Digitalización Gubernamental: el gobierno se une al boom digital Autor: Lic. Gabriel I. Aguilar Bustamante - Socio Coautor: Lic. Carlos Ahmed Jalife Ruz Con la publicación de las reformas a las leyes correspondientes para establecer el Juicio en Línea (JL), consideramos prudente realizar una revisión de distintas acciones que se están efectuando por el gobierno para introducir las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en sus procesos, tanto internos como externos, y revisar el avance que han logrado en sus objetivos establecidos en los diversos planes y agendas del gobierno. El siguiente artículo se limita a enunciar el trabajo realizado a nivel federal por los tres poderes de la unión, reconociendo que, a nivel estatal y municipal, también se han realizado varias acciones para digitalizar al gobierno, algunas incluso antes de que los poderes federales como es el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que entró en vigor antes que la ley federal en esa materia. Hoy en día podríamos dar por hecho que cualquier gobierno conoce las ventajas del uso de las TIC en sus procesos internos, así como en los procesos que realiza hacia el exterior; a pesar de esto, los distintos niveles de gobierno en México no han explotado al máximo estas tecnologías durante sus gestiones y buscan corregir esa situación con acciones como la publicación de la Agenda de Gobierno Digital (AGD) que realizó el Ejecutivo Federal a principios de este año. Sin embargo, también ha habido, en la última década y un poco más atrás, intentos legislativos, ejecutivos y judiciales para lograr integrar las TIC en los procesos gubernamentales y, así, brindar mejores servicios a la ciudadanía para lograr un gobierno más eficiente. Durante el presente gobierno hemos podido observar esta situación con mayor claridad, sin que por esto se deba entender que durante los dos sexenios anteriores no hayan presentado avances. Con una serie de iniciativas que comenzaron desde el Plan de Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) presentado por el C. Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, hasta otras que aún se encuentran en estudio en el Congreso de la Unión como la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet. Todos estos intentos representan un gobierno que se adapta a las nuevas TIC que aparecen constantemente en su afán de modernizar su gestión y eficientar sus procesos para mejorar la administración pública y el servicio a la ciudadanía. Si bien ya desde la administración del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León se trabajó con un Programa de Desarrollo Informático que buscaba aprovechar la informática en los diversos sectores que componen la administración pública, fue con el nuevo milenio que las TIC tomaron un lugar prioritario para el gobierno © 2010 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PricewaterhouseCoopers se refiere a PricewaterhouseCoopers México, la red global de PricewaterhouseCoopers u otras firmas miembro de la red, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma e independiente. *connectedthinking es una marca registrada de PricewaterhouseCoopers.

para integrar sus procesos –tan sólo en el sexenio presidencial anterior crecieron de 170 a 1690 los trámites disponibles en Internet– en lo que hoy en día se trata de concretar para contar con un gobierno digitalizado tanto en el interior como el exterior del mismo. En el proceso, México ha sido reconocido como uno de los países líderes en la implantación de servicios gubernamentales en línea en el mundo e, incluso, en 2005 obtuvo el Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público por mejorar los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos mediante el uso de las TIC1, además de formar parte de distintos foros internacionales en la materia para tener un mejor entendimiento de cómo las TIC pueden ayudar en la función gubernamental. Es dentro de este contexto que la Administración Pública Federal creó la AGD con el objetivo establecer las líneas de acción y estrategias. Con la publicación de la AGD, el Ejecutivo Federal busca definir la estrategia que había venido delineando con el PND, el Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG) y la implementación del Sistema de Gobierno Digital (SGD). Con base en el objetivo de “incrementar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental, mediante el aprovechamiento de las TIC”2 que establece el PND, la AGD fue creada para contar con un “instrumento que defina una estrategia de desarrollo que oriente a las instituciones gubernamentales para aprovechar las TIC en la mejora de su gestión”3 en el que se pudieran basar los tres ámbitos de gobierno enfocados a las dos áreas donde mayor beneficio pueden generar: i) eficiencia operativa gubernamental (o buen gobierno, como fue denominado en el SGD), y ii) servicio a la ciudadanía. Como ya hemos comentado, el objetivo del uso de las TIC va enfocado a incrementar la eficiencia en procesos internos y generar el llamado “Buen Gobierno”, por lo que en la primera sección revisaremos algunas acciones enfocadas a ese objetivo, como la declaración patrimonial que por ley están obligados a realizar ciertos funcionarios públicos. Siguiendo un orden de ideas, pasaremos a comentar en la segunda sección lo relativo a mejorar los “Servicios a la Ciudadanía” que enuncia la AGD como el complemento de lo visto en la primera sección. En este rubro entran cuestiones como lo relativo a transparencia y acceso a la información que poco a poco se ha cimentado en nuestro país. Posteriormente abordaremos lo que hemos decididos llamar los “Beneficios Mixtos” dado que impactan de igual manera los ámbitos gubernamental y particular y, por ende, son menos comunes, ya que no se puede establecer que sólo una parte tenga el beneficio del uso de las TIC como puede ser el caso del ya mencionado JL. 1

Agenda de Gobierno Digital¸ Acuerdo Publicado en el D.O.F. el 16 de enero de 2009, página 4 Agenda de Gobierno Digital, página 1 3 idem 2

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Por último, hacemos una breve conclusión en cuanto al impacto que han tenido las distintas acciones gubernamentales y si han cumplido los objetivos planteados en el PND y la AGD. Buen Gobierno Por Buen Gobierno debemos entender “nuevas formas y procesos internos que permitan: i) la integración de diferentes servicios; ii) compartir recursos, y iii) mejorar la gestión interna” 4. A grandes rasgos, refleja mejores procesos en el interior de la administración pública o, en términos someros, desburocratizar el gobierno no sólo en lo que refiere en atención a la ciudadanía sino, principalmente, en lo que refiere al funcionamiento como un órgano que busca ser más eficiente para poder reaccionar ante las contingencias que se le presenten. Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos Uno de los primeros avances en buen gobierno se dio a través de la obligación de los servidores públicos a realizar declaraciones patrimoniales con la finalidad de revisar su situación patrimonial al iniciar su encargo y al final del mismo, con declaraciones intermedias de manera anual. La obligación se incluyó en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) publicada en marzo de 2002. En esta ley, el legislador reconoció las ventajas que el uso de las TIC podía tener en el proceso, no sólo para la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada de recibir y revisar todas las declaraciones de los servidores obligados bajo la LFRASP, sino también para los obligados a realizar su declaración patrimonial. El legislador dejó muy claro en el artículo 38 de la mencionada ley que las TIC podrían tener un gran impacto en la materia y permitía presentar las declaraciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, básicamente pensando en el uso de Internet para hacerlo. Sin embargo, la SFP fue más allá y publicó un acuerdo en abril de 2002 por el cual hacía obligatoria la presentación de las declaraciones patrimoniales a través de medios electrónicos, salvo la excepción consistente en que el servidor público no tuviera acceso a estos medios en el lugar donde se encuentra radicado su centro de trabajo. Para realizar las declaraciones fue creado el portal de Internet “Declaranet”, desde el cual todos los obligados pueden rendir su declaración patrimonial, siempre y cuando cuenten con ciertos requisitos tecnológicos mínimos y, obviamente, una conexión a Internet. Derivado de lo anterior, el gobierno ha logrado eficientar enormemente el proceso de la declaración y se han obtenido grandes beneficios para los obligados, entre los que se encuentran5: 4 5

Sistema de Gobierno Digital; Septiembre de 2008; página 4 http://www.declaranet.gob.mx/ , última visita 17/07/09

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• Evitar desplazamientos para presentar la declaración al utilizar la transmisión electrónica y no tener que enviar el impreso a la SFP. • Garantizar confidencialidad de la información al enviar por Internet, debido a que la información se transmite encriptada. • Es más fácil y ágil la captura y entrega de la declaración ante la SFP. • Contar con mayores facilidades para el llenado mediante el uso de catálogos. • Aprovechar la información de la declaración anterior, evitando nuevamente la captura completa. • Evitar errores involuntarios en la captura de la información, al contar con validaciones. • Permitir tener la información sistematizada de las declaraciones presentadas. • Permitir recuperar la contraseña de la declaración. A pesar de esto, las ventajas parecieran no ser tan tangibles según la opinión de algunos funcionarios públicos obligados a usar el sistema, quienes señalan como uno de los mayores problemas al ingresar a Declaranet, las constantes fallas en los certificados digitales y contraseñas usadas en el proceso, así como lo difícil que resulta el llenado en ciertas ocasiones, resultando más sencillo acudir directamente a la SFP para ser apoyados en dicho rubro. Sin embargo, también reconocen como una de las mayores bondades del sistema la guarda de declaraciones anteriores, siendo más sencillo realizar las declaraciones patrimoniales una vez presentada la declaración inicial. Finalmente concuerdan en señalar que es más cómodo realizar las declaraciones usando medios electrónicos y entienden la mejora que esto representa en cuanto a tiempo y dinero para el gobierno y los servidores públicos. Por sentimientos como este es que recientemente la SFP decidió pasar del uso de la firma digital al uso de firmas electrónicas al utilizar el sistema, lo cual genera mayor certidumbre para los obligados por ley al ser un medio más confiable, menos falible y más eficiente. Contabilidad Gubernamental Sin embargo, el proyecto más ambicioso dentro de este rubro es, sin duda alguna, la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2009. La LGCG no sólo es un intento de transparentar la gestión pública6, sino que busca homologar los procesos y requisitos mínimos para que los entes públicos, desde la Administración Pública Federal (APF) hasta los municipios, lleven su contabilidad. La LGCG contiene una carga de obligaciones relacionadas con la implementación de las TIC en los entes públicos, siendo la más relevante la que tienen los entes públicos de contar con un sistema y que, a su vez, dicho 6

Más adelante se aborda el tema de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

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sistema refleje lo que podríamos llamar “requisitos mínimos de la buena contabilidad gubernamental”, como facilitar el reconocimiento de las operaciones, integrar automáticamente el ejercicio presupuestario, reflejar cada operación que genere derechos y obligaciones al ente público, facilitar el registro y control de inventarios y, por último, que refleje la aplicación de principios y normas contables generales, introduciendo, de cierta forma, la doctrina utilizada en la iniciativa privada a los entes públicos7. Sin duda la implementación de estos sistemas, independientemente de la compañía de la que los adquieran los entes públicos, probarán un gran avance tecnológico para los obligados por la LGCG, ya que generará que los servidores públicos mantengan una mejor comunicación entre ellos, así como estados contables “en tiempo real” y armonía, dentro y fuera de los entes públicos, para llevar la contabilidad gubernamental. Además del avance tecnológico en los procesos internos de los entes públicos que la LGCG supone, dicho ordenamiento dispone ciertas normas de transparencia que no sólo reflejan la obligación de informar sino que van más allá y hacen que el ente público ponga la información a disposición de la ciudadanía aún sin que ésta lo requiera. Dentro de estas obligaciones de apertura de la contabilidad gubernamental de los entes públicos, las TIC tomarán un lugar predominante, ya que el legislador estableció plazos definidos para dar a conocer sus movimientos: 30 días en materia de inventario físico8; trimestralmente respecto de la información financiera que generen9, y, por último, a más tardar el 31 de diciembre de 2012 debe estar disponible en Internet, para consulta de la población en general, la información contable, presupuestaria y pragmática de los entes públicos10, reflejando de esta manera la importancia que las TIC tienen hoy en día, así como el deseo de las autoridades de aprovechar al máximo las mismas en sus procesos. Servicios a la ciudadanía Por servicios a la ciudadanía podemos entender11: i) promover la digitalización de trámites y servicios gubernamentales integrados para facilitar el acceso al ciudadano; ii) fortalecer las funciones y competencias de los titulares de las áreas de TIC para reforzar su participación en la planeación estratégica de su institución con un enfoque ciudadano, y iii) promover el desarrollo del Gobierno Digital mediante la vinculación con los gobiernos y organismos nacionales e internacionales, la industria, la academia y la sociedad.

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Ley General de Contabilidad General; Artículo 19 idem, artículo 27 9 idem, artículo 51 10 idem, cuarto transitorio 11 Agenda de Gobierno Digital, página 8 8

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En este rubro, la SFP ha sido la encargada de desarrollar el llamado Gobierno Digital por el cual el gobierno federal busca tener una mayor cobertura de usuarios y brindar un mayor número de trámites a los ciudadanos mediante el uso de las TIC. En este marco la APF ha procurado acercar las TIC, especialmente Internet, a la sociedad con acciones como: i) la creación del Sistema Nacional e-México; ii) instalación de kioskos con acceso a Internet en diversas poblaciones del territorio; iii) generación y homologación de los portales institucionales, y iv) el desarrollo de un portal ciudadano que agrupa el acceso a los trámites y servicios. De esta manera, no sólo se busca digitalizar la administración pública sino proveer al ciudadano con las herramientas para maximizar las oportunidades que esta digitalización representa. Transparencia y Acceso a la Información El más claro ejemplo de este rubro es el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que fue creado mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), con el objetivo de “poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de información que les permita tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados”12. A su vez, se destaca que dicha información deberá estar disponible en todo momento a los ciudadanos, sin necesidad de una solicitud para su acceso, por lo que se aprovechan las TIC, específicamente el caso de Internet, para esto. Además, esta obligación ayuda al propio gobierno, ya que no es necesario destinar mayores recursos para contar con un mecanismo que atienda las consultas ciudadanas sino que basta tener la información disponible para eficientar el proceso de consulta de información. La LFTAIPG se vale de las TIC para ayudar al ciudadano a acceder a la información que no está disponible en los ya mencionados portales y, por ende, debe ser consultada a través de las unidades de enlace que los órganos están obligados a crear. De esta forma, permite una descentralización de los trámites, ya que los ciudadanos que residen fuera del lugar donde está ubicada dicha unidad de enlace, aún mantienen formas sencillas y rápidas de tener acceso a la información, principalmente mediante el correo electrónico o los portales de Internet de los órganos, según lo dispuesto en diversos artículos de la LFTAIPG. Para esto el IFAI creó el Sistema Informatizado de Solicitudes de Información (SISI) que era un portal en el cual se concentraba la información que los órganos proveían al IFAI y que los ciudadanos podían acceder fácilmente desde cualquier conexión a Internet; sin embargo, a finales del año pasado se lanzó el sistema INFOMEX que busca homologar el acceso a la información en México por medios electrónicos y sustituye al SISI. 12

Exposición de motivos de la LFTAIPG, página 7

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La eficiencia ha sido notable y el gobierno ha aprovechado las oportunidades que brindan las TIC para mejorar sus gestiones; por ejemplo, se prevé que, en caso de ya encontrarse disponible al público la información en diversos medios, incluido Internet, el órgano se limitará a informar por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar dicha información13. También ha tenido un efecto autoregulatorio para la forma de cumplir las diversas leyes de acceso a la información pública y en cómo comunican a los ciudadanos dicha información. Basado en esta disposición, Petróleos Mexicanos (PEMEX) estableció una política por la cual decidió digitalizar sus documentos públicos para que cualquier ciudadano tuviera acceso a ellos y optimizar el proceso de entrega de información limitándolo a indicar el lugar donde se puede encontrar la información o si es restringida la misma, provocando que el cumplimiento de la LFTAIPG no generará un mayor costo a la empresa. Esta postura ha sido tomada por muchos otros entes públicos, entre otros las universidades públicas, en gran medida porque el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información representa, en la mayoría de los casos, un gasto adicional del presupuesto que les es otorgado anualmente. Normateca, SIGER y Profeco Otro esfuerzo por mantener a la ciudadanía informada es la creación del portal Normateca y una difusión electrónica de las leyes en las distintas páginas de los órganos gubernamentales, así como la difusión de las resoluciones judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su portal de Internet y el programa de cómputo IUS. La utilización de las TIC en este caso crea una ventaja a los ciudadanos por tener fácil acceso y conocimiento de sus derechos y obligaciones en el sistema jurídico mexicano, intentando reducir los abusos de los servidores públicos ante el desconocimiento de la gran mayoría de los mexicanos. Además resulta una herramienta de gran utilidad al facilitar la difusión y actualización de los distintos códigos, leyes, reglamentos y demás normativa que forman parte del orden jurídico mexicano, sin mencionar el beneficio ambiental que las TIC provocan al evitar, por mencionar un caso, la impresión innecesaria de documentos y los gastos que esto representa. A la comunidad jurídica representa también el poder tener en un mismo lugar toda la legislación y poder trasladarla con nosotros de manera más sencilla. La Secretaría de Economía (SE) comenzó, desde la década pasada, la integración del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) con el objetivo de facilitar el registro de actos jurídicos mercantiles en el Registro Público de Comercio (RPC) en todo el país a través de los fedatarios públicos. Operar de esta manera ha representado un gran beneficio para la constitución de sociedades en nuestro país y en general cualquier inscripción de manera electrónica, sin embargo el mayor beneficio ha sido para los fedatarios públicos que, de todas maneras, eran los que usualmente realizaban las inscripciones 13

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículo 42

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ante el RPC. Esto podría representar un mayor avance al poner a disposición de la ciudadanía la consulta de los folios mercantiles y así evitar presentarse en el registro para hacerlo. Por último, dentro de los servicios a la ciudadanía, el uso de las TIC ha permitido mejorar el desempeño de organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la que, en primera instancia, recibió el apoyo legislativo para que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) reconociera, en 2000, el desarrollo que estaba teniendo el comercio electrónico mediante la adición de un capítulo a la referida ley. Sin embargo, independientemente de la ampliación de la competencia de las facultades de la Profeco, su portal se ha convertido en una herramienta importante de difusión de información para proteger a los consumidores. Desde información como los derechos básicos que tienen frente a los proveedores hasta para presentar quejas derivadas de relaciones con los proveedores, a través del portal Concilianet. Este proceso es uno de los primeros para desahogar procedimientos legales por medios electrónicos (incluso la audiencia se realiza a través de éstos) pero tiene el gran problema de estar limitado a sólo los proveedores que así lo deseen –al 20 de julio sólo había cinco- por lo que la mayoría de las quejas y denuncias se siguen tramitando en las oficinas centrales y delegaciones de la Profeco. La digitalización ha permitido a la Profeco difundir de mejor manera la información relevante para proteger al consumidor, así como para atender y guiarlo en sus derechos frente a los proveedores; sin embargo, aún hace falta que los ciudadanos aprovechen más todo esto para poder contar con una mejor cultura del consumidor. Beneficios mixtos Los avances que impactan ambos ámbitos, gubernamental y particular, son menos comunes, ya que normalmente los cambios van dirigidos más hacia el beneficio de una de las partes, empero, existen casos en que ambas partes obtienen ventajas y no se puede definir claramente un beneficio mayor hacia alguna de ellas. Este es el caso de la introducción del JL y la Infraestructura Tecnológica para la Firma Electrónica Avanzada, donde tanto gobierno como particulares se ven beneficiados de igual manera. Juicio en Línea El pasado 12 de junio se publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo (LFPCA) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA), que introducen el JL en nuestro país. Desde la exposición de motivos observamos la tendencia que, para mejorar al sistema judicial mexicano, el uso de las TIC puede tener dentro de la justicia en nuestro © 2010 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PricewaterhouseCoopers se refiere a PricewaterhouseCoopers México, la red global de PricewaterhouseCoopers u otras firmas miembro de la red, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma e independiente. *connectedthinking es una marca registrada de PricewaterhouseCoopers.

país. Apoyado en la “Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”, que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a principios de esta década, se fue gestando la mejora del sistema judicial y entre lo más mencionado fue el uso de las TIC en los procesos judiciales para el beneficio de los tribunales y de los particulares14. Además, una reforma de esta magnitud permitía al Estado mexicano cumplir algunos compromisos internacionales (un tanto ambiguos por cierto) adquiridos en diversos foros respecto a la utilización de las TIC para mejorar la vida de los ciudadanos de cada Estado. La realidad es que la introducción del JL fue el reconocimiento y atención que el Congreso de la Unión prestó a la importancia y utilidad de las TIC en la vida diaria, así como las opiniones de la comunidad jurídica nacional mediante la consulta antes mencionada. Hablando propiamente del JL, los objetivos son claros: i) una tramitación más ágil de los juicios; ii) facilitar la consulta de los expedientes, y iii) cumplir la impartición de justicia de manera real y expedita. Procesalmente no modifica mucho cómo se llevaba a cabo el juicio tradicional, sin embargo introduce nuevos conceptos para la implementación y sustanciación del mismo, siendo el más importante la creación del Sistema de Justicia en Línea -para el cual se efectuó una licitación-, que será la plataforma de todo el JL. El resto son conceptos de firma electrónica avanzada, clave de acceso, dirección de correo electrónico y otras definiciones necesarias para la regulación del JL15. Lo importante, y novedoso, de esta reforma -que aún debemos esperar su funcionamiento, ya que los artículos transitorios otorgan un plazo de 18 meses al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para que el JL inicie su operación- son las posibilidades que brinda a todos los participantes en un juicio, desde los miembros del tribunal hasta los particulares. Teóricamente, los objetivos se cumplirán, un claro ejemplo es la digitalización de los expedientes, permitiendo a las partes consultar el mismo expediente al mismo tiempo sin necesidad de trasladarse al TFJFA, lo cual se traduce directamente en una 14

Entre otras propuestas se mencionaron: i) establecer como instrumentos jurídicos procesales la aplicación de mensajes de datos, la firma electrónica avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada a través de medios ópticos y de cualquier otra tecnología equivalente, así como alguna otra que haga posible su conversión de papel a medios virtuales, para una administración de justicia más ágil; ii) utilizar el correo electrónico como un medio válido para la remisión de correspondencia oficial entre órganos del Poder Judicial de la Federación; iii) elaborar formatos tipo contenidos en medios informáticos, para la emisión de acuerdos de trámite; iv) utilizar un sistema de cómputo que ponga especial énfasis en la forma de presentar la demanda de amparo y agilizar así el procedimiento de dicho juicio; v) publicación de los acuerdos judiciales vía internet, con efectos legales; vi) notificar vía internet; vii) sustituir el libro de gobierno y otros documentos similares por soportes electrónicos; viii) desaparecer los archivos judiciales para integrar un sistema digitalizado de expedientes, y ix) innovar sistemas de seguimiento de expedientes (exposición de motivos para la reforma y adición a la LFPCA y LOTFJFA). 15 Existe una fuerte crítica a las definiciones que los legisladores utilizaron en la reforma, ya que usaron las ya establecidas en otras leyes, sino que crearon nuevas o nombraron mal ciertas acciones, lo cual generará confusiones que se hubieran evitado al homologar las definiciones sin importar la materia. © 2010 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PricewaterhouseCoopers se refiere a PricewaterhouseCoopers México, la red global de PricewaterhouseCoopers u otras firmas miembro de la red, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma e independiente. *connectedthinking es una marca registrada de PricewaterhouseCoopers.

optimización del tiempo para su mejor aprovechamiento. Un archivo digital puede representar al tribunal ahorros en espacio y dinero por obvias razones, pero también a los despachos de abogados que litigan ante éste, así como facilitar el acceso final de todos los documentos a los particulares que representan. El JL es un claro ejemplo de cómo la implementación de las TIC en los procesos gubernamentales puede representar un beneficio a toda la comunidad o, al menos, hacer más eficiente la gestión de la administración pública. Aunque aún no tenemos parámetros para medir la eficiencia que pueda tener la sustanciación de los juicios de esta forma, podemos pensar que, bien realizado, podría representar un parteaguas en la impartición de justicia en nuestro país. ITFEA Por último, comentaremos acerca de la implantación de la Firma Electrónica Avanzada (FEA) en nuestro país para después hablar del proyecto de la ITFEA, un esfuerzo de la APF por homologar los requisitos con que deben contar las FEA para cumplir las características necesarias para ser considerada de esa manera, así como su utilización en todos los niveles de la administración pública. El concepto de FEA fue introducido en 2003 después de incorporar la Ley Modelo de Firmas Electrónicas elaborada por un grupo de expertos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) mediante una reforma al Código de Comercio. Esta reforma fue la base sobre la cual la SE construyó su Infraestructura de Clave Pública (ICP) que integra a usuarios, Autoridades Certificadoras (AC) y Prestadores de Servicios de Certificación (PSC). Posteriormente, fue creada la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE) a finales de 2005 e integrada por los titulares de las dependencias de la APF, dentro de esta comisión fue creada la Subcomisión de Firma Electrónica Avanzada que fue la encargada de emitir los lineamientos para integrarse a ITFEA como AC y, por ende, homologar a las AC de México. El objetivo de ITFEA es poder usar una FEA en diversas dependencias y/o trámites en lugar de tener que obtener diversas firmas para cada dependencia, beneficiando al propio gobierno y a los particulares. Para esto, la subcomisión antes mencionada ha estado trabajando durante los últimos meses en lograr poner en marcha la ITFEA, situación que no ha sucedido del todo. Propiamente no se ha integrado más que el SAT a ITFEA, pero se prevé que, básicamente, cualquier ente público puede integrarse, y quienes no puedan hacerlo podrán efectuarlo a través de convenios con quienes sí puedan, posibilitando que todo el país esté homologado en cuestión de FEA y facilitando la realización de trámites, la prestación de servicios y las comunicaciones al interior de la © 2010 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PricewaterhouseCoopers se refiere a PricewaterhouseCoopers México, la red global de PricewaterhouseCoopers u otras firmas miembro de la red, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma e independiente. *connectedthinking es una marca registrada de PricewaterhouseCoopers.

administración pública sin importar el nivel de gobierno. Sin duda un proyecto ambicioso que unirá los distintos niveles de gobierno. Conclusiones/Apuntes finales Si bien no se ha llegado a la meta y aún hay proyectos importantes en proceso, podemos observar que los avances son tangibles y los objetivos se están cumpliendo. Poco a poco, con un plan bien determinado y paciencia, el gobierno ha sabido adoptar las TIC que mejor convienen a sus fines y no sólo brindar un mejor servicio a la ciudadanía sino mejorar sus procesos internos. Tan sólo abordamos una pequeña muestra de lo que sucede a nivel federal, que nos permite observar la intención de homologar los tres niveles de gobierno: en materia de transparencia y acceso a la información ya todas las entidades federativas cuentan con una ley y órganos encargados de la materia; la contabilidad gubernamental pronto se estará llevando bajo los mismos criterios y aprovechando las TIC para facilitar el proceso; en cuanto a FEA sólo es cuestión de tiempo para que existan AC en distintos niveles de gobierno (de hecho en Guanajuato existe un proyecto ambicioso por parte del gobierno local) y en un futuro no muy lejano podrán realizarse trámites con la FEA que se obtenga en otra dependencia. Al final del día lo que podemos observar es un gobierno comprometido con mejorar (aunque a veces no parezca) y tratando de quitarse la visión de burocracia que evita el avance del país. También estamos conscientes que no todo ha sido un esfuerzo de los poderes federales sino que existen otros programas en distintos niveles dignos de ser tomados en cuenta como lo son los brazaletes para monitoreo de sentenciados a cárcel en el Distrito Federal (D.F.), la implementación de la FEA en la Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.), la subasta electrónica inversa en el gobierno de Nuevo León, así como sinnúmero de trámites e información que las administraciones han puesto a disposición de los ciudadanos para su consulta y realización. Todos los niveles de gobierno han comenzado esta transformación. Desde municipios hasta la federación podemos encontrar que, de una u otra manera, los entes públicos cuentan ya con algún tipo de TIC dentro de sus procesos, ya sea la administración, la rendición de cuentas o el acceso a la información, incluso la mayoría de ellos cuentan ya con algún portal de Internet donde se pueden consultar información tan básica como la localización hasta cuestiones más complejas como llevar a cabo trámites. Los pasos han sido firmes y seguros pero aún existe trabajo por hacer, aun así los tres órdenes de gobierno han puesto de su parte en un proceso en que todos han salido beneficiados: servidores públicos y ciudadanos. Aún queda una tarea pendiente: el poder judicial; si bien el JL no se llevará a cabo dentro de dicho © 2010 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PricewaterhouseCoopers se refiere a PricewaterhouseCoopers México, la red global de PricewaterhouseCoopers u otras firmas miembro de la red, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma e independiente. *connectedthinking es una marca registrada de PricewaterhouseCoopers.

poder en estos momentos, si será un parámetro para medir que tan eficiente pudiera ser en los tribunales que si dependen de éste; sin embargo, todos los abogados debemos estar pendientes cómo se desarrolla el experimento en el TFJFA.

"El contenido de este documento es meramente informativo y de ninguna manera debe considerarse como una asesoría profesional, ni ser fuente para la toma de decisiones. En todo caso, deberán consultarse las disposiciones fiscales y legales, así como a un profesionista calificado."

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