Política

Página 16/LA NACION

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Sábado 3 de noviembre de 2007

La investigación del atentado

AMIA: Galeano contraatacó en EE.UU.

ACUSADO

El ex juez denunció ante la CIDH un supuesto acuerdo entre el CELS y el Gobierno para perjudicarlo Por Hugo Alconada Mon Corresponsal en EE.UU. WASHINGTON.– El ex juez federal Juan José Galeano decidió contraatacar. Tras ser el centro de múltiples acusaciones en la Argentina y en los Estados Unidos por su controvertida actuación en la investigación del atentado contra la AMIA, el ahora acusado por la Justicia presentó un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que denuncia una “comunión de intereses” en el “oprobioso” proceso abierto en esta capital. Galeano cargó contra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la propia CIDH y funcionarios del Gobierno por conformar lo que calificó como una “mesa chica de actores confundidos en sus intereses” y a cuyas decisiones su “suerte parece atada”.

La CIDH instruye un reclamo de los familiares que integran Memoria Activa, en el que también participa el CELS. En marzo de 2005, el Estado argentino reconoció su responsabilidad en la falta de avances en el juzgamiento de los responsables del atentado y su encubrimiento. El Estado, representado por el abogado de la Cancillería Horacio Méndez Carreras y el entonces fiscal de la Unidad AMIA, Alejandro Rúa, entre otros, firmó varios compromisos, muchos aún pendientes. En su escrito, no obstante, Galeano planteó que Méndez Carrera es socio del CELS, al igual que el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Rodolfo Mattarollo, por lo que dijo estar ante una “estrategia absolutamente improcedente que demuestra una falta asombrosa de límites éticos, jurídicos y funcionales”. Galeano también señaló al juez fe-

deral Ariel Lijo por supuestamente haber accedido a presiones indebidas. “Y lo peor: obtuvieron cuanto deseaban, pues efectivamente el juez Lijo cerró poco después de eso la investigación sin más”, dijo. “El Poder Ejecutivo nacional había cumplido así una de las primeras grandes promesas «de reparación» a los peticionarios: mi separación de la función judicial. Y se aprestaba con

toda la intención de avanzar con otra: mi condena penal”, abundó. El escrito fue presentado poco antes de que la CIDH celebrase la última reunión entre directivos de Memoria Activa, el CELS y representantes del Gobierno, en un encuentro que concluyó con el pedido de la Comisión para que el Estado demostrara mayor compromiso. Pero, para Galeano, se trata de algo más personal. “Mi

Deciden en Marruecos las capturas ■ Una delegación de funcionarios diplomáticos, judiciales y policiales argentinos viajó ayer a Marruecos para defender ante la Asamblea General de Interpol la necesidad de que el organismo active los pedidos de captura internacional contra cinco ex funcionarios iraníes y un libanés, requeridos por la Argentina como organizadores del atentado contra la AMIA. Un comité de Interpol recomendó reactivarlas y ahora los 184 países integrantes del organismo deben votar si hacen lugar a la medida. Irán pidió posponer la votación hasta el año que viene, cuestión que se decidirá la semana próxima.

Declaraciones juradas

suerte –o más precisamente mi desgracia– se ha convertido en una verdadera cuestión de Estado, según las pretensiones de la mesa societaria del CELS en Cancillería”, acusó. Tras ser removido de la investigación y de la Justicia, el ex magistrado también denunció que la causa no muestra más avances que la ofensiva contra él o “reformulaciones” sobre el análisis de la prueba que él mismo colectara cuando fue director del proceso, “respecto de los funcionarios iraníes y el brazo armado de la Jihad islámica; nada más”. “A los acusados de hoy yo los acusé ayer, jamás los encubrí, y por el contrario, produje toda la prueba que aún hoy se invoca”, desafió. Aunque la seriedad de su escrito fue minimizado, Galeano le reclamó a la CIDH que lo dejara intervenir en el proceso y lo recibiera en la próxima audiencia para defenderse y aportar pruebas. La Comisión aún no se expidió.

Por Nik

Cobos

Los jueces resisten un proyecto De la Redacción de LA NACION El kirchnerismo tiene listo un proyecto que todavía no fue presentado y ya irrita a buena parte de los jueces: propone que se publiquen en Internet las declaraciones juradas de todos los magistrados de la justicia nacional. Su autora es la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura. “Es necesario que ciertos aspectos de la vida de los funcionarios públicos sean de conocimiento de la ciudadanía, con el fin de que pueda ejercer el debido control ciudadano”, sostiene su proyecto. Hoy sólo se puede acceder a las declaraciones con un pedido por escrito y el proceso suele ser largo. La idea de Conti es que el Consejo trate su iniciativa el jueves. Los jueces anuncian que opondrán resistencia.

“Me parece una medida sin sentido y peligrosa”, dijo a LA NACION Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. “Que se presenten y estén disponibles como garantía republicana me parece bien, pero publicarlas en Internet... no creo que se gane nada con hacer de esto una cuestión de tipo circense. ¿Para qué? ¿Es por la curiosidad pública?”, preguntó. Recondo funda su oposición en un tema de seguridad. “Van a tener que sacar policía de la calle para cuidarnos por una estupidez como ésta”. Menos terminante, el juez y consejero Luis Cabral coincide en que la medida es inútil, pero sostiene: “Mientras se preserven los datos sensibles, como la dirección y el nombre de los hijos, no veo un problema grave”. Desde 1999 la ley de ética pública establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado deben presentar

■ Denunció que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CIDH y funcionarios del Gobierno conforman una “mesa chica de actores confundidos en sus intereses”. ■ Pidió audiencia para defenderse ante la comisión, en Washington, donde tramita la demanda contra el Estado.

Obras públicas

Ulloa negó el cobro de coimas de Skanska

El kirchnerismo propone publicar sus patrimonios en Internet Por Paz Rodríguez Niell

Juan José Galeano

sus declaraciones juradas y que “toda persona” puede acceder a ellas. Durante ocho años los jueces fueron reacios a dar a conocer sus bienes. Esto cambió el mes pasado, cuando la Corte accedió a un pedido de LA NACION y, en menos de una semana, entregó las declaraciones de sus miembros. En el mismo sentido, el Consejo de la Magistratura también cambió su postura. El trámite demoró más de un año, pero finalmente los consejeros abrieron las declaraciones de casi cien jueces. Ahora, el kirchnerismo busca seguir avanzando. La ley de ética pública establece que las declaraciones juradas se entregarán “previa presentación de una solicitud escrita con los fundamentos del pedido”. Conti pretende ir más allá y obviar este proceso. “No me baso en la ley de ética, sino en el principio de transparencia de los actos de los funcionarios públicos, un principio básico del sistema democrático”, explicó.

Lo indagó el juez López Biscayart Por Jorge Urien Berri De la Redacción de LA NACION

Decisión judicial en Santa Cruz

Caso Sayago: alojan a los presos en sus casas Es porque estaban lejos de sus familias La justicia santacruceña decidió la detención domiciliaria de los seis detenidos procesados por la muerte del policía Jorge Sayago, asesinado al resistir una masiva protesta sindical petrolera. Tuvo en cuenta que los lugares de detención están alejados de sus familias, lo que dificulta las visitas. Según el fallo de la jueza de la localidad santacruceña de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leoni, “los seis detenidos procesados se encuentran alojados en dependencias lejanas a sus domicilios, y ello dificulta el cumplimiento de los ejercicios de sus deberes-derechos familiares, toda vez que éstos deben atravesar serias dificultades para visitarlos”. La resolución señala que “los detenidos comparten alojamiento con personas que cumplen condena, implicando con ello, una promiscua convivencia con individuos sobre quienes ya se ha comprobado su culpabilidad y, por lo tanto, su desviación frente a la sociedad, a lo que se añade en no pocos casos su peligrosidad”. Al mencionar jurisprudencia al respecto y basándose en el Pacto de San José de Costa Rica, la jueza consideró el derecho de los detenidos a “ser juzgados dentro de un plazo razonable o a ser puestos en libertad, sin perjuicio de que se continúe el proceso. Su libertad podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparecencia a juicio”.

A partir de la modificación ordenada, los seis detenidos fueron trasladados a sus respectivos domicilios en Las Heras y, por orden judicial, un grupo de efectivos pertenecientes a la Gendarmería estará a cargo de la vigilancia. Por su parte, familiares del policía muerto y efectivos de la policía de Santa Cruz que resultaron heridos esa madrugada del 7 de febrero de 2006 aseguraron que “apelarán” el fallo. La causa se inició el 7 de febrero de 2006, cuando, en medio de una masiva protesta sindical petrolera, el policía Sayago fue asesinado en la localidad de Las Heras. El uniformado y otros efectivos resistían el ataque a la sede de la comisaría de ese pueblo petrolero, situado 785 kilómetros al norte de Río Gallegos. Como consecuencia de los hechos, la jueza ordenó la detención de varios manifestantes y, posteriormente, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Darío Víctor Catrihuala, Juan Pablo Bilbao, Ramón Inocencio Cortez, Alexis Pérez, José Rosales y Humberto Hugo González, por los delitos de “coacción agravada en concurso real con homicidio calificado”, resolución confirmada por el juez de Recursos. Los procesados fueron alojados en dependencias policiales de la localidad de Puerto Deseado, situada a 260 kilómetros de Las Heras. Ahora están vigilados en sus domicilios.

En su segunda declaración en la investigación de las presuntas coimas del caso Skanska, el ex gerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa volvió a negar su vinculación con el hecho y mencionó la posibilidad de que algún empresario adujera el pago de coimas para quedarse con el dinero. Ulloa fue indagado ayer por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, quien investiga la evasión impositiva de la constructora sueca Skanska durante las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur, en 2005. En el fuero federal hay una causa paralela que investiga el papel de los funcionarios y ex funcionarios, y en este sumario Ulloa fue indagado hace varias semanas. También prestó declaración allí el ex resposable del ente oficial Enargas, Fulvio Madaro. El presidente Néstor Kirchner separó de sus funciones a Ulloa y Madaro en mayo, cuando se los acusó en el fuero federal. Pablo Slonimsky, defensor de Ulloa, dijo a LA NACION que la existencia de dos causas paralelas “conspira contra la averiguación de la verdad y la posibilidad de que los imputados prueben su inocencia”. Nación Fideicomisos, sociedad anónima del Banco Nación, pagó las ampliaciones de los dos gasoductos. Contra Ulloa pesan un memo interno y un correo electrónico de Skanska que señalan que el ex funcionario indicó a la constructora que contratara a Infiniti, una usina de facturas falsas usadas para evadir impuestos y disfrazar pagos ilegales. Skanska empleó varias de sus facturas para el pago de más de 13 millones de pesos en presuntas coimas, pero nunca explicó quiénes las habían cobrado. Ayer, Ulloa negó la veracidad del contenido del memo y del correo electrónico, y afirmó que con esos textos Skanska intentó “justificar salidas de dinero no documentadas”. “Yo nunca tuve participación en nada. Las operaciones se hicieron en Skanska, se cobraron y volvieron a Skanska. Yo no hice ninguna recomendación”, Ulloa agregó que todos los pagos de Nación Fideicomisos era ordenados previamente por el Enargas. Ulloa también pidió incorporar un escrito en el que admite la posibilidad de que algunos directivos de Skanska hayan inventado la necesidad de pagar coimas para quedarse con ese dinero.