SEGURIDAD | 33

| Sábado 6 de Septiembre de 2014

SEGURIDAD Edición de hoy a cargo de Luis Moreiro | www.lanacion.com/seguridad

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Blanquear dinero con autos de lujo, un eslabón narco en Rosario

La investigación de los asesinatos a tiros de dos empresarios revela que estaban unidos en sociedades, cuyos “turbios dividendos” estaban ligados a la droga y eran invertidos en vehículos de alta gama Germán de los Santos PARA LA NACION

ROSARIO.– Los crímenes unen historias y a las sociedades comerciales que duermen al amparo de la ley y que, ahora, aportan indicios claves sobre cómo se operaba para blanquear el dinero del narcotráfico. El homicidio de Germán Tobo, socio del empresario narco Luis Medina –asesinado de 13 disparos el 30 de diciembre pasado– , que fue acribillado el lunes pasado de siete tiros en la puerta de una concesionaria “trucha”, a una cuadra de la Jefatura de Policía de Rosario, dejó al descubierto un oscuro entramado de lavado de dinero con un anclaje en la venta de autos de alta gama. En ese espacioso local de 2000 metros cuadrados, que no tenía cartel ni nombre alguno, los fiscales hallaron 50 autos, cuya procedencia ahora se está investigando. En una trama de secuestros y narcos colombianos, que aparece el nombre

de Luis Medina, se analiza en la justicia federal que la documentación de autos denunciados como robados era falsificada en esta ciudad. En un departamento situado en pleno microcentro de Rosario funcionaban dos empresas que tenían el mismo propietario, pero con fines muy distintos. El dueño era Luis Medina, y su ex esposa Daniela Ungaro, quienes decidieron ponerle el 4 de agosto de 2011 el nombre de su mascota a la firma que crearon para realizar operaciones financieras. Así nació Yasmín SRL, una empresa, que estaba destinada a realizar “préstamos con dinero en efectivo en el mercado de la compra y venta de automóviles”. El capital social de la firma era de 200.000 pesos y tenía sede en San Lorenzo 1067, 8º piso, departamento 2. En ese mismo inmueble funcionaba otra firma con los mismos accionistas, que fue creada cinco días antes. La razón social de la empresa Lumed era muy distinta: organización de eventos, catering y

desfiles de modas. La tercera sociedad de Medina era Lume, una agencia de autos importados, en Pellegrini al 5500, donde un día después de su muerte desaparecieron más de 40 vehículos que estaban exhibidos. Tobo, el hombre de 42 años que fue asesinado por dos sicarios el lunes pasado en Ovidio Lagos al 5100, figuraba en los registros de la Anses como empleado de Yasmín. De ser un simple empleado en 2011, Tobo pasó a ser dueño de una supuesta concesionaria de autos situada a una cuadra de la Jefatura de Policía de Rosario. Tobo era uno de los nombres que figuraba a cargo de la franquicia Esperanto Rosario, un boliche que fue inaugurado en agosto de 2012 y funcionó pocas semanas, hasta que cerró por el rechazo de los vecinos. El socio de Medina estaba mencionado en un documento de inteligencia elaborado por la policía santafecina que tuvo en sus manos la ex jueza María Pérez Vara, quien renunció a principios de este año,

tras el escándalo que explotó tras la investigación del crimen de Medina. En ese informe, que la magistrada nunca decidió profundizar, se mencionaba que Tobo había estado involucrado en dos crímenes con sello narco, como el de Santiago Pérez, quien fue acribillado el 15 de setiembre de 2012, en el barrio Azcuénaga, cuando transitaba con su vistoso Peugeot 308 Cabriolet, que tenía grabado en la luneta un tributo a San La Muerte. Y el de Domingo Vivas, asesinado ese mismo día. El negocio de la venta de autos de lujo y el narcotráfico dejó marcas en Rosario, cuando algunas concesionarias fueron baleadas en 2013 con la misma arma: una ametralladora FMK3. Los investigadores señalan que hay indicios claros de que las vidrieras rotas son mensajes intimidatorios de gente ligada al narcotráfico, que habría hecho “negocios” allí. La concesionaria Natalio Automotores, en Jujuy al 2300, fue baleada dos veces en menos de 15 días.

La compra de rodados de lujo se convirtió en un mecanismo de blanqueo de dinero sucio, en un ambiente que tiene elevado poder de compra. Este mecanismo quedó reflejado en el expediente 913/12, que se abrió a partir del asesinato en septiembre de 2012 de Martín “El Fantasma” Paz, quien fue interceptado por un sicario en 27 de Febrero y Entre Ríos, cuando se trasladaba con su esposa y su hijo de dos años en un BMW Z4, color blanco, que había retirado de la concesionaria Natalio Automotores unos días antes. Medina, el socio y jefe de Tobo, está sospechado de ser proveedor de cocaína de Emanuel Sandoval, uno de los cuatro presos por el atentado al gobernador Antonio Bonfatti, ocurrido el 11 de octubre pasado. En la investigación del ataque, el nombre de Medina sobrevuela como una pista importante para dar con el autor intelectual del atentado cometido por cuatro hombres en moto, que hicieron 14 tiros contra la casa de Bonfatti. ß

Números de un negocio bajo sospecha

50

Autos Fueron encontrados dentro del depósito y ahora se investiga su procedencia

2

Empresas sospechosas Estaban a nombre de los dos dueños de las concesionarias que murieron acribillados

fMK3

La ametralladora Fue utilizada en reiterados ataques a concesionarias de autos supuestamente ligadas al negocio narco

7

Tiros Fueron los que acabaron con la vida de Germán Tobo en la puerta de su negocio de venta de automóviles, situado a una cuadra de la Jefatura de Policía de Rosario

Condenaron a prisión perpetua a un policía

Desbaratan una red de pornografía infantil

fallo. El suboficial mató a un adolescente en un caso de “gatillo fácil”

pesquisa. Se avanzó a partir de una denuncia de la embajada de EE.UU.

Un suboficial de la Policía Federal fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de un adolescente a quien persiguió por considerar “sospechoso”, en un caso de “gatillo fácil” ocurrido en enero de 2012 en Balvanera. Según fuentes policiales, la condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 23 y recayó sobre el cabo Martín Alexis Naredo, quien fue hallado culpable del homicidio agravado de Jon Camafreitas, de 18 años, y quedó detenido, tras haber permanecido todo el proceso en libertad. Fuentes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informaron que el tribunal dispuso la detención debido a que consideró que “el hecho constituyó una grave violación estatal de los derechos humanos”. Además, el tribunal dispuso que se inicie una investigación sobre un comisario, un subcomisario y un oficial de la seccional 8a., ante la sospecha de que habrían intentado favorecer al cabo y encubrir su responsabilidad en el hecho. Por esa razón, también se detuvo al policía, ya que “no se puede descartar que la fuerza auxilie al condenado en el futuro para eludir la pena”, señaló la Correpi en un comunicado. La sentencia fue leída en la Sala B de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde estuvieron presentes decenas de víctimas de hechos de “gatillo fácil”. El homicidio de Camafreitas ocurrió el 21 de enero de 2012 en Independencia y Loria, de Balvanera, cuando Naredo y su colega Juan Carlos Moreyra perseguían a dos jóvenes, a Camafreitas y a un amigo de 14 años, por considerarlos “sospechosos”. Los jóvenes se habían marchado de la Boedo debido a una pelea entre dos grupos de jóvenes. A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los funcionarios judiciales se habría establecido que Moreyra persiguió al adolescente, mientras que Naredo alcanzó a Camafreitas, quien recibió un balazo en la cabeza y murió cuatro días después en el hospital Ramos Mejía. Al declarar sobre lo sucedido, el cabo contó que forcejeó con Camafreitas cuando éste intentó quitarle el arma reglamentaria y, en ese momento, se produjo el disparo de manera accidental. En el debate, los testigos y los peritajes probaron que Naredo tomó a Jon por detrás y lo forzó a agacharse, momento en que colocó su pistola, que empuñaba con bala en recámara, sin seguro y amartillada, sobre su cabeza. En los alegatos, tanto la abogada María del Carmen Verdú, representante legal de la familia de la víctima, como el fiscal del juicio, Ariel Yapur, solicitaron una condena a prisión perpetua para Naredo sobre la base de ésas y otras pruebas. ß

La Justicia de la ciudad de Buenos Aires y personal de la Policía Federal allanaron 20 domicilios en varias provincias, donde secuestraron material de pornografía infantil que compartía una supuesta red de pedófilos. Fuentes judiciales informaron que la veintena de allanamientos fueron realizados en la Capital y en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, San Juan y Jujuy en una causa que instruyó la fiscal porteña Daniela Dupuy, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos. Investigadores de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal secuestraron en los allanamientos computadoras, tablets, teléfonos, además de fotos y videos de pornografía infantil, y no hubo detenidos. Todo el material está siendo peritado para determinar la conducta que cada uno de los acusados cometió para luego determinar si pueden ser arrestados.

La Asociación Judicial Bonaerense recibió la decisión restringir el horario como un triunfo

aníbal greco

Por falta de gas, horario restringido en los tribunales de San Isidro

prevención. Se trató de una medida adoptada para “cuidar la salud de los empleados”

que trabajan en la sede central; fuerte crítica y quejas del Colegio de Abogados local Gabriel Di Nicola LA NACION

Los problemas edilicios, la falta del suministro del servicio de gas y las bajas temperaturas que hubo los últimos días del mes pasado obligó a que en la sede central de los tribunales de San Isidro, en el casco histórico, se trabajara con un horario restringido: de 10 a 14. La medida, que había sido tomada por el juez de la Cámara Penal en ejercicio de la presidencia y de la superintendencia delegada por la Suprema Corte bonaerense, Luis Cayuela, fue levantada en las últimas horas, recibió duras críticas del Colegio de Abogados local. “La decisión fue para preservar la salud de los empleados. Hace mucho tiempo que pedimos una solución definitiva para el edificio central de los tribunales de San Isidro”, dijo Cayuela a la nacion. La medida adoptada sólo regía para las dependencias que funcionan en el edificio de Ituzaingó 340, no para los despachos que se

encuentran en distintos lugares del departamento judicial de San Isidro. “La decisión priva del servicio de justicia a miles de personas que verán demorado el reconocimiento de sus derechos –si se puede aún más– y resulta a todas luces ineficaz, además de irracional en grado sumo. Es cosa sabida desde hace años la situación del edificio de Ituzaingó 340 y su lamentable estado de descuido y falta de mantenimiento, sin que durante los 38 años pasados desde su inauguración siquiera haya sido pintado completamente una sola vez”, sostuvo el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), en un comunicado de prensa. La resolución en la que se estableció la restricción horaria fue firmada por Cayuela el 28 del mes pasado. Ayer, el juez de Cámara dispuso el “cese de la reducción horaria para el personal judicial que presta servicios en el edificio de Ituzaingó 340”, según el escrito a la que tuvo acceso la nacion. El edificio central de los tribu-

nales de San Isidro no tiene suministro de gas desde hace cuatro meses, cuando se detectó una pérdida y la empresa Gas Natural Fenosa cortó el suministro hasta que se hicieran los arreglos correspondientes. Según pudo saber la nacion, ya hubo una comunicación entre las máximas autoridades de Gas Natural Fenosa y funcionarios judiciales para que, una vez aprobados los arreglos y las modificaciones hechas por responsables de mantenimiento, se restablezca el servicio. Carteles Lejos de las críticas del CASI, la restricción horaria dispuesta fue vista como un triunfo desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que antes de la decisión de Cayuela tomaron el edificio de Ituzaingó 340 para protestar por las condiciones de trabajo de los empleados. En la puerta del edificio de Ituzaingó 340 hasta ayer se podían leer carteles con las leyendas:

“Tres meses sin gas” y “Con la lucha de todos ganamos la restricción horaria”, entre otros. “Nosotros tenemos que exigir el correcto funcionamiento de la administración de Justicia”, sostuvo a la nacion el presidente del CASI, Guillermo E. Sagués. Y explicó que la decisión tomada por el juez Cayuela provocó un grave daño porque “se suspendieron actos procesales, se juntó más gente en el edificio y se acumuló en cuatro horas lo que antes se hacía en seis”. Sí, Cayuela y Sagués coincidieron en el delicado estado en que se encuentra la sede de tribunales de Ituzaingó 340. “Hoy la situación es pésima. El edificio tiene rajaduras. En verano se corta el servicio eléctrico. A veces no hay agua. Hay muchas dependencias”, afirmó Sagués. “El edificio no da para más. Hace rato que solicitamos una solución definitiva al problema”, sostuvo Cayuela mientras mostraba a la nacion las rajaduras en las instalaciones.ß

Penas de hasta 4 años de cárcel La acusación es por la violación al artículo 128 del Código Penal que contempla penas de seis meses a cuatro años de prisión “para quien produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”. La causa se inició en enero de 2012 por una denuncia que radicó la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país respecto de 22 cuentas de correo electrónico de la Argentina que eran utilizadas para intercambiar material pornográfico infantil. La Justicia corroboró que los IP de cada una las computadoras coincidan con los domicilios de los acusados para así ordenar los respectivos allanamientos. Uno de los acusados también lo está por el llamado grooming (que significa el reiterado acoso en las redes sociales cuando personas mayores, con distintos ardides, se hacen pasar por adolescentes para poder seducir a menores), en razón de que se determinó que a través de la red social Facebook se relacionó con una menor de catorce años, a quien luego le pidió fotos pornográficas. La red llegaba a la República Oriental del Uruguay, donde fue detenida una persona acusada de comercio y difusión de material pornográfico.ß