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POLITICA

I

Sábado 20 de marzo de 2010

La crisis institucional | Fueron a arrestar al padre de la jueza Sarmiento

Choque entre el Gobierno y la Justicia OPINION

Continuación de la Pág. 1, Col. 5 hace 20 años, por lo que no está en condiciones de huir ni de declarar. Pesan sobre Luis Sarmiento cinco pedidos de la fiscalía efectuados desde 2006 para que fuera indagado por su supuesta intervención en el secuestro y tortura de 43 personas, mientras fue jefe de Inteligencia en Posadas y, luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ministro de Gobierno a cargo de la policía misionera, hasta 1977. Además, está acusado de un caso de tortura de 1972, tras el cual la víctima murió, pero no es investigado por eso. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en esta causa desde junio de 2009 y se sumó al pedido de indagatoria contra Sarmiento y otros 16 civiles y militares. A pesar de que los pedidos para detener a Sarmiento se remontan a 2006, fue ayer cuando el juez federal de Posadas, Misiones, Ramón Chávez ordenó su arresto. Le mandó un oficio a su colega porteño Sergio Torres, que se limitó a ejecutar lo que le pedía el magistrado misionero. Así, gendarmes uniformados y un médico llegaron al departamento de la avenida Santa Fe 3344, donde vive el coronel retirado. Estaba junto con una señora que lo cuida, que se asustó y no quería abrirles la puerta. Finalmente, los gendarmes ingresaron en el lugar con un médico y revisaron al coronel retirado para ver si estaba en condiciones de ser trasladado a Posadas para su indagatoria. Tras analizar la situación, pidieron la intervención del Cuerpo Médico Forense, que determinó que Sarmiento padece mal de Parkinson, una enfermedad de avanzado estado degenerativo. Con esos datos, enviaron un informe a Chávez, que decidió anular la orden de detención y la citación a indagatoria que estaba prevista para el lunes. La jueza Sarmiento se indignó con el arresto de su padre y lo vinculó al fallo que dictó ella contra el Gobierno: “Es muy llamativo; no voy a ser tan hipócrita de decir que no. Evidentemente, está relacionado”. “Nunca nos notificaron ni a mí ni a mi padre de una orden de captura o de un llamado a indagatoria. Es mentira lo que dijo Eduardo Luis Duhalde”, añadió la jueza. De este modo, rechazó el argumento de los funcionarios kirchneristas: decían que sí sabía acerca de la imputación que pesaba sobre su padre y que debió excusarse en el caso del Fondo del Bicentenario porque el Gobierno actuaba como querellante. La jueza Sarmiento, que estaba de turno durante la feria judicial de verano, fue la primera que dictó una medida cautelar para mantener en su lugar al ex presidente del Banco Central Martín Redrado e inmovilizar las reservas del Tesoro para que no fueran usadas para pagar la deuda pública, por entender que esa medida no se podía poner en práctica mediante un decreto de necesidad y urgencia. La presidenta Cristina Kirchner la había acusado, en plena discusión

Los rasgos de una intimidación ADRIAN VENTURA LA NACION

Hombres de la Gendarmería salen del edificio en el que vive Luis Sarmiento, a donde fueron a cumplir con el trámite de su detención

FOTOS DE LEANDRO ARANDA Y EL TERRITORIO DE POSADAS

Luis Sarmiento, en 1976 por el fallo, de ser una “jueza delivery”, que respondía con urgencia a las intenciones de los partidos de la oposición. “Suena muy llamativo que justamente ahora tenga un allanamiento con detención sin averiguar la edad ni el estado de salud de mi padre –dijo–. Si no tuvo ninguna causa hasta ahora, suena muy llamativo que justamente ahora, en estos días, se produzca esta situación. Me parece muy extraño después de tantos años.”

EL PERSONAJE

El pasado llamó a las puertas del coronel A los 85 años, el pasado llamó a las puertas del coronel retirado Luis Sarmiento. Y lo hizo a los gritos, empujado por las denuncias del Gobierno y una reanimada investigación judicial en Misiones. Nacido en Córdoba el 17 de junio de 1925, Sarmiento egresó del Colegio Militar con la promoción 74. Compartió aulas con el coronel Juan Jaime Cesio, que fue expulsado del Ejército en los 70 por oponerse a los métodos de la lucha antisubversiva y restituido en su cargo durante la presidencia de Néstor Kirchner. Otros de sus compañeros no seguirían el mismo camino. Entre ellos figuran Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros, Ramón Genaro Díaz Bessone, Albano Eduardo Harguindeguy, Pedro Mercado, Carlos Chasseing, Otto Carlos Paladino y Jorge Carlos Olivera Róvere, quienes ocuparon puestos de marcada relevancia durante el gobierno de facto y la represión. Sarmiento, que desarrolló su carrera en el arma de Infantería del Ejército, se retiró como coronel el 23 de diciembre de 1974, tras lo cual pasó a desempeñarse (desde abril hasta noviembre de 1976) como ministro de Gobierno de Misiones, bajo la intervención militar del coronel Juan Beltrametti. Durante ese período fue el responsable de las fuerzas policiales misioneras, cuya actuación es investigada por el juez federal en lo penal Ramón Claudio Chávez, que ordenó su detención domiciliaria. Antes, en mayo de 1971, había sido

designado jefe de Inteligencia del Comando del II Cuerpo del Ejército, el cuarto cargo en importancia. Según indicó ayer el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Martín Gras, en esa época fue secuestrado, torturado y asesinado el estudiante Angel Enrique Brandazza, hecho por el que fueron detenidos los policías Angel Jesús Farías y Gregorio Prieto, que confesaron su intervención y declararon que las torturas habían sido dirigidas por Sarmiento. La conducta del coronel retirado también es investigada por su responsabilidad en el área de Inteligencia del Ejército en Posadas durante la dictadura militar, sector al que ingresó por recomendación de Eduardo Romeo San Emeterio, con quien había compartido el Curso de Contrainsurgencia en la Escuela de las Américas. Luego se desempeñó en el Ministerio de Justicia, a cargo de la Comisión de Movilización, nombre con el que habría operado el grupo de tareas del organismo. En 1982 fue enviado por la SIDE a Sudáfrica. De acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el padre de la jueza María José Sarmiento figura en más de 40 causas que investigan violaciones de delitos de lesa humanidad. Pero sus vínculos con la Justicia no terminan ahí. Su hijo Alejandro, que abandonó la carrera militar con el grado de capitán en 1994, también integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza Sarmiento (en el asiento de atrás), al retirarse anoche del departamento de su padre

La Casa Rosada acusó a la jueza de dictar un fallo en represalia Dijo que rechazó el DNU porque el Ejecutivo había querellado a su padre El Gobierno intentó despegarse ayer de la detención por unas horas del padre de la jueza María José Sarmiento y, al mismo tiempo, atacó a la magistrada, al sostener que dictó el falló que congeló las reservas del Banco Central en represalia porque su padre ya había sido querellado por la Secretaría de Derechos Humanos a raíz de su supuesta actuación en la represión ilegal. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, encabezó la réplica: “La jueza nos ha mentido a todos, porque conocía la situación judicial de su padre en relación con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”. “Es un espanto lo que dice la jueza. La sombra que pone sobre este caso no es otra cosa que negar lo que está sucediendo en un delito de lesa humanidad”, dijo Fernández. Y se preguntó “qué tienen que ver el Gobierno y el poder político con la decisión de un juez de Misiones de ordenar la detención de Alberto Sarmiento, padre de la jueza”. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, sumó su queja: “La magistrada tiene una falta total de ética y eso es preocupante, por no haberse excusado antes de emitir un fallo contra el Gobierno, conociendo que el Estado era querellante en la causa de su padre por delitos de lesa humanidad . Eso demuestra intencionalidad en su fallo”. Agregó que “muchas veces se esconden cuestiones personales o intereses particulares cuando se dictan sentencias, y esta es una muestra de eso”. En la misma tónica, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se preguntó: “¿Quién usó entonces los estrados judiciales para ejercer presión o represalias? Ciertamente, el Gobierno, no”. Dijo que la oportunidad de la detención no se relaciona con el fallo de la magistrada. Cuando se le recordó que los pedidos de captura contra el coronel retirado Luis Sarmiento datan de 2006, el funcionario señaló que se trata de causas complejas, que llevan un trámite lento y trabajoso. Duhalde habló en una conferen-

Eduardo Luis Duhalde criticó a la jueza Sarmiento DYN

cia de prensa, acompañado por los subsecretarios Luis Alen y Martín Gras. Este último aseguró haber sido torturado por hombres que cumplían órdenes del padre de la jueza Sarmiento en Rosario. Se sumaron al castigo kirchnerista contra la jueza el jefe de la bancada de diputados, Agustín Rossi, y el de la de senadores, Miguel Angel Pichetto. La oposición, en cambio, respaldó a la magistrada. Elisa Carrió aseguró que “la operación de venganza

contra la jueza viene del corazón del Gobierno” y añadió: “Este acto de locura sólo imputable a la Presidenta demuestra la dificultades con las que nos encontramos como nación”. El presidente del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, coincidió en que el Gobierno adoptó una “actitud persecutoria” contra la jueza Sarmiento. Y el diputado del peronismo disidente Francisco de Narváez habló de un “enorme manto de sospecha sobre la participación del Gobierno” en el episodio judicial.

Condena del Colegio de Abogados El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advirtió ayer sobre “la gravedad que reviste el creciente hostigamiento” del oficialismo al Poder Judicial y, en particular, a los jueces que intervienen en causas sensibles para el Gobierno. En ese sentido, condenó la “sugestiva orden de detención” contra el padre de la jueza María José Sarmiento. “En el ambiente político extremadamente sensibilizado que transita el país, este hecho no puede menos que vincularse con la actuación de esa magistrada en la causa por el uso de la reservas del Banco Central, a poco que se advierta que ella, además, recibió dos denuncias penales por parte del Gobierno”.

Al involucrar a la jueza María José Sarmiento con la supuesta actuación de su padre durante los años 70, el Gobierno pretende desacreditar a la magistrada y, al mismo tiempo, parece enviarles un mensaje a todos los demás jueces del país: antes de dictar un fallo, deben pensar lo que harán, porque serán investigados hasta sus ancestros. Si se acepta, como hipótesis, que el padre de la jueza Sarmiento fue un torturador, como argumenta el Gobierno, la acusación no la invalidaba para pronunciarse en enero pasado sobre el decreto de reservas del Banco Central ni debería usarse para desmerecer su actuación. A partir de hoy, el Gobierno está dispuesto a entrometerse en el arcón de los recuerdos para hurgar en cualquier desaguisado que haya cometido un abuelo o un tío, cualquier cosa que pueda manchar, salpicar o arruinar una carrera judicial, por efecto contagio. Ayer, la jueza Sarmiento salió a denunciar que la detención de su padre era una “presión”. Tenía elementos objetivos para pensarlo así: en enero, después del decreto de necesidad y urgencia 2010/09, el primero que dictó la presidenta Cristina Kirchner para usar reservas, el Gobierno la intimidó poniéndole un patrullero para que la siguiera; después, la Procuración del Tesoro le abrió una causa penal y, en febrero, cuando el juez federal Daniel Rafecas la sobreseyó, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia le formuló otra denuncia penal. Ayer, sin que el ex militar hubiera sido jamás citado ni notificado, el juez federal de Posadas ordenó su captura y su indagatoria: nunca se realiza de esa manera. Siempre hay una citación previa. Por la noche, revocó esas decisiones, por el avanzado deterioro de la salud del hombre. Pero, a estas alturas, poco importa el caso penal del supuesto represor. Lo que vale es que, durante doce horas, el Gobierno se dedicó a manchar a la jueza. La doctora Sarmiento aseguró ayer públicamente que nunca fue notificada de tales imputaciones. En el expediente penal, sólo hubo pedidos de indagatoria del fiscal, pero nunca le fueron comunicados al imputado. Y, ayer, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, no pudo acreditar que ella sabía de las acusaciones. Apenas atinó a decir que hubo un artículo de Página 12 que daba cuenta de la existencia de esa causa. Un argumento endeble para acusar a un juez. En última instancia, ningún hijo es responsable de los hechos de sus padres ni los actos de éste lo inhabilitan para ser juez o presidente, o ejercer cualquier otro cargo. Sarmiento, a comienzos de año, tuvo que resolver un expediente y obró como a su entender le indicaba la Constitución nacional. Otros jueces resuelven en favor del Gobierno. Ninguno de ellos debería estar expuesto a ser presionado por la Casa Rosada o por la oposición. El Poder Ejecutivo, aun cuando quiera hacer justicia por violaciones de los derechos humanos, ayer bastardeó la nobleza de esa causa con fines políticos mezquinos, desacreditó a la magistrada e intimidó al Poder Judicial. Un costo muy alto para las instituciones.

El juez de la causa

RAMON CLAUDIO CHAVEZ JUEZ FEDERAL DE MISIONES

Actividad: juez desde 1992 Edad: 56 años Nacido en: Apóstoles, Misiones Investigó delitos de lesa humanidad durante el gobierno militar, que se reactivaron en 2005, y casos vinculados con el narcotráfico. El sumario que involucra al coronel Sarmiento se inició en febrero de 2006, por pedido de la Fiscalía. En noviembre último, Chávez se negó a allanar las oficinas de sus colegas Horacio Gallardo y José Luis Rey, al desestimar un exhorto del juez Oyarbide en el caso de las escuchas ilegales.