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“ALGUNAS CLAVES DE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN ESPAÑA”. FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE-LANZAROTE 26-28 SET./07

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LA PRENSA LOCAL EN LA DENUNCIA DE CASOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPAL Pachi Larrosa. Periodista. Jefe de Edición de ‘La Verdad’. Murcia

Un caso pionero El 7 de mayo de 1992, hace ya 15 años, la Audiencia Provincial de Burgos hizo pública la sentencia del llamado caso de la construcción de Burgos. Durante casi un año, la ciudad había asistido atónita y convulsa a un proceso sin precedentes. En el banquillo de los acusados se sentaba el carismático primer edil de la ciudad, José María Peña San Martín, único alcalde de la capital castellana durante la etapa democrática, miembro de Solución Independiente, un partido creado por él mismo. Junto a él, Antonio Miguel Méndez Pozo, un aparejador santanderino que en pocos años se había convertido en el constructor más importante de la ciudad, pasando por encima de las tradicionales empresas constructoras, en manos de los apellidos de “toda la vida”. Con ellos, políticos y concejales del mismo partido que el del alcalde. En definitiva, se sentaba en el banquillo de los acusados el Poder local.

La materia a sustanciar jurídicamente no era otra que la actuación de estas personas, desde sus respectivos cargos o responsabilidades, en la gestión del planeamiento urbanístico de la ciudad. El alcalde lo era desde abril de 1979, como con secuencia de las primeras elecciones tras la muerte de Franco. En noviembre, apenas siete meses mas tarde, encarga la realización del Plan General de Ordenación Urbana. Y ya tenemos todos los elementos: un alcalde carismático y populista, un partido político creado “ad hoc” para el asalto al poder municipal, un confuso, complejo y largo procedimiento de recalificaciones y un constructor “advenedizo” principal beneficiario.

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¿A qué les suena? ¿A Burgos o a Marbella?. Parece como si las diferencias fueran exclusivamente… climatológicas. Cambien a Peña por Gil, a Solución Independiente por el Gil y a Méndez Pozo por Juan Antonio Roca y ya tenemos la receta: el dibujo que durante estos años se ha venido calcando en tantos casos de corrupción urbanística en nuestro país. Este calco se repite también en el terreno de las consecuencias. El fallo de la Audiencia Provincial declaró también la nulidad de una buena parte de las licencias concedidas por el Ayuntamiento al constructor entre 1984 y 1988. De pronto, 20.000 vecinos que compraron pisos a las inmobiliarias de Méndez Pozo se sumergieron en la incertidumbre sobre la legalidad de sus propiedades.

El tribunal acabó condenado a penas de prisión exclusivamente al único no político. Antonio Miguel Méndez Pozo recibió una condena de siete años de cárcel por delito continuado de falsedad en documentos públicos y privados. El alcalde y sus concejales recibieron condenas de inhabilitación de distinta entidad, por delitos de prevaricación, revelación de secretos y denegación de auxilio a la Justicia. Concluyó asi el primer juicio por corrupción que ha acabado en sentencia condenatoria en la democracia.

Un proceso que se desarrolló en el marco general de una década –la de los 90– a partir de la cual la corrupción política empezó a percibirse en España como un grave problema. La sentencia de Burgos abrió una serie prolongada de escándalos que ocuparon las páginas de la prensa en esos años llevando nada menos que a un 85% de los ciudadanos (en 1992) a considerar que había bastante o mucha corrupción en el país (Datos de Demoscopia resumidos por Fernando Jiménez ). La última legislatura de Felipe González –en una posición de Gobierno ya débil– fué testigo de un aluvión de espectaculares casos de corrupción aireados en las páginas la prensa. Baste recordar aquí sumariamente casos como el de Juan Guerra, Mariano Rubio o el caso Roldán.

Un pequeño periódico Donde el tribunal de Burgos no entró –porque no podía hacerlo – fue en las relaciones políticas entre los distintos actores de este melodrama. De eso se encargó la prensa. Mejor dicho, alguna prensa. Y especialmente, Diario 16 Burgos, que quien les habla ayudó a fundar y, más tarde, llegó a dirigir. Comprobarán inmediatamente que voy ser totalmente transparente – sería una incoherencia absoluta no serlo en este contexto – . Diario 16 Burgos tuvo un papel fundamental

en la denuncia, investigación y 2

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seguimiento del caso de la Construcción. Seguramente nos equivocamos muchas veces, como los periodistas nos equivocamos cada día en el ejercicio de nuestra profesión. Pero desde los límites propios de un periódico pequeño, casi de trinchera, desde el director al último redactor, actuamos siempre convencidos de la importancia de nuestra tarea y de la veracidad de nuestras publicaciones. Los hechos – el juicio, la sentencia – así lo corroboran. Pero esa prometida transparencia me obliga a situar a este periódico en su contexto, lo que por otra parte ayuda a ilustrar la sustancia de esta intervención. Con la misma rotundidad he de decir que Diario 16 Burgos se creó con el preciso objetivo de sostener mediáticamente este proceso y de defender las tesis de las personas que lo pusieron en marcha.

El gran error de Antonio Miguel Méndez Pozo fue el de acaparar, el de no compartir. En muy poco tiempo, este “forastero” en una mediana ciudad de provincias pasó por encima de las familias tradicionales, lo que concitó las envidias, recelos y resentimientos del dinero “viejo” de la ciudad. Es la federación de Empresarios de la Construcción la que interpone la denuncia ante la fiscalía que pondrá en marcha todo el espectáculo. En esos momentos, la prensa local – la escrita, la que sigue siendo la más influyente entonces y ahora – estaba monopolizada por Diario de Burgos, un periódico centenario cercano a las posturas del alcalde y de Solución Independiente. De hecho, acabaría siendo comprado por Méndez Pozo. El constructor Juan Renedo, principal promotor de la denuncia y enemigo acérrimo de Méndez, se da cuenta de que necesita amigos en la prensa local. Y como no los tiene, los crea. En esos momentos, Diario 16 se encontraba en plena expansión territorial, creando periódicos locales subsidiarios. La receta era sencilla: el periódico nacional aportaba el Know how, y todos sus recursos para la información general e inversores locales aportaban la financiación para la creación de la redacción local. Y así se hizo en este caso.

Con la misma sinceridad debo decirles que Juan Renedo nunca impuso una línea. Es verdad que lo intentó y que se puso muy pesado en muchas ocasiones. Pero también lo es que tanto el primer director del periódico (Arsenio Escolar, hoy director del exitoso gratuito 20 minutos) como yo no tuvimos ningún problema en negarnos cuando así lo consideramos oportuno. Lo curioso del caso es que generalmente una redacción ve atemperada su fogosidad periodística por la inveterada prudencia de los directores generales, de la empresa editora; en este caso ocurrió todo lo contrario: éramos los 3

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periodistas los que poníamos el freno del rigor y la comprobación a las ansias editoras de la propiedad. Todo un lujo que no he vuelto a vivir.

Naturalmente, la primera conclusión acude veloz a nuestras cabezas: Diario 16 Burgos fue una herramienta, el instrumento de unos determinados intereses. Pues claro. Como todos los medios, en mayor o menor medida.

Más corrupción, más escándalos Otros ponentes más cualificados que yo han desgranado, o lo harán, las causas profundas del fenómeno de la corrupción en España. Desde las históricas, que nos retrotraen a la figura del cacique, a las sociales – la cultura del pelotazo y el clientelismo– pasando por las políticas y legislativas – leyes del suelo, financiación de los partidos, financiación de las administraciones locales– hasta las judiciales – una Justicia lenta e ineficaz. Cabe, en este sentido, plantarse dos preguntas básicas: Una: ¿Qué ocurre en España que la haga diferente a otros países Europeos?, que seguro será contestada con mayor competencia por mis compañeros. Y dos: ¿Por qué parece haber más corrupción en los últimos años?, que nos atreveremos a contestarla aquí.

Hay más corrupción porque el crecimiento económico de este país se ha disparado y la propia dinámica económica, si no está debidamente regulada, si no está sometida a procedimientos claros de rendición de cuentas, favorece la corrupción al incrementar las posibilidades de enriquecimiento fácil.

Hay más corrupción porque ese despegue económico se ha basado, fundamentalmente, en sectores como la construcción y el turismo, sectores cuya gestión está más al alcance que otros de unas administraciones locales ávidas de financiación, con estructuras poco competentes y políticos de aluvión y de ética nebulosa

Hay más corrupción porque los sucesivos actos legislativos no sólo no han contribuido a poner freno a las prácticas corruptas, sino que las han favorecido, reforzando y extendiendo la figura de suelo urbanizable.

Y parece que hay más corrupción porque se está incrementando notablemente el número de casos que llegan a los medios de comunicación y, por tanto, a conocimiento público. 4

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De esta manera, el panorama que refleja el espejo de los medios es desolador, y dibuja una realidad muy poco edificante y, en cierto modo, alarmante. Sin embargo, este reflejo mediático tiene también componentes ejemplarizantes –el alcohol sobre las heridas escuece, pero cura – y disuasorios – nada más contraindicado para un corrupto que la exposición pública.

De todo lo anterior se deriva una última pregunta: ¿Cuáles son las razones de ese incremento de casos de corrupción que terminan aflorando a la luz pública a través de los medios?.

La crispación En primer lugar, el clima político. En todo fenómeno de corrupción hay beneficiados y perjudicados, ganadores y perdedores, amigos y enemigos, envidiosos, resentidos y aprovechados. Además, todo fenómeno de corrupción es en sí mismo un instrumento político, que puede ser enarbolado por el contrincante si se dan las condiciones necesarias para ello. Y una de esas condiciones, el caldo de cultivo ideal para que los casos de corrupción sean utilizados como arma política a través de los medios de comunicación, es el de un clima político de crispación, como el que estamos viviendo en este país desde hace unos años.

Todos los grandes casos de corrupción se descubren porque tarde o temprano aparece un “garganta profunda” que decide hablar. Suele ser una persona implicada en la trama y que por lo tanto, la conoce bien, que se ha visto traicionada o despechada por alguno o el resto de los componentes de la trama. Puede ser también un actor secundario no implicado en la trama pero que por sus responsabilidades ha llegado siquiera a atisbarla: un funcionario municipal, un técnico, que le echa los arrestos suficientes como para poner a un medio sobre la pista. O puede ser un rival político que pretende erosionar al contrario.

Es muy difícil y exige una gran cantidad de recursos descubrir algo que se quiere ocultar. La Prensa, los periodistas, están impotentes en la mayoría de los casos. El hilo del que tiran aparece cuando el eslabón más débil de la cadena corrupta, o comete un error, o se siente traicionado, o se instala en él el miedo. Evidentemente, es necesario

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que el periodista esté ahí para tirar de esa punta. De su profesionalidad, competencia y suerte dependerá que llegue o no al ovillo.

La crispación política, por tanto, genera un ambiente propicio a las ansias de venganza, de denuncia, de pelea tabernaria que, a su vez favorece la aparición en la prensa de escándalos político urbanísticos. De la misma manera, la proximidad de un proceso electoral provoca generalmente una eclosión de escándalos de corrupción en los medios de comunicación. Los partidos buscan utilizar a la prensa como instrumentos de sus intereses, en su estrategia de desgaste del adversario. En estas épocas (¿y cuándo no estamos en elecciones?) es cuando proliferan los “gargantas profundas”, o de manera mucho más abierta, cuando se incrementa la actividad de los portavoces de los partidos, que hacen llegar a las redacciones supuestas corruptelas del adversario. Naturalmente, la prensa, el periodista, debe estar muy alerta ante el aluvión de “fuentes desinteresadas” que en estas épocas vierten sobre él sus denuncias.

Por otra parte, es curioso comprobar, acudiendo a las hemerotecas, que el radical incremento de casos de corrupción que se convierten en escándalos públicos por su aparición en la prensa se corresponde con periodos en los que existe un gobierno débil, obligado a alianzas parlamentarias para ejercer el poder. Así ocurrió en la última legislatura de Felipe González, entre 1993 y 1996; no con tanta intensidad en la primera de José María Aznar –1996-2000– y en esta primera de Zapatero, desde el 2004. Por el contrario, durante las dos primeras legislaturas con gobiernos de González con mayoría absoluta –1986 y 1989, y durante la segunda de Aznar, también con mayoría absoluta, – 2000– el número de casos de corrupción que alcanzaron las páginas de los periódicos fue sensiblemente inferior. La debilidad del gobernante parece animar al que aspira a serlo a enarbolar los casos de corrupción como ariete utilizando los medios de comunicación. Naturalmente, estas estrategias y la correspondiente defensa contra ellas crean una espiral de crispación. Bien es cierto que el tipo de escándalos relacionados con la corrupción en la década de los 90 son de muy diferentes características a los que estamos viviendo hoy: de los casos de Juan Guerra, Roldán,

Filesa o los fondos

reservados a los casos Malaya, Paco el Pocero o Andratx hay, efectivamente mucha distancia. Probablemente la misma que haya entre una democracia joven e inexperta, recién salida de décadas de dictadura, a una sociedad rica, desarrollada y en plena

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expansión económica. En estos 20 años, la administración local ha tomado el relevo a la administración central como ámbito o contexto de la corrupción.

La prensa local: un mundo de paradojas Y veo una segunda razón de ese incremento de casos de corrupción que terminan aflorando a la luz pública a través de los medios. La creciente importancia, la potencia y la pertinencia de la prensa local española frente a estos temas. Uno de los factores clave que opera en los fenómenos de corrupción urbanística es el de la cercanía entre la administración con capacidad decisoria sobre la gestión del suelo –y por tanto de generación de inmensas plusvalías – y los intereses económicos que intervienen en estos fenómenos. En la mayoría de los casos, hay una estrecha relación personal entre los agentes necesarios. Este factor que favorece la corrupción, la cercanía, afecta también, y mucho, aunque de manera heterogénea, a la capacidad de la prensa local para “levantar” y sostener un determinado caso de corrupción.

Como veremos más adelante, la cercanía de los medios de comunicación local con el objeto de su trabajo, con los intereses y preocupaciones de sus lectores, es una de sus fortalezas frente a la prensa nacional. Pero esa cercanía supone también un grave riesgo. En muchas ocasiones los medios de comunicación local pueden verse implicados de una u otra manera en los fenómenos de corrupción, sirviendo a unos u otros intereses; los propietarios de los medios son agentes económicos y a veces también políticos de esa sociedad local trufada de relaciones de todo tipo; los periodistas y los protagonistas de la información se conocen personalmente en muchos casos, y desde largo tiempo atrás; todos, en fin, conocemos la sutil y no tan sutil presión que las relaciones personales ejercen en una sociedad local, a la que los medios, lógicamente no sólo no son ajenos, sino que se convierten en periodos convulsos, en diana principal. En casos determinados, son los propios medios las herramientas que utilizan los corruptos para garantizar su impunidad, bien manipulándolos, bien comprándolos, bien creando otros a su conveniencia.

Pero casos extremos aparte, poco relevantes en el panorama de la prensa local en España, considero que es la prensa local, y más específicamente los periódicos locales y regionales, los medios que más importancia han adquirido en la denuncia y revelación de los escándalos de corrupción, y que la relevancia, independencia económica y 7

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potencia de recursos que han adquirido en los últimos años, son algunos de los factores que han favorecido el incremento de la difusión de esos temas.

La prensa nacional recoge en sus páginas los episodios especulativos de manera puntual, provocando en ese momento, una gran repercusión. Pero el seguimiento diario, el control de cada paso, el efecto “dedo en el ojo” de especuladores, políticos cómplices o partidos de moral urbanística distraída están en las páginas de los periódicos locales y regionales. La operación Malaya saltó a las páginas de toda la prensa, incluida la nacional, cuando estalló, y sigue volviendo a ellas cuando se produce algún hito judicial o policial espectacular. Pero son los periódicos de Málaga y Murcia, los territorios específicamente implicados, los que hacen un seguimiento pormenorizado y diario, los que buscan cada reacción de políticos y agentes sociales, los que mantienen la presión sobre los corruptos y encendida la llama de la denuncia. El espacio informativo, el número de páginas dedicadas por estos periódicos a estos casos de corrupción, es abrumadoramente mayor que el dedicado por la prensa nacional. Las informaciones que han aparecido de la operación Malaya, de Paco el Pocero o del caso Andrax en las páginas de El País o El Mundo conmueven a la opinión pública, espolean a los investigadores y provocan el debate entre los partidos políticos en Madrid. Las informaciones que aparecen como una gota malaya en los periódicos de Murcia, Málaga o Mallorca son las que ejercen la presión directa sobre los corruptos y sus cómplices y obligan a las instituciones a mantener firme el pulso fiscalizador.

Pero hay, en mi opinión, otro factor que está situando a la prensa local y regional en una posición de ventaja frente a la nacional en la percepción de los lectores ante los casos de corrupción publicados: la credibilidad. El clima de crispación política al que antes he aludido tiene su correlato en la prensa, específicamente en la nacional, en la de Madrid. Los medios nacionales se han ideologizado, politizado. Han adquirido una marca que define sus aristas con precisión y que, lógicamente, también les limita. La polarización de la política española se ha trasladado a los medios y resulta ya muy difícil leer cualquier información sensible en un medio nacional (o escucharla) sin tener que hacer una remisión mental a su contexto político. De esta manera, las informaciones sobre corrupción serán percibidas en muchos casos como herramientas del medio al servicio de una opción política e ideológica.

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Y es una percepción en ocasiones muy poco alejada de la realidad. Todos sabemos cómo funciona el sistema. Una simple denuncia política sin apenas fundamento, impresa a cuatro columnas y con una buena llamada en primera es una bola de nieve puesta en movimiento que se autoalimenta. Ese recorte pasa a formar parte de los dosieres que documentan el debate político, que a su vez, provocan nuevos titulares, en un bucle sin fin que acaba conformando el escándalo pertinente. La figura del político enarbolando desde su escaño la fotocopia de la página de un periódico que sus propios correligionarios provocaron el día anterior es una figura ya recurrente. Es el mismo sistema que algunos medios adscritos a la famosa teoría de la conspiración han utilizado ad nauseam en el desarrollo del juicio del 11-M. Por ejemplo.

La prensa local, sin embargo, más alejada de las tensiones del foro, ha sabido mantenerse en un terreno más neutro (que no neutral) del que se ha beneficiado su difusión y su venta.

Concentración de medios Sentado esto, hay que señalar, además, que la corrupción urbanística es un contenido periodístico potente, atractivo, muy cercano, como vimos antes – en muchos casos los protagonistas son personas muy conocidas en la sociedad local – y en consecuencia, muy seguido por los lectores. Generalmente son contenidos que acaban en la primera página y ocupando cuatro y hasta cinco columnas. Son temas que arrastran el morbo de ver a los poderosos en dificultades y potentes generadores de debate y participación de los lectores a través de cartas, artículos, foros en las ediciones digitales, encuestas…, formatos todos ellos muy queridos por los editores por su capacidad de incrementar difusión y venta.

Naturalmente son también temas que obligan a un trabajo exhaustivo de comprobación y contraste de fuentes, que exigen un especial rigor por parte del periodista y que precisan de una notable asignación de recursos por parte de la redacción. Pero es que también son temas que crean problemas a la propiedad de los medios, que ponen a prueba su independencia, su capacidad para resistir presiones e incluso, su disposición a sufrir mermas en sus cuentas de resultados como consecuencia de la retirada de anunciantes o publicidad vinculada a los protagonistas de la información. Y aquí se produce una interesante paradoja: sólo la solidez económica de una empresa periodística 9

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garantiza su independencia. Pero la solidez económica se logra por la cesión de independencia que supone someterse al mercado, es decir, a los dictados de la publicidad, a las relaciones políticas e institucionales y a la propia posición del medio en la sociedad. El difícil equilibrio entre la información libre e independiente y la cuenta de resultados tiene pues su correlato en el delicado equilibrio entre la empresa y la redacción. La evolución de la prensa local y regional española en las últimas décadas ha venido a resolver en parte esta paradoja .

Siempre se ha considerado a la prensa denominada despectivamente “de provincias” como la hermana pobre de la gran prensa de Madrid. Craso error. La realidad es que la prensa local y regional española se ha convertido en las últimas décadas en la locomotora del sector. A partir de los años 80 se ha venido produciendo en nuestro país un proceso de concentración de medios locales y regionales en torno a grupos que manteniendo la independencia de criterios informativos y de gestión, reunieron a periódicos locales y regionales en torno a holdings de prensa con unos principios editoriales convenientemente generalistas y una estructura de propiedad mixta, que desplazaron los centros de decisión financiera y económica fuera del ámbito estrictamente local. Este proceso ha favorecido el nivel de independencia de estos medios, al menos frente a fenómenos de corrupción urbanística –que surgen en el ámbito municipal – al arrancarlos de la propiedad exclusiva de los agentes locales. La concentración de la prensa local y regional en grandes y poderosos grupos de comunicación ha desplazado el “centro”, la cúpula decisoria, que no interviene salvo en casos extremos en los que los ecos del escándalo acaben llegando a instancias económico políticas de ámbito nacional “sensibles” para esa cúpula.

El empresario Aragonés Javier Moll fue el precursor de esta tendencia a la concentración de la prensa local y regional española. Y lo fue en estas islas. A principios de los 80 adquirió los periódicos grancanarios La Provincia y Diario de Las Palmas . La disolución de la prensa del Movimiento en 1984 le presentó la oportunidad de comprar La Nueva España de Oviedo, Levante de Valencia e Información, de Alicante. La incorporación de nuevos medios, no sólo de prensa escrita, configuró el Grupo Moll como uno de los más importantes de a prensa española..

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Pero el grupo más importante de prensa local y regional de nuestro país nació en Bilbao. Las familias Ybarra, Echevarría y Bergareche partieron de El Correo Español-El pueblo Vasco y El Diario vasco para configurar el mayor grupo de prensa regional y local de España. Ese germen se ha convertido hoy en el grupo Vocento, propietario de 14 periódicos regionales todos líderes en sus ámbitos de difusión, otros tantos periódicos digitales, el diario ABC, la cadena PuntoRadio, una participación en tele 5, una cadena de televisiones locales, una decena de portales en Internet y participaciones en varias productoras de contenidos multimedia. El pasado mes de julio, Vocento entró de lleno en el mercado de la prensa gratuita con la compra del periódico ‘Qué’.

Edicionalización La pertinencia de tal modelo se vio refrendada con la deriva localista de los grandes periódicos nacionales. Todos ellos percibieron la importancia de la localización – un responsable de marketing diría segmentación – de la información. En ese intento de acercar los medios al ámbito de los lectores, que no puede ser otro que el local, el desaparecido Diario 16 abrió brecha, llegando a contar con trece cabeceras distintas. El grupo Zeta, el Mundo, el Pais más tímidamente han ensayado operaciones similares. Este fenómeno, que algunos expertos denominan “edicionalización” fue posible gracias a la aparición de las nuevas tecnologías de la información, y se hizo necesario cuando los grandes mastodontes de la prensa nacional comprendieron el valor de la cercanía, antes descrito. Hoy, cualquier periodista que trabaje en un medio local sabe que su competencia no sólo es otro medio local, sino las ediciones locales de periódicos nacionales.

Pero al margen de este modelo –el de la descentralización y localización de medios nacionales– la estructura de propiedad dominante de los medios locales y regionales en España ha sido el de la concentración en pocos grupos de gran potencia económica. Decíamos que, en una aparente paradoja, esta concentración ha favorecido ciertos niveles de independencia al alejar los centros de decisión del ámbito territorial donde se producen los casos de corrupción. De hecho, los intentos de los corruptos de hacerse con la propiedad de medios de comunicación locales que sirvieran a sus espúreos intereses sólo ha funcionado en general, en aquellas zonas donde no existían periódicos dependientes de estos grupos, que además, suelen ser los líderes destacados en su

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mercado. Más accesibles a estas maniobras han sido las televisiones locales, ya sean éstas de carácter privado, ya de titularidad municipal y/o autonómica. El constructor condenado en el Caso de la Construcción de Burgos acabó comprando el diario de Burgos… hasta entonces un negocio familiar no perteneciente a ningún grupo de prensa. Jesús Gil creó periódicos y televisiones locales, pero en ningún caso pudo acceder a Sur, de Malága, perteneciente al Grupo Vocento. Han sido los periódicos “isla”, en lo que a su estructura de propiedad se refiere, las únicas piezas de prensa local que los corruptos se han podido cobrar.

La salud de la prensa local Los datos avalan esta fortaleza de la prensa local y regional española frente a la nacional. En primer lugar, la penetración en el mercado de la prensa diaria se ha mantenido e incluso, aumentado, a pesar de la caída de la difusión y la venta de los periódicos nacionales de pago, como consecuencia de fenómenos como el de Internet. Y esto ha sido así debido a dos factores: el mantenimiento de las posiciones de la prensa local y regional, con pérdidas leves en su conjunto, y sobre todo a la aparición en los últimos años de la prensa gratuita, que se ha surtido en parte de lectores procedentes de la prensa tradicional (pocos), de lectores que compatibilizan ambos modelos, y sobre todo, de nuevos lectores. Es decir, el conjunto de la prensa escrita no ha perdido lectores, aunque tampoco los ha ganado, ni siquiera con el crecimiento vegetativo de la población. (Que, por cierto, es responsabilidad fundamentalmente de la inmigración, que no compra periódicos). Lo que ha ocurrido es que ha cambiado la manera de leer periódicos.

Pero si analizamos exclusivamente la prensa diaria de información general de pago (sin gratuitos, sin deportivos), vemos efectivamente una constante pérdida de difusión, según los datos del Estudio general de Medios (EGM). Así, por ejemplo, entre octubre del 2004 y marzo del 2007, los seis primeros periódicos de ámbito nacional perdieron un 5% de su difusión conjunta. Esta pérdida en el mismo periodo de los seis primeros periódicos locales y regionales fue del 3%; dos puntos menos.

Los datos de venta de periódicos registrados por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) ratifican esta tendencia. Entre enero del 2005 y diciembre del 2006, los

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primeros periódicos nacionales perdieron el 3,1% de sus ventas. En el caso de los primeros periodos locales y regionales fue del 1,9%.

Y por fin, los datos de inversión publicitaria: todo un termómetro de la salud del sector. Según datos de Infoadex, la empresa que realiza el control y análisis de la publicidad en España, en el año 2005 el 63,5% de la inversión publicitaria en diarios perteneció a la prensa local y regional, frente al 30,8, –menos de la mitad– que fue para los diarios nacionales y el 5,7% para los gratuitos. Queda patente, pues, dónde está la salud del sector.

La conocida máxima “piensa en global, actúa en local” adquiere aquí todo su sentido. De la universalidad de Internet a la localización y la cercanía de la prensa local, de pago o gratuita. En medio, los periódicos tradicionales de difusión nacional que como viejos dinosaurios ven languidecer poco a poco si no sus cuentas de resultados, sí sus cifras de lectores. De ahí los intentos de acercarse al lector a través de la localización, la fragmentación cada vez más atomizada de ediciones y subediciones, de abrir páginas y webs a la participación, a través de secciones, blogs, foros… de vender el caramelo de la interactividad y de convertir a cada lector en un “yo, periodista”. Tendencias todas ellas para las que está mejor preparada una prensa local fuerte,

tendencias que

consolidan su posición ante la prensa nacional y que le proporcionan los instrumentos necesarios para llegar al lector con más eficacia…. también respecto de los casos de corrupción.

Que quince años no es nada… Hace 15 años, el caso de la construcción de Burgos se sustanció en una sentencia judicial entre otras cosas gracias a la existencia de un periódico local –diario 16 Burgos– que –de forma interesada o no– sostuvo el asunto en sus páginas, presionó para que se realizaran investigaciones, recogió las confidencias de fuentes de todo tipo y mantuvo la condición de escándalo de un procedimiento judicial que de otra manera habría pasado inadvertido.

–Por cierto, recomiendo vivamente la lectura del texto

“Posibilidades y límites del escándalo político como una forma de control social”, del que es autor nuestro director de curso, Fernando Jiménez– Estamos hablando de un periódico local pequeño, que nunca llegó vender más de tres mil ejemplares y con una exigua plantilla de diez redactores. Los actuales periódicos locales y regionales 13

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pertenecientes a los distintos grupos son, pese a lo que se cree, fuertes estructuras periodísticas, con plantillas de suficiente entidad como para poder liberar a uno o dos redactores de la productividad diaria y destinarlos a una investigación. Y no hace falta más. Un par de periodistas con experiencia dedicados “full time” a esa labor pueden hacer mucho.

Desde entonces a hoy han ocurrido muchas cosas: una nefasta legislación del suelo, un boom inmobiliario, un encanallamiento de las relaciones políticas y una curiosa relativización moral de los ciudadanos ante los fenómenos de corrupción. En los medios, lo que ha ocurrido es la gran revolución de la red: la aparición de periódicos digitales, y de los diarios personales o blogs (habrá que recordar a los jóvenes que había vida antes de Internet, que hace diez años no existía Google y sin embargo habíamos sobrevivido) ; la localización o edicionalización de los grandes periódicos nacionales y el reforzamiento de las posiciones de la prensa local.

Pero entre el “caso de la construcción de Burgos” y el “caso Malaya” se han mantenido incólumes las actitudes, los esquemas de comportamiento de los corruptos cuando salta el escándalo: la explicación de lo publicado como una campaña de los adversarios políticos; la acusación al medio que lo publica de estar al servicios de esos adversarios; la apelación a la presunción de inocencia, sacando esta figura de su contexto jurídico, pretendiendo que se aplique a las informaciones periodísticas y poniéndola como excusa para no dimitir de cargos institucionales; la apelación al “veredicto de las urnas” como patente de corso, como vana coraza de inmunidad e impunidad… comportamientos reveladores todos del nivel moral de quien los sostiene y de su respecto hacia las normas del estado de derecho.

Y desde luego comportamientos que siguen una línea que va del populismo, pasando por la demagogia y llegando a actitudes mafiosas: presión económica sobre los medios que no publican lo “adecuado”,

retirada a estos de la publicidad institucional,

utilización de medios públicos para contrarrestar las publicaciones sobre corrupción, difamación y descalificación de los periodistas encargados del caso y, desde luego, amenazas e incluso agresiones a estos medios y periodistas a través de personas, grupos o asociaciones de “hooligans” del corrupto. Sé lo que me digo. El alcalde de Burgos llegó a amenazarme de muerte delante de trescientas personas en un acto público, lo que 14

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le costó una demanda que perdió. Durante el tiempo que duró el caso, recibimos anónimos por carta y teléfono, envío de paquetes con excrementos, algún gato muerto en el parabrisas del coche de uno de nuestros fotógrafos, abucheos e imprecaciones en actos públicos… en definitiva, toda una estrategia de la intimidación. Esquemas de comportamiento todos estos, que definen al corrupto.

“La corrupción raras veces comienza por el pueblo”, dijo Montesquieu. Pero todos sabemos que en muchos casos, el pueblo se hace cómplice con su silencio e, incluso, con su voto. Los medios de comunicación, la prensa y más específicamente la prensa más cercana, más pegada al terreno, la prensa local y regional tiene aquí un papel primordial: evitar que se cumpla aquella otra máxima de Paul Valery: “Política es el arte de evitar que la gente se preocupe de lo que le atañe”.

Muchas gracias Lanzarote, 27 de septiembre de 2007

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