POLÍTICA | 9

| Jueves 25 de septiembre de 2014

Citan a dos fiscales por no acusar a Lázaro Báez en un caso de lavado de dinero prevaricato. Un juez federal indagará a Gonella y a Orsi

por “perjudicar deliberadamente” la investigación Hernán Cappiello LA NACiON

Los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, que crecieron al amparo de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fueron llamados a prestar declaración indagatoria como sospechosos de perjudicar la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, al no incluirlo entre los acusados a los que se debía investigar. Fueron acusados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del delito de prevaricato, que castiga con uno a seis años de prisión a quien “perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”. Gonella fue citado para el 7 de octubre y Orsi, para el 8. A pesar de estas acusaciones, Gonella fue promovido por Gils Carbó para el cargo de fiscal general y logró el acuerdo del Senado para ocupar una fiscalía federal en Formosa, pero se quedó al frente de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo creado por su jefa para perseguir delitos económicos. Orsi, que es fiscal ad hoc y también trabaja en delitos económicos, fue propuesto por la Presidenta al Senado para ser designado fiscal federal de Mar del Plata, pero el pliego fue retirado. La polémica actuación de ambos funcionarios tuvo lugar tras la denuncia contra el empresario Báez por lavado de dinero, hecha en el programa Periodismo para todos, en 2013. Luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña aseguraron haber lavado 50 millones de dólares del rey de la obra pública patagónica, se inició una causa judicial. Quedó radicada, por sorteo, en la fiscalía de Guillermo Marijuan, que estaba de licencia. Lo reemplazaba Ramiro González, que, recién llegado de Dolores, asumía en Comodoro Py 2002. El trámite habitual cuando ingresa una denuncia es que, una vez sorteada, el fiscal decida si impulsa o no el caso y si imputa a determinadas personas sospechosas del delito. Gonella y Orsi intervinieron desde la Procelac para colaborar. Los secretarios y empleados de Marijuan hicieron un borrador de dictamen en el que impulsaban la acción y proponían imputar a Báez, además de a Fariña y Elaskar. Cuando ese texto fue tratado por Gonella y Orsi, desapareció el nombre de Báez del dictamen. Así, el caso contra Lázaro Báez empezó en el juzgado de Sebastián Casanello sin el empresario kirchnerista entre los imputados. Marijuan regresó

De acusadores a acusados

carlos gonella fiscal general

^ Está a cargo de la procuraduría de delitos económicos. Colaboró en el caso Báez. Participó en la redacción de la imputación contra los sospechosos luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña confesaron por TV haber lavado dinero del empresario. Pero sólo imputó a Fariña y a Elaskar y omitió hacerlo con Lázaro Báez. Es cercano a Alejandra Gils Carbó

omar orsi fiscal ad hoc

^ Trabaja en la Procelac en delitos económicos. Tiene cargo de prosecretario, aunque está primero en concursos para ser fiscal. Colaboró con Gonella en la elaboración del dictamen contra Fariña y Elaskar. Para el juez Martínez de Giorgi es igualmente sospechoso de perjudicar la investigación al omitir imputar a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero

de su licencia y el 3 de mayo amplió su requerimiento para que Báez fuera imputado. Fuentes con acceso al expediente dijeron a la nacion que se obviaron allanamientos urgentes sobre Báez y que los procedimientos se realizaron cuando había transcurrido el tiempo suficiente como para alterar la prueba. El dictamen inicial que obvió a Báez –socio de la familia Kirchner– motivó una denuncia contra Gonella y Orsi por parte de la diputada nacional Elisa Carrió y del ex legislador Cesar Raffo (Proyecto Sur). Se agregaron a ese expediente los borradores de dictámenes que realizaron los empleados y secretarios de la fiscalía de Marijuan. Gonella rechazó las acusaciones. Al defender su pliego en el Senado, durante tres horas, dijo que sólo imputó a Elaskar y a Fariña porque sobre ellos tenían reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de información Financiera (UiF). incluso dijo que era falsa la información –publicada por la nacion en julio pasado– de que en los borradores de dictamen se le propuso imputar a Báez o a sus hijos. También desmintió que se pensara imputar a Julio De Vido, como figura en un borrador al que accedió este diario. “La inclusión en el requerimiento de estas personas obedeció al aporte de documentación remitida por la Unidad de información Financiera y que fue incorporada al escrito a instancias del fiscal Ramiro González, que se encontraba subrogando, con el apoyo técnico de la Procelac”, dijo Gonella. Pero ahora el juez Martínez de Giorgi encontró elementos que ponen en tela de juicio estas afirmaciones. Estableció que desde que se conoció el programa de TV hasta que dictaminaron en la causa –entre el lunes 15 y el jueves 18 de abril de 2013– la Procelac, dirigida por Gonella, realizó una investigación preliminar sobre Lázaro Báez que incluía a sus empresas. Así, al momento de realizar el dictamen no sólo contaban con reportes de la UiF sobre Elaskar y Fariña, sino con su propia investigación sobre Báez y sus negocios, explicaron fuentes judiciales. Además se envió un oficio a la UiF para saber si tenían reportes de operaciones sospechosas de Báez y, sin esperar respuesta, requirieron sólo contra Elaskar y Fariña. Por eso, Martínez de Giorgi quiere preguntarles a Orsi y a Gonella por qué dejaron afuera al empresario, si ya tenían elementos sobre sus negocios. Si bien el fiscal González firmó el requerimiento, no está imputado porque no sabía de la investigación preliminar.ß

Boudou apeló su procesamiento en la causa de los papeles del auto FaLSiFicaciÓN. Ayer presentó un escrito en el que descargó la

responsabilidad en los gestores y criticó al juez Bonadio El vicepresidente Amado Boudou, quien hasta hoy se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, pidió ser sobreseído en la causa por falsificación de documentos públicos de un vehículo de su propiedad, al presentar un escrito ante la Sala ii de la Cámara Federal porteña . Si bien la audiencia estaba fijada para hoy, los abogados del vicepresidente se adelantaron y presentaron ayer el escrito en el que apuntaron contra la responsabilidad de los gestores que intervinieron en los trámites. Además, la defensa de Boudou criticó las razones del juez federal Claudio Bonadio para procesarlo y aseguró que tanto él como su ex pareja Agustina Seguín fueron víctimas. Boudou y Seguín fueron procesados a principios de agosto por la falsificación de documentos de un Honda CRX Del Sol color rojo modelo 1992. Bonadio acusó al vicepresidente de “falsificación ideológica”, en un fallo que llegó pocas semanas después de que fue procesado por el caso de la ex imprenta Ciccone. También fueron procesados los gestores, Andrés Alberto Soto y Rodolfo Basimiani. Boudou le cambió el motor al automóvil en 1995 –modificación nunca registrada– y lo tuvo diez años sin hacer la transferencia, que finalmente se realizó con documentación apócrifa. En los papeles presentados ante el Registro, hay firmas apócrifas (una de Boudou) y se declara un supuesto

Explicación de Andreucci ^b^b^ Uno de los candidatos al Consejo de la Magistratura por los abogados del interior, doctor Carlos Andreucci, publicó en la edición de ayer de la nacion, junto con los otros postulantes, un artículo sobre el sentido de su presentación en los comicios de mañana. Con posterioridad a esa publicación, el doctor Andreucci envió un nuevo artículo, esta vez para refutar parcialmente el editorial de la nacion sobre el mismo tema publicado también en el ejemplar del martes último. En síntesis, niega que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) haya tenido o tenga un representante en el Consejo de la Magistratura y hace notar que su actual candidatura a este cuerpo es ajena a la política tanto de los partidos de la oposición como del Gobierno. la nacion, por su parte, ratifica su política editorial respecto de los alineamientos que han terminado en el pasado siendo funcionales a las conveniencias del Poder Ejecutivo de la Nación.

domicilio del vicepresidente que en realidad no existe, acreditado con la fotocopia de una página falsa (inventada) de su documento de identidad. Bonadio sostuvo que el vicepresidente ni siquiera puede demostrar que haya comprado el auto, ya que no presentó ningún papel que así lo acredite. Según informó Boudou en sus declaraciones juradas, lo compró en julio de 1992 en una concesionaria de Mar del Plata, hoy cerrada, pero la Justicia constató que en ese momento el auto todavía no había sido importado. Estaba en el medio del océano, viajando desde Japón. Y Boudou no fue su primer dueño. La primera mujer de Boudou, en cambio, dice que lo adquirió en 1993 y que, por ende, era un bien ganancial. Con este argumento, hoy le reclama la mitad. Ahora, los jueces Horacio Cattani, Martín irurzun y Eduardo Farah deberán decidir si confirman los procesamientos de Boudou y del resto de los acusados, que de ser así quedarán a un paso de ser enviados a juicio oral y público. En cambio, si revocan la decisión del juez Bonadio, los procesados quedarán sobreseídos y desvinculados de la causa. Por otra parte, el 7 del mes próximo Boudou deberá presentarse a una audiencia en la misma Cámara por el caso Ciccone, en el que también se encuentra procesado junto con otras seis personas.ß