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INFORMACION GENERAL

I

Domingo 10 de octubre de 2010

DENUNCIA JUDICIAL s TRECE IMPUTADOS TRAS DOS AÑOS DE INVESTIGACION

Debía cuidar los trenes, pero los vendía Es un ex funcionario de la Onabe, acusado por un fiscal federal de ser el jefe de una asociación ilícita que desguazó más de 600 vagones GUSTAVO CARABAJAL LA NACION La Justicia acusó a un calificado ex funcionario del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) por haber montado un desarmadero en el que se habrían desguazado entre 600 y 700 vagones, y más de un kilómetro de rieles. En 2003, el gobierno designó al licenciado Daniel Omar Pires como coordinador nacional de Seguridad y Resguardo Patrimonial del Organismo Nacional del Onabe. Este nombramiento puso a Pires como el máximo responsable de custodiar los bienes del Onabe. Pero, en realidad, la designación de Pires en ese cargo fue como poner al zorro a cuidar el gallinero. Hace tres días, el fiscal federal Morón Sebastián Basso pidió al juez federal de ese distrito, Jorge Rodríguez, que indagara a Pires y a otros 12 imputados por considerarlos miembros de una asociación ilícita destinada a desarmar y comercializar vagones de trenes y rieles que estaban en la playa de cargas de Haedo y pertenecían al Estado. Según el fiscal, quedó probada la existencia de un grupo organizado de personas, liderado por Pires, que se dedicó al desguace de material ferroviario en desuso que se hallaba depositado en aquel predio situado entre las vías del ex ferrocarril Sarmiento y las calles Rawson y Remedios de Escalada. Según expresó el fiscal Basso en su dictamen, “los vagones y los rieles eran vendidos a distintas empresas que, con conocimiento del origen ilícito de la mercadería, la adquirían, e incluso existen indicios de que una de esas firmas habría exportado las piezas”. Pires se desempeñó como jefe de Seguridad del Onabe hasta el 30 de

junio de 2005, según figura en una nota que el director ejecutivo de ese organismo, Fernando Miguel Suárez, envió al Ministerio de Seguridad bonaerense, que había requerido información sobre el funcionario acusado. Una de las pruebas que el fiscal utilizó para fundar la acusación contra Pires fue un memorando del auditor interno de la Unidad de Auditoría Interna del Onabe.

Numerosas denuncias sin condenas

Desarmadero En aquella nota, se informó: “Durante una inspección realizada en la estación Remedios de Escalada, se pudo observar que se estaban efectuando cortes de coches de pasajeros y vagones. Cuando se le pidieron explicaciones al encargado del almacén y taller, dijo que dichas tareas habían sido ordenadas por el coordinador de Resguardo Patrimonial y que los materiales desguazados eran trasladados al almacén Liniers”. Entonces, el encargado les mostró a los inspectores dos comprobantes firmados por Pires, en los que se autorizaba el traslado de los vagones desarmados al depósito de Liniers. Cuando los auditores del Onabe fueron a Liniers para verificar si las piezas estaban allí, el jefe del depósito les dijo que nunca había recibido materiales provenientes del desguace de vagones que se realizaban en la rstación Remedios de Escalada. La investigación que derivó en la acusación contra Pires comenzó en junio de 2008, a partir de una llamada anónima que recibió Graciela Podestá, la Coordinadora Nacional de Seguridad del Onabe. Luego de escuchar al informante anónimo, la funcionaria presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, para que se investigara si en el predio de playa de cargas Haedo se desguazaban vagones y rieles.

HERNAN ZENTENO

El ferrocarril Sarmiento, entre las calles Rawson y Remedios de Escalada, eje de la investigación Por entonces, el magistrado trasladó la denuncia al fiscal federal Basso, quien consideró que había elementos suficientes para iniciar una investigación. Después de dos años, en los que se acumularon datos, testimonios y elementos sobre la actuación de Pires y de la empresa que conformó para vender las piezas de los vagones desarmados, el fiscal solicitó las indagatorias de Pires y de su pareja, quien figuraba como integrante del directorio de la firma Finca Alegranza SRL, que se encargaba del desguace de los vagones en la playa de cargas Haedo.

Además, el fiscal secuestró documentación que prueba que Pires realizó esa maniobra cuando se desempeñaba como jefe de Seguridad del Onabe. Curiosamente, en esa época, Pires participó en varios allanamientos contra metalúrgicas que compraban los rieles de distintos ramales de trenes en el país. La hipótesis de los investigadores sostiene que algunas de esas empresas fueron denunciadas por Pires y que, con los años, se convirtieron en clientes de la firma que montó para vender los vagones que desarmaba.

El expediente detenciones: además de ➽ Piden solicitar las indagatorias de los acusados, el fiscal federal Sebastián Basso pidió las capturas de Daniel Pires, Juan Carlos Tolenti, Daniel Caspe y Alberto Acevedo. El fiscal fundó su pedido en la gravedad de la acusación. judicial: el juez fe➽ Resolución deral de Morón Jorge Rodríguez aceptó la solicitud del fiscal para indagar a los imputados, pero decidió que siguieran en libertad durante las indagatorias.

El proceso de desmantelamiento de los ferrocarriles argentinos comenzó a ser denunciado hace una década. En la justicia federal se iniciaron varias investigaciones. La mayoría terminó sin condenas y fueron archivadas. El director de cine Fernando “Pino” Solanas, quien actualmente es diputado nacional por Proyecto Sur, mostró en su película “La última estación” el proceso de canibalización de los trenes argentinos. En parte de la película, Solanas se refiere al saqueo de los materiales ferroviarios, que ocurrió tras las privatizaciones de los 90. En caso de prosperar la investigación encarada por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso, serán desbaratados todos los eslabones de la cadena de saqueo del patrimonio del Estado. Entre los 13 imputados en la causa figura Daniel Pires quien, desde su puesto como coordinador de Seguridad del Organismo Nacional de Bienes (Onabe) habría firmado las órdenes de traslado de más 600 vagones a un predio del Estado en Haedo, donde fueron desguasados. También figuran los propietarios de las empresas que compraron las piezas de los vagones desarmados, a sabiendas de que eran robadas. El fiscal acusó a la mayoría de los 13 imputados de robo agravado y asociación ilícita, y pidió sus detenciones ante la posibilidad de que pudieran alterar las pruebas que los comprometen.

INSEGURIDAD EN EL CAMPO s PROYECTO OPOSITOR

EN TUCUMAN

Se resuelve sólo el 25% de los delitos rurales en la provincia de Buenos Aires

Mueren dos juezas en un choque

Plantean destinar parte del presupuesto a patrullas; en 2009, de 1388 casos se esclarecieron 340 MARIA JOSE LUCESOLE CORRESPONSALIA LA PLATA LA PLATA.– Sólo uno de cada cuatro delitos rurales registrados en la provincia de Buenos Aires logró ser esclarecido durante el año último. En 2009, se registraron 1388 robos y hurtos de animales. Esto equivale a casi cuatro delitos cometidos por día. Del total de esos hechos, la policía bonaerense sólo consiguió esclarecer 340, es decir, el 25 por ciento, uno de cada cuatro hechos ilícitos. Así lo informó a L A N ACION el diputado provincial Jorge Srodeck (Unión Pro), autor de un proyecto de ley que propone destinar el 0,30 por ciento del presupuesto de la provincia a las patrullas rurales, es decir, cerca de 150 millones de pesos cada año. El autor de la iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de

Diputados, citó como fuentes de las estadísticas a la Mesa Provincial del Delito Rural de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Dirección de Delitos Rurales dependiente de la Dirección General de Investigaciones Jurídicas del Ministerio de Seguridad bonaerense. Este ministerio no rectificó ni ratificó las cifras. Simplemente, dijo no tener estadísticas ante una consulta de LA NACION. Según el informe presentado por el ex vicepresidente de Carbap, en la provincia de Buenos Aires hay 89 patrullas rurales con aproximadamente 11.600 efectivos, que cuentan con entre 160 y 200 vehículos que se encuentran en estado deplorable. Se explica en ese escrito que, en los últimos tres años, se perdieron 21.281 cabezas de ganado por robos cometidos en campos y rutas de la provincia de Buenos Aires. La cifra representa un perjuicio

económico de 26 millones de pesos, al que se suma el ocasionado por la sustracción de cereal y agroquímicos en regiones productivas bonaerenses.

Los peores Durante 2009, las tres zonas más castigadas de la provincia de Buenos Aires fueron Tres Arroyos, donde se cometieron 124 delitos; la ciudad de Azul, con 118, y San Vicente, con 89. Las otras localidades que siguieron en el recuento fueron Mar del Plata, con 79 delitos; Pehuajó, con diez menos; Tandil, con 68; Junín, donde fueron 64 los delitos denunciados; Coronel Suárez, con 61, Pilar, 54, y la capital provincial, con 54 hechos delictivos rurales. El Código Penal argentino trata el delito de abigeato en el capítulo 2 bis, que fue incorporado en 2004 por el artículo 3 de la ley 25.890. En ese capítulo se disponen distintas

penas de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho. El diputado provincial por Unión Pro y referente agropecuario Srodek sostuvo: “En los últimos años sólo uno de cada cuatro delitos rurales fue esclarecido. Es necesaria una mayor atención a la prevención y resolución de estos casos”. Srodek agregó: “Con esta modificación de la ley 10.189, buscamos que el Poder Ejecutivo destine todos los años un porcentaje del presupuesto a la patrulla rural”.

Debate en el Senado “Por las características del trabajo que debe realizar una patrulla rural en grandes extensiones geográficas, es fundamental que cuente con las herramientas adecuadas de comunicación y logística para obtener resultados efectivos en la lucha contra la inseguridad”, expresó el legislador provincial, y agregó: “Es por eso que los fondos

Jorge Srodek, de Unión Pro asignados serán exclusivamente destinados al equipamiento y mantenimiento de la patrulla”, en caso de que la reforma propuesta sea aprobada, finalmente, por la Cámara de Senadores de la provincia. Esa cámara se apresta para sesionar el jueves próximo. Según el autor de la iniciativa, en ese momento el proyecto tomará estado parlamentario en la Cámara alta, donde, de ser sancionada, podrá entrar en vigor la nueva reglamentación.

SAN MIGUEL DE TUCUMAN (Télam).– Cuatro personas, entre ellas dos juezas y una abogada oriundas de Buenos Aires, murieron ayer, al chocar dos automóviles en la ruta 9, a la altura de la localidad de Los Nogales, a pocos kilómetros de la capital provincial. Las mujeres iban todas en el mismo auto y fueron identificadas como María Cristina Solves, María Inés Azzaro, ambas juezas del fuero laboral, y Marta Sonia Buaccar, abogada. El conductor del otro rodado murió cuando era trasladado a un hospital en la capital tucumana. Otras dos personas resultaron con heridas, Maria Alejandra Leira, domiciliada en Capital Federal, y Pablo Puscarelli, oriundo de Tucumán, que conducía el auto en el que iban las cuatro mujeres y chocó contra el otro rodado que, según testigos, salió de un camino lateral y trató de circular en contramano.