Cultura

Página 14/LA NACION

2

3

Jueves 29 de noviembre de 2007

Una preocupante realidad escolar: este año hubo 85 denuncias

Vida cultural

Quieren limitar el derecho de admisión

El dolor de la memoria

Avanza un proyecto para exigir a los colegios que expliquen por qué niegan la inscripción a un alumno Por Nathalie Kantt De la Redacción de LA NACION Cuando Rita Moriena quiso renovar la matrícula de su hijo Luciano para que finalizara sus estudios secundarios en el mismo establecimiento en el que había cursado los últimos cuatro años, se chocó con una respuesta inesperada: las autoridades del colegio privado, en Caballito, le negaron esa posibilidad al alegar, simplemente, que tenían el derecho de decidir, anualmente, quién era admitido y quién no. Esta es una de las denuncias por ejercicio abusivo del derecho de admisión recibidas en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, una realidad que se extiende a tal punto que en la Legislatura porteña avanza un proyecto para limitar la atribución de los colegios de negar la inscripción de un alumno. Si prospera la iniciativa, las escuelas deberán fundar por escrito las causas y fundamentos de su decisión. En el último año se contabilizaron en la Defensoría más de 50 denuncias, y sólo en la última semana se sumaron diez consultas, tres de las cuales se materializaron en reclamos. A ello se suman otras 35 quejas asentadas en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), de las cuales 10 fueron contra escuelas públicas.

Explicar las causas “Los colegios no son comercios, clubes de fútbol ni locales bailables. Sus propietarios no pueden manejarse con criterios arbitrarios cuando están en juego los derechos de educación. No estamos en contra de que establezcan sus pautas de ingreso, pero buscamos que se expliquen los fundamentos, porque es algo delicado”, explicó a LA NACION el defensor adjunto, a cargo del área de educación, Gustavo Lesbegueris. Se refirió a la resolución 641/81, que establece que los institutos privados pueden reservarse el derecho de admisión al comienzo de cada período lectivo. “Esta norma fue derogada y era exclusiva para el nivel primario. Los colegios castigan a sus estudiantes con la máxima sanción prevista (la expulsión) por desavenencias entre adultos”, añadió Lesbegueris. Ante las reiteradas denuncias, la Defensoría presentó, el año pasado, un anteproyecto de ley que obliga a los colegios privados a fundar la negativa de inscripción o rematriculación de los alumnos. La iniciativa es impulsada ahora por el legislador Martín Hourest (Buenos Aires para Todos) y firmado por Ana María Suppa y Diego Kravetz (Frente para la Victoria); Liliana Parada (Coalición Cívica), y Florencia Polimeni (Guar-

dapolvo Blanco), y podría ser tratado hoy en la Legislatura. “Tendría que haberse votado el jueves pasado, pero un sector del macrismo pidió una semana más para considerarlo”, dijo ayer Martín Hourest a LA NACION.

También las públicas Según surge de las denuncias recibidas en el Inadi, los argumentos esgrimidos por las escuelas para rechazar la inscripción de alumnos se basan en que “son grandes en edad”, repetidores de curso, padecen alguna enfermedad, problemas de conducta e, incluso, haber existido intercambios de opiniones entre padres y docentes. “Son todos clarísimos casos de discriminación, porque el derecho de admisión no existe para discriminar. Es una invención de las escuelas que intentan sacarse de encima a quien le genere dificultad. Las escuelas deben ser, por excelencia, un ámbito de inclusión”, dijo a LA NACION la presidenta del Inadi, María José Lubertino. En julio pasado, y luego de confirmar que rematricularía a sus dos hijas en un jardín de infantes de Belgrano, María Paz Favreaud recibió una carta en la que el establecimiento le avisaba que por “razones de mutuo conocimiento” las vacantes de sus hijas no serían renovadas. “Hasta el día de hoy no sé cuáles son esas razones. Les pregunté mil veces, pero nunca me contestaron”, contó Favreaud. “Somos cinco familias en esta situación. Me dijeron que la directora no quiere familias «en tránsito» y que, como se enteró de que todos estábamos buscando otro colegio, tomó esta decisión”, añadió. La repetición es otra de las causas por las que los colegios niegan el ingreso o la permanencia de los alumnos, pero algunos optan por analizar cada caso en particular. El rector de San Juan El Precursor, Eduardo Cazenave, precisó a LA NACION: “Evaluamos a cada chico más allá de si repitió o no. Puede haber tenido un traspié y no por ello tiene que ser condenado. Pero el colegio tiene siempre el derecho de mirar porque, cuando se toma a un chico, se está tomando a una familia”. En el colegio La Salle, la filosofía es parecida. “Cada chico es un desafío. Tenemos cuidado de a quién aceptamos para no hacerle daño. No tenemos un reglamento que diga que no aceptamos a chicos repetidores porque no estoy de acuerdo con eso”, explicó el rector, Carlos Villegas. Después de visitar más de 15 colegios, Rita Moriena logró finalmente que su hijo ingresara en un colegio y finalizara sus estudios. “Dejaron en banda a mi hijo, justo en el último año, sabiendo lo difícil que es conseguir una vacante”, advirtió la madre, que no olvida el calvario sufrido.

GUSTAVO SEIGUER

Muchos colegios no invocan las razones por las que rechazan las inscripciones de los chicos

Opinión

Las escuelas no pueden ser más restrictivas que la ley Por Inés Dussel Para LA NACION La discusión sobre los derechos de admisión que ejercen algunas escuelas privadas pone de manifiesto los cambios en las relaciones entre escuelas y familias. Hasta hace unos años, era impensable que las familias cuestionaran las decisiones de las escuelas; si a alguien cabía la culpa de un mal desempeño, era a los alumnos “rebeldes” o “inadaptados”. Sin embargo, en este último tiempo se volvieron más frecuentes las denuncias sobre exclusiones de alumnos, convertidas en acciones legales contra las escuelas por actos de discriminación. Son muchos los elementos en juego y es difícil hacer generalizaciones. Sería mejor analizar en cada caso si se trata de exigencias desmedidas para que los chicos y las familias se ajusten a un modelo escolar o de un reconocimiento de que ese colegio no es el más

conveniente para un niño en particular (decisión a la que sólo puede arribarse después de muchos intentos de buscar un buen vínculo). En todo caso, las escuelas no pueden tener reglas que contradigan las normas de la sociedad; los derechos de las escuelas no pueden ser más restrictivos de lo que obliga la ley común. * * * Estos conflictos también evidencian la generalización del vínculo escuelas-familias en términos mercantiles, sobre todo en la esfera privada, aunque las escuelas públicas tampoco escapan a ello. Pareciera que si uno paga una cuota, merece que la oferta se ajuste a la demanda. Los criterios de justicia y de inclusión pasan a equipararse con los derechos del consumidor y del cliente. ¿Es esa la mejor manera de hacer la escuela más justa y democrática? La escuela es un espacio público que apunta a socializar a las nuevas generaciones en los conocimientos y

las reglas de la sociedad. Es un espacio necesario para salir del ámbito primario de la familia y aprender que hay reglas universales, otras experiencias, modos de ver el mundo, tradiciones y disciplinas por conocer y recrear. Eso no depende sólo de nuestra voluntad ni la de nuestra familia. Cuando la escuela se ajusta más y más al modelo familiar, pierde lo que puede aportar de enriquecedor y de inclusión igualitaria en la sociedad. Y cuando se considera a la familia como cliente o a la escuela como un proveedor, se pierde la posibilidad de un vínculo de otra calidad, donde las razones del otro no se compran caro o barato, sino que deben escucharse y ponerse de acuerdo a partir de criterios que hacen a nuestra vida en común y a lo que colectivamente definimos como una buena vida y una sociedad justa. La autora es coordinadora del área Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Hoy se anuncia el ganador

Juan Gelman, candidato al Premio Cervantes MADRID (EFE).– Los poetas Juan Gelman, Nicanor Parra, Mario Benedetti y Blanca Varela y los novelistas Juan Marsé y Juan Goytisolo figuran entre los candidatos al Premio Cervantes 2007, cuyo ganador se conocerá hoy. Considerado el galardón más importante de las letras hispanas e instituido en 1975, el Premio Cervantes está dotado de 90.450 euros (133.300 dólares) y la última vez lo ganó el poeta español Antonio Gamoneda. Una tradición no escrita indica que la distinción se reparte alternativamente entre escritores del continente americano y españoles, aunque más de una vez ello no se cumplió.

Para esta edición han sido postulados también los escritores José Emilio Pacheco (México), Alfredo Bryce Echenique (Perú), Ricardo Piglia (Argentina), Sergio Ramírez (Nicaragua), Fina García Marruz (Cuba), Margo Glanz (México), Elena Poniatowska (México) y los españoles Enrique Vila-Matas y Ana María Matute, ganadora hace unos días en su país del Premio Nacional de las Letras. Todos los años se incluye el nombre de Gabriel García Márquez, aunque el escritor colombiano dijo que renunciaba a este galardón luego de haber ganado el Premio Nobel de Literatura, en 1982.

KIGALI, Ruanda.– Es un pequeño lunar en el corazón de Africa. Un país diminuto que ha pasado a la historia mundial por el trágico saldo de casi un millón de masacrados en 100 días, durante el holocausto africano de 1994. Por Susana Casi siete Reinoso asesinados por minuto, día y noche, sin descanso. En los días peores del genocidio perpetrado por las milicias radicales hutus contra la minoría tutsi y los hutus moderados –que empezó con la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, el 6 de abril–, las calles, los lagos y las colinas de este país aparecieron regados de cadáveres. Trece años pasaron del horror que despedazó todos los valores culturales y religiosos de sus dos clases sociales –hutus y tutsis–, resignificadas como tribus por el colonizador belga. Hoy, los 23.000 km² de Ruanda están sembrados de memoriales que recuerdan el genocidio. Lo que estremece, al llegar a estos monumentos silenciosos, es que cada tumba colectiva, cada piedra manchada de sangre desteñida por el tiempo, ha sido levantada por los sobrevivientes. Los que cuentan la historia son las víctimas del horror, que los obligó incluso a matar a sus propios hijos, cuando era fruto de matrimonios mixtos (hutu-tutsi). La memoria de los asesinados está viva en el relato de los que cargan con la culpa de no estar muertos. Cada ciudadano de Ruanda tiene una tragedia personal que contar, por lo que el dolor de este país se multiplica por nueve millones. * * * En el Nyamata Memorial, a 30 km de Kigali, una mujer de ojos vacíos recibe a los visitantes: es una pequeña iglesia despojada en la que hay una imagen de la Virgen, unos bancos de madera y un par de féretros cubiertos por banderas blancas con cruces de color violeta. Serafina, la guía, sobrevivió al asesinato masivo de 5000 seres humanos ocurrido en el lugar. En lo que fue la sacristía se acumula una montaña de harapos. Son las ropas de la gente que murió en Nyamata. En pequeños subsuelos, prolijamente ordenados, están los despojos de los vecinos masacrados con las huellas visibles de los machetazos. Todo es sobrecogedor. El Kigali Memorial Centre, inaugurado hace tres años, explica la minuciosa planificación del genocidio. Su guía, Emmanuel Gasana, sobrevivió. El centro tiene tres exhibiciones permanentes y rinde un tributo a los niños asesinados, cuyo número es tan escalofriante como el de los huérfanos. En este monumento yacen sepultados 250.000 cadáveres. En los féretros se acumulan restos de muchos. Como dijo la inolvidable Susan Sontag: desde que somos testigos del horror perdemos la inocencia. “Esforzarnos por entender lo que ocurrió en Ruanda es inescindible de la condición de ser adultos morales”.

[email protected]