NOTAS

Sábado 11 de julio de 2009

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REVUELTA INDIGENA EN EL PERU

Victoria pírrica MARIO VARGAS LLOSA PARA LA NACION

MADRID ACE dos semanas, el Congreso peruano derogó los decretos legislativos que habían provocado una revuelta indígena de grandes proporciones en la Amazonía: bloqueo de carreteras, toma de empresas, paralizaciones y acciones armadas en las que perecieron veinticuatro policías (degollados, lanceados y quemados) y diez civiles (baleados) y unas ciento cincuenta personas resultaron heridas, según cifras verificadas por la Defensoría del Pueblo. La víspera, desde el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Alan García Pérez, promotor de aquellos decretos, había hecho su autocrítica, lamentando no haberlos consultado previamente con las comunidades indígenas y explicando que este repliegue del gobierno se hacía en aras de la paz y para poner fin al derramamiento de sangre. De este modo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), a la que están afiliadas unas 1300 comunidades nativas, y su dirigente, Alberto Pizango (ahora asilado en Nicaragua), que lideraron el movimiento rebelde, obtienen un triunfo indiscutible. Aunque, para guardar las formas, la abolición de los decretos ha venido acompañada de una vaga propuesta de instalar una mesa de negociaciones para, en adelante, armonizar ideas entre autoridades y nativos, todos sabemos que ni éste ni probablemente futuros gobiernos osarán

suicida las comunidades amazónicas, que siguieron las consignas retrógradas de Alberto Pizango. No sólo él debe estar frotándose las manos ahora, en su exilio nicaragüense. También Fidel Castro y el gran triunfador de esta operación que es, por supuesto, el comandante Hugo Chávez. El Perú es una de las dos espinas que tiene clavadas en la garganta el caudillo venezolano. La otra, Colombia. Para sus sueños megalómanos de convertirse en el nuevo Bolívar, en América del Sur tiene ya secuestrada a Bolivia, semisecuestrado a Ecuador, neutralizada a la Argentina, que, de todas maneras, en el puchero en que han convertido a ese antiguo gran país los esposos Kirchner, podría seguir descomponiéndose hasta caer atada de pies y manos en sus brazos. Brasil es demasiado grande y lejano para poder tragárselo, pero el astuto Lula, que tiene su propio proyecto –a años luz del de Chávez– nunca le hará sombra, ni se le enfrentará, mientras pueda sacar provecho de los petrodólares venezolanos que el hombre fuerte de Caracas derrocha a discreción. Chile ya despegó, ya casi no es un país del Tercer Mundo, de manera que a lo más que podría aspirar Chávez es a ayudar a desestabilizarlo. Perú y Colombia, en cambio, son dos objetivos que todavía podrían caer en sus redes. Por eso, el caudillo venezolano ayuda a las FARC colombianas y a las bandas ultrarrevolucionarias (mezcla

Los satanizados decretos estaban bien orientados: perseguían la necesidad imperiosa de atraer inversión privada y tecnología

Las comunidades indígenas se movilizaron, en una guerra insensata contra medidas que las hubieran beneficiado

en el Perú volver a intentar meter la mano en la Amazonía para alentar la inversión privada y el desarrollo económico de esta región, la más pobre y despoblada del Perú, que representa unos dos tercios de la geografía nacional. Una cosa está, pues, totalmente garantizada: los 332.000 nativos amazónicos, que, según el censo de 2007, distribuidos en unos quince grupos etnolingüísticos, hablan cerca de setenta dialectos, seguirán siendo en los años venideros los ciudadanos más desamparados y explotados del Perú, los que reciben la peor educación, tienen menos oportunidades de trabajo y las peores expectativas de salud y de vida de todo el país. Si esto no es una victoria pírrica, ¿qué es? A pesar de su lenguaje algo difuso, los satanizados decretos estaban en el fondo bastante bien orientados. Perseguían una necesidad imperiosa: atraer inversión privada y tecnología de punta hacia una región que tiene grandes reservas de gas, petróleo y muchos minerales y podría ser una fuente de prosperidad y modernización para ese país pobre que es el Perú, empezando, claro está, por quienes más ayuda necesitan: las comunidades nativas de la Amazonía. Es falso de toda falsedad, para cualquiera que eche una simple ojeada a los decretos en cuestión, que en ellos se pretendiera desconocer el derecho de propiedad de los nativos a sus tierras ancestrales. Al revés: su propósito, explícito e implícito, era demarcar estas circunscripciones a fin de que su legalización

de narcos y terroristas) que operan en la región peruana del Apurímac y del Ene, y patrocina generosamente a las fuerzas políticas de extrema izquierda, que en ambos países tratan por todos los medios, legales o ilegales, de atascar el modelo –democracia política y economía de mercado– que, en los últimos años, a Colombia, y sobre todo al Perú, ha traído un progreso sin precedente. Este es el contexto en el que hay que situar lo ocurrido en la Amazonía peruana para entenderlo cabalmente. La responsabilidad de quienes, de manera tan insensata como demagógica, han utilizado a las comunidades indígenas movilizándolas en una guerra abierta contra unas medidas de las que hubieran sido las primeras beneficiarias, inculcándoles las estúpidas mentiras según las cuales aquellos decretos formaban parte del Tratado de Libre Comercio firmado entre el Perú y Estados Unidos y querían privarlos de sus tierras (que nunca han tenido de verdad) es enorme. Por lo menos, ha quedado demostrado, una vez más, que no hay límite moral ni político que los enemigos de la libertad no estén dispuestos a transgredir. Y, también, que las reformas que emprenda un gobierno democrático, por más beneficiosas que sean, deben alcanzar un consenso popular antes de ser emprendidas, para que, como ha ocurrido en este caso, no resulten contraproducentes y terminen agravando los problemas que querían resolver.

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EFE

Durante la jornada nacional de protesta del miércoles, indígenas de la Amazonía despliegan su bandera en Lima, Perú fuera efectiva y no, como hasta ahora, una mera abstracción contradicha a diario por las invasiones múltiples de que esas tierras son víctimas por parte de los narcotraficantes, la deforestación salvaje que va convirtiendo sus selvas en desierto, la minería ilegal y la enloquecida contaminación de ríos y lagos que está aniquilando la fauna y la flora amazónicas. Es verdad que el gobierno, antes de enviar al Parlamento estos decretos, debió llevar a cabo una campaña intensa de información y diálogos con las comunidades nativas. No es seguro que hubiera sido más eficaz que los demagogos y extremistas que, desde hace tiempo, con el apoyo desembozado de Evo Morales y Hugo Chávez, vienen intoxicando a toda la región amazónica con una prédica revolucionaria, cuyos soportes básicos son el anticapitalismo, el nacionalismo y el racismo. Es decir, el rechazo de la empresa privada y de la inversión extranjera –salvo, claro está, si ella es venezolana, cubana o iraní– a la vez que el reconocimiento de “naciones indígenas” que tendrían el derecho exclusivo a las tierras amazónicas.

Ni hablar de sexo

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PARA LA NACION

O hay sustancia más pringosa y, a la vez, más astringente que el amor. Ya se sabe: el amor puede ser una vitamina necesaria y también puede ser pérfida cicuta. Y quizá se comporte como un raudo cohete de elevación espiritual, o bien, en una de esas, como un miserable batiscafo destinado a hundirlo a uno, para siempre, en la laguna Estigia. Científicos que militan en el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Montreal se declaran empeñados en rastrear la naturaleza de ese sentimiento tan confuso que induce a los seres humanos a sufrir trances hipnóticos repentinos y caprichosos, antes fugaces que duraderos. Conviene recordar que investigaciones del mismo carácter desarrollaron, desde ángulos diversos, Sigmund Freud, Enrique Cadícamo, Erich Fromm, Alberto Migré, Sor Juana Inés de la Cruz, Mario Clavell y, en la Biblia, el autor de El cantar de los cantares. Todos ellos supieron aportar disquisiciones aclaratorias, entre románticas y sesudas, que permitieron sentar sobre el tema una tiniebla sombría y borrascosa, decididamente hermética. Los doctores del laboratorio canadiense creen que el amor incondicional (o sea, el que se brinda sin esperar retribución, premio o limosna de ninguna especie) debe verse como la más alta expresión de espiritualidad que un ser humano es capaz de prodigar. Desde luego, el asunto tiene

sus bemoles: el amor incondicional fluye a las cansadas, cada muerte de obispo, sólo cuando las neuronas de siete áreas cerebrales, relativamente desconectadas entre sí, urden un arriesgado complot. Si la subversión fracasa, el individuo caerá en estado catatónico o padecerá surménage, o se convertirá en austero y servicial dirigente político. Dado que rara vez esas siete áreas cerebrales se ponen de acuerdo, casi no existe el riesgo de experimentar amor incondicional y, menos todavía, de que el fulano se convierta en austero y servicial dirigente político. Más común y hasta vulgar es el amor de los sentidos, ese que demanda inmediata contrapartida y que sólo prospera cuando se cumplen plenamente las reglas de la reciprocidad íntima. Uno de los sonetos de Shakespeare advierte que la pasión amorosa promueve cegueras, y Fromm, en El arte de amar, agrega que tales arrebatos proponen a sus víctimas “un constante desafío”. A su vez, Friedrich Nietzsche, en Humano, demasiado humano, opina que la pasión amorosa es tan ruin y tan necia que precipita sentimientos dictatoriales. Los doctores de Montreal creen que la pasión amorosa, de puro obcecada y prepotente, suele humillar al romántico amor incondicional conminándolo a huir, a despejar la mente de tonta poesía. ¿La verdad? Cosa nefasta, el sexo. © LA NACION

guerrilleros y por las fuerzas del orden, y siempre olvidados por los gobiernos de la República, ninguno de los cuales se preocupó jamás de la suerte de esta minoría, que representaba muy poco desde el punto de vista electoral. Por eso, entre todas las regiones del Perú, ninguna como la Amazonía requiere con más urgencia que la anarquía y la “ley de la selva” que allí imperan sean reemplazadas por un orden legal justo y estable, que garantice a las comunidades nativas sus derechos y les abra las oportunidades de mejora y progreso que sólo el desarrollo económico –es decir, la multiplicación de empresas privadas e inversiones nacionales y extranjeras– y la legalidad democrática pueden conseguir. En las regiones del Perú donde ello ha ocurrido, como en Lima y en toda la región del litoral y en muchos lugares de la sierra norteña, el progreso en estos últimos años ha sido espectacular, ha reducido los niveles de pobreza, generado altísimas tasas de empleo y, gracias al canon minero, dotado a las provincias de unas rentas que jamás tuvieron en el pasado. A esto acaban de renunciar de manera

© LA NACION

Para una reforma electoral

RIGUROSAMENTE INCIERTO

NORBERTO FIRPO

Pero, intentando aquel diálogo, al menos se habrían evitado los muertos y heridos, y los grandes daños materiales que esto ha causado al Perú. Y el gobierno se hubiera ahorrado una derrota política que los enemigos de la democracia –una minoría de resentidos y nostálgicos de Stalin, Mao Tse Tung y Sendero Luminoso– van a interpretar ahora como un incentivo para nuevas acciones violentas que acaben con el dinámico ritmo de crecimiento que tiene el país, lo arruinen, y de este modo lo acerquen más a la órbita chavista de la revolución bolivariana y al “modelo” cubano. Conozco bien la Amazonía peruana, donde he estado muchas veces y donde suceden tres de mis novelas, y he visto de cerca las terribles condiciones de vida de sus comunidades nativas. Desde el siglo diecinueve, cuando el apogeo del caucho, los indígenas de la selva han sido maltratados de manera inicua, expulsados de sus tierras por mercaderes esclavistas, diezmados en las caucherías, y, más tarde, brutalizados por aventureros sin escrúpulos que buscaban oro y otros metales, por los narcos, por los

LAURA ALONSO

E

L régimen electoral argentino viene mostrando fallas. En las recientes elecciones, gracias al esfuerzo de las autoridades electorales, de distintos actores de la sociedad civil y de muchos partidos políticos, todo funcionó mejor. Sin embargo, los problemas continúan latentes y el Congreso Nacional debe dar respuestas urgentes. Desde 2007 parece existir cierto acuerdo en que el sistema de boleta única favorecería la transparencia. Se trata de un paso necesario y obligado, previo a la introducción de nuevas tecnologías en la votación. En materia de independencia y autonomía en la organización de las elecciones, debemos avanzar en el traspaso de las atribuciones electorales y los recursos presupuestarios desde el Ministerio del Interior hacia la Cámara Nacional Electoral. El deficiente sistema de autoridades de mesa actual demuestra la realidad de nuestros tiempos. No podemos darnos el lujo de dejar en manos de autoridades de mesa mayormente inexpertas y de los fiscales de los partidos la responsabilidad del escrutinio de cierre y la carga de los telegramas. El registro voluntario creado para estas elecciones por la Cámara Electoral ha demostrado que miles de ciudadanos están dispuestos a colaborar, capacitarse y trabajar durante la jornada electoral. Construir y formar un cuerpo profesionalizado, y remunerarlo correctamente, nos permitirá evitar futuros dolores de cabeza. Es fundamental que regulemos la observación electoral internacional y nacional para permitir que terceros, expertos e independientes, analicen el funcionamiento del régimen vigente y recomienden reformas para su fortalecimiento. Nicaragua, México,

PARA LA NACION

Ecuador, Perú y muchos otros países de la región han sabido aprovechar estas misiones para sortear viejas prácticas fraudulentas. Con este mecanismo, atrocidades como las reflejadas recientemente por informes periodísticos quedarían evidenciadas por los controles. Otras dos cuestiones interfieren negativamente y afectan el principio de equidad en la competencia electoral: el desvío o el mal uso de recursos públicos en campañas políticas, y, la desigualdad en el financiamiento de la comunicación. No es necesario esforzarse

Hay miles de ciudadanos dispuestos a capacitarse para trabajar durante las jornadas electorales; con ellos se debe crear un cuerpo profesional para ser original a la hora de enfrentar estos problemas: en México, Brasil y Chile las leyes ya han avanzado con límites, controles y sanciones. ¿Qué recursos públicos se deben limitar en campañas políticas? La publicidad oficial, salvo en casos de emergencia o catástrofe nacional; la inauguración de obras públicas, y el anuncio de nuevos proyectos, la entrega de beneficios y planes sociales. Todo debería ser restringido durante el período de las campañas electorales. Las sanciones deben ser, preferentemente, pecuniarias y administrativas (suspensión de aportes públicos y multas a los partidos e inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de

transgresiones), aplicables a funcionarios, candidatos y partidos políticos. Con el fin de acortar la brecha de la desigualdad electoral, proponemos limitar la compra de publicidad televisiva por parte de los partidos políticos, imitando las experiencias de Brasil y Chile. Asimismo, debería reducirse de 32 a 14 días antes de los comicios el período habilitado para la emisión de publicidad electoral en televisión. Estas normas obligarían a los partidos a utilizar nuevas tecnologías de información, más baratas y masivas, como los sitios web, blogs, correos electrónicos y mensajes de texto. El Congreso Nacional tiene una deuda que debe saldar antes de 2011. Sería importante detectar las lecciones aprendidas del reciente proceso de reforma electoral en nuestra querida provincia de Córdoba. Para profundizar los necesarios cambios, las provincias y la ciudad de Buenos Aires deberían encarar reformas similares y un proceso de fortalecimiento de la independencia y la autonomía de sus respectivas autoridades electorales. Los procesos legislativos son lentos y graduales, aunque no pueden ser eternos. En este caso, sería ideal producir las reformas al menos un año antes de las próximas elecciones presidenciales. Mantener la mirada ciudadana atenta y alerta sobre el trabajo de las comisiones legislativas hará que esta agenda de reformas avance a paso firme. La demanda social no sólo puede contribuir a sostener el ritmo del debate: también puede, y debe, acercar propuestas e ideas para enriquecerlo. © LA NACION La autora es diputada nacional electa por el Pro de la Ciudad de Buenos Aires.