INFORMACION GENERAL
Domingo 13 de septiembre de 2009
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CONFLICTO CON LOS VECINOS s EN LA HORQUETA SE OPONEN A LA MUDANZA DEL FUERO PENAL
Polémico traslado de juzgados de San Isidro Continuación de la Pág. 1, Col. 2
Una mañana caótica entre detenidos y policías Sucede siempre frente al fuero penal
Los vecinos de la Red Vecinal La Horqueta protestan frente a la fábrica que se convertirá en el nuevo edificio fuero penal de San Isidro
Los transeúntes deben sortear a patrulleros y a detenidos
Los detenidos, esposados, son trasladados frente a los tribunales GRUPO 44 Y RICARDO PRISTUPLUK
traslado del fuero penal a la zona genere más inseguridad de la que ya vivimos”. El informe de la Junta de Acción Vecinal insiste en el acuerdo con el traslado de los tribunales a una zona periférica. Ellos mismos proponen una nueva ubicación: “Es oportuno rescatar, aun a costa de postergar algún tiempo el traslado, el proyec-
La Municipalidad de San Isidro realizará, mañana a las 20, un encuentro de vecinos del partido, foros de seguridad, organizaciones intermedias como las cámaras de comercio, establecimientos educativos públicos y privados y demás organizaciones que estén interesadas en participar, en respaldo al pedido de traslado de los tribunales del fuero penal del casco histórico. La convocatoria busca escuchar las voces de todos los vecinos y aclarar las inquietudes acerca del proyecto, según explicaron desde la municipalidad sanisidrense. El encuentro se realizará en Club Acassuso, situado en la calle Alsina 428, en San Isidro.
Convocatoria de la municipalidad
to de concretar la ciudad judicial, especialmente el fuero penal, en el mismo predio en el que está la alcaidía (el centro de detención del Servicio Penitenciario Provincial, situado sobre el Camino del Buen Ayre). Así, los jueces tendrían a los detenidos en el lugar, y evitarían riesgosos traslados y demoras de todo tipo”. Desde la intendencia explicaron que “la municipalidad promueve desde hace varios años la creación de una ciudad judicial por emplazarse en las zonas periféricas cercanas a las autopistas del Sol y Camino del Buen Ayre, próxima a la alcaidía del departamento judicial. Pero por la normativa vigente, las dependencias judiciales deben funcionar en el partido cabecera del Departamento Judicial correspondiente”. La polémica recién comienza.
un sector de estacionamiento a los nuevos fines o destino”. Tulio Verona es vecino de La Horqueta desde hace nueve años. Como muchos de los vecinos consultados por este diario, sufrió un episodio de inseguridad con violencia física. “En la puerta de mi casa me robaron el auto. Me pegaron un culatazo en la cabeza. Tengo miedo de que el
de seguridad de la zona y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro, para descomprimir el tránsito y la creciente inseguridad de los últimos tiempos. Uno de los casos más conocidos fue el homicidio del policía Aldo Garrido, ocurrido el 17 de febrero pasado, a pocos metros de esos tribunales. El Consejo Deliberante del municipio recogió las demandas y solicitó al Poder Judicial la reubicación del fuero, según explicaron fuentes del municipio. Voceros de la Suprema Corte dijeron a LA NACION que “el 17 de julio hubo una reunión con la intendencia para decidir el lugar. Entre las alternativas está una propiedad situada en Uruguay y Ramos Mejía, en La Horqueta”. Luis Abarca, integrante de la Red Vecinal La Horqueta-La Merced, explicó su descontento frente al proyecto: “El tribunal nos generará trastornos a nivel habitacional. Tenemos problemas de inseguridad y esto va a aumentarlos”. Jorge Harris, también vecino de la zona e integrante de esa junta vecinal, dijo: “La comisaría 9a., la de la zona, va a terminar descuidando a los vecinos. Esa comisaría la pagamos nosotros. Nos van a pasar el problema del centro”. Lo mismo piensan los vecinos que integran la junta que preside Haedo. “Reconocemos las razones expuestas por las fuerzas del casco urbano de San Isidro, que son similares a las nuestras”, se informa en una circular entregada a los vecinos. El documento precisa: “El lugar está rodeado de viviendas particulares, colegios, y carece de una mínima estructura que pueda evitar el deambular por la zona de los familiares y cómplices de los detenidos”. La nueva localización de los tribunales se realizaría en dos manzanas, donde funcionaba una fábrica. En el Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro, ese sitio aparece denominado como industrial. Desde la intendencia explicaron: “Se consideró que el futuro emplazamiento debería estar en zonas con mejor accesibilidad y comunicación con las grandes vías de acceso”. A pesar de lo dicho por el municipio, por la avenida Uruguay tan sólo transitan dos líneas de colectivo, la 707 y la 371, y no hay estaciones de trenes cercanas. “Toda la zona está rodeada de casas residenciales. Ni las calles están preparadas para el caudal vehicular que se va a generar”, dijo con indignación María López Aserrot, vecina de la zona. Abarca además aseguró: “Haremos lo posible para que estos tribunales no estén en nuestro barrio. Estamos juntando firmas de los vecinos para expresar nuestro descontento”. Fuentes de la intendencia aseguraron a LA NACION que “en el nuevo edificio del fuero penal no habrá alcaidía. Tampoco se realizará una nueva construcción, sino que se utilizarán las instalaciones existentes, adecuando su estructura y
En el centro de San Isidro, comúnmente conocido como el casco histórico, están situados casi todos los tribunales del partido. El tránsito, de por si, es intenso, pero se complica con la llegada de decenas de camiones de traslado de detenidos y patrulleros, sumado al constante movimiento de abogados, empleados y funcionarios judiciales y gente que circula por la zona. Así son las mañanas, de lunes a viernes, frente a los tribunales. El fuero penal, que funciona en el edificio de la calle Ituzaingó al 340, es uno de los que genera mayor movimiento. Según pudo observar LA NACION, se puede advertir que varios familiares de presos están en la puerta, donde esperan enterarse del destino de los suyos. Algunos gritan cuando ven a un conocido bajar esposado y custodiado por la policía. “Nos hemos encontrado con situaciones de tensión, porque muchos familiares vienen a reclamar por los detenidos. Realizan manifestaciones en la puerta y gritan por la liberación. Cuándo hay un juicio conocido públicamente, la zona es copada por la prensa y proliferan las camionetas de los medios audiovisuales. El tránsito se vuelve imposible”, dijo Karina Acosta, empleada de Suárez Hermanos, gestoría jurídica de la zona. Vecinos del barrio, organizaciones educativas y de comerciantes pidieron el traslado del fuero penal a causa de la creciente inseguridad. El Concejo Deliberante del municipio recogió las demandas y solicitó al Poder Judicial la reubicación de los tribunales, según explicaron fuentes del municipio. Entre las alternativas se encuentra una propiedad situada en la avenida Uruguay y la calle Ramos Mejía, en La Horqueta. No todos los comerciantes del centro de San Isidro están de acuerdo con el pedido. “Nos nos conviene que baje el movimiento de gente, porque bajan las ventas”, dijo Diego Martínez, empleado de la sastrería Corte y Diseño, a pocos metros de los tribunales. También piensan lo mismo la mayoría de los propietarios y empleados de las casas de fotocopias, gestorías, estudios de abogados y bancos que funcionan en la zona. “Nos puede perjudicar que baje la cantidad de gente. Hay familiares de detenidos que entran a tomar un café o hay abogados que se reúnen para esperar el comienzo de un juicio”, dijo uno de los mozos del Corpus Bar, situado frente a la entrada de los tribunales.
INVESTIGACION JUDICIAL
EN QUILMES
Surgen dudas en las causas de la muerte de un policía
Lo mataron dentro del patrullero
Reabrieron un expediente que había sido archivado como suicidio GABRIEL DI NICOLA LA NACION La familia siempre tuvo dudas. Nunca creyó la primera hipótesis judicial sobre el suicidio. Está convencida de que a Marcos Monserrat, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), lo mataron en septiembre de 2005 porque descubrió vuelos irregulares, tráfico de órganos y contrabando de droga en el aeropuerto internacional de Don Torcuato. Cuatro años después, un fiscal reabrió la causa y ahora espera el resultado de una segunda autopsia para determinar si se trató de un homicidio. Fuentes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de La Matanza, a cargo del fiscal Juan Diomede y voceros de la PSA, afirmaron a LA NACION que no existen registros sobre la supuesta investigación de Monserrat sobre narcotráfico. Cuando exhumaron el cuerpo de Monserrat para hacer la segunda necropsia se descubrió que faltaban los huesos frontales derecho e izquierdo del cráneo, los lugares por donde ingresó y egresó el proyectil que mató al agente de la PSA. “La extracción de los huesos frontales se hizo parta ocultar el diámetro de los orificios de entrada y de salida del proyectil que se usó para matar a Monserrat”, afirmó a LA NACION el licenciado en criminalística Roberto Locles, que junto con el abogado Daniel Gómez y el médico
MARCOS MONSERRAT INTEGRABA LA PSA
Jerarquía: agente Edad: 43 años Origen: argentino En el momento de su muerte prestaba servicio en el aeropuerto internacional de Don Torcuato como agente preventivo. En la PSA afirmaron que no trabajó en ninguna investigación de narcotráfico. legista Luis Labencki representan a la familia del agente de la PSA fallecido. Allegados al fiscal Diomede confirmaron que los huesos frontales del cráneo no estaban cuando se exhumó el cadáver. “Estamos ante una irregularidad porque en la primera autopsia no se dejó constancia si los huesos frontales fueron retirados y remitidos a algún lugar en particular. Entonces no sabemos si están o fueron sustraídos del féretro con alguna intencionalidad”, explicó un investigador judicial.
Monserrat, de 43 años, murió el 29 de septiembre de 2005 en cercanías del restaurante El Mangrullo, en Ciudad Evita, en La Matanza. Fue encontrado en interior de su automóvil Renault 12. Murió de un balazo en el cráneo. El proyectil entró por el hueso frontal derecho. El orificio de salida estaba en el hueso frontal izquierdo. El trayecto de la bala fue de arriba hacia abajo. El primer fiscal de la causa, Gustavo Banco, al considerar que se trató de un suicidio, la archivó, informaron fuentes judiciales. Las dudas de la familia, según explicó el abogado Gómez, se sustentan en que la prueba hecha para determinar si las manos de Monserrat tenían restos de pólvora (dermo test) dio negativa. “Además, Monserrat era zurdo. Es entonces es imposible que se haya disparado con la mano derecha. El orificio de entrada está en el hueso frontal derecho. ¿Cómo hizo para matarse?”, se preguntó Gómez. Fuentes judiciales confirmaron que el agente de la PSA era zurdo. “Pero hay testimonios de compañeros de trabajo que afirman que en las prácticas de tiro utilizaba la mano derecha”, afirmó una fuente judicial. Otro de las dudas esgrimidas por Gómez, Locles y Labencki es que el arma reglamentaria, que para la Justicia fue la pistola desde donde salió el disparo mortal, fue encontrada entre las piernas de Monserrat.
Afirman que fue un caso de gatillo fácil
MARIANA ARAUJO
El criminólogo Locles habla sobre el caso; el médico Labencki mira “Es imposible que después de dispararse tuviera el tiempo y la reacción para colocar la pistola en ese lugar”, afirmó Locles. Según Gómez, antes de aparecer muerto, Monserrat había recibido amenazas. “Su jefe le encargó extrajudicialmente una investigación. El descubrió y filmó que aviones que aterrizaban en el aeropuerto internacional de Don Torcuato, sin planes de vuelo, se dirigían a los hangares. El sospechaba que detrás de esos vuelos había tráfico de órganos y contrabando de droga. El llega a decir que lo seguían los patas negra [por la policía bonaerense]. El no estaba preparado ni profesionalmente ni
psicológicamente para esa tarea”, afirmó el abogado. Voceros de la PSA desmintieron que Monserrat haya estado a cargo de una investigación de esa magnitud. “El era un uniformado que se encargaba de tareas preventivas”, explicaron en la fuerza de seguridad. Para Gómez no hay dudas. “Está claro que fue un homicidio. En esta causa hay responsabilidad del Estado que abandonó a una persona y una cadena de encubrimiento de los superiores de Monserrat en la PSA. También se demuestra lo mal que se desempeñó la Justicia, archivó la causa al considerar que se trataba de un suicidio”, afirmó el abogado.
Investigan cómo un policía habría dado muerte, dentro de un patrullero, a un joven de 19 años que había sido detenido en Quilmes, poco antes, acusado de un delito. Esto generó una reacción popular y la denuncia de que se habría tratado de un caso de gatillo fácil. Según informó la agencia de noticias Télam, la fiscal de Quilmes Bárbara Velasco ordenó que el uniformado, que se desempeñaba en la seccional 8a de Quilmes, permaneciera aprehendido, acusado del delito de homicidio, hasta tanto terminara de analizar la prueba. Por su parte, el jefe de la Policía Distrital de Quilmes, comisario inspector Jorge Oquendo, explicó a Télam que cuando el joven era trasladado a la comisaría sacó un arma de entre sus genitales e intentó dispararles a los policías. Según Oquendo, el joven percutó el arma, pero el proyectil no salió. “Uno de los policías le disparó un balazo que lo hirió en el pecho y le provocó la muerte en forma inmediata”, según el relato del jefe policial. Un vecino del muchacho muerto sostuvo que los policías “hicieron un circo para tapar un gatillo fácil”, y se preguntó: “¿Cómo va a estar escondida el arma si ya lo habían palpado todo?”.