Breviario estratégico - #11 Dónde estamos y hacia dónde vamos 1. Empresas constructoras son las más sancionadas en los contratos con gobierno. Se publicó un estudio que señala que desde el 2003 hasta la fecha, las empresas constructoras son las que han enfrentado las sanciones más grandes (en términos de monto de multas), por parte del Gobierno Federal. Por su parte, es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que más sanciona a los proveedores de gobierno. Más información: http://bit.ly/2ukQVVK
Interesa a: - Proveedores de gobierno; empresas que celebran contratos con la Administración Pública. - Industria de la Construcción. - Empresas que participan en licitaciones públicas.
Es importante porque:
Cumplir con las obligaciones legales y contractuales que derivan de los contratos de gobierno, puede evitar que su empresa enfrente sanciones como multas (que pueden llegar a millones de pesos) e inhabilitaciones. Verificar correctamente el cumplimiento de requisitos desde las bases de licitación, es una ventaja competitiva para las empresas que venden a Gobierno.
2. En Quintana Roo, Uber paga las multas más caras del país. De acuerdo con la información dada a conocer por un medio de comunicación, Uber paga multas de aproximadamente 64 mil pesos cada vez que se le impone una sanción por prestar sus servicios, en Quintana Roo. Las multas aplicadas representan el máximo de la sanción que se puede imponer, en términos de la legislación de dicho Estado, lo que es claramente ilegal pues no existen circunstancias que permitan considerar que en la operación de Uber se debe aplicar el monto máximo de la sanción. Más información: http://bit.ly/2wm87vn
Interesa a:
- Propietarios (y choferes) de vehículos de Uber o servicios análogos. - Conductores de vehículos a los que se les han impuesto multas.
www.urrutiaangeles.com 20 de noviembre 561 sur. Colonia María Luisa. Monterrey, N.L. +52 (81) 8340 8897 / +52 (81) 8345 5628
Es importante porque: Las autoridades no pueden imponer la multa máxima sin razón. En todos los casos en que una autoridad impone una sanción muy alta, sin que existan agravantes que justifiquen la misma, dicha multa puede ser impugnada ante los tribunales.
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Breviario estratégico - #11 Dónde estamos y hacia dónde vamos 3. Se encontraron irregularidades en la compra, por parte de la PGR, del software. El viernes pasado el periódico “El Universal”, publicó una nota en la que se da cuenta de diversas irregularidades en la compra por parte de la PGR del software “Pegasus”, el cual en últimas fechas se ha denunciado que fue utilizado por el Gobierno mexicano para espiar reporteros y activistas en el país. Las irregularidades denunciadas derivan de la falta de experiencia de la empresa intermediaria, así como la falta de conocimiento del “dueño” de la empresa, respecto a la venta del software a la Procuraduría. Más información: http://eluni.mx/2f8f8N8
Interesa a: - Proveedores de gobierno. - Funcionarios encargados de las áreas de adquisiciones y/o contrataciones de gobierno.
Es importante porque: La verificación de información de la empresa que contrata con el Estado es una de las cuestiones esenciales para la validez del contrato; se debe conocer y aplicar correctamente las disposiciones de contratación, para evitar la imposición de sanciones por celebrar el contrato indebidamente.
4. Detecta el SAT empresas y servicios con indicios de lavado de dinero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que desde la entrada en operación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la denominada “ley antilavado”), ha detectado a 60 empresas con indicios de operaciones vinculadas al lavado de dinero. Además identifica como actividades que se tienden a utilizar para esta finalidad a la venta de autos e inmuebles, traslado de valores, tarjetas y servicios de crédito, casinos, casas de cambio, entre otras. Más información: http://eluni.mx/2u0kSLd
Interesa a: - Empresas que prestan servicios de las denominadas “actividades vulnerables”.
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Es importante porque: Es recomendable revisar la información pertinente, sobre todo identificar si se están cumpliendo con las obligaciones informativas que marcan las leyes, para evitar la imposición de multas e investigaciones por las actividades de la empresa.
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Breviario estratégico - #11 Dónde estamos y hacia dónde vamos
Editorial - Agosto 2017 Estamos iniciando formalmente el segundo semestre de actividades de las autoridades (considerando las vacaciones de Tribunales, que concluyeron el 31 de julio), y con ello se acercan varias fechas importantes para nuestras autoridades, en lo que toca a las actividades vinculadas al derecho administrativo. Así, quedan nada más 4 meses para que se cumpla el límite del plazo para publicar las leyes Estatales que regulen los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano de conformidad a la nueva normativa federal (el plazo se vence el 29 de noviembre) y en el caso de Nuevo León todavía no hay certeza de un proyecto de ley, que de forma previa a la discusión legislativa, integre las inquietudes y aportaciones de la sociedad civil, de la industria de la construcción y de las autoridades a las que corresponde su aplicación. Esperamos que desde el Poder Legislativo se tomen acciones a la brevedad, para que no se terminen aprobando normas que no son adecuadas para el contexto de nuestro Estado. Por otra parte, ha pasado casi un mes desde el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción, y este continúa sin Fiscal ni Magistrados. Esto último es particularmente interesante pues, por ahora, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa asignó temporalmente la competencia de las Salas especializadas en sanciones administrativas a otra Sala de las ya existentes. Esto podría acarrear problemas de validez en los juicios que se inicien por sanciones graves, al tramitarse los mismos ante órganos distintos a los establecidos en las normas que regulan el sistema anticorrupción. Por último, en septiembre se presenta el paquete económico de la Federación. A un mes de ello, no hay noticias de los posibles contenidos del mismo, pero habrá que estar atentos pues el 2018 es un año de cambio de Presidencia. ¿Se mantendrá el rumbo de las políticas macroeconómicas? Saludos, Lic. Josemaría Urrutia García
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