones con las organizaciones sociales, ejercicio de la violencia, sicariato, ajusticiamiento por parte de los narcotraficantes hacia dirigentes y autoridades políticas. Constatación de relación entre narcotráfico, terrorismo y movimientos cocaleros; desde su aparición en los años 80, cómo los cocaleros fueron considerados por los terroristas de Sendero Luminoso como su base social; esto es asumido como el proletariado de la coca. Empero, los narcotraficantes con ciertas divergencias respecto a sus intereses desarrollaron diversas estrategias para infiltrar progresivamente y dominar a los otros actores de la zona. Se ha podido advertir recurrentemente que las autoridades regionales y locales investigadas han ingresado a la política luego de acumular fortunas muy considerables que hacen presumir la existencia de desbalance patrimoniales, los mismos que se encuentran siendo investigados en los ámbitos policiales y fiscales por lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. No sé, Presidente, también lo conversamos con los congresistas que son parte de la Comisión; pero, ¿cuánto más vamos a investigar?, ¿cuánto vamos a demorar? Porque se pone en la cárcel a los que llevan sus paquetitos, y entre los grandes narcotraficantes, las cabezas de los narcotraficantes, no tenemos uno solo capturado; salvo lo que ha pasado con Oropeza, que no sé si será un gran narcotraficante, si será la cabeza; pero hace 20 años que no se captura a una cabeza de

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narcotráfico. ¿Y qué pasó con el Ministerio de Público? ¿Qué pasó con el Poder Judicial? ¿Qué pasó con la policía? ¿Qué pasó con el ejército? Por sus narices pasaba la droga. Entonces, se advierte la dilatación de los procesos de investigación, su archivamiento; ya se dijo, la pérdida de expedientes, fallos jurisdiccionales cuestionables que hacen necesaria y urgente una política criminal adecuada que tenga claridad en las prioridades; y creo que se hace necesaria también la restructuración total del Ministerio Público y el Poder Judicial. Se ha constatado que algunas autoridades regionales y locales investigadas, coincidentemente desarrollan negocios que se pueden considerar conexos, articulados, que favorecen o son proclives a actividades de procesamiento de drogas, tales como grifos, ferreterías, comercialización de insumos químicos, empresas de transporte, etcétera. Se comprueba la negociación, desconocimiento e incomprensión por parte de las autoridades regionales y locales investigadas de la responsabilidad de gestión que les compete en su lucha contra el narcotráfico. Se ha constatado la adquisición por parte de algunas autoridades regionales y locales de grandes extensiones de tierra por distintas vías de concesión, como lo ha demostrado en las imágenes la congresista Rosa Mavila. Se ha verificado del cruce de información realizado y de la investigación patrimonial a los investigados, la inconsistencia que existe entre patrimonio real y lo declarado ante la Contraloría General de la República y autoridades del sistema electoral por parte de algunas autoridades políticas, lo que haría presumir la existencia de patrimonio de dudoso origen. Se ha advertido la debilidad del sistema de partidos, el desorden y la informalidad de las agrupaciones regionales y locales, así como la ausencia de una correcta fiscalización económica de estas a sus candidatos y militantes. Esta Comisión ha identificado por lo menos tres razones de interés del lado del narcotráfico y los traficantes… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— ¿Tiempo adicional, congresista? El señor SIMON MUNARO (PP).— Sí, Presidente; le puedo asegurar que, máximo, en diez minutos termino. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene los diez minutos. El señor SIMON MUNARO (PP).— Esta Comisión ha identificado por lo menos tres razones de interés del lado del narcotráfico y los traficantes para acceder e intervenir en la políticas domestica peruana. Uno, garantizar el libre tránsito de la droga desde la zona de producción, transformación, tránsito y su despacho seguro y oportuno hacia el exterior. 93

Dos, facilitar el lavado de dinero. Tres, obtención del poder político a los más altos niveles de ejercicio de este que le permita obtener diversos tipos de beneficios judiciales, archivar o neutralizar resultados de investigaciones, incorporación de ganancias producto de modelo de emergencia patrimonial sobre la base de negocios vinculados a la droga, liberaciones e impunidad. Y finalmente, como conclusión, esta Comisión ha evidenciado la profunda debilidad, crisis, desborde de todas las instituciones, mecanismos, procesos y sistemas legales de control, prevención, detención, investigación y sanción de los delitos asociados al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en el Poder Judicial. Finalmente, vamos a dar lectura a algunas recomendaciones de políticas públicas. Teniendo en cuenta esta tercera hipótesis planteada en la investigación, se han desarrolladas las siguientes recomendaciones de políticas públicas que voy a resumir. Primera: la necesidad del seguimiento patrimonial de la Contraloría General de la República a los candidatos y a las autoridades elegidas, comparación de su patrimonio real y lo declarado al inicio de su gestión. Segunda: investigación de los signos exteriores de riqueza de los candidatos o autoridades políticas en las zonas vinculadas a la producción cocalera, cannabis y de la amapola; que la División de Inteligencia de Investigación de Lavado de Activos de la Dirección de Investigación ponga énfasis en la investigación de los bienes de las autoridades políticas así como de los candidatos de estas zonas. Tercera: Seguimiento especializado a procesos electorales en las zonas identificadas como la ruta de la droga. Aquí es necesario que se tomen las normas previstas en el sistema electoral para garantizar las fuentes de aporte y transparencia de las campañas electorales; y se va a ver que mientras más lejos de la capital se produzca el acontecimiento político, es decir, en las zonas más alejadas, las campañas electorales son de mayor dinero. En ese sentido, es necesario que el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE realicen un seguimiento más especializado en los lugares identificados como la ruta de la droga. Cuarta: Instalación de fiscalías especializadas y juzgados ad hoc. Quinta: Procedimiento, procesamiento, seguimiento y sanción por los gastos excesivos en las campañas electorales. Canalización de denuncias a la sociedad civil, a la ONPE, en lugares de trasiego de la droga. Sexta: cumplimiento efectivo de la ley que prohíbe la promesa de ofrecimiento y entrega de regalos y dádivas. Para nadie es un secreto que en los lugares más pobres se regalan televisores, radios, computadoras. Hace poco hemos visto cómo algunos candidatos en un distrito muy pobre han traído al hermano de Rubén Blades, han regalado piñas, sandías. Es decir, esto ya se pasa, es una burla total a lo que significa la democracia. Sétima: Exigencia a los candidatos de presentar planes, líneas de acción, indicadores medibles para enfrentar al narcotráfico en su ámbito de gestión. 94

Octava: Modificación de la Ley de Silla Vacía. Si bien es cierto que hemos aplaudido esta ley que el 20 de marzo de 2015 se vio, sin embargo creemos y recomendamos que la Ley de Silla Vacía sea aplicada al parlamentario que es sentenciado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos en primera instancia judicial. Novena: Separación automática de candidatos con investigación formalizada o proceso penal por delitos de narcotráfico y lavado de activos. Décima: Creación de la ventanilla única de aportantes. Undécima: Modificación de la Ley de Partidos Políticos, para establecer el límite de gastos de los candidatos y los partidos políticos en campañas electorales. Duodécima: Comunicación directa entre el tesorero descentralizado del partido político o el movimiento regional o local y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Decimotercera: Establecimiento de la vacancia inmediata de las autoridades políticas elegidas que hayan sido encontrados en flagrancia del delito de narcotráfico. Decimocuarta: Inclusión obligatoria del patrimonio del cónyuge, concubino o pareja en las declaraciones juradas. Esta propuesta implica la modificación del Código Civil, en tanto resta consecuencia al proceso de separación de bienes en este supuesto específico. Decimoquinta: Manejo, buen uso adecuado, control y cuidado de los políticos sobre la custodia de bienes. Decimosexta: Formación de una comisión investigadora del Congreso de la República que investigue los casos y la dinámica del involucramiento del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú. En ocho meses de trabajo de esta Comisión, hemos percibido que en términos estrictamente relacionados a la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas aéreas peruanas tienen serias limitaciones y presentan alta vulnerabilidad para ser infiltradas y sobornadas por esta forma de criminalidad; una gran debilidad para caer en manos de la corrupción procedente del tráfico ilícito de drogas ha venido expresándose sistemáticamente en ellas. Lamentablemente, los últimos 15 años, luego de la experiencia de sometimiento de las Fuerzas Armadas al narcotráfico por parte del señor Vladimiro Montesinos, en los años 90, los tres gobiernos han dejado en manos de las Fuerzas Armadas la tarea del combate al narcotráfico. Aquí se recomienda al Poder Legislativo la formación de una comisión investigadora —lo reitero— que por un plazo de seis meses pueda establecer las causas y medidas de involucramiento del narcotráfico en las organizaciones castrenses. Decimosétima: Creación de un sistema de alto nivel encargado de aplicar una política integral contra el narcotráfico. Decimoctava: Limitaciones en la concesión de la tierra, a fin de prevenir el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. Decimonovena: Limitaciones en la concesión de gracias presidenciales. 95

Nosotros hemos concluido que han sido objeto de mal uso las gracias presidenciales, lo que ha significado que muchos condenados por el delito de narcotráfico o tráfico ilícito de drogas agravado se hayan beneficiado con la conmutación de penas. El caso de los narcoindultos lo demuestra. Vigésima: Organización, planificación y despliegue de control de trasiego de drogas en la frontera con Brasil y Bolivia, bajo el monitoreo de la Presidencia del Consejo de Ministros y los gobiernos regionales de Loreto, Puno y Madre de Dios. Todos los peruanos, toda la Policía, todas las Fuerzas Armadas saben que por esas fronteras se va el narcotráfico y no se detiene absolutamente a nadie. Vigésima Primera: Reglamentación inmediata de la Ley de Interdicción Aérea. El 29 de agosto de 2015 se promulgó esta Ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional. Sin embargo, hasta ahora no se ha reglamentado. Esta fue una ley presentada por el congresista Tubino, que todos aplaudimos, y ha quedado en el aplauso, porque así quedó en la teoría; pero hasta ahora no se reglamenta. No sé qué está esperando el Gobierno para hacerlo, porque las avionetas de los narcotraficantes de Colombia se burlan de la Fuerza Aérea Peruana, la insultan y nosotros seguimos haciendo de la vista gorda. Vigésimo Segunda: Instalación de los radares presupuestados hace varios años en las zonas estratégicas de control aéreo de trasiego de la droga. Vigésimo Tercera: Incorporación de las cooperativas de ahorro y crédito al ámbito de fiscalización de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Vigésimo Cuarta: Otorgamiento de las facultades a tener acceso al levantamiento del secreto bancario y tributario de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensionas. Vigésimo Quinta: Ubicación de aeródromos ilícitos sobre la base de una labor de contrainteligencia permanente dotada de mecanismos y apoyo logístico del Gobierno. Vigésimo Sexta: Creación, rediseño, fortalecimiento y recuperación de una unidad de élite en la Dirandro dedicada al seguimiento de clanes de criminalidad organizada dedicados al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Vigésimo Sétima: Traslado de información de inteligencia a los gobiernos regionales y locales para investigación de signos exteriores de riqueza de los funcionarios y su entorno. Vigésimo Octava: Ejecución de una política frente al narcotráfico de parte de los gobiernos regionales y locales. Un minuto, Presidente, y termino. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Simon.

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El señor SIMON MUNARO (PP).— Vigésimo Novena: Obligatoriedad, transversalidad y plena urgencia del principio ético. Finalmente, debate, tratamiento y decisión de las propuestas legales presentadas por la Comisión. Termino, Presidente, felicitándolo a usted por haber tenido el coraje de haber presentado el informe de esta Comisión, que creo que deja en buen pie al Congreso de la República. Muchas gracias. Creo que continúa la congresista Rosa Mavila. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede concluir, congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Simplemente, voy a leer lo que ha sido un trabajo realmente importante y admirable de los asesores de la Comisión en lo fundamental. Proyectos de ley por unidades temáticas. En el ámbito de la reforma política y narcotráfico, control de las fuentes de financiamiento de candidatos y organizaciones políticas, responsabilidad política de gobiernos regionales, provinciales y locales en la lucha contra el narcotráfico. 1. Proyecto de ley que establece la obligación de los candidatos a gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales, alcaldes y regidores distritales, a informar a sus partidos y movimientos políticos, y a las ODPE, Oficinas Departamentales de la ONPE, los aportes y gastos en la campaña electoral. 2. Proyecto de ley que modifica el artículo 23.° de la Ley de Partidos Políticos, obligando a incluir en la declaración jurada de vida la relación de parientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. 3. Proyecto de ley de financiamiento a partidos en campañas no electorales y electorales. 4. Proyecto de ley para la creación de oficinas encargadas de la prevención y lucha contra el narcotráfico en los gobiernos regionales, provinciales y locales. Sobre mecanismos para impedir el traslado de droga. 5. Proyecto de ley que establece la instalación de unidades antidrogas en los puertos del país, dirigidas por el Ministerio Público, integradas por la Policía Nacional, con colaboración de la Autoridad Portuaria Nacional. 6. Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, con el propósito de autorizar a la Policía Nacional a ingresar a las zonas primarias de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, almacenes aduaneros y depósitos temporales del país; se orienta a buscar un mutuo control entre las diversas instituciones.

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7. Proyecto de ley que crea la Escuela Nacional de Estibadores, a fin de formar y capacitar en el oficio de la estiba, siendo este un requisito para laborar como tal en cualquier empresa de estiba. El problema ahí es orientar contra las bandas de criminalidad que usan el preñado de containers en los aeropuertos sobre la base de los trabajadores de estiba. 8. Proyecto de ley que regula los procedimientos de interceptación y derribamiento de las aeronaves civiles usadas para el tráfico de drogas. Esto ya fue aprobado por el Congreso de la República. 9. Proyecto de ley marco de control sobre el equipaje, carga y pasajeros en el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. 10. Proyecto de ley que declara de interés público la implementación e instalación de un servicio médico en los aeropuertos para los operativos antidrogas vía burriers. 11. Proyecto de ley que declara en emergencia, por 90 días, el sistema nacional de control e incautación de insumos químicos, a fin de realizar acciones correctivas necesarias para mejorar su eficiencia. Tercer ítem. Narcotráfico y Servicio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura y Policía Nacional. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— 12. Proyecto de ley que modifica la Ley 26397, Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin que las infracciones realizadas por los jueces y fiscales de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, especialmente sean consideradas como un demérito en el proceso de nombramiento, ratificación y destitución de magistrados. Se orienta a que archivamientos injustificados o dilataciones indebidas sean parte del balance en los procesos de ratificación. 13. Proyecto de ley de creación de fiscalías especializadas ad hoc encargadas de investigar denuncias vinculadas a delitos de tráfico de drogas y lavado de activos recaídas en candidatos a elección popular. 14. Proyecto de Ley que prohíbe el cierre temporal o definitivo de comisarías o puestos de control policial en zonas de alto tránsito de tráfico ilícito de drogas e insumos químicos. Reforma Penal y Procesal Penal 15. Proyecto de ley que establece responsabilidad administrativa y penal en caso de desaparición y daño de expedientes de tráfico de drogas e insumos químicos y lavado de activos procedentes de tráfico de drogas. 16. Proyecto de ley que fija responsabilidad civil, penal y administrativa de funcionarios o servidores públicos de gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales, sobre 98

el uso de bienes muebles e inmuebles de los municipios que se destinen a la realización o favorecimiento del tráfico de drogas o insumos químicos y lavado de activos. 17. Proyecto de ley que prohíbe mutilar, incinerar, destruir o desaparecer la documentación y demás pruebas vinculadas a la investigación del tráfico de drogas, lavado de activos y comercialización indebida de insumos químicos. 18. Proyecto de ley que dispone la responsabilidad administrativa y penal en caso de trasiego de drogas a través de empresas de servicios postales. 19. Proyecto de ley que modifica diversos artículos del nuevo Código Procesal Penal para brindar facultades de participación en las investigaciones preliminares o complementarias del proceso a la defensa jurídica del Estado, en los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos procedentes del tráfico de drogas. 20. Proyecto de ley que dispone la aplicación de la consulta al superior jerárquico fiscal o jurisdiccional en los delitos de tráfico de drogas o comercialización indebida de insumos químicos y lavado de activos procedentes del tráfico de drogas cuando el proceso no haya concluido en juzgamiento. 21. Proyecto de ley que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal, relacionados con la exhibición forzada e incautación de drogas e insumos químicos. 22. Proyecto de ley que establece publicar las resoluciones que archivan o absuelven a las personas investigadas o procesadas por tráfico de drogas y lavado de activos. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Medio minuto, señor Presidente. 23. Proyecto de ley que establece la obligación de publicar periódicamente las resoluciones de archivamiento o desistimiento emitidas por el Ministerio Público y el Poder Judicial en los delitos de tráfico de drogas en su modalidad agravada, lavado de activos y criminalidad organizada. Último ítem: Democracia política y narcotráfico. 24. Proyecto de ley de otorgamiento de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, para el levantamiento del secreto bancario en caso de operaciones sospechosas y de lavado de activos procedentes del narcotráfico. 25. Proyecto de ley que modifica el artículo 23.° del Decreto Legislativo 1068, Ley del Sistema de defensa jurídica del Estado, a fin de que el Estado quede constituido en actor civil por el solo mérito del apersonamiento del procurador público. Y, por último: 26. Proyecto de ley que modifica el artículo 22.° de la Ley 27785, Ley orgánica del sistema de control y de la Contraloría General de la República, con el propósito de 99

establecer que la Contraloría deba solicitar a la ONPE información sobre las personas naturales y jurídicas que hayan aportado en procesos electorales sumas superiores a cinco unidades impositivas tributarias a favor de candidatos, a fin de verificar si dichos aportantes fueren favorecidos posteriormente con procesos en contrataciones y adquisiciones del Estado. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias, congresista Mavila León; gracias, congresista Simon Munaro. Señores congresistas, ha concluido la sustentación; así que vamos a iniciar el debate. Tiene la palabra la congresista Beteta Rubin. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Presidente: Efectivamente, mi participación es porque en el informe que acaba de exponer la congresista Mávila, en el tomo I, página 238, se ha considerado indebida e ilegalmente lo que voy a leer, extremo el cual pido que se retire. Ya basta de seguir atacando con esa difamación y esa mentira. Quien habla, en primer lugar, a través de una patraña periodística, fue investigada ocho años. No recurrí a acción de amparo ni hábeas corpus, porque el que nada debe, nada teme. Sin embargo, acá se señala lo siguiente: “Entre los intereses que juegan a favor del narcotráfico se encuentra el problema de la provisionalidad de los jueces, la permanente reubicación de los magistrados, especialmente en provincias así como el traslado o cese de funcionarios públicos. En el caso de la congresista Karina Beteta, se habría producido el uso inadecuado de la declaratoria de ‘ausencia legal’ de un implicado en TID, para que su hermana se apropiase de sus empresas y limpiar su imagen pública”. Esto lo rechazo tajantemente. No voy a permitir que se siga difamando, porque yo tengo hijos, tengo familia, y la honra es lo único que nosotros podemos tener como seres humanos. Voy a dar lectura, y sé que la congresista Mávila, como abogada, va a entender perfectamente, al artículo 49 del Código Civil, sobre Declaración judicial de ausencia. ¿Y qué es lo que dice? “Transcurridos dos años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público pueden solicitar la declaración judicial de ausencia. Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes”. He hecho uso de este mecanismo legal que prevé el Código Civil, y acá hay muchos abogados que saben perfectamente a qué me refiero. De la misma manera, en el artículo 52 del mismo Código, sobre Indisponibilidad de los bienes del ausente, se señala: “Quienes hubieren obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente no pueden enajenarlos ni gravarlos, salvo casos de necesidad o utilidad con sujeción al artículo 56”. ¿Y qué dice textualmente el artículo 56, sobre Autorización judicial para disponer de los bienes del ausente? “En caso de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el administrador puede enajenar o gravar bienes del ausente en la medida de lo indispensable”. 100

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Consecuentemente, y no como se dice en algunos medios periodísticos en forma tendenciosa y malintencionada, después de haber desaparecido el esposo de mi hermana, el 13 de julio de 1995, y luego que han transcurrido cinco años, en el 2000, recién se presenta la solicitud de declaración de ausencia. Y, después de tres años, el Poder Judicial, luego de hacer las publicaciones y todos los trámites legales correspondientes, culmina con una sentencia declarando fundada la solicitud de declaración de ausencia. Y esto es algo que quiero aclarar. Tampoco fue que desapareció e inmediatamente se presentó. La ley dice dos años; pero quien se presentó lo hizo después de cinco años en que no se tuvo conocimiento. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Fue en octubre de 2003 que quedó consentida la resolución, y recién se pidió en enero de 2004; lo que significa que acá no hay esa mala intención, como quieren pretender diciendo que fue para lavar, o no sé qué mencionaban en ese momento los medios periodísticos. Si hago alusión a todo esto es porque ya estoy cansada y no voy a permitir más injurias, más difamaciones. A mí me han levantado cuatro veces el secreto bancario, bursátil y tributario; y en ninguno de esos aspectos han encontrado algún movimiento irregular, sospechoso, que pueda hacer presumir que yo, Karina Beteta Rubín, esté inmiscuida en algún delito, ya sea, como llaman, de lavado de activos. Asimismo, indebidamente, y algo que podría ser insólito. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto adicional, congresista. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Quien habla, paralelamente, en tres fiscalías ha sido investigada. Consecuentemente mi caso, de la misma manera, ha sido totalmente archivado. Acá tengo todas las resoluciones de archivamiento, y por ello es que, apelando a la justicia y la ley que me ampara como ciudadana, y en este caso como congresista, pido a la congresista Rosa Mávila que retire lo que ya he mencionado, que se encuentra en la página 238 del informe; porque no hay derecho a que se trate de esa manera a quienes nos hemos sometido a una investigación para tener moral y autoridad; y, de la misma manera, los que estamos en política no solamente vamos a demostrarlo con discursos sino con acciones. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo para concluir, congresista. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Como vuelvo a señalar, quien habla se ha sometido a todo tipo de investigaciones sin recurrir a acciones de amparo ni hábeas corpus.

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Consecuentemente, habiendo sido archivado el caso, y como vuelvo a señalar, en cuatro oportunidades se me ha levantado el secreto bancario, bursátil y tributario; no hay derecho a que, por un mecanismo legal que prevé la norma legal, porque en caso de desaparecido se puede hacer uso de esa norma legal, la congresista Rosa Mávila haga este señalamiento, pero sin decir que efectivamente ese caso ya está archivado. Por lo tanto, apelando a la justicia, solicito a la congresista Rosa Mavila que retire ese párrafo de la página 238 del informe donde se hace esa mención. Basta de campañas sucias, basta de difamaciones, porque quien habla, como reitera, tiene dos niños de nueve y siete años que… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Son dos niños que perfectamente saben leer y ven las noticias, y muchas veces los niños son los más crueles; y yo no voy a permitir que mis niños tengan que ser inmiscuidos y quizá, de alguna manera, maltratados o excluidos por un acto injusto de esta naturaleza, por simplemente estar en política. Por ello, habiendo hecho las explicaciones legales correspondientes, una vez más reitero mi solicitud para que se excluya ese párrafo de este informe; si bien es cierto, dejando constancia, que no está dentro de las conclusiones ni de las recomendaciones. Simplemente lo han considerado dentro de los antecedentes que se mencionan en este informe. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Queda a criterio de la congresista Mavila León. Tiene la palabra como presidenta de la Comisión. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Señor Presidente, como quiera que el criterio rector del funcionamiento de la Comisión no es hacer juicios de naturaleza penal ni jurisdiccional, y estando a que la casuística que describe la congresista es un asunto que debe ser materia de investigación en el fuero pertinente, yo no tengo ningún reparo en sacar ese extremo que está contenido en el documento. Y quiero decirle, congresista, con todo respeto, que mi apellido es Mavila, Mavila, Mavila. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Delgado Zegarra. El señor DELGADO ZEGARRA (GPDD).— Presidente: En primer lugar, quiero saludar y felicitar el trabajo de la Comisión presidida por la congresista Mavila, porque realmente expresa, y ha puesto una radiografía, un problema que es gravísimo, no solamente en el 102

Perú sino en el mundo, pero que particularmente en el Perú, en los últimos años, está destruyendo las estructuras mismas de la institucionalidad del Estado. Como se ha mencionado, lamentablemente, el poder del narcotráfico es tal que corrompe todo tipo de conciencias; y particularmente, en las instituciones públicas, es de lamentar cómo encontramos policías, fiscales, jueces, políticos, autoridades de todos los niveles involucradas en ese flagelo. Esto es patético, porque hemos tenido la ocasión de escuchar algunos testimonios de alcaldes, por ejemplo, que salen elegidos en alguna jurisdicción y luego son visitados por narcotraficantes, que prácticamente los amenazan con que, si no se someten, si no se adhieren, simplemente van a ver las consecuencias. Y la pregunta es: ¿qué está haciendo el Estado por esas autoridades, por esos alcaldes que están en lugares absolutamente remotos de nuestro territorio y que terminan aceptando o haciendo la vista gorda porque su vida está en juego? Esta realmente es una situación muy preocupante, porque cada día notamos cómo este poder del dinero y del narcotráfico termina metiéndose en la institucionalidad misma del país, en los partidos, en fin; y lo estamos permitiendo. Creo yo que estamos dando pasos importantes; como se ha mencionado, por ejemplo, uno de ellos es no otorgar regalos en las campañas electorales. Lamentablemente, la autógrafa de ley sobre el particular ha sido observada; por tanto, esto está pendiente para que nosotros insistamos en ella. Se nos viene ya un proceso electoral, que es un mercado de ofrecimiento de todo tipo de regalos; pero el hecho de que esas personas que están apoyando a algunas candidaturas porque quieren estar protegidas y entreguen tantos recursos económicos a esos candidatos a alcaldías, gobiernos regionales, etcétera, implica que luego les van a pasar la factura; y esas autoridades terminan enganchadas y comprometidas. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. El señor DELGADO ZEGARRA (GPDD).— Saludo este trabajo, que es realmente prolijo, abundante, como pocas veces se ha visto en el Congreso de la República, con un conjunto de propuestas legislativas ya hechas, como para que comencemos a discutirlas y aprobarlas. En ese sentido, sugeriría que establezcamos ya alguna prioridad, para la siguiente legislatura, respecto a dichas propuestas que nos está planteando esta Comisión, y que podamos aprobarlas. Desmontar toda esta estructura de poder del narcotráfico va a tomar su tiempo, y para eso necesitamos comprometernos absolutamente todos. Porque, repito, esto nos va a destruir como país; está destruyendo países, y tenemos que pararlo de alguna manera. Muchas gracias, y esperamos que podamos aprobar este informe. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Salgado Rubianes.

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La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Señor Presidente: Realmente, uno tiene que valorar el esfuerzo de las Comisiones y el trabajo que realizan. Unas con mayores recursos que otras tratan de sacar las cosas adelante por el bien del país. Pero, en primer lugar, quisiera que se tome en cuenta toda la documentación que ha presentado la congresista Beteta. Como bien ha dicho la señora Rosa Mavila, va a sacarla del diagnóstico. Si no está en las conclusiones ni en las recomendaciones, digamos que es un poquito irresponsable colocar el nombre de una congresista, cuando ella ni siquiera es la que tiene que ver con lo del narcotráfico, sino el que fue su cuñado. En todo caso, su hermana tendría ahí una responsabilidad; pero la congresista ha demostrado con documentos que, de las investigaciones a las que se sometió, por el hecho de ser la hermana, ha salido completamente limpia y el caso está archivado. Entonces, me parece un poquito de mala fe haberla puesto en el diagnóstico. Lo que sí hubiese querido es que las conclusiones fueran más específicas, que hubieran aterrizado. Cuando uno lee las conclusiones, parece que estuviese leyendo una parte más del diagnóstico. Las recomendaciones sí han aterrizado. Sin embargo, creo que debemos tener cuidado con la primera de ellas que dice: ‘Seguimiento patrimonial de la Contraloría General de la República a los candidatos y a las autoridades elegidas, comparación de su patrimonio real y lo declarado al inicio de su gestión’. Eso lo pide la ONPE, y nos lo pide a todos los candidatos; todos firmamos nuestra declaración jurada con lo que entramos, y también tiene que revisar con qué salimos. Pero que la Contraloría realice un seguimiento eficaz y oportuno del patrimonio de los candidatos, si ella, más bien, fiscaliza los recursos públicos, yo no sé si la Contraloría es la indicada, o es la ONPE, para ver los gastos de los candidatos y de las autoridades elegidas. En todo caso, el patrimonio de las autoridades ya elegidas. La Contraloría podría ver lo de las autoridades elegidas; en todo caso, chequear. Aunque tenemos a la Sunat y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Cada uno de nosotros, cuando va a hacer un préstamo o una gestión en un banco, basta que diga que trabaja en el Congreso de la República para que tenga que rellenar un documento especial; no le dan una tarjeta de crédito si no presenta un documento especial, porque somos congresistas de la República. —Reasume la presidencia la señora Natalie Condori Jahuira. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Eso se tendría que revisar, porque no creo que la Contraloría esté en capacidad de hacer un seguimiento eficaz y oportuno del patrimonio de los candidatos. Muchas veces, el patrimonio no proviene del sector público, ¿y la Contraloría va a hacer ese seguimiento? Me parece que esa recomendación habría que pulirla un poco. Respecto a la Recomendación 6: Cumplimiento efectivo de la ley que prohíbe la promesa, ofrecimiento y entrega de regalos y dádivas, esa es una ley que ya hemos aprobado y que está para insistencia. El Ejecutivo la ha observado, y no sé por qué. Ahí decíamos hasta dónde deben gastar los candidatos, qué es lo que deben entregar. El candidato no puede 104

entregar televisores, radios, carros; pero sí puede hacer rifas, por si acaso, y se le ha puesto una UIT, lo mismo que dice acá. Si no me equivoco, es lo mismo que hemos aprobado en la Comisión de Constitución. Si esto está yendo como un proyecto de ley, estaríamos repitiendo lo que ya hemos aprobado y que está para insistencia. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— La Recomendación 16, sobre Formación de una comisión investigadora en el Congreso de la República que investigue los casos y las dinámicas del involucramiento del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, me parece muy importante; pero no nos va a dar el tiempo, porque ¿cuánto se ha demorado esta Comisión y con cuánto equipo y cuántos casos ha visto? Se ha hecho el diagnóstico, pero no ha podido entrar de lleno a los casos. Esto, en todo caso, es apropiado si hay denuncias específicas sobre determinados personajes; como es el caso, por ejemplo, del teniente que encontraron en el VRAEM: tiene 35 años de teniente, y ha pasado de jefe de una zona militar a otra zona militar; eso lo hemos denunciado en la Comisión de Defensa también. Ahí ha pasado algo, pues, porque no puede estar de teniente tantos años, ser jefe de bases militares. Y recién lo han capturado, ¿por qué? Por una información que recibió la DEA. Hay que investigar, pero con seriedad. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Yo no creo que puede investigarse en lo poco que queda de nuestra gestión; en todo caso, cabría hacer las recomendaciones pertinentes para el próximo Parlamento. En cuanto a la Recomendación 17, sobre Creación de un sistema de alto nivel encargado de aplicar una política integral contra el narcotráfico, existen Devida, la Dirandro, las fiscalías especializadas antidrogas, la procuraduría antidrogas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Sunat, la Sunarp; pero yo no sé si todas estas instituciones pueden integrar un sistema. Porque aquí hay instituciones que son autónomas, cada una va a tomar su propia determinación, y no sé si puedan integrar ese sistema; en todo caso, esta es una política que tiene que establecer el Estado. Y los partidos políticos, ahora que ingresan a un plan y a un trabajo integrado de plan de gobierno, deberían tener como una política establecer mecanismos para poder aplicar en forma integral una lucha desde todos los niveles. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Básicamente, esas son mis observaciones a las recomendaciones, que creo que deberían afinarse. Por otro lado, como digo, me hubiera gustado que las conclusiones sean mucho más precisas tratándose de un tema tan grave e importante; pero en todo caso es un avance que... Señora Presidenta, me pide una interrupción la congresista Beteta; si usted fuera tan amable, ya para terminar.

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La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Puede interrumpir la congresista Karina Beteta. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Gracias, congresista Luz Salgado. Presidenta, solamente para pedirle a la congresista Mavila, respecto a lo que he mencionado, que también quite lo que se ha considerado como pie de página. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista Salgado Rubianes. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Señora Presidenta, termino diciendo que no podemos permitir que el narcotráfico ingrese a la política; y, si ya ha ingresado, tenemos que sacarlo de todas las formas, pero ello requiere una lucha a todo nivel. Y sí es cierto que desde los diferentes partidos políticos cabe la responsabilidad de analizar con mayor detalle a cada una de las personas que trata de ingresar en estas instituciones. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra la congresista Chávez Cossío. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidenta: Yo también quiero hacer algunas observaciones en relación con las conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, me hubiera gustado que en la conclusión 2 se hablara de cómo ha progresado la situación del cultivo de la hoja de coca. En la conclusión 7 se hace un recuento de los últimos 40 o 50 años con relación a las modalidades de involucramiento en el narcotráfico. Hubiera sido bueno también señalar cómo es que en los últimos 30 o 40 años se ha venido desenvolviendo el cultivo de la hoja de coca, porque eso revela de alguna manera las fortalezas y debilidades y los compromisos de cada gobierno de los últimos 30 o 40 años con relación a esta problemática. En la conclusión 7, cuando se habla, como repito, de los casos y modalidades de involucramiento del narcotráfico en la política, se habla de algunos mecanismos, como por ejemplo, el lavado de dinero, el ejercer presiones en el nivel político; pero no se dice nada de los actos de corrupción que comprometen a las autoridades judiciales y fiscales, por ejemplo, a través de la coima o el cohecho, no se menciona eso para nada; o inclusive la amenaza contra la integridad de las mismas: hemos visto cómo la cabeza del fiscal en el Callao tiene precio, a partir de su participación en la investigación de bandas de narcotraficantes. Entonces, me parece que en esta conclusión falta mencionar esos otros mecanismos. En la conclusión 8, que habla de los mecanismos de infiltración del narcotráfico en la política nacional, no se mencionan, por ejemplo, las organizaciones de fachada. Por ahí se habla de un partido político o de una ONG que tiene su partido político; pero hay partidos políticos que también tienen ONG; y hay ONG de fachada que bajo el 106

argumento, sobre todo, de la lucha ambientalista, han permitido que haya zonas, como en la sierra de Piura por ejemplo, donde se hostiga y se impide la participación de proyectos de empresas privadas en proyectos mineros; y al final terminan siendo, como ha sucedido en la sierra de Piura con este proyecto río Blanco, zonas de influencia del narcotráfico, no solamente de coca, sino también del cultivo de amapola, en el tráfico de amapola para el opio. Entonces, también hay que señalar la responsabilidad de estas ONG de fachada, que, reitero, con el argumento del ambientalismo sirven para facilitar que haya zonas en favor del narcotráfico. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— También se habla, en la conclusión 16, de la inconsistencia que existe entre los patrimonios que han declarado los candidatos y el patrimonio que realmente tienen. Y aquí se menciona que el Sistema Electoral no hace lo conveniente para fiscalizar, y eso es cierto. Muchas veces, aquí inclusive, hemos visto cómo, una vez que el candidato es elegido, recién se está viendo si falló en su hoja de vida. Pero las autoridades electorales o no pueden o no tienen la disposición de hacerlo a tiempo. Creo yo que habría que instar al Jurado Nacional de Elecciones a que haga también su trabajo en el tiempo oportuno. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Y, en lo que atañe a las recomendaciones, advierto que en la Recomendación 8, cuando se dice que habría que modificar la Ley de ‘Silla Vacía’, para que con solo la sentencia en primera instancia judicial ya se haga perder al político el derecho y, en este caso, como se trata de una modificación al Reglamento del Congreso, la curul; yo advierto que eso viola el principio de presunción de inocencia. Los efectos, sobre todo cuando se trata de limitar derechos, tienen que ser estrictamente los señalados; y una sentencia que es materia de impugnación, es decir que todavía no ha adquirido la firmeza, no puede ser elemento suficiente como para que un congresista que ha sido elegido por voto popular pierda esa representación. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Se necesitaría, como se tiene ahora, una sentencia firme. No estoy de acuerdo con esta proposición de que se modifique la Ley de ‘Silla Vacía’ para que con solo la sentencia condenatoria en primera instancia se haga perder la representación parlamentaria a un congresista. Lo mismo, en lo que atañe a la Recomendación 9, sobre la Separación automática de candidatos con investigación formalizada o proceso penal; eso también viola el principio de presunción de inocencia, que exige que haya una sentencia que declare la culpabilidad de la persona; y se supone que tiene que ser una sentencia firme, no una mera investigación. Cuántos aquí, cuántos candidatos a la presidencia que hoy están en carrera, serían separados, pues bastaría que se formalice una denuncia. Ya sabemos que siempre habrá un juez o un fiscal no muy honesto en disposición para prestarse a ese juego. Bastaría solamente esa formalización de denuncia, o inclusive abrirse un proceso 107

para que simplemente nos quedemos sin candidato; de repente, en beneficio del que verdaderamente está vinculado al narcotráfico. Lo mismo sucede con la Recomendación 13, que habla de la vacancia inmediata de las autoridades políticas elegidas encontradas en flagrancia de delito de narcotráfico. Nuevamente, la presunción de inocencia es un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución vigente, sino en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se requiere una sentencia firme, y el hecho de ser sorprendido en flagrancia, tampoco significa mucho. Es cierto que, de repente, puede haber mayores elementos indiciarios; pero podría también tratarse de casos en los que se pueda hacer aparentar una situación de responsabilidad sin que exista todavía una sentencia firme. Estoy de acuerdo con la Recomendación 14, respecto a transparentar lo más posible, para que no solamente sea el candidato, sino su cónyuge, su conviviente, personas allegadas, las que tengan que ser consideradas dentro de la declaración de patrimonio; porque muchas veces, acá hemos conocido a personas que cuando hacían su declaración, políticos ellos muy fiscalizadores, no tenían ni un solo bien; todos sus bienes estaban ya distribuidos entre sus cónyuges, hijos, etcétera. Entonces, eso creo que es bueno que se transparente. Estoy de acuerdo también con la Recomendación 18, en lo que atañe a las limitaciones en la concesión de la tierra, para evitar su acumulación por parte de algunas personas de grandes extensiones, que pueden significar inclusive zonas liberadas en favor del narcotráfico, además del peso económico enorme que ello reviste. En lo que atañe a la Recomendación 19, limitaciones en la concesión de gracias presidenciales, es cierto que hay una investigación abierta, es cierto que puede haber casos de error o malicia en el otorgamiento de las gracias residenciales, sobre todo, en la conmutación de penas en favor de narcotraficantes. Pero tampoco debemos olvidar que nosotros aprobamos, con discrepancia de quien habla, la Ley 30219, que permitía volver, probablemente, al circuito del narcotráfico internacional a los extranjeros que habían sido condenados por delito de narcotráfico a una pena menor de siete años. Bastaba que cumplieran un tercio de la pena; es decir, si hubieran recibido seis años, bastaba que cumplieran dos para que sean expulsados y pudiesen volver, con el argumento de la resocialización o de que hay demasiada población penitenciaria, a ese círculo delincuencial. Entonces, un poco como que no nos calza: por un lado somos en esta parte críticos del modo en que se han administrado las gracias presidenciales; pero sin embargo en este Congreso hemos dado normas que pueden facilitar la reinserción de los responsables de delito de narcotráfico en las propias organizaciones internacionales. Es cierto que es para extranjeros, pero podría esto estar significando pues… La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Para que concluya, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Señora Presidenta, señalo también mi discrepancia con la Recomendación 24; pero, antes, mi discrepancia con la Recomendación 16, porque creo que ya no hay tiempo para lo que en ella se propone, 108

que es la formación de una comisión investigadora. Lamentablemente, este Congreso está ya ingresando a una etapa signada por un proceso electoral, y me parece bastante difícil, tal como han adelantado otros colegas, que se pueda materializar esa comisión investigadora. Pero con lo que sí estoy en absoluto desacuerdo es con la Recomendación 24, que pretende, en violación del artículo 2 de la Constitución, dar a un ente administrativo, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la potestad de levantar el secreto bancario. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Porque creo que esa es una facultad que la Constitución expresamente da al Fiscal de la Nación y a las comisiones investigadoras que este Congreso pueda establecer. Por lo tanto, darle a un ente administrativo, y al juez eventualmente, esta capacidad requeriría, desde mi punto de vista, una reforma constitucional. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Dammert Ego Aguirre. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señora Presidenta: Creo que esta noche hemos recibido un conjunto de informes e investigaciones que son muy importantes para la vida de nuestro país, porque nos están advirtiendo de un peligro creciente y gravísimo para la vida democrática y para el propio desarrollo de la nación. Vale la pena felicitar a la Comisión y su trabajo hecho. Creo que el trabajo que nos ha presentado nos muestra la gravedad que significa que el país esté al borde de ser capturado por las bandas de narcotraficantes no solamente de cocaína sino también de amapola. La dimensión del problema no debiera reflejarse solo en las conclusiones y recomendaciones, sino que debería reflejarse también en un proyecto de ley. Este Congreso va pronto a terminar sus funciones, y vamos a entrar en un proceso electoral. Hay pues urgencia de enfrentar este proceso de narcoestado que está en crecimiento en el Perú. Hay varias iniciativas planteadas que deberían convertirse en proyectos de ley ya y votarse. Por ejemplo, en el Perú sabemos que nos hemos convertido en la principal fábrica de cocaína del mundo; esta se hace fundamentalmente en el Vraem, donde llegan los insumos por dos o tres carreteras, y no hay control. Nadie controla; entran y salen los insumos y sale la cocaína. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan fácil todo eso? ¿Qué está ocurriendo para que, siendo la principal fábrica de cocaína del mundo, que es el origen del dinero para el narcotráfico, que es el punto para las bandas de narcotráfico, para todos los carteles de la droga que vienen de cualquier parte del mundo, entren y salgan los insumos como si estuvieran aquí a la vuelta, en la playa. ¿Qué hacer? Se necesita tomar una medida legal punitiva, expresa, real, efectiva, que responsabilice ese control. 109

Y lo mismo ocurre en el Callao, ¿por qué el Callao se ha convertido en una zona de guerra entre bandas de narcotraficantes, pequeñas, medianas y chiquitas? Porque ahí está parte del destino de la salida de la droga, que ya no sale llevándose a pie por los cargadores que van caminando por los andes, sino que ahora viene tranquilamente en camionetas, en camiones, en buses, hasta el Callao, la embarcan a través de buzos, la pegan a los barcos y se la llevan para afuera. Esa es la pelea que hay en el Callao, y en esa pelea entran y salen de los puertos porque, hasta ahora, no se cumple una norma planteada hace mucho tiempo de poner escáneres en los puertos. No hay escáneres en los puertos para ver qué pasa por los contenedores, y menos hay escáner para ver que está ocurriendo con el movimiento de… La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— ¿Cómo es posible que pasen buzos y nadie se dé cuenta, cómo es posible que la coloquen debajo de un barco y nadie se dé cuenta? ¿Eso es posible? ¿No hay sensores, no hay capacidad de hacerlo? ¿Podría cualquier intruso que quisiera entrar al Perú en cualquier circunstancia hacerlo así? ¿Podría alguien cometer un atentado terrorista —esos locos que hay en el mundo—, hacerlo en el Perú? ¿Tan desguarnecidos estamos? ¿O es que aquí se están dando facilidades para que el narcoestado vaya creciendo? Aquí, por ejemplo, también debería haber una norma legal expresa, directa, como está en las recomendaciones, pero falta ponerla como ley, para cortar de tajo eso. Es también lo que ocurre con ese símbolo inmenso surgido en los últimos meses a causa de una investigación: tenemos aquí en el Perú la tragedia, casi la comedia, de que una banda de narcotraficantes se dedicaba a hacer los trabajos de limpieza en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— ¿Se ha visto si los insumos que utilizaba la banda del señor Gerald Oropeza para hacer esa actividad eran también compatibles con el narcotráfico? ¿Es solamente que estaban comprando carros con la plata que salía de la exportación de la cocaína? ¿O es que también estaba el Estado mismo facilitando la adquisición masiva de insumos que iban al Vraem? ¿Se ha investigado eso? No sé, no conozco, no he visto ninguna información sistemática sobre ese punto; pero quiere decir que existe una liberalidad en los insumos que se manejan. Al respecto, ya son tres aspectos en medidas muy concretas que podrían y deberían tomarse. Igualmente, lo que tiene que ver con el manejo financiero. Yo sí creo que si la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene capacidad de intervenir y de controlar el movimiento financiero, estamos en la nada. ¿Estamos esperando que el Congreso vea si interviene o no interviene, o estamos esperando que en algún momento alguien intervenga? La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Por lo tanto, si no se da a la Unidad de Inteligencia Financiera el poder real de controlar, de intervenir, para parar eso que es fundamental para el narcoestado, que es el movimiento de los dineros para poder comprar y vender la droga, para poder participar, porque fundamentalmente la droga es 110

un negocio financiero, si no se interviene ahí, ¿cómo se va a derrotar al narcotráfico, al narcoestado? ¿Cómo es posible que el señor Montesinos todavía tenga plata en bancos del exterior, millones de dólares que aparecen vinculados al narcotráfico y a todas las irregularidades que cometió en el Gobierno? Y, sobre eso, no hay capacidad de intervenir por parte del Estado. Por eso, respaldando y saludando el trabajo de la Comisión, creo que justamente, por las recomendaciones que plantea, yo propondría que a la Comisión se le amplíe el plazo por 15 días, para que nos traiga un proyecto de ley… La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Es decir, que sus recomendaciones se conviertan en un proyecto de ley que este Congreso pueda, antes de terminar sus funciones, aprobarlo para darle al país normas concretas y específicas para enfrentar lo que aquí se ha alertado, que es la amenaza de un narocoestado desde la acción política, desde el manejo financiero, desde estas bandas que están destruyendo raíces y estructuras básicas de la vida nacional; y es momento de enfrentarlas de manera clara y definitiva. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista López Córdova. La señora LÓPEZ CÓRDOVA (GPFP).— Presidenta: Respecto a lo que se ha mencionado en el informe, debo precisar que, en agosto del año 2013, el tal Apolinario denunció ante los medios de comunicación que congresistas de varias bancadas tendrían nexos con el narcotráfico o lavado de activos producto del narcotráfico. Y me acusó directamente de tener un proceso por lavado de activos, confundiendo y haciendo creer que era por narcotráfico, cuando se trata de un presunto desbalance patrimonial por enriquecimiento ilícito. Debo decir también que este señor Apolinario nunca presentó prueba o documento alguno sobre lo dicho. Asimismo, debo agregar que, a pedido mío, el 15 de octubre del año 2013, la Fiscalía de la Nación remite el Oficio 20185-2013, mediante el cual adjunta 31 folios firmados por el fiscal superior Elmer Ríos Luque, jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, por el que hace de conocimiento que no existen investigaciones por delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico en contra de los señores congresistas Federico Pariona Galindo y María Magdalena López Córdova. Esta información se sustenta en los oficios remitidos por la Fiscalía Especializada en todo el territorio nacional. También voy a pedirle a la presidenta de esta Comisión que, siendo un acto totalmente injusto, me saque de ese informe. ¿Por qué? Yo no asistí a su Comisión porque, como se trataba de una investigación sobre congresistas y autoridades que estaban relacionados con enriquecimiento ilícito por narcotráfico, yo no me he sentido aludida.

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La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora LÓPEZ CÓRDOVA (GPFP).— Yo he pedido el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria para someterme a todas las investigaciones. No estoy faltando un solo día. Estoy yendo, tengo un proceso abierto, me están investigando y, la verdad, estoy en disposición de que se me investigue. Pero lo más injusto ahorita es que vayan a decir que estoy siendo investigada por narcotráfico. Eso es totalmente incierto y es lo más injusto. Por lo tanto, pido a la presidenta de la Comisión que me saque de este informe porque lo considero injusto. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Pari Choquecota. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Presidenta: A mí me parece que este es un informe importante porque da un conjunto de elementos para poder analizar no solamente por el lado de los efectos, sino por el lado de las causalidades. A ese respecto, yo pediría a la congresista Rosa Mavila que encuentre el equilibrio entre las conclusiones, que aborda más los temas relativos a las causalidades, y las recomendaciones, donde se están abordando los efectos de la política vinculada al narcotráfico. Las dos son importantes, pero hay que considerar esos dos elementos. Sería importante, por ejemplo, ante los temas concretos que se establecen como propuesta y crítica que se hace en la parte referida a las conclusiones; y me parece sumamente importante lo de la corrupción vinculada al narcotráfico, porque, ¿es un asunto visible? Sí, es un asunto visible. Hay que puntualizar que son ya casi dos los Congresos en los que no se quiere tocar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Por qué? ¿La clase política representada en este Congreso no quiere abordar este tema? Son temas y propuestas que han sido mencionados y planteados inclusive en el anterior periodo y en este periodo, ¿y no se abordan? Recuerdo que el presidente Ollanta Humala en su primer discurso dijo que ese iba a ser el primer tema que se iba a abordar. Ya estamos terminando nuestro periodo y no lo abordamos. Es un tema de responsabilidad nuestra. ¿O no queremos que haya esta ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? Seamos coherentes. Y si se plantea el tema de la vinculación entre narcotráfico y corrupción, ya pues, no hagamos que el manto de la impunidad y el estiramiento de los procesos simplemente anulen todo proceso de investigación relacionado con corrupción, con narcotráfico y con política. Esa es una cuestión de responsabilidad, por lo que yo pediría a la congresista Rosa Mavila que sea parte no solamente de una conclusión, sino de una recomendación en el sentido de que este Congreso asuma de una vez las cosas en concreto. Ese es un tema. El otro tema que se plantea es la infiltración existente del narcotráfico en la vida institucional y en la vida política del país, y es también de responsabilidad de la clase política. Lo tenemos que decir y reconocer aunque nos duela: hay debilidad institucional. 112

No le damos fuerza a la participación del militante en el control político de su institucionalidad; y todavía seguimos persistiendo en la lista de adhesiones para hacer que exista una organización política... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— El adherente no se compromete con el partido político, pues firma a veces por una prebenda y al día siguiente desaparece. Movimientos regionales que se fundan con adherentes y que desaparecen después de las elecciones; llegan al poder y desaparecen. ¿Cuál es el control político institucional de la organización? No lo hay. Y nosotros persistimos en sustentar a los partidos políticos, sin buscar la potenciación del rol del militante en el control y funcionamiento del partido político que llegue a un gobierno local, a un gobierno regional o a un gobierno nacional. Entonces, aquí hay temas que tenemos que abordar, en términos de contenido y esencia. Hablamos de debilidades de la estructura del Estado y el aprovechamiento de la corrupción y del narcotráfico por el conjunto de estas debilidades. ¿Hemos abordado los problemas fundamentales de reforma del Estado? ¿Lo hemos hecho? Hay cosas de fondo que tocar y que... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Son temas de contenido que hay que discutirlos fuertemente: debilidades en el Ministerio Público, inclusive viéndolas como una cuestión totalmente pragmática: en la última discusión del Presupuesto de la República, al Ministerio Público le hemos recortado el presupuesto con relación al Presupuesto General. El asunto de Contraloría: seguimos admitiendo que sean los gobiernos regionales y locales o las instituciones las que sigan pagando a los jefes de OCI, e inclusive está puesto ahí como artículo. Es decir, ¿fortalecemos, cambiamos o no cambiamos? Hay temas que debemos abordar, porque no está funcionando la Contraloría, no está funcionando la OCI, que debería estar dando las luces. Por ejemplo, en el caso Lava Jato, la luz ha tenido que aparecer afuera, en el Brasil. No ha aparecido aquí, las luces no aparecen en nuestra patria. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiempo para concluir, congresista. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— No están funcionando los sistemas de control en nuestro país. ¿Cómo fortalecemos esos sistemas de control? Cinco sistemas de control tiene el MEF, y ninguno dio las luces con relación a estos temas. Obviamente, las otras luces se dieron quizá por los efectos y por los escándalos; como el de una explosión, en el caso del señor del Porsche; fue por eso; si no, simplemente, nada. O sea, circunstancias, casualidades o luces externas hacen que recién reaccionen los organismos de control. Entonces, hay debilidades muy fuertes dentro del Estado, y creo que la reforma del Estado tiene que asumirse. Ahí se nos da un conjunto de elementos y pistas para llegar a eso, así 113

como el sustento para empezar a discutir esos temas de contenido; y no solo abordarlos por el lado de los efectos, que es importante. Hay que abordarlos, no podemos corrernos; y me parecen sumamente importantes las recomendaciones establecidas en este informe. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Habría que recoger estos temas claros y seguir discutiendo la reforma política, así como seguir abordando los temas de reforma del Estado, y ver cómo se desarrollan mejor los sistemas de control que tiene el país; además, los temas de defensa del Estado, que todavía siguen siendo dependientes del Ejecutivo y no tienen la autonomía concreta, lo cual hay que abordar, porque, si lo dejamos así, irresponsablemente, creo que estaríamos cometiendo una seria falta hacia el país. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la presidenta de la Comisión investigadora, congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Presidenta, por lo avanzado de la hora, voy a tratar de ser bien concreta. En primer lugar, al señalamiento de que las conclusiones tienen un carácter abstracto que no se configura en lo concreto, yo simplemente quisiera decir que justamente, de la naturaleza general de las conclusiones, como se hace en materia de investigación, se deducen las recomendaciones, que son la bajada a tierra del diagnóstico conceptual que se expresa en las conclusiones de investigación. En segundo lugar, quisiera decirle a la congresista Luz Salgado que su objeción a la primera recomendación, sobre el seguimiento patrimonial de la Contraloría a los candidatos y autoridades elegidas, comparación de su patrimonio real y lo declarado al inicio de su gestión, es pertinente en el sentido previo, ex ante, a su elección. Pero en realidad la recomendación está referida al seguimiento patrimonial de los candidatos elegidos, los mismos que ya tienen el estatus de funcionario público, y por eso mismo le asiste la función en términos normativos a la Contraloría General de la República. Debo decir que en entrevista directa que tuve con el Contralor, señor Fuad Khoury, cuando le pregunté cuál era el tratamiento a las declaraciones juradas que hacemos las autoridades cuando ingresamos a asumir gestión pública, me dijo que había una unidad de seguimiento de las declaraciones juradas que muy excepcionalmente hace un seguimiento aleatorio de ellas; en virtud de lo cual son poquísimas las denuncias que se hacen cuando se corrobora que existe incompatibilidad entre lo declarado realmente y lo que objetivamente es diverso, desde el punto de vista de que se declara menos o se declara más para después simular un incremento que no existe. Entonces, debo decir que aquí lo que hay es una sugerencia orientada a candidatos ya elegidos, es decir, que ya tienen el estatus de funcionarios públicos. Sin embargo, me parece interesante la atingencia en lo que se refiere a los candidatos, que todavía no 114

pueden ser investigados, si solo son candidatos, por la Contraloría General de la República. En segundo lugar, debo decir que hay temas —y ello para la congresista Chávez y también para el congresista Pari— cuyo horizonte temporal no mira para una semana o dos semanas; me atrevería a decir que ni siquiera solo para la siguiente legislatura. De hecho, hay propuestas que implican modificación constitucional; por ejemplo, la propuesta de ‘la silla vacía’ o la de la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción. La silla vacía colombiana, por ejemplo, tiene relación con la inexistencia del beneficio de derecho de inmunidad, que en Colombia no existe; y la propuesta que nosotros manejamos está mirando en perspectiva una modificación constitucional. Pero, por otro lado, también tiene detrás un diagnostico realista de la problemática de la silla vacía: si aplicamos la silla vacía a un proceso ya culminado, haciendo el récord de cuánto demoran los procesos penales en nuestro país, vemos que estos generalmente demoran mucho más allá del periodo de gestión de los congresistas o de los gobernadores regionales; y entonces nosotros compartimos el punto de vista del Jurado Nacional de Elecciones cuando dice que nuestro proyecto de silla vacía aprobado, en realidad, no es aplicable, porque el periodo de función del congresista nuestro dura menos que el tiempo que dura el proceso penal. Por eso, ante estas propuestas que tienen un horizonte temporal más largo que el de esta legislatura, o que implican modificación constitucional, yo planteo, en todo caso, que los congresistas que tengan a bien la voten, y los que no tengan a bien que hagan reserva de estos puntos concretos de las conclusiones y recomendaciones. En cuanto a lo señalado por la congresista respecto a su proceso, yo aplico el mismo criterio que apliqué respecto del anterior congresista, en tanto la alusión se hizo por el tema de los congresistas que no pueden ser investigados por la Comisión, no en atención a que existe normatividad expresa prohibitiva, sino a la existencia de una costumbre en el Congreso que hace que solo puedan ser investigados en dos instancias de Comisión. Pero entiendo que eso no es lo principal en el trabajo de esta Comisión, y por eso no tengo ningún reparo en aceptar el pedido de la congresista. De otro lado, debo decir que las declaraciones juradas de parientes, concubinos y allegados sí las mantengo. ¿Por qué? Porque ha habido un caso, especialmente relevante en la Comisión, de un gobernador regional que no tenía nada, absolutamente nada; y sin embargo, su señora esposa era propietaria de más de 25 inmuebles. Parece ser que hay un ardid para encubrir el patrimonio común detrás de procesos presuntos de separación de bienes que pueden estar encubriendo también procesos de lavado de activos. Por eso, nosotros mantenemos la propuesta de que el patrimonio del esposo, esposa y concubina debe ser declarado, y en eso coincidimos con la congresista Martha Chávez. Con relación a regalos y dádivas, congresista Salgado, solo debo dejar explícito que esta recomendación se hizo en fecha previa al debate que hubo en este hemiciclo sobre la norma que ha sido observada por el Ejecutivo. Es decir, lo acordamos en la Comisión 115

antes de que esa disposición fuera debatida en el hemiciclo del Congreso de la República. Y sobre la Comisión encargada de investigar la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y Policiales, nosotros pensamos que el espacio temporal para el nombramiento de esa Comisión debe ser la próxima legislatura, porque vemos urgencia, colegas congresistas. De hecho, hay operadores militares que están por años en las zonas vinculadas a la droga, y hay necesidad de hacer una reingeniería inmediata y una investigación inmediata. Para muestra un botón, congresista Salgado, porque es importante su preocupación. Mire, cuando hemos oficiado a las Fuerzas Armadas para que nos manden el récord de los operadores policiales en las zonas vulnerables a la droga: Vraem y Huallaga, se han demorado casi hasta al final de la existencia de la Comisión para recién proporcionarnos la información. Y las últimas denuncias que hay sobre la materia nos hacen pensar que es absolutamente pertinente la recomendación, orientada obviamente a su gestión en la próxima legislatura, señor Presidente. Me pide un minuto, si usted lo tiene a bien, la congresista Salgado. —Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Si fueran posibles treinta segundos, mejor. Puede proceder, congresista Salgado Rubianes. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Esos treinta segundos, señor, se me van en el respiro. Solamente quiero decir que en la Comisión de Defensa estamos preocupados, y estamos llamando al ministro de Defensa para que nos explique esos temas. Pero nos ha dejado plantados como dos o tres veces, no va a la Comisión de Defensa; eso lo puede decir el propio presidente de la Comisión. Pero por otro lado, congresista Mavila, para votar su informe le pido que revise usted bien la parte sobre la que la congresista Chávez le dijo que era inconstitucional, porque mañana puede presentarse alguien que no quiere que usted esté en su curul y le lanza una denuncia; y solamente con la denuncia le dice a usted que está investigada por narcotráfico, y ya la quita de carrera política. Hay que revisar bien esa parte, porque enemigos o adversarios políticos tenemos por todos lados, y quien quiera quitarle su curul tranquilamente le puede lanzar una acusación sin fundamento. Esa parte me parece que se podría revisar mejor. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Con relación a regalos y dádivas, ese punto se planteó antes del debate en el Congreso sobre ese extremo.

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Con relación a una comisión encargada de la coordinación interinstitucional sistémica de toda la política nacional sobre drogas y lavado de activos, lo consideramos pertinente. De hecho, Devida tenía ese rol que no se está cumpliendo y que ha sido devaluado en los últimos tiempos. Cada institución se desenvuelve en forma autónoma, y evidentemente se requiere una coordinación interinstitucional para viabilizar la Política 28 del Acuerdo Nacional y las disposiciones de la Constitución de lucha contra el narcotráfico. Con relación a los actos de corrupción en el Ministerio Público y el Poder Judicial, nosotros pensamos que la atingencia de la congresista Chávez se ha tratado incluso tanto en el diagnóstico como en las recomendaciones. De hecho, hay un proyecto de ley que plantea que los archivos sean informados al Consejo Nacional de la Magistratura, y también sean apelados en consulta de oficio, para tener un debido control sobre estos fiscales y jueces que son excesivamente benevolentes con el narcotráfico, concretamente, hábeas corpus concedidos a personas vinculadas a carteles de la droga mexicana en el Poder Judicial. Sin embargo, es cierta la atingencia de que hay riesgo para el Poder Judicial. Recordemos el asesinato del juez Saturno, que inauguró todo el programa del sicariato en el país; y no tendría ningún inconveniente en incorporar, como recomendación, la necesidad de que haya mecanismos de protección y de seguridad para las autoridades jurisdiccionales y fiscales encargadas de la investigación de la droga. En materia de la recomendación que se refiere a flagrancia, debo decir que hay un dispositivo constitucional que plantea que en caso de flagrancia de cualquier delito se ponga en suspenso la gestión de la autoridad pública. En ese sentido, no implicaría un riesgo de naturaleza de modificación constitucional. Pero, en todo caso, sobre la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, la silla vacía y la suspensión de las autoridades encontradas en flagrancia de delitos de narcotráfico y lavado de activos, lo que yo plantearía es, en primer lugar, que votemos todas las recomendaciones que no incluyan estas, y después votemos los que tengan a bien avalar dichas propuestas y los que se reserven sobre la mismas. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista, ¿podría especificar con sus respectivos números cuáles son las recomendaciones que se votarán por separado? La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Sí, señor. Tenemos la modificación de la Ley de Silla Vacía. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— ¿Qué número es? Si fuera tan amable, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Es la recomendación 8. Y también la recomendación 9, que se refiere a los delitos de flagrancia. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— En consecuencia, las recomendaciones 8 y 9 se votarán por separado. 117

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Por otro lado, el congresista Pari ha planteado una propuesta sobre la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, que no está contemplada en las recomendaciones, pero que yo hago mía; en todo caso, que se vote por separado. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista, está en la agenda del Pleno la propuesta sobre la imprescriptibilidad. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Si está en la agenda, señor, no la incorporaría. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Sí, es otra ley. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Entonces, esos dos recomendaciones se reservarían para su votación. Planteo que se vote el conjunto de conclusiones y recomendaciones primero, y luego esas dos recomendaciones. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista, le pide una interrupción la congresista Chávez Cossío. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Sí, con gusto. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede interrumpir la congresista Chávez Cossío. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, congresista Mavila. Señor Presidente, creo recordar que también la Recomendación 24, sobre la UIF, tiene, como las recomendaciones 8 y 9, connotaciones constitucionales; por lo debería votarse por separado. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista Mavila León, queda a su criterio. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Señor Presidente, esa Recomendación 24, relativa a la UIF, obviamente vamos a votarla, pero tenemos otra percepción. Según lo normado en toda América Latina sobre las unidades de inteligencia financiera, el criterio de dotarla de facultades de levantamiento del secreto bancario y financiero no es inconstitucional; implica solo un cambio normativo. En todo caso, que también se vote por separado. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se votarán por separado entonces las recomendaciones 8, 9 y 24. Se va a proceder a votar el informe final con las modificaciones planteadas por la presidenta de la Comisión, exceptuando las recomendaciones 8, 9 y 24. A esos efectos, los señores congresistas se servirán registrar su asistencia. 118

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han registrado su asistencia 64 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba, por 63 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales, con excepción de las recomendaciones 8, 9 y 24. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobado por unanimidad el informe final, salvo las recomendaciones 8, 9 y 24, que se votarán por separado una por una. “Votación del informe final de la comisión investigadora en su totalidad, con excepción de las recomendaciones 8, 9 Y 24 Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñáñez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Merino de Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes y Zeballos Salinas. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Con la misma asistencia, se va a votar la recomendación 8. Dese lectura a esta recomendación. El RELATOR da lectura: Recomendación N° 8. Modificación de la Ley de ‘Silla Vacía’

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El 20 de marzo del 2015, se publicó la Resolución Legislativa del Congreso N.° 0022014-2015-CR que incorporó el artículo 15-A al Reglamento del Congreso de la República, estableciendo que en caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25.° del Reglamento del Congreso de la República sobre su reemplazo por el accesitario. Consideramos que la intención preventiva de la norma es correcta; sin embargo, no es eficiente. Normalmente la resolución con sentencia firme de un proceso penal por los delitos mencionados usualmente demora en emitirse de 5 a 7 años, periodo en el cual no se va a poder reemplazar al congresista que es procesado por dichos ilícitos, siendo este sentenciado o absuelto cuando concluya su periodo legislativo. Por lo que recomendamos que la Ley de ‘Silla Vacía’ sea aplicada al parlamentario que es sentenciado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos en primera instancia judicial. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba, por 37 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la Recomendación 8. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobada la Recomendación 8. “Votación de la recomendación 8 del informe final de la comisión investigadora Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñáñez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Jara Velásquez, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Mavila León, Merino de Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Rivas Teixeira, Saavedra Vela, Simon Munaro, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez e Yrupailla Montes. Señores congresistas que votaron en contra: Bardález Cochagne, Beingolea Delgado, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Díaz Dios, Elías Ávalos, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Medina Ortiz, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Valqui Matos y Zeballos Salinas. Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Con la misma asistencia, se va a votar la Recomendación 9.

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Previamente, se va a dar lectura a dicha recomendación. El RELATOR da lectura: Recomendación N° 9. Separación automática de candidatos con investigación formalizada o proceso penal por delitos de narcotráfico y lavado de activos Es necesario que exista una coordinación e intercambio interinstitucional eficaz y oportuno entre el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas, a fin de verificar e identificar a los candidatos que tienen investigación formalizada por el Ministerio Público o proceso penal por los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos procedente de narcotráfico, con el propósito de que la ONPE separe a estas personas de la lista de candidatos presentada por las organizaciones políticas. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba, por 39 votos a favor, 23 en contra y una abstención, la Recomendación 9. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Recomendación 9 ha sido aprobada. “Votación de la recomendación 9 del informe final de la comisión investigadora Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñáñez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Jara Velásquez, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Merino de Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Saavedra Vela, Simon Munaro, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez e Yrupailla Montes. Señores congresistas que votaron en contra: Bardález Cochagne, Beingolea Delgado, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Díaz Dios, Elías Ávalos, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, Medina Ortiz, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Rondón Fudinaga, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Valqui Matos y Zeballos Salinas. Señor congresista que se abstuvo: Benítez Rivas.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Con la misma asistencia, se va a consultar la Recomendación 24. 121

Dese lectura a la Recomendación 24. El RELATOR da lectura: Recomendación 24 Otorgamiento de la facultad de tener acceso al levantamiento del secreto bancario y tributario a la Unidad de Inteligencia Financiera —UIF de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Actualmente todos los países de Sudamérica, menos el Perú, les han otorgado a sus Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de tener acceso al levantamiento del secreto bancario y tributario sin ninguna limitación, como medida de prevención de los delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. En este sentido, es necesario que el Pleno del Congreso apruebe el Proyecto de Ley N.° 2569/2013-CR presentado por la congresista Carmen Omonte que le brinda esta facultad a la UIF, así como la iniciativa legislativa presentada por la Comisión con el mismo objetivo. Se debe tener en cuenta que, según el Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, el año 2011 el lavado de activos generó unos 320 mil millones de dólares en el mundo, de los cuales 150 mil millones se revalorizaron ilícitamente en América Latina, hecho que es una alerta para nuestro país. Esta propuesta está pendiente de debate en el Pleno del Congreso de la República, debiéndose priorizar su tratamiento. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba, por 39 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, la Recomendación 24. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Recomendación 24 ha sido aprobada. “Votación de la recomendación 24 del informe final de la comisión investigadora Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñáñez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Jara Velásquez, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Mavila León, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Simon Munaro, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes y Zeballos Salinas. Señores congresistas que votaron en contra: Bardález Cochagne, Beingolea Delgado, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Díaz Dios, Elías Ávalos, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, 122

Medina Ortiz, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos. Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas, López Córdova, Merino de Lama y Salgado Rubianes.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— De esta manera, ha concluido la votación de todo el informe. —Las conclusiones del informe final aprobado son las siguientes: “CONCLUSIONES Teniendo en cuenta la hipótesis central y las dos primeras hipótesis específicas2 planteadas en la investigación se han desarrollado las siguientes conclusiones: 1. El trabajo realizado por esta Comisión requiere dos consensos preliminares, que facilitarán responder el cuestionamiento: ¿existe o no influencia del narcotráfico en la política?: Primero, el TID es en esencia un fenómeno económico que acerca la oferta y demanda mundiales de drogas naturales y sintéticas, a falta de una voluntad estatal por asumir este rol. En los últimos 30 años, en el Perú, esta actividad ilegal de carácter global, ha evolucionado permanentemente para continuar su negocio y distraer los intentos en detenerlo y reprimirlo. Es solamente en ese contexto, que podremos entender y atender el interés y la magnitud de su influencia en la política de un determinado lugar (comunidad, ciudad intermedia, mega ciudad, país o región). Segundo, el Perú y su sistema político (partidos, ciudadanos e instituciones), tienen una larga experiencia histórica de diversas formas de influencia del narcotráfico en las estructuras políticas e instituciones del Estado, cuestión que es alimentada por un conjunto de ausencias históricas, deficiencias estructurales, y obstáculos coyunturales, que hacen de nuestra Democracia y ciudadanía, un modelo aún incipiente. Tomando estos dos conceptos como antecedentes, podemos concluir que el trabajo de la Comisión puede demostrar fehacientemente dos cosas: El interés del narcotráfico, sus miembros y organizaciones (nacionales e internacionales), por influir, penetrar en la política peruana de diversos modos, en la formación de organizaciones políticas, en el financiamiento de campañas electorales de individuos, organizaciones y movimientos políticos, para garantizar el funcionamiento del 2

Hipótesis Central de investigación:  ¿Existe una influencia cierta del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos políticos regionales y locales, y qué naturaleza y alcance tiene esta influencia? Hipótesis específicas:  ¿Cuáles son las características de esta relación, es posible construir a partir de la información generada una tipología, modalidades o mecanismos de influencia para el caso peruano?  ¿Cuáles son los factores que explican el desarrollo de esta influencia del narcotráfico en los partidos y movimientos políticos?

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negocio en alguno de sus segmentos (producción/transformación, distribución), para lavar dinero en campañas electorales desproporcionadas en su gasto, y/o, para asegurar diversos grados de impunidad policial, fiscal, judicial o política. Para ello, el manejo del poder y la gestión pública se convierten en instrumentos fundamentales de interrelación y comercio, entre la economía ilegal y el sistema político legal. Absoluta vulnerabilidad, deficiencias, fragilidad, carácter incipiente de las estructuras, mecanismos y procedimientos políticos, de gestión públicas, de control (PNP, Aduanas, UIF, Contraloría) y de Administración de Justicia (MP/PJ), para prevenir, detectar, procesar y/o sancionar estas actividades de injerencia. Esta situación, adquiere niveles de mayor gravedad en los escenarios regionales y locales. 2. El Perú es un país productor milenario de hoja de coca, su cultivo con un máximo de seis cosechas al año, es una actividad con mayor rentabilidad frente a los cultivos alternativos (arroz, café, cacao, frutales, etcétera). Los pagos adelantados y garantizados de las cosechas, la falta de fiscalización por parte de las instituciones creadas para tal fin, entre otros aspectos, han sido los principales incentivos mediante los cuales el narcotráfico nacional e internacional han promovido que se mantenga y se multiplique la superficie de estos cultivos. En efecto, el Perú se lista entre los países con mayor riesgo y vulnerabilidad ante estas personas o grupos criminales, como consecuencia de la proliferación de la elaboración y consumo de drogas en la sociedad, problemática que ha sido y es objeto de diversos estudios y medidas implementadas desde los tres poderes del Estado, a lo largo de nuestra historia. 3. El gobierno central siempre fue y será objeto de mira para el crimen organizado, a razón del alto grado de centralismo que impera en nuestro país. Sin embargo, la debilidad de la presencia del Estado en los gobiernos regionales y locales hace que éstas tengan igual o mayor grado de vulnerabilidad que el gobierno central, motivo por el cual es importante implementar medidas preventivas a fin de evitar la intromisión de organizaciones criminales. 4. De los indicios que revelan de manera significativa la debilidad del Estado frente al avance del narcotráfico, está la llamada “Paz Narca”3. El narco controla, es el gobierno real, desplazando al gobierno local o regional, no pasa nada, nada se mueve en ese territorio, todo está tranquilo. Este tipo de modalidad es una verdadera amenaza en el Perú, donde existe un débil control territorial del Estado. 5. Intentar comprender la relación entre el narcotráfico y la política bajo el esquema clásico de la corrupción, esto es, siguiendo el derrotero que puede transitar desde el simple soborno a funcionario público hasta la captura de instituciones por parte del narcotráfico, resulta insuficiente y superficial. Máxime cuando dicha relación se desarrolla en escenarios de Estados débiles y poco institucionalizados. De lo que se trata, como lo señala Luis Jorge Garay-Salamanca4 , es del riesgo de la reconfiguración del Estado en

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Entendida como el mantenimiento de un escenario de libre funcionamiento de los procesos económicos ilícitos impidiendo la acción del Estado y/o de las fuerzas opositoras. 4 Luis Jorge Garay-Salamanca. Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Guatemala, México y Colombia. Análisis conceptual de las memorias de la Primera Discusión Internacional sobre captura y 124

función de los intereses del narcotráfico. Es decir, la transformación del Estado desde adentro por parte de las organizaciones criminales que ha llevado a la demora en la implementación de leyes adecuadas, de escasa garantía de eficacia en las instituciones de control, de las prácticas, de la cultura política, y que hacen tan complejo el fenómeno de enfrentarlo. 6. Se ha verificado un creciente desprestigio y deslegitimación del sistema político, especialmente en los gobiernos regionales y locales, teniendo de un lado la desarrollada percepción ciudadana de serios vínculos del narcotráfico con candidatos y autoridades políticas elegidas, y de otro, la aceptación y normalización por parte de la población de dichos hechos, sin comprender el real alcance de los riesgos que ello acarrea. 7. En el proceso de elaboración de una tipología correcta y eficaz que permita incluir los distintos casos y modalidades de involucramiento del narcotráfico en la política peruana en los últimos 40 o 50 años, creemos conveniente distinguir tres formas: a) En las campañas y procesos electorales, básicamente como instrumento para lavar dinero y asegurar lealtades; b) En el proceso de aseguramiento de las rutas locales, mediante el pago de cupos a diversas autoridades, entre ellas, a alcaldes que se encuentran en la ruta de la droga; c) En el criterio de garantizar diversas formas de impunidad, ejerciendo presiones de nivel político para el favorecimiento en sede policial, fiscal y judicial. 8. Se han verificado diversos mecanismos de infiltración del narcotráfico en la política nacional: 1. Corrupción vinculada al narcotráfico; 2. Relaciones políticas, económicas y sociales del narcotráfico con autoridades políticas, entre las que se distingue el lavado de activos como mecanismo de relación; 3. La infiltración del narcotráfico en todos los niveles de actuación del Estado; 4. Presencia y participación en procesos electorales para asegurar sus intereses de producción, traslado y exportación de droga o lavado de activos; 5. El libre mercado, el impulso de la inversión privada y el favorecimiento de negocios ilícitos han contribuido por escasa prevención y represión al incremento del narcotráfico y el lavado de activos; 6. Formación de fortunas mal habidas, no justificadas y el desbalance patrimonial; 7. Influencia sobre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial; 8. Subversión, terrorismo y narcoterrorismo y sus relaciones con las organizaciones sociales; 9. Ejercicio de la violencia, sicariato, ajusticiamiento, de parte de los narcotraficantes hacia dirigentes y autoridades políticas. 9. Constatación de relaciones entre narcotráfico, terrorismo y movimiento cocalero. Desde su aparición en los años ochenta, los campesinos cocaleros fueron considerados por los terroristas de sendero luminoso como su base social, esto es, asumidos como el proletariado de la coca5. Empero, los narcotraficantes, con ciertas divergencias respecto a sus intereses, desarrollaron diversas estrategias para infiltrar y progresivamente dominar a los otros dos actores de la zona. Hoy el terrorismo ha retrocedido, manteniéndose rezagados en las zonas de producción cocalera vinculadas al narcotráfico. 10. Se ha podido advertir recurrentemente que las autoridades regionales y locales investigadas, han ingresado a la política luego de acumular fortunas muy considerables reconfiguración cooptada del Estado. Método Working Papers. Nº 64. January, 15, 2010. Anticorruption and Capture of State Area. 5 http://elcomercio.pe/politica/gobierno/revista-somos-gustavo-gorriti-peru-proletario-cocaina-noticia-1854215. 125

que hace presumir la existencia de desbalance patrimonial, los mismos que se encuentran siendo investigados en los ámbitos policial y fiscal por lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas. 11. En la investigación realizada hemos comprobado que algunos candidatos así como algunos partidos políticos o movimientos regionales o locales realizan gastos excesivos en sus campañas electorales, a través de la entrega de dádivas a los electores (dinero en efectivo, televisores, artefactos eléctricos, computadoras), construcción de obras públicas (Iglesias, lozas deportivas), fiestas patronales o regionales, entre otras. 12. Se advierte la dilatación de los procesos de investigación, su archivamiento, la pérdida de expedientes, fallos jurisdiccionales cuestionables que hacen necesaria la urgencia de una política criminal adecuada que tenga claridad de las prioridades de las conductas delictivas a enfrentar en el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción. 13. Se ha constatado que algunas de las autoridades regionales y locales investigadas, coincidentemente, desarrollan negocios que se pueden considerar conexos, articulados, que favorecen o son proclives a la actividad de procesamiento de drogas, tales como grifos y ferreterías, comercialización de insumos químicos, gestión de empresas de transporte, para facilitar la transformación de droga y su traslado, entre otros. 14. Se comprueba la negación, desconocimiento e incomprensión por parte de las autoridades regionales y locales investigadas de la responsabilidad de gestión que les compete en la lucha contra el narcotráfico. Ello desconociendo abiertamente las funciones que les corresponden, tanto por la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012-2016, aprobada por Decreto Supremo Nº 033-2012-PCM, como por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y por la Ley N° 27933, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. 15. Se ha constatado la adquisición por parte de algunas autoridades regionales y locales de grandes extensiones de tierra por distintas vías como la concesión minera o agrícola, derechos de posesión y propiedad sobre terrenos eriazos y públicos, muchas veces a precios diminutos o gratuitamente, así como utilizando violencia o amenaza de su ejercicio, lo que haría suponer que dicha acumulación y concentración de tierras, que implica un control territorial importante, podría ser utilizada para diversos fines: a) Efectuar hipotecas sobrevaluadas a efecto de lavar dinero de origen ilícito, b) Realizar actividades de producción, almacenamiento o transporte de drogas dentro y fuera del país, en zonas que al tener el estatus de propiedad privada se convierten en ámbitos restringidos para el control de las autoridades. 16. Se ha verificado, del cruce de información realizado en la investigación patrimonial de los investigados, la inconsistencia existente entre el patrimonio real y lo declarado ante la Contraloría General de la República y autoridades del Sistema Electoral, por parte de algunas autoridades políticas, lo que haría presumir la existencia de patrimonios de dudoso origen. Así como el incremento sospechoso de su nivel económico que no se ajusta a los niveles de ingresos declarados por ellos mismos. Dejamos constancias de la frecuencia de este fenómeno que ha evidenciado en casi la totalidad en los casos investigados. El desbalance patrimonial es un factor común detectado. 126

17. Se ha advertido la debilidad del sistema de partidos, el desorden y la informalidad de las agrupaciones regionales y locales, así como la ausencia de una correcta fiscalización económica de éstas a sus candidatos y militantes, principalmente en el ámbito regional, provincial y local, advirtiéndose enormes gastos de campaña que no han sido informados al tesorero de dicha organización ni a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la misma que tiene limitaciones en su organización a nivel nacional. Situación que revela un riesgoso desentendimiento de la organización política y sus candidatos, así como la profundización de la informalidad en el manejo económico de las agrupaciones políticas. 18. Esta Comisión ha identificado por lo menos tres razones de interés del lado del narcotráfico y los traficantes, para acceder e intervenir en la política doméstica peruana: (i) garantizar el libre tránsito de la droga, desde las zonas de producción, transformación, tránsito y su despacho seguro y oportuno hacia el exterior, (ii) facilitar el lavado de dinero; y (iii) obtención de poder político a los más altos niveles de ejercicio de éste que les permita obtener diversos tipos de beneficios judiciales, archivar o neutralizar resultados de investigaciones, incorporación de ganancias producto de modelos de emergencia patrimonial sobre la base de negocios vinculados a la droga, liberaciones, impunidad. 19. Esta Comisión ha evidenciado la profunda debilidad, crisis y/o desborde de todas instituciones, mecanismos, procesos y sistemas legales de control, prevención, detección, investigación y sanción de los delitos asociados al Tráfico ilícito de drogas y Lavado de activos en el Poder Judicial. RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS Teniendo en cuenta la tercera hipótesis 6 planteada en la investigación se han desarrollado las siguientes recomendaciones de políticas públicas: 1. SEGUIMIENTO PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS CANDIDATOS Y A LAS AUTORIDADES ELEGIDAS, COMPARACIÓN DE SU PATRIMONIO REAL Y LO DECLARADO AL INICIO DE SU GESTIÓN Es necesario que la Contraloría General de la República realice un seguimiento eficaz y oportuno del patrimonio de los candidatos y de las autoridades políticas elegidas, a fin de prevenir que exista un desencuentro entre los que éstos declararon formalmente ante dicha Institución y lo que tienen realmente, tal como se constató, en algunos casos, al realizarse la investigación patrimonial de los bienes de las autoridades elegidas. 2. INVESTIGACIÓN DE LOS SIGNOS EXTERIORES DE RIQUEZA DE LOS CANDIDATOS O AUTORIDADES POLÍTICAS EN LAS ZONAS VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN COCALERA, CANABIS Y DE AMAPOLA Durante la investigación se tomó conocimiento del perfil “emergente” que distinguía a 6

Tercera hipótesis de investigación: ¿Cuáles son las recomendaciones de normas legales, políticas públicas y acciones del Estado pertinentes para la desarticulación y prevención de esta influencia? 127

varias autoridades regionales, quienes de haber nacido en la pobreza habían adquirido una considerable fortuna económica, siendo propietarios de hostales, grifos, helipuertos, salas de juego, pollerías, empresas de transporte provincial y local, ferreterías, madereras, principalmente en las zonas vinculadas a la producción y tráfico de coca y amapola. Por lo que se requiere que la División de Investigación del Lavado de Activos -DIVILA- de la Dirección de Investigación Criminal –DIRINCRIponga énfasis en la investigación de los bienes de las autoridades políticas así como de los candidatos de estas zonas. 3. SEGUIMIENTO ESPECIALIZADO EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS COMO LA RUTA DE LA DROGA Durante la investigación se ha tomado conocimiento que el incumplimiento de las normas previstas en el Sistema Electoral peruano para garantizar las fuentes, aportes y transparencia de las campañas electorales es mayor, mientras más lejos de la capital se produzca el acontecimiento político. Cabe señalar, que justamente en esos lugares alejados aparecen con mayor frecuencia los movimientos políticos “aluvionales”, de carácter temporal, siendo éstos precisamente los renuentes a cumplir la norma. En este sentido, es necesario que el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE realicen un seguimiento más especializado en los lugares identificados como la ruta de la droga. 4. INSTALACIÓN DE FISCALÍAS ESPECIALIZADAS Y JUZGADOS AD-HOC Es necesario que el Ministerio Público y el Poder Judicial instalen Fiscalías Especializadas y Juzgados Ad-Hoc orientados a investigar a los probables narco candidatos en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad del narcotráfico y lavado de activos. 5. PROCESAMIENTO, SEGUIMIENTO Y SANCIÓN POR LOS GASTOS EXCESIVOS EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES, CANALIZACIÓN DE DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL A LA ONPE EN LUGARES DE TRASIEGO DE DROGA Los gastos excesivos en las campañas electorales habrían sido un común denominador en algunos de los candidatos a gobernadores regionales investigados7. Aparentemente el ámbito de fiscalización de la ONPE no se ejecuta en los lugares más vulnerables, por lo que es necesario que esta institución repotencie sus Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales –ODPE-. Asimismo, se requiere que en estas dependencias se canalicen de manera eficiente las denuncias de la sociedad civil, las mismas que son primera fuente de información que debe ser investigada. 6. CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA LEY QUE PROHIBE LA PROMESA, OFRECIMIENTO Y ENTREGA DE REGALOS Y DÁDIVAS Es necesario que se realice un seguimiento efectivo de la ley que prohíbe la promesa, 7

El Gobernador Regional de Amazonas sostuvo ante la comisión que él personalmente había gastado S/. 200,000; el Gobernador Regional de Ucayali, S/. 879,000; el Gobernador Regional de Ayacucho (actualmente prófugo de la justicia), S/. 502,641.19. Coincidentemente estas zonas son identificadas como la ruta del trasiego de droga. 128

ofrecimiento y entrega de regalos y dádivas a los ciudadanos en las campañas electorales, excepto aquellos que constituyan propaganda electoral como lapiceros, almanaques, llaveros, entre otros, siempre que no exceda el 0.5% de la Unidad Impositiva Tributaria –UIT-, es decir, S/. 19.25 Nuevos Soles. Con el propósito de evitar la compra de votos en las campañas electorales y el ingreso de dinero ilícito procedente de los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, se requiere la aplicación de sanciones efectivas en casos emblemáticos que sienten precedentes al respecto, retirándose a los candidatos del proceso electoral en casos debidamente comprobados canalizándose la denuncia al Sistema de Justicia. 7. EXIGENCIA A LOS CANDIDATOS DE PRESENTAR PLANES, LÍNEAS DE ACCIÓN E INDICADORES MEDIBLES PARA ENFRENTAR AL NARCOTRÁFICO EN SU ÁMBITO DE GESTIÓN La Oficina Nacional de Procesos Electorales- ONPE- debe exigir que los candidatos a cargos políticos en las zonas de la ruta de la droga, presenten una propuesta para enfrentar el narcotráfico que se encuentre incluido en su Plan de Gobierno, de lo contrario, este documento será inadmisible. Asimismo, debe contener el compromiso de hacer un mapa de la criminalidad del tráfico ilícito de drogas y del lavado de activos en su región o localidad y las estrategias coordinadas con los demás representantes del Estado y de la sociedad para enfrentar dicho riesgo. 8. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE “SILLA VACÍA” El 20 de marzo del 2015, se publicó la Resolución Legislativa del Congreso Nº 002-20142015-CR que incorporó el artículo 15-A al Reglamento del Congreso de la República, estableciendo que en caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25º del Reglamento del Congreso de la República sobre su reemplazo por el accesitario. Consideramos que la intención preventiva de la norma es correcta; sin embargo, no es eficiente. Normalmente la resolución con sentencia firme de un proceso penal por los delitos mencionados usualmente demora en emitirse de 5 a 7 años, periodo en el cual no se va a poder reemplazar al congresista que es procesado por dichos ilícitos, siendo éste sentenciado o absuelto cuando concluya su periodo legislativo. Por lo que recomendamos que la ley de “silla vacía” sea aplicada al parlamentario que es sentenciado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos en primera instancia judicial. 9. SEPARACIÓN AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS CON INVESTIGACIÓN FORMALIZADA O PROCESO PENAL POR DELITOS DE NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS Es necesario que exista una coordinación e intercambio interinstitucional eficaz y oportuno entre el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE-, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas, a fin de 129

verificar e identificar a los candidatos que tienen investigación formalizada por el Ministerio Público o proceso penal por los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos procedente de narcotráfico, con el propósito que la ONPE separe a estas personas de la lista de candidatos presentada por las organizaciones políticas 8. 10. CREACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE APORTANTES El 07 de mayo del 2015, se publicó la Ley Nº 30322, Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, norma que va a permitir a las organizaciones políticas solicitar información de sus candidatos al Jurado Nacional de Elecciones, la misma que abarcará antecedentes penales, órdenes de captura, omisiones de pago de tributos, reparaciones civiles impagas, bienes. Esta norma constituye un acierto del proceso de reforma electoral. En este sentido, como complemento de esta norma, es necesario crear la Ventanilla Única de Antecedentes de Aportantes, con el propósito de conocer la fuente de financiamiento a los candidatos. Esta iniciativa es urgente y necesaria debido a que hemos comprobado que se han realizado campañas millonarias en algunas localidades regionales y locales, sin que el partido ni la organización política regional y local tengan conocimiento verdadero de la procedencia del dinero. La obligatoriedad del registro de aportantes y la transparencia de la cuantía de lo aportado es vital para evitar el ingreso del dinero sucio en la política.9 11. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA ESTABLECER EL LÍMITE DE GASTO DE LOS CANDIDATOS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES El 05 de noviembre del presente año, se aprobó en el Pleno del Congreso de la República la norma que modifica la Ley Nº 28094. Ley de Partidos Políticos sobre el Financiamiento Público y Privado de las Organizaciones Políticas, omitiéndose regular tanto el límite de gasto de dichas organizaciones como el de los candidatos en las campañas electorales, hecho que es un serio límite para la prevención de la infiltración del narcotráfico en la política. Existe un derroche de presupuesto que no es regulado ni por la organización política ni por el Organismo Fiscalizador, convirtiéndose en una puerta abierta para el ingreso de dinero de carácter informal y aluvional de presunta procedencia ilícita, por lo que recomendamos que la norma sea modificada en este extremo. 8

La Dra. Sonia Medina Calvo, Procuradora Antidrogas, manifestó ante la comisión que en el proceso electoral regional y local realizado el año 2014 se detectaron candidatos que estaban siendo procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos procedente del narcotráfico. Refirió literalmente lo siguiente: “tuvimos 322 candidatos regionales. De esos, cuatro (04) estaban por tráfico ilícito de drogas, ocho (08) por lavado de activos. Un total de 12, porcentaje: 3,7 %. Para gobiernos provinciales, los candidatos fueron 1906; por tráfico de drogas se detectaron nueve (09), por lavado de activos, tres (03). Un total de 12, porcentaje: 0,63%. Para gobiernos distritales, fueron 11,783 candidatos de los cuales se detectaron 81 por TID y nueve (09) por lavado de activos. Un total de 90, haciendo 0,76%”. 9 Un gobernador regional electo sostuvo ante la Comisión que en su campaña electoral gastó S/. 1,800 (Mil ochocientos nuevos soles), pero cuando se recibió el reporte de lo informado a la ONPE había gastado S/. 879,000 (Ochocientos setenta y nueve mil nuevos soles). El mencionado candidato no pudo identificar a los aportantes de dicho dinero. 130

12. COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE EL TESORERO DESCENTRALIZADO DEL PARTIDO POLÍTICO O MOVIMIENTO REGIONAL O LOCAL Y LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES Con el propósito de disminuir la burocracia al interior de los partidos sería conveniente que los tesoreros descentralizados informen directamente a la ONPE, a través de las Oficinas Distritales de Procesos Electorales (hasta el 2010 habían 81 ODPE distribuidas a nivel nacional). De esta manera, se ahorraría tiempo y la comunicación de los ingresos y gastos realizados por las Organizaciones Políticas se remitiría de manera inmediata al Organismo Fiscalizador, que evaluaría su contenido en el mismo contexto en el que se verificaron los gastos. 13. ESTABLECIMIENTO DE LA VACANCIA INMEDIATA DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS ELEGIDAS QUE HAYAN SIDO ENCONTRADAS EN FLAGRANCIA DE DELITO DE NARCOTRÁFICO Cuando se encuentre en flagrancia de delito de narcotráfico a una autoridad política éste debe ser sancionado con la vacancia. Es de considerarse que si bien asistiría a dicha autoridad la aplicación del derecho fundamental a la presunción de inocencia, lo que implicaría la necesaria emisión de una sentencia firme, la que seguramente se emitiría al acabar su mandato, también es cierto que, debe considerarse que en el desarrollo de una nueva visión del Estado constitucional del derecho no existen derechos absolutos. En tal sentido, en dichos casos, debería aplicarse la ponderación de derechos (test de proporcionalidad) ante la existencia de conflicto de derechos constitucionales, que sería de un lado, el mencionado derecho a la presunción de inocencia, y de otro, el derecho a la verdad y el interés público que requiere probidad en la autoridad, entendido en su dimensión asociada a la transparencia de la gestión pública, “que se desprende de los artículos 40 y 41 de la Constitución, con el principio de responsabilidad que se deriva del artículo 45 y que establece que “Quienes lo ejercen[el poder que emana del pueblo] lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”, y con el deber que tiene el Estado de combatir el narcotráfico que se deriva del artículo 8 de la Constitución” .10 14. INCLUSIÓN OBLIGATORIA DEL PATRIMONIO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O PAREJA EN LAS DECLARACIONES JURADAS Los candidatos y autoridades elegidas deben incluir obligatoriamente en sus declaraciones juradas realizadas ante la ONPE y la Contraloría General de la República, a sus cónyuges aunque se encuentren bajo régimen de separación de bienes, dado que, como se ha constatado en el desarrollo del trabajo de la Comisión, muchos políticos y autoridades elegidas optan con dicho régimen y coincidentemente, sus parejas suelen contar con patrimonios de elevado valor, que no necesariamente son fiscalizados11. Esta propuesta implica la modificación del Código Civil, en tanto resta consecuencias al proceso de 10

César Landa. Artículo: Consideraciones generales sobre los límites del control judicial del debido proceso en los procedimientos desarrollados ante comisiones investigadoras del Congreso de la República. En revista: DERECHO PUCP. N 73-2014. pp. 481 11 El Señor Jorge Velásquez Portocarrero, ex Gobernador Regional de Ucayali, sostuvo ante la Comisión que sus 21 inmuebles se encuentran inscritos a nombre de su esposa, asimismo, que ella es la propietaria de una camioneta cuatro por cuatro Montero, Mitsubishi del año 2013, adquirida por la suma de $42,000 131

separación de bienes, en este supuesto específico. 15. MANEJO, BUEN USO, ADECUADO CONTROL Y CUIDADO DE LOS POLÍTICOS SOBRE LA CUSTODIA DE SUS BIENES Se recomienda a los personajes políticos que tomen las medidas de prevención correspondientes respecto de la seguridad en el acceso a sus bienes muebles o inmuebles, dado que se ha tomado conocimiento de varios casos en los que éstos son utilizados por el entorno familiar, amical o societario e incluso de sus trabajadores dependientes para fines ilícitos, sorprendiendo con este actuar a los propietarios de los mismos. Es una modalidad de los narcotraficantes utilizar bienes de personajes políticos con el propósito de almacenar o transportar droga, debido a que tienen la seguridad de que al pertenecer éstos a dichas personas es menor la posibilidad de levantar sospechas de la posible comisión de un ilícito. Limitar el acceso de personas sospechosas a sus bienes debe ser parte de un modelo de conducta. 16. FORMACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE INVESTIGUE LOS CASOS Y LAS DINÁMICAS DEL INVOLUCRAMIENTO DEL NARCOTRÁFICO EN LAS FFAA Y EN LA PNP En los últimos años, varias regiones productoras de Hoja de Coca y de cocaína en la Selva Alta, incluso en las zonas de tránsito de la droga en la sierra del país, han estado sujetas a distintos grados de presencia policial y/o militar, incluyendo Comandos Político Militares, Frentes, zonas de pacificación, regímenes de excepción y se han aplicado restricciones de diverso tipo a los derechos fundamentales de la población local. La experiencia del VRA, luego VRAE y finalmente VRAEM, muestra el error de entendimiento que existe en el Estado peruano sobre las estrategias de lucha contra la droga. Incluso, se ha permitido que en determinadas circunstancias, las FFAA puedan realizar actividades propias de la Policía, para lo cual se han montado diversos operativos, que han culminado con la detención de muchas personas. Los resultados de esta presencia en los últimos 15 años, no han sido positivos, como sí ha ocurrido en la lucha contra la subversión y los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM. El TID, como fenómeno principalmente económico, de oferta y demanda, mantiene y ha crecido en sus niveles de operaciones y actividades al interior del país, en la política, en las ciudades intermedias, en los puertos, lo cual se ha visto favorecido con las dificultades logísticas, operativas y de doctrina, que tienen las estructuras propiamente militares para enfrentarlo. En los 8 meses de trabajo de esta Comisión, hemos percibido que en términos estrictamente relacionados a la lucha contra el narcotráfico, las FFAA peruanas tienen serias limitaciones y presentan alta vulnerabilidad para ser infiltradas y sobornadas por esta forma de criminalidad. Una gran debilidad para caer en manos de la corrupción procedente del TID ha venido expresándose sistemáticamente en ellas. Lamentablemente en los últimos 15 años, luego de la experiencia de sometimiento de las FF.AA al narcotráfico por parte de Vladimiro Montesinos en los años 90, los tres Gobiernos han dejado en manos de las FF.AA la tarea de combate al narcotráfico. Al 132

interior de la PNP y de las FF.AA no existen los canales adecuados que garanticen una investigación abierta ni la transparencia y acceso a la información dentro de los cuarteles y unidades militares, que permitan a las autoridades civiles un adecuado control y conocimiento de los casos. La forma de resolución de las denuncias de involucramiento de oficiales y jefes militares en actividades de favorecimiento u ocultamiento del narcotráfico es muy benevolente y en muchos casos implica solo el traslado del investigado a otra unidad. Es más, como parte del trabajo desarrollado por esta Comisión, hemos percibido el riesgo profundo que existe de la infiltración sistemática y estructural de los intereses del narcotráfico al interior de las FFAA y PNP, cuestión que debe ser evitada con prontitud. Es por estas consideraciones que esta Comisión recomienda al Poder Legislativo la formación de una Comisión Investigadora para que en el plazo de 6 meses pueda establecer las causas y modalidades de involucramiento del narcotráfico en las organizaciones castrenses y proponer correctivos en el trabajo que realizan las FF.AA y policiales en las zonas en emergencia o de producción de droga, exigiéndosele modalidades de rendición de cuentas de sus actividades para evitar que su gestión solo signifique el otorgamiento de beneficios remunerativos que no estén convalidados con avances reales en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. 17. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ALTO NIVEL ENCARGADO DE APLICAR UNA POLÍTICA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO Es necesaria la creación de un Sistema de alto nivel que se encargue de la aplicación de una política integral contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos procedente del narcotráfico. Dicha instancia deberá tener como una de sus funciones principales coordinar las acciones de prevención de estos ilícitos penales con las instituciones especializadas en la materia, teniendo como ente coordinador a DEVIDA y conformado por la DIRANDRO, las Fiscalías Antidrogas, la Procuraduría Antidrogas, la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF-, INPE, SUNAT, SUNARP y las Divisiones de Inteligencia pertinentes. 18. LIMITACIONES EN LA CONCESIÓN DE LA TIERRA, A FIN PREVENIR EL TID Y EL LAVADO DE ACTIVOS. El Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, y particularmente las entidades especializadas del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Agricultura, deben revisar, regular, evaluar y monitorear los procedimientos administrativos que regulan el otorgamiento de concesiones mineras, así como la legitimación de los derechos de posesión y propiedad sobre terrenos eriazos, donde falta o sobra agua, que son propiedad del Estado; los terrenos públicos y otros, poniendo énfasis en los sectores Mineros y/o Agrarios, respectivamente. El MINAG debe realizar las acciones destinadas a lograr un debido ordenamiento, identificación, precisión y determinación de las tierras eriazas existentes en cada región evitándose la concentración de propiedades que puedan auspiciar el escaso control del tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. Esta Comisión Investigadora ha encontrado indicios suficientes de concentración y acumulación de tierras que, en muchos casos, se adquieren a través de relaciones o 133

vínculos políticos a precios diminutos, incluso en forma gratuita. Posteriormente se hipotecan sobrevaluándose su valor y usando este mecanismo para lavar dinero sucio y ocultar su ilícita procedencia. Asimismo para promover directamente actividades de producción, almacenamiento o transporte de drogas, dentro y fuera del país, en zonas que al tener el estatus de propiedad privada se convierten en ámbitos restringidos para el control de las autoridades. Especial énfasis debe tenerse en los distritos de la Región La Libertad (Santiago de Chuco e irrigación Chavimochic12 ) y Lima Sur (Quilmaná, Asia y otros), donde se estarían produciendo estos casos de concentración excesiva de tierras, restricciones al libre tránsito, resguardo armado y usos sospechosamente ilícitos. En tal sentido el Congreso de la República debe evaluar oportunamente el Proyecto de Ley que sistematice los contenidos de los PL 763/2011, 785/2011, 2307/2012 y 4098/2014, que desarrollando el artículo 88 de la Constitución Política, los que establecen límites máximos diferenciados de propiedad de la tierra (Costa, 10,000 hás, Sierra, 5,000 hás y Selva 20,000 hás), como instrumento normativo que promueva y ordene el mercado de tierras en cada región. 19. LIMITACIONES EN LA CONCESIÓN DE GRACIAS PRESIDENCIALES. Esta Comisión ha encontrado que el procedimiento constitucional de otorgamiento de las gracias presidenciales previsto en el artículo 118.21 de la Constitución13, ha sido objeto de mal uso, lo que ha significado que muchos condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado se hubiesen beneficiado de la conmutación de la pena, habiéndose generado una red ilegal de ofrecimiento, concesión, rápido diligenciamiento de solicitudes, presiones en la preparación de expedientes, otorgamiento anticipado, uso indebido de internos, al interior del MINJUS, particularmente en la Comisión de Gracias Presidenciales que fuera presidida por Facundo Chinguel. A diferencia del indulto, la conmutación implica la reducción de la pena y permite la posibilidad de cuantificar un pago de dinero según los años conmutados. Esta modalidad de corrupción viene siendo investigada por el Poder Judicial. Constituye un mecanismo indirecto de impunidad que suspende los fallos emitidos por la administración de justicia peruana. Dichos excesos no correspondieron a una política de deshacinamiento carcelario en tanto que durante el gobierno en el que se otorgaron dichas gracias se incrementó la población penal. Mucho menos se aplica al supuesto de otorgamiento de dichos beneficios, más bien, han permitido que salgan de prisión peligrosos traficantes nacionales14 y extranjeros15 , los mismos que han continuado delinquiendo, particularmente en el tráfico internacional de drogas, debilitando severamente la política de lucha contra el crimen organizado alrededor del narcotráfico. El presente Gobierno ha limitado severamente la concesión de estas gracias, cayendo en el otro extremo (144 casos en 5 años, es decir el 12

En esta irrigación, dos empresas, Camposol y Compañía Minera San Simón, con centran el 35% de las 46,0 hás ofertadas. http://www.larevistaagraria.info/sites/default/files//revista/LRA139/LRA-139%20web.pdf. 13 “Conceder indultos y conmutar penas (…salvo en los casos de TID agravado y LAC). Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliación”. 14 Danilo Silva (caso Barranca). 15 Nigerianos Sethole y Nnaemeka, eslovaco Eugene Zsorgo (15 a 6 años, marzo 2010). 134

2% de las solicitadas). En tal sentido, esta Comisión sugiere reformar la Resolución Ministerial 0162-2010-JUS así como los D.S. 004-2007-JUS y 008-2010-JUS, para la precisión inequívoca del perfil de los beneficiarios de las gracias presidenciales así como los contenidos del procedimiento de presentación y calificación, así como la limitación de la facultad presidencial del otorgamiento de gracias, prohibiéndolas expresamente en los casos de tráfico ilícito de drogas agravado y lavado de activos (lavado), manteniéndose el otorgamiento de gracias por razones humanitarias, debidamente comprobadas. 20. ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESPLIEGUE DEL CONTROL DEL TRASIEGO DE DROGA EN LA FRONTERAS CON BRASIL Y BOLIVIA, BAJO EL MONITOREO DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DE LORETO, PUNO Y MADRE DE DIOS Esta Comisión observa con preocupación el impacto del TID en las áreas de fronteras del Perú, especialmente las que tienen con los países amazónicos, que se han convertido en zona de producción, tránsito de drogas, armas y otros recursos naturales, y, diversos grados de violencia. Las 9 regiones, 28 provincias y 81 distritos fronterizos del Perú, no sienten aún, la presencia efectiva del Estado, sus servicios e instituciones. Pese a los intentos reflejados en la promulgación de la Ley 29778 Ley Marco para el Desarrollo de la Integración Fronteriza del 26 de Julio del 2011, y su Reglamento, D.S. Nº 017-2013-RE, que estableció un conjunto de instituciones agrupadas en un Sistema Nacional, no ha podido consolidar la presencia del Estado, dejándolo en manos de las Unidades Militares y Policiales. En este sentido recomendamos priorizar este tema en el mediano y largo plazo, estableciendo un Plan Nacional con indicadores medibles, y que este se refleje en los Presupuestos Nacionales en el próximo quinquenio, exigiendo la participación activa de los gobiernos regionales aludidos. Mejorar la articulación entre los Sistemas de Desarrollo Fronterizo y el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional constituye una prioridad política de primer orden. 21. REGLAMENTACIÓN INMEDIATA DE LA LEY DE INTERDICCIÓN AÉREA El 29 de agosto del 2015 se promulgó la Ley Nº 30339. Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, estableciendo en su única Disposición Complementaria Final que en el plazo de 90 días calendario se establecerían los procedimientos específicos para la interceptación de aeronaves civiles. Es necesario que se cumpla este plazo y que a partir del 29 de noviembre del presente año se aplique la norma. De lo contrario, el espacio aéreo peruano va a continuar siendo una salida libre para el tráfico ilícito de drogas, sobretodo, en el VRAEM, zona en la que diariamente salen 3 aeronaves con aproximadamente 300 kilos de droga. El Reglamento de la norma debe ser aprobado dentro de un plazo razonable para proceder a la inmediata aplicación de la ley. 22. INSTALACIÓN DE LOS RADARES PRESUPUESTADOS HACE VARIOS AÑOS EN LAS ZONAS ESTRATÉGICAS DEL CONTROL AÉREO DEL TRASIEGO DE DROGA 135

En el contexto del conflicto limítrofe que se tenía con Chile en la Corte de La Haya, el gobierno anterior decidió comprar radares; sin embargo, dicha adquisición aún se encuentra pendiente. Cabe señalar, que paralelamente se iban utilizar estos tanto para la defensa nacional en caso de conflicto externo como para el control del espacio aéreo contra el TID. Los técnicos de la Fuerza Aérea del Perú usando su ingenio han podido reparar un radar TPS-70 americano, que se encuentra en Puerto Maldonado brindando información diaria de las avionetas de narcotraficantes que ingresan al país desde Bolivia. Sin embargo, esto es insuficiente para lograr la localización de aeronaves que diariamente ingresan al espacio aéreo de nuestro país. Cabe señalar, que el gobierno de EE.UU ofrecía la reparación de dicho radar e incluso donar uno nuevo, pero condicionaba su oferta a la no aprobación de la Ley de Interdicción Aérea. Condición esta que las Fuerzas Armadas peruanas no aceptaron, tampoco el Congreso de la República. Es necesario y urgente la compra de los radares, los mismos que van a servir en la lucha contra el narcotráfico aéreo, sobretodo en la zona del VRAEM. 23. INCORPORACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO AL ÁMBITO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y AFP El narcotráfico y el lavado de activos son delitos conexos, en ese sentido dos de las instituciones que han aportado al trabajo de la Comisión, DEVIDA y la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF- advirtieron el registro y funcionamiento indiscriminado de cooperativas de ahorro y crédito en determinadas regiones de nuestro país. Estas entidades financieras se encuentran fiscalizadas por una organización conformante del mismo gremio, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú – FENACREP-, por tanto están fuera del ámbito de alcance de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. La preocupación en este tema radica en los graves indicios de lavado de dinero a través de estas entidades, al respecto se han presentado aproximadamente tres iniciativas legislativas que establecen que las Cooperativas deben ser fiscalizadas por la SBS, consideramos que debe ser prioridad del pleno del Congreso debatir y aprobar dichas iniciativas legislativas. 24. OTORGAMIENTO DE LA FACULTAD DE TENER ACCESO AL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y TRIBUTARIO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA –UIFDE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Actualmente todos los países de Sudamérica, menos el Perú, le han otorgado a sus Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de tener acceso al levantamiento del secreto bancario y tributario sin ninguna limitación, como medida de prevención de los delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. En este sentido, es necesario que el Pleno del Congreso apruebe el Proyecto de Ley N° 2569/2013-CR presentado por la Congresista Carmen Omonte que le brinda esta facultad a la UIF, así como la iniciativa legislativa presentada por la Comisión con el mismo objetivo. Se debe tener en cuenta 136

que, según el Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, el año 2011 el lavado de activos generó unos 320.000 millones de dólares en el mundo, de los cuales 150.000 millones se revalorizaron ilícitamente en América Latina, hecho que es una alerta para nuestro país. Esta propuesta está pendiente de debate en el Pleno del Congreso de la República, debiéndose priorizar su tratamiento. 25. UBICACIÓN DE AERÓDROMOS ILÍCITOS SOBRE LA BASE DE UNA LABOR DE CONTRAINTELIGENCIA PERMANENTE DOTADA DE MECANISMOS Y APOYO LOGÍSTICO DEL GOBIERNO De acuerdo a la información recogida por la Comisión, la mayor parte de los aeródromos utilizados por los narcotraficantes estarían ubicados en el VRAEM, incluso a menos de cuatro kilómetros del cuartel principal de Pichari y el Ejército aparentemente desconoce su ubicación. Por lo que es necesario que el Comando Especial del VRAEM desarrolle una labor de contrainteligencia permanente, debido a que de acuerdo a lo informado por los expertos, ocurren casos en que se empieza a investigar, se informa al Comando Especial del VRAEM sobre la ubicación de un aeródromo utilizado por los narcotraficantes, y cuando la PNP va a intervenir ya no hay nada en el referido lugar. Es presumible entonces, que se estaría realizando una fuga de información. Esta ubicación de aeródromos debe ampliarse a las zonas de frontera con Brasil, donde parece haberse incrementado el trasiego de droga. 26. CREACIÓN, REDISEÑO, FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE UNA UNIDAD DE ÉLITE EN LA DIRANDRO DEDICADA AL SEGUIMIENTO DE CLANES DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA DEDICADAS AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS La Comisión advierte la necesidad de dotación de recursos y reorganización de la policía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos creando una dependencia dedicada específicamente al seguimiento de los clanes de la droga para establecer quiénes son, cómo administran la práctica delictiva, sus nexos con el lavado de activos, sistematización de la información procedente de procesos judiciales. Lo que va a permitir aplicar políticas de prevención, seguimiento y represión oportunas, en los lugares donde se identifiquen la mayor concurrencia de dichas bandas delictivas. 27. TRASLADO DE LA INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE SIGNOS EXTERIORES DE RIQUEZA DE LOS FUNCIONARIOS Y SU ENTORNO En la investigación se ha identificado que existen familiares o amigos de los gobernadores regionales o regidores municipales que han contratado de manera indiscriminada con las instituciones públicas a las cuales pertenecen los primeros. En este sentido, se requiere que en los Gobiernos Locales y Regionales se instaure una coordinación adecuada con las Instituciones pertinentes que realice el seguimiento de los funcionarios, familiares o entorno amical, presuntos testaferros de autoridades con signos exteriores de riqueza, a fin de prevenir casos de supuesto lavado de activos, a través de los procesos de selección y del sistema de adquisiciones del Estado. 137

28. EJECUCIÓN DE UNA POLÍTICA FRENTE AL NARCOTRÁFICO DE PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES Varios de los alcaldes y gobernadores regionales entrevistados por la Comisión han señalado que el tema del narcotráfico en su región es un problema que debe ser resuelto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, no teniendo ellos ninguna responsabilidad al respecto. Lo que denota un claro error político conceptual, una falta de coordinación interinstitucional y la poca importancia que asignan dichas autoridades a la ejecución de las políticas de seguridad nacional y lucha contra la criminalidad. Es necesario que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas, DEVIDA y otras instancias decisorias exijan a los Gobernadores Regionales y Alcaldes Provinciales y Distritales que cumplan con la normatividad a la que están obligados para la realización de las metas institucionales de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. 16 29. OBLIGATORIEDAD, TRANSVERSALIDAD Y PLENA URGENCIA DEL PRINCIPIO ÉTICO La gravedad de los problemas que hemos investigado exige la obligatoriedad, permanencia y exigibilidad de una conducta ética en todos los niveles del Estado, que no encubra sino deslinde firmemente con el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que conlleva a una cultura ética de probidad en las autoridades políticas y servidores públicos. Difusión de casos emblemáticos que sustenten las bases de un pacto ciudadano permanente contra el narcotráfico y sus consecuencias. 30. DEBATE, TRATAMIENTO Y DECISIÓN DE LAS PROPUESTAS LEGALES PRESENTADAS POR LA COMISIÓN Es necesario que el Pleno del Congreso de la República estudie, debata y tome una decisión respecto a las iniciativas legislativas presentadas por la Comisión, las mismas que han surgido como consecuencia de la investigación realizada. En este sentido, recomendamos que se realicen plenos en los cuales se puedan analizar dichas propuestas de manera conjunta, dado que todas se refieren a la misma materia.” Se acuerdan las modificaciones propuestas al Cuadro de Comisiones Ordinarias El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a dar cuenta de modificaciones propuestas al Cuadro de Comisiones Ordinarias. El RELATOR de lectura: Modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2015-2016

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Numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; artículo 2º de la Ley Nº 29611. Ley que modifica la Ley Nº 29010. Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y locales a disponer de recursos a favor de la Policía Nacional del Perú; artículo 13º de la Ley Nº 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 138

Comisión de Energía y Minas: sale de accesitaria e ingresa como titular la congresista Condori Jahuira. Comisión de Justicia y Derechos Humanos: ingresa como titular el congresista Angulo Álvarez. Comisión de la Mujer y Familia: sale de titular la congresista Anicama Ñáñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a votar a mano alzada. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se acuerdan las modificaciones propuestas al Cuadro de Comisiones Ordinarias correspondiente al periodo anual de sesiones 2015-2016. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han sido aprobadas. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la sanción del acta. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado. “Registro de asistencia a la última votación digital de la sesión del presente día (23:43 h) Presentes: Los congresistas Iberico Núñez, Condori Jahuira, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñáñez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Merino de Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes y Zeballos Salinas. Con licencia oficial: Los congresistas Acha Romaní, Espinoza Cruz, Inga Vásquez, Julca Jara, Luna Gálvez, Pérez del Solar Cuculiza, Reynaga Soto y Urquizo Maggia. Con licencia por enfermedad: Los congresistas Velásquez Quesquén y Zerillo Bazalar. 139

En función de representación: : Los congresistas Acuña Núñez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Chehade Moya, Cordero Jon Tay, Eguren Neuenschwander, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Lewis del Alcázar, Neyra Olaychea, Rodríguez Zavaleta, Rosas Huaranga y Spadaro Philipps. Ausentes: Los congresistas Portugal Catacora, Galarreta Velarde, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Becerril Rodríguez, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Castagnino Lema, Ccama Layme, Cuculiza Torre, Espinoza Rosales, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Isla Rojas, Lay Sun, León Romero, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Monterola Abregu, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Núñez Campos, Omonte Durand, Otárola Peñaranda, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Rimarachín Cabrera, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tejada Galindo, Uribe Medina, Vacchelli Corbetto, Wong Pujada y Zamudio Briceño. Suspendido: El congresista Abugattás Majluf.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se cita para mañana a las 10 horas. Se suspende la sesión. —A las 23 horas y 55 minutos, se suspende la sesión. Por la redacción: AMÉRICO ORLANDO MIRANDA SANGUINETTI

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