Comunidad/Editoriales/2004/Temas que Sustentan la Accion de Amparo Constitucional


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CARTA DEL MES 28 de DICIEMBRE de 2004

TEMAS QUE SUSTENTAN LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL Los actos ilegítimos de autoridades públicas, violatorios de garantías constitucionales y que causan grave daño, han sido identificados por los ciudadanos al deducir la acción de amparo constitucional resuelta, por apelación, por el Tribunal Constitucional, divulgada en el Registro Oficial, contenidos en la siguiente casuística: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Por débitos de cuentas de la banca privada por parte del Banco Central Para obtener separación de concejales municipales Por orden de desalojo, clausura de locales, sanciones pecuniarias, paralización y demolición de edificaciones ordenadas por comisarios municipales Por destitución, remoción, cambio de funciones y multas a empleados públicos Por prisión por contravenciones de policía Por falta de liquidación de pensiones alimenticias de tribunales de menores Por orden de investigación de autoridades sancionadoras administrativas Por auto de coactiva, por providencia de embargo y tercerías Por orden de desalojo de los gobernadores o del INDA de terrenos invadidos Por corte de acometida de agua potable, teléfonos y energía eléctrica a deudores morosos por parte de las empresas que prestan servicios y reajuste de planillas Por incautación de maquinaria, equipos, vehículos y productos forestales en procesos de los Distritos Forestales. Por fijación municipal de canon máximo de inquilinato para locales de vivienda Por responsabilidades civiles o glosas provenientes de la Contraloría Por providencias de tribunales de menores que ordena pagar alimentos a hijos Por incautación de cilindros de gas en zonas de frontera, por contrabando Por retenciones en la fuente del impuesto a la renta Por falta de descuento de haberes a empleados ordenado por sindicatos públicos Por omisión del pago del escalafón profesional Contra los colegios de profesionales y tribunales de honor por afiliaciones, concursos de merecimiento y elección de directivas Por inclusión en listas de eliminación, no ascenso, no condecoración, sanciones disciplinarias, pases, disponibilidades y bajas de la institución policial Por terminación de concesión de frecuencias radioeléctricas Por no autorización de desembarque de atún capturado en pesca Por inclusión en lista de contratistas incumplidos que edita la Contraloría Por exclusión del régimen laboral e inclusión en el servicio civil de servidores Por descalificación de autoridades edilicias Por tutela de menores de edad de padres separados Por incautación de combustible de contrabando. Por resolución de intervención de la Superintendencia de Compañías Por falta de pago de bonificaciones a empleados públicos Por negativa a otorgar permisos de operación, o cancelación de permisos, para transporte terrestre de pasajeros o carga Por impedir a transportistas de pasajeros ingresar a calles céntricas de ciudades Por resoluciones de pago de seguros emitidas por la Superintendencia de Bancos Por devolución de salvaguardias arancelarias nacionales pagadas, declaradas incompatibles con el ordenamiento andino

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Por multas a los partidos políticos Por controversias en contratos celebrados con el sector público Por ubicación en escalafón de profesionales Contra entidades particulares que no son autoridad pública Por convocatoria a concurso de merecimientos y sus resultados Por juzgamiento de infracciones a la Ley de Aguas Por inhabilitación de calificación de peritos avaluadores y auditores internos Por linderación de terrenos urbanos Por declaración de utilidad pública proveniente de las municipalidades Por suspensión de explotación de cría de avestruces Por orden de desocupación de locales arrendados por arrendatarios morosos Por la emisión de instructivos o circulares de autoridades públicas Por omisión de provisión de recursos financieros para pagar jubilaciones Por indemnizaciones laborales por despido intempestivo, aceptación de renuncia, acta de finiquito y supresión de partida presupuestaria Por resolución de terminación de contratos de servicios ocasionales Por objeción de conciencia al servicio militar obligatorio Por reubicación de ocupación de la vía pública por comerciantes informales Por aprehensión de vehículos de contrabando Por exclusión del seguro social campesino Por exclusión de pago del bono solidario Por incremento de pasajes de transporte terrestre de pasajeros Por orden de reubicación de cabarets, casas de cita y de tolerancia Por iniciación de sumarios administrativos contra servidores públicos Por el resultado de elecciones internas en las juntas parroquiales Por cambio de régimen tributario municipal de predios, de rural a urbano Por solicitudes de visto bueno laboral y admisión de desahucio Por revocatoria de aprobación de planos de construcción de edificios Por negativa a refinanciar deudas bancarias Por nepotismo de empleados públicos Por concesión o cancelación de licencias de operación turística Por incremento anual de impuestos municipales a la propiedad Por exceso de pensiones escolares al monto fijado Por permisos de explotación de canteras o no renovación o cancelación Por negativa a la aprobación de estatutos de cooperativas, intervención, revocatoria de cooperativas y elección de directivas. Por tasas de servicios administrativos y técnicos fijadas por entidades públicas Por pérdida de año y negativa a matrícula en escuelas y colegios fiscales Por pago de viáticos por comisiones en el país y el exterior Por resoluciones del IESS de afiliación fraudulenta, de cesantía dolosa, negativa a prestar servicios y de no reintegrar gastos de enfermedad pagados a clínicas privadas Por regulaciones de veda acuática, de cacería y de protección de especies Por negativa a conceder beca para estudios Por negativa a ser admitido como socio de cooperativas o sociedades mercantiles de transporte terrestre de pasajeros Por fijación de precio de venta de combustibles y gas de uso doméstico Por incautación de inmueble por presunción de narcotráfico Por la construcción del oleoducto de crudos pesados Por decisión oficial de no suministro de combustible a bombas de gasolina, resolución de reubicación y multas por infracciones Por suspensión de publicidad negativa del Ministerio contra bombas de gasolina Por sanciones por tala de manglares Por resolución de extinción de partidos políticos Por cambio de celda de reo en prisión

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Por elección del Presidente del Congreso Nacional Por lesiones personales causados en manifestación callejera Por resolución municipal de dar por terminado contratos de comodato o arrendamiento de locales municipales Por resolución adjudicación de terrenos por parte del INDA Por resolución de reubicación de farmacias y boticas y negativa a otorgar permiso de funcionamiento Por intervención del CONELEC en empresas eléctricas Por suspensión de vuelos de aviones de combate en la Base de Manta Por incautación de mercadería transportada sin guía aprobada por el SRI Por impuesto municipal a letreros publicitarios Contra organismos gremiales profesionales a pesar de no ser autoridad pública Por revocatoria, por parte del gobernador provincial, de declaración de utilidad pública hecha por el municipio respectivo Contra providencias dictadas en procesos judiciales Por no conceder autorización para explotación minera y revocación de la vigente Por negativa a la matriculación de vehículo Por remate de vehículos privados aprehendidos en accidentes de tránsito Por tabla de aranceles para registradores de la propiedad Por el reglamento de tasas por servicios de radiodifusión Por garantías aduaneras Por orden de deportación de extranjeros Por no concesión o revocatoria de licencias aeronáuticas Por no concesión de matrículas y autorización de servicios portuarios Por no concesión de autorización o revocatoria de licencia de granja avícola Por irregularidades procesales en conflictos colectivos y por cambio de vocales de tribunales de conciliación y arbitraje Por negativa a registro de marca de fábrica Por exigencia de patente municipal a sucursales y agencias bancarias Por no adjudicación de vivienda por parte del BEV. Por negativa a imponer cláusulas de salvaguardia por competencia desleal Por iniciación de procesos de investigación procesal penal por la fiscalía Por tape de canal de riego por las agencias de aguas oficiales Por integración de las direcciones de obras públicas municipales por ingenieros civiles y no por arquitectos Por ordenanzas municipales que regulan el expendio de bebidas alcohólicas Para permitir el sufragio de ecuatorianos residentes en el exterior Por cierre de tramos de carreteras por mejoramiento o reconstrucción

Tal casuística explica porqué son concedidos los amparos solicitados en un cinco por ciento, lo cual produce dos efectos políticos: uno negativo, que es el odio institucional al Tribunal Constitucional por parte del noventa y cinco por ciento de perdedores; y otro positivo, pues el proceso constituye un desfogue social que evita que los recurrentes salgan a la calle a tirar piedras contra el sistema.

Dr. Luis Hidalgo López GERENTE GENERAL

LEXIS S.A.