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POLÍTICA

| Domingo 22 De junio De 2014

Difícil escenario para Campagnoli en la definición del juicio

Los integrantes del tribunal que resolverán el futuro del fiscal Con tres votos en contra y tres a favor, la defensa de Campagnoli apuesta al cambio de posición de Martínez Córdoba

daniel adler

r. oJea quintana

ernesto kreplak

Representa a la Procuración y preside el tribunal. Votó por la suspensión y por aceptar casi todos los planteos de la acusación, muchas veces en soledad. Es fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata y miembro de Justicia Legítima

Representa al Senado, donde tiene mayoría el kirchnerismo. Ex integrante de la agrupación Montoneros, fue subsecretario de Coordinación Internacional de la Cancillería con Jorge Taiana. Votó por la suspensión de Campagnoli

Funcionario del Ministerio de Justicia y dirigente de La Cámpora, es el representante del Poder Ejecutivo en el tribunal. Votó por la suspensión. Es subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral y tiene a su cargo la IGJ

M. Martínez córdoba

Juan octavio Gauna

Javier panero

adriana donato

Representa a la Defensoría General y votó por la suspensión de Campagnoli. Los abogados del fiscal se esperanzan con que ahora vote por reponerlo en el cargo. De perfil bajo, es defensora de menores ante la Cámara Civil

Es el representante de la Corte Suprema y se opuso a suspender a Campagnoli. Suele discutir con Adler. Fue procurador general –el cargo de Alejandra Gils Carbó– durante el gobierno de Raúl Alfonsín. También fue diputado nacional (UCR)

Es el representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Se opuso a la suspensión. Tiene un estudio en Córdoba que lleva casos de derecho empresarial, civil y comercial. Siempre tuvo participación en agrupaciones de abogados

Fue designada por el Colegio Público de Abogados de la Capital. Se opuso a la suspensión de Campagnoli. Trabaja como abogada en casos civiles y comerciales. Pertenece a Gente de Derecho, la agrupación de abogados liderada por Rizzo

fiscal. Esta semana se expediría el Tribunal;

si bien los testimonios lo favorecieron, los números están muy ajustados

Paz Rodríguez Niell LA nACion

Todos los testigos declararon ya y el juicio político contra el fiscal José María Campagnoli se termina: el martes próximo serán los alegatos y después el Tribunal de Enjuiciamiento quedará en condiciones de dictar su veredicto. Los antecedentes de este jury son un pésimo augurio para Campagnoli. El mismo tribunal que ahora decidirá si lo remueve o lo repone en el cargo fue el que lo suspendió a instancias de su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó. no obstante, hoy la defensa dice tener esperanzas de conseguir un fallo favorable. Las fundamentan en la sucesión de testigos que hicieron desfilar esta semana. Jueces, fiscales, abogados, periodistas… Diecinueve declaraciones que elogiaron a Campagnoli, contradijeron las acusaciones por el caso Báez o bien defendieron, desde lo teórico, que los fiscales tienen las más amplias atribuciones para investigar. “Mi esperanza es que no todos los que votaron la suspensión sean soldados del Gobierno”, dijo a la nacion Ricardo Gil Lavedra, abogado de Campagnoli. Según él, “todos los testigos dejaron en evidencia que la acusación de Gils Carbó es desca-

bellada”. Los representantes de la acusación admiten que la ronda de declaraciones no los ayudó. Dicen que era lo esperable de testigos de la defensa y que el juicio debe definirse por lo que hay en los expedientes. Sostienen que los papeles prueban que Campagnoli forzó los límites de una causa para avanzar contra Lázaro Báez cuando no tenía competencia, superponiéndose con otro fiscal y poniendo en riesgo la investigación. “La prueba documental es contundente”, dijo a la nacion Adolfo Villate, uno de los dos fiscales que ofician de acusadores. Las declaraciones, desde el primer día, empezaron mal para ellos. El primer testigo contradijo esta acusación. Guillermo Marijuan, el fiscal del caso Báez, dijo que Campagnoli no lo había perturbado “en absoluto” y que incluso su investigación le había servido. A lo largo de la semana, los acusadores llevaron a cinco testigos que no agregaron mucho a su causa; y algunos pasajes de sus declaraciones les resultaron incluso contraproducentes. Como cuando el secretario de la fiscalía que Campagnoli subrogaba, donde estuvo la causa contra Báez, dijo que no tenía nada de malo que el fiscal hubiera tomado decisiones con otros secretarios que no fueran él, y sostuvo incluso

que era “más práctico”. La fiscalía de Campagnoli queda en Saavedra y la que subrogaba, en el centro. En cuanto a los testigos de la defensa, la acusación apostó a una estrategia osada: en lugar de dejarlos ir sin hacerles preguntas, los interrogó y les expuso los expedientes para que los analizaran, con el propósito de que complicaran con sus respuestas a Campagnoli; lo intentaron incluso con los testigos “técnicos” o “de con-

cepto”, que claramente avalarían al fiscal. Fue el caso de los testimonios del diputado Manuel Garrido y el abogado Maximiliano Rusconi, ex fiscales los dos. “Ésta es mi respuesta ¿Me están tomando examen?”, les dijo Garrido a los acusadores, cansado de las repreguntas. “Los testigos han dicho barbaridades. Rusconi diciendo que puede haber infinitos fiscales investigando lo mismo... Me gustaría ver qué di-

ce él si le hacen eso a un defendido suyo”, se quejó Villate con la nacion. Los fiscales, para colmo, se cruzaron con el periodista Jorge Lanata, que acusó a Villate, en plena declaración, de trabajar para Lázaro Báez. “¿Qué se siente defender a Lázaro? ¿Paga bien?”, le preguntó. Pero la suerte de Campagnoli dependerá de los jurados. Los miembros del tribunal son siete: tres votaron a favor de Campagnoli cuando la mayoría lo suspendió; son el ex procurador Juan Gauna y los abogados Javier Panero y Adriana Donato. Los suyos parecen ser votos inamovibles en favor de Campagnoli. En el otro extremo está el fiscal Daniel Adler, miembro de Justicia Legítima, la agrupación liderada por Gils Carbó. Junto con él, integraron la mayoría para la suspensión un funcionario y un ex funcionario kirchnerista: Ernesto Kreplak, que representa al Poder Ejecutivo, y Rodolfo ojea Quinta-

na, que fue el número tres de la Cancillería de Jorge Taiana. El cuarto voto fue el de la defensora María Cristina Martínez Córdoba. De perfil bajo, ella fue la que más dudas mostró en aquel momento y es la esperanza de la defensa. Representa a la Defensoría General, cuya cabeza es Stella Maris Martínez, que con un estilo más moderado fue también impulsora de Justicia Legítima. En el último juicio político promovido por Gils Carbó, este mismo tribunal rechazó su propuesta de remoción. Fue el caso del fiscal Domingo Batule, acusado de no haber investigado a funcionarios judiciales que supuestamente obstaculizaron un caso de lesa humanidad. En ese jury, sólo Adler votó por echarlo. Pero era otra situación: Batule tenía una trayectoria elogiada por organismos de derechos humanos y el juicio no tenía, ni cerca, la repercusión política del caso Campagnoli.ß

El massismo apunta a los bienes del lavado proyecto. Impulsa una ley de extinción de

dominio para activos del narco y la corrupción

Marcelo Veneranda LA nACion

El Frente Renovador presentará mañana un proyecto de ley para que el Estado pueda quedarse con el dominio de los bienes asociados al narcotráfico y al lavado de dinero, pero que también alcanza los vinculados con actos de corrupción de funcionarios y de evasión de privados. También extiende la persecución a los activos que heredan los familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país. Esa ley hoy no existe. Lo que no faltan son los ejemplos sospechosos: el jet que un funcionario usa como propio, la casa de country del último narco descubierto en el país, el piso de Puerto Madero que alguien olvidó declarar o la sociedad anónima que no para de facturar pese a los vaivenes económicos. La intención de la bancada que responde al diputado Sergio Massa es impulsar, por un lado, la creación de una acción de extinción de dominio, de carácter imprescriptible y autónoma de la investigación penal, para que pase al Estado la titularidad de los activos asociados con actividades ilícitas (narcotráfico, lavado, corrupción) y antijurídicas (infracciones, evasión, monopolios). “El problema es que, con penas bajas a los delitos y sin perseguir el dinero ilícito, lo único que queda es la impunidad”, señaló Massa a la nacion, para completar: “Lo que sucede hoy es que en el mejor de los casos los delincuentes pasan un tiempito en la cárcel, pero se quedan con la plata, sea un narco, el Luis «el Gordo» Valor o María Julia [Alsogaray]”. El proyecto se acopla a otras iniciativas ya presentadas por el senador socialista Rubén Giustiniani (sobre narcotráfico), su par radical Gerardo Morales (aplicable cuando la acción prescribe o fallece el imputado) y tres iniciativas de los diputados Manuel Garrido y Ricardo Alfonsín (patrimonio de funcionarios) y Elisa Carrió (hechos de corrupción). Pero el texto massista, elaborado por un equipo encabezado por el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez y la legisladora nacional Graciela Camaño, no sólo es más

abarcativo que los anteriores, sino que apela a tratados internacionales para avanzar sobre la protección constitucional de la propiedad de los condenados. “Lo que sostenemos es que una persona que comete un delito no merece la protección constitucional de sus bienes”, señaló Camaño, sin ocultar que esa “severidad” busca compensar el espíritu “abolicionista” que, según el massismo, encarna el proyecto de reforma penal del kirchnerismo que impulsa el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. “Para terminar con la impunidad necesitamos que los delincuentes tengan miedo a la ley y miedo a perder su patrimonio”, agrega Massa. En esa línea, el proyecto avanza no sólo sobre los bienes directamente vinculados al lavado, narcotráfico y corrupción, sino también sobre los activos “equivalentes” del condenado, cuando no se pueda actuar sobre los primeros o los que herede a sus familiares. Elimina la posibilidad de oponer el secreto bancario o bursátil y aplica tanto sobre bienes de argentinos en el extranjero como sobre los que se encuentren en el país, pero sean identificados como ilícitos por tribunales del exterior. La intención, señalan, es que la Argentina empiece a comportarse como “territorio jurídicamente hostil” para las organizaciones criminales, atacando su financiamiento y convirtiendo sus bienes en propiedad del Estado, sin compensación y más allá del resultado de la causa penal. De ahí la intención de crear una acción legal nueva, imprescriptible, aplicable al fuero civil y comercial. El proyecto se inspiró en leyes que se aplican en Colombia y Guatemala, entre otras, y recibió aportes de especialistas como Edgardo Buscaglia y Diego Gorgal. También fija el destino de los bienes comprometidos: el 90%, para financiar el programa de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación. El 10% restante, a la capacitación del personal involucrado en la recuperación de activos. En el caso de narcotráfico, el 45% de los bienes se destinan al programa de prevención de la Sedronar y el 45% restante, a obras de educación.ß