POLÍTICA | 7

| Viernes 29 de noViembre de 2013

la reforma en el senado | controversia por la disciplina partidaria

Pichetto desató una polémica en la aprobación del Código

La Corte se distancia de la aprobación del proyecto sin consenso

Cuando finalizaba el debate admitió que no comparte el texto votado, pero que lo apoyó por “obligaciones políticas”; el texto se sancionó casi sin presencia opositora

La comisión redactora cree que el Gobierno irritó a la oposición, que no apoyó la iniciativa

Gustavo Ybarra

Adrián Ventura

LA NACIoN

En plena madrugada de ayer, eran las 4.30, el kirchnerismo se quedó en soledad y aprobó por 39 votos a favor y uno en contra el controvertido proyecto de ley que unifica los códigos Civil y Comercial luego de que casi toda la oposición se retirara del recinto del Senado en repudio a la decisión del oficialismo de votar “a libro cerrado” la iniciativa. El papelón legislativo coronó casi 12 horas de un extenso y tedioso debate durante el cual la oposición intentó por todos los medios introducir modificaciones a varios de los 2671 artículos del proyecto, sin que el kirchnerismo aceptara al menos una de las propuestas. El único legislador que se quedó a votar en contra del texto fue Agustín Pérez Alsina (Partido Renovador-Salta). Fue una sesión más que extraña si se tiene en cuenta que ni siquiera el oficialismo estaba del todo conforme con el proyecto que debía votar por orden presidencial, como lo dejó en claro el jefe de la bancada, Miguel Pichetto (Río Negro), que con su discurso de cierre desató una inesperada polémica. “No comparto este código, pero lo voy a votar porque tengo obligaciones políticas”, afirmó el senador oficialista, desnudando con crudeza que lo hacía por disciplina partidaria. En diálogo con la nacion en su despacho tras la sesión, Pichetto aclaró que su principal disidencia es con el controvertido artículo 19 y la fórmula elegida por el Poder Ejecutivo que estableció el inicio de la vida a partir de la concepción. Para muchos oficialistas, esto obedeció a un acuerdo con la Iglesia. El texto original establecía el inicio de la vida desde “la concepción en el seno materno” y aclaraba que para los casos de técnicas de fertilización el ciclo comenzaba con la implantación del embrión en la mujer. “Esto no cumple con el principio de concurrencia ni coherencia con la ley de fertilización asistida que impulsó este mismo gobierno y votó el Congreso”, argumentó Pichetto. Las quejas por el artículo 19 rondaron toda la noche por el recinto

LA NACIoN

Pichetto conversa con Sanz durante la sesión en el Senado del Senado y terminaron por perjudicar al oficialismo, que perdió el voto a favor del código que había manifestado la peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis) luego de que en su exposición el kirchnerista Daniel Filmus (Capital) criticara la redacción de esa cláusula y dejara trascender que la Cámara de Diputados, que trataría la iniciativa recién en marzo, la modificaría. Lo mismo manifestó Pichetto en su cierre, lo que provocó la reacción airada de toda la oposición, que, desde sus bancas y fuera de micrófono, reclamó realizar las modificaciones en ese mismo momento y no esperar al tratamiento en la cámara revisora. Resignado, el senador oficialista respondió que no lo hacía porque tenía “una decisión política que respetar”. Las palabras del jefe del bloque y el hecho de que sólo se aceptará modificar el dictamen por pedido

de dos senadores oficialistas fueron definitivas para que la oposición, que ya había analizado tomar esa medida antes del inicio de la sesión, abandonara el recinto. “Esto es un agravio para los bloques de la oposición: no se nos permite ninguna de todas las modificaciones que propusimos en doce horas de debate y sólo aceptan las del oficialismo; con el agregado de que ni siquiera el oficialismo está conforme con el proyecto”, se quejó Ernesto Sanz (UCR-Mendoza). En medio de una tensión creciente, Sanz remató su intervención: “No vamos a votar esto porque sería convalidar un proceso que ha devaluado todo el debate del código”. Junto a la UCR, abandonaron el recinto los senadores de los interbloques del Frente Amplio Progresista (FAP) y los del peronismo disidente. La decisión oficialista de votar a libro cerrado también provocó que Sonia Escudero (PJ-Salta), que,

télam

a pesar de compartir las críticas por el artículo 19, había dicho que apoyaba en general el proyecto porque era un avance para la sociedad, siguiera el camino de sus compañeros de bancada. Con tono amargo y cansado, aunque en realidad temió durante todo el debate que ese desenlace ocurriera, Pichetto se limitó a destacar que el proyecto había sufrido “más de 150 modificaciones” a pedido de diversos sectores políticos y sociales. “Me parece que éste era el final que buscaban”, dijo el jefe de los senadores oficialistas en dirección a las ya en ese momento vacías bancas de la oposición, a la que acusó de “hacer aparecer el código como si fuera el proyecto de una fracción política”. Hasta marzo, cuando el proyecto se debata en Diputados, ésa será la sensación que pesará sobre el futuro nuevo Código Civil y Comercial.ß

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Aída Kemelmajer de Carlucci, los titulares de la comisión redactora del Código Civil y Comercial, tomaron distancia del proyecto aprobado en la madrugada de ayer por el Senado. Fuentes de la comisión de juristas, que dirigió el grupo de 100 expertos que elaboraron el anteproyecto, dejaron trascender que están muy molestos con el Gobierno porque impulsó su votación sin asegurarse el consenso de las fuerzas políticas. “Para garantizarse un éxito político, manosearon el Código y lo aprobaron sólo con los votos propios y sin el apoyo de la oposición. Enturbiaron el nacimiento del nuevo Código Civil y Comercial”, dijeron cerca de Lorenzetti y de Highton. Lo cierto es que el proyecto, tal como fue debatido en el Senado, recibió muchas objeciones técnicas de la oposición. Incluso, los legisladores del Frente para la Victoria (FPV) lo votaron a regañadientes y el jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, confesó que lo votaba “por obediencia política”. Algunos de los puntos que irritaron a los legisladores más progresistas del FPV y también a los senadores de los otros partidos fueron las reformas introducidas a la fertilización asistida, a la fertilización post mórtem y al alquiler de vientres. La eliminación de esos institutos fue vivida como una clara concesión que el Gobierno hizo a la Iglesia y una marcha atrás respecto de algunos de los avances que se habían logrado con leyes anteriores. En total, entre el proyecto original de la comisión redactora y el dictamen que bajó al recinto el FPV y que se aprobó anteanoche existen aproximadamente unas 170 diferencias. Pero en la comisión redactora, por lo menos formalmente, aseguran que no objetan esas supresiones o correcciones. “Unos 150 cambios se refieren apenas a cuestiones de redacción. La molestia que sienten Lorenzetti, Highton y Kemelmajer de Carlucci pasa, en cambio, por la falta de consenso, que ellos atribuyen

a una pelea de fondo que el Gobierno no supo saldar. “Un código es una norma muy amplia, que regula todos los aspectos de la vida de todas las personas. Debió buscarse un acuerdo mucho más general”, dicen en la Corte. “Lorenzetti dijo que aquellas reformas no le molestan. Tal vez porque no quiere confrontar con el Congreso, afirma que los congresos siempre introducen reformas a un texto original de la propuesta. Y esto no se puede cuestionar, porque es una opción política del legislador”, explicó alguien que escuchó las críticas del juez supremo. En cambio, lo que sí realmente cayó como una sorpresa desagradable fue, fundamentalmente, la falta de apoyo político, la ausencia de consensos amplios que faltaron alrededor del nuevo e inmenso proyecto. Sienten que el nuevo código nace “herido” y “muy debilitado”. “Todos los partidos, en sus discursos, apoyaron el proyecto del Código Civil y Comercial. Pero el Gobierno se empecinó en sacar el tema de la responsabilidad del Estado y lo incluyó en un proyecto separado, que enojó a toda la oposición. Con esa actitud, el Gobierno dinamitó todo el apoyo político que había logrado el Código y el FPV votó en soledad”, comentaban ayer esas fuentes. En la madrugada de ayer, la Cámara alta aprobó el proyecto del nuevo código unificado, pero la norma fue votada por 39 diputados del FPV y algunos aliados. Y la Unión Cívica Radical se retiró del recinto porque, según explicó el senador Ernesto Sanz, el oficialismo no quiso incorporar ninguna de las propuestas. Mientras tanto, la Cámara de Diputados, con pocas horas de diferencia, también había aprobado el controvertido proyecto que propuso el Gobierno para regular la responsabilidad del Estado, que ahora deberá analizar el Senado. Una iniciativa que tampoco conformó a la oposición, que acusó al oficialismo de promover la irresponsabilidad del Estado y de los funcionarios. “El que se aprobó no es el Código de la comisión redactora. Es el Código del Congreso –se le escuchó decir en la Corte a uno de los jueces más molestos–. Si el Gobierno hubiera dejado dentro del Código Civil toda la regulación de la responsabilidad estatal, hubiera sido más fácil toda la negociación con la oposición.”ß

El proceso de codificación más participativo de la historia opinión Sebastián Picasso PARA LA NACIoN

E

n estos momentos, el Congreso Nacional está tratando el proyecto para sancionar un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Frente a este relevante acontecimiento, es muy importante que el público conozca los antecedentes del proceso de reforma y unificación de esos códigos, que comenzó hace casi treinta años, con la reinstauración de la democracia. Existe un amplio consenso desde hace muchos años en la comunidad académica argentina acerca de que es necesaria una reforma integral

del Código de Comercio (sancionado en 1862) y, especialmente, del Código Civil (de 1869), que es el que más influye en la vida cotidiana de las personas. Se presentaron proyectos en los años 1987, 1992 (dos iniciativas) y 1998, y ninguno fue adoptado. En la actual oportunidad, se formó una comisión redactora integrada por los profesores Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Aída Kemelmajer de Carlucci. La comisión convocó a casi cien juristas de todo el país, que fueron aportando opiniones y conformaron grupos de trabajo. Sobre la base de la labor colectiva de todos ellos –coordinada y dirigida por la comisión– se redactó el proyecto, que representa la opinión de todo el mundo académi-

co especializado en derecho civil y comercial. Es lógico que, habiendo tantos temas en juego, existan polémicas sobre aspectos parciales, pero no hay duda alguna de que el mundo académico desea terminar con 30 años de frustraciones y dar un código nuevo a la comunidad. El proyecto fue luego presentado por la comisión al Poder Ejecutivo, quien le hizo algunas modificaciones y lo envió al Congreso. Allí se formó la Comisión Bicameral, integrada por muchos partidos, que desarrolló una extraordinaria labor: numerosas audiencias públicas en todo el país, debates con participación de todos los sectores, gran cantidad de ponencias. Luego se resumieron las cuestiones centrales, con lo cual el

proyecto estaba en condiciones de ser tratado hace un año. Este breve resumen de lo actuado, que está publicado en todos los medios, es una muestra de que estamos en presencia del proceso de codificación más participativo y democrático de la historia argentina y de toda la región. El contenido del proyecto ha sido discutido ampliamente en la comunidad jurídica. En todos los temas han participado los mejores juristas del país, y no hay en él normas que puedan causar temor alguno en la sociedad. De hecho, lo proyectado representa, en gran medida, lo que ya aplica la jurisprudencia y lo que reflejan las costumbres, que han avanzado respecto de la ley. En los nume-

rosos congresos y cursos nacionales e internacionales realizados sobre el tema en países como Francia, España, Alemania, Italia, Brasil y Uruguay no hubo más que elogios dentro del mundo académico; e incluso los principios latinoamericanos de los contratos, que están siendo elaborados por juristas de muchos países, se han inspirado en varios casos en el proyecto argentino. Es lógico y saludable que existan aspectos controvertidos. La Comisión Bicameral los ha podido comprobar en sus sesiones y están publicados. Más allá de los ajustes que tienen que hacerse, no hay demasiados temas importantes que estén discutidos y en los que no pueda haber soluciones, pero ésa

es una decisión del Parlamento. Lo relevante es que la comunidad académica, la judicial y los especialistas en general, están contestes en que la nueva codificación traerá progreso y beneficios para la población. Por eso estoy convencido de que debemos dejar actuar al Congreso en las definiciones que se tienen que dar, para llegar por fin a una nueva codificación enfocada en los problemas del ciudadano común, que será una renovación importantísima para mejorar la vida de nuestro pueblo.ß El autor es profesor universitario y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil