POLITICA

Sábado 1º de agosto de 2009

I

Por NIK

Brazos

LA JUSTICIA Y EL PODER s INVESTIGACION DE CORRUPCION

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Siemens, con problemas en sus cuentas por las coimas de los DNI La firma auditora KPMG exigió que el gigante alemán le precisara la ruta del dinero HUGO ALCONADA MON LA NACION Once años después de ganar la licitación para confeccionar documentos de identidad y pasaportes, la ruta de las coimas por más de $ 105 millones que Siemens distribuyó durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa sigue envuelta en el misterio. Tanto que ni la Justicia ni los auditores externos de la compañía saben aún cómo fue la operatoria y se resisten a dejarlo pasar. El juez federal Ariel Lijo investiga las sospechas de sobornos, pero no es el único que incomoda al gigante alemán. También los socios y profesionales de la consultora KPMG que hurgaron durante los últimos meses en los canales que se utilizaron para los pagos. Hasta tal punto que, según reconstruyó LA NACION, los auditores se negaron a convalidar los balances contables locales de la compañía local durante semanas. La revisión ya concluyó y se encuentra en su proceso de formalización, pero insumió varios dolores de cabeza en la cúpula local de Siemens. Los expertos de KPMG mostraron cierta incomodidad para aprobar los últimos años en los que la multinacional reconoció haber desviado dinero para los pagos de coimas que llegaron hasta 2007, según expuso ante las autoridades de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sólo luego, con reticencias y durante los últimos días, dieron luz verde a esos números controvertidos. La incomodidad se basa, según una de las fuentes consultadas, en que los auditores querían precisiones sobre cómo se violaron los “libros y registros” en la Argentina para abonar las coimas, tal como informó Debevoise & Plimpton, el estudio jurídico norteamericano que se encargó de la investigación a nivel mundial. De otro modo, añadió la fuente, KPMG

ARCHIVO

La Gendarmería allanó en febrero pasado el edificio de Siemens aprobaría algo “podrido” a sabiendas de que contienen dibujos. El socio de KPMG a cargo de la cuenta, Oscar Gutzweiler, es un viejo conocido de la firma, desde que convalidó la memoria y estados contables de 2004 con su rúbrica junto con el entonces vicepresidente de Siemens Ralph Mathias Kleinhempel. Pero el desvío de dinero con fines espurios tiene ahora la fuerza de certeza. Ante la consulta de LA NACION, Siemens Argentina reconoció de manera oficial que “en forma conjunta con sus auditores externos [a los que no señala por sus nombres], efectuó una profunda revisión de sus operaciones correspondientes a los años anteriores”, que acotó “en relación con hechos exclusiva-

mente vinculados con el contrato de DNI”. Y esa “profunda revisión”, según completó la compañía, “generó atrasos en la emisión de los estados contables”. Siemens cuenta con más de una decena de subsidiarias en el país, según los datos recabados por LA NACION en la Inspección General de Justicia (IGJ). Pero KPMG sólo dejó a un costado los registros “sensibles”, a la luz de los datos que se desclasificaron en Europa y en Estados Unidos sobre sus pagos clandestinos. Lijo cuenta con otra copia de esos documentos, pero el magistrado optó por viajar a Munich a principios de junio. Allí se entrevistó con la titular de la Fiscalía número uno, Hildegard Bäumler-Hösl. Cruzó información y le solicitó aquello que Siemens no

le aportó entre los 400 documentos contables y financieros con visos de irregulares que depositó en su juzgado. Esos documentos en poder de Lijo y de KPMG incluyen información contable interna, facturas de servicios de consultoría y registros de transferencias bancarias desde y hacia Europa, Asia y el Caribe, además de otras referidas a la Argentina. Siemens excluyó, sin embargo, documentos que resultarían decisivos. El primero, difundido por diarios alemanes a mediados de 2008, es el papel en el que constarían las iniciales de algunos de los protagonistas de las coimas, con los montos que habría recibido cada uno: “CM”, US$ 16 millones; “CC”, 9,75 millones; “HF”, otros 9,75 millones, y “CS”, 7,5 millones. Las sospechas sobre esas siglas se centraron desde un principio en el ex presidente Menem, su poderoso ministro del Interior Carlos Corach, el director nacional de Migraciones Hugo Franco y el ex ejecutivo de Siemens Carlos Sergi. A este primer faltante de documentación de Siemens se suma otro singular. Tampoco les aportó a KPMG, ni a Lijo, ningún registro del acuerdo confidencial que benefició en Zurich con US$ 8,8 millones al misterioso “consultor” que canalizó los sobornos y que, en Buenos Aires, reducen al influyente Sergi. Pero allí no se acaba el problema, según indicaron las fuentes a LA NACION. Hay un tercer agujero para el holding que ahora pugna por garantizar su continuidad en el mercado local de negocios. Tampoco presentó el sumario que redactó uno de sus ejecutivos, en el que se describía “los pagos pendientes a funcionarios del gobierno o miembros de su familia, listados por el monto adeudado y las iniciales de sus destinatarios”, tal como relataron los investigadores norteamericanos. Ellos sí accedieron a ese sumario.

REACTIVAN UNA INVESTIGACION

Breves

El Consejo citó a declarar a Bonadío por mal desempeño

ENRIQUECIMIENTO

Lo acusan de haber demorado una causa contra la curtiembre Yoma PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION El juez federal Claudio Bonadío fue citado a declarar por el Consejo de la Magistratura acusado de “mal desempeño” por presuntas irregularidades en el trámite de una causa que investigaba créditos otorgados al grupo Yoma. Por unanimidad, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, integrada por oficialistas y por opositores, decidió que había pruebas suficientes para convocar a Bonadío a que presentara su descargo. Los consejeros consideraron acreditada una “dilatada e injustificada demora” en el expediente judicial, y sospechan irregularidades aun más graves. Quien propuso citar al juez fue el senador radical Ernesto Sanz. El kirchnerista Nicolás Fernández había pedido que el caso se postergara

CLAUDIO BONADIO JUEZ FEDERAL PORTEÑO

(argumentó que quería estudiarlo mejor), pero finalmente accedió a votarlo. La citación fue aprobada por los oficialistas Diana Conti, Marcela Losardo y Fernández; Sanz; el abogado Santiago Montaña, el juez Luis Bunge Campos y el académico Mariano Candioti. El expediente contra Bonadío tiene más de tres años. Se inició con una denuncia de la diputada Marcela Rodríguez (CC), que entonces integraba el Consejo, sobre la base de una nota

de Perfil, que sostuvo que la curtiembre le había costado al Estado $ 1000 millones en 15 años y que Bonadío no había investigado debidamente cómo se habían otorgado esos créditos. Rodríguez acusó al juez de haber demorado la investigación, haber legitimado un proceso fraudulento y haber actuado motivado por “intereses diferentes” a su función. Ayer, la diputada dijo a LA NACION: “Esta no es una causa aislada. Probablemente, Bonadío sea el paradigma del juez más denunciado que sorteó con éxito las distintas imputaciones gracias a una férrea defensa del oficialismo. Llama la atención que nunca se haya realizado una investigación integral de su comportamiento y que se haya demorado tanto las causas en su contra. No debería seguir siendo juez”. El Consejo no fijó fecha para que declarara Bonadío, pero está previsto que sea en las próximas semanas.

Buenas noticias para Julio De Vido La Cámara Federal rechazó un recurso contra el sobreseimiento que benefició al ministro de Planificación, Julio De Vido, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El tribunal no hizo lugar a un recurso de casación presentado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que la causa no sea cerrada, ya que la presentación carece de “una crítica concreta y razonada de los fundamentos sustanciales desarrollados en la decisión que cuestiona”, según dijo el tribunal. Es la segunda vez que la Cámara ratifica el sobreseimiento dictado por Octavio Aráoz de Lamadrid. EXPLOSION EN RIO TERCERO

Victoria judicial de Carlos Menem La defensa de Carlos Menem logró una importante victoria en la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. La fiscalía de la Cámara de Casación adhirió al pedido de su abogado, Luis Daer, de anular la confirmación del llamado a indagatoria del ex presidente, resuelto por la Sala II de esa cámara porque sus integrantes no habían citado a Menem a la audiencia oral previa.

NUEVA DENUNCIA DE LA OPOSICION

Acusan a empresas cercanas a Kirchner La Coalición Cívica aportó datos en la Justicia sobre firmas favorecidas por el Gobierno Cinco diputados de la Coalición Cívica (CC), fuerza que lidera Elisa Carrió, presentaron ayer en la Justicia nuevos datos sobre el aparente beneficio de parte del Gobierno a empresas cercanas al ex presidente Néstor Kirchner. La denuncia, agregada a una causa que instruye el juez federal Julián Ercolini y que se inició en noviembre pasado con una presentación de Carrió, apunta contra los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Juan Carlos Relats y Gerardo Ferreyra. Los diputados Juan Carlos Morán, Elsa Quiroz, Fernando Sánchez, Héctor Flores y Fernando Iglesias los acusaron de haberse beneficiado con irregularidades en la negociación de terrenos fiscales en la Patagonia y por la concesión de fondos estatales para sus empresas. Por todo ello, los denunciantes reclamaron que el juez citara a indagatoria al ex presidente, a quien señalan como el jefe de una asociación ilícita. La causa que instruye Ercolini tuvo nuevos movimientos luego de conocerse la última declaración jurada de los Kirchner, correspondiente a 2008, en la que el matrimonio presidencial consignó un crecimiento patrimonial de 28 millones de pesos, equivalente a un incremento del 158 por ciento

en relación con 2007. Los diputados detallaron que no sólo los Kirchner habían adquirido a bajo precio terrenos fiscales que luego vendieron por cifras millonarias. Lázaro Báez, según precisaron, compró terrenos en Santa Cruz que, al poco tiempo, fueron expropiados para la construcción de un complejo hidroeléctrico, por lo que el empresario será indemnizado. En cuanto a Relats y Ferreyra, detallaron que son dueños de empresas concesionarias de rutas (Rutas del Litoral y Vial 3, respectivamente) que fueron beneficiadas con fondos estatales, pese a que adeudan multas por incumplimientos. Vial 3, del grupo Electroingeniería, debe más del 90 por ciento de los $ 10.135.750 que se le fijaron por ese rubro. La empresa de Relats, también dueño de la firma que alquila uno de los hoteles que Kirchner tiene en El Calafate, adeuda más de 75 por ciento. También ayer, otra diputada de la CC, Patricia Bullrich, presentó un proyecto para que el Congreso reclame a la Oficina Anticorrupción datos sobre el expediente en que se investiga si es incompatible que la presidenta Cristina Kirchner sea propietaria e integre el directorio de la empresa El Chapel, dedicada a la consultoría financiera.