Situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia El Programa no Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos - Somos Defensores presentó su informe anual 2014 titulado “La Divina Comedia”. A continuación presentamos unas síntesis de este documento.

¿Qué pasó en 2014?

Fuente: “La divina comedia”, Informe Anual 2014, Programa no Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos Somos Defensores, Pág. 49

Desde el 2010 el Programa no Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos ha registrado ataques contra defensores y defensoras, siendo el 2014 el año con mayor número de ataques: fueron agredidos 626 defensores y defensoras (71% superior al 2013) y 212 organizaciones sociales y de derechos humanos. Solo en septiembre se produjo el 26% de las agresiones, periodo que es posterior a la posesión, para un segundo mandato, del presidente Santos. Del total de agresiones, hubo 488 amenazas, 41 atentados, una desaparición forzada y 10 hurtos de información. Hubo 55 asesinatos, en 31 casos se había denunciado amenazas previas, evidenciando la

inexistencia o insuficiencia de las medidas de protección. Además, hubo 23 detenciones arbitrarias y en 8 ocasiones se hizo un uso arbitrario del sistema penal. Con respecto a 2013, el mayor incremento fue en las amenazas que pasaron de 209 a 488, destacándose que entre septiembre y diciembre de 2014 hubo 15 amenazas masivas. Persistió un patrón de amenazas fantasma de grupos paramilitares como “las águilas negras”, “los rastrojos” entre otras denominaciones. Estas amenazas han estado especialmente vinculadas con las conversaciones de paz en La Habana, con la participación de las víctimas en las mismas y con la restitución de tierras. En genera, la Fiscalía General de la Nación ha sido incapaz de dar con los responsables. Por otra parte, el robo de información a los defensores de derechos humanos pasó de 3 casos en 2012 a 10 casos en 2014. Ha habido robos de computadores o espionaje electrónico. Se utilizaron oficinas clandestinas de inteligencia como la oficina “Andrómeda” conformada por civiles y miembros de inteligencia militar. Sobre los presuntos responsables de las agresiones en 2014, el 72% correspondería a grupos paramilitares, 19 % a desconocidos, 7% a la fuerza pública y 1,5% a las guerrillas. La zona donde más se presentaron agresiones, en especial amenazas, fue la capital del país, Bogotá. La mayor parte de las organizaciones nacionales de derechos humanos tiene su sede en esta ciudad.

Balance de la política estatal de protección La Unidad Nacional de Protección (UNP) fue creada en 2011 para proteger a los defensores (as) de derechos humanos y los líderes sociales quienes hacen frente a enormes dificultades e injustificadas dificultades para obtener protección: 1. El sistema deja por fuera muchos defensores y líderes sociales con necesidades de protección. De cerca de 17.000 solicitudes de protección recibidas por la UNP entre 2012 y 2014, 5.872 fueron de defensores (as) de derechos humanos y de ellas solamente 2.611 fueron respondidas de manera positiva. 2. Hay un incumplimiento sistemático en la implementación de las medidas de protección por

parte de la UNP o las medidas son adoptadas con recursos obsoletos. Hay una gran distancia entre la realidad y las medidas aprobadas por el Comité de Evaluación de Riesgos (CERREM): a) entregas tardías de vehículos e insuficientes fondos para pago de gasolina que lleva a inmovilizar el vehículo; b) reducción significativa del presupuesto destinado a la UNP en medio de un escándalo de corrupción; las deficiencias presupuestarias llevan a violar las garantías laborales

de los escoltas; c) varios defensores(as) han interpuesto recursos legales (por ejemplo tutelas) contra las grandes demoras en realizar los análisis de riesgo y en asignar las medidas de protección; el propio Defensor del Pueblo ha pedido a la UNP que agilice esos trámites. 3. Las fallas en el sistema de protección condujeron al asesinato de varias personas que debían ser protegidas: Jesús Adán Quinto, líder reclamante de tierras y de la población desplazada del Cacarica (Chocó), asesinado por sicarios el 09.04.2014; Juan Alberto Causado Priolo, líder del Proceso de Pinar del Río en Barranquilla (Atlántico), asesinado el 01.03.2014; Luis Carlos Cervantes, periodista amenazado en 23 oportunidades y asesinado el 12.08.2014; Iván Darío Restrepo, reclamante de tierras en Bello (Antioquia), asesinado en mayo de 2013 por un grupo de hombres vestidos de policías; Manuel Antonio Ruiz Torreglosa, reclamante de tierras asesinado junto con su hijo Jesús Ruiz (15 años), tras haber sido torturado. En los cinco casos habían sido considerados como personas con un nivel de riesgo “extraordinario”, y en uno de ellos el nivel había sido reducido previamente a “ordinario”.

de las funciones de protección propias del Estado: son más de 3.000 escoltas privados y representan una nómina anual cercana a 76,5 millones de dólares. Algunas de las empresas privadas de seguridad han estado involucradas en hechos de corrupción y desfalcos contra el Estado, e incumplen con los derechos laborales de los trabajadores. 6. El director de la UNP anunció que su secretario general, quien se dio a la fuga, encabezaba una red de corrupción que se apropió de no menos de 260.000 dólares. También se han denunciado otras formas de corrupción dentro de empresas privadas de seguridad contratadas por la UNP. La eventual responsabilidad del Director General de la UNP por los problemas de corrupción no ha sido dilucidada por la justicia. 7. Los mecanismos de la UNP no son idóneos para valorar adecuadamente los niveles de riesgo de las personas que necesitan protección. Es un modelo esencialmente asistencialista y concentrado en la entrega de medidas materiales exclusivamente. Además la protección dada por el Estado a las personas en riesgo debe considerarse como un derecho humano y no como un mero servicio.

4. La perspectiva armamentista de trabajo de la UNP afecta las actividades de prevención o de protección colectiva de las comunidades; hay un enorme presupuesto para armamento, vehículos, sistemas de comunicación, y hay riesgos sobre la idoneidad de los escoltas. 5. Gran parte del presupuesto destinado a la UNP entre 2012 y 2014, 465 millones de dólares, se ha destinado a contrataciones con empresas de seguridad privada. Un déficit de 30 millones de dólares, llevó a la UNP a anunciar la reducción de los esquemas de seguridad. Esta situación plantea el problema de la privatización

Fuente: “La divina comedia”, Informe Anual 2014, Programa no Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos Somos Defensores, Pág. 66

Conclusiones El informe concluye que es necesario: que la UNP vaya más allá de la protección material y que se asuma un sistema de protección colectiva y preventiva; que se supere la “matriz de riesgo” como único mecanismo para evaluar la situación de las personas; que la responsabilidad no sea exclusivamente de la UNP y que se depure esta institución; que se acabe con la privatización de un servicio que corresponde al Estado. Dados los antecedentes de corrupción en la UNP, el informe insta a la comunidad internacional a que supervise el uso de los recursos aportados.