Reforma política
las propuestas de las organizaciones indígenas
Guatemala, noviembre 2017
Ochoa García, Carlos Fredy Reforma política. Las propuestas de las organizaciones indígenas. - - - Guatemala: ASIES, 2017. 44p.;
22 cm.
ISBN: 978-99939-61-61-1 1.REFORMA POLÍTICA.- 2.REFORMA CONSTITUCIONAL.- 3.ORGANIZACIONES INDÍGENAS.- 4.INDÍGENAS.- 5.MUJERES INDÍGENAS.- 6.PUEBLOS INDÍGENAS.7.MULTICULTURALIDAD.- 8.PROPUESTA.- 9. POLÍTICA PÚBLICA.- 11.PARTIDOS POLÍTICOS.- 12.PARTICIPACIÓN INDÍGENA.- 13. PARTICIPACIÓN ELECTORAL.-14.COMUNIDADES INDÍGENAS.- 15. AUDITORÍA SOCIAL.- 16 GUATEMALA.- i. Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Departamento de Investigaciones Sociopolíticas.ii. Seminario permanente sobre Estado y sociedad en un contexto multicultural. Equipo de investigación: Carlos Fredy Ochoa García Karin Erbsen de Maldonado Guisela Mayén José Carlos Sanabria Arias Grupo editorial: Ana Lucia Blas Liliana López Guisela Mayén Ana María de Specher Diseño y diagramación: Cesia Calderón Impresión: Centro de Impresiones Gráficas (CIMGRA) La elaboración, publicación y presentación pública del documento se realizó con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania (KAS) y una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá), bajo la Iniciativa Thinkthank, www.idrc.ca/thinktank. Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan los puntos de vista de IDRC o su Consejo de Gobernadores, ni de la Iniciativa ThinkTank (TTI).
Índice Siglas v Presentación vii 1. El horizonte constitucional
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2. La agenda legislativa
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3. Constitución de nuevos partidos políticos
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4. Las políticas públicas
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5. Fiscalización social, transparencia y corrupción
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6. Algunos conceptos de las posturas políticas indígenas
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- El buen vivir
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Otros valores asociados al buen vivir
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7. Inclusión política ciudadana de la mujer
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Anotaciones finales
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Glosario 29 Referencias bibliográficas
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Anexo 35
Siglas ANN ANB ASIES CEM CODECA CODISRA CGC CPO DEMI DIGEBI MOLOJ LEPP MP SEPREM PNC PNUD SOSEP TSE URNG-MAIZ
Alternativa Nueva Nación Alianza Nuevo B’aqtun Asociación de Investigación y Estudios Sociales Circuncripciones Electorales Municipales Comité de Desarrollo Campesino Comisión Presidencia contra la Discriminación, el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala Contraloría General de Cuentas Consejo de Pueblos de Occidente Defensoría de la Mujer Indígena Dirección General de Educación Bilingüe Asociación Política de Mujeres Mayas Ley Electoral y de Partidos Políticos Ministerio Público Secretaría Presidencial de la Mujer Policía Nacional Civil Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente Tribunal Supremo Electoral Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
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Presentación
Una estrategia de participación política de las organizaciones mayas ha sido la elaboración constante de propuestas de reforma política. Estas han sido presentadas históricamente en diversas formas: propuestas de leyes, agendas de diálogo, agendas políticas y acuerdos para darlas a conocer en diversos tipos de coyunturas y contextos. Son demandas que han alcanzado forma escrita y se han planteado no únicamente ante el Estado, sino ante la sociedad nacional y la comunidad internacional, con un propósito en común, abrir espacios políticos para el reconocimiento y respeto de la identidad y de los derechos específicos. El presente estudio reúne las propuestas vertidas en una serie de documentos producidos por organizaciones indígenas, básicamente se han tomado en cuenta todas las propuestas aparecidas por escrito entre 2003 y 2016, presentadas por las siguientes organizaciones: Asociación Política de Mujeres Mayas (2003 y 2016), Colectivo de Organizaciones Indígenas (2007), Iniciativa E (2008), Rex We (2013), Confluencia Nuevo B’aqtun (2014), Consejo de Pueblos de Occidente (2014), Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo (2015), Waqib’ Kej(2015), Comité de Desarrollo Campesino(2016) y Autoridades Indígenas Ancestrales (2016). En el glosario se presenta una descripción de estas organizaciones que en toda medida respeta la forma en que estas se autodefinen. Mucho se ha dicho y escrito sobre las demandas de los pueblos indígenas, y estas son demasiado vii
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complejas como para analizarlas en detalle. Por ello aquí se ha optado por enunciar únicamente aquellas relacionadas con reformas políticas, sin ningún intento de priorizarlas, sino en función del momento histórico en que aparecen. El estudio empieza con una revisión documental a partir de la aparición de la propuesta de la Asociación política de mujeres Mayas (Moloj) contenida en el documento “Agenda Política de Mujeres Mayas”, presentado en 2003 y puesto al día en 2016. La naturaleza de esta propuesta así como la fecha en que aparece es muy significativa y ha sido tomada como punto de partida del presente estudio. Esta propuesta señala el umbral del nuevo horizonte abierto tras la firma de los Acuerdos de paz. Las propuestas de reforma producidas en las siguientes dos décadas, incorporan nuevas posturas que no pueden pasar desapercibidas en el debate político del país, y por lo mismo es pertinente ofrecer un estudio actualizado, comparativo y analítico. En el presente documento se subraya el carácter dinámico, transformativo y fluido de las demandas políticas de los pueblos indígenas, al mismo tiempo, se rehúsa a dar forma a una lista de demandas, como lista finita, básica, acabada o mínima, que homogenice estas propuestas. Se recalca de esta manera la diversidad de las demandas de los pueblos indígenas, ligadas como están a una variedad de actores, de regiones, situaciones y de alianzas diferentes, resultados de acuerdos que se lograron en un momento dado, de diálogos que se impulsaron y que pudieron expresarse. Con la perspectiva señalada de las reformas políticas, esta publicación se enmarca dentro del propósito amplio del Seminario permanente sobre Estado y sociedad en un contexto multicultural, con el cual ASIES contribuye a abrir un espacio de diálogo como medio idóneo para el intercambio de ideas y una mejor comprensión de la diversidad étnica y cultural de la sociedad guatemalteca, en un diálogo intercultural que contribuya a la reformulación de la naturaleza del Estado guatemalteco y a la gobernabilidad democrática del país. viii
Propuestas de reformas legales
1. El horizonte constitucional
La Constitución de Guatemala de 1985 contiene ya una serie de principios pluralistas, reforzados por el denominado “Bloque de Constitucionalidad” que incorpora los tratados internacionales con un grado de “preeminencia”, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política de la República. Después de la Consulta Popular de 19991, que pidió sin éxito ratificar los cambios constitucionales derivados de los Acuerdos de paz, ha continuado el debate sobre las reformas constitucionales por parte de las organizaciones indígenas. En los siguientes 15 años las posturas son diversas, desde aquellas que se han trazado un programa de desarrollo legal sobre la base de los principios pluralistas contenidos en la Constitución, a las posturas que demandan que la Constitución incorpore, de forma más o menos explícita, nuevas declaraciones de derechos colectivos, hasta posturas que impulsan demandas que requerirían de una Asamblea Nacional Constituyente. En el primer caso, en torno a desarrollar en nuevas normativas los principios constitucionales pluralistas, la postura de varias organizaciones, en El referéndum constitucional se llevó a cabo el domingo 16 de mayo de 1999. La reforma aprobada por el Congreso de la República sometió a consulta para su aprobación la siguiente adición al Artículo 1 de la Constitución: “La Nación guatemalteca es una y solidaria; dentro de su unidad y la integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe.” Para un análisis de los resultados de la consulta ver: Informe de la misión de observación electoral a Guatemala, Consulta popular del 16 de mayo de 1999 - OEA/Ser.G.CP/doc. 3355/00, 1 septiembre 2000. http://www.oas.org/sap/docs/misiones/1999/cp07443s04%20 Guatemala%20esp.pdf. Hernández Pico, J. Guatemala: ¿Por qué el NO en la Consulta Popular? Envío digital No. 208, Julio 1999. http://www.envio.org.ni/articulo/950. 1
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particular de mujeres mayas, consiste en considerar urgente que frente a las diferentes instancias públicas, del gobierno nacional y municipal, y la sociedad en general, las mujeres se apropien de los instrumentos jurídicos que garantizan derechos civiles, políticos económicos y culturales de las mujeres y de los pueblos indígenas. Lo anterior ha sido planteado por la Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj, 2017, pág. 31). Moloj demanda la divulgación de la Constitución y otros instrumentos internacionales, en especial de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de los Acuerdos de paz, con el fin de educar sobre derechos humanos y derechos de las mujeres y que comprometen a los Estados con una serie de obligaciones para con las mujeres. La postura de que son realizables reformas al Estado circunscritas a “cambios que es posible concretar y que están contemplados dentro de la Constitución de la República vigente” fue asumida inicialmente por la organización Waqib’ Kej (2015, pág. 6). Dentro de este marco constitucional propuso formas de lograr consensos para reformar normas, leyes, reglamentos, presupuestos, asimismo, de mejorar mecanismos institucionales, políticas y programas dirigidos a pueblos indígenas. En el segundo caso, la reforma a la Constitución fue un horizonte abierto por el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1995. En opinión de Iniciativa E, la tendencia que marcó este Acuerdo consistió en reconocer la identidad maya, a través del reconocimiento del “pueblo Maya” (Iniciativa E, 2007, pág. 59); el acuerdo abrió así espacios para reconocimiento de derechos en materia de espiritualidad maya, educación, pluralismo jurídico, la recuperación de su memoria histórica y la reconstitución de sus instituciones propias. Estas posiciones en torno al Acuerdo son compartidas por varias propuestas indígenas que promueven un “Estado pluricultural”, entendiendo que este se ciñe a lo definido en el acuerdo aludido; una perspectiva que eventualmente desembocó en la primera propuesta de reforma constitucional 2
elaborada entre los años 1997-982 y que luego se incorporó a la consulta popular de 1999. Tras el fallido intento en esta Consulta Popular de 1999, otras organizaciones indígenas han mantenido estas mismas demandas, entre estas el Colectivo de Organizaciones Indígenas (2007, pág.7) y la Iniciativa E (2008, pág. 58 ss.). Igualmente, quienes han planteado un relanzamiento de los Acuerdos de paz y dentro de este marco, han demandado que se proceda a una reforma constitucional en el sentido dispuesto por estos Acuerdos (Organismo Naleb’’ 2015). En línea con los Acuerdos de paz, algunas posturas promueven reformas constitucionales que reconozcan explícitamente los derechos de los pueblos indígenas3, para ser implementadas según los mecanismos contemplados en la constitución vigente, es decir, mediante una consulta popular. En este sentido, en ocasión del debate sobre las reformas constitucionales de 2017, destacó la postura asumida por los alcaldes indígenas y alcaldes comunitarios4, quienes se adhirieron fuertemente a la iniciativa de reforma constitucional que pedía el reconocimiento del pluralismo jurídico contenido en la propuesta de reformar el Art. 203 constitucional. Sin embargo, ante la parálisis alrededor de las reformas, a la que llegó este debate en el Congreso de la República, los alcaldes comunitarios acordaron retirarla el 23 de marzo de 2017, en el supuesto que esto desbloquearía en el Congreso el debate general sobre las reformas al sistema de justicia.
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La propuesta fue elaborada en el marco de una coordinadora de organizaciones mayas (Saqbichil-Copmagua) establecida tras los Acuerdos de paz y promovida ante el Congreso, donde un texto final fue aprobado el 16 de octubre de 1998 y sometido a consulta popular en el referéndum realizado en 1999, La organización denominada Iniciativa E (2008) critica que estas disposiciones constitucionales reducen el “ser pueblo” a protección a grupos étnicos y al reconocimiento de algunos elementos de la identidad de estos grupos. En sus palabras, “con ello se han instituido nuevamente los mecanismos jurídicos y políticos que nos minorizan, cultural, social y políticamente” (2008:55). Alcaldes aglutinados en la coordinadora de autoridades indígenas ancestrales de Iximulew, Guatemala.
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En el tercer caso, algunas organizaciones indígenas proponen cambios que solo sería posible concretar dentro de una Asamblea Constituyente que promueva una nueva Constitución. Entre las posturas que asumen como meta inmediata, se argumenta la necesidad de responder a la finalidad de construir “nuevos fundamentos democráticos” que permitan una reorganización del régimen político. Varias organizaciones coinciden en este planteamiento, pero van a diferir en la estrategia a seguir para promover esta Constituyente. En esta dirección, la organización Waqib’ Kej señala que para ir más allá de los límites constitucionales actuales hay que equilibrar las fuerzas y representaciones en el Congreso, transformar las relaciones de poder y subordinación, y garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y para ello se hace necesaria una Constituyente. Waqib’ Kej argumenta que solo un nuevo Estado sería respetuoso y garante de los derechos a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas en aspectos políticos, culturales, económicos, sociales y jurídicos (Waqib’ Kej, 2015, pág. 6). La postura del Consejo de Pueblos de Occidente (2014, págs. 28 y 45), consiste también en el reclamo de una Constituyente para transformar la Constitución Política como un paso firme hacia un proceso de libertades sociales. Muy cercana a esta postura está también la propuesta de “idear una nueva Guatemala intercultural”, con base en un rediseño del ordenamiento legal que empiece por la Constitución Política del Estado, partiendo de la idea de que para llegar a esta Guatemala intercultural hay que establecer nuevas bases constitucionales mediante una Constituyente (Comité de Desarrollo Campesino, 2016, pág.19). En el caso del Consejo de Pueblos de Occidente, este aspira al establecimiento de una “Asamblea Constituyente”, compuesta por dos cámaras, una Cámara de Diputados (as) o Asambleístas y una
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Cámara de Senadores (as) donde estén representados mayas, mestizos, xinkas y garífunas (de allí el nombre de “Asamblea Legislativa Plurinacional”). Su postura es que esta Constituyente sería el único mecanismo que permitirá pasar por un período histórico de reformas constitucionales que establezca un “Estado plurinacional” (Consejo de Pueblos de Occidente (2014, pág. 36). La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, que sea “plurinacional y popular”, también ha sido hecha por Waqib’ Kej, aunque no entra en detalles acerca de cómo estaría conformada, (Waqib’ Kej, 2015, pág. 6). En cuanto a la postura del Comité de Desarrollo Campesino, publicada en 2016, este propone igualmente una Asamblea Constituyente integrada por constituyentes electos, la mitad de ellos por los pueblos Maya’, Xinka y Garífuna y la otra parte electos por listado departamental, más otro grupo electo por los guatemaltecos residentes en el exterior; también demanda que esta Asamblea Constituyente opere “sin candados”5, es decir, estaría convocada para rediseñar sin limitaciones un nuevo Estado, o para decirlo en sus propias palabras, de “fundarlo” (Comité de Desarrollo Campesino, 2016, pág.19). La palabra plurinacional está citada extensamente en varios documentos de propuesta política, particularmente del Consejo de Pueblos de Occidente (2014), Wakib’ Kej (2015), y del Comité de Desarrollo Campesino (2016). En estas propuestas lo plurinacional es una forma de abordar la diversidad social, es decir de los pueblos Maya, Mestizo, Xinka y Garífuna, y la cuestión de la unidad nacional. Sin embargo, lo “plurinacional” sigue siendo un concepto elusivo y difícil de definir. En general, se trata de un concepto político que se refiere, por una parte, al reconocimiento de la diversidad social, por otra parte, puede referirse a
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La Constitución Política de Guatemala contempla el mecanismo de Asamblea Constituyente, pero el Art. 281 establece los asuntos “intocables”, incluso para una Constituyente.
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un modelo que promete lograr la inclusión en pie de igualdad, así como los derechos individuales y colectivos, fundado en un pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Finalmente, se puede referir a un modelo que implica cambiar o transformar la estructura política del Estado partiendo de la idea de que para llegar a esta Guatemala intercultural hay que establecer constitucionalmente las bases6. Aunque el Comité de Desarrollo Campesino (2016, pág.19) no fue la primera ni es la única organización en Guatemala en adelantar la idea de un país plurinacional, sí es la primera en explicitar que esta demanda consiste en alcanzar derechos colectivos por la vía de un constitucionalismo garantista. En suma, las posturas ante la Constitución hechas por las diversas organizaciones indígenas se han planteado en direcciones o rutas diferentes, formulación de nuevas leyes basadas en los principios pluralistas ya reconocidos en la Constitución vigente; la promoción de reformas constitucionales dentro del horizonte abierto por los Acuerdos de paz y la demanda de una libertad absoluta para desarrollar un nuevo orden constitucional.
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Para una organización como el Consejo de Pueblos de Occidente la palabra “nación”, pasa a ser reinterpretada, adquiriendo nuevas acepciones; y derivado de ello, el Estado también debe refundarse. Esta postura, llamada de refundación del Estado, salvando varias diferencias con la postura del Consejo de Pueblos de Occidente, es también asumida por el Comité de Desarrollo Campesino (2016, pág.19).
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2. La agenda legislativa
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Dentro de la agenda legislativa de las propuestas indígenas, eventualmente todas tienen entre sus prioridades reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Otras leyes de interés promovidas por organizaciones indígenas que forman parte de esta agenda legislativa, y a las que se ha prestado escasa atención en el Congreso de la República, han sido las iniciativas de Ley sobre “Patrimonio histórico, espiritual y cultural de los pueblos indígenas”, “lugares sagrados”, “consulta”, desarrollo rural, aguas y bosques, reformas a la Ley del Organismo Judicial, la Ley de Consejos de Desarrollo y una ley específica de pueblos indígenas que desarrolle el Art. 70 constitucional, entre otras. Esta agenda indígena en el legislativo no ha prosperado. La reforma de estas leyes implica, según la organización Rex We, el cambio de paradigmas políticos y culturales y un compromiso de lucha contra la “discriminación” (Rex We, 2012, pág. 27). En acatamiento de convenciones internacionales, particularmente de las que tienen como finalidad eliminar todas los formas de discriminación contra la mujer, se urge al Estado reformar las leyes a las que está obligado según estos convenios (Moloj, 2017, pág.18), con el fin de promover la máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con los hombres, en todos los campos. La urgencia de reformar el régimen político electoral y el régimen administrativo del Estado ha sido promovida por varias organizaciones indígenas, justificada por la necesidad de profundizar la democracia. Una reforma del Tribunal Supremo Electoral ha sido propuesta por la organización 5
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Consejo de Pueblos de Occidente (2014, pág. 28) con la finalidad de que este se convierta en un cuarto órgano del Estado de Guatemala; además propone que los miembros de este órgano sean electos por sufragio universal, directo y secreto, con la participación proporcional de mayas, mestizos, xincas y garífunas, es decir que sea un “órgano plurinacional” en los términos de esta organización. También propone que se cree un órgano de “control social”, que se puede entender como una instancia de fiscalización ciudadana, adentro del Tribunal Electoral (Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, pág. 28). Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) son vistas como una oportunidad de promover, además de nuevos partidos políticos, otras expresiones organizativas en donde los pueblos indígenas puedan participar de acuerdo a sus tradiciones. La anterior es una propuesta extensamente desarrollada por la organización Waqib’ Kej (2015, pág.31), dentro de la cual lista los “mínimos irrenunciables y de aplicación inmediata” que deben ser contemplados en estas reformas7, a saber: i. Creación de Comités Cívicos Distritales que permitan la participación de la población indígena, mujeres y hombres, creando mecanismos de fiscalización y filtros de participación. ii. No reelección de candidatas/os que ya han desempeñado cargos públicos como diputadas/ os y alcaldes/as. iii. Control del financiamiento privado hacia los partidos políticos para generar iguales condiciones a aquellos con menos recursos económicos.
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Algunos de estos temas han sido contemplados, parcialmente, en las reformas electorales que tuvieron lugar en 2016 (Decreto legislativo 26216, Diario de CA, 25 de mayo de 2016); una reforma a la Ley Electoral reguló el voto nulo, medios de comunicación y financiamiento privado; y en la reforma de la Ley del Organismo Legislativo se reguló el transfuguismo.
iv. Dar validez jurídica al “voto nulo”, lo que implica que si en unas elecciones ganara este, estas deben repetirse con nuevos candidatos. v. Que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) regule la utilización de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, a fin de dar oportunidad a todos de manera equitativa para realizar sus campañas electorales. vi. Alternancia obligatoria para promover la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. vii. Regular el transfuguismo político. viii. Que los gobernadores sean elegidos por voto popular y no por designación del Presidente de la República. En febrero de 2016 fue aprobado cierto número de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales incorporaron algunas de estas demandas indígenas que también estaban siendo impulsadas por otras organizaciones de sociedad civil, entre estas, el voto nulo, que causaría repetición de las elecciones si este superara la mitad más uno de los votos emitidos; el voto en el extranjero para elegir al Presidente y Vicepresidente; el transfuguismo se prohíbe y se castiga; informar al TSE sobre el pliego tarifario, así como la disponibilidad de sus espacios; obligación de contabilizar el ingreso centralizado de las contribuciones públicas y privadas a los partidos políticos en una sola cuenta bancaria, igualdad de género en juntas directivas, entre las más importantes. Una segunda generación de reformas debería también incorporar nuevos cambios, que según las propuestas de varias de las organizaciones indígenas también forman parte de la agenda de nuevas reformas que se están discutiendo dentro y fuera del Congreso de la República. Moloj propone retomar sus propuestas legislativas a favor de las mujeres en la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Iniciativa de Ley 4088.
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El Comité de Desarrollo Campesino propuso en 2016 impulsar una nueva LEPP que afiance una democracia participativa, comunitaria y representativa. Entre otras medidas, propone la revocatoria de mandato para los representantes electos por voto popular; reducir en el Congreso Nacional el número de diputados a sesenta y nueve, que estos sean electos con base en listas distritales; que los ex gobernantes no formen parte del Parlamento Centroamericano; y admitir la consulta popular para la aprobación o desaprobación de leyes, reconocerle a los ciudadanos y ciudadanas iniciativa legislativa. Además, propone que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Procurador General de Derechos humanos sean electos por voto popular (Comité de Desarrollo Campesino, 2016, pág.19). En conclusión, cuatro de los diez documentos aquí analizados han propuesto reformas electorales concretas, pero no hay coincidencias en las prioridades que se expresan o que tengan demandas en común.
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3. Constitución de nuevos partidos políticos
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En los últimos diez años se han presentado al menos dos proyectos de constitución de partidos políticos promovidos por organizaciones indígenas, estos son el partido “Winaq” que existía como comité proformación desde 2007 y fue finalmente inscrito en 2011. Asimismo, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el 8 de diciembre de 2016, anunció su decisión de constituir el partido “Movimiento para la Liberación de los Pueblos” (MLP), para lo cual ya organizó un comité proformación. Dentro de los partidos que se han promovido a partir de la apertura electoral de 1985, muchos han desarrollado bases locales donde predomina el voto indígena, pero salvo las condiciones y demandas comunes a la población indígena y rural, estos partidos no han tomado en su ideario derechos específicos de pueblos indígenas, posiblemente con algunas excepciones como Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Asamblea Nueva Nación o Democrático Nueva Guatemala. En el pasado reciente se han registrado algunos intentos por crear partidos de base étnica en Guatemala8, en contraste, ninguno de los actuales proyectos se proclama a sí mismo como un partido indígena, aunque claramente cada uno busca con prioridad a este sector del voto. Estos son partidos que han desarrollado un ideario político abierto 8
Para un análisis de los intentos de construcción de partidos políticos mayas ver, entre otros: Ba Tiul, M (2007). Movimiento Winaq, la controversia ni a la izquierda ni a la derecha. Guatemala, Flacso, FF; Bastos, Santiago y Manuela Camus (2003) El movimiento maya en perspectiva / Guatemala: FLACSO; Batzin (1992) Breve análisis de la participación política del pueblo maya. SDE; Ebert. Esquit Choy, A. (2017), Liderazgo Maya-Kaqchikel en Guatemala 1950--1985. Guatemala: Nawal Wuj; Falla, R. (1978). El movimiento indígena. Estudios Centroamericanos nº 356/357. UCA, San Salvador.
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en que convergen valores y visiones indígenas junto a denuncias de las condiciones de vida predominantes, económicas y sociales comunes, que afectan tanto a indígenas y no indígenas, en especial al campesinado. Hasta ahora, solo se sabía de casos de alianzas que establecían organizaciones indígenas con partidos políticos, en su mayoría temporales y bastante inestables; la estrategia de un grupo de formular propuestas dirigidas a los partidos políticos, en el marco de coyunturas electorales, ha sido la vía más tradicional para impulsar sus demandas. En respuesta, la mayoría de partidos políticos establecieron secretarías indígenas en su organización como estrategia electoral para atraer el voto indígena. Por supuesto, también se han formulado propuestas independientes y otras claramente orgánicas. Varias de las lideresas que fundaron la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ)9, y retomaron las reivindicaciones de género para proyectarlas a la arena política, también participaron en la fundación del partido político Winaq a fines del 2010, entre ellas la Dra. Rigoberta Menchú, que fue además candidata presidencial en las elecciones generales de 2007, postulada por el comité pro-formación de Winaq y el partido Encuentro por Guatemala10. Otras lideresas que formaron parte del consejo directivo de Moloj también han sido postuladas por el partido Winaq, entre ellas, Otilia Lux García, Marta Elena Macz y Sonia Gutiérrez Raguay. Esta alianza es discreta pero bastante orgánica.
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La Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ) aglutina 107 organizaciones de diverso tipo, comités y grupos de mujeres hablantes de trece lenguas, de diez departamentos del país. Esta alianza política alrededor de la Dra. Menchú entre Winaq y Encuentro por Guatemala, obtuvo en 2007 el séptimo lugar en las preferencias electorales. Para las elecciones generales de 2011, la Dra. Menchú fue postulada candidata presidencial por la alianza denominada “Frente Amplio”, constituida por los partidos políticos Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ), Alternativa Nueva Nación (ANN), y el comité pro-formación Movimiento Nueva República (MNR), obteniendo 146,353 votos, cerca del 3% de los votos.
MOLOJ ha calificado como un problema nacional la exclusión política y ciudadana de la mujer maya, cómo una de las condiciones que más le afectan. Desde su origen en julio de 1999, en un año de elecciones generales, MOLOJ promueve ampliamente la participación política de las mujeres mayas y ha hecho contribuciones sistemáticas al desarrollo de un pensamiento político desde las mujeres mayas. Propuso desde 2003 una Agenda Nacional11, la cual contempla estrategias que se dirigen a enfrentar las problemáticas de la manipulación, el clientelismo político en el manejo de programas sociales, el machismo, la exclusión, la división, el registro de mujeres, etc. Otro colectivo de mujeres, la “Confluencia Nuevo B’aqtun”, una entidad que resultó de la articulación de grupos de mujeres y feministas en alianza con organizaciones indígenas y campesinas, formuló en junio de 2014 una propuesta política que, aunque no estaba dirigida a constituir un partido ni a negociar con partidos políticos, se propuso abrir un diálogo sobre aspectos de cosmovisión, “feminismos” y política. Esta propuesta se pronuncia para que los partidos políticos se constituyan en sujetos políticos plurales que sean capaces de articular y pactar agendas y posicionamientos políticos sobre la base del diálogo y que, aceptando sus diferencias, reconozcan que no hay agendas más importantes que otras, eso sí, deben integrarse en un proyecto político emancipador que tenga en su centro la potenciación del ser humano y la naturaleza (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág.12). Por otra parte, un colectivo de organizaciones indígenas ha venido realizando foros con candidatos presidenciales a lo largo de los últimos 25 años. La organización Waqib’ Kej (seis venado) se sumó a esta iniciativa en 2003, recuperando una tradición que
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La “Agenda Nacional” propuesta por Moloj que fue formulada en 2003 y reevaluada en 2017, promueve el valor de la participación política de mujeres mayas para potenciar su identidad, su participación organizativa y cívica política, en los espacios de toma de decisión de partidos políticos y en las instituciones de gobierno.
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varios de sus miembros venían impulsando desde 1990, de hecho Waqib’ Kej se fundó a partir de la movilización de un gran número de organizaciones indígenas de diversa naturaleza para las elecciones de 2004, con el fin de presentar sus demandas ante los candidatos presidenciales. Estos foros con candidatos presidenciales han sido una oportunidad aprovechada por estas organizaciones para presentar sus propuestas de reforma política, entre estas, la “Agenda Común Maya” (2003), la “Agenda Política Pueblo Maya y el Estado guatemalteco” (2008) y la propuesta de 2015 “Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew”. La organización Waqib’ Kej asegura que únicamente se constituyó como un espacio de análisis, discusión y unidad entre los pueblos indígenas para generar alternativas y propuestas. Su práctica política sigue dos vías de acción, por un lado, busca un diálogo horizontal con los gobiernos para discutir con estos los problemas de país. Por otro lado, busca un diálogo con los partidos políticos, pero les reclama su carácter mercantilista, discriminador, alienante y por ello, demanda una democratización política como paso imprescindible para la fundación de un nuevo Estado; y lo sustantivo de sus demandas políticas constituye la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Para muchas organizaciones indígenas, el año electoral crea el ambiente político propicio para el diálogo, la negociación y la propuesta, con la esperanza de tener alguna incidencia en los planes de gobierno y que en estos sean retomadas demandas relacionadas con una agenda indígena. Aunque en general, este tipo de propuestas ha alcanzado escasos resultados, sin embargo, en el Congreso hay un número de iniciativas relevantes que dan cuerpo a una agenda legislativa acumulada sobre pueblos indígenas12. Varias de estas iniciativas
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En el ámbito de la función legislativa, durante la Séptima Legislatura se encuentran pendientes de aprobar, entre otras, la siguientes iniciativas de Ley sobre Pueblos Indígenas: Ley de
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de ley han alcanzado su aprobación en primera lectura pero forman parte de una agenda indígena desatendida. Aun sin poder establecer el origen de estas iniciativas, es posible prever que esta agenda legislativa constituye ya un terreno fértil sobre el cual debaten algunos partidos políticos y las organizaciones indígenas.13 La experiencia reciente muestra que muchos de los partidos políticos han creado Secretarías Indígenas dentro de su organización, y a través de estas es que se han impulsado algunas candidaturas indígenas14. Lo nuevo de la presente década es la participación directa con la formulación de proyectos realistas de constitución de partidos políticos, la organización Consejo de Pueblos de Occidente, aunque ha dicho que no opta por constituir un partido político e insiste en que la intención de su propuesta política no es administrar el poder y que no aspira a «ocupar» el Estado, su proyecto de una Constituyente, que implica llevar una numerosa fuerza política al Congreso de la República, hace prever o insinúala búsqueda de una representación política propia. Para las elecciones de 2015, varios de los líderes
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Jurisdicción Indígena; Ley General de Pueblos Indígenas; Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral; Día Nacional de la Iyon y/o Rati´tak´al Comadrona Indígena de Guatemala”; Ley de Medios de Comunicación Comunitaria; Reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas RENAP, la del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, Ley Nacional de la Juventud. Las leyes en trámite en el Congreso a favor de los pueblos indígenas impulsadas por el partido Winaq son las siguientes: Jurisdicción Indígena, Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas, Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Indígena Guatemalteco, Competencia del Comité Internacional contra la Discriminación y el Racismo (CERD), Medios de Comunicación Comunitaria, Consulta a los Pueblos Indígenas, Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas, Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral, Ley del Programa Nacional de Resarcimiento, Generalización de Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural. Ver: http://www.urng-maiz.org.gt/2015/08/agenda-legislativa-delas-mujeres-de-izquierda-2016-2026/. El Comité para el Decenio del Pueblo Maya creó en 1996 el documento “Proyecto de desarrollo del pueblo maya como desarrollo nacional” para contribuir a buscar el establecimiento de mejores relaciones entre gobierno y pueblos indígenas, en el marco del decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo y ayudar a mejorar la capacidad del gobierno guatemalteco para definir sus políticas de relación y respeto con los diferentes pueblos que viven en Guatemala. “Agenda política maya en los alcores del Oxlajuj B’aqtun”, Guatemala, 2002).
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de esta organización hicieron campaña en algunas regiones del país por el partido Convergencia, si bien finalmente la directiva de la organización se deslindó oficialmente de este partido y anunció que no le apoyaba. Su visión del régimen político actual es que los partidos políticos, el Congreso y las instituciones estatales, mantienen a los pueblos indígenas afuera de sus pactos y de sus decisiones, porque estos pueblos no forman parte de sus metas (Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, págs. 2 y 36). La visión de pluralismo que mantiene esta organización se basa en que Guatemala debe fundarse en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro de la integridad de la nación.
ha anunciado que sus movilizaciones pasarán a segundo plano; al contrario, parece afirmarse en este objetivo, porque estas le permiten posicionarse políticamente en el país17. Además, a partir de 2016, año en que planteó su conversión en partido político, es notorio que sus consignas han dado paso a una lista de demandas muy diversas, “lo suficiente como para que se tome más como una hoja de ruta a largo plazo que como exigencias concretas a cumplir de forma inmediata”18.
El más reciente y más claro caso de proyecto de constitución de partido político ha sido presentado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).Como se mencionó anteriormente (supra) esta organización anunció el 8 de diciembre de 2016 su interés en constituir un partido que le asegure una representación en el Congreso, y con esta meta informó haber integrado un comité pro formación de partido político, que se denominará Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)15. De acuerdo al calendario electoral en curso en Guatemala, este comité tendrá hasta el 7 de diciembre del 2018 para conformarse e inscribirse de manera formal como organización política. CODECA es más conocida en el país por aplicar otra estrategia política consistente en las movilizaciones públicas16, y por ahora no 15 16
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Prensa Libre, 19 de abril2017; Plaza Pública, 24 de mayo 2017. Por más de dos décadas la estrategia pública seguida por Codeca ha consistido en organizar y movilizar personas, mostrando presencia territorial. La organización es muy conocida en el país por efectuar caminatas hacia las gobernaciones departamentales, el bloqueo de carreteras y movilizaciones hacia la capital. Codeca fue responsable de tres bloqueos en 2016, consistentes en taponamientos de carreteras que se realizaron el miércoles 10 de febrero de 2016, el martes 26 de julio de 2016 y el miércoles 26 de octubre de 2016. En 2017, a la fecha (septiembre 2017) lleva tres bloqueos efectuados los días martes 7 de marzo, martes 23 de mayo y los días miércoles 12 y jueves 13 de julio; en esta última Provial reportó 8 puntos bloqueados en las cinco carreteras más importantes del país. PL, 13 de julio 2017
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El activismo de Codeca también consiste en un intenso programa de reuniones en las comunidades para capacitar, organizar, informar y consensuar sobre el contenido programático de su proyecto de partido y muy centrado en su propuesta política de un Estado plurinacional. Entre los consignas asumidas por Codeca figuran, la nacionalización de ciertos bienes y servicios, reforma agraria integral y una larga lista de fuertes oposiciones al neo latifundismo transnacional, a los monocultivos, a los tratados comerciales como TLC y ALCA, a las concesiones y licencias de minería, hidroeléctricas y otras. Pradilla, A. y Solís, Regina. Las bases de Codeca quieren convertirse en partido político, 24.05.17. En: https://www.plazapublica.com.gt/content/las-bases-de-codecaquieren-convertirse-en-partido-politico
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4. Las políticas públicas
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Desde la perspectiva que sostienen los Acuerdos de paz y a la que la organización de mujeres Moloj se adhiere, el presupuesto nacional debe responder a la formulación de políticas públicas que permitirían avanzar en los derechos de los pueblos indígenas. Principalmente, reformular la asignación de fondos del Estado para el desarrollo de políticas, programas y proyectos que persigan acciones estratégicas o afirmativas a favor de las mujeres mayas (Moloj, 2016, págs. 60-63). Sin embargo, esta organización ha señalado que la falta de un clasificador presupuestario con enfoque de pueblos indígenas, debilita la obligatoriedad de las instancias públicas para concretar una asignación y un gasto especifico. La fiscalización social del presupuesto es difícil, porque hay una débil apropiación de los procesos y manejo de herramientas para la auditoría social de las mujeres mayas para poder monitorear el gasto público, Asimismo, tampoco hay un control efectivo de los programas sociales que implementa el gobierno (Moloj, 2016, págs. 60-63). La agenda de Moloj concede un apartado importante a las acciones necesarias para superar la exclusión y la discriminación de la mujer indígena, en el cual propone una serie de acciones: i. Políticas públicas (especialmente contra el racismo) ii. Apoyo presupuestario a instituciones dirigidas a promover derechos de las mujeres indígenas (DEMI, CODISRA, SEPREM, Red de Mujeres Mayas, Oficinas Municipales de la Mujer, SOSEP, DIGEBI, MSPAS, otras) iii. Formación de recursos humanos mujeres 13
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iv. Política de desarrollo rural v. Fortalecer las autonomías institucionales vi. Fiscalización social vii. Participación política de las mujeres viii. Acceso a servicios de salud y educación La agenda de mujeres de Moloj también plantea un programa de acciones municipales para promover la equidad entre mujeres y hombres y entre pueblos, para ser implementadas algunas en instancias indígenas y autoridades comunitarias y municipales y otras a nivel nacional; estas acciones se resumen en nueve líneas de trabajo o caminos por recorrer: (1) la violencia intrafamiliar; (2) la desvalorización de la identidad cultural debido a la opresión étnico-cultural o discriminación racial contra las mujeres y pueblos mayas; (3) la mala atención de instancias públicas de salud e inseguridad alimentaria en las mujeres y sus familias; (4) la falta de oportunidades de trabajo, por la desvalorización del aporte económico, de los saberes artísticos y por el analfabetismo en las mujeres; (5) el alcoholismo en las comunidades, en mujeres y hombres, adultos y jóvenes ha crecido, de ahí que la drogadicción y el alcoholismo están afectando la unidad de las familias y provocando inseguridad en las comunidades; (6) la falta de transparencia en el gasto público y asignación presupuestaria municipal a favor del buen vivir de las mujeres mayas, sus familias y comunidades; (7) el mal uso de bienes naturales, contaminación de fuentes de agua y del medio ambiente, tala inmoderada de árboles; (8) la poca participación política de mujeres mayas en espacios de toma de decisión y de autoridades mayas y, (9) la falta de unidad entre las organizaciones de mujeres mayas a nivel local y nacional, que no permite la unificación de estrategias de trabajo
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y la incidencia en la política pública para su buen vivir. La organización Waqib’ Kej, para equilibrar las fuerzas y representaciones de los pueblos, transformar las relaciones de poder y subordinación, y garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, propone tres reformas al Estado: garantizar la certeza jurídica de la tierra comunal e individual y los recursos naturales; la aprobación y cumplimiento de la iniciativa 40-84, Ley de Desarrollo Rural Integral; dar vigencia, legitimidad y vinculancia a las Consultas Comunitarias para la toma de decisiones en temas de tierra, territorio, bienes naturales; y, aprobar la iniciativa de Ley de Aguas promovida por las propias comunidades. En lo jurídico, Waqib’ Kej plantea el reconocimiento del sistema jurídico de los Pueblos Indígenas, propiciando la construcción del pluralismo jurídico; en lo social generar alternativas que eliminen la pobreza, la desigualdad y la exclusión en que se encuentran los Pueblos Indígenas; en lo cultural, el fortalecimiento de las cosmovisiones e identidades de los Pueblos Indígenas y eliminar el racismo sistemático y estructural para construir nuevas relaciones sociales y culturales respetuosas en una nueva sociedad y un apartado de cosmovisión y espiritualidad (Waqib’ Kej, 2015, pág. 6). El Consejo de Pueblos de Occidente, dentro de su propuesta general de refundación del Estado, propone “cuatro pactos mínimos para establecer un Estado plurinacional”, entre estos, “(3º) Que una cultura plurinacional sea proclamada”, impulsada para construir una sociedad incluyente, esto implica entre otras, «construir un sistema de educación nacional incluyente para “vivir en una sociedad con una concepción del buen vivir”, lo que denomina «utziläj k’aslemal, raxnaquil k’aslemal, ral ch’och’» que se refiere a concepciones del bien vivir y de “un horizonte cultural abierto y plural para toda Guatemala” (Consejo de Pueblos de Occidente 2014, pág. 45).
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Paralelamente, dentro de su propuesta refundacional propone las siguientes políticas: 1º «Que la república de Guatemala adopte una forma de gobierno basada en la democracia participativa, representativa y plurinacional». 2º «Que la unidad y prosperidad de la nación se fundamenten en una economía plural y de interés público social…» basada en la soberanía de Guatemala y en la justicia social; 3º «Que una cultura plurinacional sea proclamada», impulsada para construir una sociedad incluyente. Esto implica, por ejemplo, “construir un sistema de educación nacional incluyente” para «vivir en una sociedad con una concepción del buen vivir», lo que denomina «utziläj k’aslemal, raxnaquil k’aslemal, ral ch’och’» que son concepciones del bien vivir y de “un horizonte cultural abierto y plural para toda Guatemala”. 4º «Que desaparezca la militarización, que se respete y organice la pluralidad de la justicia». Esta organización insiste en que la intención de su proyecto político no es administrar el poder y que no aspira a «ocupar» el Estado, lo que pretende es construir nuevas relaciones entre el Estado, las personas y los pueblos (Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, págs. 41–45).
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5. Fiscalización social, transparencia y corrupción
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La organización de mujeres Moloj se ha propuesto como uno de sus nueve ejes de trabajo propugnar por el equilibrio y transparencia en el manejo de los bienes públicos y comunitarios (Moloj, 2016, pág. 38). Para Moloj, la problemática radica en la falta de transparencia en el gasto público municipal y en una asignación presupuestaria municipal que no está a favor del buen vivir de las mujeres mayas, sus familias y comunidades. El énfasis en la falta de transparencia en la asignación y uso del presupuesto de los gobiernos municipales, se debe a que no han cumplido con la obligatoriedad, según el Art. 96 del Código Municipal, de implementar programas y proyectos a favor de las Oficinas Municipales de la Mujer y Oficinas de la Niñez y Adolescencia. Una de las problemáticas frecuentes de los fondos destinados a dichas oficinas, es que se destinan exclusivamente a comunidades donde hay adeptos al partido de turno y toman en cuenta solo a las mujeres que se pliegan a sus determinaciones, sin considerar a las organizaciones de mujeres reconocidas y que velan por los derechos de las mujeres. Moloj ha señalado a los gobiernos municipales por no dar informes a la población sobre el manejo de fondos municipales. Se desconocen los proyectos destinados a las comunidades, en parte también porque los Consejos Municipales de Desarrollo no funcionan bien en la mayoría de municipios (Moloj, 2016, pág. 60). Su propuesta de acción es implementar escuelas de mujeres mayas a nivel departamental para generar capacidades de auditoría social y en el manejo de políticas públicas, estudio sobre el presupuesto público en materia del clasificador presupuestario con enfoque de pueblos indígenas.
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Democratizar y transparentar los gobiernos municipales es para la organización Consejo de Pueblos de Occidente, tan básico que tiene que ser parte de la refundación del Estado. La refundación de un municipalismo ahora “corrupto” justifica para esta organización un proyecto que se entiende como un reclamo por “gobiernos autónomos en los pueblos indígenas”, sobre la base de un principio constitucional de soberanía popular (Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, pág. 42). Otro sector prioritario al que organizaciones indígenas demandan transparencia es el Congreso de la República y los reclamos son coincidentes: “este debe ser el primero en ser transparente con la información y la toma de decisiones. Y no lo es.”(Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, pág. 36). Se reclama también que el Congreso de la República tampoco ha dictado ninguna medida institucional frente a la gravedad de la corrupción pública. Además, “…el Congreso tampoco muestra voluntad política tangible en la aprobación de la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y Ley de Desarrollo Social” (Naleb’, 2016, pág. 16). La acusación de que todo el sistema político de Guatemala se muestra incompetente porque está contaminado con el tráfico de influencias que se amarran desde el mismo Organismo Legislativo, le ha sido hecha por varias organizaciones indígenas. “Nos comprometemos a señalar con nombres y apellidos los negocios secretos y los tráficos de influencia que circulen adentro del Congreso, Ejecutivo y del Organismo Judicial” y que la “Ley de Régimen Interno del Congreso cierre los agujeros del transfuguismo, la corrupción y el tráfico de influencias y para obligar a trabajar sin privilegios ni negligencias” (Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, pág. 38). Un tercer sector de atención, es fortalecer los controles para vigilar el buen desempeño del empleado público. Una condición para eliminar el clientelismo en Guatemala es erradicar definitivamente los negocios electoreros en los 18
departamentos y dejar de manejar dineros para negociar obras públicas departamentales, y ningún funcionario público debe hallarse con inmunidad (Naleb’, 2016, pág. 14). El clientelismo y la corrupción no son ajenos al racismo. “Jamás se podrá combatir a fondo la corrupción, si los poderes públicos de Guatemala siguen practicando el racismo y no respetan a la ciudadanía” (Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, pág. 38). “La historia política de Guatemala está llena de dictaduras, fraudes, golpes de Estado, corrupción” (Waqib’ Kej, 2015, pág.15). Situaciones como la violencia y la corrupción que se apoderan de todos los segmentos sociales y niveles estatales, la evidencia de que el Estado y sus entidades se encuentran infiltradas por el crimen organizado y la corrupción, son razones para que se difunda la idea de una Guatemala con un Estado fracasado. A un Estado en esta situación, sin recursos y sin visión de país, el Comité de Desarrollo del Altiplano suma un desánimo creciente en la deficitaria cultura tributaria de la ciudadanía y así es imposible que garantice derechos y convivencia pacífica para sus habitantes. Todo esto justifica para esta organización la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado (Comité de Desarrollo del Altiplano, 2016, págs. 24 y 65). La garantía de la provisión de recursos financieros para el funcionamiento de la institucionalidad indígena, es también otra situación señalada, sin embargo la corrupción y transparencia en las entidades de apoyo a pueblos indígenas también ha sido denunciada, tanto como el acompañamiento y la auditoría social para un proceso transparente, libre de corrupción. En este sentido, Naleb’ ha propuesto la “revisión general de la institucionalidad indígena de las más de 25 oficinas estatales que justifican su existencia por estar orientadas a pueblos indígenas (Naleb’ 2016, pág. 14).
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6. Algunos conceptos clave en las posturas políticas indígenas
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Muchos términos enunciados en las propuestas de reforma política, provenientes de organizaciones indígenas no son fáciles de explicar de manera breve y sencilla. Términos como “buen vivir (“utzilãj K’aslemal”), “vida plena”, “equilibrio”, “complementariedad”, “madre tierra”, etc. además de significar una idea o representar una situación, promueven o retoman valores locales, se inspiran en prácticas comunitarias, antiguos valores (ancestrales) y principios de las cosmovisiones indígenas, con los cuales proponen nuevas formas para hacer política nacional, orientar lo político y las políticas públicas. Por supuesto, una cosa es que estos conceptos sean operativos en una comunidad y otra cosa que puedan ser comprendidos y apuntalar una nueva política nacional. Sin embargo, estos esfuerzos de ninguna manera son vanos, sino son parte esencial de un diálogo político intercultural.
El “buen vivir” Algo en común en las propuestas de reforma política planteadas por organizaciones indígenas en Guatemala es su referencia al planteamiento del “buen vivir”. Aunque solo algunas de ellas explicitan esta concepción, está claro que esta se refiere no solo al estado de la persona humana sino a la convivencia social, la preservación o conservación de bienes naturales y de los bienes culturales y sociales. Un verdadero paradigma en común con los nuevos derechos internacionales sobre el ambiente y el clamor por la sostenibilidad. El concepto de “buen vivir” tiene antiguas raíces en la cultura maya, aunque su uso político puede considerarse nuevo y aún en construcción. El término se traduce en algunos idiomas mayas 19
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como utzilãj K’aslemal, raxnaqil, ral ch’och’ [idioma kaqchikel’], todos relacionados con “respetar todo lo que hace posible la vida, saber vivir y saber convivir”. Por ello, tradicionalmente alrededor de este concepto se teje el fundamento mismo de la vida en comunidad (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág. 19). Particularmente, esta organización ha producido un extenso análisis documental que constituye un verdadero marco interpretativo delo que se puede entender como buen vivir: “La característica central es el cuidado de la vida, lo que implica la construcción de organización para la producción, reproducción, intercambio y uso, a partir de principios como los acuerdos con la madre naturaleza, el equilibrio, la colectividad. Se le asocia también a valores como awas, pak’uch y tz’onoj [idioma k’iche’] que promueven una alimentación sana y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, salud y cosmo conocimientos que favorecen el cuido personal y la libre expresión de amores y afectos”19. En el fondo de esta noción subyace el concepto de vida: k’aslemal [idioma k’iche’]. Se trata de la “preservación de la vida, en equilibrio y la armonía del todo”, es de cara a la vida que adquiere su sentido la espiritualidad, que “se refiere a la búsqueda de la esencia de la vida de todo y a ver vida en todo” (Iniciativa E, 2008, pág. 73); “Una vida en equilibrio busca la realización y felicidad humana de nuestros pueblos; esto equivale a la integralidad y complementariedad de nuestros pueblos y del ser humano con el cosmos y la naturaleza y esta es determinante para la paz” (Iniciativa E, 2008, pág. 85). Por ello “nuestra concepción de la vida en equilibrio y armonía está situada en un campo relacional”. Conservar la vida debe ser la razón de ser de todo modelo de poder político y el campo de una ciudadanía plena. Según el pensamiento político de las mujeres mayas, el buen vivir abarca “todo aquello que
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El Raxnaqull K’aslemal “EI Buen Vivir’’ de los Pueblos de Guatemala. (Confluencia Nuevo B’aqtun, UtzlliiJ K’aslemal. Guatemala, 2014, pág. 23).
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se refiere al desarrollo de las comunidades y al respeto a los derechos humanos de las mujeres y pueblos indígenas” (Moloj, 2017, pág. 72). Se entiende como la forma de satisfacer las necesidades esenciales de la vida en lo espiritual, emocional y material que permite el bienestar individual y colectivo en la educación, seguridad, sustento, afecto, entendimiento, participación, salud. Asimismo, “El buen vivir o el “bien vivir” como también se le denomina, se refiere a la capacidad de concebir la vida como gracia y como don” (Rex We, 2012, pág. 18). Conlleva “una reforma moral sustentada en valores y en prácticas ancestrales como el jelq’ab’, wayab’, bajkutx, kolK’ex [idioma mam] que son nociones mayas de ayuda mutua; el b’atxb’inaq, lextol, yajabil konob, que son formas propias de autoridad y de organización social, y en el patq’um, q’umlab’ahily y lajti, que son prácticas de consulta, consenso, participación y de toma de decisiones en las comunidades” (Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, pág. 53). El significado político del buen vivir, o utzilãj K’aslemal [idioma k’iche’] desemboca en “respetar la vida, la vida de los cuerpos (humanos) y la vida de los territorios» (Concejo de Pueblos WuxhtajCPO)20. También reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, y todo lo que tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir (Iniciativa E, 2008, pág. 72). Como paradigma que defiende la vida, se refiere a recuperar y fortalecer las prácticas indígenas que enseñan el respeto hacia la madre tierra y la relación armoniosa entre seres humanos” (Waqib’ Kej, 2016, pág. 25-26). La importancia de este concepto de “buen vivir” consiste en que enriquece el entendimiento moderno de la íntima relación entre el hombre y la naturaleza, en momentos que esto se visualiza como el mayor problema de la humanidad actual. 20
Consejo Wuxhtaj. Quiénes somos? En: https:// consejodepuebloswuxhtaj.wordpress.com/2017/02/26/quienessomos/ / 26 feb., 2017.
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Otros valores asociados al buen vivir Algo inseparable del “buen vivir” es convivir con paz y armonía, no solo entre grupos humanos sino con su contexto natural, y una relación intercultural o de respeto a las culturas, por tanto, la práctica del buen vivir conlleva compromisos y responsabilidades: “la recuperación de otros principios que permiten recuperar, reconstruir, recrear, y asumir otros conocimientos y prácticas del utzilaj k’aslemal” (Waqib’ Kej, 2016, pág. 68). Entre estos principios morales se cuentan los siguientes, en idioma k’iche’: Principio del equilibrio: Los seres establecen acuerdos que se renuevan a cada cierto tiempo para procurar un balance. Para lograrlo, se debe vivir en libertad. “El equilibrio requiere reciprocidad, respeto, equidad en distintos ámbitos, así como el reconocimiento de las diferencias (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pag. 26). Principio del awas: significa el respeto a la organización y el espíritu de los elementos de la naturaleza, (normas naturales). El respeto a la integridad de los seres es una ética liberadora, respetuosa, amigable y comprometida con la vida. Cuando se rompe la norma natural y el estado de los seres se comete un grave error que exige reparación y reconocimiento de estos principios transgredidos (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág. 26). Principios del Tz’onoj: significa reciprocidad, es saber dar y recibir. Es la cooperación, intercambio y corresponsabilidad en el cuidado de la vida. Implica la reciprocidad entre mujeres y hombres en el cuidado de la vida, desde la niñez hasta la vejez, en sus múltiples tareas y dimensiones materiales y afectivas. La conciencia de este principio valora la vida de cada uno de los seres en el cosmos; cada ser tiene experiencia, conocimiento y sabe de sus ciclos de vida, contribuyendo a la vez a los acuerdos renovables (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág. 26).
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En general, como lo resume Confluencia Nuevo B’aqtun, “la alegría de la vida y las libertades son los principios fundamentales que articulan la red de la vida, es en ellos donde las mujeres logramos liberamos de las opresiones” (2014, pág. 42). Desde sus identidades étnicas y políticas, las mujeres de Moloj plantean que su proyecto político se define como el “utz kaslemal kik’e ixoq’r” [idioma k’iche’] (el buen vivir desde la mirada de las mujeres). Derivados o teniendo como base estos principios sustantivos, la agenda propuesta por Moloj (2017, págs. 35-38) ofrece una estrategia para implementar nuevas políticas, programas y proyectos en instancias públicas y municipalidades, con las siguientes prioridades: -
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Honrar la vida de las mujeres mayas: se focaliza en el valor de vida y equilibrio que juegan las mujeres en la vida familiar y comunitaria, y se dirige a luchar contra el problema de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres mayas, de los rezagos que vienen del conflicto armado. Recuperar la dignidad: se focaliza en recuperar y fortalecer la identidad de los pueblos mayas y el aporte de los ancestros, en un esfuerzo que suponga articular todos los tipos de discriminación, incluso a nivel local, entre los jóvenes, y por supuesto desde o frente a las instituciones. Se afirma en la convivencia pacífica, la responsabilidad, el trabajo, los valores comunitarios, se extiende a la democracia local, el compromiso y el respeto a las enseñanzas familiares, a los valores de autosostenimiento. Vida plena: el concepto de vida plena está referido a la salud y a la soberanía alimentaria, se dirige a enfrentar la problemática de la mala atención institucional pública, la inseguridad alimentaria y la desvalorización de los conocimientos de las abuelas y abuelos (de las comadronas, de la medicina ancestral) y la salud sexual y reproductiva.
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- Equilibrio y transparencia en el manejo de bienes públicos: se enfoca en dos condiciones esenciales que los gobiernos municipales y las instituciones gubernamentales deben seguir: equidad social en la asignación del gasto público e informar a la población, particularmente a las mujeres, sobre el manejo de los fondos públicos; se dirige a la problemática de la obligatoriedad de consultar sobre las prioridades del gasto público, la planificación y propuesta de proyectos, el desarrollo de clasificadores presupuestarios, de herramientas de auditoría social, de monitoreo y controles efectivos del gasto público y contra la corrupción. - Complementariedad en la participación política de las mujeres mayas: es el valor de la participación política de mujeres mayas para potenciar su identidad, su participación organizativa y cívico política en los espacios de toma de decisión, en instituciones, partidos políticos. Se dirige a enfrentar la problemática de la manipulación, el clientelismo político en el manejo de programas sociales, el machismo, la exclusión, la división, etc. - Otros valores asociados a la “Protección y armonía con la madre tierra” la “Armonía y seguridad en la vida” que consisten en no separar lo económico de la vida social, cultural, política, espiritual y ecológica, pues todo está íntimamente relacionado y se dirige a cuidar el tejido social, familiar y comunitario. A todo esto es a lo que Moloj (2017, pág. 79) llama en otras palabras “cosmovisión maya” y que en lo público se aplica a la responsabilidad de las instituciones de ejercer el poder con respeto y sin discriminar.
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7. Inclusión política ciudadana de la mujer maya
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Las organizaciones indígenas de mujeres han planteado un conjunto de demandas sustantivas y prioritarias por su alcance estratégico. Sus propuestas han adoptado la forma de agendas políticas que tienen por finalidad alcanzar incidencia en las políticas públicas estatales. Entre las organizaciones que promueven exclusiva o parcialmente una agenda de mujeres indígenas, están la Asociación Política de Mujeres Mayas (2004), Colectivo de Organizaciones Indígenas (2007), Iniciativa E (2008), Rex We (2012), Confluencia Nuevo B’aqtun (2014) y Waqib’ Kej (2015). El reconocimiento de la extrema exclusión de la mujer viene de las propias organizaciones de las mujeres y es una situación que poco aflora en otras propuestas indígenas21. Las propuestas de las mujeres despliegan sus demandas hacia una variedad de campos donde denuncian que predominan opresiones cotidianas. Un punto en común entre estas organizaciones de mujeres es que reivindican el pluralismo como un valor, su horizonte pluralista se sustenta en 21
Por supuesto otras organizaciones indígenas también denuncian que, “sobre las espaldas de las mujeres Mayas se ha forjado esta historia de trabajo explotador. Los cimientos del régimen de servidumbre y de menosprecio a nuestras vidas se construyeron desde que este Estado permitió y facilitó” (Consejo de Pueblos de Occidente, 2014, pág. 11); la diferencia estriba en lo especifico de las demandas de las mujeres, frente a la ausencia de apartados en que se discuta la situación de la mujer y ante la unificación de las demandas de mujeres junto a las de los pueblos indígenas, garífunas, campesinos, mujeres y jóvenes para hacer un solo discurso “para que nuestras identidades, modelos de vida y aspiraciones estén presentes en los contenidos de la nueva Constitución Política (Consejo de Desarrollo Campesino, 2016, pág. 30).
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una serie de principios, entre los que sobresale, “construir identidades políticas antes que biológicas y culturales”, “lograr el desapego de cualquier fundamentalismo religioso”, y “crear permanente diálogo con el pasado, con el presente y el futuro” (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág. 35). Desde esta visión feminista, el pluralismo permite construir consensos alrededor de un nuevo marco interpretativo y político, más libertario, emancipador y descolonizador. La particularidad de las voces de las mujeres mayas radica en que “están aportando a la construcción de un sujeto colectivo no ensimismado en la etnicidad o en el género, sino creador de nuevas formas de vida liberadoras” (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág.15). La asociación de Mujeres MOLOJ formuló, originalmente en 2003 y luego más extensamente en 2016, un programa de trabajo llamado “Agenda política de las mujeres mayas”, según la cual, una reforma política no podría reducirse a la exclusión política y ciudadana de las mujeres, sino esta debería también fundarse en la no exclusión, no discriminación étnica y de género desde el Estado, y la no exclusión y explotación económica de las mujeres mayas en la sociedad. Entre las mujeres mayas que se adhieren al feminismo, se señala que “Necesitamos un nuevo marco interpretativo para la emancipación, el cual se conforma por los saberes, reflexiones, procesos de crítica, autocritica y pensamiento estratégico para construir un nuevo marco de referencia conceptual, político, espiritual, simbólico y filosófico” (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág.39). Paralelamente, “Que se reconozca en las mujeres un movimiento social y político, una nueva teoría política, y una práctica política. La Práctica política, que tiene una ética, una forma de actuar frente a las opresiones y una forma de posicionarse frente a la realidad, que se transforma en una militancia para las mujeres feministas. El feminismo es también una forma de entender, de vivir la vida cotidiana”, “Es una práctica que además de tenerse en lo que el patriarcado llama la esfera pública, también marca 24
nuestras experiencias en la esfera de lo privado. Es decir, que el feminismo implica un proceso de cambio personal, de revisión de la propia vida para transformar a la luz de las propuestas feministas, nuestra forma debería de entenderla, de vivirla” (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág. 38). Lo profundo de la exclusión de la mujer que se siente en todo el país y los problemas compartidos sienta la posibilidad de un entendimiento mayor entre mujeres indígenas. De allí que la situación de mujer es un campo donde se produce la posibilidad de alianzas, de reclamar derechos compartidos que el Estado y la sociedad concentran en los hombres. En su propuesta, las mujeres organizadas en la Confluencia Nuevo B’aqtun han definido dos dimensiones: la cultural y simbólica; y la organización social y política. En este último caso, “El proyecto político emancipador conlleva cambiar esta carga histórica que las mujeres hemos tenido bajo nuestra responsabilidad. La red de la vida busca establecer relaciones armoniosas entre las y los seres humanos, lo individual y colectivo” (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág. 42). La mujeres son un sujeto político, “Es una colectividad diversa de mujeres (personas) que se constituye a sí misma con posición y propuesta política emancipadora frente a una postura hegemónica, con la que se desarrollan estrategias de disputa del poder (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág., 45). Se consideran además como “Sujeto político plural, es el conjunto de movimientos sociales que se articulan y pactan agendas y posicionamientos políticos. Significa la posibilidad de diálogo y debate, reconociendo la diversidad de puntos de partida, análisis, propuestas y luchas que se tienen desde cada movimiento (Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014, pág., 45). Estas agendas políticas a las que se hace referencia trazan una ruta de incidencia en el Estado, especialmente para que este, al formular sus políticas públicas, tome en cuenta a la mujer y adopte medidas contra una opresión múltiple de la que
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sufren las mujeres22, que son causa de opresión y de múltiples formas de violencia. Para enfrentar esta situación, estas organizaciones de mujeres reclaman el respeto a los derechos y dignidad de la mujer. Las reivindicaciones de género que plantea Moloj23 se expresan en la lucha contra la exclusión política y ciudadana de la mujer maya, condición que ha sido calificada como un problema nacional, uno de los que más afecta a la mujer, “estas situaciones son la piedra angular que motiva a tener una postura política frente a las políticas del Estado” (Moloj, 2016, pág. 20). Las voces de las mujeres mayas “buscan nuevos modos” de relaciones de género con el Estado, y la apertura de nuevos mecanismos de interlocución con las diferentes instancias públicas, del gobierno nacional y municipal, que han sido en ámbitos principalmente reservados a la intervención masculina. Frente a problemáticas locales descuidadas y de las que no se habla, y que se hallan detalladamente presentadas en las agendas de las organizaciones de mujeres, su reclamo ha tenido un eco muy fuerte no solo dentro de un movimiento femenino sino fuera de las propias organizaciones de mujeres, principalmente porque los valores políticos de las mujeres están ligados a la sobrevivencia y son trascendentes, están dirigidos no solo a la generación actual sino a las generaciones siguientes.
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Esta opresión múltiple de la mujer maya se refiere a la condición de ser mujer, su adscripción identitaria cultural maya es sujeta de discriminación racial y su marginación de clase social. Esta es la perspectiva trazada en los Acuerdos de paz de 1995, y una postura de la que participan, entre otras, la Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo (fundada en 1997), el Grupo de Mujeres KAQLA’ (1998), la Asociación Política de Mujeres Mayas (1999) y también la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (1988). MOLOJ formuló una herramienta llamada “Agenda política de las mujeres mayas”, planteada en 2004 y reformulada en 2016. La agenda reúne un conjunto de demandas sustantivas y prioritarias, cuyo alcance estratégico consistiría en transformar las instituciones del Estado para constituir un Estado plural
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Anotaciones finales
La tendencia más influyente de las varias propuestas de reforma política presentadas en los últimos veinte años por organizaciones indígenas anima viejos y nuevos temas. Surge un conglomerado de organizaciones indígenas diferentes entre sí y muy de este siglo, algunas representan movimientos mayoritarios que no son exclusivamente indígenas, son de la mayor diversidad y todas se declaran pluralistas y efectivamente expresan ideas plurales pero echando raíces en lo local y en la experiencia de vida comunitaria. Los movimientos de organizaciones de mujeres introducen nuevos problemas históricamente ignorados o no visibilizados, muchas de sus demandas provienen de la tradición propia y de profundas reflexiones sobre lo local. Las tendencias desarrollistas prácticamente han desaparecido. Los derechos colectivos cruzan transversalmente todas las propuestas y los individuales de última modernidad: el feminismo de última data, el cuerpo humano y la libertad sexual en todo sentido, los valores tradicionales en coincidencia con los nuevos valores globales. Las demandas por una defensa de la vida, exigiendo un alto compromiso con la naturaleza y los bienes naturales. En realidad las propuestas indígenas cubren el rango más amplio de demandas y son documentos que demandan mayor análisis y que ameritan ser discutidos entre los diversos sectores. Este estudio ha tenido que acotarse a las reformas políticas, pero estas posturas políticas tienen un gran peso en la discusión global. En el horizonte se observan varios proyectos, todos de corte antidiscriminatorio 27
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y por lo mismo con gran capacidad de inclusión. Las mujeres, la parte de la sociedad más oprimida, encuentran varios canales de expresión, como corresponde a la diversidad en el mundo indígena en las sociedades urbanas, con amplios grupos sociales desarraigados y con diversas experiencias, la mayoría de veces traumática, debido a la violencia en este país. Las demandas planteadas por las organizaciones indígenas cubren un espectro muy amplio y estas son demasiado complejas como para analizarlas en detalle. También los documentos permiten dar una lectura diferente al mundo indígena. Particularmente, el debate sobre el Estado que ocupa al mundo indígena, debate que sin duda siempre ha estado presente.
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Autoridades indígenas ancestrales de Iximulew
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Pronunciamiento de autoridades indígenas (23 de marzo de 2017, 1 pág.). Este colectivo de autoridades no constituye una entidad u organización en sí misma, y podría definirse mejor como un foro donde se expresa la opinión y acuerdos comunes de alcaldes indígenas y alcaldes comunitarios, en el cual participan habitualmente la Municipalidad Indígena de Sololá, la Junta Directiva de Alcaldes y Autoridades Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, la Municipalidad Indígena de San Cristóbal Amatitlán Palín, la Municipalidad del Pueblo Xinka de Jutiapa y San Carlos Alzatate, Jolomil ajk’amalb’e q’eqchi’ kajq, B’cq’ol q’esal tenam de Nebaj, B’cq’ol q’esal tenam de Chajul, Cabecera del pueblo Tz’utujil de Santiago Atitlán, Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Maya, Xinka, y Garífuna de Iximulew, Consejo restaurador Indígena de Tecpán Guatemala y Restaurador de Autoridades Ancestrales de Patzún Chimaltenango, entre otras. Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj Kinojib’al Mayib’ Ixoqib’) Agenda política de las mujeres mayas (1a. ed.2003; 2a. ed. 2017, 88 págs.) Desde su origen en julio de 1999, en un año de elecciones generales, se dio la misión de luchar contra la exclusión política y ciudadana de la mujer maya, calificada como un problema nacional, 29
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uno de los que más afecta a la mujer maya según MOLOJ. La Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ) aglutina 107 organizaciones de diverso tipo, asociaciones, comités grupos de mujeres hablantes de trece lenguas de diez departamentos del país. MOLOJ formuló, originalmente en 2004, una herramienta llamada Agenda política de las mujeres mayas, misma que fue más extensamente planteada en 2016. La agenda reúne un conjunto de demandas sustantivas y prioritarias cuyo alcance estratégico consistiría en transformar las instituciones del Estado para constituir un Estado plural.
Campesinas (CNOC)24. El Comité se maneja desde su sede en Suchitepéquez y es muy conocido en el país por las acciones que viene promoviendo desde 2012 de organizar marchas, plantones y bloqueos de carreteras para ejercer presión sobre el gobierno. https://prensabolivariana.files.wordpress. com/2016/03/propuesta-codeca-guatemalaproceso-asamblea-constituyente.pdf
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Confluencia Nuevo B’aqtun es un espacio de articulación de organizaciones que participaron en el movimiento de mujeres y feministas: Alianza Política Sector de Mujeres, Asociación Feminista La Cuerda, Asociación de Mujeres de Petén lxqik; y de organizaciones indígenas y campesinas: Comité de Unidad Campesina (CUC), Fundación Rigoberta Menchú Tum, Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad Ceiba, Asociación Maya Uk’uxb’e, Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Asociación de Población Desarraigada de K’iche. Este documento se elaboró sobre la base de dos insumos: el de la Asamblea Feminista: ·sueños feministas para una vida plena y el de la Mesa Indígena y Campesina. http://www.altaalegremia.com.ar/Archivos Website/BUEN_VIVIR_Pueblos_Guatemala.pdf
Guatemala. Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente popular y plurinacional (2016, 62 págs.) Se fundó 25 años atrás, en 1992, como una pequeña organización local en Suchitepéquez, integrada por 17 campesinos, hombres y mujeres. El Comité se maneja desde su sede en Suchitepéquez y obtuvo del Estado una personería jurídica en 1995. En el ámbito político, es ahora una organización mayoritaria en el país; por el lado económico muestra una gran autonomía, sus dirigentes afirman que sus iniciativas se financian únicamente con el aporte mensual de sus afiliados, que estarían en más de mil comunidades en las cuales la organización tiene comités locales. CODECA se maneja en una estructura organizacional en la que un comité se forma en cada comunidad donde tienen presencia, este delega a dos personas para las cuestiones generales de nivel departamental. Luego, allí se eligen representantes con los que se crea una red de nivel nacional. A este nivel mantiene pocas relaciones con organizaciones similares, sus pocas alianzas están con un pequeño número de organizaciones campesinas aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Organizaciones
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Confluencia Nuevo B’aqtun El buen vivir de los pueblos de Guatemala (2014, 50 págs.).
Consejo Pueblos de Occidente (CPO) Un Estado para Guatemala: democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas (2014, 61 págs.). El Consejo de Pueblos de Huehuetenango, Wuxhtaj o Red Huista como también se le llamó en 2004, 24
CNOC es un grupo de nueve organizaciones campesinas entre las que destacan el Comité de Unidad campesina (CUC), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), CONIC y CONDEG, las cuales son independientes entre sí y se definen no tanto como indígenas sino como campesinas.
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fue el antecedente de lo que posteriormente (mayo de 2008) constituyó el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), en referencia a la zona occidental del país (departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché). La experiencia del Consejo de Huehuetenango consistió en desarrollar vínculos con autoridades locales, en los pueblos de habla Popti’, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Mam, K’iche’, Tectiteko y mestizo. Bajo este mismo principio organizativo, luego se organizaron consejos en San Marcos (Consejo Mam, 2008), Quetzaltenango, Totonicapán y Quiche (Consejo K’iche’, 2008 y Consejo Ixil, 2008), Chimaltenango y Sololá (Consejo Kaqchikel, 2009). https://drive.google.com/file/ d/0B31fnGLtBsbMLWR1ZkdrX3A0MWc/view Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew (2015, 88 págs.). Waqib’ Kej (seis venado) se fundó el 26 de noviembre del 2003, día en que un gran número de organizaciones indígenas de diversa naturaleza se movilizaron para presentar sus demandas ante los candidatos presidenciales, para las elecciones de 2004; actualmente es una organización que aglutina a unas 15 organizaciones indígenas de diversa naturaleza. Entre 2014 y 2015 convergieron en esta coordinadora 165 organizaciones que lograron construir una propuesta política denominada “Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución” (2015). https://convergenciawaqibkej.files.wordpress. com/2015/11/demandas-y-propuestaspolicc81ticas-libro1.pdf
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Iniciativa E “Agenda política del pueblo maya y desarrollo del pueblo maya” (2007, 125 págs.). Iniciativa E fue un grupo de organizaciones indígenas aglutinadas alrededor del proyecto “”Agenda política del pueblo maya y desarrollo del pueblo maya”, un consorcio del que formaron parte en 2007, el Consejo de Mujeres Mayas Ixmukané, el Consorcio de Organizaciones Mayas de Occidente, el Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA) y las organizaciones Xel- Ju y el Adelanto (Quetzaltenango). A través de una metodología de consulta, mediante conversatorios, talleres departamentales, encuentros regionales y pre congresos de todas las regiones del país, en la que participaron 830 personas, la Iniciativa E dio forma a la propuesta “Caminando hacia un pensamiento político desde la cosmovisión maya, Agenda política maya” (Guatemala, editorial Cholsamaj 2008). Es una propuesta de 125 páginas, presentada con la finalidad de contribuir a la construcción de un Estado pluricultural. https://issuu.com/leonelmoraleschiguichon/docs/ agenda_de_desarrollo_de_pueblos_ind
Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo (Naleb’´, 14 págs.) Propuesta a presidencia y vicepresidencia: Caminando hacia la interculturalidad y pueblos indígenas. Jornadas del movimiento por las definiciones ciudadanas, Organismo Naleb’ 2016. El Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo (Naleb’) es una institución privada, no lucrativa, de carácter propositivo y constructivo de las relaciones armónicas entre los pueblos maya, ladino, garífuna y xinka en Guatemala. Su misión es elevar el nivel de relaciones interculturales que permitan un mejor desarrollo de la sociedad guatemalteca, a través del impulso de programas de mediación y conciliación intercultural, administración de justicia, incidencia en la legislación, organización política y generación de opinión pública. 31
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Rex We (camino verde) Agenda de desarrollo de pueblos indígenas en Guatemala 2012-2021 (2012) Rex We conformada por la Asociación de Investigación y Desarrollo Integral Rex We y la Asociación de Entidades de Desarrollo y de Servicio No Gubernamentales de Guatemala (ASINDES), es una coordinadora de ONG de desarrollo en Guatemala. Esta alianza tiene por fin el desarrollo de acciones estratégicas y políticas en el marco de la construcción del Buen Vivir del Pueblo Indígena. La “Agenda de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guatemala”, tiene por objeto iniciar la edificación de relaciones entre el Estado, su administración pública y las culturas milenarias de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna. que habitan el territorio nacional. La agenda fundamenta su deseo de cooperar a la reforma y modernización del Estado. La agenda fue formulada en un proceso en el que participaron unas 75 organizaciones, mayoritariamente de las Verapaces, Petén y Chiquimula. Ver: https://issuu.com/leonelmoraleschiguichon/ docs/agenda_de_desarrollo_de_pueblos_ind
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Anexo Las propuestas de colectivos y organizaciones indígenas Organización
Documento
1. Asociación Política de Mujeres Agenda política de las mujeres mayas, (2003). 12 p. Mayas (Moloj) Agenda nacional de mujeres mayas, (2017). 88 p. 2. Colectivo de Organizaciones Agenda política “El pueblo maya y el Estado guatemalteco” (2007). 14 p. Indígenas 3. Iniciativa E
Caminando hacia un pensamiento político desde la cosmovisión maya. 2008. 125 p.
4. Rex We (camino Verde) y Asindes Agenda de desarrollo de pueblos indígenas en Guatemala 2012-2021 El buen vivir de los pueblos de Guatemala (2014). 50 p. http://www.altaalegremia.com.ar/Archivos-Website/BUEN_VIVIR_ 5. Confluencia Nuevo B’aqtun Pueblos_Guatemala.pdf 6. Organismo Indígena para la planificación del Desarrollo (Naleb’´) 7. Consejo de Pueblos de Occidente (CPO)
Propuesta a presidencia y vicepresidencia: caminando hacia la interculturalidad y pueblos indígenas. Jornadas del movimiento por las definiciones ciudadanas Organismo Naleb’’ 2016, 16 p. Un Estado para Guatemala: democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas (2014). 61 p. Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de 8. Waqib’ Kej Iximulew. (2015). 88 p. Guatemala: Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente 9. Comité de Desarrollo Campesino popular y plurinacional (CODECA) (2016). 62 p. Pronunciamiento autoridades indígenas 10. Autoridades indígenas ancestrales (23 marzo 2017). Campo pagado. 1 p.
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