NOTAS

Miércoles 23 de septiembre de 2009

I

LA LIBERTAD DE PRENSA, SOMETIDA A SOSPECHA

LIBROS EN AGENDA

Prohibido escribir en la pared

Poemas para usar

ALVARO ABOS PARA LA NACION

S

OBRE el conflicto entre el Gobierno y Clarín, lo primero que salta a la vista es la oscuridad de los términos. La sociedad no entiende este conflicto. Es cierto que la prensa y el Gobierno nunca se llevaron bien, y los Kirchner siempre se expresaron con desprecio sobre los medios, cuya función crítica –elemental en una democracia– no comprenden, y si la comprenden, no la admiten. De todas maneras, Clarín no había merecido los ataques personalizados del Gobierno, reservados en otro tiempo a LA NACION. Tampoco el diario fundado por Roberto J. Noble era particularmente crítico. Por otra parte, Clarín fue históricamente un diario informativo, y sus opiniones solían manifestarse en la elección de títulos o tipografías, lo cual, dicho sea de paso, no deja de ser una manera de opinar. La legitimidad de la reforma de la legislación sobre medios audiovisuales es inobjetable. El contenido de la reforma es opinable, y también lo es la oportunidad. ¿Por qué ahora y no dentro de pocos meses?, pregunta la oposición. Bien, dicen en el oficialismo, ¿por qué no? En todo caso, la oportunidad de un hecho político la determina quien tiene la facultad legal para producirlo. Y ése es el titular de las mayorías parlamentarias. No es eso lo criticable. Lo criticable es entrelazar la reforma con una querella personalizada y con el ataque concentrado y violento a un diario. Al rebajar el proyecto reformista a esta dimensión de ring, el Gobierno bastardea un proyecto que debería ser basal. Y genera sospechas. El oportunismo con que rodeó el Gobierno la reforma de los medios audiovisuales hace recelar que pretende para sí lo que critica en otros. Un gobierno que discrimina la publicidad oficial a favor de medios adictos no puede legislar sobre materia tan álgida sin despertar la sospecha de que apunta a restringir la libertad de informar. En 1945, el político Roberto J. Noble fundó un diario junto con algunos veteranos redactores de Crítica, ya en declive desde la muerte de Natalio Botana, unos años antes. Aquel primer Clarín tuvo unos comienzos algo grises, hasta que, en 1951, el peronismo expropió La Prensa, que concentraba el gran mercado de los avisos clasificados, y se la dio a la CGT. La Prensa era el diario más leído de la Argentina, sobre todo por los avisos clasificados. Los miles de lectores populares que compraban La Prensa por esos anuncios se pasaron a Clarín y cuando, en 1955, La Prensa fue devuelta a sus dueños, el público ya se había acostumbrado a leer los clasificados en Clarín. Desde entonces, el diario de Noble no dejó de aumentar su tirada. Y, en los últimos años, no dejó de expandirse en múltiples negocios. Sobre un diario se pueden tener miradas críticas. Hay ya varios libros que ventilan la historia de Clarín. Algunos han señalado que una actitud permanente del diario fue su acriticismo con los gobiernos fuertes, en contraste con su criticismo frente a los gobiernos débiles. No es propósito de este artículo entrar en tal perspectiva, sobre la cual sólo haré un señalamiento. Cuando se valora históricamente a un diario no debe olvidarse que es una creación colectiva, y que, tanto como la orientación de sus dueños, o directores, importa la manera con que redactores, cronistas, columnistas, ilustradores y diagramadores se comunican con el lector. Un diario nunca es una entelequia. Un diario es como un hombre: nunca es un bloque inmóvil, siempre es un conjunto de señales, a veces contradictorias.

19

SILVIA HOPENHAYN PARA LA NACION

Tampoco conviene olvidar que, además de sus hacedores, un diario es la gente que lo compra, que lo lee, que lo incorpora en sus vidas. En tal sentido, Clarín son Roberto Julio Noble y Enriqueta de Noble, y los orientadores que el diario ha tenido, como Rogelio y Octavio Frigerio y Oscar Camilión, pero también son Clarín –para citar sólo algunos nombres– quienes han llenado sus páginas: Raúl González Tuñón y sus crónicas, Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías, Horacio Estol y sus artículos desde Nueva York, Horacio Altuna y sus dibujos, Hermenegildo Sábat y sus caricaturas, Diego Lucero y sus crónicas futboleras, Roberto Fontanarrosa y sus viñetas. Y el Clarín porteño que inventó Luis Cané y sigue fogoneando Cora Cané. Clarín es el dibujante Andrés Guevara, el inventor de ese hombrecito del logo del diario, un hallazgo de diseño incorporado ya en la vida cotidiana de los argentinos. Cuando desde el poder se ataca indiscriminadamente al diario Clarín, no se debería olvidar que Clarín somos también, para bien o para mal, los millones de argentinos que, al despertar, vimos este diario asomando bajo la puerta de casa. Esto no excluye a quienes nos indignamos por las miserias del diario, lamentamos sus errores o cuestionamos sus opciones. También nosotros debemos reconocer el aporte que hizo Clarín a la cultura argentina. La ley de medios audiovisuales, innovación legislativa legítima, ¿de qué sirve si se pervierte al convertirse en agresión? Pintadas, panfletos anónimos, aprietes, afiches denigrantes, ataques personales con olor a servicios de informaciones. La violencia verbal en boca del poder es peligrosa porque puede ser invitación a la violencia física. En 1924, el primer ministro de Italia Benito Mussolini denigraba en la tribuna a los socialistas y en especial a su líder, Giacomo Matteotti. Un día, unos hombres interceptaron en la calle a Matteotti en la calle, lo secuestraron y su

cadáver apareció acribillado. El régimen repudió el crimen y pretendió otorgarle honores de Estado a la víctima. Pero, ¡el poder había sido el culpable! Lo recuerdo, sin hacer comparaciones que no caben, a título de ejemplo histórico. El interventor del Comfer, en un programa de TV, ha tenido expresiones públicas deplorables, que desmerecen su por otra parte conceptuosa defensa del proyecto de ley. Ha dicho que las pintadas y los carteles contra el diario de los Noble son “una manifestación de democracia”. Agregó que la tiza y la cal eran “una expresión del pueblo”. Estas palabras agravian a miles de argentinos que alguna vez pintamos paredes porque no teníamos otro lugar donde escribir contra las dictaduras que nos aplastaban. Yo fui procesado y encarcelado por un decreto, el 4161, que criminalizaba el hecho

Como todo diario, Clarín es más que un multimedio: es la gente que lo compra, que lo lee, que lo escribe y que lo incorpora en su vida de escribir palabras prohibidas. Entonces regía un poder usurpado. Ahora, todos podemos expresarnos, pero el que ensucia las paredes es el Estado. Que tiene una vasta cadena –equivalente a la que dice combatir– de medios a su disposición: agencia de noticias, canal abierto, radios, diario, revistas, una fortuna en publicidad oficial... Encuentro una gran analogía entre lo que hace el Gobierno con los medios y lo que hace con el fútbol. Si al Gobierno le interesara mejorar el fútbol como práctica social, podría hacer muchas cosas útiles con 600 millones de pesos. Por ejemplo, combatir la violencia de las barras bravas, grupos criminales que cometen delitos impunes en las canchas, protegidos por los

dirigentes. Esa violencia se ha cobrado ya 250 vidas... Sin embargo, el Gobierno ha preferido la demagogia de televisar fútbol a toda hora. A cambio, ¿les ha exigido algo a los clubes? ¿Por ejemplo, que erradicaran el crimen enquistado en ellos? No. La FIFA estableció, en 2003, que los espectadores de fútbol, en todos los países del mundo, deben estar sentados. Es una manera de desalentar el vandalismo. El único país donde esa norma no se cumple es la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, una ley ordenó que el 75% de las entradas vendidas debían ser plateas. Sucesivas prórrogas han ido eximiendo a los clubes de esa obligación. El 20 de agosto pasado, mientras el país discutía la ley de prensa, la Legislatura porteña, entre gallos y medianoche, aprobó una prórroga de la obligación de poner plateas... ¡esta vez hasta 2012! Pero, ¿por qué los clubes no convierten las gradas en asientos? Porque prefieren comprar jugadores. Y porque consienten en que el fútbol sea como es. El presidente de un club de primera lo dijo sin pelos en la lengua: “Los hinchas prefieren ver el partido todos juntos y parados. En todo caso, las plateas las arrancan de cuajo y las tiran al campo”. La decisión de la Legislatura de la ciudad –rescato a los once legisladores que votaron en contra de la prórroga– demostró una vez más que la política argentina no puede prescindir del fútbol. Pero los dirigentes, tanto los de un club de fútbol como los del país, no están sólo para hacer lo que la gente quiere. Están para construir un país mejor. Si su acción merece la aprobación popular, mejor para ellos, pero si tienen que afrontar críticas o, incluso, si ello los convierte en impopulares, no debe importarles. Tienen que hacerlo. Jamás mejoraremos este país para nuestros hijos si sólo atendemos el rédito inmediato. Gobernar es trabajar para el futuro, diseñarlo, no meramente ganar las próximas elecciones. © LA NACION

NO siempre lo que se dice se escucha, ni lo que se escribe es leído. Pero ¿qué pasa cuando los registros se cruzan, el lenguaje comulga con el cuerpo, y entonces lo que se escribe, se escucha? ¿Qué ocurre en ese momento casi neblinoso, cuando las palabras se trasladan en busca de alguien que las pronuncie, que se las ponga, vistiéndose de signo? Es casi un momento de coincidencia, o sea, de felicidad. Ariel Schettini, domador de dogmas y finísimo testigo del susurro del lenguaje, revolvió los tesoros de la lengua hasta encontrar esos poemas más escuchados; los que forman parte de la vida cotidiana, poemas que se recitan en distintos ámbitos, ya sea escolares, callejeros o amorosos. Su libro, recién publicado en Entropía, se titula, precisamente, El tesoro de la lengua - Una historia latinoamericana del yo, con el subtítulo: “Una antología razonada de los poemas más escuchados en América latina”. ¿Qué significa esta propuesta? En realidad, es una invitación al viaje más rebelde, menos asible: el viaje de la literatura. Schettini eligió quince poemas, y cada uno viene acompañado por una peripecia crítica, un abordaje exquisito y punzante del autor (a la manera de lo que en Francia se llama commentaire composé). Comienza con “Redondillas”, de sor Juana Inés de la Cruz, y sigue con Andrés Bello, Rubén Darío, Amado Nervo, César Vallejo y Octavio Paz, entre otros. El recorrido parece azaroso, pero es el azar de la memoria. De lo que aparece sin que se lo llame. Como señala el autor, son poemas que van hacia la memoria, poemas a los que la lengua necesita y usa. De allí que el método confeso en este libro es el de la captación y el aprendizaje. “El método exigía aprenderlos de memoria, es decir, hacerlos partes del cuerpo, aceptarlos como lo extraño que vive en nosotros”. Se trata pues de la “colisión entre poesía y sentido común”. Hay algo de verdad en lo que estos poemas anuncian: quizá de allí provenga la persistencia para hacerse escuchar. Verdades que parecen provenir de una violenta expulsión. Se procura “liberar al poema de su historia”. Schettini abre las puertas de todas las celdas y sale a pasear con los poemas a cuestas. Los lleva al gimnasio, al bosque, de vacaciones; los ata a la pata de la silla para compartirlos con amigos en el bar de alguna esquina amigable. Y cada yo (del poema, del autor) se vuelve varios. Schettini lo anuncia: “el primer lugar indiscutible del yo es el diálogo, es decir, la incertidumbre”. De allí que “el concierto barroco de Lezama Lima, en su poema “Llamado del deseoso”, presente al yo deseoso de extralimitarse, de hacer de América latina una identidad en primera persona del plural. En cuanto al famoso verso “Puedo escribir los versos más tristes esta noche” (Neruda), el autor distingue el poder de serpenteo del alejandrino, esa pincelada de la voz que “permite el detalle y la demora en la minucia”. La rima es a veces vista como “cárcel, placer o forma de dominio”. También la rima es azar, o lo que el cálculo realiza como ocurrencia. El libro termina con un “Hasta mañana” (final de “Títere de la moneda”, de Arturo Carrera), quizá una forma del autor de despedirse para cambiarse de ropa y hacerse de un poema nuevo. © LA NACION

Un proyecto autoritario E

L Gobierno, en su propósito de imponer su proyecto de ley de servicios audiovisuales antes del 10 de diciembre, sostiene que es necesario “reemplazar la ley de la dictadura”; apela así al sentimiento de repugnancia que en los espíritus democráticos provoca la evocación de los crímenes de la última dictadura militar. Pero es una frase sin contenido, ya que de la ley dictada por la dictadura queda muy poco, puesto que en los últimos 30 años su texto recibió 206 modificaciones, por vía de leyes, decretos y resoluciones. Por otra parte, es contradictorio que desde el Gobierno se alce esa frase como bandera, cuando en agosto logró que la mayoría oficialista del Congreso aprobara a libro cerrado la prolongación de la vigencia de leyes dictadas por la última dictadura militar, entre ellas, la ley que en 1981 introdujo el artículo 755 del Código Aduanero, que contra lo que dicen los artículos 4, 9, 17, 52, 75, 76 y 99 de la Constitución Nacional, admite que el Ejecutivo establezca impuestos de importación y exportación, entre ellos, las retenciones a los productos del campo. En el proyecto que hoy tiene media sanción, la autoridad de aplicación tiene amplios poderes sobre la libertad de expresión e información, garantizadas por los artículos 14 y 32 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, ya que, entre muchas otras facultades, sustancia los procedimientos para los concursos, adjudicación directa y autorización para la explotación de servi-

cios de radiodifusión, adjudica y prorroga o declara la caducidad de las licencias, los permisos y las autorizaciones, aplica las sanciones por incumplimiento y resuelve los recursos y reclamos del público. Esa autoridad de aplicación debería ser, entonces, un ente autónomo, desvinculado del poder político, integrado por representantes de entidades culturales, periodistas, juristas, legisladores y otras expresiones de la sociedad plural. Lejos de ello, la au-

La matemática no miente: es fácil advertir el enorme poder que, con esta ley, el Ejecutivo tendrá sobre los medios de comunicación toridad de aplicación será un apéndice de la Presidencia, ya que “funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo” y tendrá siete miembros: dos designados por el Ejecutivo (uno de ellos ejercerá la presidencia), tres legisladores, uno de ellos del oficialismo, y dos designados por el Consejo Federal, organismo aritméticamente dominado por los 24 gobernadores, en el que, entre otros integrantes, sólo habrá tres representantes de los medios privados, lo que permite prever que los gobernadores oficialistas, que son mayoría, más otros necesitados de los aportes de la caja del gobierno nacional, designarán a los dos miembros de la autoridad de aplicación con la conformidad del Ejecutivo.

GUSTAVO BOSSERT PARA LA NACION

Todo ello le dará al Gobierno una mayoría de cinco, o al menos de cuatro miembros, sobre la totalidad de siete integrantes de la autoridad de aplicación. Además, las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, lo que facilitará la toma de decisiones al presidente y los restantes miembros oficialistas del cuerpo. La matemática no miente. Es fácil advertir el enorme poder que obtendrá el Ejecutivo sobre los medios. Y la autoridad de aplicación que ahora se designe durará hasta 2013 y abarcará el proceso electoral presidencial de 2011, tal vez el gran objetivo de esta reforma de urgencia. La autoridad de aplicación, al dar una licencia, tendrá la facultad de analizar “la programación propuesta” (artículos 28 y 34, entre otros), o sea, los contenidos, lo que implica poder descalificar según el pensamiento de los peticionantes. ¿Y la libertad de expresión? Además, el proyecto dispone que las licencias se renueven cada dos años, es decir, casi constantemente. De modo que los medios deberán recordar que sus posibles opiniones críticas serán evaluadas por la autoridad de aplicación, y pueden conducir a la no renovación de las licencias. Conforme al proyecto, en determinados casos los actuales prestatarios de servicios audiovisuales deberán desprenderse de licencias dentro del exiguo plazo de un año, lo que permitirá que entidades afines al

Gobierno las adquieran y engrosen la voz oficial. Todo esto –guardando las distancias– recuerda el control sobre los medios que ejercen los regímenes totalitarios. A ello se suma lo dispuesto en el artículo 2 del proyecto, que distribuye los servicios de comunicación audiovisual entre tres grupos de prestadores: gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. Conforme al amplio poder del Ejecutivo para otorgar licencias, es

Quienes tienen ahora la posibilidad de ampliar el debate deben recordar que la vida y el honor no terminan con esta votación fácil imaginar que los espacios de “gestión privada sin fines de lucro” se otorgarán a organizaciones afines al Gobierno. Y esto, en los hechos, significaría también un absoluto predominio de las licencias –no menos de dos tercios– entre las que tendrán el Estado y entidades afines al Ejecutivo. Esto representa una perspectiva sombría para la información plural que necesita la República. En mi carácter de ciudadano ajeno a la actividad política y simple oyente y lector de los debates sobre el tema, no he escuchado ni leído hasta ahora una respuesta concreta y suficiente capaz de desechar ese temor. El proyecto no incluye una regulación,

concreta y específica, de “la pauta oficial”, es decir, el modo en que el Estado debe repartir la publicidad oficial entre los medios, a pesar de que esa exigencia figura entre los 21 puntos que elaboró la Coalición para una Radiodifusión Democrática, documento sobre el cual, según afirmaciones oficiales, se basó el proyecto. Esto es grave, dada la arbitrariedad con que el Gobierno reparte la publicidad oficial entre los medios que le son afines. La niega a los otros, sin respetar ninguna pauta objetiva, conforme a las cifras y los detalles que se han hecho públicos. Este proyecto, rico en ambigüedades, que pone en riesgo la libertad de información, se pretende convertir en ley con la velocidad de las urgencias políticas, antes de que el Congreso se integre conforme a la voluntad popular expresada el 28 de junio. Pero pienso, o quiero pensar, que quienes en el Congreso tienen la posibilidad de abrir y extender este debate, absteniéndose de imponer el simple peso de un número circunstancial, habrán de recordar que la vida no termina en esta votación, que el nombre de cada uno permanece para siempre unido a honores o rechazos, que el futuro viene para todos y que el proyecto roza aspectos esenciales de la vida en sociedad y en él se discute la libertad de expresión hecha pájaro libre o sometida a un poder capaz de controlarla. © LA NACION

El autor es abogado y escritor, y fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.