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POLÍTICA

| Viernes 5 de diciembre de 2014

Pese al rechazo opositor, el oficialismo aprobó anoche el nuevo Código Procesal Penal

El kirchnerismo busca blindarse con un seguro de impunidad el pulso político Fernando Laborda

diputados. Con 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones, el bloque

LA NACiON

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kirchnerista convirtió en ley la reforma impulsada por la Casa Rosada

Larroque, Recalde y De Pedro, anoche, en Diputados, durante el debate del Código

Gabriel Sued LA NACiON

La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el nuevo Código Procesal Penal, que procura una reforma de fondo del procedimiento de la justicia penal federal: establece un sistema acusatorio, reduce la duración de las causas y revaloriza el papel de las víctimas. Pese a que casi toda la oposición manifestó su acuerdo con los ejes centrales de la reforma, los bloques antikirchneristas presentaron propuestas alternativas y votaron en contra del dictamen de mayoría. Cerca de las 23, el oficialismo impuso su mayoría y aprobó la norma impulsada por el Poder Ejecutivo por 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones. El oficialismo sólo fue acompañado por sus aliados habituales. Además de cuestionar artículos puntuales, las bancadas opositoras basaron su rechazo en el intento del Gobierno de “colonizar” la Justicia; en el tratamiento exprés que tuvo el proyecto en la Cámara baja, y en la ausencia de leyes complementarias clave para la implementación del nuevo Código. Todavía no se sabe cómo ni cuándo entrará en vigencia la nueva ley. El actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”, dijo, en el inicio del debate, la diputada Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria), al explicar el dictamen de mayoría. Al cambiar el sistema inquisitivo por uno acusatorio, como el que ya existe en 17 de los 24 distritos del país, el nuevo Código, de 349 artículos, determina que la investigación ya no estará como hoy a cargo de los jueces, sino que pasará a manos de los fiscales. Se busca de esa forma que el que impulsa el proceso no sea el mismo que el que va-

lora los elementos de prueba. Es, según el oficialismo, un intento de garantizar la imparcialidad. Un segundo cambio importante es que se establece que las causas deberán tener una duración máxima de tres años, plazo que se duplica para los casos de criminalidad compleja, como narcotráfico y corrupción. Además, se implementa la oralidad de todas las etapas decisorias del proceso y se les da mayor poder a las víctimas. Podrán participar, por ejemplo, en las audiencias en las que se deciden las excarcelaciones. Esas reformas son apoyadas por

Críticas de penalistas

casi toda la oposición. En cambio, genera más resistencia entre los sectores progresistas de la oposición el endurecimiento de los criterios para dictar la prisión preventiva y un artículo que habilita la expulsión de extranjeros que cometan delitos excarcelables, en casos de flagrancia. “Es un paso hacia un Estado de excepción en línea con la ley antiterrorista, el Proyecto X, el Ejército de Milani y la xenofobia de Berni, que impuso la expulsión sumaria de personas extranjeras en flagrancia, lo cual puede ser, por ejemplo, vivir en un terreno federal”, dijo Néstor

Las claves del nuevo sistema La reforma implica un cambio de fondo

^b^b^ La Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, preocupada por “el tratamiento vertiginoso” que efectuó la Cámara de Diputados del proyecto de ley de un nuevo Código Procesal Penal, le pidió a la presidenta Cristina Kirchner que no lo promulgue. ^b^b^ “La debida transparencia institucional se ha visto seriamente enturbiada ante las recientes denuncias efectuadas contra las más altas autoridades de la Nación, todo lo cual agrava el cuadro señalado, pues el nuevo Código Procesal, eventualmente sería aplicable a las causas penales iniciadas contra la señora Presidente y el señor Vicepresidente.”

Sistema acusatorio La investigación ya no estará a cargo de los jueces, sino que quedará en manos de los fiscales Causas más breves Se establece una duración máxima de tres años para las causas. El plazo se puede duplicar en los delitos complejos Más poder a las víctimas Tendrán más intervención en las causas. Por ejemplo, en las audiencias de excarcelación Prisión preventiva Se amplían los supuestos para el dictado de la prisión preventiva; se habilita la expulsión de extranjeros que delincan

dyn

Pitrola (PO). En realidad, los extranjeros sólo pueden ser expulsados si prestan su consentimiento. El punto que unifica a todos los opositores es la resistencia al poder que tendrá en el nuevo sistema la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a la que acusan de responder al Gobierno. “Mientras en el vértice del poder del Ministerio Público se encuentre Gils Carbó, se echa por tierra toda expectativa [sobre independencia de la Justicia] que podamos tener”, sostuvo Omar Duclós (GEN). Otros opositores, como Manuel Garrido (UCR), apuntaron a la creación de cargos en el Ministerio Público. “Compartimos que el sistema acusatorio es el más efectivo, pero lo único que se va a aplicar del nuevo Código es el incremento de más de 1700 cargos en el Ministerio Público. Estamos dando poderes importantes a un ministerio que no tiene control público, porque nunca se integró la comisión bicameral que debe cumplir esa función”, dijo. En la misma línea, Pablo Tonelli (Pro) se quejó de la incertidumbre por la falta de las leyes necesarias para el nuevo sistema. Oscar Martínez (Frente Renovador) reivindicó la propuesta alternativa presentada por su bloque. Sergio Massa, que había lanzado ese proyecto en un teatro, no estuvo en la sesión. La kirchnerista Diana Conti respondió algunos de esos cuestionamientos. Afirmó que el Ministerio Público tenía un plantel “insuficiente”. “No nos rasguemos las vestiduras por dotar al Ministerio Público de mayor nivel de personal”, manifestó. El vicepresidente del bloque oficialista, Pablo Kosiner, sostuvo que el proyecto avanza en la “democratización” del sistema procesal penal y acusó a los opositores de ser “funcionales” a “sectores retrógrados” y a los “poderes concentrados de la Argentina”.ß

Denuncian a consejeros que sancionaron a Bonadio

justicia. Acusaron de “asociación ilícita” a miembros kirchneristas del Consejo de la Magistratura

gabriela vázquez

tituLar deL consejo de La magistratura

La presidenta del cuerpo fue denunciada junto con otros miembros por “asociación ilícita” a partir de la sanción al juez federal Claudio Bonadio

sospecha. La denuncia, hecha en Uruguay, roza al empresario que fue con Echegaray a Río Según la denuncia, la transacción “resulta inusual” y por tanto se convierte en “una operación pasible de ser informada en los términos de la normativa sobre lavado de activos”, ya que se presenta sin justificación económica o legal evidente. Sánchez presentó la denuncia por sospecha de lavado de dinero ante la justicia del país vecino el 30 de mayo pasado. En la misma, especifica que Claudia Lambiris Vilche preside la sociedad Ciclor SA, a partir de la cual se habrían adquirido los terrenos en la ciu-

dad de Montevideo, y que habría realizado un pago de un millón de dólares en efectivo. Asimismo, se advierte que existe la sospecha respecto a que el monto señalado sería proveniente de la Argentina, y que habría sido ingresado sin cumplirse con la debida declaración ante la Dirección Nacional de Aduanas, y especula con la posibilidad de que el dinero pertenezca a Ricardo Echegaray. La presidenta de Ciclor SA es la hermana del empresario Jorge Omar Lambiris Vilches, despa-

chante de aduana y empresario muy cercano a Echegaray. El vínculo se hizo público en diciembre pasado, cuando viajaron a Río de Janeiro con sus familias y compartieron avión y hotel. En su momento se abrió una causa contra el funcionario en la que se investigaba si había recibido dádivas por parte de Lambiris. Pero el jefe de la AFiP fue sobreseído por la jueza federal María Servini de Cubría. Sánchez afirmó ayer a la nacion que la denuncia está siendo investigada por dos jueces en Uruguay.ß

Los miembros kirchneristas del Consejo de la Magistratura que sancionaron al juez federal Claudio Bonadio con un recorte del 30% de su sueldo fueron denunciados penalmente por “asociación ilícita”, entre otros delitos, y acusaron al Gobierno de “amedrentar al conjunto de los jueces”. La denuncia fue presentada por Adrián Bastianes, precandidato a jefe de gobierno porteño por el partido Voz Ciudadana, y recayó por sorteo en el juzgado de Bonadio, pero quedará finalmente radicada en otro tribunal. Bastianes pide que se impute a los consejeros de “asociación ilícita e incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”. En tanto, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, advirtió que esa decisión del kirchnerismo procura “amedrentar al conjunto de los jueces”. Los miembros del Consejo de la Magistratura denunciados son la presidenta del organismo, Gabriela Vázquez; Julián Álvarez, Eduardo De Pedro, Héctor Recalde, Ruperto Godoy, Pablo González y Jorge Candis, quienes votaron la sanción contra Bonadio por dos viejas causas (Tandanor y Curtiembre Yoma), acusándolo de demorarlas para permitir su prescripción.ß

Antes de fin de año se decide el caso Blaquier

justicia . Hubo una audiencia en Casación, que en 20

días resolverá sobre el procesamiento del empresario

1 Acusado

Acusan de lavado a la hermana de Lambiris

En la sesión de ayer en la Cámara baja en la que se trató la comisión de lavado que impulsa el oficialismo, el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) se aprestaba anoche a hacer pública una denuncia por supuesto lavado de dinero que ya presentó en Uruguay, a partir de la compra en efectivo de un terreno por un millón de dólares realizada por Claudia Lambiris, hermana del empresario uruguayo vinculado al jefe de la Administración Federal de ingresos Públicos (AFiP), Ricardo Echegaray.

on la reforma del Código Procesal Penal, las amenazas veladas a los jueces y la iniciativa para elegir apresuradamente a representantes de la Argentina en el Parlamento del Mercosur, quedaron en evidencia los nuevos ejes del blindaje que el kirchnerismo está procurando para enfrentar su probable retirada del poder, dentro de un año. La oposición denunció ayer en la Cámara de Diputados, durante la sesión en que se trató el Código Procesal Penal, el persistente intento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por colonizar la Justicia. Ese camino, de acuerdo con lo expresado por el titular del bloque radical, Mario Negri, se inició con la reforma del Consejo de la Magistratura, siguió con el llamado proyecto de democratización judicial frenado parcialmente por la Corte Suprema y con la designación de conjueces, entre quienes se destacaban conocidos abogados de funcionarios como Amado Boudou y Julio De Vido. El seguro de impunidad podría quedar vigente con el nuevo código procesal, que le conferirá amplias facultades para distribuir, asignar y reasignar las causas penales entre los fiscales a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, una militante kirchnerista de pura cepa. La norma le permitirá al oficialismo nombrar casi 1700 nuevos empleados en el Ministerio Público Fiscal que difícilmente no vayan a provenir de las filas de la fracción gobernante, además de 17 nuevos fiscales generales. Para más adelante, podría quedar el deseo de muchos dirigentes kirchneristas de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema con el fin de romper su equilibrio en favor de la fuerza política hoy gobernante. El oficialismo podría imponer en el Congreso una ley para modificar la cantidad de jueces del máximo tribunal –quedarán desde el próximo año cuatro, tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni–; sin embargo, no tendría garantizada la

mayoría de dos tercios requerida en el Senado para aprobar los nombres de los nuevos integrantes de la Corte, dado que la oposición se ha pronunciado mayoritariamente en contra de abordar esta cuestión antes de que asuma el próximo gobierno. Entretanto, el camino que ha creído encontrar el kirchnerismo para frenar cualquier embestida de algún magistrado contra funcionarios sospechados de hechos de corrupción o de malversación de fondos públicos es el escarnio público. Y, desde hace 48 horas, ha recurrido a una nueva metodología represiva: las sanciones pecuniarias desde el Consejo de la Magistratura, como ocurrió con el juez Claudio Bonadio, a quien se le aplicó un descuento del 30% en su sueldo, sugestivamente después de que comenzara a investigar a la familia Kirchner y a Lázaro Báez por sus negocios hoteleros. No es ni más ni menos que un intento de demostración de fuerza tendiente a que los jueces desistan de investigar hechos de corrupción vinculables al gobierno cristinista. Es probable que esta actitud del kirchnerismo termine siendo, además de una provocación innecesaria, un boomerang para los propios funcionarios K. Ayer, el ministro de Justicia, Julio Alak, fue sorpresivamente citado a prestar declaración indagatoria por el juez Marcelo Martínez de Giorgi ante supuestas irregularidades en Aerolíneas Argentinas cuando aquél era uno de los directores de la empresa aérea. Queda demostrado, una vez más, que el gobierno kirchnerista no sabe cómo proceder a la hora de enfrentarse con factores que no puede controlar, como el Poder Judicial. Mostró, en cambio, mayores reflejos al ceder frente a los planteos gremiales y anunciar que quedarían eximidos de pagar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo los salarios inferiores a 35 mil pesos. El Gobierno no pudo ignorar que 2014 es un año récord en términos de conflictividad social medida a través de bloqueos de vías públicas. En el mes último hubo, según la consultora Diagnóstico Político, 612 piquetes en todo el país, un aumento del 57% con respecto a noviembre de 2013.ß

Blaquier está acusado de ser complice de delitos de lesa humanidad, por el supuesto uso de camiones de su firma en detenciones ilegales

2 Decisión

Por esa acusación fue procesado y antes de fin de año la Cámara de Casación Penal debe decidir si confirma o revoca esa medida

Sobre el filo del fin de año la Cámara de Casación Penal resolverá si confirma o revoca el procesamiento del empresario Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, que fue acusado de ser cómplice en delitos de lesa humanidad porque supuestamente camionetas de su firma fueron usadas en un procedimiento realizado en la dictadura para detenciones ilegales. Pero en el caso no sólo está en tela de juicio si Blaquier se convierte en el primer civil acusado de ser cómplice penal de la dictadura, sino que además del fallo depende un asunto que atañe a la procuradora Alejadra Gils Carbó: la validez de las actuaciones realizadas por fiscales ad hoc que actuaron sin tener el cargo. En ese caso el fiscal ad hoc es Pablo Pellazzo, que había sido designado por Esteban Righi, pero que, además, fue abogado querellante en representación de las víctimas en el caso. El asunto será decidido por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi, que ayer tuvieron una audiencia maratónica de 9 horas con los defensores y los acusadores. Las querellas quisieron apartar a Riggi, pero el intento fue rechazado. Ahora el tribunal tiene un plazo de 20 días hábiles para decidir si arranca el juicio o se anula todo.ß