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Esta sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso de la República a las 19:30 horas del miércoles 4 de febrero de 2015. PERÍODO LEGISLATIVO 2014-2015 COMISIÓN PERMANENTE 6.ª SESIÓN (Matinal) (Texto Borrador) MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015 PRESIDENCIA DE LA SEÑORA ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES SUMARIO Se pasa lista.— Se abre la sesión.— —A las 10 horas y 21 minutos, bajo la Presidencia de la señora Ana María Solórzano Flores e integrando la Mesa Directiva el señor Norman David Lewis Del Alcázar, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Buenos días, señores congresistas. Se va a pasar lista para computar el quórum.

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Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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El RELATOR pasa lista: La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han contestado a la lista 19 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 12 representantes. Con el quórum reglamentario, iniciamos la sesión. Señores congresistas, se pone en observación el Acta correspondiente a la sesión celebrada el 28 de enero de 2015. Si ningún congresista formula observación al Acta, se da por aprobada. —Se aprueba, sin observaciones, el acta de la 5.ª sesión celebrada el 28 de enero de 2015. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobada. Se va a dar cuenta de 6 informes de calificación remitidos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaran la improcedencia de las correspondientes denuncias constitucionales. Pero, previamente, pidió la palabra la congresista Lourdes Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Gracias, Presidenta. Quiero saludar a todos los presentes y pedirles si por favor, no sé si ahora o en la próxima Comisión Permanente podríamos ver el proyecto de los bomberos, que tiene un tema muy puntual nada más, muy cortito, muy simple, que no creo que ningún inconveniente, el 3448. Hay uno de servicios públicos, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda, nos allanamos al Ejecutivo, es para la gente, para la población, para que no sufra. Y otro sobre el tema de transporte público interprovincial, que me parece tiene una votación unánime acá también, que es para los ómnibus que se caen en las carreteras, y que nadie le da la cara, y la gente se muere, 24, 25 muertos, 30 heridos, y no pasa nada. A ver si puede facilitar, son proyectos que es para la gente tiene estas necesidades y se les pueda responder con estas propuestas de ley. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— A ver, congresista, si tenemos al presidente o al vicepresidente de las comisiones respectivas que puedan sustentar el informe, vamos a hacer en este momento las coordinaciones.

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SUMILLA La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Relator, dé lectura. El RELATOR da lectura: Informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que declaran la improcedencia de denuncias constitucionales Denuncia Constitucional, formulada por el señor Alberto Alejandro Rivera Cabrera contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Ricardo Beaumont Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesía Ramírez, por la supuesta infracción al artículo 139.° inciso 5) de la Constitución Política del Perú. Denuncia Constitucional 168, formulada por el señor Heber Rosendo Alejos Valderrama contra el congresista de la República Wilder Ruiz Loayza, por la supuesta comisión de los delitos de defraudación, usurpación agravada, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, cohecho activo genérico, cohecho activo específico y tráfico de influencias, previstos en los artículos 197.°, 204.°, 377.°, 397.°, 398.° y 400.° del Código Penal. Denuncia Constitucional 170, formulada por el señor Jesús Jacob Dávila contra el exfiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales, por la supuesta comisión de infracción constitucional en contra de lo establecido en los artículos 139.° incisos 3) y 5), 2, incisos 14) y 16); y por la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia, prevaricato, tipificado en el artículo 418.° del Código Penal. Denuncia Constitucional 178, formulada por el congresista Roberto Edmundo Angulo Álvarez contra el exfiscal de la Nación José Peláez Bardales, por la supuesta comisión del delito de omisión, rehusamiento o retardo de deberes funcionales, previsto en el artículo 377.° del Código Penal. Denuncia Constitucional 179, formulada por el señor Pablo Aliaga Pascual contra el exfiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración de justicia, omisión de denuncia y prevaricato, tipificados en los artículo 407.° y 418.° del Código Penal. Denuncia Constitucional 201, formulada por el señor Dante Alexander Villena Marcelo contra la miembro del Consejo Nacional de la Magistratura Luz María Guzmán Díaz, por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 400.° del Código Penal. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— En la anterior sesión de la Comisión Permanente también se dio lectura a los mismos informes de calificación y quedó pendiente la participación de algunos congresistas. Congresista Mesías Guevara, no sé si desea participar nuevamente. Congresista Mesías Guevara.

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El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, Presidenta. Colegas congresistas, muy buenos días. El pueblo peruano, señora Presidenta y colegas congresistas, necesita una absoluta transparencia y, asimismo, también se requiere que el Congreso de la República dé señales concretas de lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad. Este informe que hoy nos trae la Subcomisión, a quien yo tengo que dar mi absoluto respeto, como democráticamente tenemos que hacer todos los colegas congresistas; sin embargo, yo muestro mi preocupación pública, seguramente ya tendrán los votos necesarios para apoyar este archivamiento, pero también, democráticamente, hago público, de manera personal, si quieren, o como presidente de mi partido. Sin embargo, esto, señora Presidenta, considero que debe debatirse más, que debe hacerse informes más detallados, porque no podemos, alegremente, archivar o aprobar el archivamiento de muchos informes que en esta oportunidad nos han traído. En ese sentido, señora presidenta, yo propongo que este tema nos informen a mayor detalle, por ejemplo acá hay nombres que me preocupan, que prácticamente podríamos incluso dar a la opinión pública como si hubiera algún acuerdo bajo la mesa, y eso es malo para el Congreso, eso es malo para la democracia, eso es malo para la gobernabilidad. Yo propongo una cuestión previa de que esto no se vea y no se lleve al debate y al voto el día de hoy. Gracias, señora presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Velásquez Quesquén. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidenta, este es un debate que se inició en la sesión de la Comisión Permanente anterior, yo lo que quiero llamar la atención a los que formamos parte de la Comisión Permanente, es que comparto la preocupación del congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, pero me parece que está cometiendo un gravísimo error de concepto. Una cosa es una comisión investigadora, y otra cosa es el procedimiento de acusación constitucional, el argumento de decir que la lucha contra la corrupción, que malos precedentes, no pueden de ninguna manera llevarnos a tomar decisiones que sean contrarios al Reglamento de la Constitución. Primero diré, que el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra debe leer el inciso c), del artículo 89° del Reglamento, perdón, le permito una interrupción. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Sí, congresista Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Sí, para decirle al congresista Velásquez Quesquén, que el congresista que le antecedió en la palabra tiene nombre y apellido, es 4

el congresista Mesías Guevara Amasifuen, si el tiene miedo decir mi nombre, le digo, que diga mi nombre por favor. O sea, no vamos a decir, habló el aire, habló el cielo, habló la mesa, habló el congresista Mesías Guevara, congresista Velásquez Quesquén. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Velásquez Quesquén. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— ... bueno, yo no he hablado con falta de respeto, he dicho, el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, no me acordaba de su nombre y apellido. Pero bueno, lo que quiero decir señora Presidenta, es lo siguiente, el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra tiene en su partido un representante en la Subcomisión de Acusaciones, inclusive ha presidido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿por qué estos informes vienen a la Comisión Permanente?, porque la Comisión Permanente es la que crea la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y es obligación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de darle cuenta a la Comisión Permanente. De tal manera, que no sé si el Oficial Mayor y los técnicos del Congreso pueden dar los antecedentes, es que este tipo de informe, de calificación de denuncia, de calificación de denuncia de inadmisible o improcedencia, de inadmisibilidad o improcedencia, se da cuenta a la Comisión Permanente porque de ella depende la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. He revisado los antecedentes, Presidenta, y ha habido debates como estos, pero lo que no puede votar la Subcomisión de la Comisión Permanente, ante una propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la inadmisibilidad o improcedencia de una denuncia constitucional es que se revise, que se discuta en la Comisión Permanente, que se vote, y que se diga, no estamos de acuerdo con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y vuélvalo a hacer de nuevo, ¿sabe por qué?, porque caeríamos en la inoficiosidad del procedimiento. Porque si vuelve a la Subcomisión de Acusaciones, donde no está el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, la posición va a ser la misma de la Subcomisión. Entonces, no es verdad, y quiero levantar ese falso cargo, de que aquí hay componendas, que hay cosas bajo la mesa, nosotros, hay gente que no tiene autoridad moral para hablar de eso, no tienen autoridad moral para hablar de eso y lo digo en genérico. Pero, creen que nos van a atemorizar diciendo, ah los que están a favor de la lucha contra la corrupción y los que están en contra; es cierto que muchas de estas personas pueden estar cuestionadas, pero con respecto a los hechos que son materia de la denuncia, sobre eso se ha pronunciado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en forma colectiva, muchas de estas calificaciones han sido votadas a favor del que fue Presidente de la Subcomisión, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. De tal manera, señora Presidenta, que lo que me gustaría es que antes de hacer este tipo de cuestionamientos se pudiera leer el reglamento.

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¿Qué decisión va a tomar la Comisión Permanente?, ¿No está de acuerdo con esta calificación? ¿Lo va a regresar? Lo que va a hacer la Subcomisión es ratificar su decisión y vamos a estar en este tira y afloja porque hay un congresista que considera que todo se ha acordado debajo de la mesa. Esto es un procedimiento de mero trámite, lo venimos haciendo, en los casi 19 años que estoy en el Parlamento hemos venido haciendo este tipo de pronunciamientos. Pero si a una propuesta de archivamiento, de repente de buena fe, haya, caemos en el mundo de la sospecha, todos han acordado debajo de la mesa alguna componenda. ¿Y qué hay que hacer? El reglamento es muy claro, esto no es una comisión investigadora donde se pueden cometer los excesos, los abusos que se cometen al debido proceso. Acá no podemos nosotros violentar el debido proceso, señora Presidenta, no podemos violentar, porque éste sí es un procedimiento de investigación al alto funcionario comprendido en el artículo 99, no es una comisión investigadora. Entonces, desde el inicio de una investigación cuando a un alto funcionario lo denuncian, el reglamento dice que la comisión califica la denuncia, califica la inadmisibilidad y califica la improcedencia. Cuando hay esta calificación hay una gran discusión en la subcomisión, porque ahí se inicia el proceso, hay una discusión, luego se vota. Una vez que se ha votado, se da cuenta, pues, a quién entregó ese encargo, y el reglamento dice que esto va al archivo. ¿Qué podemos votar ahorita, señora Presidenta?, ¿qué podemos votar ahorita?, ¿que la comisión no está de acuerdo, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con lo que han hecho nuestros representantes en la Subcomisión? Entonces, nosotros sí seríamos, la subcomisión se volvería en una mesa de partes. De tal manera, señora Presidenta, que yo creo que esto ha sido un involuntario error, pero aquí podemos hacer las discusiones que quieran, pero lo que no se puede es votar la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones. Lo que sí se discute y se vota es cuando pasamos a la segunda etapa. Cuando la subcomisión encuentra que hay mérito de investigar por infracción a la Constitución o por la comisión de un delito de función, la subcomisión le comunica a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente nos extiende un plazo para investigar. Luego que se investiga en esa segunda etapa, hay la propuesta de archivar o de acusar al funcionario. Ahí sí hay un debate, y se tiene que votar porque se tiene que formar. Si el informe se aprueba acusatoriamente, la Comisión Permanente tiene que nombrar un grupo de congresistas que llevan la acusación al Pleno. Pero aquí estamos en una etapa liminar. Pongo un ejemplo para que se pueda ya graficar esta intervención. Acá hay denuncias que han sido declaradas inadmisibles, ¿qué dice el reglamento claramente con relación a quien plantea una denuncia constitucional? No autoriza que cualquiera pueda plantear una denuncia constitucional, dice que la pueden presentar aquellos que tienen legítimo interés en la denuncia. Pero ¿qué pasa si un tercero que no tiene legítimo interés y solo de plano la rechazamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros discutiendo aquí en la comisión? 6

¿Poner en cuestión la actuación de todos los miembros que pluralmente están representados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? No me parece, señora Presidenta. Estamos en la primera etapa de calificación, hay que respetar el debido proceso. Las que han sido declaradas inadmisibles y los que denunciaron no han levantado el requisito, porque tenemos que notificarles y decirles: "oye, cumple con este requisito para declarar procedente tu denuncia", y no han levantado ese requisito de inadmisibilidad, ¿qué podemos hacer nuevamente si esto vuelve a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Entonces, me parece que ha habido un error, ésta es una etapa de calificación de denuncia y la etapa de calificación de denuncia se viene a dar cuenta a la subcomisión porque nosotros dependemos de la subcomisión. Y hay otra cosa, hay algunos que todavía, y lo entiendo porque no son abogados, que siguen pensando que estamos en el siglo XVIII, que el Parlamento es el Primer Poder del Estado, que somos una isla, que no hay estado de derecho, que no hay democracia, que los mejores jueces ya no son los jueces que están en el Poder Judicial y los fiscales, sino que los mejores jueces son los adversarios políticos, eso son los mejores jueces, son los honestos, los imparciales, los objetivos. No, señor, aquí se debe respetar el debido proceso. Que me demuestren que hay un precedente de que, ante una propuesta de inadmisibilidad de una denuncia o de improcedencia de calificación, la Comisión Permanente ha dicho "¿Saben qué? Lo devuelvo y reháganlo de nuevo, que nos enmiende la plana". Si alguien cree y un congresista cree que el pronunciamiento de la subcomisión no es correcto, puede plantear nuevamente, a título personal, la denuncia constitucional, lo puede hacer. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen la valentía? Pero, por favor, lo que pido es que no se puede decir, y he intervenido porque se ha puesto en cuestión la conducta de todos los que somos miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; o sea, debajo de la mesa hemos hecho este acuerdo para que se declare se rechacen estas denuncias. Y el presidente de la comisión —lo va a hacer en su momento—, que ha actuado con absoluta democracia y pluralidad, no impone, no sale a los medios a adelantar opinión, sino responsablemente ha alcanzado estas propuestas a la subcomisión. Que no queda otra cosa, Presidenta, esto no lo podemos votar, esto no se puede votar en la Comisión Permanente, solamente se da cuenta por respeto al órgano que es el que crea la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo quisiera que se informe, se dé cuenta y que pasemos a otro tema. Gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Finalmente, el congresista Roberto Angulo, antes de culminar con el tema pendiente.

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El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, señora Presidenta. Mi saludo a todos los colegas. El congresista Mesías Guevara me pide una interrupción, por favor. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Mesías Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Señora Presidenta y colegas congresistas, es un tema muy particular cuando escuchamos abogados de la impunidad, sacan todos sus argumentos y no se van al fondo y se van a la forma. Hay abogados y abogados. Hay abogados dignos que se merecen todo el respeto, no solamente del Congreso, sino también del pueblo peruano en general; pero hay abogados, pues. ¿Nombres? Ustedes saben quiénes son, son socios incluso. Entonces, en ese sentido, es importantísimo, señora Presidenta, que así como hay abogados dignos, hay abogados indignos; hay abogados de alto nivel y de bajo nivel, que acá saben dos cosas nada más: saben el Reglamento del Congreso y la Constitución, de ahí no salen, señora Presidenta, y, para remate, lo leen mal. Así como hicieron su famoso pensamiento espacio-tiempo histórico, que entendieron totalmente al revés el tema relacionado del pensamiento de Albert Einstein, y nos dan clases de moralidad, clases de política, clases de historia. Señora Presidenta, acá hay un tema concreto y real, si gustan —tienen la mayoría de los votos— aprueben el informe del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que seguramente él debería, incluso por diplomacia, por cordialidad con la Comisión Permanente, explicarnos uno por uno, que nos explique caso por caso. Y si alguien de mi bancada y de mi partido aprobó esta resolución, que asuma él su responsabilidad, no tiene por qué asumir la responsabilidad mi partido ni mi bancada. Lamentablemente, no todos pensamos igual, y hay personas que son singulares y particulares, que respetamos, pero no vamos a asumir esa responsabilidad histórica, ni como partido, ni como bancada. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Angulo. El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias. Yo quisiera hacer una pequeña historia muy rápida con respecto a un tema de Telefónica. Nosotros, el 2012, detectamos una evasión de Telefónica de aproximadamente 500 millones de soles, un asunto que se refería al uso del espectro radioeléctrico, al pago de canon y regalías por el uso del espectro radioeléctrico. Resulta que el exministro Enrique Javier Cornejo Ramírez no aplicó un reglamento, y por esa razón el Estado pierde 500 millones de soles. 8

Demostramos totalmente eso con respecto al tema. Acudimos al señor fiscal Peláez, y el señor fiscal no hace absolutamente nada al respecto, ¿no? Deja pasar el tiempo con el propósito de que eso prescriba, y no se hace absolutamente nada. Entonces, nosotros hicimos una denuncia ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y, bueno, lo que han hecho ellos es simplemente declarar improcedente el tema. No me llamaron jamás a declarar, no me llamaron jamás a fundamentar, no pudimos hacer ningún tipo de argumento con respecto a la defensa de este tema, para que el fiscal Peláez responda ante la omisión, porque no hizo absolutamente nada para investigar un tema que al país le significaba 500 millones de soles. Ahora, esta comisión ha declarado improcedente el tema. Yo digo y pienso que esta Comisión Permanente tiene las suficientes facultades para no archivar el tema y para poder ponerlo nuevamente en mesa con el propósito que se investigue en forma profunda porque esto está afectando tremendamente a nuestro país. Gracias, señora Presidenta. Estoy de acuerdo con el congresista Mesías Guevara. Nosotros no somos una mesa de partes. Si hay una Comisión Permanente, la Comisión Permanente tiene que analizar punto por punto, cada una de las decisiones de un tribunal o de una comisión, en este caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por eso pido, de acuerdo a lo que decía el congresista Mesías Guevara, que examinemos punto por punto esto y decidamos si ponemos en archivo o no podemos en archivo cada uno de los temas. En el caso nuestro, estoy hablando de la Denuncia Constitucional 178, que está considerada dentro de la Agenda para ser archivada. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista José Luna, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El señor LUNA GÁLVEZ (SN).— Presidenta, nosotros los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde están representados todos los partidos, considero que son congresistas de primer nivel, congresistas honorables. En cierta forma he sentido como que hay dudas de la honorabilidad de los congresistas. Esto, francamente, me parece impertinente. Nosotros solo estamos cumpliendo estrictamente con lo que dice el Reglamento y tratamos de guiarnos y que la Subcomisión no se convierta en cadalso de pasiones o de venganzas o de tirrias o posiciones personales o políticas. Durante mi periodo se va a respetar estrictamente el Reglamento. Y el Reglamento tiene, en el artículo 89.°, inciso c), claramente lo que tiene que hacerse. Y por eso, Presidenta, no quisiera que esto entre a un debate y se falte al Reglamento y se anule todo. Se tiene que cumplir.

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Y si algún congresista tiene alguna objeción sobre algún tema puede presentar su denuncia personal y se acabó el tema. Pero lo que no puede es agredir, lo que no puede es dejar en el limbo que hay gente deshonesta en la comisión. Eso para mí es francamente irritante y como ser humano, como persona, personalmente lo tomo como una cuestión personal y no me agrada. Y en política tenemos que ser coherentes y tenemos que ser bastante mesurados. Pido, por favor, bastante respeto. Hay pasiones, hay de un lado a otro lado, siempre las va a haber, pero durante mi periodo como Presidente yo no voy a permitir pasiones ni que esto se convierta en un cadalso donde se ajusticia a quien no debe ajusticiarse; se tiene que respetar la justicia, la honorabilidad de las personas y el reglamento. Presidenta, francamente debemos ser más mesurados en lo que se diga porque no es cuestión de prensa, aquí estamos tocando honras y honores de personas. Por eso le pido, usted proceda de acuerdo al Reglamento. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— A ver, congresistas, hemos escuchado ya —me parece— lo suficiente respecto al derecho que tiene cada congresista a manifestarse, si está a favor o en contra o le parece algún informe, y está en todo su derecho. Pero creo que todos estamos en la obligación de hacer cumplir el Reglamento. Y el Reglamento es claro. Voy a dar lectura al inciso c) del artículo 89.° de la parte pertinente: "Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo". En ningún momento nos da la facultad, como Comisión Permanente, a votar; simplemente es correcto que este informe, cuando se declara improcedente por la Subcomisión, se da cuenta a la Comisión Permanente. La Subcomisión nos remite y acá solamente damos cuenta. Eso no se lleva a votación. El congresista Mesías Guevara y congresista Javier Velásquez Quesquén. Creo que han discutido ampliamente y han solicitado ver que, efectivamente, hay un antecedente. En estos momento se está viendo viendo si hay un antecedente, pero que creo que todos estamos el día de hoy en la obligación de hacer cumplir el Reglamento, y lo típico es que solamente se dé cuenta a la Comisión Permanente. Ya para pasar al siguiente punto, finalmente el congresista Josué Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, una interrupción me solicita el congresista Guevara. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Mesías Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, congresista Josué.

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Señora Presidenta, para decir que mi intención no es agraviar a nadie, incluso, cada congresista con sus propios hechos, con sus propias actitudes, con sus decisiones, con sus votaciones va a expresar una voluntad expresa de su propio comportamiento. Por lo tanto, estamos en el fragor de la pasión política, pero cada congresista con su decisión, con su voto da a conocer realmente su inclinación y su comportamiento, y si es bueno o es malo dependerá de él y de sus electores que él pueda tener. Yo espero sí, señora Presidenta, que en el futuro se nos explique con mayor precisión estos temas. Hay una acusación contra el señor Alan García Pérez que está estudiándose ahí, se está estudiando en la subcomisión, y espero y abrigo la esperanza que ese debate se aperture para ver si se está actuando con el debido proceso. Esa subcomisión cuando se debata ese tema yo mismo voy a participar, señora Presidenta. Gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista. Continúe, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, el congresista nacionalista Sergio Tejada me está pidiendo una interrupción. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Muchas gracias, congresista Josué Gutiérrez. Presidenta del Congreso, hay que ser muy respetuosos del Reglamento; el Reglamento, efectivamente, establece una serie de condiciones y requisitos para presentar denuncias constitucionales, una de ellas es que la persona que formula la denuncia sea la persona directamente agraviada, y varios de estos casos declaran improcedentes las acusaciones, justamente, porque la persona que hace la denuncia no muestra ser directamente agraciada; pero quiero hacer notar que es diferente al caso de la denuncia presentada por el congresista Roberto Angulo, porque el Reglamento también dice que cualquier congresista puede presentar una denuncia constitucional, a diferencia de lo que se le exige al ciudadano común, de ser directamente agraviado. El Reglamento también dice que solamente se da cuenta a la Comisión Permanente, de manera que hay que respetar el Reglamento; pero, quería hacer notar que en el caso de la denuncia presentada por el congresista Roberto Angulo, es distinto. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Sí, Presidenta, y en esa misma lógica y en efecto esta Comisión Permanente está obligada por el mandato de este Reglamento a aprobar la calificación de la Subcomisión de Acusaciones, en el artículo 89.°, inciso d), respecto a procedimientos y acusación constitucional; y esa obligación implica, 11

Presidenta, una Constitucionales.

doble

responsabilidad

de

la

Subcomisión

de

Acusaciones

Me permito, Presidenta, dar lectura a algo que es el control que establece la Constitución, respecto al ejercicio jurisdiccional, pero por extensión podríamos decir y dar lectura a esto. ¿Qué dice el artículo 139.° de la Constitución Política del Perú en el inciso quinto? Dice: "Son principios y derechos de la función jurisdiccional", la que ejerce justamente la calificación para ver si el procedimiento es inadmisible o es improcedente x, y, z, de forma. ¿Qué dice el artículo quinto? "La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta". La debida motivación en los fallos del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Jurado Nacional y de todos los órganos que ejercen función jurisdiccional tiene un carácter obligatorio, o sea, toda resolución tiene que rezar sobre una debida motivación. Y, entonces, en la calificación respecto a la procedibilidad de las denuncias que se ventilan en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deben estar, por obligación, imbuidas de esta motivación que recomendamos, en todo caso, sería el camino ideal para evitar que, por ejemplo, advertencias como la ha hecho el señor Sergio Tejada esta mañana. Que hay una distinción clara entre lo que es la formulación de una denuncia por un ciudadano común y corriente; y, otra, la formulación de una denuncia por un parlamentario que tiene prerrogativas distintas que es, por ejemplo, que asumiendo la defensa de los asuntos públicos, pueda plantear, justamente, una acusación de esta naturaleza. Entonces, no es lo mismo motivarse para un caso de un ciudadano común y corriente, por ejemplo, cuál es el agravio directo que habría ocasionado en este caso una actuación de magistrados del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial sobre determinado caso si él no tiene, pues, como llamamos nosotros legitimidad para obrar o interés para poder interponer la demanda ¿no es cierto? En tanto y cuanto para un parlamentario la prerrogativa es distinta, porque está investido de una autoridad de representación, por lo tanto, la motivación no puede ser ni la justificación no puede ser para ambos de la misma naturaleza. Creo que ahí sí radica un proceso de recomendación si se quiere el caso para que la subcomisión pueda establecer, digamos, un camino de diferenciación entre lo que significa las denuncias presentadas por parlamentarios y otras las denuncias que presenten cualquier ciudadano común y corriente. La del congresista Velásquez, por excepción, si fuera tan amable Presidenta, concedo una interrupción. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Velásquez.

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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidenta, solamente quiero ilustrar. Es válido el argumento que ha planteado el congresista Tejada, pero el artículo 89.° no habla de un solo criterio. O sea, un solo criterio para rechazar la denuncia cuando uno la califica de inadmisible o improcedente. Inclusive, ha habido en la subcomisión un extenso debate de qué es declarar inadmisible una denuncia y qué es declarar improcedente ¿y qué dice el artículo 89.°? No lo digo yo. Es cierto, un criterio es el que ha dicho el congresista Sergio Tejada, dice: "La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de la denuncia se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles conforme a los siguientes criterios". No es un solo criterio, son varios criterios. Primero, que hayan formuladas por personas capaz, por sí o mediante representante debidamente acreditado. Segundo, que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian. Tercero, que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delito de función previstos en la legislación. ¿Qué pasa si un ciudadano denuncia a un congresista por difamación? No, puede, pues, tenemos que rechazarla de plano, porque no es delito de función. Entonces, hay un error, son varios criterios. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Tejada, pero el resto de denuncias pueden haber sido rechazadas, porque la materia que constituye la denuncia, no es un delito de función, pero hay algo más. ¿Por qué solamente se tiene que dar cuenta en la comisión no discutir y votar? Porque aquel congresista que ha planteado la denuncia si la corrige, si la refuerza, si la encausa dentro de lo que dice el reglamento la puede presentar ¿por qué? Porque en este estadío en que rechazamos por inadmisible o improcedente una denuncia, esto no causa estado, no significa que al funcionario no se le puede volver a denunciar, sino lo que tiene que hacer aquel que ha denunciado, corregir las omisiones que ha perpetrado al momento de presentar su denuncia. Diferente es cuando viene un funcionario acusado a la Comisión Permanente y esta se pronuncia, ahí sí se causa estado. Eso es lo que quería decir, no voy a responder agravios, Presidenta, porque eso es propio de aquellos que, lamentablemente, no tienen argumentos jurídicos para tratar un tema que es muy delicado, porque estamos tratando sobre la situación jurídica de altos funcionarios. Esta no es una investigación parlamentaria de una comisión que puede haber ahí un contenido de especulación política o de otra índole, por eso es que nos pronunciamos en ese sentido y por eso, creo yo, ni siquiera he querido responder a los agravios, porque, como repito, son propios de aquellos que no tienen argumentos razonables para poder sustentar lo que hoy día estamos planteando. Gracias, congresista Gutiérrez. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, congresista Gutiérrez, va a intervenir el congresista Sergio Tejada, si lo permite. 13

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Sí, gracias. Yo sé perfectamente que hay una serie de criterios para que procedan las denuncias constitucionales. Me he referido a un criterio, porque es el criterio que se está utilizando para todos los casos, salvo para uno. En estos casos que estamos mandando al archivo, salvo para uno que es el congresista Roberto Angulo, por eso quise hacer notar esta situación. Pero en el caso de la denuncia del congresista Angulo se declara improcedente, porque se señala que no contiene elementos suficientes para iniciar investigación, entonces me parece que ya es un criterio un poco subjetivo, y no conozco si es que en vista de esto se solicitó al congresista Angulo ampliar o modificar su denuncia. Simplemente quise hacer notar ese punto, sin cuestionar los procedimientos establecidos en el reglamento. Estoy en alusión, creo que no puedo dar interrupción. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Sí, presidenta. Hay sin duda resoluciones, entiendo que solo las sentencias que emite el fuero jurisdiccional, el Poder Judicial son las que generan la condición de cosa juzgada, la cual es una institución que es una institución que protege que nunca más se reabran los temas. Pero en las resoluciones administrativas de la Subcomisión de Acusaciones, del Ministerio Público y de otras instancias no causa condición de cosa juzgada, y por lo tanto en cualquier momento puede ampliarse, mejorarse la acusación respectiva o la denuncia respectiva. Presidente, para concluir, en efecto, lo que tratamos es de no abordar el tema de fondo, es un tema de requisitos de procedibilidad. Dicho de otra manera, si hay omisiones subsanables será inadmisible para que el que interpuso en el tiempo y en el plazo requerido pueda presentar todos los recaudos necesarios y encausarse el proceso. Pero hay temas que no van y no van, y estas son improcedentes de plano. Y lo que estamos discutiendo esta mañana es requisitos de procedibilidad y los que no son procedentes la subcomisión especializada ha recomendado que se archiven. ¿qué opción tenemos? Nosotros no tenemos doble discurso, nosotros somos institucionalistas, nos apegamos siempre al Reglamento y por lo tanto vamos a ser coherentes con la posición reglamentaria. Pero, presidenta, siempre con la recomendación que va de la mano con eso, a lo que dice la Constitución respecto a la debida motivación de cualquier resolución, máxime si es de calificación. Porque no vaya a ser que el delito de prevaricato sea extensiblemente aplicable no solamente a los magistrados que ejercen la administración de justicia sino también a quienes en una indebida calificación puedan incurrir.

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Y la recomendación para todos los miembros de la subcomisión, sobre eso debemos preocuparnos, sobre la debida motivación de las resoluciones que en calificación van a quedar archivadas. Y si hay preocupación sobre lo mismo hay que rescatar esa preocupación para hacer procura de que nuestras resoluciones, el alcance de nuestros dictámenes, de nuestros informes estén siempre ligados al ejercicio pleno del reconocimiento del derecho constitucional y de las normas que se desarrollan sobre lo mismo. Muchas gracias, presidente. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Último orador, el congresista Rivas. El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Gracias, presidente. Acá hay una situación que de repente por una posición política o tal vez por una percepción es incómoda, y es bastante incómoda referente, más aun cuando recuerdo que algunos miembros que están acá y que han sido denunciados como Ricardo Beaumont, Eto y otros están involucrados tal vez en un tema político-penal en el que emitieron un voto sobre una resolución de un juez de Chiclayo que prácticamente restituyó a un alcalde que después ha sido duramente cuestionado y ha sido preso. Pero no podemos violentar el debido proceso, no se puede, y hay un artículo que es a veces contradictorio, pero también es mandatorio como lo establece el propio Reglamento en su artículo 89.° inciso d). Dice: "La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la presidencia de la Comisión Permanente. Se entiende que es a la Comisión Permanente. Esta aprobará sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presente". Acá hay una disposición, que es clara y que está establecido en el Reglamento, entendiendo que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar... El señor LEWIS DEL ALCÁZAR (GPUR).— Martín, ¿una interrupción? El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Perdón, el congresista Velásquez me está pidiendo una interrupción, su usted lo permite, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Me parece que ahí hay un error de concepto. El artículo al que se está refiriendo el congresista se está refiriendo cuando la Subcomisión considera que debe haber investigación, ya se debe investigar sobre el fondo, porque no ha leído el último párrafo.

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Acá qué dice: "La Subcomisión de Acusaciones presentará su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión. Esta aprobará sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones realizará la investigación —se está refiriendo cuando la Subcomisión considera que se debe investigar—, y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de 15 días hábiles". Es cuando venimos a pedirle a la Comisión Permanente que nos dé un plazo para investigar porque consideramos que sí es procedente la investigación. En cambio, cuando la Subcomisión en la etapa liminar califica de inadmisible, ni siquiera esta Subcomisión puede decir "hay que darle plazo al denunciante", porque el Reglamento ya dice que cuando se trata de un requisito formal se le da un plazo al denunciante para que lo corrija. Y cuando se trata de la improcedencia es porque los argumentos que sustentan la denuncia no son suficientes para declararla admisible. A eso me quería referir, señora Presidenta, esta es la segunda etapa, no es el caso el que estamos refiriendo la solicitud de archivo de algunas denuncias. Gracias, congresista Martín Rivas. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Rivas, una segunda interrupción le pide el congresista Lewis. El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Sí, congresista Lewis. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Lewis. El señor LEWIS DEL ALCÁZAR (GPUR).— Gracias, Presidenta. En la misma línea del congresista Velásquez, estábamos leyendo este texto, y eso va incluso enlazado con el texto anterior al inciso d), donde dice: "Los informes que contengan calificación positiva de admisibilidad y procedencia de una denuncia constitucional deberán indicar..." O sea, está preparando el terreno para lo que viene a continuación, que es el inciso d), donde lo ha explicado claramente el congresista Velásquez, y creo que de una u otra manera difiere de lo que estamos viendo en este momento. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Rivas. El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Estamos leyendo lo que claramente está establecido en el artículo 89.° inciso d). Y acá hay una contradicción, dice: "La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia —no está diciendo a la Comisión Permanente— de la Comisión Permanente —no está diciendo presenta a la Comisión Permanente—. Esta aprobará sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes —hay una contradicción ahí—, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de 15 días hábiles".

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Cuando conviene la segunda, cuando conviene la primera; pero, en fin, hay una cuestión aquí clara sobre lo que se está diciendo en lo expreso normativo. Así que hay que ceñirnos a lo que la ley establece, dura lex sed lex. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Cuál es la alusión, congresista Angulo. El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, señora Presidenta. En el caso que nos ocupa, la Denuncia Constitucional 178, se han obviado un sin fin de... La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Angulo, usted ya hizo uso de la palabra. Cuál es la alusión, congresista Angulo. Usted pidió la palabra por alusión. El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— El tema precisamente es este tema, dice aquí: "La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de las denuncias se realizará en un plazo máximo de 10 días". Se demoraron más de seis meses, muchos más de seis meses; y, ante mi insistencia, me invitaron un día dos minutos y jamás pude fundamentar la denuncia. Dice lo siguiente: "Las que son declaradas inadmisibles serán notificadas al denunciante, para que en el plazo no mayor de tres días hábiles subsane las omisiones a que hubiere lugar". No me notificaron, no me dieron ese plazo de tres días, y así sucesivamente, han roto todas las normas, para un tema que le interesa al país por quinientos millones de soles, totalmente fundamentado, y el fiscal ni siquiera se ocupó de investigar, de poner a otro fiscal, de poner un fiscal para que investigue el tema; y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, peor, ni siquiera se puso a investigar el tema. Por eso, yo pido, señora Presidenta, que en este caso se separe de los seis temas la Denuncia Constitucional 178, y se reabra el caso con el propósito de poder volver a investigar. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Para finalizar, tiene la palabra la congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, Presidenta. Estoy cierta de que lo que voy a decir no le va gustar a los finos oídos de varios congresistas, pero en realidad es una consideración política y además una convicción profunda, de la necesidad de luchar contra la corrupción. A mí me parece que la interpretación literal que se está haciendo del Reglamento probablemente sea adecuada y oportuna, sin embargo, creo que hay que modificar el 17

Reglamento sobre la materia, y quiero dejar constancia de ello. Porque por ejemplo el día de ayer o anteayer, la señora integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una a las que se refiere esta resolución, es la única votante por mantener al Fiscal Ramos Heredia como Fiscal Titular en la Fiscalía de la Nación, y fíjese que es una señora que tiene poder, y sin argumentación frente a la mayoría del Consejo que sí tiene una argumentación y que ha ratificado el acuerdo de que no se le debe mantener al ex Fiscal de la Nación. Y, la denuncia hecha por alguien impertinente, según nuestro Reglamento, sin embargo, parece decir según el propio resumen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene una amplia legitimidad social, yo recuerdo que esta señora y lo recuerdo porque me toca indirectamente congresistas cuando postulé al Consejo Nacional de la Magistratura, fue cuestionada como postulante porque parte de las firmas que ofertó, fue una denuncia pública, se referían a personas que ya habían fallecido y que supuestamente habían firmado. Y, a pesar de ello resultó elegida, y tiene poder para elegir, ratificar, nombrar o cambiar a buena parte de los magistrados de la República, y para mí es una convicción de principio, que creo que es un principio que anima a nuestro ordenamiento jurídico, el de la motivación sustantiva de la resolución. Entonces, a mí no me parece que la Comisión Permanente debe ser una mesa de partes de mero trámite, entonces para eso ya que no venga a la Comisión Permanente, es una devaluación a mi juicio de las funciones de la Comisión Permanente. Porque además el pueblo tiene todo el derecho de fiscalizar la naturaleza de todos los puntos de vista y proveído de todas las instancias de la República, y entonces si nosotros así nomás por mero trámite somos mesa de partes y pasamos, y pasamos cosas que tienen incidencia, colegas, o sea, que tienen incidencia con legitimidad respecto de la consejera que está otorgando seguridad e inmunidad a un juez Tenorio, ¿no es cierto?, que se ha ufanado públicamente de tener poder y estar blindado en el ámbito del Consejo Nacional de la Magistratura, y donde han habido marchas y contramarchas populares de protesta en el ámbito donde se desenvuelve ese juez. A mí me parece, colegas, que no es inventar mucho, hacer un juicio político de que estas resoluciones de mero trámite pueden contribuir a la deslegitimación política del Congreso de la República, y así podemos continuar. O sea, por ejemplo hay casos que no voy aludir directamente, pero ha habido denuncias públicas mas o menos notorias vinculadas a la gestión de algún congresista en el ámbito patrimonial. Entonces, acaso este archivamiento de mero trámite en los procesos comunes no puede ser utilizado por un buen defensor, en el sentido de que se ha archivado en la Subcomisión de Acusaciones, lo cual ha sido refrendado por la Comisión de Constitución... Me pide una interrupción el congresista Angulo. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Angulo. El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, congresista; gracias, señora Presidenta. 18

Yo quiero leer el acápite d) del reglamento, el artículo 89, dice lo siguiente: "La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su Informe de Calificación a la presidencia de la Comisión Permanente. Ésta aprobará, sobre la base del Informe de Calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación, un plazo para investigar y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de 15 días". ¿Este plazo para investigar se ha dado? La Comisión Permanente ha dado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para que investigara el tema, el 178. Dice lo siguiente: "15 días hábiles, prorrogables por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez". O sea, inclusive la Comisión Permanente podría prorrogar la investigación, o sea, ¿por qué la vamos a archivar? Lo que dice aquí el reglamento está muy claro. "Excepcionalmente, —termina— se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales". Entonces, señora Presidenta, señores congresistas, le pido, por favor, que esto se remita a la subcomisión para que se investigue el tema. Son 500 millones de soles que espero que no se perjudique el país, que podemos perjudicar al país por estos 500 millones de soles. Y el fiscal Peláez está comprometido, así como el exministro de Transportes y Comunicaciones, Miguel Cornejo, ellos dos están comprometidos y hace dos años se ha denunciado. Es por eso, señora Presidenta, que le pido, por favor, que apliquemos el reglamento en el artículo 89, inciso d). Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Señora Presidenta, solicita interrupción la congresista Martha Chávez. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es para la congresista Martha Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Señora Presidenta, gracias; gracias, congresista Mavila. Creí que no era necesario poder intervenir, pero yo creo que la última intervención del congresista Angulo nos lleva a pedir que, por favor, leamos la integridad del artículo 89. El tema es así, cuando se presenta una denuncia constitucional hay primero una etapa de calificación, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales califica si la denuncia es procedente o improcedente, si es admisible o inadmisible. La inadmisibilidad es por una razón formal que puede ser subsanable y por eso es que el propio artículo 89 dice que cuando se trata de la calificación de una inadmisibilidad se da un plazo. Cuando es la improcedencia, va al archivo y lo que se hace es notificar a la presidencia de la Comisión Permanente, que es la Presidenta del Congreso, respecto de los informes calificatorios. 19

El inciso d) del artículo 89 no ha sido bien leído por el congresista Angulo, lamentablemente, porque lo que se señala acá respecto del plazo de 15 días es cuando ya se ha calificado como procedente la denuncia. Y, entonces, cuando se califica como procedente la denuncia, esta Comisión Permanente le da un plazo, un plazo para que la subcomisión haga la investigación. En la denuncia que ha presentado el congresista Angulo no ha pasado la etapa de calificación, o sea, se ha quedado y la etapa de calificación ha sido considerada improcedente. Por lo tanto, no es una calificación positiva y no da lugar a que esta Comisión Permanente establezca ningún plazo para la investigación. No es que todas las denuncias tengan que ser sujetas a un plazo de investigación de 15 días, como parece sugerir el congresista Angulo. Entonces, de lo que se trata es que en la sesión realizada el 21 de octubre del año 2014, la denuncia presentada por el señor congresista, que es la denuncia contra el Fiscal de la Nación, exfiscal de la Nación, el informe de la subcomisión fue por la improcedencia. Entonces, esto debe pasar al archivo. Igual también nos pronunciamos calificando como improcedente la denuncia contra un congresista del oficialismo o casi oficialismo, el señor Wilder Ruiz, al que estaban denunciando por supuestos delitos, que nosotros consideramos que no cabía admitir esa denuncia porque eran hechos anteriores a su condición de congresista. Estoy yo en interrupción, congresista Angulo, sino, encantada. Entonces, así como en ese caso se calificó como improcedente, en el caso también de la denuncia presentada por el señor congresista Angulo se calificó como improcedente, y lo que corresponde es que vaya al archivo, dándose cuenta a la Comisión Permanente, como hemos hecho siempre y como vamos a seguir haciendo. Con prescindencia de que en algún momento se pueda cambiar o modificar el reglamento. Porque, como bien ha señalado el congresista Velásquez Quesquén, hemos debatido cuestiones de fondo en relación a esta calificación, pero mientras tanto debemos ceñirnos a lo que nos dice el Reglamento. Y el artículo 89.°, inciso d) del Reglamento es clarísimo, dice "La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación —calificación— a la Presidencia de la Comisión Permanente —que es lo que se está haciendo ahora—. Esta —la Comisión Permanente— aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación". ¿Qué supone esto? Que eso es para los casos en que la subcomisión hubiera dicho que la denuncia es procedente, nada más. No tiene sentido que si la subcomisión ha señalado que la denuncia es improcedente, vaya a haber un plazo de investigación. Es más, en el inciso c) de este mismo artículo 89.°, en uno de sus párrafos dice: "Las denuncias que son calificadas improcedentes, se remitirán al archivo". Más expreso que eso no hay. Se remiten al archivo. 20

Las denuncias, contario sensu, que reciben una calificación de procedentes son aquellas que son objeto de un plazo de investigación. Gracias, señora congresista Mavila. Estaba en interrupción. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Mavila. Ya se le dio la palabra, congresista Angulo. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Señora Presidenta, en esta resolución hay un grupo de expedientes del 1 al 6, donde hay una determinación de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones por la improcedencia. Sin embargo, hay un adicional —que es un solo punto—, que se refiere a la denuncia hecha por los congresistas Acha, Apaza, el otro Apaza, Carrillo, De la Torre, Urquizo, a un congresista, el congresista Gagó, donde dice que el informe no fue aprobado. Por lo que yo debo deducir que... así dice "asimismo, en la misma sesión, un informe no fue aprobado, dado que fue rechazado por mayoría. Razón por la cual se concluyó recomendar el archivo". Estoy leyendo literalmente lo que dice el documento. Entonces, aparentemente, hubo debate en la Subcomisión de Acusaciones, y por eso el informe —que era originario en otro sentido— se aprobó por mayoría en el sentido controvertido. Es decir, ha habido debate. Entonces, sobre la materia, a mí me parece que por probidad deberíamos, aunque sea en este único caso, Presidenta, dar un plazo debido para conocer a fondo esa argumentativad. De hecho es un caso más o menos público, que debería ser materia de conocimiento —cierto—, a mí me parece en esta comisión. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista Julca. El señor JULCA JARA (PP).— Gracias, Presidenta. Si bien es cierto creo que es claro lo que indica el Reglamento respecto a las denuncias que no son admitidas, que deben pasarlas al archivo. Creo que, en ese sentido, de hecho escuchamos y comentamos que es probable que tal vez haya que preparar o presentar una modificatoria al Reglamento, de tal forma que permita que muchas denuncias que tienen de una u otra manera asideros o evidencias puedan ir a un segundo nivel de investigación. A donde quiero ir, Presidenta, es que hoy día, a nivel de todas y muchas instituciones del Estado hay un cierto tufo de corrupción. No podemos negar ni cerrar los ojos ante problemas de corrupción que han pasado y están pasando en muchas instituciones, que pareciera que las que deben investigar y las que deberían de juzgar no lo están haciendo 21

de manera adecuada. Es algo que no podemos negar y lo tenemos que decir clara y fuertemente, y creo que ahí el Congreso tiene una labor fundamental de fiscalización y control político, que pareciera, señora Presidenta, o digo pareciera, no lo estamos ejerciendo de la manera debida. Tal vez ahí, tal como se comenta, deberíamos cambiar algunos reglamentos, algunos procedimientos, para que permitan que esta función sea expeditiva, evidentemente con los indicios y las evidencias necesarias. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Velásquez Quesquén, si usted lo considera, por favor. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— No quiero pecar de necio, pero quiero decir que el congresista Angulo ha sido muy honesto en decir que en la etapa de calificación de la denuncia no le han dado un plazo para fundamentar su denuncia. Él lo ha dicho: "No me han dado el plazo para fundamentar mi denuncia". A contrario sensu, ¿la Subcomisión podría dar pase a una denuncia que no está fundamentada?, si el reglamento es claro, que tiene que estar fundamentada la denuncia. Entonces, que quede claro, este pronunciamiento, este debate es innecesario, porque si el congresista dice que no ha fundamentado bien su denuncia, él puede volverla a presentar debidamente fundamentada, porque no causa estado. Por eso estamos inmersos en un debate innecesario. Esto siempre ha pasado, esto siempre ha pasado, y el gobierno, este gobierno, ha tenido al frente de esta comisión no a un miembro de la oposición, siempre ha tenido al representante de la bancada y de sus aliados, y ahí ha habido enormes discusiones, pero estamos entrando a temas de fondo y la verdad que como este tipo de dar cuenta de archivos ha pasado en estos cuatro años cientos de esos y no ha habido este debate. ¿Y quién ha presidido la comisión? García Belaunde, la congresista Esther Capuñay, el congresista Falconí, ahora el congresista Luna. Pero, por favor, yo lamento que por temas políticos… Mire, puede haber un sujeto que está procesado por un hecho delictivo, pero si alguien lo denuncia por un tema concreto, nosotros no tenemos que decir: “Ah, porque usted cometió este hecho delictivo, lo voy a investigar por este otro hecho". No es así, hay el principio de la legalidad que inspiran este tipo de procesos. Esta no es una comisión investigadora, este es un procedimiento que termina obligando al Poder Judicial y al Ministerio Público si el Congreso considera que hay infracción a la Constitución o comisión de un delito de función, si considera el Parlamento que hay eso, el fiscal y el juez, de acuerdo a lo que establece el último párrafo del artículo 100.°, están obligados a abrir ese proceso penal. Entonces, esta no es una cosa de bromas. Para eso está la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y, presidenta, yo le pido que no siente ese mal precedente, de que podamos interpretar de una manera distinta a lo que claramente dice el Reglamento. Aquellos que no están de acuerdo, que planteen las modificaciones, pero yo creo que quienes han presidido esta comisión —García Belaunde que inició en este periodo la presidencia— lo han hecho 22

muy bien, han acabado con la carga procesal que había. Imagínese que todas las denuncias que inoficiosamente presentaran al Congreso tendríamos que traerlas acá a fundamentarlas. ¿Y por qué si somos miembros de la comisión no nos alcanzan la Agenda? ¿Por qué no leen los informes? Ya vamos a ver el informe que se ha planteado y vamos a ver los argumentos jurídicos y de hechos para demostrar por qué nos hemos pronunciado en ese sentido. Yo lamento, señora Presidenta, que se dé este debate, pero gracias, congresista Julca, por darme esta interrupción. El señor JULCA JARA (PP).— Presidenta, me solicita una interrupción la congresista Mavila. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Presidenta, yo quiero empezar por algo proactivo. Tengo un punto de vista distinto al del congresista que acaba de hacer un punto de vista. El congresista es eficiente, cuando argumenta se pone categórico para darle fuerza a sus argumentaciones. Yo voy a plantear, presidenta, que las resoluciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se difundan, Presidenta, por los organismos públicos de plena difusión del Congreso de la República, incluida la televisión. No basta, desde mi punto vista, congresista, que esté en la página web. Plantearía que se lean, por ejemplo, en la televisión del Congreso para ver qué tan legitimidad jurídica, política, procesal tiene el contenido de estas resoluciones de la Subcomisión de Acusaciones, porque si son tan fundadas, tan sólidas, evidentemente levantarán la honra de los miembros que han suscrito estas resoluciones con su publicación, las resoluciones del Tribunal de Garantía, de la Corte Suprema, que sientan jurisprudencia, dan honra a sus autores. Porque desde mi punto de vista es hora ya de que el pueblo, la ciudadanía, tenga también la prerrogativa de hacer control ciudadano de la naturaleza de las resoluciones de todas las instancias que existan en el Congreso de la República. De otro lado se dice, "ha habido una práctica con todos los congresistas de alta legitimidad". ¿Qué pasa si de consuno una práctica que ha sido cotidiana en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por congresistas de alta legitimidad, nos está demostrando que podría haber un desencuentro entre las resoluciones de la Comnisión de Acusaciones Constitucionales y la percepción cívica que hay sobre determinados actores, jurídicos, políticos en la vida política nacional? Yo me niego, congresista, me niego y no tengo ningún empacho en quedarme solita a ser en Mesa de Partes pues, en resoluciones que a mi juicio deberían revisarse más, máxime, cuando el Reglamento, conforme lo ha leído bien Angulo, crea un espacio para la posibilidad de revisión, no de todos, Presidenta, pero por lo menos de algunos casos de

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naturaleza emblemática, y cuando de por medio está buena parte, por ejemplo, del Presupuesto de la República, la economía del país en un país pobre. Entonces, el hecho de que personajes de alta jerarquía hayan presidido la comisión y se haya procedido así en un asunto de mero trámite, significa que vamos a ser acríticos y ¿no vamos a ver esta eventual incongruencia que pueda haber? El congresista de Arequipa, que es oficialista, con el que yo no tengo vínculo político, me informó bilateralmente que el debate, por ejemplo, en el caso de un, el último caso que se pretende archivar, fue muy polémico en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que creo que se ganó por uno o dos votos; y siendo así, esta que es una instancia superior que representa al Pleno del Congreso, tiene la prerrogativa de revisar la naturaleza de este debate, yo digo sí, ¿por qué? Porque tenemos responsabilidad política ante el país. Este no es un asunto procesal tinterillezco de mero trámite, este es un asunto de fondo que tiene que ver con si este congreso está optando o no porque sus integrantes representemos nítidamente una política de transparencia, una política honesta que cuestiona pues toda práctica que puede prestarse a interpretaciones equívocas con la ciudadanía. Por eso, Presidenta, mi punto de vista es que en todo caso votemos, votemos y por ejemplo en algunos casos en aplicación del Reglamento en la interpretación Angulo, se puede hacer una revisión de lo que aquí supuestamente para algunos se nos traslada solo como un asunto de mero trámite. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Bueno, me solicita una interrupción el congresista. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Disculpe, congresista Teófilo Gamarra, pero estaba aún en el uso de la palabra el congresista Modesto Julca. Culmine, congresista Julca, porque ya dio las dos interrupciones. El señor JULCA JARA (PP).— Gracias, Presidenta. Presidenta, justamente, en una línea institucional del Congreso creo que tendríamos que revisar una serie de aspectos del Reglamento, en el que permita que muchos indicios de acusaciones que tienen de una u otra manera evidencias deban ser investigados, eso es un tema que esperemos que de la misma subcomisión debería salir una propuesta de cambio de Reglamento, si ellos ven que hay evidencias, indicios que deben investigarse, pero que el Reglamento nos amarra. Entonces, Presidenta, igual, creo que es un llamado de atención a todos nosotros. Pero, Presidenta, no puedo dejar de mencionar que me llama la atención que de los tres informes, de 18 informes, nueve, Presidenta, tienen que ver con dos fiscales que hoy día están investigados por el Consejo de la Magistratura, y uno inclusive suspendido. Me llama la atención, Presidenta, porque para que eso haya sucedido, debe haber algún 24

indicio que hayan tenido estas otras instituciones que también investigan para determinar esas acciones, y el Congreso, digo, pareciera que no hay de una u otra manera, o el Reglamento dicho diplomáticamente no nos permite investigar cuando hay de hecho en la opinión pública en todo el tema de hechos de corrupción, denuncias que involucran a muchos altos magistrados. Entonces pareciera, Presidenta, repito ahí, que tenemos que de una u otra manera plantear, proponer, y espero, mejorar el Reglamento que permita al Congreso, cumplir con sus función de fiscalización ante hechos que son conocidos a nivel no solo nacional, sino ahora internacional. Con eso termino, Presidenta, muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ahora sí, tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Me solicita una interrupción el congresista Martín Rivas. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Rivas. El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Gracias, congresista; gracias, Presidenta. Hay algunas situaciones que, evidentemente, llaman la atención ¿y por qué? Hay que ser bastante claro cuando se habla de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es un órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso, ¿cuál es la función? Calificar. Calificar la admisibilidad de procedencia, pero aquí hay una situación sobre la calificación, ciertamente queridos amigos y queridos colegas. Que tiene que ver principalmente con el aspecto normativo expreso en el reglamento y en la Constitución y también el aspecto político que algunas veces se da y claro que sí, hay inrterpretaciones. Algunos colegas están de acuerdo, otros no; pero la subcomisión es un órgano auxiliar de la Comisión Permanente, por lo tanto, las resoluciones que vienen o los informes que vienen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tienen que ser revisados porque es un órgano auxiliar. Pero acá hay otra situación que revisando me llama poderosamente la atención. Y claro que habría que ver y voy a emitir mi opinión. Referente al proceso que tiene que, justamente, con estos magistrados Gerardo Eto, Carlos Mesía, Ricardo Beaumont Callirgos. Fíjense ustedes en el Informe 149, en la Denuncia 149 que, evidentemente, se genera el archivo acá. Aquí en la sentencia que estos señores emitieron referente a un proceso que se seguía con el exalcalde Roberto Torres Gonzales hablaban sobre la debida motivación y decían que por falta de motivación declaraban fundada la demanda que había presentado el señor Torres y lo repusieron evidentemente en el cargo. Y en este caso que se trata sobre hechos coincidentes, también habla de la debida motivación. Yo creo, Presidenta, que hay algunos casos que deben tomarse en cuenta. 25

Este señor Gonzales está preso, ha reconocido que ha hurtado las arcas del municipio de Chiclayo y se habla de aproximadamente 60, 70 u 80 millones no estamos seguros y hay una resolución donde habla que a falta de motivación declara nulo la sentencia. Y acá en el Informe n.° 149 que están emitiendo también se habla sobre situaciones similares de motivación. Yo creo que debemos, Presidenta, dar cuenta caso por caso a fin de emitir el voto correspondiente a fin de que se vea mejor esta situación. Lo que ha ocurrido acá es una afectación a una ciudad que permitió que un alto funcionario después en base a esta resolución sea repuesto y siga cometiendo hechos delictivos. Así que es necesario poner el ojo y observar estas resoluciones para que estos hechos no puedan volver a ocurrir. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Teófilo Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Muchas gracias, Presidenta. Antes de dar la interrupción al congresista José León, quiero señalar que la Comisión Permanente como ya alguna congresista mencionó, no tiene por qué ser una mesa de partes en donde solo lleguen los informes de calificación de la subcomisión de acusaciones y este en su momento deba de aprobar. En efecto, si bien eso señala el reglamento a cuya letra dice lo siguiente: "La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Esta aprobará sobre la base del informe de calificación", ¿qué quiere decir? Que el informe de calificación tiene que estar debidamente motivado, debidamente sustentado, jurídicamente analizado, pero qué pasaría en el eventual caso que esta Comisión Permanente note que ese informe adolece de los elementos necesarios, de la motivación, la justificación, el sustento legal ¿esta comisión aprobaría el informe? O lo que tendría que hacer esta comisión sin generarse una competencia, es devolver a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a efectos de que la comisión pueda evaluar nuevamente y trabajar nuevamente el informe correspondiente. No es que esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en su momento va a sustituir a la Comisión de Acusaciones Constitucionales o va a optar por una competencia que no le corresponde, simplemente el caso de que exista un desacuerdo, una controversia, que el informe no esté debidamente sustentado, no esté motivado, no esté justificado, esta Comisión Permanente tiene la potestad de devolver el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que lo vuelva a discutir. Es más, creo que en alguna anterior oportunidad, si mal no recuerdo, ya ha habido un caso en donde la Comisión Permanente ha devuelto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que reformule. Cómo no, congresista Javier Velásquez.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidenta, el congresista Teófilo Gamarra creo que está incurriendo involuntariamente en un error, Miren, ese precedente del que habla es de una denuncia constitucional que la comisión consideró que era procedente, vino, pidió un plazo, luego que investigamos en la subcomisión consideramos que ni había comisión del delito de función. Entonces acá hubo ese debate y la mayoría dijo no, consideramos que sí hay, y reformule. Aquí estamos en una etapa inicial de calificación, porque este precedente -estoy sacando la estadística-, hemos mandado al archivo en estos 4 años de su gobierno aproximadamente 452 calificaciones, ¿se imaginaría usted que nos hubiéramos dedicado a evaluar las calificaciones? No nos hemos pronunciado sobre el fondo. ¿Qué pasa por ejemplo, congresista Teófilo Gamarra, si un congresista es denunciado porque le debe planta antes de ser congresista a una persona? Tenemos que rechazar por improcedente esa acusación, porque aquí tenemos que venir a decir sabes qué, sin pronunciarnos sobre el fondo, va a decir: "No, vuélvalo a estudiar", es inoficioso. Esta es la primera etapa, estamos en la etapa de calificación. Nunca antes ha habido el precedente de que en la comisión Permanente se diga ¿sabes qué, no estoy de acuerdo con el archivo" al momento de calificar, "vuélvelo a hacer de nuevo". Eso no es posible, eso puede ser posible cuando ya hay una investigación, ahí sí la segunda instancia puede revocar lo de la primera instancia. Pero lo fundamental, estos son procedimientos que están impregnados del debido proceso, estamos en etapas preclutorias, terrible sería que ahora nos digan -con el res´peto que me merecen- "¿sabes qué?, has calificado mal, vuelve a calificar". No es posible, es como un denunciante que no presenta su DNI al poner la denuncia, declaramos inadmisible, le damos el plazo, no presenta el DNI, y nosotros lo mandamos acá informando por el archivo, y usted dice "No, señor, vuelva a la comisión para que le vuelva a pedir el DNI al denunciante". Estamos en la etapa liminar, no agotemos este tiempo valioso para aprobar otras iniciativas en estos temas. No lo carguemos políticamente, porque estos son procedimientos que deben estar, vuelvo a decir, garantizados con el debido proceso. Gracias, congresista Teófilo Gamarra. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Gamarra Saldívar El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Muchas gracias.

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En este tema no estamos revisando el tema de fondo, eso está totalmente claro. Estamos revisando la calificación de la denuncia, y en la calificación de la denuncia tenemos la admisibilidad o la procedencia de a denuncia. La admisibilidad está relacionada a los requisitos de forma, y en el caso de la procedencia estamos revisando si la denuncia guarda relación a un elemento jurídico, y si esta denuncia tiene un elemento jurídico-legal. Y si en algún momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señala que la denuncia es improcedente, quiere decir que esa denuncia no tiene un sustento jurídico. ¿Ý qué pasaría, en el eventual supuesto que el informe no tenga el sustento y la motivación jurídica que debe recaer en un informe que debe ser declarado improcedente?, ¿cómo reaccionaría la Comisión Permanente, dejaría pasar esta situación? Ese es el caso en el que nosotros nos estamos poniendo, en este caso la Comisión Permanente no pretende constituirse en una Comisión de Acusaciones constitucionales sino por el contrario, hacer el control correspondiente y, de ser el caso, devolver. Esta comisión no va a optar por asumir una posición respecto al fondo o no, simplemente devolverá el caso a efectos de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda verificar si existe la ausencia de algún elemento para determinar la inadmisibilidad o la procedencia o improcedencia solo en el análisis de admisibilidad o procedencia de la denuncia. Simplemente eso. Con eso no estamos pronunciándonos sobre el fondo del asunto. Ese es el criterio que quería dejar sentado. Y, definitivamente, la norma, el reglamento, tal como está redactado, no prohíbe que en algún momento la Comisión Permanente pueda devolver una acusación a la Subcomisión de Acusaciones... Me solicita una interrupción el congresista Josué Gutiérrez. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Muchas gracias, doctor Gamarra. Presidenta, toda actuación en vía administrativa tiene que estar arreglada a ley. Y la ley General de Procedimiento Administrativo, la 27444, habla respecto a las causales de nulidad respecto a la calificación errónea que en vía procidemental pueda darse. Por ejemplo, Presidenta, ¿qué es lo que ocurre en el caso materia de discusión? La secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene una labor que está circunscrita a la interpretación y a la calificación de todas las denuncias. Ese es un tema de calificación real, ceñido a la documentación existente en un expediente. Pero, ¿qué ocurre? Si esta calificación es revisada ya por el colegiado, quienes tienen derecho a votar, y reconocen que la calificación está adecuada al derecho, votan a favor, y no hay nada que hacer, porque entonces hay un reconocimiento a que la secretaría 28

técnica, su equipo de profesionales, que son los que están en la calificación profesional para poder hacer una evaluación de este expediente. Pero, ¿qué ocurre cuando es la inversa? Cuando la secretaría técnica, cuando todos los participantes en esa evaluación, determinan, por ejemplo, que sí es procedente, porque de la revisión del expediente cuenta con todos recaudos y requisitos para merituar la investigación, porque no estamos hablando todavía de acusación, solamente del estadío de la investigación; o sea que pase de la calificación a la investigación. En esa etapa la pregunta es, ¿qué sanción existe para los parlamentarios? Existe prevaricato, existe algo, si es que erróneamente, por ejemplo, cambian esa decisión que secretaría técnica, con los fundamentos, ha hecho para que se formule, por ejemplo, una investigación, o sea, se da paso a la investigación porque existen los elementos constitutivos para la misma. ¿Qué ocurre, Presidenta, si es que eso ha sido cambiado, ha sido modificado a instancia de una votación, por ejemplo? Entonces, yo parto de los principios que regula la Constitución respecto a la pluralidad de instancias. Siempre hay pluralidad de instancia en vía administrativa, hay pluralidad de instancia en vía judicial, hay pluralidad de instancia en todos los órganos que regulan este comportamiento; y no puede ser que en tema de calificación en materia parlamentaria no exista pluralidad de instancia. O sea, a lo que dice la Subcomisión ya esto no puede ser revisado. Yo entiendo, Presidenta, que el Reglamento es claro, y sí, en efecto, hay una interpretación literal de lo que dice, y esto no se va a votar, no lo vamos a votar acá. O sea, la Presidenta ya dio cuenta y corre su camino, para adelante, porque así dice el Reglamento, y vamos a ser respetuosos del mismo. Pero, creo que ya la advertencia está dada con relación, Presidenta, con relación a que este artículo del Reglamento, el inciso d) necesariamente tendría que ser discutido mas adelante para ver de que manera podría convertirse la Comisión Permanente en un ente revisor de lo que es la calificación inicial que pueda tener la Subcomisión. Hoy no podemos hacerlo, eso sí está claro, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, hoy no podemos hacerlo porque el Reglamento en esa parte es clara; ni siquiera a votación se lleva, simplemente se da cuenta y sigue su camino... El congresista Velásquez, me ha pedido una interrupción, Presidenta, si fuera tan amable... ah no, perdóneme, perdóneme, discúlpeme, gracias congresista Gamarra. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ya dio tres interrupción, congresista. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— El congresista Velásquez, si usted lo permite. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Una cuestión de orden, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Que culmine el congresista Teófilo Gamarra y le doy la palabra.

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Congresista Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Ya, muchas gracias. Bueno, simplemente Presidenta, en cuanto al hecho que la Comisión Permanente de recibir una calificación de denuncia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en el eventual supuesto de que el informe no contenga la suficiente motivación, de hecho habría que devolver el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; no creo que la comisión incluso atendiendo los yerros que pueda existir en un informe apruebe sin observar o sin verificar la existencia de algunos elementos jurídicos, entonces ese es el hecho. Eso, Presidenta, no está contemplado de manera específica en el Reglamento, y al no estar contemplado tampoco está prohibido, de modo que la Comisión Permanente en cualquier momento, dentro de su facultad y sin usurpar la competencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puede devolver el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el momento que considere; a efecto que la comisión pueda volver a revisar el tema y subsanar los errores en los que podría haber incurrido. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista Velásquez Quesquén, antes del congresista Díaz Dios. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidenta, yo lamento este debate inoficioso, algunos parlamentarios están hablando de que algunos parlamentarios habrían cometido prevaricato, ¿saben por qué prevaricato?, que lean el artículo 93°, los parlamentarios no somos responsables por los votos y opiniones que emitimos en el ejercicio de la función. Segundo, uno de los informes que está cuestionando el congresista Teófilo Gamarra, él en la Subcomisión ha votado a favor del archivamiento, entonces por favor, el ha votado en varios de los informes que están puestos para archivo y ahora está pidiendo que regresen para que el cambie su opinión, yo no lo voy a cambiar. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista Díaz Dios, último orador. El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, señora Presidenta, voy a dar las interrupciones, pero me permiten iniciar primero, si fueran tan amables. En primer lugar, complementar lo que dijo el congresista Velásquez Quesquén, la verdad que es inaudito escuchar a un congresista de la República decir, que aquellos congresistas que no siguen lo que dice la Secretaría Técnica estaríamos acusados de prevaricato.

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Señora Presidenta, quienes firman los informes son los congresistas, quienes aprobamos los dictámenes son los congresistas, no la Secretaría Técnica, eso ya francamente estamos yendo al extremo de lo inadmisible, en todo caso que se sienten los asesores acá y nosotros nos vamos, así de simple. Yo pediría, señora Presidenta, que se pronuncie en todo caso el Oficial Mayor, no podemos seguir perdiendo tantas horas de debate cuando los propios congresistas que están en contra ahora de lo que ha hecho la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, reconocen que el Reglamento es claro, y que en todo caso se tendría que cambiar el Reglamento. Entonces, qué hacemos debatiendo algo que ellos mismos están reconociendo va en contra del Reglamento, señora Presidenta, esto se lo planteo ya como una cuestión de orden. Por otro lado, se hablaba temas de transferencia, están publicados en la página web del Congreso, o sea, pedir que se lea las resoluciones ya también me parece un exceso, señora Presidenta, que con todo respeto, creo que usted que dirige el debate debe poner ya fin a este tema. Otro tema, señora Presidenta, el señor Angulo está pidiéndome constantemente interrupciones, pero el es uno de los denunciantes, no puede ser juez y parte prácticamente, el debería inhibirse de participar en este debate, que además entiendo no forma parte de la Comisión Permanente. Es mas, el caso que el está denunciando quiere que se le abra una investigación contra el ex Fiscal de la Nación, Peláez, porque no denunció en su momento al expremier de este gobierno, el exministro Enrique Javier Cornejo Ramírez. Entonces, si fuéramos por un tema político le tendríamos que dar la razón y no es verdad, pues, señora Presidenta. Tenemos que ser objetivos y hacer respetar el reglamento. Las etapas, y con esto acabo, y vamos a dar las interrupciones, en este caso de la subcomisión y que pasan luego a la Comisión Permanente, son preclusivas. Si el señor Angulo o cualquier otro no fundamentó bien su denuncia, al punto que fue declarada improcedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, nosotros no estamos habilitados por reglamento para que regrese a la subcomisión. Eso es absurdo. Y más que absurdo, es antirreglamentario, y como el reglamento tiene rango de ley sería ilegal y ahí sí que los congresistas estaríamos incurriendo en algún tipo de delito por ir en contra del Reglamento del Congreso. Entonces, yo le pediría que usted como presidenta del Congreso se asesore con el Oficial Mayor y no sigamos en un debate estéril, en un debate innecesario, en un debate que no nos va a llevar a ningún resultado diferente, que no sea seguir lo que dice el reglamento de manera literal. La primera interrupción, señora Presidenta, me la había pedido el congresista León. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— A ver, congresista, esto es un debate. 31

Por excepción, congresista Teófilo Gamarra. Un momentito. Por alusión, congresista Teófilo Gamarra, inicie usted la interrupción. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Gracias, señora Presidenta. No, anteriormente me aludió el congresista Velásquez Quesquén y yo había pedido y usted ya estaba haciendo uso de la palabra. Por favor, si me permite. Muchas gracias. Señora Presidenta, primero que cuando discutimos la aplicación del inciso d), del artículo 89, estamos discutiendo la correcta aplicación. No nos estamos refiriendo... La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Gamarra, ya tenemos dos horas debatiendo el mismo tema y yo estoy viendo que están aprovechando las alusiones como una participación más. Por favor, indique la alusión, quién le ha aludido y cuál es la alusión, congresista. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señora Presidenta, se me aludió en el sentido que yo ya había votado anteriormente estos informes que son materia de sustento en la Comisión Permanente y yo lo que estoy señalando es que en este caso en la Comisión Permanente estamos discutiendo la correcta aplicación del inciso d) del artículo 89, por un lado. Y, por otro lado, que no se sorprenda, señora Presidenta, que en este tema, cuando se da cuenta el informe a la Comisión Permanente, no es una etapa precluida, precluye recién cuando la Comisión Permanente apruebe... La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Una alusión, congresista. ¿Cuál es la alusión? A ver, están produciendo uso de alusiones y haciendo también sus informes respecto al Reglamento. La primera interrupción y última el congresista Juan Díaz Dios. Ya culminó. Congresista León. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Muchas gracias. El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— No, pero por alusión, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— No le he dado la palabra, congresista Angulo. Está haciendo uso de la interrupción el congresista León.

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El señor LEÓN RIVERA (PP).— Muchas gracias, señora Presidenta. Yo tengo que hacer un comentario que sería una especie de alerta, señora Presidenta, colegas congresistas, a que en este Congreso, donde se hacen las leyes, donde se aprueban las leyes, deberíamos ser los primeros en saber respetar las leyes y los reglamentos. Y cuando se ha actuado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la forma como se ha estado actuando, se está actuando en estricto cumplimiento a un reglamento. Si venimos acá a debatir y poner en tela de juicio el reglamento, entonces, para otra vez será, hay que proponer modificar el reglamento, pero en las actuales circunstancias, señora Presidenta, yo creo que esto podría ser el inicio de entrar a un terreno de las absolutas arbitrariedades. Yo soy parte de esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y aquí he escuchado a muchas personas, ilustres letrados, que están pidiendo que se revise algo que en las actuales circunstancias no puede ser así. Por el contrario, podría ser que tengan razón en cuanto a la necesidad de dar muestras claras en contra de la corrupción, en eso no estamos en desacuerdo, en eso estamos de acuerdo absoluto, pero de ninguna manera podemos sentar un precedente de las arbitrariedades bajo esa bandera de levantar una lucha contra la corrupción. Porque, sino, romperíamos la seguridad jurídica del país y, particularmente, de este Congreso que tiene la responsabilidad de cuidar. En este caso, yo voy a coincidir con quienes muchas veces discrepamos abiertamente, acaloradamente. En este caso, señor Presidenta, aquí no se puede estar revisando esta resolución, porque tendríamos que volver a revisar 450 y tantas que ya se mandaron, igualmente, en esa condición al archivo. Está claro el Reglamento y, por lo tanto, yo creo que estamos, señora Presidenta, entrando en un terreno en el que ni siquiera, en esas condiciones, se puede debatir. Hay que pasar, por favor, a las cosas de aplicación del Reglamento y dar por terminado este debate. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Díaz Dios. El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Señora Presidenta, me pide la segunda interrupción la congresista Martha Chávez. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda y última interrupción es para la congresista Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Díaz Dios. Solamente para que quede muy claro, sobre todo por lo que la ciudadanía considera.

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En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no es que nos den una relación y simplemente mandamos todo, debatimos, y hay informes de calificación —esto para que se conozca—, porque da la impresión, por la intervención de algunos congresistas, como que no se debate y se ven todos los criterios que de acuerdo al artículo 89.° y 88.° del Reglamento del Congreso se deben aplicar. Es decir, hay un trabajo técnico de un grupo de asesores de la Subcomisión. Nosotros, los integrantes de la subcomisión, debatimos y tomamos decisión. Que no se crea que es un listado y simplemente como si fuera a la suerte; no, se debate y calificamos si es procedente o si no es procedente. Y hay un debate. Entonces, que no se dé la impresión como que pasamos las cosas así por agua tibia. Lo que estamos defendiendo es que en esta Comisión Permanente lo único que hay que dar es cuenta de los acuerdos por la improcedencia o por la inadmisibilidad. Y eso significa simplemente dar cuenta de que esas denuncias pasan al archivo, y que cuando el informe de calificación de la subcomisión es por la procedencia, recién esta Comisión Permanente lo que tiene que hacer es fijar el plazo para que se investigue y continúe, entonces, el proceso de denuncia constitucional. Gracias, congresista Díaz. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Díaz Dios. El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Acabo muy breve, señora Presidenta. Yo no he hecho el uso de la palabra como otros parlamentarios antes, por eso es que he preferido dar las interrupciones a quien yo considero pertinentes. Culmino con esto, señora Presidenta, en realidad como una cuestión de orden se lo planteo. El Reglamento es claro, lo que se tiene que hacer simplemente es dar cuenta de los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaran improcedente o inadmisible, y mandar al Archivo. Todo este debate —con todo respeto— ha sido estéril e inútil, porque los propios congresistas que están en contra argumentan que sí, pues, habría que cambiarse el Reglamento. Siendo así, señora Presidenta, que cambien el Reglamento primero y, después, podremos ir de la forma que ellos consideren conveniente. No es verdad que los informes han sido reservados o secretos. Todos los debates de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han sido televisados con presencia de medios de comunicación, se ha debatido punto por punto. Y no solo eso, porque si, de repente, estuvieron distraídos y no los vieron, pueden leer los informes, y en los informes están los argumentos que tanto están pidiendo. Y, además, insisto, después de todo eso, los informes han sido publicados en el Portal de Transparencia. ¿Qué más, señora Presidenta? Siendo así, —ya con esto culmino— como una cuestión de orden, señora Presidenta, que se asesore con el oficial mayor que este tema pase ya simplemente como una dación de 34

cuenta y pasemos al siguiente punto en agenda, que nos interesa tocar temas importantes que tiene agendada la Comisión Permanente para el día de hoy. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— No hay más oradores. Un momentito, congresista Mavila, usted ha sido la segunda en intervenir. Ya intervino usted, congresista. Usted ha intervenido, usted ya ha hecho el uso de la palabra, usted ha hecho el uso de interrupciones, usted es la segunda oradora que tengo aquí apuntada que ha intervenido. Han intervenido cerca de 15 congresistas. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Se están expresando... La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Roberto Angulo, sea breve y señale cuál es la alusión, congresista. No es una intervención, es una alusión. Le voy a dar, por excepción, la palabra. El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— De acuerdo. Gracias, señora Presidenta. Primero, decirle que estamos de acuerdo, hay que respetar los reglamentos. Estamos de acuerdo con lo que dice el señor Velásquez Quesquén y el señor José León. Yo pregunto: ¿han respetado los reglamentos? La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— ¿Cuál es la alusión, congresista? ¿Cuál es la alusión y quién le ha hecho la alusión, congresista? ¿Cuál ha sido la alusión? Se entiende por alusión algún insulto, alguna ofensa a su persona. ¿Cuál es la alusión? El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, señora Presidenta. Ha dicho y se dice: "La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de la denuncia se realizará en un plazo máximo de diez días hábiles". ¿Se ha hecho esto? No se ha cumplido. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista, pensar diferente o tener una postura diferente al Reglamento, o una interpretación, no es alusión. Antes de darle la palabra, he sido bien clara, congresista. Por lo tanto, usted no está explicando ninguna alusión. Congresista Mavila, a pesar de que ya le hemos dado la palabra y ha hecho sus interrupciones, le vamos a dar un minuto por excepción para culminar este debate. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, yo no me considero aludida a aseveraciones que refieren que no hemos leído, que no estamos informados, que desconocemos el procedimiento y similares, porque a mi juicio no van al fondo del asunto. El fondo del asunto, presidenta, es si tenemos un 35

reglamento adecuado que estamos aplicando. Y tiene que ver, presidenta, con un reglamento en que no hay doble instancia, donde existiendo un informe en un sentido ante la Subcomisión de Acusaciones, la Subcomisión aprueba un informe a contrario sensu a lo que expone el informe técnico, en un escenario en que no hay doble instancia, en un escenario en que hay dos interpretaciones sobre el contenido del Reglamento. Yo solo quiero dejar constancia de eso. Y de otra parte decir que, de acuerdo a Muñoz Conde o a Queralt Jimenes, prevaricato, señora Presidenta, es una interpretación grosera del contenido de la ley, grosera e intencionada del contenido de la ley. Y sigo apelando a políticas anticorrupción. ¿Es correcto que con una argumentatividad exclusivamente procesal se pase al Archivo casos que tienen profunda deslegitimidad en la sociedad peruana? Nosotros decimos no. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, señores congresistas. Hemos escuchado ampliamente casi a la mayoría de todos los integrantes de la Comisión Permanente, que también son titulares de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hemos escuchado también al mismo congresista Luna, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por lo tanto, de conformidad con el inciso c) del artículo 89.° del Reglamento del Congreso de la República, pasan al archivo los informes de calificación leídos en cumplimiento del Reglamento del Congreso. SUMILLA La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Siguiente punto. Se va a dar lectura a la sumilla de la Denuncia Constitucional 211. El RELATOR da lectura: Denuncia Constitucional 211, formulada por los congresista Walter Acha Romaní, Emiliano Apaza Condori, Justiniano Rómulo Apaza Ordóñez, Hugo Carrillo Cavero, Hernán de la Torre Dueñas y José Antonio Urquizo Maggia, contra el congresista de la República Julio César Gagó Pérez, por la supuesta infracción de los artículos 92.° y 102.°, inciso 2), de la Constitución Política del Perú. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— En atención al oficio cursado por el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con el que se comunica el rechazo del informe de calificación que proponía la procedencia, que pase al archivo la Denuncia Constitucional 211, de conformidad con el inciso c) del artículo 89.° del Reglamento del Congreso de la República. Para darles informe, congresistas, el presidente de la Subcomisión presentó un informe para abrir investigación al congresista Julio Gagó, los integrantes de la Subcomisión

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votaron en contra de ese informe, y ese informe y esa votación ha pasado aquí, a la Comisión Permanente. Se ofrece la palabra. Puede intervenir el congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Gracias, señora Presidenta. Este es un caso distinto a los casos que hemos venido discutiendo antes, porque en este caso el informe de calificación se elaboró por la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señalando que sí habían elementos para iniciar investigación. Es decir, se trabajó de acuerdo al Reglamento un informe que indicaba la procedencia de la denuncia constitucional; sin embargo, por votos fue rechazado. No estamos hablando de un informe que no reunió todos los requisitos planteados en el artículo 89.° del Reglamento; no estamos hablando de un informe que no tenía elementos suficientes. Estamos hablando de un informe que la misma subcomisión a través de su secretaría señaló que sí existían motivos para iniciar una investigación; motivos, además, públicos que los hemos discutido aquí cuando se vio la sanción del congresista Gagó, y que los hemos visto en todos los medios de comunicación; entonces, es un caso diferente. Eso quería dejarlo aquí planteado, y ojalá hubiera capacidad de reconsiderar para que la subcomisión pueda volver a ver este informe y pueda votar de acuerdo a lo planteado por la presidencia de la subcomisión. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Vamos a darle la palabra al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista José Luna. El señor LUNA GÁLVEZ (SN).— Presidenta, en la subcomisión se debate todos los temas profundamente y arduamente, y una vez debatido el que obtiene la votación de la mayoría, eso se trae a la Comisión Permanente, y eso se debe respetar, porque eso dice la norma. En mi caso, como Presidente, nosotros tenemos que decir que eso fue rechazado, eso no va, por eso es que hemos enviado el documento indicando que no es procedente. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista Martha Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Sí, Presidenta. En verdad este tema está previsto como parte del punto uno de la agenda, solo — entiendo— por la consideración de que habiendo habido un informe de calificación favorable, sin embargo, luego del debate en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de octubre, del 21 de octubre de 2014, teniendo en cuenta que luego de presentada la denuncia, la Fiscalía de la Nación había hecho una investigación sobre el caso concreto, y se había negado o había decidido la Fiscalía de la Nación formular

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denuncia penal por haber encontrado que no habían los elementos suficientes para formalizar denuncia penal. Entonces, esa es la gran diferencia, no es que se trata de que hemos entrado, como el señor congresista Tejada dice "hemos debatido aquí, que no hay elementos", no. Lo que hemos tomado como consideración es precisamente la decisión de la más alta autoridad del Ministerio Público que decidió no formalizar denuncia al haber analizado ellos como especialistas y encargados de la persecución del delito, consideraron que no habían los indicios necesarios para formalizar denuncia. En ese contexto es que nosotros consideramos que no cabe la procedencia de esta denuncia constitucional que por lo demás podría ser, tal como se ha dicho ya, podría ser reformulada, podría ser vuelta a presentar, si mañana se presentaran otros indicios razonables hasta el Ministerio Público o nosotros mismos podríamos los congresistas podrían decidir presentar una denuncia constitucional nuevamente. Entonces, señora Presidenta, de eso se trata, de que hemos calificado que no es procedente. Y se ha puesto aquí —entiendo— solamente, porque el informe de calificación que preparó la Secretaría Técnica de la Subcomisión, era favorable a que continúe el trámite de la investigación, y por mayoría se decidió que no era correspondiente. Me ha pedido una interrupción el señor congresista Díaz Dios, si usted lo permite, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Díaz Dios. El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Sí, gracias, señora congresista Martha Chávez; gracias, Presidenta. En efecto, básicamente informar a quienes no forman parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en primer lugar reiteramos, lo que diga la Secretaría Técnica no es vinculante, son los congresistas los que decidimos en este tipo de temas en el Congreso de la República. En segundo lugar, si los congresistas por mayoría archivamos este caso fue porque precisamente el informe proyectado o el borrador de informe proyectado por la Secretaría Técnica basaba sus argumentos básicamente en una investigación que había sido abierta por el fiscal de la nación; sin embargo, al momento que entró a debate este tema en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya el fiscal de la nación había archivado el caso. Por lo tanto, si el principal argumento para investigar era que estaba, supuestamente, en proceso de investigación en el Ministerio Público, pero al momento del debate eso ya había sido archivado, es que por mayoría decidimos también archivar el caso. Eso es el tema para los que no estuvieron presentes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pese a que fue televisado, pese a que eso está debidamente motivado en la resolución de archivo.

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Por lo demás, señora Presidenta, a igual razón igual derecho. Estamos en el mismo supuesto que nos ha demorado dos horas de debate hace un momento, entonces, lo que se debería hacer y se lo planteo nuevamente como cuestión de orden, señora Presidenta, es simplemente dar cuenta y pasar al archivo. No hay diferencia, porque la secretaría técnica haya dicho una cosa y los congresistas decidimos otra. Repito, la secretaría técnica no es vinculante. Somos los congresistas, es el mismo supuesto, es idéntico caso a los que nos ha demorado dos horas de debate previamente. Le pido a usted no abra un debate para llegar a la misma conclusión que se dé cuenta y se pase al archivo de acuerdo a lo que dice el reglamento del Congreso. Gracias, señora congresista Martha Chávez; gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Martha Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Sí, Presidenta, me pide una segunda interrupción el señor congresista Aguinaga. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Martha Chávez. Presidenta, estamos dos horas y media debatiendo lo que viene a ser los deseos de determinados congresistas. Estamos anteponiendo los deseos a una realidad y la realidad es que el reglamento es explícito y claro en estas situaciones. Y en este caso que nos concierne el titular de la acción penal que es el Fiscal de la Nación no meritúa situaciones que lleven a un proceso penal, lleva a un archivamiento, entonces, no veo por qué tenemos que estar insistiendo en algo que está más allá de nuestras funciones y de la independencia de poderes. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Martha Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, Presidenta. Creo que es básico que no podemos dejar que la agenda de los otros temas que son proyectos de ley, dictámenes que están en la agenda del día de hoy queden postergados por este volver y volver a querer aquí ganar lo que no se ganó en el interior de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señora Presidenta, como bien ha dicho el congresista Díaz Dios la denuncia constitucional planteada contra el congresista Gagó se fundamentó exclusivamente y fundamentalmente en el hecho que se le había abierto una investigación en el Ministerio 39

Público. Pues bien, al momento que nosotros estábamos definiendo el tema de la procedencia o no de la denuncia constitucional, ya la Fiscalía de la Nación había determinado que no habían elementos suficientes. Entonces, de conformidad con ellos, señora Presidenta, tomamos una decisión por mayoría y, entonces, corresponde que aquí se dé cuenta exclusivamente de ello y se proceda al archivo. Entonces, pido, señora Presidenta, como una cuestión de orden que pasemos a definir esto de una vez a dar porque hemos tomado nota o hemos tomado cuenta de estas decisiones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y pasemos, entonces, al resto de orden del día de esta Comisión Permanente. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Último orador, congresista Velásquez Quesquén. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Le concedo una interrupción al congresista Tejada. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Muchas gracias. Solamente quiero aclarar que la Comisión de Ética sanciona al congresista Gagó o propone la sanción que después se hace efectiva aquí en el Pleno y la Denuncia Constitucional se presenta por falsedad genérica. La investigación al Ministerio Público fue por peculado y malversación, entiendo quizás también por negociación incompatible, eso fue lo que se archivó no lo de falsedad genérica, entonces, no es el mismo tema. Solamente quería dejarlo claro. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidenta, yo primero diré, ¿yo no sé por qué? Este tema hemos tenido que separarlo de los primeros temas. De cuándo acá un informe propuesto por secretaría técnica es vinculante, sino no hubiéramos hecho un debate, pero quiero decir lo siguiente. Hay algo que no se ha dicho y lo voy a decir para que quede registrado. La denuncia presentada por congresistas nacionalistas fue presentada el 10 de abril del año 2014. ¿Cuándo se pronunció el Ministerio Público? El 15 de setiembre, varios meses después. No es verdad que eran por hechos diferentes, eran por los mismos hechos. Tanto es así que cuando dimos el argumento que si ya el Ministerio Público se había pronunciado, los congresistas proponentes, acá está presente uno de ellos y acá tengo la transcripción, dijeron, hay que postergarlo una semana para estudiarlo mejor. 40

¿Cómo que aquel que había denunciado pedía una semana para estudiarlo mejor? Entonces se decidió votar, porque no habían argumentos, o sea la denuncia que se había hecho en la subcomisión era muchos meses anteriores al pronunciamiento del Ministerio Público. Pero si esto fuera así, además algunos dirán han surgido nuevos elementos a través de un reportaje periodístico, que hagan su denuncia, pues, por los nuevos hechos. Pero en este tema ha habido un pronunciamiento y de ninguna manera una propuesta de una comisión técnica puede enervar una decisión tomada por el colegiado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De tal manera que hay que orientar para que no se vuelva a separar en el futuro de que aquellas propuestas técnicas que hace la secretaría que vayan en sentido diferente al pronunciamiento de la subcomisión deban tener un tratamiento diferenciado. De tal manera que de esto tiene que dar cuenta y quiero que pasemos a los temas de la Agenda que están pendientes, gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— No habiendo más oradores, en atención al oficio cursado por el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el que se comunica el rechazo del informe de calificación que proponía la procedencia, pase al archivo la Denuncia Constitucional N.° 211, de conformidad con el inciso c) del artículo 89.° del Reglamento del Congreso de la República. SUMILLA La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a dar lectura a la conclusión del Informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la Denuncia Constitucional N.° 54, presentada contra el excongresista Álvaro Gutiérrez Cueva. El RELATOR da lectura: Informe final sobre la Denuncia Constitucional N.° 54 Conclusión: Por los fundamentos expuestos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 89.° inciso d), numeral 6) se propone archivar la Denuncia Constitucional N.° 54 contra el exparlamentario Álvaro Gutiérrez Cueva. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se recuerda a los congresistas que en la sesión de la Comisión Permanente del 16 de abril de 2013 se puso en debate el informe final, y al efectuarse la votación nominal se pronunciaron a favor 5 congresistas, 2 en contra y 7 abstenciones. En consecuencia, al haberse obtenido un mayor número de abstenciones, se postergó la votación.

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Tiene la palabra el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista José Luna Gálvez. El señor LUNA GÁLVEZ (SN).— ¿Presidenta, puede pedir exoneración del Acta?, no nos vayamos a quedar sin quórum de todo lo tratado. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— En su momento, congresista, continúe. El señor LUNA GÁLVEZ (SN).— Presidenta, en este caso el informe final está proponiendo el archivo de la denuncia. Ha sido debatido ya, no hubo mayoría, lo que tendría es que ponerlo a votación. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se ofrece la palabra, congresistas. No habiendo solicitado ningún parlamentario la palabra, se va a votar nuevamente el Informe final que propone archivar la Denuncia Constitucional N.° 54 contra el exparlamentario Álvaro Gutiérrez Cueva. Votación nominal, señor Relator. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 12 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el archivamiento de la denuncia constitucional 54. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de la Denuncia Constitucional 54. "Votación nominal de la denuncia constitucional 54 Señores congresistas que votaron a favor: Lewis Del Alcázar, Capuñay Quispe, Díaz Dios, Merino Ortiz, Aguinaga Recuenco, Espinoza Rosales, León Rivera, Velásquez Quesquén, Luna Gálvez, Chávez Cossío, Spadaro Philipps y Neyra Olaychea. Señores congresistas que votaron en contra: Gutiérrez Cóndor, Gamarra Saldívar, Isla Rojas, Tejada Galindo, Cárdenas Cerrón y Rivas Teixeira. Señores congresistas que se abstuvieron: Iberico Núñez, Portugal Catacora y Alcorta Suero. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— De conformidad con el inciso f) del artículo 89.° del Reglamento del Congreso, el expediente se remite al archivo. SUMILLA La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Siguiente punto. 42

Relator, dé lectura. El RELATOR da lectura: Informe final sobre la Denuncia Constitucional 43 Denuncia presentado por el señor Rafael Roselló de la Puente en representación de la empresa Arancia Corn Products Inc., contra los señores José Antonio Silva Vallejo, Walter Vásquez Bejarano, Elcira Vásquez Cortez, Jorge Carrión Lugo, Mario Otto Torres Carrasco, José Infantes Vargas, José Cáceres Ballón, Óscar Javier Lazarte Huaco, Mártin Santos Peña, Jorge Carrillo Hernández y Victoriano Quintanilla Quispe, exmagistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la supuesta infracción constitucional y violación del principio de cosa juzgada, prevista en los incisos 2) y 13) del artículo 139.° de la Constitución Política del Perú; así como por la presunta comisión de los delitos previstos en el Capítulo II del Título XII del Código Penal, delitos cometidos por funcionarios públicos. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a suspender la sesión breve término para que ingresen a la sala de sesiones los señores Luis Suárez, Enrique Tassa y José Pautrat, abogados del exmagistrado Jorge Isaías Carrión Lugo y del magistrado José Infantes Vargas. Se deja constancia de que el señor Walter Vásquez Bejarano no se ha presentado ni ha acreditado ningún abogado. —Se suspende la sesión a las 12 horas y 41 minutos. —Ingresan a la Sala de sesiones los señores Luis Suárez, Enrique Tassa y José Pautrat, abogados defensores del exmagistrado Jorge Isaías Carrión Lugo y del magistrado José Infantes Vargas. —Se reanuda la sesión a las 12 horas y 44 minutos. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se reanuda la sesión. La Presidencia saluda la presencia de los señores Luis Suárez, Enrique Tassa y José Pautrat, abogados del magistrado Jorge Isaías Carrión Lugo, y del magistrado José Infantes Vargas, quienes concurren a la Comisión Permanente para ejercer el derecho a la defensa de sus patrocinados ante la denuncia constitucional planteada. La cuestión de orden será en el momento del debate, congresista Velásquez. A ver, congresista Velásquez, señale cuál es su idea. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— No, solamente quería advertir que de la propia agenda que nos ha hecho llegar el Oficial Mayor, hay un párrafo que tiene que tomarse en cuenta, esta denuncia ya caducó, ya caducó porque han pasado los cinco años que estos magistrados les alcanza el beneficio del antejuicio político.

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De tal manera, que sin menoscabar el derecho de defensa y los letrados que están presentes, que quede constancia que el pronunciamiento nuestro va tener que ser en ese sentido. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Teniendo en conocimiento eso, congresistas, queda claro que en este caso estamos ante una causal de caducidad, pero no podemos ir en contra de darles esa facultad de ejercer el derecho a la defensa. Tiene la palabra... La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— ¿La palabra, Presidenta? La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Sobre qué congresista. La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Yo tengo que explicarle acá a la Comisión Permanente que tengo vinculación familiar con el señor Rafael Roselló De la Puente, es el primo hermano de mi padre, por eso quiero dejar constancia y me voy a inhibir en todo el proceso. Gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a dar lectura al Oficio 33 remitido por el congresista Falconí Picardo, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del período anual de sesiones 2013-2014. El RELATOR da lectura: "Lima 3 de junio de 2014. Oficio 33-2013-2014-CR. Señor congresista Fredy Otárola Peñaranda Presidente del Congreso de la República y de la Comisión Permanente Presente Referencia : Oficio 691-2013-2014 del 28 de mayo de 2014 Me dirijo a usted en atención al oficio de la referencia, que nos comunica la programación de la sesión de la Comisión Permanente para el próximo día viernes 6 de junio del presente año, a horas 10 a.m., en la que se ha incluido dentro de la Agenda la Denuncia Constitucional 43, cuyo Informe Final propone inhabilitar hasta por dos años para el ejercicio de la función pública a los ex magistrados Walter Vásquez Bejarano, Jorge Isaías Carrión Lugo y José Alberto Infantes Vargas, por la presunta infracción de los numerales 2 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 44

Sobre el particular, comunicamos que de la revisión del expediente, se ha constatado que debido al transcurso del tiempo, a la fecha se ha producido la caducidad sobreviniente de la indicada denuncia, al no estar vigente la prerrogativa funcional del antejuicio respecto de los denunciados, conforme se detalla a continuación: Según la información publicada en el Portal Institucional del Consejo Nacional de la Magistratura, se ha recabado la siguiente información: Mediante Resolución 001-2008-CNM, de fecha 04 de enero de 2008, el denunciado Walter Vásquez Bejarano ha cesado por límite de edad como Juez Supremo titular. Mediante Resolución 266-2007-CNM, de fecha 21 de agosto de 2007, el denunciado Jorge Isaías Carrión Lugo ha cesado por renuncia como Juez Supremo Provisional. En relación al denunciado José Alberto Infantes Vargas, en la actualidad es Juez Superior Titular de la Primera Sala Civil - Lima Norte, tal como aparece de la Resolución N.° 0022014-CSJLN/PJ, de fecha 03 de enero de 2014, publicada en el Portal Institucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, en el expediente obra un escrito de fecha 12 de mayo de 2012, presentado por el indicado denunciado, que anexa una Constancia expedida por la Gerencia General - Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de fecha 15 de febrero de 2012, donde especifica las oportunidades en que se desempeñó como Juez Supremo Provisional; debiendo resaltar que a esa fecha, el último cargo que ocupó fue en la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a partir del 04 de enero hasta el 31 de marzo de 2004, de acuerdo a la Resolución Administrativa 001-2004-1-P-PJ de fecha 02 de enero de 2004 -Conformación de Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República. Como se aprecia, en los tres casos han transcurrido más de cinco años desde que los denunciados cesaron en sus funciones como jueces supremos; en tal sentido, ya no es aplicable para ellos la prerrogativa funcional del antejuicio previsto en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado; por tanto, pido a usted se sirva tomar en consideración lo expuesto al momento que la Comisión Permanente trate la acusación constitucional objeto del presente. Sin otro particular, es oportuna la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración. Atentamente, MARCO FALCONÍ PICARDO, Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales". La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el presidente actual de la Subcomisión de Acusaciones, congresista Luna. El señor LUNA GÁLVEZ (SN).— Esta presidencia está de acuerdo con lo indicado por el Presidente de la Subcomisión anterior, y se ratifica que ya ha ingresado a un proceso de

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caducidad estas denuncias. No obstante, no se opone a que los abogados participen, pero desde ya nuestra posición como comisión es que esto ya vaya al archivo. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede hacer uso de la palabra el señor Luis Suárez Vargas, en su condición de abogado defensor del señor Jorge Isaías Carrión Lugo. Tiene usted la palabra. A ver, verifiquen el audio porque no se está escuchando al abogado. Un momentito, por favor. El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Luis Suárez Vargas.— Señorita Presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, señores congresistas, vengo en representación y defensa del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Jorge Carrión Lugo, contra quien pesa una acusación constitucional emitida por la Subcomisión Constitucional. He escuchado el informe de Relatoría, como también de los congresistas que han antecedido en la palabra, y con mucha razón se dice que este hecho ha caducado. ¿Qué es lo que se indica o cuál es el marco jurídico por el cual esta comisión o como también la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se basa? En el artículo 99.° de nuestra Constitución Política del Estado. Y en su parte final dice con claridad que este caso que nos ocupa esta tarde es hasta 5 años después de que hayan cesado en estos. El señor Jorge Carrión Lugo ha cesado en el año 2007, agosto de 2007, y a la fecha ha trascurrido más de 7 años. Significa que el ius puniendi estatal o la acción punitiva del Estado se ha extinguido por imperio de este artículo constitucional. En tal virtud, ya no existe ninguna acción y lo que queda o cabe en este momento es el archivo definitivo de estos actuados. Señorita Presidenta, señores congresistas, la verdad que hace algún tiempo se viene notificando, y como usted ha manifestado que no se le puede privar el derecho de defensa, pero ya el doctor Marco Falconí dio un dictamen ajustado a derecho, y hoy día ha sido ratificado en este pleno. En tal virtud, solicito que se declare caducado este hecho y se archive el expediente. Muchas gracias, señorita Presidenta y señores congresistas. He concluido el informe. Gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede hacer uso de la palabra el señor Enrique Tazza Chaupis, en su condición de abogado defensor del señor José Infantes Vargas.

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El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Enrique Tazza Chaupis.— Muy buenas tardes, señorita Presidenta del Congreso de la República y señores miembros de la representación nacional. En efecto, en calidad de abogado del señor magistrado José Infantes Vargas y al amparo del artículo 99.° de la Constitución Política del Estado solicito que se declare la caducidad de la investigación constitucional contra el referido magistrado, haciendo referencia a que dicho magistrado es vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. En esa condición se le invitó o se le designó como magistrado supremo provisional, el mismo que se llevó desde el 19 de mayo de 2001 hasta el 31 de marzo de 2004. Desde esa oportunidad, dicho magistrado ha regresado a la vocalía superior. El artículo 99.° al que hacemos referencia extiende una protección constitucional hasta por cinco años. En el caso del señor magistrado Infantes Vargas, esta protección constitucional era hasta el 31 de marzo de 2009. Y quiero hacer presente que la caducidad no admite ni interrupción ni suspensión del plazo, razón por la cual habría caducado. Esto, en concordancia con lo que ya manifestó también la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se les agradece a ambos abogados por su presencia y participación. Habiendo concluido sus exposiciones, se les invita a abandonar la sala de sesiones. Muchas gracias. —Se retiran de la Sala de sesiones los abogados defensores abandonan la sala de sesiones. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se ofrece la palabra, señores congresistas. No habiendo rol de oradores, tiene la palabra el congresista José Luna. El señor LUNA GÁLVEZ (SN).— Congresista, estamos totalmente de acuerdo con el documento remitido al presidente de la subcomisión anterior. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas, vamos a votar el archivamiento de la denuncia por caducidad de la prerrogativa, propuesta por el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Votación nominal. La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Yo me inhibo por lo que ya expuse, Presidenta. Yo no voy a votar. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, Relator. 47

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 19 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el archivamiento de la Denuncia Constitucional 43. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se aprueba que la denuncia pase al archivo. "Votación nominal de la denuncia constitucional 43 Señores congresistas que votaron a favor: Capuñay Quispe, Díaz Dios, Medina Ortiz, Aguinaga Recuendo, Gutiérrez Cóndor, Gamarra Saldívar, Isla Rojas, Tejada Galindo, León Rivera, Velásquez Quesquén, Luna Gálvez, Iberico Núñez, Portugal Catacora, Chávez Cossío, Spadaro Philipps, Neyra Olaychea, Cárdenas Cerrón, Rivas Teixeira y Lewis Del Alcázar." SUMILLA La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas, en la agenda de la presente sesión está también previsto el debate de las Denuncias Constitucionales 21 y 23. Sin embargo, hemos recibido comunicaciones por parte del abogado del denunciado solicitando la postergación de la fecha. Esto lo vamos a ver, entonces, en la siguiente sesión de la Comisión Permanente. Se va a dar lectura a las sumillas de las Denuncias Constitucionales 21 y 23. El RELATOR da lectura: Informe final sobre la Denuncia Constitucional 21 Denuncia presentada por los congresistas Marisol Espinoza Cruz, Víctor Isla Rojas, Fredy Otárola Peñaranda, Juan Donato Pari Choquecota, José Antonio Urquizo Maggia y Tomás Zamudio Briceño y otros congresistas del periodo parlamentario 2006-2011 contra el ex ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez Gamarra, por la supuesta infracción de los artículos 38.° y 65.° de la Constitución Política del Perú. Informe Final sobre la Denuncia Constitucional 23 Denuncia presentada por los congresistas Marisol Espinoza Cruz, Víctor Isla Rojas, Fredy Otárola Peñaranda, Juan Donato Pari Choquecota, José Antonio Urquizo Maggia, Tomás Zamudio Briceño, Martín Rivas Teixeira y otros congresistas del periodo parlamentario 2006-2011 contra el ex ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez Gamarra, por la supuesta infracción de los artículos 38.°, 44.°, 54.°, 66.° y 73.° de la Constitución Política del Perú. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a dar cuenta de comunicaciones recibidas el 3 de febrero de 2015. Dé cuenta, Relator. 48

El RELATOR da lectura: Denuncia Constitucional 21 Señora Presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Natale Amprimo Pla, identificado con Documento Nacional de Identidad 07790157, y Carné del Colegio de Abogados de Lima N.° 16169, en mi condición de abogado acreditado del señor ex Ministro de Estado Pedro Sánchez Gamarra, a usted atentamente digo: El día de ayer, en horas de la tarde, a raíz de una llamada telefónica, he tomado conocimiento de la citación para el día de mañana 4 de febrero, a horas 10.00 a.m. a efectos de concurrir a la Comisión Permanente convocada con el objeto de poder hacer uso de la palabra hasta por un total de veinte minutos. Al respecto, por intermedio de la presente me permito solicitar la fijación de una nueva fecha por las razones que a continuación expongo: 1. Mi patrocinado actualmente no domicilia en el Perú, pues, en su calidad de funcionario del Banco Mundial, reside en la ciudad de Washington DC, en los Estados Unidos de América. Debido a ello, desde el primer escrito presentado con motivo de la presente denuncia constitucional, señaló como domicilio procesal para efectos de cualquier comunicación o notificación la Casilla 7038 del Colegio de Abogados de Lima; lugar donde debió ser notificado con la debida anticipación de la citación para la Comisión Permanente, como ocurrió con citaciones anteriores, como la cursada mediante Oficio N.° 696-2013-2014-DP-D/CR (Anexo A). 2. De otro lado, también solicito el señalamiento de una nueva fecha, en razón que el suscrito ha sido citado, con la debida anticipación, para concurrir al Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima el próximo 4 de febrero, a las 9.30 a.m., conforme lo acredito con el Oficio N.° 37-2015- MML/IMPL-GG (Anexo B). 3. Dejo constancia que en todas las oportunidades en que mi patrocinado fue citado anteriormente por alguna instancia del Congreso de la República se ha presentado, habiéndose suspendido en fecha pasada el debate del Informe Final de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales por razones internas propias del Congreso de la República, totalmente ajenas a él. Por tanto, solicito acceder a lo solicitado. Lima, 3 de febrero de 2015. NATALE AMPRIMO PLA, Abogado". "Denuncia Constitucional 23. Señora Presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la República. 49

Natale Amprio Pla, identificado con Documento Nacional de Identidad 07790157, y Carnet del Colegio de Abogados de Lima 16169, en mi condición de abogado acreditado del señor ex ministro de Estado Pedro Sánchez Gamarra, a usted atentamente digo: El día de ayer, en horas de la tarde, a raíz de una llamada telefónica, he tomado conocimiento de la citación para el día de mañana 4 de febrero, a horas 10.00 am, a efectos de concurrir a la Comisión Permanente convocada con el objeto de poder hacer uso de la palabra hasta por un total de veinte minutos. Al respecto, por intermedio de la presente me permito solicitar la fijación de una nueva fecha por las razones que a continuación expongo: 1. Mi patrocinado actualmente no domicilia en el Perú, pues, en calidad de funcionario del Banco Mundial, reside en la ciudad de Washington DC, en los Estados Unidos de América. Debido a ello, desde el primer escrito presentado con motivo de la presente denuncia constitucional, señaló como domicilio procesal para efectos de cualquier comunicación o notificación la Casilla N.° 7038 del Colegio de Abogados de Lima; lugar donde debió ser notificado con la debida anticipación de la citación para la Comisión Permanente, como ocurrió con citaciones anteriores, como la cursada mediante Oficio N.° 698/2013-2014-DP-D/CR (Anexo A). 2. De otro lado, también solicito el señalamiento de una nueva fecha, en razón que el suscrito ha sido citado, con la debida anticipación, para concurrir al Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima el próximo 4 de febrero a las 9.30 am, conforme lo acredito con el Oficio N.° 37-2015-MML/IMPL-GG (Anexo B). 3. Dejo constancia que en todas las oportunidades en que mi patrocinado fue citado anteriormente por alguna instancia del Congreso de la República se ha presentado; habiéndose suspendido en fecha pasada el debate del Informe Final de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales por razones internas propias del Congreso de la República, totalmente ajenas a él. Por tanto, solicito acceder a lo solicitado. Lima, 3 de febrero de 2015. NATALE AMPRIMO PLA, Abogado". La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— En consideración a las comunicaciones leídas, vamos a reprogramar para la próxima sesión el debate de ambos informes finales, el 21 y el 23. SUMILLA La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Siguiente punto.

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El RELATOR da lectura. De la Comisión de Justicia Allanamiento Proyecto de Ley 2529/2013-CGR. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone prohibir la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos". La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas, vamos a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia que recomienda allanarse a las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley originada en el Proyecto de Ley 2529, por el que se propone prohibir la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos. Tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, Presidenta. Efectivamente, se trata de un dictamen de allanamiento a una autógrafa observada por el Poder Ejecutivo. Obviamente al ser autógrafa fue debatida la propuesta legislativa y aprobada en dos votaciones en el Pleno del Congreso. El contenido original de la autógrafa implicaba la prohibición para que un juez pueda suspender la ejecución de la pena por delitos de corrupción y que básicamente estaba circunscrita a la colusión ilegal peculado y peculado de uso. En estos tres delitos dolosos, los jueces iban a estar impedidos de suspender la pena; contrario sensu, era para que tengan pena efectiva. El Poder Ejecutivo observa la norma básicamente en el delito de peculado de uso señalando que el peculado de uso es de poca gravedad, es de poca peligrosidad y es de poca incidencia también de acuerdo al tema estadístico y, en consecuencia, propone que se elimine de esta autógrafa el peculado de uso. Tema que ha sido analizado por la comisión y, efectivamente, se ha coincidido en los argumentos que sería un exceso incluir el peculado de uso. En consecuencia, la comisión propone el allanamiento en ese sentido. Retirar el peculado de uso de la prohibición de suspender la pena efectiva. Eso es todo, señora Presidenta. No voy a entrar a mayores detalles, porque esta materia ya ha sido hartamente debatido tanto en la comisión como en el Pleno del Congreso. Gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista Eguren. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios. 51

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, señora Presidenta, si me permite una argumentación a favor de esta norma en el sentido siguiente. Pediré a mis colegas si me permiten argumentar con tranquilidad. Del año 2009 a octubre 2014 el total de funcionarios procesados por delito de corrupción ha sido de 6355, sin embargo, en el mismo período el total de condenados por los delitos de corrupción, ha sido de 444. Lo escandaloso de esto es que de los 444, solo 25 delincuentes, porque ya se les puede llamar delincuentes cuando han sido condenados, solo 25 purgan cárcel efectiva, es decir, 419 simplemente van a firmar su cuadernito mensualmente, pagan una reparación civil que es la décima parte de todo lo que se robaron, luego se rehabilitan, vuelven a postular en general no se da el efecto disuasivo de la norma. Pero para no ir desde el año 2009 al 2014, permítame señora Presidenta contarles lo que ha sucedido en los últimos cuatro años. De 272 condenados por corrupción, delincuentes condenados por corrupción, solo 10 han sido condenados a cárcel efectiva, 10 señores parlamentarios a nivel nacional. Los otros 262 están en cárcel suspendida, firman su cuadernito, se van a su casa, luego de un plazo determinado se rehabilitan, vuelven a postular se eligen nuevamente y se continúa todo este mecanismo que lo único que genera es impunidad y, por supuesto, no surge el efecto disuasivo que debe tener la norma penal. Estamos de acuerdo con los delitos, no se habla de todo tipo de delitos. De acuerdo a los informes de Contraloría el 95% de los condenados por corrupción son por los delitos de colusión y peculado, de manera que estamos de acuerdo que se retire el tema de peculado de uso, porque además no solo es de poca gravedad -o de poca monta como dice bien el congresista Iberico-, sino que es muy peligroso, para los funcionarios públicos bien intencionados podrían caer en este ámbito. Pero si condenamos la colusión y el peculado a cárcel efectiva, vamos sin lugar a deudas a generar el efecto disuasivo de la norma que siempre debió tener y que lamentablemente hasta el momento no se ha dado. Que se van a llenar las cárceles, bueno pues se tendrá que construir más cárceles, pero la solución no puede ser que como las cárceles están llenas entonces los condenados por delitos tan graves como colusión y peculado los mandemos nuevamente a la cárcel. Entonces, señora presidenta, con números reitero, del 2009 al 2014 solo 25 personas con cárcel efectiva, y en los últimos 4 años 10. 272 condenados, 10 con pena efectiva y 262 con pena suspendida. Creo, presidenta, que este Congreso y mi bancada estamos en contra de la corrupción, y la única manera de tener un sistema anticorrupción es tomar medidas, esta es una de ellas. El pase de los que trabajan ahora en los organismos de control interno y que dependen de las mismas instituciones a las cuales tienen que investigar o fiscalizar, este es otro paso que queda pendiente de este Congreso de la República. 52

Mientras los auditores de las OCI dependan de las alcaldías y de los gobiernos regionales que a su vez les van renovando el contrato, evidentemente no vamos a tener un sistema anticorrupción a nivel nacional, pero ese es otro paso. Otro paso que este Congreso ha dado y que la opinión pública debe saber, que es importante, que los informes de Contraloría ahora tienen calidad de prueba pericial institucional. Antes los fiscales y los jueces ni siquiera los tenían en cuenta, ahora si van a ir en contra de las pericias que están en los cuadernos de control de la Contraloría van a tener que argumentar. Finalmente se ha dado a la Contraloría también facultades sancionadoras en los temas administrativos. Es decir, este Congreso sí que está dando pasos y señales claras para por fin tener un sistema anticorrupción que funcione, pero nada de eso va a servir si es que en la práctica hablamos de que prácticamente nadie va a estar con c´parcele efectiva sino firmando su cuadernito. Eso, presidenta, anula totalmente el efecto disuasivo de la norma y es por eso que sustentamos a favor de la norma en los términos que ha venido del ejecutivo, estamos de acuerdo que salga el tema de peculado de uso, pero el delito de colusión, el delito de peculado que estamos hablando de los casos que ya han sido condenados por el Poder Judicial en última instancia. Es decir, primera instancia, segunda instancia y han tenido la posibilidad de ir incluso hasta el Tribunal Constitucional, esa gente tiene que tener cárcel efectiva. Esa gente no puede estar firmando un cuaderno para una reparación civil irrisoria, rehabilitarse y volver a postular, como lamentablemente sucede a nivel nacional. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Gracias, presidenta; gracias, congresista. Yo voy a estar en la misma línea que ha planteado la Comisión de Justicia y lo que acaba de explicar el congresista Juan Díaz Dios. Lo que no es posible y esta ley va empatada con una parte de las reformas políticas, no puede ser que haya habido autoridades locales o regionales que le han robado a la comunidad, le han robado el presupuesto, le han robado a los pueblos, le han robado al país, y se siguen presentando como si no hubiera pasado nada. Señores que han estado no presos por otra cosa sino que han estado presos por haber robado al municipio, por haberle robado a la región. No es posible que el señor de 53

Chiclayo de repente vuelva a presentase cuando tiene los millones dentro de sus calzoncillos en el ropero; o el señor de Tumbes, presidente regional, que hasta ahora está fugado y vendió territorio inclusive con hitos de frontera y que no pase absolutamente nada porque hasta ahora el Estado, el gobierno no ha hecho nada por recuperar esas tierras que están vinculadas al tema de Orellana Rengifo, por ejemplo. O señores que han dicho yo robé menos, como el caso de Moquegua y ha salido elegido, esos no se pueden volver a presentar jamás a ser autoridades, por más que se arrepientan, se flagelen y se arrodillen; esas personas nunca más pueden tener esos cargos de presidente regional ni de alcalde ni de nada, no pueden estar más en la administración pública. En cualquier otra parte, de segundos, pero jamás conduciendo recursos de una región o de un municipio. Gracias, congresista; gracias, presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Díaz Dios. El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Muchas gracias, congresista Alcorta. En efecto, yo no sé si es posible plantear, además, que vaya una especie de inhabilitación para los condenados por corrupción por estos delitos; pero ese es un tema secundario. Lo que a mí realmente me gustaría es que todo aquel condenado por corrupción en última instancia, en de un debido proceso, evidentemente se vaya preso, no se vaya a firmar un cuaderno, y luego de dos años, porque encima tienen beneficios, dos años firman cuaderno, se rehabilitan y postulan nuevamente. En esas condiciones no se puede hablar de un sistema anticorrupción. Y repito la cifra, señora Presidenta, en los últimos cuatro años 272 delincuentes condenados por corrupción, el 95% de ellos por delito de colusión y de peculado. De los 272 condenados delincuentes por esos delitos solamente 10 tienen cárcel efectiva. Así están las cosas en nuestro país, y está en nuestras manos poder cambiar esta situación. Me pide una segunda interrupción, señora Presidenta, el congresista Ángel Neyra. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Neyra. El señor NEYRA OLAYCHEA (GPFP).— Muchas gracias, Presidenta; muchas gracias, congresista Juan Díaz Dios. Justamente quiero coger la última palabra del congresista José Díaz Dios, "así está el país". Como país estamos pretendiendo ser miembro de la OCDE el año 2021, y uno de los grandes males indicadores, indicadores negativos que tenemos, tenemos la debilidad institucional producto de la corrupción. Así nos ve el mundo. Otro mal que tenemos es que casi el 75% de nuestro PBI es informal. Y, justamente, esas condiciones permiten que en las instituciones campee la corrupción, y no estamos dando muestras, indicadores, de estar combatiendo este mal.

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Otro mal que tenemos es, porque para entrar a la OCDE tenemos que tener condiciones para llamarnos como país de desarrollo, y no estamos haciendo nada. Esta propuesta, la cual apoyo, va en ese camino para eliminar uno de los males que afecta a la institucionalidad de país; y, por lo tanto, aspiremos realmente que el trabajo de ser país desarrollado tenga asidero acá desde lo que se hace y se dice en el Congreso y las leyes que aprobemos. Por eso, voy a apoyar esa propuesta porque el país lo necesita, no es porque subjetivamente no me conviene o porque políticamente no le conviene a un candidato o estoy haciendo mi cálculo. No. Eso es lo que le conviene al país y eso es lo que clama la población. Gracias, congresista. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Díaz Dios. El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias. Para ir culminando, uno de los argumentos también que se presentan, desde algunos especialista, es que vamos a afectar la discrecionalidad de los jueces. Pues, a través suyo, señora Presidenta, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esto, porque en realidad no deberíamos estar en la necesidad de aprobar este tipo de normas si el Poder Judicial ejerciera debidamente su trabajo y condenara, como debía condenar, a los delincuentes que han sido probados que han robado al país. Lamentablemente las cifras, las estadísticas, lo que nos dice es que lo que reina en el país es la impunidad. Y frente a eso el Congreso de la República no puede quedarse con las manos cruzadas. Así es que, señora Presidenta, ya no quiero extenderme más, estamos a favor de esta norma, allanándonos, en todo caso, con este tema que quede excluido el peculado de uso, pero tiene que estar el 95% de casos, que es la colusión y el peculado. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Martha Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Sí, Presidenta. Voy a sostener, en primer lugar, una posición discrepante de la que ha señalado el señor congresista Díaz Dios. Yo como miembro de la Comisión de Justicia, señora Presidenta, en las oportunidades en que se ha planteado este tema he expresado mi opinión contraria a este proyecto. Pero además tengo que aclarar algo. El señor presidente de la comisión señaló que este proyecto había sufrido doble votación. No. Hay exoneración. Este allanamiento, señora Presidenta, se votó la primera vez y 55

luego hubo exoneración de la segunda votación. Por lo tanto, no ha habido una doble votación antes de que fuera observada por el Poder Ejecutivo. Señora Presidenta, se dice que hay que sancionar a todos con prisión efectiva, que esa es una buena señal. Qué duda cabe que todos estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción, pero en primer lugar, también tenemos que ser muy cuidadosos, todos los especialistas que han sido consultados en la Comisión de Justicia respecto del nuevo Código Penal, todos consultados sobre si esto de quitarle discrecionalidad al juez para señalar la suspensión de una pena, así como el juez tiene la discrecionalidad en todo los delitos de señalar; porque el Código Penal, señora Presidenta, lo que hace es fijar mínimos y máximos de pena, ese es el criterio respecto de todos los delitos, no solamente de los delitos respecto a la administración pública o los que tienen que ver con delitos de función, en todo los casos de asesinatos, de tortura, de violación sexual, etcétera, hay un mínimo y un máximo que la ley le establece para que el arbitrio del juez, que es el que administra justicia en el caso concreto, pueda definir si va por el mínimo o va por el máximo. Lo que se está haciendo aquí es quitarle al juez, señora Presidenta, la capacidad de discreción en lo que atañe a aplicar mínimos y máximos, ¿y qué sentido tiene aplicar mínimos o máximos?, que también el Código Penal permite que cuando hay una pena menor a cuatro años el juez tenga la discrecionalidad atendiendo a una serie de circunstancias que el juez y solo el juez ha apreciado, pueda definir que es prisión efectiva o si es prisión suspendida. Lo que estamos haciendo aquí es quitarle al juez la discrecionalidad para que en los casos de delitos cometidos por los funcionarios públicos pueda el juez definir si habiendo una pena menor a cuatro años pueda entonces definir si es con prisión efectiva o prisión suspendida; es decir, si es que se aprueba esta norma, a partir de que entra en vigencia esta norma aún cuando un juez dicte una pena de un año o de un mes o de cuatro meses, el juez no va poder decir que eso sea con suspensión. ¿Y qué significa esto, señora Presidenta?, en los hechos sabemos, y los fujimoristas sabemos por plena convicción y porque lo hemos vivido en el pellejo, que hay inocentes presos y hay inocentes condenados, porque lamentablemente la justicia en el Perú, en muchos casos, no en todos, o se define por odiosidades o se define por dinero, y hay muchos presos que están siete años presos, porque tenemos jueces carceleros, eso lo dicen todos los analistas. Hay personas que han estado presas preventivamente, es decir sin sentencia durante siete años para que al final, al sétimo año le digan, usted señor es inocente, váyase a su casa, pero ya estuvo siete años preso. ¿Y qué más decir de personas a las que no se les ha probado ningún delito y sin embargo están presos?, es el caso de nuestro presidente, el ingeniero Alberto Fujimori, está preso sin que exista ninguna prueba en su contra. En un contexto así, señora Presidenta, claro, en lo ideal, en el mundo teórico puede ser cierto que digamos, todo aquel que ha cometido delito váyase a pudrir en la cárcel, yo además, es público y conocido que soy una persona que está a favor de la pena de muerte para delitos graves como la violación sexual, como otros delitos, el de terrorismo agravado.

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Pero, en las circunstancias en las que nosotros tenemos una justicia, que muchas veces se define la inocencia por odiosidades, por dinero, o la culpabilidad, yo lo que digo, señora Presidenta, ahora una persona que es condenada a tres años y que con eso se arregló; supongamos que una persona arregla que el juez le fije una pena mínima de tres años, ya arregló con el juez, debería merecer una de ocho, pero arregló con el juez recibir tres para que ese mismo juez corrupto le fije la suspensión. ¿Ese juez corrupto cuánto le cobró?, cien mil dólares, quinientos mil dólares. Hoy lo que va a pasar, señora Presidenta, que ese mismo juez corrupto ya no solamente se va atrever a fijarle una pena mínima de tres años para poderle fijar la suspensión de la pena, sino ahora lo va a declarar inocente, y para eso le cobrará un millón. O sea, lo que vamos hacer es que la corrupción le va costar más a los corruptos. Entonces, señora Presidenta, yo no creo que ésta sea la solución, lo que hay que hacer es que hayan controles, escoger mejor a los funcionarios, a las personas a las que les vamos a confiar la conducción del país y la administración del país, ser muy cuidadosos. Pero no creo que con este tipo de medidas que le quitan a los jueces la potestad, a los buenos jueces, porque los malos jueces, como repito, lo que van a hacer es declarar inocente al que es culpable para que vaya a su casa, pero a los buenos jueces les van a quitar la potestad de fijar el mínimo que señala la ley. ¿Y, entonces, por qué hay mínimos? Modifiquemos el Código Penal y que todos los delitos sean sancionados, pues, con penas mayores a cuatro años. Pero, además, en este proyecto lo que estamos haciendo es que solo los delitos dolosos que cometen los funcionarios públicos tengan esta prisión efectiva, quedan aparte los delitos culposos. Hay delitos culposos, señora Presidenta, que implican incluso agravantes en la medida que afectan, por ejemplo, caudales destinados a fin asistencial o de apoyo social. Con esta norma los delincuentes culposos que inclusive se apropian o permiten con negligencia que se apropien otros de estos caudales destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social y que pueden ser condenados de dos años hasta cinco años, señora Presidenta, puedan conseguir ellos sí que se les suspenda la pena. Entonces, hacemos parche, señora Presidenta, del Código Penal, tenemos un Código Penal que todos los días lo hemos modificado, hemos elevado las penas y, sin embargo, sabemos que hay impunidad, que hay muchos que gozan de dinero mal habido y de prestigio inclusive y mientras tanto hay otros que están presos y condenados sin que se haya aprobado su culpabilidad. Entonces, no es ésta, señora, creo una medida. Reitero, todos los especialistas en derecho penal que han venido, han pasado por la Comisión de Justicia, a propósito del nuevo texto del Código Penal, que también la Comisión de Justicia está trabajando, han coincidido en señalar que ésta no es una medida. Impacta: "El Congreso lucha contra la corrupción", y quizás los que decimos que no debe procederse a esto, señora, nos puedan decir: "ah, están a favor de la corrupción", pero hay que ser cuidadosos. 57

En primer lugar, señora Presidenta, no se puede afectar, como repito, la función de discrecionalidad de los jueces. Los jueces tienen que tener, analizando caso por caso, no pueden dejar de tener la potestad de definir en qué caso una persona va a prisión efectiva y en qué caso no va a prisión efectiva. Sí estaría de acuerdo que toda aquella persona que reciba una sanción penal, así sea de un mes, así sea suspendida o así sea efectiva, sufra una inhabilitación para ejercer una función pública, yo estaría de acuerdo con eso, pero quitarle a los jueces la capacidad discrecional de definir quién va a la cárcel o no en circunstancias en que tenemos muchas personas no condenadas que están en prisión. Si nos preocupa, señora Presidenta, el hacinamiento en las cárceles, que lo hay, pidamos, como hemos venido urgiendo al gobierno, a que ejecute, pues, las obras y los nuevos penales que deben construirse. No que pase como lo que ha sucedido con el penal de San Jorge, que ya simplemente de la noche a la mañana lo desactivaron. ¿Por qué? Porque ahí quieren hacer un centro comercial. Hay dinero que se utilice para construir mejores cárceles, a los jueces instruirlos a que no se puede fácilmente jugar con la libertad de las personas que aún tienen el principio de presunción de inocencia, que aún no son condenados y, sin embargo, están presos en las cárceles, para que dentro de cinco o diez años le digan: "adiós, señor, usted es inocente", pero ya pasó tantos años en la cárcel. Por otra parte, tenemos que ser coherentes, señora Presidenta, con esta norma quedan sueltos los delitos culposos agravados, ellos sí pueden pedir la suspensión. Entonces, ¿dónde está el principio de igualdad? Yo creo, señora Presidenta, que esto debe mirarse de una mejor manera, y yo pediría más bien, vía una cuestión previa, que esto vuelva a comisión, señora Presidenta, para que se haga un mejor estudio del tema. Reitero, porque los especialistas en derecho penal nos han dicho —yo no lo soy— que esto viola el derecho a la función discrecional que tienen los magistrados para definir, de acuerdo a la lógica del Código Penal que fija mínimos y máximos, quién va a prisión efectiva y quién no. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista Julca. El señor JULCA JARA (PP).— Gracias, Presidenta. Este proyecto de ley, que es de hecho un allanamiento, a nuestro parecer y respetando la posición de nuestra colega Martha Chávez, creemos que muestra una posición necesaria que el Congreso debe tomar para poder encaminar la lucha contra la corrupción. Hay una serie de delitos y hechos que por la falta de una rigurosidad con la norma, y a la vez es el mal uso del criterio discrecional de los jueces, simplemente funcionarios que cometen delitos están paseando por las calles; mientras la gente, el pueblo que denunció, que vio, como está pasando ahora en muchas regiones del país, que la corrupción 58

campeó, que hubo, además, investigaciones, en muchos casos también que llegaron a informes, como, por ejemplo, el tema de los inmuebles de Contraloría, que terminan con estudios, que terminan con conclusiones donde amerita una denuncia que, finalmente, son archivadas y no son tomadas en cuenta debidamente. Por eso, Presidenta, al contrario, creo que para nosotros este proyecto de ley, que además es un allanamiento, debe aprobarse. Y creo que con eso el Congreso estaría dando una muestra de medidas que son necesarias ir tomando respecto al tema de lucha contra la corrupción. Gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista Iberico. El señor IBERICO NÚÑEZ (PPC-APP).— Gracias, Presidenta. Simplemente, lo mismo que dijo el colega Julca, lo que estamos viendo ante nosotros es un proyecto de ley aprobado por el pleno que ha sido observado por el Poder Ejecutivo. Y ha sido observado por el Poder Ejecutivo porque ha considerado que no puede darse esta figura radical en la lucha contra la corrupción, en el caso del peculado de uso. Entonces, ante una observación del Ejecutivo, lo que cabe es insistir o allanarse, a menos de que generemos tales modificaciones al proyecto de ley, que volveríamos a fojas cero, que no es el caso. Entonces, no estamos ante esa situación, simplemente tenemos que pronunciarnos si insistimos —lo cual haría una ley más radical, más severa— o nos allanamos a la consideración que ha tenido el Poder Ejecutivo de eliminar la figura del peculado de uso. He tenido mucha atención con lo señalado por la colega Martha Chávez, en el sentido de que este proyecto se aprobó con exoneración. Lo que más bien me lleva a reflexionar y a confirmar mi posición, que comparto con muchos colegas de mi bancada, con todos, del retorno a la bicameralidad que sería necesario, en todo caso, para poder madurar y meditar mejor ese tipo de proyectos. Porque nos estamos dando cuenta, Presidenta, que la doble votación es un mecanismo que no está funcionando a cabalidad, pero ese es otro cantar, esa es otra historia, es otro debate que lo haremos en su momento. Sin embargo, quiero aclarar simplemente que aquí estamos viendo el allanamiento o no a la observación formulada por el Poder Ejecutivo. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, señora Presidenta.

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Muy breve, porque, como lo señalé en la primera intervención, este tema ha sido hartamente debatido en su oportunidad. Y solo comentar, para complementar las importantes intervenciones que se han producido... Me piden dos interrupciones, el congresista Díaz Dios y la congresista Alcorta. Por efecto de género, las damas primero, la congresista Alcorta, si usted lo permite, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Gracias, Presidenta. Yo lo único que quisiera que me aclarara el presidente de la comisión, porque acá se ha hablado que se le quita la discrecionalidad al juez para ver el caso, y yo lo que he entendido no es que se le quite la discrecionalidad, en el caso ya de sentencia, de evidente peculado o robo, lo que haya sucedido, es frente a eso que se actúa el tema de la cárcel, eso es lo que yo he entendido y eso es lo que acabo de escuchar también al señor Juan Díaz Dios. No es en todos los casos, no se le quita la discrecionalidad tampoco al juez, es que se haya demostrado doloso y evidente. Si el presidente de la comisión me puede confirmar eso, le agradecería. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Congresista Díaz Dios, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Díaz Dios. El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Muchas gracias por esta interrupción al presidente de la Comisión de Justicia. Yo quería precisar algo. La posición de la bancada Fujimorista, mayoritariamente, es favor de la norma. En la primera votación, hemos votado veinte congresistas a favor y solo cuatro en contra, ninguna abstención. En la segunda votación, que fue la exoneración y en la línea de lo que dijo el congresista Iberico, sí hemos votado en contra porque precisamente nosotros creemos que tiene que haber un espacio de debate de por lo menos una semana, de acuerdo al Reglamento, para que precisamente la población se entere y se puedan hacer las correcciones del caso. Pero cumplido ese plazo, con el tema del allanamiento, quería hacer esa primera precisión: la bancada de Fuerza Popular está a favor de este proyecto. Segundo tema, señora Presidenta. Es importante hablar que, en efecto, estamos refiriéndonos a delitos dolosos, no culposos, porque evidentemente los delitos dolosos tienen un reproche social muy diferente al de la culpa. Uno puede ser por la culpa por un descuido, etcétera, por una falta de cuidado, una falta de diligencia, pero acá estamos circunscribiéndonos solamente a los delitos dolosos. ¿Que puedan ir a la cárcel por un 60

mes, por un año? Falso, señora Presidenta. Si no me equivoco, colusión, el tipo penal, es de tres a seis años, y peculado, de cuatro a ocho años. Por delitos dolosos, no culposos. Y repito, colusión de tres a seis años es un delito grave y peculado de cuatro a ocho años. Pero no hay que quedarnos solo en la teoría, sino que hay que ir al tema práctico, y agradezco la paciencia de que me permitan dar dos ejemplos. De la región de Huancavelica, municipalidad distrital de Acobamba, el hecho: apropiación de un millón doscientos ochenta y siete mil trescientos treinta y ocho nuevos soles en la carretera San Juan de Villa Rica Llacce II Etapa. El delito: peculado doloso. Involucrados, el exalcalde y actual presidente regional de Huancavelica. ¿Cuál fue su reparación civil? Mil soles. Pena: dos años de pena privativa de libertad —ojo, el delito, peculado doloso—, dos años de pena privativa de libertad suspendida. Este señor actualmente presidente regional de Huancavelica. Siguiente caso. Municipalidad distrital de La Encañada, esto es en Cajamarca. El hecho: irregularidades en la adquisición de bienes. Delito: peculado doloso. Involucrados: exalcalde y exgerente general. ¿Cuál fue el perjuicio? Un millón y medio de soles. ¿Cuál fue la pena? Cuatro años de pena privativa de libertad suspendida. Es decir, nuestro señor va, firma, devuelve una pizca de todo lo que se robó, se rehabilita y vuelve a postular. Gracias, señora Presidenta, por esta paciencia; y muchas gracias al congresista Juan Carlos Eguren. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, señora Presidenta. Muy breve. Hay dos tipos de verdades en esta materia: la verdad divina, aquella que sabe Dios y la conciencia de cada sujeto, y la verdad legal. Para arribar a la verdad legal hay un largo proceso desde que arranca una investigación preliminar o preparatoria, pasa por el Ministerio Público, en primera instancia en el ámbito ya judicial, segunda instancia y puede haber hasta una tercera. Si después de ese proceso el sistema judicial ha determinado que una persona es culpable, esa es la verdad legal. Y el nombre de ese culpable es delincuente. Entonces, ese delincuente al cual se le aplica una pena, esta en la práctica, en el mundo real, no ha sido efectiva. En el mundo real. Decir que hemos tenido jueces carcelarios o carceleros, probablemente en otro tipo de delitos. Pero en los delitos de corrupción, menos del cuatro por ciento de estos delincuentes han purgado pena efectiva. En consecuencia, señora Presidenta...

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Con todo gusto, por excepción, la tercera... La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por excepción, puede interrumpir la congresista Martha Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, señora Presidenta; gracias, congresista Eguren. Si fuera cierto, esto de que en principio todos los que delinquen tienen que estar presos, ¿por qué quitamos el peculado de uso? Peculado de uso significa ¿qué cosa? Que la camioneta que me da el Estado yo se la entrego pues para que la use mi enamorado, la hija de mi vecino; el teléfono que me dan y yo hago llamadas para mis negocios particulares. Entonces, ¿por qué quitaron el peculado de uso?, ¿por qué excluirlo? Si queremos que todos los que delinquen vayan presos, seamos coherentes pues. Lo que pasa es que el mayor problema para los funcionarios públicos y para quienes están en el gobierno hoy, y los que van a estar en todo gobierno, es ese peculado de uso, el disponer de los bienes y servicios del Estado, que son propiedad de todos, para fines propios o de terceros. Seamos coherentes, entonces. Si queremos ser así tan drásticos de luchar contra la corrupción, o es que lo van a decir al pueblo que aquel funcionario que decide que el carro que se le asigna para sus funciones, que el teléfono que se le asigna para sus funciones, cualquier otro servicio, puede ser alegremente destinado a otros temas. Entones, luchemos contra la corrupción de una manera formal, y no nos allanemos a esta benevolencia que desde el gobierno se está pidiendo, saquen el peculado de uso; ¿y nosotros nos estamos allanando en nombre de la lucha contra la corrupción? No. Seamos coherentes pues. Y, entonces, si además, vivimos en un mundo ideal donde creemos que los jueces son estrictamente justos, por favor, lo que vamos hacer, ¿no tenemos a un señor expresidente, el señor Alejandro Toledo, con probado dineros que no ha podido sustentar y que se pasea libre? ¿Qué es eso, qué es eso? Que se va y viene, entra y sale de su casa. Este Congreso ni siquiera define, la Fiscalía va y viene con las investigaciones. Eso es más grave que fijarle a uno que tiene tres años de prisión, mandarlo de todas maneras a la cárcel. Eso es más importante con los millones que ha acumulado un expresidente, que no sable explicar. Entonces, yo creo que deberíamos sobre todo seguir especialista. Y solo quiero terminar diciendo que todos los miembros del Grupo Fujimorista, miembros de la Comisión de Justicia hemos votado ahí en contra y en el Pleno en contra. Todos los miembros de la Comisión de Justicia que pertenecen al Fujimorismo, porque precisamente hemos estado compulsando y hemos escuchado las opiniones de los especialistas respecto de si verdaderamente se lucha contra la corrupción de esta manera. Gracias, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidenta, si usted lo permite, una última interrupción de la congresista Alcorta. 62

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Cómo no, congresista. Puede interrumpir la congresista Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Gracias, Presidenta, y gracias congresista; agradezco muchísimo a los dos. Yo en lo personal, cuando una institución le la un carro a servicio de un funcionario para su uso personal, es bien cierto que no lo va a usar para el servicio de terceros de su casa; pero no lo encuentran totalmente nada de malo para que el chofer deje a su hija en el colegio o deje en el camino a su esposa en una oficina. No lo encuentro nada de malo, lo que se llama peculado de uso, yo no lo encuentro. Es muy diferente a que me asignen un carro para mi uso y yo lo destine a su vez a un tercero para servicio que no es para mí sino para terceros aunque sea familiar; pero que no es lo mismo para mí ese carro que deja a mi hijo en el colegio o que deja a mi señora en el colegio, a mi marido en el colegio, no lo encuentro absolutamente nada de malo. Y lo otro me gustaría separar porque hay un tema de ignorancia también. En muchos municipios alejados pobres donde hacen malversación de fondos porque no conocen, o sea de repente el tema municipal, lo que es dedicado a parques y jardines, limpieza pública, lo usan indistintamente en función de su necesidad y no tienen la más remota idea que eso es malversación de uso. Eso sí me preocupa. Eso es como inquietud, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta; y muchas gracias, congresista. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, señora Presidenta. Nada más que decir, para que pueda someterlo a voto, cuando lo vea por conveniente. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Bueno, no habiendo más oradores, tenemos una cuestión previa planteada por la congresista Martha Chávez para que el Proyecto de Ley N.° 2529, cuyo dictamen propone el allanamiento, retorne a la Comisión de Justicia. Así que vamos a poner en voto la cuestión previa planteada. Votación nominal. Señores congresistas, estamos votando la cuestión previa para que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia, teniendo en cuenta que el dictamen del proyecto recomienda el allanamiento. Adelante.

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—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 17 votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención, la cuestión previa planteada. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido rechazada la cuestión previa planteada por la congresista Martha Chávez. "Votación de la cuestión previa Señores congresistas que votaron en contra: Julca Jara, Díaz Dios, Medina Ortiz, Gutiérrez Condor, Gamarra Saldívar, Isla Rojas, Tejada Galindo, León Rivera, Iberico Núñez, Portugal Catacora, Neyra Olaechea, Cárdenas Cerrón, Rivas Teixeira, Guevara Amasifuen, Alcorta Suero, Lewis Del Alcázar y Solórzano Flores. Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Velásquez Quesquén, Chávez Cossío y Spadaro Philipps." La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, Presidenta, le pido que lo someta a votación el dictamen. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Votación nominal, señores congresistas. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 19 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio en virtud del cual la Comisión Permanente se allana a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de Ley que prohíbe la suspensión de la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado el allanamiento a las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley originada en el Proyecto de Ley N.°2529. La aprobación del allanamiento no requiere de segunda votación. —El texto aprobado es el siguiente: (COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA) "Votación nominal del proyecto 2529

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Señores congresistas que votaron a favor: Julca Jara, Lewis Del Alcázar, Díaz Dios, Medina Ortiz, Aguinaga Recuenco, Gutiérrez Cóndor, Gamarra Saldívar, Isla Rojas, Tejada Galindo, León Rivera, Iberico Núñez, Portugal Catacora, Neyra Olaychea, Cárdenas Cerrón, Rivas Teixeira, Guevara Amasifuen, Velásquez Quesquén, Alcorta Suero y Solórzano Flores. Señores congresistas que votaron en contra: Chávez Cossío y Spadaro Philipps." SUMILLA La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Siguiente punto. El RELATOR da lectura: De la Comisión de Justicia. Proyectos de Ley Núms. 294/2011-CR y 1656/2012-CR. Se propone permitir la adopción de menores de edad declarados judicialmente en abandono por parte de las parejas que conforman una unión de hecho, modificando los artículos 378.° y 382.° del Código Civil y los artículos 2.° y 5.° de la Ley 26981, Ley de procedimiento administrativo de adopción de menores de edad declarados judicialmente en abandono. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, del Periodo Anual de Sesiones 20132014, recaído en los Proyectos de Ley Núms. 294 y 1656, por el que se propone modificar el Código Civil y la Ley 26981, para permitir la adopción de menores de edad declarados judicialmente en abandono por parte de parejas que conforman una unión de hecho. Tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, señora Presidenta. Presidenta, este tema en realidad es muy sencillo y consiste en lo siguiente: El ordenamiento jurídico actual, llámese Código Civil y llámese Ley de Procedimientos Administrativos de Adopción, establecen dos opciones para adoptar: una de ellas, es una persona sola, actualmente la legislación permite que una persona sola pueda adoptar; y la otra, es que los cónyuges, es decir matrimonio, pareja, puedan adoptar. Son las dos alternativas que existen. Como podrán darse cuenta, hay un vacío, porque los concubinos no pueden adoptar; es decir, aquellas personas que no se han casado, pero conviven, tienen una vida en común, están inscritos en los Registros Civiles correspondientes y tienen el mismo tratamiento con ligeras diferencias que el matrimonio. Entonces en Derecho hay una máxima que señala quién puede lo menos, puede lo más. Es decir, si una persona sola puede, una pareja formal con mayor razón debería poder adoptar. Y, básicamente, ese es el tema central de la propuesta legislativa, que viene con opiniones favorables de todos los sectores: Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio 65

de Justicia, etcétera, y viene con el respaldo absolutamente mayoritario de la Comisión de Justicia. No hemos encontrado a lo largo del debate un solo argumento en contra de este proyecto, y creo que no habría forma de encontrar argumentos, razón por la cual, señora Presidenta, le pido que someta al voto después, seguramente, de las intervenciones que se producirán. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista Eguren. Entonces, iniciamos el debate. Tiene la palabra el congresista León. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Muchas gracias. Presidenta, por aquí pedían si se puede hacer una inclusión para los congresistas en abandono también. (Risas). Bueno, proyecto que genera alegría, proyecto que genera una simpatía especial, porque se trata de derechos de familia. Quienes, como ya se ha dicho, están haciendo adopciones, llámese persona sola; y, mejor aún, una pareja que no siendo casados, son concubinos, hacen una vida de familia, indudablemente hay que permitir, hay que propiciar no solo permitir, hay que propiciar que mejor aún en ese ámbito familiar puedan ser adoptados. Sí me queda un comentario por hacer, porque la experiencia nos ha hecho conocer qué está pasando con este tema de las adopciones. Actualmente en los gobiernos regionales existe un Comité de Adopción, y los presidentes regionales son los presidentes de los Comités de Adopción, y lo que está pasando es que los procesos de adopción demoran muchos años, muchísimos años, tanto que en el camino se pierde esta posibilidad de que parejas, matrimonios, personas, que tienen tanto deseo de hacer una adopción de un niño, finalmente en el camino desistan. Entonces, si se podría en alguna parte de la propuesta del dictamen hablar sobre los plazos máximos para hacer este proceso de socialización y de adopción, creo que sería un derecho más prontamente que les pueda llegar a todos los chicos que necesitan tener una familia, y la familia, por tanto, seguramente con todo amor y con todo cariño están buscando tener hijos que puedan ser adoptados. Una interrupción, con todo gusto, al congresista... La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Lewis. El señor LEWIS DEL ALCÁZAR (GPUR).— Gracias, congresista. Sí, para acotar algo, y creo es importante. En el Censo Nacional de Población de Vivienda del Perú, sobre la base de población de doce años a más, que son más o menos 20 850 000; 5 124 000 declaran ser convivientes y 5 962 000 casados; o sea, casi el 66

50% viven en condición de conviviente, esa es una realidad social del país que no puede ser obviada en la dación de normas y reglamentos que puedan apoyar algo, que es una realidad también, que es el abandono de niños o la carencia de familia alrededor de niños de toda edad. Por tanto, creo que es importante tomando en cuenta también esta realidad nacional. Gracias, Presidente. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista León. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Muchas gracias, congresista. Un aporte que además grafica no solamente en lo que vemos en el mundo y en la vida diaria, sino que hay estadísticas que están mandando que esta norma es de urgente aprobación. Por lo tanto, señora Presidenta, mi bancada y nuestro voto será a favor de la aprobación de este dictamen. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Iberico. El señor IBERICO NÚÑEZ (PPC-APP).— Muchas gracias, Presidenta. La Constitución Política de nuestro país, en su 5.° artículo, y el Código Civil, en su artículo 326.° reconocen y le dan todos los derechos a las denominadas uniones de hecho, uniones que conforman un varón y una mujer que se unen voluntariamente y que obviamente no tiene ningún impedimento matrimonial para vivir en comunidad y conformar una familia. En ese sentido, Presidenta, coincido con el congresista Lewis, que hay muchas parejas que se han formado de esta manera. Acá tengo unas cifras del INEI, que señalan que desde el año 2004, el 17,6% de las personas vivían en unión de hecho, y esto se ha elevado pues el 2003 al 20,4, y sigue elevándose. Mientras que la condición de casado más bien va disminuyendo. Podemos o no estar de acuerdo, puedo o no gustarnos esto, pero es una realidad y ambas parejas sea por unión matrimonial o sea por un hecho merecen lo mismo, el mismo respeto, la misma consideración y tienen los mismos derechos que las parejas casadas. Me pide una interrupción la congresista Alcorta, de repente sobre el tema, por eso aprovecho para dársela. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Alcorta. 67

La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Gracias, Presidenta. Como toda ley también tiene su reglamento, porque eso se inicia con la Secretaría Técnica de Adopciones el año 94, 95, yo presumo que hay una junta que califica a esta pareja. Pero el promedio que han hecho referencia el congresista Lewis y el congresista Iberico, también está referido a un grupo, que lo debe decir ahí, socio-económico, que es, no justamente, que es la mayoría de personas en esa mitad que conviven porque el matrimonio sale muy caro, pero no tienen probablemente el mismo nivel socioeconómico intelectual de responsabilidades, pero para eso hay una calificación de una junta para el tema de la adopción. Solamente quería precisar ese detalle, gracias. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Iberico. El señor IBERICO NÚÑEZ (PPC-APP).— Exactamente, Presidenta. Acá quizás algunas discusiones que ha habido son justamente a raíz de estas cifras, si esto podría o no atentar contra quienes buscan fomentar el matrimonio. Bueno, pues, los que buscan fomentar el matrimonio pueden ver esto con preocupación y tienen sus razones para buscar, fomentar este tipo de unión. Sin embargo, Presidenta, aquí estamos ante un principio de interés superior, que también lo manda la Constitución y la ley. Y ese principio de interés superior es el de la protección de los niños y de los adolescentes en situación de abandono. Esto está por encima, Presidenta, de otras causas que podamos estar siguiendo por más nobles que estas fueran. En ese sentido, aquí estamos hablando de los niños, aquí estamos hablando de los adolescentes, que tienen el derecho a tener un hogar, sea conformado por una pareja unida matrimonialmente, o por una pareja constituida por una unión de hecho. Y, naturalmente, como bien lo ha señalado la congresista Alcorta, existen las instancias que van a evaluar las posibilidades, la capacidad social, económica, moral de esa pareja para poder adoptar al niño y al adolescente. Lo único que estamos evitando aquí es una discriminación insostenible en nuestra época, Presidenta. Por eso mi voto a favor de esta propuesta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista Iberico. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, el tema pasa, si bien el Código Civil genera ya derechos de convivencia, y a la par de la misma se sustenta este proyecto de ley dándole alguna prerrogativa adicional a la institución que solamente se daba cuando se tenía la condición de cónyuge o que, en todo caso, sea de una pareja de casados. 68

Y si hablamos del fin superior del Estado, es la tutela, la protección del menor, más cuando está en una condición de abandono, de orfandad. Y en ese criterio se pretende hoy dar el espacio para que también personas que tienen el status de conviviencia puedan adoptar a los niños. Esto, en verdad, devalúa la institución del matrimonio; pero, por otro lado beneficia en cierta medida para que cientos, sino miles de niños, puedan encontrar cobijo, puedan encontrar una oportunidad de desarrollarse en un ambiente familiar. Presidenta, aún cuando puedo tener algunos reparos sobre el mismo con relación a las instituciones sólidas de la sociedad, que son el pilar de la sociedad el caso de los matrimonios, me inclino más, presidenta, porque estos niños tengan la oportunidad de abrigo, de cobijo y que alguien pueda de alguna forma asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, presidenta, nuestra bancada de Gana Perú va a apoyar esta iniciativa aún con los temas de reparo que hemos hecho mención, porque sin duda, la sociedad se consolida, se hace importante a la medida que las instituciones del matrimonio funcionen bien, no obstante a ello reconocer que hay una estadística creciente que la mayoría de seres humanos hoy está restando más importancia a esa institución y pueda hacer su vida cotidiana en unión de hecho. Muchas gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista. No habiendo más oradores, va a intervenir el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Sí, muy breve, señora Presidenta. La convivencia y el matrimonio son estados civiles, ambos son familias y lo que manda la Constitución es la protección y fomento de la familia fundamentalmente, en términos generales, idealmente que sean matrimonios; pero, lo importante para este caso es el interés superior del niño y que se incorpore a una familia. Sin más, señora Presidenta, le pido que podamos votar el dictamen. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista. Concluido entonces el debate, vamos a votar el proyecto de ley. Votación nominal. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, en primera votación, por 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del proyecto de Ley que permite la adopción de menores de edad declarados judicialmente en abandono por parte de las parejas que confirman una unión de hecho. 69

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado por unanimidad. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 294 y 1656. —El texto aprobado es el siguiente: (COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA) "Votación nominal del proyecto 294 Señores congresistas que votación a favor: Julca Jara, Lewis Del Alcázar, Díaz Dios, Gutiérrez Cóndor, Gamarra Saldívar, Isla Rojas, Tejada Galindo, León Rivera, Velásquez Quesquén, Iberico Núñez, Portugal Catacora, Medina Ortiz, Neyra Olaychea, Cárdenas Cerrón, Rivas Teixeira, Guevara Amasifuen, Alcorta Suero y Solórzano Flores." La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se solicita la dispensa del trámite de sanción del Acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se acuerda tramitar los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Aprobado. Se levanta la sesión. —A las 14 horas y 15 minutos, se levanta la sesión.

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