OPINIÓN | 25

| Martes 11 de junio de 2013

desmemoriados. El relato del Gobierno se sostiene

a fuerza de operaciones que falsean los hechos y fomentan una memoria acorde con sus necesidades. Ahora, un nuevo olvido colectivo podría garantizarle otra década en el poder

Tres mentiras K que distorsionan la historia Fernando A. Iglesias —PARA LA NACION—

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o es que los argentinos hablemos constantemente de la memoria porque nos interese. Es porque carecemos completamente de ella. Peor aún, se denomina aquí “memoria” a una serie de operaciones de distorsión de la Historia cuyo autor es, invariablemente, el Partido Populista. Gracias a ellas, la única fuerza política argentina que ha gozado del privilegio de tres décadas de poder (Perón, Menem y Kirchner) se presenta hoy en el rol de honesto Quijote condenado a reparar las felonías de sus adversarios. Son el Poder. Se muestran como su víctima. Es la imposición efusiva de esta pseudomemoria orquestada por pseudointelectuales, que oculta el hecho de que el Partido Populista ha gobernado 23 de los últimos 25 años, con resultados difíciles de empeorar. Las falsificaciones antojadizas que responden al nombre de “memoria” han alcanzado su punto culminante con el kirchnerismo. Hoy, personas que pregonan que es destituyente mostrar videos en los que Néstor Kirchner acaricia cajas fuertes, pero les parece un hecho progresista que el presidente de otra fuerza política se escape en helicóptero para evitar ser linchado, han logrado consagrar el supuesto de que sólo el Partido Populista puede gobernarnos y evitar el caos; idea formidable por su capacidad de negación de los apocalipsis varios en que han terminado todas las experiencias del nacionalismo populista en la Argentina. Indiferente a tales hechos, la “memoria” convirtió en sentidos comunes una serie de evidentes falsedades. La primera de ellas es la de que Kirchner tomó las riendas de un país en llamas; afirmación incompatible con los ocho ministros del gabinete anterior que se llevó a su propio gobierno. Nadie incorpora a su equipo a quienes le han dejado un país en llamas. Kirchner asumió

la presidencia en una situación ideal: el PBI crecía ya a un ritmo del 7%, las expectativas sociales se habían reducido al mínimo después de 2001 y la tolerancia hacia todo lo que hiciera el Gobierno era infinita. Los Kirchner recibieron un país en vías de una rápida recuperación, como las que siempre hay después de haber tocado fondo. Recibieron un país con viento de cola y todos los incendios apagados por los mismos que los habían iniciado y que les legaron el poder. Les tocó el Barcelona. La segunda operación exitosa de reemplazo de la Historia por la “memoria” fue la de ocultar la existencia de 2002, año en que los enormes problemas recesivos que tenía la economía argentina fueron “solucionados” por Duhalde mediante la más rancia receta ortodoxa: licuar salarios y redistribuir la riqueza hacia arriba. En 2002, durante el gobierno de Duhalde, el provisorio corralito de la Alianza se convirtió en el definitivo corralón pejotista donde murieron los pequeños ahorros argentinos, donde la quita provisoria del 13% de Cavallo se transformó en el 40% de inflación con salarios y jubilaciones congeladas de Remes-Lenicov, y los que habían depositado dólares tuvieron pesos, porque los dólares se los llevaron los bancos. Los resultados no se hicieron esperar. El 35% de pobreza de diciembre de 2001 se convirtió en el 54% de octubre de 2002, y el ineficiente sistema productivo nacional tuvo el tremendo ajuste que le permitiría al Modelo resistir hasta ahora. La “memoria” registra 2002 como el inicio de un New Deal argento. No lo fue. Fue el mayor ajuste de la historia nacional. Duhalde lo hizo. Remes Lenicov lo hizo. El Pejota lo hizo. Y Lavagna y Kirchner lo reforzaron con políticas de pan para hoy y choque de trenes e inundaciones para mañana: un “pagadiós” que la “memoria” registra como “desendeudamiento”, la infraestructura atada con alambre y la energía y el transporte regalados para facilitar una tercera plata dulce. Los argentinos aplaudimos aquellas

causas con el mismo entusiasmo con que hoy nos quejamos de sus consecuencias. Y Cristina y sus genios pseudokeynesianos se dedicaron a aconsejar a los tontos alemanes sobre cómo solucionar una crisis como la de 2001 aplicando la receta de 2003; como si el número 2002 fuese un invento de las corporaciones… La tercera operación de la “memoria” consistió en atribuir la debacle de 2001 a la oposición. Nada importó que las políticas económicas que estallaron entonces –la convertibilidad, el gasto público desbordado y la segunda plata dulce, financiados con endeudamiento en dólares– hubieran sido obra del PJ; no importaron los palcos en que Néstor alabó a Menem como el mejor presidente de la Historia, ni su rol decisivo en

la privatización de YPF, ni su silencio sobre el indulto. A nadie le interesó que conspicuos funcionarios menemistas accedieran a puestos clave del régimen K ni que casi todos los frepasistas de la Alianza –Chacho Álvarez, Abal Medina, Garré, Conti, Sabbatella, D’Elía, entre otros– pasaran al funcionariado kirchnerista. La economía crecía a tasas chinas y a nadie le importó que fuera difícil encontrar un funcionario K que no hubiera sido miembro del menemismo nacional, el kirchnerismo santacruceño o la Alianza. La oposición era los noventa, y el Gobierno, su negación. Así nos fue. Esta triple operación de reemplazo de la Historia por la “memoria” permitió al Partido Populista elaborar un relato imposible de refutar mientras duró la plata, y acceder al

más prolongado período político de nuestra Historia: doce años aderezados con bajadas de cuadros y festivales nac&pop que habilitaron un nuevo ciclo de redistribución de la riqueza a favor de la casta en el poder que dejó reducido el de los noventa a un trivial robo de gallinas. Pero la cosa no ha terminado. Mientras el modelo se desmorona dejando al desnudo sus bóvedas y sus villas miseria, un nuevo olvido colectivo permite anticipar que quienes nos llevaron al desastre en la “década ganada” seguirán en el poder durante la próxima. Ya vuelve el populismo verdadero. Ya se prepara, otra vez, la misma película. Ya se observa pulular por la televisión a principalísimos ex ministros y jefes de gabinete K que se lamentan del estado de las cosas como quien habla de la lluvia, sin que nadie atine a hacerles la pregunta ineludible: “Usted, ¿sabía o no sabía?”; elemental forma de poner en evidencia que el entrevistado es necesariamente un cómplice o un incapaz al que las balanzas y los bolsos le pasaban por debajo de las narices. Y los olvidos del periodismo no son la excepción, sino la regla. La propia oposición los complementa convocando a sus listas a ex candidatos quintacolumnistas, inventores de sonoros “pagadiós” y demás figuras de la fauna kirchnerista que ha asolado el país desde 2003. Menos mal que los argentinos, indignados por la espantosa epidemia de corrupción que estalló apenas se acabaron las tasas chinas, nos declaramos listos para votar candidatos opositores: el ex vicepresidente de Néstor y gobernador K del principal distrito del país, y cierto ex director de la Anses y jefe de Gabinete de Cristina. Ambos, del mismo Partido Populista que nos gobierna desde hace un cuarto de siglo. Ambos, del peronismo bonaerense que gobierna la provincia desde 1987 con resultados inenarrables. Ambos, del populismo conurbanense que implementó el annus horribilis de 2002 y nombró sucesor a Néstor Kirchner. Ambos, mudos. ¡Otra oportunidad para el PJ!, se oye clamar en los raros momentos en que los argentinos no reflexionamos sobre la memoria. ¡Otra oportunidad, que un cuarto de siglo no es bastante!, se pide y se espera. Ojalá todos tengamos un Feliz Domingo. Ojalá que Dios siga siendo argentino, y la soja jamás baje de cuatrocientos, y la tasa de la Fed no vuelva nunca a niveles normales, porque será el momento de enfrentar nuevamente “el insensato, el inmisericorde desastre ruso” que mencionaba Pushkin. Y luego del desastre llegará un nuevo viento del sur patagónico, del norte mineral o del bravío conurbano. Y cabalgando en él un nuevo representante del Partido Populista nos instará a no dejar los principios en la puerta, nos presentará a su estupenda esposa, nos hablará de las cosas que nos pasaron a los argentinos y nos venderá otro sueño. Y se lo compraremos. En pesos convertibles. En cuotas fijas. Sin intereses. Confiados en la memoria. Esperanzados en que las causas de siempre no nos traigan otra vez las habituales consecuencias. © LA NACION

Que los delitos de corrupción sean imprescriptibles Alejandro Poli Gonzalvo —PARA LA NACION—

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a corrupción mata. La sociedad argentina ha sufrido el flagelo de la corrupción durante décadas y bajo gobiernos de todos los signos políticos. Hubo épocas en las que pareció que reaccionaba contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, como sucedió al apoyar las denuncias de la Alianza durante la etapa final del menemismo, pero el efecto fue pasajero y otros problemas sepultaron la demanda de honestidad en el manejo de los fondos públicos. En los últimos años, tampoco el reclamo de combatir la corrupción actuó como una bandera política capaz de atraer millones de votos. Sin embargo, las recientes tragedias de Once y las inundaciones volvieron a instalar en la conciencia de los argentinos que la corrupción mata. Mata en forma directa cuando espuriamente se desvían fondos para obras públicas que podrían haber evitado esas tragedias, o de modo más sutil, pero no menos mortífero, cuando los personeros del poder se enriquecen con dinero del Estado que debió ser invertido en beneficio de la

población. Siendo estos hechos gravísimos, aún se debe sumar un factor adicional en la negra cuenta de la corrupción: la desesperanza que genera en millones de ciudadanos honestos y trabajadores el observar cómo impunemente un puñado de políticos se llenan los bolsillos mientras proclaman trabajar por el pueblo. Con un corolario no menos fatídico: pareciera que la política deja de ser un camino para mejorar la vida de las personas para convertirse en un coto de caza inmoral, al que los ciudadanos honestos no pueden ingresar. Se llega a creer que la política siempre es sucia y sólo destinada para corruptos que la toman como una vía para hacerse millonarios. Afortunadamente, el ideal democrático está más fuerte que nunca y el espectáculo inundatorio de la corrupción no hace vacilar la fe de los argentinos en la República. Los recientes y sonados casos de corrupción que salpican a las máximas autoridades nacionales y el apuro vertiginoso del kirchnerismo –por lo mismo sospechoso de que su fin último sea garantizar la impu-

nidad– en imponer sin debate la sanción de una reforma judicial que la mayoría del país rechaza, invitan a proponer como contrapartida la sanción de una ley que prevea que los responsables de casos de corrupción no evadan la acción de la Justicia. Si acordamos que la corrupción mata y estamos en presencia de corrupción de Estado, es decir, de corrupción llevada a cabo usufructuando ilegalmente los recursos del Estado y desde la administración del Estado, por analogía es perfectamente aplicable al delito de corrupción el mismo criterio de crímenes de lesa humanidad que se aplica al terrorismo practicado desde el Estado. En ambos casos, se trata de muertes provocadas por funcionarios del Estado. Existen antecedentes sobre la materia. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. Y designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. El art. 29 de la Convención dice: “Cada Estado Parte establecerá,

cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia”. No propone en forma directa la imprescriptibilidad, pero sugiere plazos muy amplios o la interrupción de la prescripción, expedientes ambos que podrían funcionar en la práctica como la imprescriptibilidad. El 31 de marzo de 2010, en Bolivia se aprobó la ley de lucha contra la corrupción que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En noviembre de 2011, en una apretada votación, el Congreso de Perú devolvió a la Comisión de Justicia el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que no ha vuelto a tratarse. Entre nosotros, en septiembre de 2012, el diputado Fernando “Pino” Solanas presentó un proyecto de ley para declarar “la imprescriptibilidad de los delitos

cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, que atenten contra el patrimonio público, los bienes de la Nación y causen grave daño económico”. Por su parte, el diputado radical Hugo Maldonado ha presentado un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos de corrupción. Finalmente, el 12 de marzo pasado se realizó en la Universidad del Museo Social Argentino la jornada “La corrupción mata: Jornada por la ética pública y contra la impunidad”, en la que Proyecto Sur y la Coalición Cívica ARI suscribieron un documento que propone “la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como una de las herramientas en contra de la impunidad”. Todos los partidos políticos tienen el deber de sumarse a esta cruzada. Y los ciudadanos, el rol de castigar con su voto a quienes así no lo hagan. No dejemos que la corrupción siga matando. © LA NACION

El autor es historiador; su último libro es La democracia limitada

claves americanas

El fiasco energético argentino Andrés Oppenheimer —PARA LA NACION—

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MIAMI

n año después de la nacionalización de YPF, la empresa petrolera más grande de la Argentina, lo que muchos temíamos se ha vuelto realidad: la producción de la compañía está cayendo, sus deudas aumentan y sus directivos acaban de darse un generoso incremento salarial. Es una película que ya hemos visto muchas veces, pero el hecho de que haya tantos gobiernos latinoamericanos que insisten en medidas seudonacionalistas que han fracasado en todas partes no deja de ser sorprendente. Según los datos oficiales de YPF, la producción de gas de la empresa cayó un 3,7% en el primer trimestre de este año y la de petróleo, un 0,7% en el mismo período. En el último año, la producción de energía de YPF cayó un 0,6%, a partir de niveles ya bajos

del año anterior, según las cifras oficiales. Eso dista mucho de las promesas de la Presidenta en cuanto a que la estatización haría aumentar la producción, pondría fin a las importaciones de energía y permitiría “recuperar nuestra soberanía”. Un artículo del diario Clarín de esta misma semana señala que la junta directiva de YPF se acaba de asignar un aumento del 67%. Fuentes de YPF me dicen que, en realidad, el aumento real fue menor (el cálculo de un 67% surge de comparar los salarios de este año con los de un período de 9 meses del año pasado), pero sigue siendo significativo para una empresa en apuros. Es cierto que la decadencia de YPF no empezó cuando el Gobierno nacionalizó gran parte del paquete accionario de Repsol. La producción de YPF venía cayendo y lo siguió haciendo después de que el grupo

encabezado por Repsol la compró en 2008. La Argentina –que antes era un país exportador de energía– tuvo que empezar a importar hidrocarburos en 2010. El Gobierno dice que Repsol había “vaciado” YPF, que no había invertido en nuevas exploraciones y había retirado excesivas ganancias. Repsol dice que los controles de precios del Gobierno asfixiaron sus finanzas, pero que la empresa invirtió abundantemente en exploración y descubrió los campos de Vaca Muerta, la reserva de gas más grande del país. Hoy Repsol demanda a la Argentina por una cifra que se cree podría alcanzar los 10.500 millones de dólares. En el primer aniversario de la expropiación de YPF, ocho ex ministros de energía de la Argentina publicaron una declaración conjunta denunciando que la política energética de la Presidenta y su difunto esposo,

Néstor Kirchner, ha sido “consumir irresponsablemente sin invertir para reponer stocks”. Como consecuencia, dijeron, la Argentina produce un 25% menos de petróleo y un 13% menos de gas de lo que producía en 2003. Aunque critican la administración de Repsol, los ocho ex funcionarios dijeron que “la expropiación del paquete mayoritario de las acciones de Repsol el año pasado no ha resuelto el problema y va camino a empeorarlo”. Debido a que Fernández no pagó por la expropiación, le resultará difícil al país atraer inversores para la exploración de petróleo y gas, dijeron. Ahora, el gobierno argentino anuncia que Chevron invertirá en los depósitos de Vaca Muerta (lo que prueba una vez más aquello de que las empresas petroleras no se guían por la ideología, sino por la geología). Pero fuentes de la industria dicen que la inversión

de Chevron, si se concreta, será muy inferior a la que necesitará Argentina para revertir su declive energético. Mi opinión: aunque hay casos de petroleras estatales que son exitosas, como Statoil, de Noruega, la expropiación argentina de YPF es un caso de manual de lo que ocurre cuando un gobierno populista con pocos contrapesos institucionales nacionaliza una gran empresa. Se podría pensar que la mala experiencia de la estatización de YPF, así como el fiasco de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, le habrían enseñado una lección a Fernández. Pero, mientras escribo estas líneas, leo que el Gobierno acaba de expropiar el Tren de la Costa. No hace falta perder mucho tiempo tratando de adivinar cómo terminara eso. © LA NACION Twitter: @oppenheimera