DIARIO PAGINA 12, JUEVES 23 DE ENERO DE 2014 DIEZ MIL HECTAREAS ESTAN A PUNTO DE SER ARRASADAS EN SALTA Y SUMAN 360.000 EN OCHO AÑOS

Avanza el desmonte por los agronegocios Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.

Por Darío Aranda Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día. El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora. Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA. Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron

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firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf. El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas). Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal. La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte. El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio. Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.

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Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras. Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.

DIARIO PAGINA 12, SECCIÓN SOCIEDAD Domingo 21 de Febrero de 2010

Salta, capital del desmonte Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009. Por Darío Aranda Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país. Desde el gobierno de Salta, la coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elisabeth Prudencio, reconoció que hubo violaciones a la medida de la Corte Suprema, aclaró que no fueron autorizadas por el gobierno salteño, aceptó que éste tiene la función de controlar la situación y aseguró que habrá una “pronta intimación” a las empresas. La ley 26.331 (también llamada Ley de Bosques) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Establecía que las provincias no podían emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas por categorías de conservación. “Al

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momento de la sanción, se daba en Salta un aumento exponencial de solicitudes de desmonte, relacionado con la inminente entrada en vigencia de la ley. Durante noviembre de 2007 se convocó a audiencias de desmonte por 130 mil hectáreas”, denunció la ONG Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) en un completo análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2007, y señaló que los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena. La ONG detalló, sobre la base de datos oficiales, que en 2006 se convocó a audiencias públicas para desmontar 77.612 hectáreas. En 2007 lo hizo por cinco veces más: 435.399 hectáreas, superior al promedio de deforestación anual de todo el país (280.000 hectáreas). En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener los desmontes y la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados – presuntamente de manera irregular– por el gobierno provincial días antes que se sancionara la Ley de Bosques. En mayo último, el dirigente wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de Tartagal, alertó que el desmonte no se había detenido y detalló que los tractores retiraban troncos durante todas las noches. Dos semanas después, Greenpeace confirmó mediante fotografías la destrucción de bosque nativo en la ciudad de Embarcación, también en el norte salteño. Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales de enero y octubre de 2009. Es notoria la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Según técnicos de Asociana y el INTA Salta se trata de al menos 9000 hectáreas desmontadas mientras regía la suspensión del máximo tribunal del país. Ambas fincas habían sido autorizadas a desmontar justamente en el último trimestre de 2007, período sospechado por la Justicia. El caso de la empresa El Chilcar es aún más grosero: fue habilitada a desmontar el 26 de noviembre de 2007, sólo dos días antes de la sanción de Ley de Bosques, que prohibía nuevos permisos. “Denunciamos la violación de la medida cautelar dictada (suspensión de desmontes) y le solicitamos que continúe la protección de nuestras tierras y recursos naturales”, comienza la carta que los impulsores de la demanda, comunidades indígenas y campesinos, acaban de enviar a la Corte Suprema, para alertar sobre la violación de lo dictado por el máximo tribunal. “El daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad. Nosotros sólo hemos detectado la situación ilegal en dos fincas, pero nos da la clara pauta de que hechos similares pueden haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la cautelar”, destaca la carta. Los denunciantes consideran muy probable que existan otros casos similares y solicita a la Corte que se releven la totalidad de los daños en los cuatro departamentos.

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En su fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.

Las imágenes muestran la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla.

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