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Ciudadanos Presidente y demás miembros Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington, D.C. Ref. Comportamiento de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper, Leonel Fernández y Martín Torrijos frente a las violaciones a la democracia y los derechos humanos en Venezuela Señores Comisionados: Es de Ustedes conocida la crisis humanitaria, constitucional –de ruptura abierta con los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia y su ejercicio, en especial de violación sistemática y generalizada de derechos humanos– y de orden moral que vive Venezuela en los actuales momentos. A grandes rasgos, cuyos detalles constan en los informes y evaluaciones realizados tanto por la Comisión como por la misma Secretaría General de la OEA, cabe subrayar, entre otros tantos aspectos: a) El desconocimiento por el gobierno de Nicolás Maduro Moros de todas las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional democráticamente electa el 6 de diciembre de 2015, de mayoría opositora; al efecto coludido con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que conformaron a su arbitrio los diputados oficialistas, al margen de la propia Constitución, antes de iniciarse el período del nuevo parlamento. pg. 1

b) En un contexto –impuesto por el gobierno– de cabal y sistemática confiscación de la economía privada –industrial, comercial y bancaria– y de destrucción de la industria petrolera estatal, aunado a la expansión del morbo de la corrupción por el relajamiento de los controles y contrapesos democráticos, que ha dado lugar a la caída dramática de la producción e importación de alimentos y medicinas, originándose la crisis humanitaria severa que hoy padecen todos los venezolanos. c) Dadas las políticas de corte marxista impuestas e inspiradas en el modelo cubano, persiste durante 2017 una inflación promedio del 500% y una mayor contracción del PIB proyectada en 6,1%. Un nuevo cono monetario entró en vigor, haciendo evidente la pulverización de la moneda a niveles sin precedente histórico: En 2008 el bolívar perdió tres ceros para dar lugar a 1 bolívar fuerte, siendo el billete de más alta denominación el de 100 bolívares, que en el mercado paralelo de divisas equivale actualmente a 0,03 US $. d) Habiendo penetrado el morbo de la corrupción e instalándose de seguidas, dentro de la propia estructura administrativa y de gobierno, militar y policial, desde sus más altas esferas, una activa asociación con la criminalidad internacional, el narcotráfico y el terrorismo, en la sociedad, como víctima y ahora disuelta en sus lazos, toma espacio la ley de la supervivencia. Se registran 28.479 homicidios, en una línea que ha sido constante, en el año 2016, con una tasa considerada la más alta del mundo (91,8 homicidios/100.000 h). e) Sabedor el gobierno y los demás poderes públicos bajo su control totalitario que la crisis humanitaria y de expansiva violencia social y personal pone en peligro su estabilidad – de allí la pérdida, con mayoría calificada, de su dominio en la esfera parlamentaria en las últimas elecciones habidas– ahora se cierra a la realización de nuevas elecciones –referendo revocatorio y gobiernos regionales– y recrudece la criminalización de la disidencia política. El Foro Penal Venezolano ha hecho constar, recientemente, que 2.096 personas, casi todas ellas relacionadas con protestas o manifestaciones contra el poder, se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, sin haber sido condenadas, como es el caso de María Corina pg. 2

Machado, y 110 se mantienen (por condena o por orden judicial) tras las rejas, como el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma y Leopoldo López, líder de Voluntad Popular. Y es de destacar, en tal orden, la más reciente privación de libertad o la anulación de sus pasaportes, con atentados de las inmunidades de que gozan, de varios diputados a la Asamblea Nacional. Así las cosas, cabe observar que durante las elecciones parlamentarias señaladas, que marcan el punto de quiebre y dejan al desnudo la realidad palmaria de la narco-dictadura venezolana, el Poder Electoral, controlado por ésta, acepta como observadores internacionales sólo a la misión de ex presidentes que organiza a su arbitrio Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, para entonces Secretario General de la UNASUR. La misma quedó conformada por los ex presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, todos cercanos en su amistad al presidente Maduro; quienes, a la sazón y el mismo día de las elecciones expresan su incomodidad por el acompañamiento que los ex Jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) otorgan a la Mesa de la Unidad Democrática, que reúne al conjunto de los partidos opositores. A instancias y pedido del presidente Nicolás Maduro, el ex presidente Rodríguez Zapatero y sus colegas se empeñan actualmente en la facilitación de un diálogo con la oposición democrática que, a la luz de sus resultados y como lo pone de manifiesto el mismo Secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, concluyó en una burla por parte del gobierno y ha favorecido su estabilidad como el agravamiento de sus políticas depredadoras de la democracia y el bienestar venezolano. El propio Rodríguez Zapatero, como lo han hecho público voceros autorizados de la oposición, se ocupa, en lo personal, de alejar lo más posible una eventual solución electoral general que resuelva de raíz la situación del país, a pesar de que el gobierno venezolano se ha transformado en un peligro para la seguridad regional y hemisférica, por sus citados vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

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Señores Comisionados: Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con vistas a lo anterior expresó claramente y con la autoridad que tiene, el pasado 21 de octubre de 2016, lo siguiente: “El supuesto diálogo, casi diálogo, que encabezaban los ex presidentes no es que no ha dado ningún resultado, ha dado resultados extremadamente negativos. Cada vez los venezolanos debieron enfrentar más obstáculos, hasta el obstáculo definitivo de ayer para ejercer su derecho constitucional de elegir, de votar o de revocar un presidente. Cada vez los venezolanos han tenido más presos políticos, cada vez han sido peores las condiciones de reclusión de esos presos políticos. Cada vez hemos tenido más sentencias del TSJ anulando los poderes de la Asamblea Nacional. Hemos tenido nuevos decretos del poder ejecutivo dejando sin efecto poderes constitucionales de la Asamblea Nacional. Si cada uno de ustedes, en un segundo de reflexión, traslada eso a su propio país: imagínense el ejecutivo en Uruguay dejando sin efecto poderes constitucionales del poder legislativo, imagínense en España el presupuesto que no pase por el poder legislativo. Imagínense, obviamente, la situación de tener hoy en cualquiera de nuestros países presos políticos. Cuando ex presidentes se han prestado a ese diálogo que cada vez ha generado condiciones más negativas, son también responsables de esta situación en que ha desembocado hoy Venezuela. Porque esto ha pasado bajo su visión, bajo su trabajo con la oposición y con el gobierno. Son responsables, absolutamente responsables”. Es de agregar, como corolario de todo lo anterior, que no hay duda en cuanto al carácter de crimen de lesa humanidad que configura el comportamiento del gobierno de Venezuela frente a su población, a su vez tolerado y protegido por la actuación del ex presidente Rodríguez Zapatero y su grupo. Y el caso es que la doctrina más afirmada del Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, al tratar sobre las responsabilidades individuales por crímenes internacionales –violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos– precisa, dentro de éstas, la de quienes con vínculos o relaciones con un Estado y sus autoridades toleran sus crímenes, los disimulan o atenúan, haciendo en la práctica apología de ellos.

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La propia Corte Suprema de la Zona de Ocupación Británica, en su momento y como antecedente histórico a ser considerado, precisa que: “que la relación con un régimen tiránico y arbitrario como el que existió en la época nazi es un elemento esencial del crimen contra la humanidad”. Kai Ambos, Catedrático de Gotinga y experto en Derecho penal internacional (“Crimes Against Humanity and the International Criminal Court”, in Sadat [Hrsg.], Forging a Convention for Crimes Against Humanity, 2011, p. 279-304) cita, en lo específico, los supuestos de responsabilidad individual de los vinculados a un Estado o autoridad estatal por “inacción deliberada, tolerancia o aquiescencia” frente a crímenes de lesa humanidad; lo que parece, en principio, ser el caso de los ex presidentes Samper, Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, dados sus comportamientos coludidos con el gobierno de Maduro y el empeño por situarle en el mismo plano de las víctimas de violaciones de derechos por parte éste, propiciando con ello la impunidad y la expansión de su actividad criminal. Señores Comisionados: Naciones Unidas, preocupada por los crímenes más atroces que padecen nuestras sociedades –es el caso de Venezuela– recuerda bien que: “Las sociedades que presentan un historial de violencia y violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o crímenes atroces, o en las que tales actos se están produciendo actualmente, pueden ser más proclives a la comisión de nuevos crímenes atroces”. Y agrega que “como ha demostrado la historia, los crímenes atroces en general y el genocidio en particular vienen precedidos por violaciones menos generalizadas o sistemáticas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Normalmente son violaciones de los derechos civiles y políticos, pero también puede tratarse de graves restricciones de los derechos económicos, sociales y culturales, a menudo relacionadas con patrones de discriminación o exclusión de personas, poblaciones o grupos protegidos. Este factor de riesgo también reviste importancia cuando no se ha afrontado adecuadamente el legado de anteriores crímenes atroces a través de la responsabilidad penal individual, la reparación, procesos de búsqueda de la verdad y de reconciliación y medidas integrales de reforma en los sistemas de seguridad y justicia. Una sociedad en pg. 5

esta situación tiene más probabilidades de recurrir de nuevo a la violencia para solucionar los problemas”, concluye. El comportamiento de los ex presidentes Zapatero, Samper, Fernández y Torrijos ha sido consistente, cabe insistir en esto, con la defensa abierta de los victimarios en Venezuela –el gobierno de Nicolás Maduro y sus cómplices– acusados de violaciones sistemáticas de derechos humanos, narcotráfico, terrorismo y asesinatos, para afirmarse en la dictadura. Al intentar describir los indicadores de esas situaciones de impunidad susceptibles de agravar los cuadros de violaciones de derechos humanos en cualquier Estado, precisa de modo particular la ONU las siguientes: a) Inacción, reticencia o negativa a utilizar todos los medios posibles para detener las violaciones graves planeadas, previsibles o en curso del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o probables crímenes atroces, o incitación a su comisión. b) Continuidad del apoyo a grupos acusados de participar en violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluyendo crímenes atroces, o no condena de sus acciones. c) Justificación, explicación sesgada o negación de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario o de crímenes atroces. El diálogo, usado como instrumento de la democracia y prostituido aviesamente por dichos ex presidentes, como burladero para sosegar –como lo demuestra la realidad– la protesta social opositora y de suyo sostener en el ejercicio de su poder criminal a los autores de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufre la población venezolana, revela en sus características y resultados todo lo anterior, como podrá constatarlo la Comisión. En el Informe actualizado que sobre Venezuela hace público el Secretario General de la OEA el último 14 de marzo de 2017, por una parte se confirma lo señalado –“ese mecanismo de dialogo fue decisivamente funcional a la pg. 6

estrategia del Gobierno de sostenerse en el poder a partir de reiteradas y continuadas violaciones a la Constitución” (pág.2)– y a la vez se constata su origen parcial y falta de legitimidad: “El Gobierno convino con el Secretario General de UNASUR, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, contribuir a promover un diálogo institucional entre el Gobierno y la Oposición. Samper recabó la participación de tres ex presidentes, para facilitar el diálogo: el ex Presidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el ex Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y el ex Presidente de Panamá, Martin Torrijos”. “La iniciativa nunca fue ratificada por los Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR; asimismo, una de las partes, la MUD, tampoco pudo dar su parecer sobre la iniciativa ni sobre quiénes habrían de participar en la facilitación de un posible diálogo”. Al analizar y valorar las violaciones a la democracia y los derechos humanos en Venezuela, que ocurren de forma sistemática por obra del modelo político imperante y de manera generalizada por tener como víctimas a toda la población venezolana, nos vemos compelidos a solicitarle inicie una averiguación al respecto, con vistas al citado Informe que elaborara el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y su actualización señalada, e identifique las responsabilidades directas e inmediatas, materiales e intelectuales con ocasión de aquéllas; en lo particular y además, determinar las responsabilidades indirectas por tolerancia, omisión, aquiescencia, colaboración, que corresponden presuntamente a los ex presidentes mencionados, quienes, con sus comportamientos han contribuido al agravamiento de los sufrimientos del pueblo venezolano y a la violación sistemática de sus derechos y libertades. No es del caso que determinemos cual es la naturaleza o grado de la responsabilidad imputable a los expresidentes, materia que es del dominio, exégesis y atribución de la Comisión. Sin embargo, cabe señalar con la jurisprudencia que, en el campo de las responsabilidades indirectas tiene importancia recordar que “la teoría del dominio del hecho permite, entre otras ventajas, distinguir más claramente la diferencia entre autor y partícipe, así será autor quien domina la configuración del injusto y partícipe quien no ejerce pg. 7

tal dominio y sólo colabora con un hecho doloso ajeno”.(Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional, Fundación del Debido Proceso Legal, Washington D.C., 2006, p.88). El presente escrito y su petitorio lo fundamentamos en la competencia que atribuye a la Comisión el artículo 18, incisos b) y c) de su Estatuto, en relación con el artículo 58 de su Reglamento. Es Justicia,

Enrique Aristeguieta Gramcko Presidente Gran Alianza Nacional (GANA)

Correo: [email protected] – www.VenezuelaGana.org – Tuiter @Venezuela_Gana

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