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POLITICA

I

Viernes 11 de febrero de 2011

MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS s FUERTE DECISION DE OYARBIDE

Detuvieron al sindicalista Venegas EL PERFIL

Continuación de la Pág. 1, Col. 1 Rodríguez. Fue en el marco de una investigación que se inició por una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Durante su gestión, la obra social de Denaro fue cerrada por irregularidades, pero hoy está abierta nuevamente. También en relación con este caso, la Policía buscaba anoche a Rubén Darío Romano, que estuvo ligado al PAMI y lo acusan de ser el dueño de una droguería que traficaba remedios. La detención de Venegas fue a las 10.05 de ayer. “Interpreto que me vienen a buscar”, dijo el sindicalista cuando la Policía entró en su oficina del cuarto piso de Reconquista 630, el edificio de la Uatre. Se entregó sin resistencia, de acuerdo con el informe oficial. Mientras Venegas salía esposado, la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc), a cargo del comisario Néstor Roncaglia, llevaba adelante un gigantesco operativo en todo el edificio con cuatro brigadas. Allanaron la farmacia sindical, que está en la planta baja; la sede del sindicato; la de la obra social (Osprera) y las oficinas de Venegas. Se llevaron documentos, expedientes y computadoras que en las próximas horas llegarán al juzgado de Oyarbide. Para determinar si Osprera comercializó medicamentos adulterados o robados será clave el resultado de una “investigación administrativa de trazabilidad” que está en marcha, relató una fuente de la investigación. Este estudio está a cargo del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y permitirá averiguar, a través del seguimiento de un código de barras que tiene la caja de cada remedio, cuál fue su ruta. La Justicia llegó a Osprera porque era una de las obras sociales que le compraba drogas a San Javier, la empresa de Néstor Lorenzo, que está preso como uno de los principales acusados por la mafia de los medicamentos. De acuerdo con la investigación, entre los negocios de Lorenzo estaba la venta de remedios robados. Para evitar que fueran identificados, se les

La Justicia descubrió que la obra social de Venegas le compraba drogas a San Javier, la empresa más complicada en la causa cambiaban los troqueles por otros, que eran falsos. Con este mecanismo, las drogas que comercializaba eran originales, pero de todos modos podían ser nocivas para la salud: cuando los remedios son robados difícilmente se respeta la cadena de frío. La obra social de Venegas está sospechada, además, de haber tenido relación con la droguería Arcacel, objeto de una investigación en la que se detectaron unos 7000 troqueles falsos. Esta droguería comercializaba medicamentos robados y adulterados, afirmó Oyarbide en un fallo del año pasado.

En vilo La detención de Venegas, sumada a la hiperactividad del juzgado de Oyarbide en las últimas horas, puso en vilo al mundo sindical. Aún no se sabe con precisión cuáles son las pruebas que hay contra el líder de la Uatre y se desconoce si hay otras obras sociales en una situación similar. Entre los gremios sospechados, que son más de 80, está incluso Camioneros, el liderado por el titular de la CGT, Hugo Moyano. En ese caso, no se demostró que se hubieran traficado medicamentos adulterados, pero estudios preliminares sobre troqueles presentados por su obra social refuerzan las sospechas de una posible estafa al Estado. Esta semana no sólo los sindicalistas estuvieron en la mira de Oyarbide. Anteayer, el juez procesó a Héctor Capaccioli y a los funcionarios kirchneristas que fueron los responsables legales del financiamiento de la campaña de Kirchner-Cobos, Hernán Diez y Sebastián Gramajo (ambos funcionarios en actividad). Sostuvo que en la campaña ingresó dinero sucio, proveniente de la mafia de los remedios, y que ellos lo sabían.

Un peso pesado, con 20 años en el poder NICOLAS BALINOTTI LA NACION

MARCELO GOMEZ

Entre gran revuelo, Venegas fue trasladado, esposado, a su lugar de detención

Duhalde: “Quien es oposición hoy está en libertad condicional” Acusó al Gobierno por el arresto de Venegas; promueve protestas y juicio político al juez LAURA SERRA LA NACION La súbita detención del secretario del gremio de peones rurales Gerónimo “Momo” Venegas por orden del juez federal Norberto Oyarbide desató un terremoto en las usinas duhaldistas. “Venegas va a ir preso porque ésa es la decisión del Gobierno”, acusó Eduardo Duhalde, al caer la tarde de ayer. Quienes rodean al precandidato presidencial del PJ no podían disimular su perplejidad. “Nos tomaron por sorpresa, no esperábamos una medida así”, susurraban. Convocados de urgencia en las oficinas de Duhalde en el barrio de Congreso, legisladores, sindicalistas y representantes de las cuatro entidades rurales coincidieron en que Oyarbide obedeció órdenes del Gobierno y detuvo a Venegas para contrapesar el procesamiento que había dictado días antes al ex funcionario kirchnerista Héctor Capaccioli, también implicado en la llamada “mafia de los medicamentos”. Convencido de la inocencia de Venegas, Duhalde advirtió que el Gobierno ordenó una “persecución política” contra la oposición. “Quien es oposición a este gobierno hoy está en libertad condicional”, advirtió. En el duhaldismo no cabían ayer en su asombro no bien conocieron la noticia sobre la detención. “Es increíble que Capaccioli y [Ricardo] Jaime, procesados nada menos que por asociación ilícita, todavía estén libres, mientras que a Venegas lo han detenido sin tomarle indagatoria previamente”, advirtió el diputado Eduardo Amadeo, un incondicional de Duhalde.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció ayer que el Gobierno se presentará como querellante en las causas judiciales por denuncias de trabajo esclavo o trata de personas en empresas agropecuarias, en casos que fueron detectados por la AFIP. Este avance del gobierno nacional repercute en el enfrentamiento con Gerónimo Venegas, que conduce el gremio de los peones rurales y preside el ente que regula sus condiciones de trabajo.

“Este es un gobierno que con la muerte de Kirchner ha quedado decapitado”, dijo Gerónimo Venegas, hace dos semanas

EMILIANO LASALVIA

Duhalde, acompañado por Graciela Camaño, se puso al frente de la defensa política de Venegas De todas maneras, los duhaldistas algo se veían venir. Los embates del Gobierno contra Venegas por denuncias sobre trabajo esclavo en su sector y, más recientemente, una supuesta advertencia del jefe de la CGT, Hugo Moyano, habían encendido las señales de alarma. “En un encuentro casual, en la cancha de Independiente, Moyano le dijo al Momo: «Te van a meter preso»”, denunció ayer Duhalde.

Contra Oyarbide El clima en las oficinas duhaldistas era denso. Los ruralistas amenazaron con promover cortes de rutas, pero Duhalde los desalentó. “Movilícense, pero al costado de la ruta”,

los instó. Mientras tanto, los legisladores analizaron la posibilidad de un pedido de juicio político contra el magistrado. La medida contaría con el apoyo del bloque Pro cuyo presidente, Federico Pinedo, se corrió a las oficinas de Duhalde para analizar la situación. Lo acompañaron Jorge Triaca y los diputados Gustavo Ferrari y Natalia Gambaro, íntimos de Francisco de Narváez. Allí los esperaban los diputados duhaldistas Amadeo, Alfredo Atanasof, Claudia Rucci y Graciela Camaño. “Es llamativo que, intempestivamente, sin motivo ni posibilidad de defensa, el juez haya dispuesto que una persona permanezca presa durante 48 horas antes de ser indagada.

El Gobierno le pidió la foto y Oyarbide se la dio”, acusó Camaño. Desde distintos sectores de la oposición también cuestionaron la medida del juez. “Hay dirigentes, funcionarios y ex funcionarios de este gobierno procesados, algunos en casos escandalosos, que están en libertad o incluso se los autorizó a viajar al exterior de vacaciones, mientras que a Venegas primero se lo detiene y luego se lo indaga”, señaló De Narváez. “Venegas no debería estar preso. Ni siquiera ha sido procesado previamente”, insistió, por su lado, el diputado y también precandidato presidencial del Peronismo Federal Felipe Solá.

EL PULSO POLITICO

Cualquiera puede ser el próximo Continuación de la Pág. 1, Col. 4

Otro frente abierto: el trabajo esclavo MARTIN

RODRIGUEZ YEBRA

Enarcó las cejas con asombro y cortó el teléfono con pulso trémulo. Gerónimo Venegas se quedó petrificado por un segundo que pareció una eternidad. Estaba solo en su despacho del cuarto piso de Reconquista 630. Pensó fugazmente que la policía lo iba a buscar por alguna irregularidad vinculada al trabajo esclavo en las zonas rurales. Pero jamás imaginó, según sus más estrechos colaboradores, que quedaría involucrado en la mafia de los medicamentos. El encarcelamiento de “Momo” Venegas, un peso pesado en el mundo sindical, sacudió al personal de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), gremio que conduce desde hace dos décadas. La detención fue pacífica y silenciosa. Venegas no se resistió en ningún instante ante la irrupción de los efectivos de la Policía Federal, según contaron testigos de la captura. Abiertamente alineado con el precandidato presidencial Eduardo Duhalde, Venegas es un ferviente crítico del kirchnerismo. En una de sus últimas entrevistas, hace dos semanas en la revista El Parlamentario, fustigó: “Este es un gobierno que con la muerte de Kirchner ha quedado decapitado. Cuando muere el padre, los hijos se pelean por la sucesión, y eso es lo que está pasando”. El destino político bifurcó su amistad con Hugo Moyano, un viejo compinche de avivados reclamos laborales. Desde que Venegas se

afiliados descubierto hace tres años. Ya había caído preso el bancario Juan José Zanola (cercano a los Kirchner hasta esta desgracia judicial). Y en las últimas horas quedó procesado por delitos graves el hombre que recaudó el dinero de las campañas del oficialismo de 2003 a 2007, Héctor Capaccioli. La paz en el oficialismo nunca será completa si un aliado tan pesado como Moyano sospecha que lo están amenazando con la cárcel, razonaba ayer un experimentado dirigente que hoy milita en el kirchnerismo. La lógica de Oyarbide y su fervoroso protagonismo alimentan la lectura política que difunden los opositores al Gobierno. El juez carga con ser el hombre que cerró sin mirar demasiado la investigación sobre el notable incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y el que procesó en tiempo récord a Mauricio Macri por el caso de las escuchas ilegales en la

ciudad. Horas antes de detener por sorpresa a Venegas había procesado por media docena de cargos a Capaccioli, sin considerar que mereciera la cárcel. Para colmo, Venegas estaba en la mira del Gobierno desde hace semanas, bombardeado por denuncias de avalar el trabajo rural “en condiciones de esclavitud”, pese a conducir el gremio que representa a los peones del campo. En la Casa Rosada intentan despegarse del juez: recuerdan que también impulsó las causas de corrupción que involucran al ex secretario Ricardo Jaime y que ayer mismo procesó a dos funcionarios en actividad por los fondos de campaña. Es cierto también que cada vez que complicó a un oficialista, avanzó luego contra un opositor o viceversa. ¿Coincidencia o una curiosa ley de las compensaciones? Más allá de la furia opositora, la investigación nunca podrá ser benévola para el Gobierno. Al fin de cuentas, lo que sale a la luz con la causa que tiene a Venegas en la cárcel es un enorme

defraudación de dinero público en la que intervinieron altos funcionarios gubernamentales, empresarios ligados al poder y sindicalistas de perfiles variados, en una trama que incluyó financiación ilegal de la política y crímenes mafiosos. A algunos kirchneristas no les gustó demasiado la imagen de Duhalde victimizado, tal vez en un ensayo para reflotar una candidatura presidencial desinflada. Y miraban sin mayor alegría un escenario inminente de protestas sindicales y movilización opositora en defensa de Venegas. Todo mezclado con la creciente tensión interna del oficialismo, en la que la guerra fría con Daniel Scioli es apenas la cara visible. La única certeza que aparece a uno y otro lado del tablero político es que los movimientos impredecibles del juez Oyarbide amenazan con convertirse en un factor decisivo de la pelea por el poder que acaba de comenzar.

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enfiló detrás del Peronismo Federal, su buena relación con el secretario general de la CGT se enfrió y se hizo distante. Aunque ambos se ocupan de mantener los lazos: se llaman por teléfono al menos una vez al mes y ocasionalmente comparten un palco en el segundo nivel del estadio de Independiente, la pasión que a ambos los puede. “Con Hugo está todo bien, más allá de que uno haya elegido un camino político distinto”, dijo en una charla con LA NACION el 27 de enero pasado. En cambio, no sería tan afable su vínculo con Luis Barrionuevo, el líder de la CGT Azul y Blanca, con quien actualmente impulsa la candidatura de Duhalde. En su despacho de Uatre lucen fotos y bustos de Perón. Una foto con el traslado del féretro del general ilustra el fondo de pantalla de su computadora de escritorio. Se define como un militante de pura cepa. Imágenes, recuerdos y suvenires de la liturgia peronista no le faltan. Es el presidente de las 62 Organizaciones Peronistas, el tradicional nucleamiento político gremial. Venegas forma parte de los jerarcas sindicales que hacen culto de la perpetuidad. Asumió en Uatre el 28 de diciembre de 1991 y dirige la obra social del gremio desde 1995. La obra social tiene cerca de 1,5 millones de afiliados y el presupuesto del gremio sería de entre tres y cinco millones de pesos mensuales. La última gran batalla dialéctica de Venegas contra el Gobierno fue por el trabajo esclavo y en negro de los empleados rurales. ¿Cuál fue el contrapunto? Según las cifras del organismo que lidera Venegas, el trabajo en negro de los empleados rurales sería de aproximadamente el 42%. Para el Ministerio de Trabajo, en cambio, superaría el 60% y en algunas provincias rayaría el 90%. Este es el argumento del Gobierno para promover un nuevo organismo de control que reemplace al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), ente autárquico que reúne a las cuatro entidades agropecuarias y a la Uatre, y que es presidida por Venegas. Si se aprobara la modificación del régimen del peón que impulsa la Casa Rosada, el Renatre y sus fondos pasarían a manos del Estado. “No le tengo miedo al Gobierno. Del Renatre me sacan con los pies para adelante”, desafió Venegas, al criticar el proyecto oficial. Fue hace apenas dos semanas.