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POLÍTICA

| Martes 28 de octubre de 2014

Campagnoli, con Irigaray y Gil Lavedra, ayer, en conferencia de prensa

marcelo gómez

Campagnoli: “La situación de los fiscales es endeble”

justicia. Tras caerse el jury en su contra, dijo que fue un

proceso injusto y señaló riesgos en el sistema de controles

Paz Rodríguez Niell LA NACiON

El juicio político del fiscal José María Campagnoli tiene los plazos vencidos desde el viernes pasado. Cayó y ya no habrá sentencia. Según él, fue un “proceso injusto”, que debió haberse cerrado con una absolución, pero “intereses políticos” lo impidieron. “Creo que el costo político de una absolución era muy alto para los intereses de la Procuración y del gobierno nacional –dijo–. Resulta más barato dejar caer el juicio.” Además, Campagnoli dijo que su proceso dejó a la vista los peligros del sistema de control del desempeño de los fiscales. “La situación de los fiscales es de una endeblez manifiesta”, dijo. El fiscal dio una conferencia de prensa en el estudio del abogado Ricardo Gil Lavedra, uno de sus defensores en este proceso. Dijo que no tiene intenciones de dedicarse a la política y negó haber recibido propuestas concretas para ser candidato el año próximo. “A mí me gusta ser fiscal y ser fiscal de instrucción. Me gusta investigar y ahí es donde yo creo que puedo hacer mi mejor aporte”, declaró. Más allá del proceso que acaba de caducar, Campagnoli tiene otros tres sumarios abiertos en la Procuración. “Se trata de una absoluta persecución –dijo Gil Lavedra– y la

estructura legal que permitió que esto pasara sigue intacta.” Como su defendido, el abogado criticó las reglas del proceso de enjuiciamiento del Ministerio Público y dijo que es “imprescindible” cambiar la ley, sobre todo si avanza el proyecto oficialista de reforma del Código Procesal, que adopta un sistema acusatorio, que da más poder a los fiscales. “Tiene que haber nuevas reglas, porque al Ministerio Público nadie lo controla.” Durante la conferencia, Gil Lavedra e ignacio irigaray –codefensor de Campagnoli– informaron que habían presentado un escrito ante el

Autarquía del servicio judicial ^b^b^ LA PLATA.– Daniel Scioli envió a la Legislatura un proyecto de autarquía económico-financiera para el Poder Judicial bonaerense, que, dijo, “consolidará la independencia y dará la posibilidad de un salto cualitativo en el servicio de justicia”. Lo acompañaron el ministro Ricardo Casal y la procuradora María del Carmen Falbo.

Tribunal de Enjuiciamiento para reclamarle que dispusiera el “inmediato archivo” de las actuaciones contra su defendido por haberse cumplido los 180 días hábiles que el reglamento establece como plazo máximo para tramitar cada proceso. En su escrito, los defensores sostuvieron que el juicio que “finaliza tristemente” ha “evidenciado la arbitrariedad y parcialidad con que se ha actuado a lo largo de todo el procedimiento, incluso desde la instancia administrativa” (a cargo de la procuradora Alejandra Gils Carbó). Ella fue quien promovió el juicio político de Campagnoli; lo acusó de haberse extralimitado durante una investigación en contra del empresario Lázaro Báez en un caso en el que su fiscalía fue declarada incompetente. Pidió su suspensión y consiguió que el Tribunal, por cuatro votos contra tres, la dispusiera. Parecía entonces que la suerte de Campagnoli estaba jugada, pero cuando faltaban 24 horas para los alegatos, uno de las jurados que había votado por la suspensión alegó un “pico de estrés” y dejó el tribunal. Desde entonces, una sucesión de recusaciones, inhibiciones y planteos de nulidad frenaron el avance del juicio político. En las próximas horas, el tribunal deberá decidir cómo cierra este proceso, que, con los plazos vencidos, ya no puede reabrirse.ß

Investigan una designación en el Consejo de la Magistratura

irregularidades. Un fiscal impulsó el caso; quiere determinar si el

administrador del órgano judicial tenía título al asumir esa función Hernán Cappiello LA NACiON

Un fiscal federal impulsó investigar una denuncia contra el administrador del Consejo de la Magistratura, Germán Krieguer, que fue denunciado por una legisladora al señalar que cuando fue nombrado no tenía título universitario que lo habilitara para el ejercicio del cargo. Por eso, el fiscal Federico Delgado pidió que se convoque a las personas involucradas en su designación a prestar declaración indagatoria. Delgado impulsó la investigación a partir de la denuncia de Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica y mano derecha de Elisa Carrió, y propuso como medidas de prueba que el Consejo de la Magistratura le mande el legajo de Krieguer y que se dé intervención a la Auditoría General de la Nación para que analice la legalidad del nombramiento que se cuestiona. Es decir, si una persona sin título profesional alguno puede ser habilitada legalmente para ejer-

cer funciones como administrador del Consejo de la Magistratura y si el título profesional que posee Kriguer actualmente, como licenciado en Economía, lo habilita para ejercer las funciones de su cargo. Según la denuncia, ese título habría sido posterior a asumir las funciones. Además, pidió Delgado que se requiera al Ministerio de Educación que se informen el perfil, los alcances y la incumbencia del título de licenciado que posee Krieguer y si puede ejercer como administrador o subadministrador con ese título. En la denuncia menciona además un serie de irregularidades que motivaron una denuncia anterior del abogado Ricardo Monner Sans, donde se cuestionaban la licitación para la construcción de un edificio inteligente y otras supuestas maniobras por tercerizaciones en servicios de limpieza, inconsistencias en el alquiler de unidades funcionales de un edificio y contrataciones “irregulares” en el área de tecnología por “cifras millonarias”.

El fiscal Delgado pidió que se certifique el estado de la causa en la que se investigan las irregularidades en las contrataciones de los servicios de limpieza y tecnología entre 2011 y 2014 para el Poder Judicial de la Nación, que habría quedado radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas con intervención de la fiscalía cargo de Patricio Evers. Según menciona el fiscal, la denuncia indica que mediante la resolución del Consejo CM 683/09 se designó administrador general a Hugo Borget –con cargo de secretario de Corte– y a Germán Krieguer subadministrador general –con cargo de director general–. Posteriormente, en 2010 se modificó el reglamento del Consejo y se dispuso que el subadministrador general reemplazara al administrador en caso de ausencia o impedimento. En noviembre de 2010 el Consejo aceptó la renuncia de Borget y se le asignaron a Krieguer las funciones de administrador y este año fue designado.ß