INFORMACION GENERAL
Jueves 11 de febrero de 2010
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ASOCIACION ILICITA s DENUNCIA DE UN CABO DE LA SECCIONAL DE SAAVEDRA DE LA POLICIA FEDERAL
Acusan de corrupción a una comisaría Continuación de la Pág. 1, Col. 1 protección, no detener a personas con pedido de captura y permitir que funcionaran negocios no habilitados. El fiscal consideró que se estaba ante una asociación ilícita. “La prueba ha acreditado que, en algún momento, entre su asunción como jefe de la comisaría 49a., el 14 de enero pasado, y el inicio de esta investigación, Carranza se ha erigido en cabecilla de una verdadera banda dedicada al enriquecimiento de sus integrantes a partir de planes delictivos que el comisario y sus hombres, con funciones preestablecidas y específicas, ponían en marcha tan pronto como verificaban las circunstancias favorables para ello”, sostuvo Campagnoli en su dictamen. Saavedra, justamente, es uno de los barrios donde desde la semana pasada conviven la Policía Federal y la fuerza de seguridad del gobierno porteño. Después de una serie de idas y venidas judiciales, el juez subrogante Carlos Bruniard, que primero declinó la competencia en el fuero federal, ordenó indagar a ocho uniformados, pero denegó el pedido de detención para los sospechosos al considerar que no existe “peligro de fuga”. La resolución fue apelada por la fiscalía porque considera que en libertad los sospechosos podrían obstruir la investigación. A partir del 16 de este mes comenzarán a ser indagados los imputados Carranza, Echagüe, el sargento Luis González, el subinspector Gabriel Bellusci, el cabo primero Cristian Ochoa, el suboficial Carlos Marcos, el subinspector Cristian Pavón y Jorge Altuna, que se desempeñaba como sargento pero por una causa judicial anterior, donde fue sobreseído en primera instancia, fue pasado a disponibilidad. “En enero último la cúpula de la comisaría 49a. fue pasada a disponibilidad preventiva por la investigación judicial”, explicaron voceros de la Policía Federal. Para el fiscal Campagnoli y sus colaboradores, la forma de recaudar ilegalmente dinero estaba dividida en tres capítulos: “las quintas”, “las habilitaciones” y “la máquina de cortar boletos”. “Se considera «quintas» a todos aquellos negocios legales o ilegales que tienen lugar en el ámbito
territorial de la comisaría y de los que la organización deriva ingresos en forma ilegítima. En un sentido más estricto, las «quintas» son los establecimientos –generalmente comercios– cuyos encargados entregan dinero a la jefatura de la seccional para contar con una vigilancia exclusiva”, afirmó Campagnoli en el pedido de detención e indagatoria de los sospechosos. Según el dictamen del fiscal, en las “quintas” de la comisaría 49a. adquirió un rol protagónico Altuna, porque era el encargado de coordinar la ubicación de los vigilantes de acuerdo con los mandatos del comisario Carranza y, en segundo lugar, de Echagüe. Se sospecha, explicaron los investigadores, que sólo con las “quintas” se llegaba a recaudar entre 80.000 y 120.000 pesos por mes. Según testimonios que constan en la causa, los comercios pagaban un mínimo de 1500 pesos y un máximo de 3000 pesos cada 30 días. “La única parada de los vigilantes de la comisaría 49a. cuya ubicación no obedecía al pago de dinero al comisario era la de Arias y Machain”, sostuvo el denunciante. En esa esquina está situada la fiscalía de Campagnoli. La lista de “quintas” incluye supermercados chinos, farmacias, restaurantes y estaciones de servicios, entre otros comercios.
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“El cobro de dinero en las denominadas «habilitaciones» no corresponde a una vigilancia exclusiva, sino a la permisividad para con las irregularidades de una actividad o establecimiento. Los encargados de la recolección del dinero eran el sargento González, el subinspector Bellusci y el cabo primero Ochoa”, según el dictamen fiscal. Entre las habilitaciones figuran puestos callejeros de venta de CD y DVD, paradas de “trapitos”, frigoríficos ilegales y una casa de armados y venta de computadoras a puerta cerrada, entre otros. “En la jerga, «el corte de boleto» significa cobrar dinero a cambio de permitir la circulación de aquel o aquello que debería ser detenido. «El corte de boleto» generalizado en el seno de la comisaría 49a. no discriminaba entre mercadería en infracción e individuos con captura pendiente”, afirmó Campagnoli.
El 11 de septiembre de 1959, a los 23 años, Frank Serpico ingresó en el Departamento de Policía de Nueva York. Años después, sus denuncias sobre las coimas que cobraban policías, protegidos por sus superiores, no fueron escuchadas ni investigadas hasta que se presentó en la redacción de The New York Times. Finalmente, Serpico declaró ante una comisión liderada por el juez Whittman Knapp. Antes de terminar de declarar, el denunciante recibió un balazo en la cara. La historia de Serpico se transformó en bestseller y en película. Serpico vivió durante más de diez años en Suiza y en los años 80 volvió a los Estados Unidos para dar charlas y conferencias.
Investigados por pedir que les liberen la zona Se trata de integrantes de la policía bonaerense Los acusados le habrían pedido a su colega, que cumple funciones en Vicente López, que los “cubriera” mientras irrumpían en una vivienda de San Lorenzo y Rawson. A cambio, le darían parte de lo robado, agregaron las fuentes consultadas. El policía les dijo que aceptaba ser su cómplice, pero, en realidad, no pensaba hacerlo. Lo que sí hizo fue denunciarlos ante sus superiores. Estos, a su vez, dieron intervención al fiscal de turno del departamento judicial de San Isidro. Los acusados fueron liberados porque el delito de tentativa de robo es excarcelable, pero siguen sometidos a investigación judicial.
Un mal que acentúa el descrédito
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RICARDO LARRONDO
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LA NACION
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“Las habilitaciones”
Serpico y su denuncia en Nueva York
LA PLATA.– Dos policías bonaerenses fueron detenidos el lunes pasado y expulsados de la fuerza de seguridad por estar acusados de haber intentado robar en una casa de Vicente López, para lo que le habrían pedido a un colega que les “liberara” la zona. Se trata de los ahora ex oficiales Mauricio Javier Goicochea, de la comisaría de Munro, y Luis Alfredo Luna, que trabajaba en la seccional de Don Torcuato. Fueron denunciados por el uniformado a quien le habrían reclamado protección para concretar el robo, del que supuestamente también iba a participar otro policía, además de dos civiles.
EL ESCENARIO
Robos en Saavedra 2009: en sólo 47 segun➽ Julio dos, un grupo comando asaltó la joyería Testorelli, situada en el Shopping Dot, de Saavedra. Los delincuentes lograron llevarse un botín de 500.000 dólares después de un tiroteo con los custodios del centro comercial. Los ladrones están acusados de formar parte de la denominada “banda de los Rolex”, sospechada de robar joyerías de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, en especial en cercanías de la avenida Cabildo. 2009: una mujer ➽ Septiembre fue secuestrada en la puerta de su casa de la calle Núñez, en Saavedra, delante de sus hijos. La víctima fue golpeada con dureza por sus captores. Los delincuentes llevaron a la mujer a recorrer varios cajeros automáticos hasta que finalmente fue abandonada por sus victimarios, que lograron escapar. 2009: un uniformado ➽ Octubre de la seccional 49a., que estaba de consigna en cercanías de Müller y Pedraza, intentó detener a delincuentes que estaban asaltando a una familia. Fue herido de gravedad y murió días después. 2009: una banda de ➽ Diciembre delincuentes que robaba casas en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires fue detenida por personal policial. Los delincuentes ingresaban en los domicilios en ausencia de sus propietarios. La investigación del fiscal José María Campagnoli y del comisario Néstor Roncaglia duró más de diez meses, hasta que pudieron apresar a los sospechosos, que ahora deberán enfrentar un juicio oral y público. Además están acusados de alquilar armas a otras bandas.
Un barrio jaqueado por los robos y con vecinos resignados Los vendedores de Saavedra se quejan del aumento del delito; los asaltos son cotidianos En una recorrida por el barrio porteño de Saavedra, vecinos y comerciantes comentaron a LA NACION que los hechos delictivos en la zona son cotidianos, aunque ningún vendedor reveló que le hubieran ofrecido protección a cambio de dinero. Los comerciantes ignoran la causa que involucra en ilícitos a personal de la comisaría 49a. y afirmaron que el delito no se reduce. De hecho, el cajero de una heladería explicó que en 2009 lo robaron diez veces; siete veces el ladrón fue el mismo. “Hasta la cuarta vez hice la denuncia, después me cansé”, contó resignado. Los locales, en su mayoría, están enrejados y los comerciantes parecen expertos en delincuencia. Una vendedora de un local de zapatillas ubicado en la calle Balbín contó que el pasado martes intentaron robar. Lo mismo ocurrió la semana pasada: “Entraron y dijeron: «Esto es un asalto», pero como vi que no tenía un arma, lo apuré, le dije: «Salí de acá si no querés que llame a la policía», y lo saqué del local”, relató la empleada. A pocas cuadras, la jefa de vigilancia de un supermercado explicó que rápidamente se notan las intenciones de los delincuentes: “Dan muchas vueltas, hablan por teléfono desde la puerta, se los nota dubitativos”. En lo que va de la semana han llamado a la línea de emergencia 911 cuatro veces. La última fue anteayer, cuando
un ladrón golpeó a un guardia y le quebró el maxilar inferior; un segundo delincuente logró escapar cuando tomó a una clienta como rehén. Según comentaron en un importante restaurante del shopping DOT, desde julio pasado, cuando una joyería del centro comercial fue asaltada y un guardia de seguridad resultó herido de bala, los robos violentos no han vuelto a repetirse. “Desde aquel robo la Policía Federal aumentó su presencia. Ahora recorren el shopping con mayor frecuencia.” Sin embargo, frente a este restaurante se encuentra un gran comercio de artículos para el hogar. Los dueños han optado por reforzar la seguridad y un guardia privado vigila la entrada permanentemente, tanto en el primer piso como en la planta baja. Según comentaron a LA NACION, los delincuentes roban utilizando bolsas preparadas que contienen aislante y no permiten que suenen las alarmas. “Hoy a la tarde (por ayer), en el piso de arriba, agarramos a unos. El guardia les pidió que le mostrasen el contenido de la bolsa y lo golpearon brutalmente”, comentó la persona de vigilancia. Una vecina del barrio resumió: “A todos les roban. En mi zona, al carnicero, a la del almacén. Y eso es lo que uno se entera, lo demás...”
Julieta Molina
La corrupción en las filas policiales sigue siendo una sensación difícil de erradicar entre el común de la gente. Genéricamente, la corrupción es un mal sombrío y repudiable. Pero en el caso policial lo es por partida doble, porque al hecho ilegal se agrega el desprestigio colectivo en que queda sumida la institución, cuya labor requiere, justamente, un lazo de confianza con el resto de la sociedad. En los últimos años la inseguridad pública se convirtió, sin lugar a dudas, en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, que perciben que el Estado no parece estar en condiciones de controlar ese problema. Los inquietantes niveles de corrupción, por su parte, también fomentan la conducta delictiva. Las denuncias de hechos de corrupción policial, para colmo protagonizados por los propios jefes, como en el caso de la comisaría 49a., no son un dato nuevo. En abril de 1998, el entonces fiscal Pablo Lanusse investigó la denuncia de una vendedora ambulante harta de las contribuciones forzosas que le exigían uniformados de la comisaría 16a., con jurisdicción en el barrio de Constitución. Esa pesquisa se fortaleció primero con la declaración de un cabo de la fuerza que, tras confirmar que sus ex jefes de la seccional 16a. obligaban a prostitutas, comerciantes y hoteleros a pagar una mensualidad, fue víctima de tres ataques a balazos en su domicilio de Avellaneda. En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de absolución de cinco de esos policías involucrados, por lo que ahora se debe dictar un nuevo pronunciamiento. Otro episodio resonante, ocurrido en mayo del año pasado, fue la captura en Hurlingham de tres policías federales y un civil, que fueron acusados de privar de la libertad, golpear y extorsionar a un ciudadano peruano de quien se sospechaba que vendía paco en el barrio Constitución. No fueron pocos los episodios delictivos vinculados con agentes del orden que tomaron estado público en los últimos tiempos. Según cifras oficiales, durante el primer cuatrimestre de 2009 el Departamento de Investigaciones de la Policía Federal había iniciado 120 sumarios contra oficiales y suboficiales de esa fuerza, tanto por cuestiones disciplinarias como, lisa y llanamente, por sospechas de corrupción o de participación en hechos criminales. La corrupción parece enquistada en la sociedad argentina. Se sospecha de un policía, de un inspector municipal o de un alto funcionario público. Es un mal que hay que combatir y desechar de cualquier institución. Y más aun si se trata de la policial, que debe velar por el cumplimiento de la ley.
