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POLÍTICA
| Sábado 21 de Septiembre de 2013
Por el paso del tiempo, Menem fue absuelto en el caso de la cuenta en Suiza corrupción. La Justicia lo favoreció por considerar que la causa de la investigación había prescripto; en
la sala de audiencias, fue saludado por el ex presidente De la Rúa, acusado por las coimas en el Senado
Una foto que no muestra la realidad de la Justicia el escenario Hernán Cappiello LA NACION
13 años de trámite judicial
Viene de tapa
–¿Como te va? ¿Cómo anda tu salud?, preguntó De la Rúa. –Y, acá estamos, bien, pero viste, estas cosas nos pasan por haber sido presidentes ..., respondió Menem. Su hija Zulema estaba a pocos metros. De la Rúa regresó a su banquillo de los acusados, en la sala de audiencias contigua, y Menem se sentó en el suyo, sin saber que le esperaban buenas noticias. Tras el fallo, el ex presidente se fue caminando absuelto, acompañado de su hija y de su abogado Pedro Baldi. La audiencia fue breve y contundente. El tribunal decidió, de oficio –es decir, sin que se lo pidan la defensa, la fiscalía, ni la querella– desestimar parte de la acusación fiscal, lo que hizo que el caso se derrumbara en la segunda audiencia del juicio oral y público. Menem había dicho en una entrevista transmitida por la CNN que tenía una cuenta en Suiza, con dinero de una indemnización que había cobrado por haber estado preso durante la dictadura militar. Pero, luego, siempre lo negó. Por no incluirla en su declaración jurada correspondiente al año 2000, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción el 24 de julio de ese año. Consultas a Suiza En la investigación, la justicia argentina le preguntó tres veces a Suiza si Menem tenía cuenta en ese país, y en todas las ocasiones respondió lo mismo: no tiene registrada una cuenta con actividad durante el período en que fue presidente, entre julio de 1989 y diciembre de 1999. El 20 de agosto de 2002, el juez federal Norberto Oyarbide lo indagó por el delito de omitir maliciosamente ese dato, pero dos meses mas tarde Oyarbide declaró que no había mérito para procesarlo. Menem hacía cuatro años que había dejado el poder y sus senadores hacía un año que habían salvado al juez en un escandaloso juicio político, luego de que fue denunciado tras concurrir a un prostíbulo gay. Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal dieron vuelta el sobreseimiento y directamente procesaron a Menem en 2003, pero sólo por el delito de omisión maliciosa. Fue sólo en 2005 cuando Oyarbide lo volvió a procesar, cuando amplió la acusación con nuevos hechos. Dijo que omitió incluir en su declaración jurada dos ultralivianos, chocados, un Fiat 147, acciones y departamentos en La Rioja. El juez, en su procesamiento, incorporó a la acusación los delitos de falsedad ideológica de instrumento
Un proceso que terminó por la proscripción
24/7/2002
Denuncia La Oficina Anticorrupción denunció que Menem no había incluido en su declaración jurada una cuenta en Suiza, de la que había hablado en un reportaje
20/8/2002
Indagatoria El juez Oyarbide indagó al ex presidente por el delito de omisión maliciosa
9/10/2002
Falta de mérito Oyarbide no encontró elementos para procesar a Menem y le dictó una falta de mérito
12/12/2003
Marcha atrás La Cámara Federal revocó el fallo de Oyarbide y procesó a Menem
5/5/2005
Menem, en uno de sus recientes pasos por los tribunales de Retiro público e incumplimiento de deberes de funcionario público. La diferencia fue clave para alejar el riesgo de la prescripción, pues la omisión maliciosa se castiga con solo dos años de cárcel y la falsedad ideológica –insertar datos falsos en un documento público– se castiga con seis años de cárcel, según está tipificado en el Código Penal. Esto le aseguraba una sobrevida al caso. El fiscal Carlos Stornelli elevó, así, el caso a juicio en 2005 y el Tribunal Oral Federal N° 1 citó a juicio en 2008. Además de la cuenta en Suiza se le imputaba al ex presidente que tenía dinero en otra cuenta abierta en Liechtenstein, a nombre de la sociedad Red Spark, controlada por su ex secretario Ramón Hernández, que fue sobreseido en el caso. Pero la audiencia nunca se realizó, porque estaba en la fila de ser considerada, junto con otros procesos, incluido el megajuicio por el Plan Cóndor, que ese tribunal realiza actualmente y llevará al menos dos años. Unas veinte causas que estaban en Tribunal Oral Federal N° 1 fueron repartidas entre otras sedes ju-
diciales y, de este modo, el caso de Menem pasó en febrero al Tribunal oral Federal N° 4. Habían pasado 13 años desde que fueron cometidos los hechos por los que se lo acusaba. La fiscalía, a cargo de la doctora Fabiana León, ya había advertido acerca de “irregularidades” en la primera audiencia del juicio, al entender que el ex mandatario no había sido indagado por el delito de falsedad ideológica, es decir que no tuvo oportunidad de defenderse. Pero la fiscal, luego de argumentar sobre el punto y criticar la instrucción y a los jueces y fiscales que la llevaron adelante, dijo que esa nulidad se podía salvar en el juicio. Preparan la apelación La Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante en la causa, se opuso al fallo y ahora anunció que apelará. “Nos hubiera gustado un juicio para demostrar que Menem tuvo esa cuenta y no la declaró. Consideramos que la causa no está prescripta”, dijo a la nacion el abogado de la OA Julio García Elorrio.
dyn/archivo
Cuando ayer se reanudó el debate, fue el propio tribunal, de oficio, el que decidió anular parte de la elevación a juicio y absolver, sin esperar al final de la investigación, lo que sorprendió a algunos, que interpretaron la decisión como una violación de los derechos del acusado. Menem enfrenta otra causa por corrupción. Se trata de un expediente en el juzgado federal de Oyarbide por enriquecimiento ilícito. El fiscal Miguel Ángel Osorio insistió ayer en pedir su indagatoria, que ya había sido dispuesta por Oyarbide en 2012 y suspendida por el magistrado. El ex presidente cuenta ya con una condena a siete años de prisión por la venta de armas a Croacia y a Ecuador, y la Justicia solicitó que una vez que quede firme se le quiten los fueros parlamentarios para poder ser detenido y cumplir la pena. Además, Menem también está en condiciones de ir a juicio por el pago de sobresueldos durante su presidencia y por haber obstruido la investigación de una de las pistas del atentado a la AMIA.ß
Ampliación Oyarbide, tras una nueva indagatoria, amplió la acusación contra Menem y lo acusó, además, de falsedad ideológica e incumplimiento de sus deberes
29/9/2006
Elevación a juicio El fiscal Stornelli elevó el caso a juicio por la acusación ampliada por la que había procesado Oyarbide
17/8/2006
Citación El Tribunal Oral Federal N° 1 citó a juicio, pero el caso se puso en la fila, a la espera de ser juzgado. Dada la cantidad de casos, incluido el juicio por el Plan Cóndor, que el tribunal empezó y durará al menos dos años, la Casación envió esta causa y otras veinte a otro tribunal
4/2/2003
Juicio oral El caso llegó al TOF N° 4 que le puso fecha al juicio. Tras dos audiencias anuló parte de la acusación, declaró el caso prescripto y absolvió a Menem
Fallo favorable a Sobornos: la OA pidió seis años María Julia Alsogaray y medio de cárcel para De la Rúa La Justicia anuló su procesamiento en una investigación por sobreprecios La Cámara Federal anuló un procesamiento contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray, en una causa por corrupción que data desde hace varios años y en la cual estaba acusada por las sospechas de sobreprecios en 14 contrataciones, que se efectuaron desde la Secretaría de Recursos Naturales. Es una antigua causa, en la que se sospecha del pago de sobreprecios en 14 contrataciones que se hicieron desde una estructura que funcionaba en forma paralela a la Secretaría, aunque conformada por varios funcionarios de esta misma, para la realización de la Cuarta Conferencia de Cambio Climático, en noviembre de 1998. La Conferencia demandó un gasto de más de $ 12 millones y se sospecha que los sobreprecios fueron del 6000 por ciento. La investigación se inició tras una denuncia de la Oficina Anticorrupción. Alsogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito y ya cumplió la pena. Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani declararon nulo el procesamiento de Alsogaray y otros ex funcionarios porque consideró que el juez Rodolfo Canicoba Corral los indagó a todos ellos por un delito y luego los procesó por otro. Según los camaristas, por un lado, se los indagó por haber utilizado una determinada normativa –más laxa, de manera de atempe-
rar los controles– para contratar con particulares, causando de esta manera un perjuicio al Estado. Y luego se los procesó por haber sustraído caudales a la administración pública, que le habían sido entregados en razón del cargo que ocupaban. “Los imputados se defendieron por haber contratado con particulares en condiciones excesivas tales que provocaron el deber del Estado de afrontar innecesariamente mayores costos y se los encontró responsables de haber sustraído separado, apartado o quitado dinero que tenían bajo su responsabilidad. La incongruencia fáctica luce evidente”, sostuvo la Sala II de la Cámara Federal. Para los jueces ese “contraste” entre el delito atribuido en las indagatorias y los procesamientos “impone la declaración de nulidad que decretara el procesamiento de los imputados, por afectación expresa al derecho de defensa”. El tribunal tuvo en cuenta, también, que las defensas plantearon que el haber procesado a los acusados por un delito diferente del que se los indagó tuvo la finalidad de evitar la prescripción del caso por el tiempo transcurrido. En ese sentido, pidió al juez que “evalúe tales objeciones”, referidas a la prescripción. En abril pasado, Alsogaray fue absuelta en un juicio donde era investigada por supuestas irregularidades en la Secretaría de Recursos Naturales. La acusaban de realizar contrataciones irregulares. Se trataba del delito de peculado, que los jueces entendieron que estaba prescripto.ß
Lo consideró el “instigador” del pago de las coimas a los senadores La Oficina Anticorrupción pidió que el ex presidente Fernando de la Rúa sea condenado a seis años y medio de prisión, al acusarlo de haber instigado el pago de sobornos a senadores para que aprobaran en 2000 una reforma laboral. Pero además pidió absolver a dos de los acusados, entre ellos al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al senador Ricardo Branda, lo que fue festejado por la defensa del ex presidente. La OA efectuó ese pedido en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal N° 3 en el juicio que se sigue al ex mandatario y a siete acusados. “De la Rúa dio el aval político, el único que podía hacerlo, para el pago de los sobornos”, sostuvo José Ipohorski, abogado de la OA. “Por su relación con José Genoud terminó dando el visto bueno a las otras cosas que pedían los senadores, que se concretó a través de su amigo de Santibañes”, agregó el abogado. La OA tomó por creíble la confesión del arrepentido Mario Pontaquarto, quien dijo que en una reunión en Casa de Gobierno, Genoud, entonces jefe del bloque de la UCR que estaba acusado en esta causa y que se suicido en 2008, dijo que el PJ pedía “otras cosas” para aprobar la ley, a lo que De la Rúa respondió “eso arréglenlo con De Santibañes”. “El presidente, en vez de denunciar los abusos del bloque del PJ, terminó pactando con
ellos”, consideró Ipohorski. La OA acusó así a De la Rúa como “instigador” del pago de sobornos y consideró como agravante para pedir la pena que el entonces presidente tenía “el rol de máxima jerarquía del Estado”, merituó su carrera política y que el hecho desprestigió a las instituciones. Como atenuantes tuvo en cuenta la falta de antecedentes de De la Rúa y la crisis económica que atravesaba su gobierno ante los planteos que recibía de organismos internacionales. La OA acusó a De Santibañes por los mismos delitos en calidad de autor y además solicitó que, junto con Juan José Galea, entonces a cargo de la administración de las finanzas
Los acusados, delitos y penas Claves de la acusación de la Oficina Anticorrupción De la Rúa y Santibañes La OA pidió seis años y seis meses de prisión para el ex presidente y el ex titular de la SIDE, por los delitos de peculado y cohecho activo agravado Senadores del PJ La OA pidió cinco años y medio, más $ 90.000 de multa, a los ex legisladores Alasino, Tell y Constanzo El arrepentido También pidió un año de prisión para Pontaquarto
de la SIDE, sean investigados en una nueva causa por falsear actas del organismo para intentar justificar el retiro de los cinco millones de pesos para pagar sobornos. Pontaquarto dijo que retiró de ese organismo dos valijas con cinco millones de pesos y que había estado en el despacho de De Santibañes para pactar el retiro del dinero. La OA también pidió que De la Rúa y De Santibañes no ocupen nunca más cargos públicos. Para Alasino, Tell y Constanzo, tres senadores de peso del bloque del PJ en el Senado, el primero su presidente, la OA los acusó de cohecho pasivo (cobrar coimas) y encubrimiento. Los ubicó a través de sus celulares en el departamento del también senador Emilio Cantarero –afuera del juicio por su estado de salud–, en el barrio de Recoleta, donde Pontaquarto dijo que llevó la plata de los sobornos. “No le creemos a Tell, a Constanzo, ni a Alasino. Hicieron descargos mendaces”, sostuvo. Sobre Pontaquarto, la OA sostuvo que era un testimonio creíble, que se transformó en un colaborador de la Justicia, pero que no dejaba de ser un “corrupto”, por lo que pidió que sea condenado a un año de prisión. Sin embargo, reclamó una pena única de tres años de prisión por una condena previa por haberse quedado con viáticos del Senado. Valeria Corbacho, abogada de De la Rúa, festejó el pedido de absolución a Branda y a Flamarique, porque dijo que “deja más endeble aún la acusación contra el ex presidente”. Y agregó que “durante el juicio no se produjo ninguna prueba nueva que haga más creíbles las acusaciones de Pontaquarto”.ß
¿Q
ue haya dos ex presidentes sometidos a juicio oral al mismo tiempo por corrupción habla bien o mal de la Justicia? A primera vista podría considerarse positivo. Hablaría de un sistema capaz de juzgar a sus ex mandatarios recientes por sus actos. Máxime si se tiene en cuenta que ya fueron condenados Carlos Menem, por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia; María Julia Alsogaray, por enriquecimiento, y Felisa Miceli, por el dinero hallado en su baño. Pero los puntos salientes de la historia no la definen por completo. Son casos aislados que no reflejan la deuda que tiene la Argentina con esos delitos cometidos desde la cúpula del Estado. Los juicios por los crímenes de la última dictadura demuestran cómo puede avanzar la Justicia cuando existe determinación. Trabajar para la condena de estos delitos fue una decisión política del Gobierno, acompañada por la Corte, que lo definió como una política de Estado. La foto de Menem y De la Rúa en tribunales demuestra, a lo sumo, que con la pérdida del poder cesa la garantía de impunidad. Y sólo a veces. O significa que el poder está en otras manos. Menem acaba de ser absuelto porque se declaró nula una parte de la acusación en su contra por no declarar una cuenta en Suiza. El delito que sobrevivió era tan leve que prescribió. Tuvieron que pasar 13 años antes de llegar a un juicio oral. Se concluyó que hubo errores que impiden seguir adelante, sin saberse a ciencia cierta si Menem tenía una cuenta en Suiza y no la declaró. La absolución, así, es un fracaso del sistema penal, que no advirtió a tiempo las fallas del proceso. El juicio contra Fernando de la Rúa puede terminar con el mismo sinsabor. De la Rúa es investigado por permitir el pago de sobornos para aprobar una ley laboral. Un arrepentido dijo cómo pagó las coimas. La acusación se está esforzando por probarlo, pero testigos mostraron huecos en ese relato. Todo podría quedar en nada. Si los casos avanzan, sólo cuando los presidentes dejan el poder y las investigaciones duran más de diez años, son más las causas que esperan ser juzgadas y las que prescriben que los juicios que se hacen. Los tribunales orales federales tienen 2387 juicios pendientes, entre ellos, casos de drogas y secuestros, y muchos por corrupción. Los juicios contra los ex presidentes, vistos en perspectiva, no son prueba de eficiencia judicial, sino más bien excepciones en un escenario donde los juicios tardan, las condenas son pocas, faltan jueces, salas, tribunales hacen dos turnos de juicio por día y otros programaron audiencias los sábados para evitar que sus causas prescriban. Ya sea porque las necesidades políticas demoraron el proceso o las dificultades del caso lo hicieron eterno.ß
El fiscal del caso Báez confía en los exhortos ^b^b^ El fiscal federal Guillermo Marijuan dijo ayer a la nacion que el éxito de la investigación del caso contra el empresario Lázaro Báez depende de las respuestas a los exhortos internacionales enviados a Suiza y a Uruguay para pedir datos sobre empresas y dinero. ^b^b^ Además, negó que existan diferencias con el juez Sebastián Casanello. “La investigación está avanzando y la está llevando muy bien”, dijo Marijuan. “La fiscalía pidió muchísimas medidas, el juzgado realizó otras. La investigación no está mal en este momento, está correctamente llevada”, aseguró el fiscal, que habló por la mañana con el programa Al Máximo, de FM Latina. ^b^b^ Aunque descartó demoras o atrasos en las pesquisas, admitió que la suerte del expediente está en manos de la voluntad para colaborar con el caso de gobiernos y bancos extranjeros. “La prueba depende de eso”,dijo.
