INFORMACION GENERAL

Lunes 16 de agosto de 2010

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EN LA CIUDAD s LUEGO DEL TRAGICO DERRUMBE EN VILLA URQUIZA

Admiten fallas en organismos de control En el gobierno porteño reconocen que la corrupción no fue desterrada del área de inspecciones; tres jefes y 20 denuncias en 30 meses PABLO TOMINO LA NACION Bajo sospecha. Así está hoy el organismo de la ciudad que agrupa a los 723 inspectores porteños de distintas áreas, a cargo de la tarea de supervisar, entre cientos de funciones, si los alimentos que se venden en la vía pública están en buen estado, si los boliches cumplen con las reglas de seguridad o si las obras en construcción se desarrollan según las normas establecidas. En los últimos dos años y medio, la ciudad asegura haber denunciado a unos 20 inspectores por casos de corrupción, pero ningún funcionario macrista garantiza hoy que las irregularidades, las coimas y las fallas en el sistema de controles hayan terminado. Así, recurrentes grietas en las inspecciones han echado un manto de incertidumbre sobre qué garantías de seguridad brinda el Estado porteño a sus habitantes. Más aún con trágicas situaciones como la que días atrás ocurrió en Villa Urquiza, donde una excavación mal realizada provocó el derrumbe de un gimnasio y dejó un saldo de tres víctimas mortales. La Agencia Gubernamental de Control (AGC), como denominó formalmente Mauricio Macri el área que se ocupa de todas las inspecciones en la ciudad, se puso en funciones en enero de 2008. Sus objetivos eran crear una unidad descentralizada ajena a los nombramientos políticos y terminar con la corrupción. Lo primero no se puso en práctica, y en lo segundo se avanzó poco todavía. Originalmente, la ley de creación de la agencia estableció que en dos años los cargos de los directores generales debían estar ocupados por personal seleccionado por concurso, con el fin de tener un organismo profesional y técnico consolidado, independiente del poder político. Esto aún no se logró. Los funcionarios, hoy, son designados a dedo. En el área de la construcción, según el macrismo, desde 2007 se incrementó de 60 a 195 la cantidad de inspectores para controlar 100.000 edificaciones en altura, además de la tarea de verificar si las obras se ajustan a los requerimientos del Código de Edificación (ver aparte). Alcanzan a realizar unos 2400 controles mensuales. Son pocos inspectores para cuantiosas tareas. La AGC se cobró, en su tercer año de vida, el mandato de tres directores: Federico Young, que estuvo hasta diciembre de 2008; Pablo Bourlot, hasta el mismo mes de 2009, y Raúl Oscar Ríos, hasta el miércoles pasado.

“Era una máquina de robar” Young, el primero en asumir la AGC, en una entrevista con LA NACION en diciembre de 2008 describió el área que comandaba con una cruda comparación: “Cuando llegué, esto era una máquina de robar”, dijo, y anunció que su gestión estaba en plena tarea de “desactivar un antro de corrupción”,

donde la coima funcionaba como aceitado engranaje entre el Estado y los privados. Una semana después, Young debió dejar su cargo, aunque en el gobierno procuraron disfrazar su salida como una renuncia. ¿A qué acciones ilegales se refería Young? ¿Pudo este funcionario lograr su objetivo? En el gobierno admitieron que no, que había echado añosas raíces esa red de corrupción en la que algunos inspectores –y se excluye a los “buenos” agentes, que también los hay– instaban a comerciantes y a los empresarios a transgredir las reglas. Y que a Young le faltaron pruebas y un mayor apoyo político para llevar su denuncia a la Justicia.

OPINION

El valor de la conciencia empresaria DIEGO P. GORGAL PARA LA NACION

El mecanismo de la coima En febrero pasado, Bourlot ocupó su lugar. Un funcionario joven, pero con antecedentes en la función pública, encolumnado con el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bourlot tenía una extraña particularidad: en su escritorio de la AGC hablaba en voz baja cuando se lo consultaba sobre las cuestiones urticantes de su área, como si sus dichos pudieran trascender las cuatro paredes del despacho. Este funcionario nunca reconoció la existencia de un red de “corrupción estructural” en el área, pero sí la subsistencia de casos aislados. Por ello profundizó, entre otras medidas, la modalidad del sorteo, en plan de erradicar el mecanismo de la coima. Así, con el control de la información sobre los destinos de las inspecciones, que hoy son comunicados a los agentes sólo minutos antes de llevarlas adelante, se evitaba el preaviso a los empresarios. Una espuria negociación que no sólo alcanzaba a los inspectores de calle, sino también a los encargados de coordinar los operativos. Bourlot confiesa que estar al frente de esta área le resultaba “muy desgastante”, que los casos comprobados de corrupción los llevó a la Justicia y que, pese a todos sus esfuerzos, hoy no puede garantizar que “no sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza”. Tras la salida de Bourlot llegó Ríos, un hombre muy cercano a Macri, que fue criticado por relajar los controles y las fiscalizaciones. Tal era el descontento con Ríos que estaba casi decidido su reemplazo dos días antes del derrumbe en Villa Urquiza. LA NACION quiso entrevistarlo, pero sus voceros repitieron que no tenía interés en hablar con la prensa. Según el gobierno porteño, en los últimos dos años y medio hubo 20 casos de agentes denunciados por solicitar dinero a comerciantes a cambio de alguna contraprestación ilegal, de los cuales, en más de la mitad de los casos, los actores involucrados fueron cesanteados o procesados. Los funcionarios de Macri admiten hoy que la corrupción no se desterró; afirman que van en camino de conseguirlo, pero –advierten– eso no será “de un día para el otro”.

MARINA ARAUJO

El derrumbe del gimnasio, que dejó tres muertos, reavivó la polémica por las inspecciones en la ciudad

Cómo se fiscalizan las obras entre el Estado y la Uocra El gremio inspecciona, pero no puede clausurar; el papel de los constructores El Estado porteño y la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) son los responsables de realizar los controles de las obras de construcción en la Capital. Por un lado, Mauricio Macri impulsó un cambio estructural bastante traumático para intentar combatir la corrupción en las inspecciones de las obras. Para ello, la antigua Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro fue dividida en las actuales Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc), que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano, y la Dirección General de Fiscalización y Control (Dgfyco), coordinada por la Agencia Gubernamental de Control (AGC). La primera registra el trámite de obra, y la segunda se ocupa de controlar las edificaciones. Las tareas de registro y de fiscalización de las obras civiles se separaron, entre otros motivos, por las sospechas de corrupción en el trámite de registro y fiscalización, que antes era regulado por una misma área.

INSEGURIDAD VIAL

Cinco muertos en accidentes, en distintos puntos del país En Balvanera, un joven falleció tras subir a la vereda y chocar contra un árbol Cinco personas murieron y otras 15 resultaron heridas en distintos accidentes de tránsito ocurridos en la Capital y en las provincias de Entre Ríos y Córdoba. En el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires, un joven murió y otros dos resultaron heridos cuando el Volkswagen Polo en el que viajaban chocó contra una pared, un árbol y un poste, en la esquina de Moreno y 24 de Noviembre. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. El joven que viajaba en el asiento del acompañante salió despedido y resultó gravemente herido, lo mismo que el conductor, mientras que otro joven, de 27 años, que iba en el asiento trasero, murió dentro del vehículo. La policía intenta determinar si un taxi participó del accidente y luego abandonó el lugar. En tanto, en la esquina de Leandro N. Alem y Tucumán, un colectivo de la línea 91 chocó con un automóvil y tres personas resultaron heridas y fueron asistidas en el hospital Argerich. En la localidad entrerriana de Villa Paranacito, Marcos Antonio Segovia Quintana, de 39 años, y Florencia Ponce, de 14, murieron, mientras que una beba de cuatro meses sufrió un derrame cerebral, cuando el automóvil en el que viajaban volcó a las 1.35 de ayer sobre la ruta nacional 12, a la altura del km 133. También resultaron heridos una mujer y otros cuatro niños de entre 4 y 13 años. La beba con derrame cerebral fue trasladada de urgencia

EMILIANO LASALVIA

El Volskwagen Polo acabó sobre la vereda, contra un árbol al hospital Garrahan, donde fue internada en estado reservado. En Córdoba, otros dos hombres murieron en dos accidentes. José Carrizo, de 51 años, falleció tras volcar el Fiat Uno en el que viajaba con familiares oriundos de Santiago del Estero hacia la localidad cordobesa de San José de la Dormida. Los demás pasajeros fueron internados en hospitales de la zona con heridas de consideración: el conductor Gustavo Carrizo, de 31 años; su madre, María Sandoval; su pareja, Sheila Contrera, de 23, y su hija, de 8 años. En tanto, Rubén Taborda, de 48 años, murió tras volcar a bordo de su Peugeot 404 en la ruta E-58, a tres kilómetros de la localidad de Pozo del

Molle, 200 km al sudeste de Córdoba. La policía de esa provincia también reportó que otras nueve personas sufrieron heridas cuando un tren carguero embistió a un ómnibus de larga distancia en el paso a nivel ubicado a la altura de Vicuña Mackenna, en ruta 35. Se recuerda que hoy, con motivo del feriado, el tránsito de camiones de más de 3,5 toneladas estará restringido en las rutas turísticas nacionales, según dispuso la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Foro. ¿Cómo cree que se pueden evitar los accidentes de tránsito? comunidad.lanacion.com.ar/foros/

En cuanto a las obras, hay tres controles: a los dos primeros, la fiscalización de demoliciones y excavaciones, consideradas las etapas más riesgosas de una obra, en ocasiones los llevan adelante empresas privadas contratadas por el gobierno. En la actualidad, en la Capital existe un Registro de Demoledores y Excavadores, pero en la cámara del sector admiten que hay pocas exigencias para conseguir esta matrícula. En cuanto a la tercera etapa –la construcción– la Dgfyco, que depende de la AGC, ejerce el control de obras civiles, públicas y privadas, nuevas o remodeladas. También verifica las instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, electromecánicas, de elevación vertical, térmicas e inflamables, y de cualquier otro tipo que sean adosadas a una obra, incluidos los sistemas de prevención de incendios, que se proyecten y ejecuten en toda la ciudad. Esta área informó que en 2009 se realizaron 17.320 inspecciones, mientras que se concretaron 324 clausuras. Y en lo que va del año,

se concretaron 11.827 inspecciones y 257 clausuras. La Uocra también lleva adelante inspecciones y efectiviza denuncias sobre irregularidades en la Capital, pero no aplica clausuras, pues no tiene poder de policía para concretarlas. Consultado el gremio sobre qué cantidad de inspecciones realiza por año en la ciudad, no respondió a los requerimientos que LA NACION le hizo en dos oportunidades.

Responsabilidades En cuanto a quiénes les caben las responsabilidades sobre situaciones de derrumbe, el gobierno de la ciudad tiene un papel en cuanto al cumplimiento de las normas edilicias regidas por el Código de la Edificación. Sin embargo, una de las primeras disposiciones de ese documento es “la obligatoriedad de mantener al frente de cada obra un profesional de categoría” acorde con el emprendimiento, quien debe “velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de carácter técnico que constituyen el presente Código”.

Una nueva tragedia originada en una siniestra combinación de irresponsabilidad empresaria y falencias de los controles estatales conmociona a los porteños. La responsabilidad de los profesionales a cargo de la obra es tan evidente como la impericia con la que ejerció el poder de policía el gobierno porteño. La versión de que los inspectores concurrieron tres veces y no realizaron la fiscalización debido a que la obra estaba cerrada no hace más que producir una autoincriminación, pues revela que instrumentos básicos como la citación del profesional a cargo y la concurrencia a la justicia contravencional para realizar la inspección recurriendo al allanamiento no fueron utilizados. No obstante, lejos de quedarnos ensimismados por el trágico acontecimiento, lo ocurrido reclama el compromiso cívico de todos para revertir los factores que tornan repetitivas estas tragedias. Se comienza por el gobierno, que con toda humildad debe plantear las falencias para poder corregirlas. Construir una burocracia profesional de control y sanción no se realiza de la noche a la mañana. Requiere años de políticas que progresivamente vayan mejorando el funcionamiento. No se trata sólo de organigramas, tecnologías o reglamentaciones, sino, fundamentalmente, de internalizar valores y extender buenas prácticas en todo el aparato de control. Ahora bien, la vigencia de la ley no es el fruto de una norma mágica, un decreto acertado o un funcionario brillante. Buenas leyes, reglamentaciones y funcionarios son necesarios, pero no suficientes. Pues así como no puede haber un inspector en cada semáforo tampoco lo puede haber en cada obra. La conciencia individual y la responsabilidad empresaria son tan determinantes como el Estado. Con esta experiencia presente, debemos construir nuestro futuro entendiendo que el control y la sanción son instrumentos indispensables para la vida en comunidad, se hable de un evasor de impuestos o de un profesional ambicioso e irresponsable. No es una cuestión de derechas o izquierdas, tan sólo de sentido común.

El autor fue ministro de Gobierno porteño tras la tragedia de Cromagnon