A pesar de que las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), llevan más de diez años midiendo el aprendizaje del estudiante, especialistas de la educación aseguran que la elaboración de las mismas no está a la par con los parámetros establecidos en la pedagogía de los estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico. Anualmente el Departamento de Educación (DE), administra las PPAA en las escuelas públicas del país para cumplir con una ley firmada en el 2001 bajo la administración de Bush conocida como “No Child Left Behind”. Esta ley procura que ningún niño quede rezagado y que el 100 por ciento logre por lo menos un progreso académico proficiente para el año 2014. De primera intención la ley parece justa y noble, pero ha recibido críticas asertivas de educadores progresistas ya que asume una uniformidad inexistente en las destrezas del pensamiento de los estudiantes. Emilio Nieves Torres, presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), indicó que no se puede evaluar a todos los estudiantes de la misma manera, ya que este tipo de mecanismo no se adapta a la realidad del alumno. “Se administra unas pruebas uniformes lo cual no corresponde, estas se tienen que adaptar al contenido de la realidad geográfica, económica y cultural de nuestros estudiantes, y que muchas veces un tema que es el mismo para todos no se discute de la misma manera. Las pruebas no están hechas de esa manera, están hechas de manera uniforme “, señaló el líder magistral.
Al igual que el presidente de UNETE, hay otros educadores que coinciden que las pruebas estandarizadas son sólo una de las muchas estrategias de evaluación que se pueden utilizar en el salón de clases. Estas tienen la deficiencia de que no toman en cuenta las diferencias individuales y las inteligencias múltiples de los diferentes estudiantes. “Cada estudiante tiene sus particularidades, sus dotes y sus experiencias y no es posible determinar su progreso con el desempeño de un sólo día” indicó Víctor Rodríguez, trabajador social de la Escuela Medardo Carazo, en Trujillo Alto.
De la misma manera, Mari Tere González, presidenta de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado de Puerto Rico, coincide con que las PPAA no están acondicionadas para todos los estudiantes, ya que las pruebas no miden el aprovechamiento académico del estudiante ni tampoco responden a la realidad social.
En Puerto Rico existen 1,466 escuelas públicas, de las cuales 1,321 se encuentran en plan de mejoramiento por no reforzar el desempeño de sus estudiantes en cinco años. Éstas pueden ser sometidas a una reestructuración total de la escuela, o el cierre del plantel. Las escuelas que han pasado por la reestructuración han experimentado más caos e incertidumbre que mejorías en los resultados de las pruebas.
Por otra parte, Laura Cruz, maestra de ciencias y matemáticas en la Escuela José Antonio Dávila, en Bayamón criticó que las pruebas no solo se encuentran a un
nivel superior del que reciben los estudiantes, sino que cada año aumentan los requisitos para sacar a una escuela del plan de mejoramiento. “Varios estudiantes de grado once se me acercaron después de la prueba el año pasado y me describieron ejercicios de funciones trigonométricas que son del nivel de pre cálculo, un nivel muy avanzado para la mayoría de los estudiantes”, expresó Cruz.
Cada año escolar, ante la amenaza de cerrar más escuelas, las comunidades escolares se preparan rigurosamente y el ambiente de trabajo académico se llena de mucha ansiedad. La presión llega al maestro regular que tiene que dejar a un lado el currículo para repasar el material que puede ser examinado en las pruebas. “Se espera que cada año sean más los estudiantes que demuestren un nivel superior de aprovechamiento hasta casi llegar al 100 por ciento, que no se ausente ningún estudiante, que todos los maestros tengan certificado del DE, en fin se imponen tantas trabas que la prueba parece más un chantaje que una estrategia de medición”, agregó Cruz. Del mismo modo, el presidente de UNETE explicó, “La prueba que toman los alumnos de undécimo grado mide biología, química, ciencias ambientales y física, cuando en ese grado han tomado solo dos ciencias la mayoría de ellos, ya de entrada el 50 por ciento de la prueba no la van a poder aprobar”.
Las escuelas intermedias tampoco se libran de este mal, ya que según el maestro de la Escuela Merardo Carazo, en Trujillo Alto, Edwin Morales quien
administró las pruebas de los estudiantes de octavo grado el año pasado, aseguró que el nivel de las pruebas no correspondía con el de los alumnos. “Mientras supervisaba los estudiantes en sus pruebas noté que la mayoría de los ejercicios no correspondían al nivel de octavo grado. Noté algunas preguntas de probabilidad y hasta sistemas de ecuaciones que a duras penas un estudiante promedio de escuela superior podría resolver”, indicó Morales.
Las PPAA afectan a los estudiantes no tan solo porque el material que se ofrece en las mismas es más avanzado que el que se le enseña día día en el salón de clases, sino que también los estudiantes pueden verse atrasados ya que lo maestros tiene que coger tiempo de las clases para los preparativos de la administración de estas pruebas. “Las pruebas nos restan tiempo no sólo durante la administración de estas sino el sin número de reuniones de facultad para prepararnos, analizar los resultados, discutir estrategias y demás, cuando la realidad es que el objetivo del DE es que los niños fracasen” concluyó Morales.
