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Mm1steno deJushc•a y Derechos Humanos ACADEMIA DE LA MAG ISTRATU RA
ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA PERUANO DE JUSTICIA Los firmantes del presente documento, denominado ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA, titulares de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia, comprometidas en garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos, en representación de nuestras respectivas instituciones, conscientes de nuestras obligaciones y responsabilidades comunes; DECLARAMOS QUE: La Autonomía y la Independencia de cada una de nuestras instituciones, constituyen principios constitucionales fundamentales, sobre los cuales deben construirse las relaciones de coordinación y colaboración mutuas para la mejora constante de los servicios de justicia conforme al sistema constitucional y legal vigente. La promoción y defensa de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, así como la lucha contra la impunidad, constituyen las bases sobre las que se legitima el accionar de las instituciones de justicia. En tal sentido, un sistema de justicia que no logra la solución oportuna y satisfactoria de los conflictos y, por otro lado, no es efectivo en la lucha contra el delito, tendrá serios problemas de confiabilidad,lo que debe convocarnos a una reflexión constante a efectos de tomar las decisiones oportunas y coordinadas que logren revertir esta situación. La justicia es un valor fundamental del sistema democrático y, al mismo tiempo, un servicio público a cargo del Estado a través de sus instituciones que debe estar al alcance de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Corresponde por tanto al Estado y sus instituciones, velar por su calidad y eficacia en todo el territorio nacional, promoviendo el acceso a la justicia, la predictibilidad y oportunidad de las decisiones, la transparencia y la igualdad ante la ley, especialmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sin discriminación. Por tanto, en concordancia con los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional 2002-2021 en la Política de Estado XXVIII sobre la Plena vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y acceso a la justicia e independencia judicial; y, en concordancia también con el informe de la Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), ACORDAMOS: PRIMERO: Hacer frente a la corrupción med iante acciones conjuntas, medidas concretas y
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