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POLITICA

I

Jueves 7 de julio de 2011

LOS CONTROLES DEL ESTADO s OTRA MEDIDA LLAMATIVA DE RICARDO ECHEGARAY

Desactivan un equipo clave de la AFIP Continuación de la Pág. 1, Col. 2 en la copia de la disposición que obtuvo LA NACION. Pero aunque todavía se desconoce qué tareas se les asignará allí, la noticia –que carece de antecedentes similares entre los equipos de investigación– trascendió rápido dentro de la AFIP, así como las diferentes interpretaciones sobre la decisión de Echegaray. “La orden tiene un doble objetivo. Por un lado, ejemplifica hacia adentro sobre cuáles son los intereses de esta gestión y cuáles son los límites que no hay que cruzar”, argumentó un técnico crítico de Echegaray desde adentro de la propia AFIP. “Por el otro, apunta a destruir la transmisión oral de conocimientos, de la experiencia, de los más veteranos a los sabuesos más jóvenes.” La decisión de Echegaray ahonda en la línea de otras medidas similares que adoptó desde su arribo a la AFIP, a fines de diciembre de 2008, tras definirse como “un pingüino auténtico” y un “prolijo ejecutor de instrucciones” desde sus tiempos

Afectado a la causa Skanska y luego a la del BNP, el Equipo E aportó también al posible Skanska II al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA), desde donde se enfrentó repetidas veces con su entonces superior Alberto Abad. Ya al frente de la AFIP, en mayo de 2010, Echegaray retiró a los sabuesos que colaboraban en la causa Viazzo, de facturas truchas por más de $ 615 millones, en la que aparece una extensa lista de empresas beneficiarias. Entre ellas Telecom Argentina, Metrovías, TEBA, Ledesma, OCA, Casino de Buenos Aires, Ciccone Calcográfica, Siemens, Disco, Coto y Conarpesa. Y, también, Gotti y Palma, dos empresas muy vinculadas a Lázaro Báez. Casi en simultáneo con la orden que afectó la pesquisa en el caso Viazzo, Echegaray también le retiró su colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco). En este caso retiró a cuatro expertos, aun cuando el fiscal Mariano Borinsky le reclamó por nota al titular de la AFIP para que reviera su orden. Al trascender la remoción de esos

contadores, el entorno de Echegaray también argumentó que sólo se trataba de un “reacomodamiento del personal”, pero que “de ningún modo afecta las investigaciones”, algo que desmintieron desde Tribunales. “Sólo se trata de una reorganización y distribución de recursos humanos, en especial, del personal en comisión”, insistieron desde la AFIP.

Tintes políticos Poco después, Echegaray adoptó una decisión con tintes políticos. Designó a la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, al frente de la flamante Dirección Regional de la AFIP en Río Gallegos, donde deben tributar los Kirchner, Báez y Rudy Ulloa, entre otros. Hace diez días, García quedó en el tercer puesto en la lista de candidatos a senadores por el kirchnerismo en Santa Cruz. Antes del arribo de Echegaray a la AFIP, sin embargo, el kirchnerismo ya había dado otras muestras en esa misma línea. Bajo el mando de su antecesor inmediato, Claudio Moroni, a fines de julio de 2008 removieron al jefe de la oficina de Comodoro Rivadavia, Norman Williams, a su superior, Jaime Mecicovsky, y al director de la Dirección General Impositiva (DGI), Horacio Castagnola. Williams, en ese momento, investigaba a las empresas de obras públicas con operaciones en Santa Cruz por el uso de facturas truchas. Entre ellas, otra vez, las vinculadas a Báez, que luego modificaron su domicilio fiscal y terminaron bajo la órbita de otro polémico funcionario de la AFIP, Andrés Vázquez, el hombre que ordenó el operativo contra Clarín y, según reveló LA NACION en octubre último, sacó casi US$ 500.000 del país a través de la cueva del BNP Paribas. Las planillas con datos de Vázquez y el resto de los clientes del BNP circularon por varios juzgados, la AFIP, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF). De allí surge, también, la cuenta 623709 a nombre de dos personas de apellido Salerno por US$ 750.000, que Ocaña no descarta que sean familiares del líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano. Afectado durante los últimos años a la causa Skanska, el Equipo E también colaboraba en otras pesquisas. Entre otras, según indicaron a LA NACION desde la AFIP, sobre la posible conformación de otra presunta asociación ilícita para utilizar facturas truchas en un posible caso Skanska II.

Las polémicas de una gestión Antecedentes

Empresas

Primer incidente

Coimas

Operativo sin órdenes

IBM-Banco Nación

En septiembre de 2009, un megaoperativo de la AFIP contra el Grupo Clarín concluye en escándalo. Ricardo Echegaray dijo que no había ordenado ninguna inspección, pero mantuvo en su cargo al responsable directo, Andrés Vázquez.

Considerado uno de los mayores escándalos de los 90, la investigación judicial contó desde 1998, y por orden del entonces juez federal Carlos Liporaci, con la colaboración de los sabuesos que integraban el Equipo E de la AFIP.

Segundo incidente

Poder político

Megacausa Viazzo

Yoma SA

En mayo de 2010, y sin previo aviso, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, retiró a dos contadores que colaboraban con la pesquisa sobre facturas truchas justo cuando la fiscalía preparaba su dictamen de elevación a juicio oral por más de $ 615 millones.

Perteneciente a una de las familias más poderosas durante el menemismo, la curtiembre fue investigada por los reintegros a las exportaciones; basados en el Equipo E, la Justicia ordenó la devolución de $ 8,5 millones.

Tercer incidente

Cueva financiera

Unidad Fiscal

BNP Paribas

Poco después, Echegaray también retiró a los cuatro expertos que colaboraban con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) y mantuvo su decisión a pesar del pedido explícito del fiscal a cargo de esa unidad.

Detectada durante un allanamiento de la Gendarmería, la cueva financiera de la entidad francesa movía más de US$ 250 millones de cerca de 500 clientes VIP a los que investigó el Equipo E, hasta la reciente orden de Echegaray.

Cuarto incidente

Colapso textil

Un sabueso evasor

Gatic SA

En octubre último, LA NACION reveló que el director Andrés Vázquez tenía una cuenta abierta en el exterior a través de la cueva del BNP Paribas con casi medio millón de dólares no declarados ante la propia AFIP. Pero, como ocurrió tras el operativo contra el Grupo Clarín, Echegaray mantuvo en su cargo a Vázquez.

Quinto incidente

Oncca disuelta En febrero pasado, el Gobierno ordenó la disolución de la Oncca, sacudida por las presuntas irregularidades cometidas desde la gestión de Echegaray que derivaron en una investigación judicial.

Tras analizar y desarrollar un perfil de los presuntos ilícitos tributarios cometidos en la empresa textil por entonces en manos de la familia Bakchellian, el Equipo E desarrolló el proyecto de denuncia penal por presunta evasión agravada de resonancia nacional.

Facturas apócrifas

Caso Skanska Iniciada como una investigación más sobre presunta evasión fiscal mediante el uso de facturas apócrifas, la investigación dio un vuelco a medida que se detectó el presunto pago de sobornos a funcionarios nacionales, algo que la empresa sueca Skanska admitió de manera oficial.

“No hay nada en contra de ese personal” Con el lema “2011- año del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores”, en el ángulo superior derecho de la resolución, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, removió a los cuatro integrantes del «Equipo E» de investigaciones complejas en apenas dos carillas. Lo hizo apoyado en un pedido de “limitación de la comisión de servicios que vienen cumpliendo en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49”, donde quedó delegada la pesquisa sobre cientos de clientes de la cueva que el BNP Paribas operó en Buenos Aires. Colaboradores de Echegaray en la AFIP precisaron, sin embargo, que los cuatro sabuesos “fueron reintegrados donde se necesitaba personal” y aclararon que “se les mantuvo la jerarquía y sus salarios”, e insistieron en que la decisión no implica ningún encono con los afectados. “No hay nada en contra de ese personal. Sólo se trata de un trámite administrativo de movimiento de recursos humanos”, afirmaron. La explicación oficial de la desintegración del «Equipo E» fue, asimismo, que “sus lugares en Grandes Contribuyentes Nacionales se habían cubierto y cuando volvieron se optó por enviarlos a donde más se los necesitaba”, algo que no ocurrió sin embargo cuando el «Equipo E» retornó tras su labor en IBM-Banco Nación, Yoma SA o Skanska.

“Equipos exitosos” Más aún, un colaborador del titular de la AFIP afirmó que “Echegaray no acostumbra desarmar equipos, en especial si son de investigación y mucho menos si han sido exitosos”. La última de esas pesquisas comenzó en 2007, cuando la entonces interventora del PAMI Graciela Ocaña denunció a un controvertido gerenciador de la obra social, Miguel Romano. Cuando se investigó su patrimonio, se detectaron un par de cuentas bancarias “negras”. Y al hurgar un poco más, se encontraron con la sucursal no declarada del BNP por más de 250 millones de dólares.

FONDOS BAJO SOSPECHA

Por falsificar firmas, piden indagatorias

La Aduana se negó a dar información del caso Schoklender

Es por la construcción de un barrio de las Madres

Involucra dos donaciones y una importación millonarias; se negó a aportar más precisiones HUGO ALCONADA MON LA NACION La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se negó a aportar información sobre por lo menos tres millonarias operaciones de comercio exterior que involucran a entidades de las Madres de Plaza de Mayo, que LA NACION reveló la semana pasada. En una carta firmada por su directora general, María Siomara Ayerán, la Aduana sólo negó que una importación haya levantado resistencia dentro del organismo; también negó que hayan desaparecido dos expedientes sobre donaciones recibidas por la entidad que preside Hebe de Bonafini. Las sospechas se concentran en múltiples donaciones, entre otras dos efectuadas por Cis SRL y Ceramic Industry Supplying SRL para una entidad de las Madres, la Asociación Rebeldía y Esperanza. Todas fueron gestionadas ante la DGA por el área Redes de la Cancillería. Ante la consulta posterior de LA NACION, sin embargo, la AFIP se negó a precisar dónde se encuentran esos expedientes o siquiera a aportar los números con los que se asentaron en los registros de la Aduana, aun cuando no son confidenciales. En su carta, no obstante, Siomara Ayerán reconoció que la Fundación Madres de Plaza de Mayo, como entidad sin fines de lucro, inició los “trámites de exención” ante la Dirección General Impositiva (DGI) para evitar el pago de ciertos impuestos de una tercera operación: la importación de la maquinaria italiana con la que luego debió construir las viviendas sociales. Según la titular de la Aduana, sin embargo, en algún momento la fundación cambió de parecer y, aun

cuando debió quedar exenta, optó por pagar “las sumas de US$ 230.153,41 en concepto de IVA; US$ 8632,71 de derechos de importación, y US$ 36,72 por tasa de estadística”. LA NACION consultó entonces qué ocurrió con el trámite de exención gestionado ante la Agencia 8 de la DGI para obtener el certificado que, si no hay problemas, suele librarse en apenas 72 horas. Pero la AFIP se negó a aportar precisiones sobre ese trámite, por qué quedó varado o siquiera a aportar los números de esas actuaciones. LA NACION consultó, además, si la contramarcha de la fundación –y el posterior pago de unos impuestos que podría haber evitado– no activó los usuales estamentos de control por posibles pagos indebidos al exterior o un eventual lavado una vez ingresada la maquinaria.

A la Justicia Entre esos controles, según precisaron expertos aduaneros, descuella la revisión del valor declarado, como lo establece la resolución general 1907 de la AFIP, que le permitía a la Aduana requerir hasta el permiso de expedición de su contraparte italiana y coordinar acciones de control con la DGI, como lo fija el art. 3° de esa misma RG 1907. Pero tampoco obtuvo respuesta. Siomara Ayerán, por último, retomó el presunto extravío de dos expedientes referidos a dos donaciones “con destino a la Fundación Madres de Plaza de Mayo”, aun cuando LA NACION abordó dos operaciones de otra entidad de las Madres, la Asociación Rebeldía y Esperanza, que figuran en los registros de la Cancillería y la Memoria Detallada del Estado de la Nación de 2003. Dado que los números de esos expedientes no deberían ser secretos,

ARCHIVO

Sergio Schoklender

Las claves ➔ Operaciones bajo la lupa: por lo

menos dos donaciones desde el exterior y una importación para las Madres de Plaza de Mayo generaron controversia dentro de la Dirección General de Aduanas (DGA) por el riesgo de que ocultaran presuntos contrabandos.

➔ Posición oficial: la directora de la

DGA, María Siomara Ayerán, defendió la actuación de su organismo, negó cualquier irregularidad e informó que remitió a la Justicia la información para su análisis.

➔ Silencio posterior: ante la con-

sulta de LA NACION, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la cual depende la DGA, se negó a dar más información sobre los expedientes de esas operaciones.

LA NACION solicitó esa información para continuar luego por su cuenta con la búsqueda de datos. También preguntó si la Aduana controló “los certificados de donación emitidos en el consulado del país de procedencia de la mercadería donada”; quién “firmó la solicitud para que

autoricen la importación de esas donaciones”; si la Aduana “ejerció el control inherente a la comprobación de destino de esa mercadería donada” o siquiera si le “consta a la Aduana que la mercadería donada amparada por los expedientes fue utilizada por las Madres y no por una empresa”, como la sociedad Meldorek, de Sergio Schoklender, lo que podría configurar un contrabando. En efecto, si la fundación prestó, vendió o siquiera cedió la maquinaria a un tercero, como Meldorek, podría configurar un contrabando, con penas de 4 a 10 años de prisión –si hubo connivencia de funcionarios aduaneros o de la DGI–, y multas por hasta 20 veces el valor “en plaza” de la mercadería, además de su decomiso. Es decir, más de US$ 43 millones. Pero la AFIP tampoco contestó. Por el contrario, Siomara Ayerán sólo informó que la Aduana envió a la justicia federal la “documentación relacionada” con el artículo de LA NACION. Pero desde la AFIP tampoco precisaron “a qué juzgado, secretaría y/o fiscalía la remitieron”, ni qué material enviaron. Es decir, si enviaron “las copias de los expedientes de las donaciones de Cis SRL y Ceramic Industry Supplying SRL o sólo la carpeta del despacho del Sistema Informático María”.

Representantes de una asociación civil pidieron ayer que el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender fuera citado a declarar como acusado por la presunta falsificación de firmas para obtener fondos del Estado destinados a la construcción de viviendas sociales en el Bajo Flores. El pedido presentado ante el juez federal Ariel Lijo es por Esperanzas de un Cambio, la organización que promovió la denuncia que dio origen a este expediente. Acusó a Schoklender de haber falsificado firmas de miembros de la asociación con el objetivo de solicitar los fondos al Ministerio de Planificación Federal. Según la denuncia, Schoklender se acercó a la asociación tras el incendio, ocurrido en 2007, de casillas en la villa El Cartón y propuso formar una cooperativa para gestionar el pedido de fondos para la construcción de nuevas viviendas. Los denunciantes señalaron que la presentación ante el Ministerio de Planificación fue realizada con sus firmas, pero sostuvieron que nunca rubricaron el pedido de fondos. Lijo ya cuenta con la respuesta a oficios cursados a distintas dependencias oficiales, incluido el Instituto Nacional de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las pruebas realizadas hasta ahora hay un peritaje taquigráfico que determinó que las firmas fueron fraguadas y ahora se busca determinar si eso se hizo para acelerar la gestión de los fondos o para sustraerlos de su destino legal. En una causa que avanza en paralelo, Schoklender ya está siendo investigado por el juez federal Norberto Oyarbide por presuntas maniobras de desvío de dinero que recibieron las Madres. Esta causa se inició en julio de 2008. En un primer momento, la tuvo a su cargo el juez de instrucción Gustavo Pierretti, que se declaró incompetente y la envió a los tribunales federales. En este fuero la recibió el juez Rodolfo Canicoba Corral, que, por

compensación, se la remitió a Lijo. El fiscal del caso es Eduardo Taiano. Miriam Aquino, dirigente barrial de El Cartón, relató a Perfil que Esperanzas de un Cambio fue creada por recomendación de Schoklender para que el Estado solventara la construcción de 220 viviendas. En septiembre de 2007, la asociación firmó un convenio para la construcción de las viviendas con Madres. “El explicó que la asociación civil era necesaria”, dijo Aquino. El primero de los convenios fue el del 21 de septiembre de 2007 y era para la construcción de 220 viviendas por $ 25.740.000, con aportes en su mayoría provenientes del gobierno nacional. La empresa constructora era la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini. Fue necesaria una ampliación del convenio por otras 560 casas, pero en este caso la asociación asegura que no firmó el acuerdo. El 26 de marzo de 2008 se firmó un nuevo convenio. “Pero nosotras no firmamos nada, falsificaron nuestras firmas”, dijo Aquino en una entrevista al diario Perfil. Ahora las denunciantes piden la indagatoria de Schoklender por eso. El convenio en cuestión implica 780 unidades en Castañares y General Paz, la obra más importante que tiene en ejecución la ciudad en materia de viviendas. En la causa paralela, el juez Oyarbide, antes de tomarse una licencia hasta el 18 de julio inclusive, pidió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que le enviara los antecedentes de esos convenios. Les mandó una orden de presentación, que en realidad se trata de un oficio judicial que intima al destinatario a entregar la documentación, bajo pena de obtenerla mediante un allanamiento. Estos acuerdos siguen vigentes y la ciudad de Buenos Aires sigue pagando a la Fundación Madres de Plaza de Mayo los fondos públicos nacionales que le siguen girando el Estado nacional para completar las obras que están construidas en poco más del 50 por ciento.