Narcotráfico en Colombia Economía y Violencia

Gustavo Duncan Ricardo Vargas Ricardo Rocha Andrés López

© Fundación Seguridad y Democracia www.seguridadydemocracia.org [email protected] PBX: 57-1-3465199 Cra. 9 # 74-08 Of. 801 Bogotá - Colombia ISBN: 958-33-8291-4 Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo por OSI (Open Society Institute) Development Foundation. Diagramación e Impresión: Editorial Kimpres Ltda. Calle 19 Sur No. 69C-17 PBX: 413 6884 • Fax: 290 7539 [email protected] Bogotá, D.C., Octubre de 2005

Contenido Prólogo .................................................................................

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Narcotraficantes, mafiosos y guerreros. Historia de una subordinación ....................................................................... Por Gustavo Duncan

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Cultivos ilícitos en Colombia: elementos para un balance Por Ricardo Vargas M.

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Sobre las magnitudes del narcotráfico ................................ 145 Por Ricardo Rocha García

Conflicto interno y narcotráfico entre 1970 y 2005 ............ 183 Por Andrés López Restrepo

NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA - Economía y Violencia

Prólogo La producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas continúan siendo uno de los principales problemas del mundo actual. Desde su detección y reconocimiento hace varias décadas por parte de la comunidad de naciones, y a pesar de la voluntad política de luchar frontalmente por su erradicación, el mercado de estas ha aumentado, sus mecanismos de producción son más eficientes y sus conexiones con diferentes formas de actividades criminales, entre ellas el terrorismo, se hacen cada vez más fuertes. Por otra parte, este flagelo cuenta con una característica muy singular pues parece mutar constantemente, lo cual le permite sobrevivir y salir fortalecido de las diferentes estrategias que contra el se aplican. Según el informe de la Oficina de Lucha contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas de 2005, el mercado mundial de drogas ilícitas tiene un valor aproximado de 322 billones de dólares, lo cual representa el producto interno bruto del 88% de las naciones existentes, y es cuatro veces mayor que el total de las exportaciones de productos agrícolas de América Latina. En términos de oferta, el marcado mundial de las drogas ilícitas tiene un valor similar al del total de las exportaciones mundiales de cereales y carne. El mercado mundial de cocaína tiene un valor aproximado de 71 billones de dólares. Los mayores productores son Colombia, que da parte de mas o menos el 50%, Perú del 32% y Bolivia del 15%. De estos tres países, Colombia es el mayor productor de hoja de coca y el mayor productor de clorhidrato de cocaína desde 1997. 7

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De las más de 680 toneladas de pasta de coca que potencialmente producen estas tres naciones, Colombia aporta más de 390. En el mundo hay 13 millones de consumidores de cocaína, de los cuales 6 millones están en Estados Unidos. Según Naciones Unidas –Reporte Mundial de Drogas 2004–, en 42 países se ha incrementado el consumo, mientras en solo 13 ha disminuido. Eso indica que, al menos desde el punto de vista geográfico, el consumo se está expandiendo. Si bien en Estados Unidos y en Canadá el consumo se ha estabilizado, en el resto de países de América –donde hay 2.5 millones de consumidores– 14 países aumentaron el consumo, en otros 8 se estabilizó y solo 2 reportaron reducción. En Europa hay 3.3 millones de consumidores, casi la cuarta parte del total mundial. El consumo está aumentando en España, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Suiza y Austria, al igual que en los países balcánicos. También aumentó en el sur y en el este de Asia. Según el mismo reporte, la producción alcanza las 800 toneladas métricas, de las cuales se incautaron 363, o sea, el 45%. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos –Reporte de la Estrategia Internacional Sobre el Control de Drogas INCSR 2005– en Colombia se cultiva el 70% de la coca y se procesa el 90% de la cocaína, pero solo se incauta el 30%; en Estados Unidos se realiza el 28% de las incautaciones, algo más de la mitad del porcentaje de su consumo, y en Europa el 13%, algo menos de la mitad de su consumo. Según WOLA –Drogas y Democracia en Latinoamérica: El Impacto de las Políticas Estadounidenses–, citando fuentes gubernamentales de Estados Unidos, la coca cultivada en la región andina se redujo de 223 mil hectáreas en 2001 a 173 mil en 2003, pero esto es apenas un 5% menos que las hectáreas se hallaban sembradas en 1999, lo que indicaría una tendencia hacia la estabilización de la producción en el largo plazo. 8

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Para Naciones Unidas, Colombia tendría 86 mil hectáreas sembradas de coca que producirían 440 toneladas de cocaína por un valor de 350 millones de dólares. Esto quiere decir que aproximadamente cada 200 hectáreas de coca producen una tonelada de cocaína al año que vale 1.2 millones de dólares. Según ese organismo en su informe de 2004, la producción ha descendido en un 16%, pero el precio del gramo al por mayor solo pasó de 22 a 24 dólares entre 2001 –año pico de la producción– y 2002. Habría entonces una tendencia de largo plazo a una variación muy marginal de precios. Es paradójico que precisamente después de la consolidación de la figura de la extradición y del desmantelamiento de los principales carteles de la droga de Medellín y Cali a principios de los 90, es cuando Colombia pasa a ocupar el primer puesto en producción de hoja, pasta y clorhidrato de cocaína. Y es paradójico que esta posición se sostenga después de seis años de recibir el mayor volumen de cooperación extranjera en materia de lucha contra las drogas a través del Plan Colombia. ¿Que ha permitido que a pesar de la ofensiva contra el narcotráfico que se declaró en las Américas desde finales de la década de los años 80, en especial en Colombia, este mercado ilícito no solamente haya crecido, sino que haya posicionado a este país como el principal productor a nivel mundial? Hoy en día, el escenario del mercado de las drogas ilícitas en la región, y muy especialmente en Colombia, es radicalmente diferente al de hace 10 años. Los grupos alzados en armas al margen de la ley, paramilitares y guerrillas, controlan casi la totalidad del negocio en este país y los tradicionales carteles de la mafia narcotraficante quedaron englobados de diferentes maneras dentro de la dinámica del conflicto. Mientras que los grupos paramilitares tienen mayor influencia en aspectos relacionados con el procesamiento, la exportación, y lavado de dinero, la guerrilla parece tener mayor incidencia en los aspectos relacionados con el cultivo y producción de pasta de coca. Ambos se 9

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disputan el control territorial de diferentes zonas del país, y a nivel político han logrado importantes niveles de influencia sobre las instituciones del Estado en algunas de las regiones donde están presentes. En materia económica, el escenario también a cambiado sustancialmente. Mientras que a finales de los 80 y principios de los 90 los dividendos de esta actividad se reinvertían en actividades ilícitas como el contrabando o en la compra de bienes suntuarios que no generaban movimiento económico alguno, hoy en día la prioridad es buscar la inserción de estos dividendos dentro de actividades económicas lícitas. En materia de lucha contra las drogas el escenario ha cambiado también radicalmente. La política de lucha contra las drogas de finales de los 80 y principios de los 90 se centraba en la interdicción y el desmantelamiento de las estructuras criminales. Fue así como se implementó la extradición, se conformaron los «bloques de búsqueda» y se modernizó el aparato judicial para poder judicializar de los responsables de estas actividades. Esta política resultó en el desmantelamiento de los carteles que controlaban el negocio en ese entonces, pero generó evoluciones insospechadas. Si bien esta política logró golpear duramente la actividad del narcotráfico en especial en sus componentes urbanos, lo rural quedó desatendido favoreciendo el surgimiento de nuevas formas delincuenciales como la de grupos paramilitares conformados por antiguos lugartenientes de los carteles desmantelados. Por otra parte, la guerrilla también aprovechó esos vacíos de poder dejados por los anteriores carteles, consolidando su dominio sobre importantes zonas de producción cocalera. A todo esto contribuyó significativamente el proceso político que vivió el país durante esa década en materia de fortalecimiento de las instituciones locales, el cual, paradójicamente lo que hizo fue favorecer el que estas nuevas estructuras criminales permearan e infiltraran estas estructuras estatales locales. Teniendo en cuenta los resultados de la experiencia anterior, a finales de los 90, se implementó una política de lucha contra el narcotráfico 10

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basada en la eliminación de cultivos y la producción a través del Plan Colombia. Por estar estas actividades hoy en día en manos de grupos alzados en armas al margen de la Ley, dicha política ha buscado combinar la lucha contrainsurgente con la lucha contra el narcotráfico, de ahí que el componente más importante de esta sea el militar. Sin embargo, y de manera inversa a lo ocurrido a principios de los 90, esta ha descuidado el componente urbano, y los aspectos relativos a la judicialización de las demás actividades mafiosas en general. A lo anterior habría que sumarle los efectos que sobre todo esto están teniendo los diálogos de paz y los procesos de desmovilización que el Gobierno Nacional adelanta con diferentes grupos paramilitares involucrados directamente con actividades de narcotráfico, los cuales paradójicamente, han desembocado en que el narcotráfico haya logrado hoy en día en Colombia un importante nivel de reconocimiento como actor político, lo cual sus antecesores de las décadas de los 70 y 80 nunca pudieron alcanzar. Según las autoridades colombianas, en el año 2004 se fumigaron cerca de 130 mil hectáreas de coca, y según Naciones Unidas ese año las hectáreas sembradas disminuyeron en 6 mil. Esto significa que para erradicar una hectárea se requiere fumigar 22, y que para erradicar las 80 mil (?) supuestamente existentes se deberían fumigar un millón 700 mil hectáreas. A todas luces esto es algo irracional, al menos en términos de eficiencia operacional y técnica, para no hablar de aspectos políticos, sociales y ambientales. Esto es así porque cada vez se torna más difícil erradicar la coca por medio de la fumigación. En los inicios del Plan Colombia había concentraciones de extensos cultivos de coca en zonas planas de departamentos como Putumayo. En esas condiciones la eficiencia de la fumigación allí fue muy alta. Pero los cultivos de coca han migrado hacia áreas cada vez más distantes, a zonas montañosas, y la mayoría son cultivos pequeños, muy dispersos y que se confunden con los cultivos lícitos de pan coger de familias campesinas. Todo esto atenta contra la eficacia de las 11

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fumigaciones y las hace muy costosas: económicamente, porque cada vez hay que fumigar más lejos; socialmente, porque buena parte de los cultivos son de familias campesinas y la fumigación afecta su ingreso y su alimento; políticamente, porque sigue echando en brazos de la guerrilla y de los paramilitares a la población campesina, poniéndola en contra del Estado. Por todas estas razones, es conveniente buscar salidas alternativas a la erradicación de la coca, aún cuando sigo creyendo que en el eslabón más débil de la cadena, que es la salida de la droga desde las áreas de producción hacia los centros de consumo final, todavía hay mucho por hacer en interdicción, con más eficacia y menos costos políticos y sociales, porque los afectados con las incautaciones y los derribamientos de avionetas de transporte, aparte de los pilotos de la mafia, serán los grandes narcotraficantes. A pesar de todos los grandes esfuerzos realizados por el Estado y por la sociedad colombiana durante cerca de dos décadas, con una importante ayuda reciente de algunos países entre los que se destaca Estados Unidos, lo cierto es que el problema del narcotráfico no parece haberse controlado en lo sustancial. La oferta de droga no ha disminuido, el narcotráfico sigue alimentando la guerra interna y generando corrupción y crimen, pero al mismo tiempo los cultivos ilícitos son de fuente de sustento de significativos grupos de población campesina. Para contribuir al debate público sobre la eficacia de su tratamiento, la Fundación Seguridad y Democracia ha considerado oportuno hacer un detallado análisis de la situación, dinámica y comportamiento del narcotráfico en Colombia en la actualidad. La intención de este libro de ensayos es examinar en detalle la evolución de los actores involucrados de este negocio ilícito, analizar cómo son sus relaciones con los actores políticos y sociales del país, y revisar los indicadores económicos, su magnitud e influencia sobre el aparato productivo de la nación. Así mismo, pretende hacer un balance de los resultados de las po12

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líticas y estrategias implementadas por los gobiernos recientes para luchar contra este flagelo. Gustavo Duncan, en su ensayo «Narcotraficantes, mafiosos, y guerreros, historia de una subordinación», hace un exhaustivo análisis sobre la estructura y la dinámica histórica de la violencia en Colombia ha creado un ambiente propicio para que los grupos alzados en armas al margen de la Ley, hayan podido conquistar el negocio del narcotráfico. Para este autor, a diferencia de lo que muchos creen, la fortaleza de estos grupos al margen de la Ley no radica en el control de la actividad narcotraficante, sino más bien en su capacidad de regular el acceso a las instituciones del Estado, de controlar las estructuras clientelistas locales y en el ejercicio de la violencia. Son más bien esas fortalezas las que les ha permitido posteriormente hacerse al botín del narcotráfico. Y esas fortalezas no son necesariamente ejercidas directamente por las estructuras regulares de estos grupos, sino por unos terceros al servicio de estos que el denomina los «empresarios de la coerción». Duncan destaca que si bien los grupos armados al margen de la Ley que controlan hoy en día las actividades del narcotráfico tienen puntos en común, también tienen grandes diferencias en su forma de vincularse a este. Ambos coinciden en que cuentan con contactos políticos, capital, inmunidad y capacidad de ejercer violencia. Para este autor, la inserción en el narcotráfico de estos grupos alzados en armas lo que ha logrado es alterar el orden histórico del Estado y la economía colombiana. Es un orden más violento que el tradicional, pero ofrece mayores oportunidades de movilidad y ascenso a los estratos bajos pues han impuesto un orden económico en las regiones que controlan, que genera beneficios a la comunidad más fácil y rápidamente. Por el contrario, dentro del orden legal del Estado la redistribución de las ganancias es más compleja, es difícil hacerse a ellas y los beneficios no se ven rápidamente. Si bien coinciden en lo anterior, difieren en los fines y los ámbitos que controlan del negocio. La guerrilla tiene un origen anterior al narcotráfico y su fin es la 13

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toma del poder nacional. El narcotráfico es un medio más para ello. La guerrilla reinvierte las ganancias de esta actividad en su máquina de guerra: reclutando hombres y adquiriendo armamento. La guerrilla tiende a ejercer mayor control sobre las fases de cultivo de hoja y producción de pasta y base de coca. Es por eso que las regiones que controla son predominantemente regiones aisladas, atrasadas y sin desarrollos económicos importantes. Por su parte algunos grupos de las autodefensas tienen su origen en le narcotráfico y su fin es enriquecerse para invertir en negocios lícitos, controlando economías locales. Por ello tienden a ejercer mayor influencia en las etapas de comercialización siendo para ellos criticas las zonas de embarque y las más desarrolladas económicamente. Su interés por tener presencia en las grandes ciudades se debe a que estos necesitan lavar sus ganancias en proyectos legales. El interés de los paramilitares por controlar ciertos territorios es para garantizar su seguridad y la dinámica misma del negocio del narcotráfico, mientras que para la guerrilla el interés del control territorial es finalmente político. En esa misma línea, el ensayo «Conflicto interno y narcotráfico entre 1970 y 2005» de Andrés López, hace una descripción de como ha sido la relación entre la sociedad, la política y el conflicto colombiano en general con el fenómeno del narcotráfico. López llama la atención sobre las condiciones que ha tenido la nación colombiana para favorecer las actividades ilegales de todo tipo: la violencia política, el negocio de las esmeraldas y el contrabando. López explica como tanto la sociedad colombiana, como los actores criminales tenían ya gran experiencia con estructuras y actividades criminales de tipo organizado al momento de hacer su aparición el narcotráfico en nuestro país, y cómo esa experiencia sirvió para que esta nueva modalidad delictiva fuese altamente exitosa. Por otra parte, este autor argumenta que en materia de lucha contra el narcotráfico lo que ha faltado en Colombia es decisión política tanto a nivel de la sociedad como de los gobiernos de turno, muestra de ello son los resultados logrados durante la década de los noventa, los cuales 14

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permitieron que en menos de año y medio se desarticularan los dos carteles dominantes del negocio en ese momento. Ricardo Vargas, en su ensayo «Cultivos ilícitos en Colombia: elementos para un balance», aporta una serie de argumentos y reflexiones muy importantes para entender y evaluar el manejo y los resultados de las principales políticas que a desarrollado el estado en materia de lucha contra las drogas ilícitas. Para Vargas, las políticas actuales en materia de lucha antinarcóticos no están debidamente enfocadas, presentan inconsistencias en su aplicación y sus resultados son poco alentadores. La discusión central sobre la cual ha girado la formulación de las recientes políticas ha consistido en la simbiosis entre grupos alzados en armas al margen de la Ley y narcotráfico. En un principio el Plan Colombia se enfoco hacia la lucha antinarcóticos partiendo del supuesto de que la principal amenaza para Colombia era esa actividad. El narcotráfico era la fuente principal de todos los problemas, inclusive los de orden público pues de ahí emanaba la fortaleza de los grupos subversivos. Se pensaba que si se golpeaban las actividades de producción de cultivos ilícitos se debilitaba sustancialmente a estos grupos. Para ese entonces primó el concepto de que el mayor costo beneficio se obtiene en el control de la oferta y el cultivo. Posteriormente, este enfoque evolucionó, incorporándosele el componente de lucha antiterrorista como otro centro de gravedad critico en el problema. Este enfoque implica que el principal instrumento de la lucha antinarcóticos sea el militar, sin embargo, para Vargas es un error enfocar esta lucha en la erradicación de cultivos y en la ofensiva militar, pues una política antidrogas requiere abordar otros aspectos del problema tales como el sometimiento a la justicia, fortalecimiento de los mecanismos de justicia, y control territorial integral por parte del Estado. El énfasis en la erradicación y la ofensiva militar, termina favoreciendo o permite un tráfico y una comercialización más libre pues descuida la dinámica urbana del narcotráfico con sus variadas formas de corrupción y actividades ilícitas. 15

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Para este autor es claro que el mayor costo beneficio en la lucha antinarcóticos no está necesariamente en la erradicación de cultivos pues mientras que entre 2002 y 2004 se dieron las fumigaciones mas intensas, ha sido el período en el que proporcionalmente menor reducción de cultivos se ha logrado. En el 2003 solo se erradicó el 36% de lo erradicado en el 2002 y en el 2004 solo el 14%. Por otra parte, los cultivos se han vuelto más productivos pues tienen más matas por hectárea y mientras que en 1999 había cultivos en 12 Departamentos del país, hoy en día hay presencia de estos en 24 Departamentos. Así mismo ha crecido su presencia en los Parques Nacionales Naturales. Con relación a políticas complementarias como el Programa de Desarrollo Alternativo, Vargas argumenta la falta de coherencia entre su aplicación y la política de erradicación. Por ejemplo el Departamento del Guaviare recibió el 18% de toda las fumigaciones realizadas en los últimos 6 años y en materia de Desarrollo Alternativo solo ha recibido el 0.2%. del presupuesto de este rublo. Por su parte mientras que en los Departamentos del Caquetá y Nariño se llevaron a cabo el 13% y el 16% de fumigaciones, respectivamente, en materia de programas de Desarrollo Alternativo solo se les asignó el 2% y el 4% de presupuesto, respectivamente. Por otra parte, la política de extinción de dominio no ha dado los resultados esperados y ha sido muy lenta. Finalmente, en el ensayo «Sobre las magnitudes del narcotráfico», Ricardo Rocha aborda el tema del impacto de las actividades del narcotráfico en la economía colombiana. Desde esta óptica, para Rocha una de las condiciones del contexto colombiano que ha permitido el crecimiento del negocio es el hecho de contar con dos escenarios económicos: uno de una economía atrasada y otro de una economía relativamente desarrollada. Parte de las actividades del narcotráfico se dan en el contexto de esa economía atrasada como el cultivo y la producción de pasta de coca, y otras se dan en el contexto de una economía desarrollada como el refinamiento de clorhidrato de cocaína, la comercialización y el lavado. Ambos contextos son muy favorables para 16

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el tipo de actividades que demanda el negocio del narcotráfico en sus diferentes facetas. En términos de magnitud, el narcotráfico en Colombia no representa lo que por percepción corrientemente se cree. En efecto, la coca producida en Colombia representa apenas el 0,5% del PIB a precio en puerto y los ingresos percibidos por las organizaciones criminales en Colombia no llegan al 0,8% del PIB. Sin embargo los efectos del narcotráfico sin duda son negativos. Si bien aparentemente genera beneficios tangibles rápidamente, en términos estructurales sus efectos son bastante dañinos. Afecta la tasa de cambio, favorece la evasión fiscal por el contrabando, fomenta la fuga de capitales, la contribución al PIB de las cadenas productivas de la coca son insignificantes, y en general puede afectar el crecimiento económico hasta en dos puntos. Para Rocha uno de los efectos más graves es que esta actividad promueve el desarrollo de un sistema económico al margen de la Ley. El lector tiene, pues, en sus manos, un actualizado estudio sobre el narcotráfico en Colombia, visto desde los ángulos más diversos, que es como debe analizarse un fenómeno tan complejo y de tantas y tan distintas caras.

ALFREDO RANGEL Director Fundación Seguridad y Democracia

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Narcotraficantes, mafiosos y guerreros. Historia de una subordinación Por Gustavo Duncan

El término mafia ha sido utilizado indistintamente en Colombia para referirse a toda una multitud de fenómenos, desde organizaciones de narcotraficantes, contrabandistas u otras modalidades delincuenciales hasta ejércitos privados al servicio de hombres fuertes en comunidades apartadas, e incluso hasta para referirse a grupos guerrilleros y de autodefensas. En realidad el concepto de mafia hace referencia a una manifestación más concreta del crimen organizado, a aquellos delincuentes que tienen como propósito la conformación de ‘empresas de protección privada’. El principal objetivo de estos empresarios es el cobro de un porcentaje de las ganancias por no atentar y, de paso, por proteger de otros delincuentes, a una serie de actividades susceptibles al control del crimen organizado como los mercados de abastos, los Sanandresitos1, la extorsión a los pequeños comerciantes, el sicariato, el narcotráfico y el contrabando, entre otros negocios, y como logro de un nivel superior el poder político en una región o ciudad.

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Los Sanandresitos son centros comerciales donde se ofrece mercancía de contrabando. En teoría violan las leyes por evadir impuestos y traficar con mercancías, pero en la práctica existe toda una tolerancia legal por parte de las autoridades y cultural por parte de los consumidores que a pesar de estar al tanto del carácter ilegal de los negocios, compran los bienes que se ofrecen.

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Se trata entonces de un fenómeno estrechamente relacionado pero a la vez diferente al narcotráfico, los paramilitares, las autodefensas y las guerrillas, que actualmente imperan en Colombia. Los narcotraficantes de los carteles de Medellín y Cali, o los anteriores contrabandistas de marihuana de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, muy contadas veces centraron sus actividades económicas en la regulación de actividades criminales, preferían competir o asociarse por el mercado de la distribución mayorista de drogas a Estados Unidos y Europa. En el caso de las guerrillas y las autodefensas es normal que tengan estrechas relaciones con la criminalidad organizada, entre ellas la mafia. De hecho el narcotráfico y el cobro de un impuesto de guerra por regular determinadas actividades legales e ilegales en sus zonas de control territorial, constituyen sus principales tecnologías de financiación. Pero no puede decirse que el alcance conceptual de lo que significan la guerrillas y las autodefensas en la sociedad, se limite a su carácter mafioso o a una simple expresión delincuencial. Existen otras dimensiones que reflejan de manera más precisa su significado dentro de la configuración del orden social en las regiones. La definición de la forma que el Estado ha adquirido en lo local o la organización de las economías regionales alrededor de la estructura de derechos de propiedad que surge de la producción y el contrabando de drogas, son aspectos más dicientes del impacto que tienen estas organizaciones en la historia reciente del país, por sólo mencionar unos pocos. En todo caso, narcotráfico y aparatos armados con suficiente capacidad coercitiva sobre diferentes transacciones sociales, constituyen dos variables fundamentales para entender la expansión que los grupos irregulares han alcanzado en Colombia. Estas variables funcionan en una doble causalidad, sólo con los ingresos de la droga se pueden financiar los ejércitos tan sofisticados con que cuentan guerrillas y autodefensas y sólo con las ‘empresas privadas de protección’ se puede garantizar la prosperidad del negocio. Al igual que las economías lícitas la producción y el contrabando de drogas requieren de agencias con suficiente capacidad de ejercer violencia para regular los derechos de pro20

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piedad y el cumplimiento de contratos, sin los cuales no serían viables las diferentes etapas de la cadena productiva del narcotráfico. La sofisticación de los aparatos de violencia que ha experimentado el país en las últimas dos décadas tiene así un referente ineludible en los requerimientos de regulación de la cadena productiva de una empresa ilegal, que se constituyó en la principal fuente de ingresos para guerrillas y autodefensas y para diversos grupos sociales y regiones. Pero como ya se advirtió sería un error interpretativo reducir el fenómeno actual de violencia a una simple expresión de codicia por parte de organizaciones criminales que, en la espiral de recursos que proveían las drogas, decidieron organizar y financiar ejércitos tan complejos para quedarse con la tajada más sustanciosa del negocio. Lo cierto es que la expansión y las características tan peculiares que tomaron los aparatos armados que ejecutan la violencia en Colombia necesitan para su comprensión precisiones conceptuales que rebasen la visión delincuencial y se enmarquen en aspectos más complejos, como la historia, la organización política y la economía de muchas de sus sociedades. En ese sentido, existe suficiente documentación sobre la forma en que el narcotráfico como actividad delincuencial empató con la mediación clientelista que existía para acceder al Estado y con la manera violenta como se regulaban las transacciones sociales en muchas regiones del país. Durante todo ese proceso el negocio de las drogas se transformó en un fenómeno que rápidamente alcanzó dimensiones políticas, pero a la vez quedó atrapado dentro de las tensiones políticas que caracterizan la historia de Colombia desde finales de La Violencia clásica, al punto que los empresarios de las drogas terminarían subordinados a aquellos actores que ejercen el poder local a través de la fuerza de sus aparatos armados. Serían ellos los encargados de prestar los servicios de ‘coerción y protección a los narcotraficantes, pero más importante, de hacer posible una dinámica más profunda y sostenida de acumulación de capital en las regiones a partir de los excedentes de lo ilícito. 21

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El siguiente artículo inicia a finales de la Violencia, cuando aparecen los bandoleros, “pájaros” y guerrilleros, como la manifestación primaria del fenómeno de ‘coerción y protección’ privada, y desemboca en la situación actual de violencia organizada, con el objeto de: i) realizar una distinción conceptual más exacta sobre lo que representan los narcotraficantes, los mafiosos y los guerreros (guerrillas y autodefensas) en la estructura actual del conflicto colombiano, y ii) de analizar un suceso del que se ha hecho poca precisión: la subordinación de las organizaciones encargadas de traficar drogas a grupos armados, bien sea mafias, Señores de la Guerra y guerrillas, que a manera de ‘empresarios de la protección privada’ regulan y protegen la producción, la transformación y la comercialización de cocaína y heroína. Este suceso es de gran importancia porque tiene un efecto directo en la configuración del Estado y la sociedad, en la medida que da lugar a la existencia de una economía con suficiente potencial de extracción para armar a aparatos de coerción que dan forma al orden social en muchas regiones de Colombia durante períodos de tiempo indefinidos. El artículo consta de cuatro partes. En la primera se describen las particularidades del negocio del narcotráfico que explican sus requerimientos por un servicio de ‘coerción y protección’, en que consisten los determinantes de estos requerimientos y como evolucionan de acuerdo a los cambios en la estructura de los individuos y organizaciones que se dedican al negocio. En la segunda se precisan los conceptos de narcotraficantes, mafiosos y guerreros, para señalar los cambios en la naturaleza de subordinación que ha existido entre estos actores a lo largo de las últimas décadas en la historia de Colombia. En la tercera se narra la historia de cómo han sido suministrados los servicios de ‘coerción y protección’ a los empresarios del narcotráfico, para señalar que en la fase actual el grado de complejidad y organización que han alcanzado las estructuras armadas en Colombia les ha permitido tomar el control directo e indirecto del negocio de las drogas, y como a su vez la lógica económica del narcotráfico se ha anexado en sus proyectos de imposición de Estados locales. 22

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En la cuarta parte se reflexiona sobre algunos efectos en la política, la economía y la sociedad colombiana, que se perciben por la irrupción de organizaciones violentas que imponen todo un orden social a partir de la dinámica de ‘coerción y protección’.

1. Los empresarios del narcotráfico y sus requerimientos de ‘coerción y protección’: La cadena productiva del narcotráfico en Colombia está compuesta por cuatro etapas claramente diferenciadas: la siembra de coca y amapola, la transformación en drogas aptas para el consumo, el contrabando hacia los mercados internacionales y la legalización de las ganancias. De acuerdo a Krauthausen y Sarmiento (1991) los empresarios del narcotráfico se dividen en dos grandes sectores, el competitivo y el oligopólico. El sector competitivo ha sido delegado por regla general a pequeños pero numerosos empresarios que se encargan de los dos extremos de la cadena productiva del narcotráfico, por un lado, la siembra y producción de base de coca, y por otro lado, la venta de drogas en papeleta a los consumidores. Mientras que el sector oligopólico se ha centrado en las etapas de transformación y distribución al por mayor hacia los mercados internacionales. Los riesgos y el tamaño económico óptimo que conlleva cada etapa, explican la segmentación del narcotráfico en estas dos categorías de empresas. La siembra de hoja de coca es una actividad que requiere de grandes extensiones de tierras y del trabajo de numerosos campesinos. Como es imposible movilizar su producción sin volver a comenzar el ciclo del cultivo y como no son necesarios mayores desarrollos tecnológicos, lo más eficiente es fraccionar la administración del proceso y sus riesgos en pequeñas unidades productivas más competitivas y seguras a la hora de eludir a las autoridades. Para un solo empresario asumir la carga operativa y la incertidumbre de una cosecha de miles de hectáreas de coca, implica demasiados costos en comparación con la delegación del riesgo en miles de familias campesinas capaces de 23

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afrontar la pérdida total de sus cultivos, y menos visibles para que el Estado pueda desmantelar la operación a partir de la captura de un único responsable o de su equipo cercano. En cambio, operaciones en las etapas posteriores, que requieren de grandes inversiones, mayor complejidad administrativa y que pueden ejecutarse de manera más clandestina, son más eficientes cuando la ejecutan grupos selectos de empresarios con mayores recursos, tecnología y especialización. Por ejemplo, la transformación de base de coca en clorhidrato de cocaína implica la construcción de laboratorios, su dotación, el tráfico de insumos químicos, la contratación del personal que se encargue del procesamiento de la droga y de la parte logística, entre otras acciones, que exigen la iniciativa de un empresario con un alto grado de capacidad organizativa y de capital inicial. Las restricciones para la entrada de muchos empresarios son pues consecuencia de la complejidad de las diferentes etapas de su cadena productiva, como ilustran Krauthausen y Sarmiento (1991): […] si bien, probablemente la compra en Colombia de diez kilos de cocaína no constituye mayor problema, las dificultades son inmensas al pretender exportar esta mercancía: hay que tener acceso a una ruta de exportación segura y a una red de distribución en el mercado interno del país consumidor2.

Alrededor y al interior de las etapas y de los dos tipos de empresas, competitivas y oligopólicas, se encuentran una serie de servicios típicos como el transporte, la provisión de insumos y logística, abogados, las operaciones bancarias y financieras, el testaferrato, expertos en química, entre otros, de cuya disponibilidad depende su rentabilidad y su seguridad. Pero además existe un servicio que es inherente al narcotráfico como empresa criminal en la medida que no es posible apelar al Estado como 2

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Ciro Krauthausen y Luís Fernando Sarmiento (1991). Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro. Colombia: Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Pág. 60.

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regulador de transacciones, se trata del uso de mecanismos de ‘coerción y protección’ para garantizar, y de paso alterar, la estructura de los derechos de propiedad y de los contratos que se establecen entre las organizaciones y los individuos dedicados a cualquiera de las etapas del negocio. Los empresarios del narcotráfico, tanto los competitivos como los oligopólicos, necesitan de aparatos violentos que los protejan de otras organizaciones armadas que podrían expropiarlos de sus posesiones, de su mercancía (drogas o insumos), de su dinero y de su participación en el negocio (rutas, mercados, laboratorios, etc.), y que podrían aprovechar el músculo de un aparato de violencia superior para imponer precios desventajosos en las transacciones. De la misma manera, una organización narcotraficante tiene mayores posibilidades de éxito en el negocio si es capaz de construir un aparato armado superior y está en capacidad de expropiar a sus competidores o imponer condiciones desventajosas a otras organizaciones con las que realiza transacciones. En suma: “[…] aquella empresa que no cuente con un aparato de violencia si no superior, al menos comparable al de las demás, se encontrará en una desventaja competitiva considerable al tener que plegarse tanto a los términos impuestos por los competidores, como incurrir en mayores riesgos en lo que al incumplimiento de contratos por parte de otros participantes en el mercado se refiere. Igualmente, el no contar con un aparato de violencia fuerte que pueda respaldar la amenaza de represalias violentas impide la efectiva imposición de sanciones disciplinarias en el interior de la empresa”3. Pero no basta con poseer un aparato de violencia superior en términos de hombres y de armas para imponerse en la compleja estructura de redes que constituyen las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Se necesita también influencia sobre el aparato estatal para evitar la persecución de las autoridades contra los

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Ibidem. Pág. 82.

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procesos de producción, distribución y lavado, y para lograr que su acción se concentre en los demás competidores. La corrupción de las instituciones públicas y las amenazas, e incluso la violencia, contra los funcionarios honestos que no se dejen cooptar o que hayan sido cooptados por algún contrincante, se convierten en recursos indispensables para la prosperidad del negocio, y más importante aun, para la supervivencia como empresa criminal. Al igual que los grupos encargados de la producción y el tráfico de drogas, las organizaciones encargadas de prestar los ‘servicios de coerción y protección’ tienen estructuras bastante diversas que evolucionan según cambia el entorno donde operan y según cambia la estructura misma de los empresarios del negocio. En un principio, los empresarios oligopólicos del narcotráfico utilizaban asesinos a sueldos o su propio cuerpo de guardaespaldas para sus necesidades de violencia y contra-violencia. El manejo de su influencia en las instituciones del Estado era dejado al soborno o a la financiación periódica de candidatos, incluso algunos capos intentaron incursionar en la política como Escobar y Ledher. En ocasiones hacían uso de las ‘oficinas de cobro’ para castigar los incumplimientos de contratos, y de grupos guerrilleros para el cuidado de laboratorios, pero lo usual era que los empresarios de las etapas de transformación y distribución de drogas poseyeran sus propios aparatos coercitivos. Todo lo contrario sucedió en las etapas competitivas del narcotráfico que apelaron a una tercera parte que se encargara de ello. Los cocaleros desde sus inicios como fenómeno social contaron con los servicios de ‘coerción y protección’ de los grupos guerrilleros, que regulaban no sólo las propiedades y las transacciones inherentes al cultivo de coca, sino también el resto de la vida social en estas comunidades. Sin embargo, el crecimiento de las ganancias del narcotráfico, de su participación en la economía del país y de las hectáreas sembradas de coca, hizo que se necesitaran de servicios de violencia más complejos, al igual que mayor influencia en las agen26

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cias del Estado encargadas de la persecución de los empresarios de lo ilícito. Fue así que se establecieron alianzas con los grupos armados irregulares, se compraron elecciones presidenciales y al final se configuró una nueva estructura de poder político, donde para sorpresa de los propios narcotraficantes, los aparatos de ‘coerción y protección’ que ellos contribuyeron a fortalecer alcanzaron tal grado de organización que terminarían por subordinar a la mayoría de empresarios de la droga. En últimas, guerrillas y autodefensas se convirtieron en una tercera parte que regulaba el negocio de las drogas, y lo hicieron bajo su propósito de establecer una hegemonía sobre el Estado local. No se trató que su motivación para estar en el conflicto fuera el dominio del narcotráfico per se, sino que el éxito de un aparato armado al pretender imponerse como Estado consistía en su capacidad de proteger a los individuos, sus propiedades y las transacciones que realizaran entre ellos, a cambio de recursos que incrementaran dicha capacidad de protección. El narcotráfico en la medida que se convirtió en parte importante de las transacciones y de la acumulación de capital en las comunidades, se constituyó en una de las actividades principales que debían controlar los grupos armados irregulares. Pero a diferencia del resto de actividades, el cobro por su regulación no se estancaba en un carácter exclusivamente parasitario. La prosperidad del negocio y las garantías necesarias para invertir en empresas lícitas sus ganancias, dependían de la certidumbre que autodefensas y guerrillas proveyeron a los narcotraficantes. Antes de entrar a detallar como fue el proceso de transformación de estos aparatos de guerra a partir de su imposición como una tercera parte en la regulación de los empresarios y de las diferentes etapas del negocio de las drogas, en la siguiente sección se precisan los conceptos de narcotraficantes, mafiosos y guerreros, para comprender los puntos de quiebre en la historia que relaciona el narcotráfico con la dinámica de las organizaciones encargadas de prestar los servicios de ‘coerción y protección’ en el país.

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2. Distinciones conceptuales entre narcotraficantes, mafiosos y guerreros En el contexto actual del conflicto colombiano es normal que un comandante de la guerrilla o de las autodefensas exija el cobro de un tributo a un campesino por la venta de su cosecha de coca, o a un narcotraficante por el uso de pistas clandestinas para transportar un embarque de cocaína. ¿Puede reducirse por esta transacción el papel que juegan las guerrillas y las autodefensas en el conflicto a simples grupos de narcotraficantes? Una respuesta a esta pregunta puede enfocarse desde la droga como fuente de financiamiento necesaria y condición ineludible para permanecer en el conflicto. El mantenimiento de las tropas requiere de enormes volúmenes de dinero para pagar las armas, las municiones, los salarios de los soldados, su alimentación, su vestimenta, etc. Aquel grupo que no utilice los recursos de las drogas estaría concediendo enormes ventajas militares a sus contrincantes, por lo que tendría mayores posibilidades de ser derrotado. Como consecuencia, sólo sobrevivirían aquellos grupos armados vinculados a los narcotraficantes. No hay mejor explicación de las necesidades de capital ilícito para mantener su aparato de coerción que el editorial ‘la verdad sea dicha’ de la página de Internet del Bloque Central Bolívar firmado por sus propios comandantes: La preparación, el reentrenamiento y la dotación de un combatiente, dentro de un régimen de severa austeridad, cuesta más de trece millones de pesos. El sostenimiento y la manutención de cada hombre fuera del área de combate ascienden a un millón doscientos mil pesos mensuales. Los estimativos presupuestales para el planeamiento y ejecución de operaciones son enormemente millonarios. […] Frente a éste panorama real, los dineros del narcotráfico encontraron un terreno muy abonado para su intromisión e injerencia en el escenario del conflicto. Otras fuentes de financiación, inclusive la prove-

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niente del infame delito del secuestro por parte de las guerrillas, fungen apenas como modestas cajas menores frente a los ingresos multimillonarios del narcotráfico. No cabe duda que la prolongación y degeneración de éste conflicto, están vinculadas a cualquier etapa del nefasto negocio de producción, compra, cobro de impuestos, distribución o comercialización de drogas ilícitas. El balance estratégico de la guerra está tan influenciado por los dineros del narcotráfico, que los frentes mas exitosos en la lucha subversiva o antisubversiva son precisamente aquellos asentados en zonas cocaleras o que controlan corredores y puntos estratégicos de producción y salida de drogas4.

Sin embargo, la necesidad de financiar su ejército como causa justificadora de la relación con el narcotráfico queda desvirtuada como única motivación, cuando se halla que muchos guerreros terminan enriqueciéndose con la guerra, aspecto del cual existen numerosas evidencias periodísticas. Entonces ¿hasta que punto guerrillas y autodefensas son narcotraficantes y hasta donde actores políticos? O dicha de otra forma, ¿es el enriquecimiento de sus jefes o comandantes una señal tajante de la subordinación de lo político a lo criminal? Desde el punto de vista moral es plausible señalar a los actores del conflicto colombiano como criminales en la medida que sus motivaciones políticas no justifican el enriquecimiento, ni los daños colaterales, de delitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, etc. Pero desde el punto de vista de su complejidad, entendiendo la complejidad como el alcance de sus objetivos y la variedad y la intensidad de las transacciones y condiciones necesarias para esto, guerrillas y autodefensas son sin discusión actores políticos. A pesar de lucrarse con las drogas y muchas 4

Editorial de la página en Internet del Bloque Central Bolívar. Firmado por Javier Montañez, Julián Bolívar y Ernesto Báez. 01/08/2002. Bajado de: http:// www.bloquecentralbolivar.org/detalle.php?Id=46#

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otras variantes del crimen, su propósito como actores del conflicto rebasa el narcotráfico y se tranza en el logro de la supremacía del poder local para darle una nueva forma al Estado, la economía y el orden social de las comunidades. Un comandante guerrillero o de algún bloque de las autodefensas tiene como principal objetivo el control territorial de una zona definida. Para ello necesita de un aparato de fuerza lo suficientemente poderoso para disuadir a los pobladores a que establezcan unos vínculos de lealtad con su grupo. Este vínculo funciona en dos direcciones, los habitantes de la zona tienen que pagar un tributo periódico por sus posesiones y por las actividades económicas que realicen, a cambio reciben protección y un servicio de administración de justicia para garantizar, entre otros aspectos de la vida social, los contratos y los derechos de propiedad establecidos. En consecuencia, la complejidad del negocio del narcotráfico, bien sea ejercido de forma directa o delegado a grupos especializados a cambio de un porcentaje de las ganancias, es sólo una parte de la complejidad de la estructura organizativa que manejan guerrillas y autodefensas. En las regiones de Colombia sólo se puede tener primacía sobre el narcotráfico si antes se posee el dominio sobre una actividad mucho más compleja como es el control del Estado en las comunidades, con todas sus implicaciones políticas, económicas y sociales. No se trata de responder la pregunta sobre los límites de lo político y lo criminal de acuerdo a las intenciones de los actores, sino de acuerdo al alcance que tienen en la práctica las actividades que realizan. No hay duda que los jefes de las autodefensas poseen fortunas inimaginables, y su motivación para seguir en el conflicto pasa por el poder y la riqueza personal que han obtenido, pero para poder acceder a ellos necesitan controlar aspectos de la vida social de las comunidades que rápidamente rebasan lo criminal y se introducen en el campo de lo político. Mientras un jefe de una empresa narcotraficante centra sus actividades en comprar insumos, transformarlos en cocaína o heroína, exportarlos y repatriar las ganancias, y su relación con la política se limita a huir o corromper a las autoridades, un jefe de autodefensa necesita organizar un 30

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ejército para protegerse de la guerrilla y de otras facciones de autodefensas, construir una clientela política a través de las armas, someter por la fuerza a los políticos profesionales que hacen campaña en su región, extraer los recursos mediante actividades lícitas e ilícitas –entre ellas el narcotráfico- para financiar la organización y proyectar su poder político regional a una escala nacional, y negociar con el ejército y demás autoridades nacionales para coordinar la lucha antisubversiva y la impunidad de sus empresas criminales. Las habilidades que se necesitan son muy diferentes a aquellas relacionadas con las puramente criminales, incluso sus miembros con inicios en el narcotráfico requieren sofisticar las habilidades propias del crimen altamente organizado para tener éxito en una estructura de autodefensas. Es probable que el origen de muchos paramilitares en movimientos guerrilleros, las Fuerzas de Seguridad del Estado o en el proselitismo político, se deba a que el conocimiento que se adquiere en estas profesiones es funcional al desarrollo de las habilidades necesarias para el control armado de una comunidad. En el caso de la guerrilla hay aun más argumentos para comprender su papel político por encima de los actos delincuenciales que recurrentemente cometen. Su discurso político y muchos de sus actos están sin duda puestos en la toma del poder a escala nacional. A diferencia de los grupos de autodefensas, sus jefes de frentes transfieren recursos a otros frentes de acuerdo a la agenda política trazada por el Estado mayor. Dentro de esa lógica, las preferencias de los comandantes de frentes guerrilleros no coinciden con un análisis rígido de la racionalidad económica de los Señores de la Guerra. En vez de maximizar sus utilidades, los comandantes realizan transferencias a otros frentes y asumen las pérdidas económicas por usar el terror a escalas superiores del potencial de ganancias que obtendrían si persistieran en una dinámica exclusiva de depredación de rentas. Por ejemplo, la voladura de oleoductos o de refinados clubes sociales en vez de extorsionar a sus propietarios, no tendría sentido a menos que exista un convencimiento que esas acciones contribuyan a la toma del poder nacional. 31

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Así las cosas, la comprensión de la relación entre criminalidad y conflicto en Colombia exige precisar un marco de referencia acerca de las diferencias conceptuales entre lo que significan los términos narcotraficantes, mafiosos y guerreros, y como cada uno de estos conceptos encierra al anterior en la escala de complejidad de sus objetivos, transacciones y necesidades. Sobre todo, porque la precisión conceptual entre criminales y guerreros ayuda a comprender las razones por las cuales los narcotraficantes terminarían subordinados a las guerrillas y las autodefensas. Por narcotráfico se entiende una actividad perteneciente a la categoría de crimen organizado, que hace referencia a delitos llevados a cabo por varios individuos. La carta de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional define crimen organizado como: “[...] un grupo estructurado de tres o más personas que durante un período de tiempo, actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más crímenes serios u ofensas establecidas conforme a esta convención, para obtener, directamente o indirectamente, ventajas financieras o materiales”5. Otros delitos bastante comunes en Colombia como el contrabando de mercancías legales y de armas, el secuestro, la piratería terrestre, el sicariato, la especulación con los precios en los mercados de abastos, la corrupción con los dineros públicos, por mencionar aquellos delitos que recurrentemente cometen los actores armados ilegales, pertenecen a la categoría de crimen organizado pero no dentro de la categoría de mafia. La mafia es una forma más sofisticada de crimen organizado. Su concepto hace referencia a la protección y coerción de determinadas transacciones en una sociedad. Gambetta define a los

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Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional. [Art. 2 bis (a)]. Traducción de: “a structured group of three or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offence established pursuant to this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.”

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mafiosos como ‘empresarios de la protección privada’6, es decir, organizaciones criminales que cobran un ‘impuesto’ por proteger a individuos y/o organizaciones y a sus actividades económicas. Detrás de la protección mafiosa está todo un elemento de coerción. El incumplimiento del pago de la extorsión implica la violencia sobre los deudores de transacciones ilegales, que presentan mayor probabilidad de ser reguladas por agentes mafiosos, e igualmente de las actividades legales que son susceptibles a la regulación7. La mafia en Colombia es un fenómeno que tradicionalmente se asocia al narcotráfico, cuando la realidad muestra que raras veces los empresarios de la droga han sido mafiosos como tales. El objetivo de los narcotraficantes comunes no es proteger a los demás narcotraficantes y extraer una renta por su servicio de protección. Sólo el intento de Pablo Escobar por centralizar el envío de cocaína al exterior bajo una red a su servicio podría considerarse como un proyecto mafioso de un narcotraficante. Sin embargo, este proyecto nunca fraguó, y más bien significó la eliminación del líder del Cartel de Medellín porque obligó al resto de narcotraficantes a unirse contra el aparato de coerción que pretendía someterlos. Más cercano al concepto de mafia fueron aquellas pequeñas empresas criminales que en las grandes ciudades cobraban un impuesto periódico y sistemático a otros criminales por permitirles cometer sus delitos en determinada área. Por ejemplo, a principios de los noventa, cuando el país se debatía en la guerra contra el narcoterrorismo, era normal que grupos de delincuentes se encargaran de arrendar una avenida o calle importante a otros delincuentes para que robaran a los transeúntes. No necesariamente la mafia es más rentable o sofisticada que otras categorías del crimen organizado. 6

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Diego, Gambetta (2000). ‘Mafia: The Price of Distrust’. En Gambetta, Diego (ed.). Trust: Making and Breaking Cooperative Relation. Oxford: Departamento de Sociología, University of Oxford. Págs. 158-175. John C. Cross and Sergio Peña, 2001. Risk and Regulation in Informal and Illegal Markets. Florida: Florida State University. Working Paper No. 01-09c.

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También podría considerarse como una empresa mafiosa la mediación violenta que en muchos municipios y zonas rurales de Colombia se realizaba desde el poder político local. Antes de la explosión de violencia de los ochenta, era normal que los caciques políticos hicieran uso de grupos armados para rentar todas las transacciones que sucedían en el marco de las relaciones con el Estado. Si un individuo quería acceder a un puesto público, a un contrato, o a un servicio como la justicia, la atención en educación y salud, o el aseguramiento de los derechos de propiedad sobre un predio, tenía que pagar su respectiva suma al cacique local. Actualmente la mafia en Colombia es un fenómeno en expansión en las ciudades, como producto de la extensión del poder de las autodefensas hacia las ciudades a través de redes que regulan numerosas transacciones de alto valor agregado, la principal de ellas las elecciones a las alcaldías. Tal como se sostuvo en un documento anterior: “el nuevo frente de las autodefensas en Colombia lo constituye el dominio de actividades estratégicas en las ciudades más grandes e importantes del país. Mediante una extensa estructura de redes que se extiende desde sus santuarios rurales, los señores de la guerra extraen cuantiosas sumas de dinero por amenazar y proteger actividades urbanas que van desde los populares mercados de contrabandos hasta la corrupción en la contratación pública. El enfoque tradicional de la geografía del conflicto como una disputa entre dos fuerzas que se contraponen en los límites de las zonas periféricas -plataforma de la guerrilla- y las áreas semiurbanas integradas a la economía -plataforma de las autodefensas-, no encaja en la estrategia de infiltración en las ciudades. Se trata de un nuevo terreno en la crisis de seguridad, y más grave aún, en la incapacidad del Estado por imponer su hegemonía en zonas que se pensaba su dominio era casi invulnerable”8.

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Gustavo, Duncan (2005). Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los Señores de la Guerra. Documento CEDE Nro. 2. Pág. 25.

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El término guerreros que se utiliza en este artículo hace alusión a aquellas estructuras armadas organizadas como un ejército, capaces de asumir funciones de Estado sobre una comunidad, al punto de darle forma a su orden social, económico y político. En Colombia existen dos categorías de guerreros, los Señores de la Guerra representados por las autodefensas y las milicias representadas por las FARC y el ELN. Aunque apelen recurrentemente a prácticas mafiosas, la principal distinción entre guerreros y mafiosos es el alcance de su dominio político. La máxima aspiración de los guerreros es convertirse en el Estado en las zonas semiurbanas y rurales del país, mientras que el logro máximo de los agentes de las redes mafiosas es infiltrar el gobierno de una ciudad importante. La escala en que guerrillas y señores de la guerra ejercen su función de protección es tan extensa que transforma la naturaleza del Estado que regula la organización de las comunidades. Y no es casual que sea sí, el apoderamiento del Estado local es un propósito esencial de estos grupos. Por el contrario, el alcance de la coerción y protección privada que ejercen las organizaciones mafiosas se limita a determinadas transacciones. Incluso al controlar los gobiernos locales, las células mafiosas necesitan de un Estado que regule el grueso de las interacciones e intercambios propios de la organización de una sociedad. Su monopolio de la violencia llega hasta el dominio de la contratación pública y la asignación de cargos burocráticos. Más allá de este límite resultaría costoso, riesgoso e improductivo el desarrollo de empresas de protección privada de transacciones sociales más complejas, como podrían ser las disputas judiciales de los habitantes de una ciudad de un millón de habitantes. Un ejemplo de la diferencia del alcance del dominio político entre guerreros y mafiosos es la función de vigilancia. En muchos pueblos pequeños del país son los miembros de las autodefensas o las FARC quienes cuidan de la seguridad cotidiana. Se han hecho al monopolio de la violencia y en esa medida han suplantado al Estado central. Mientras que en las ciudades, salvo 35

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algunos vecindarios problemáticos, la institucionalidad de la Policía prevalece como agente encargado de cuidar del orden en las calles. Para una organización mafiosa no es factible, ni mucho menos rentable, construir todo un cuerpo policivo que vigile el orden público cuando las sociedades sobrepasan las dimensiones de pequeñas comunidades aisladas. Sin pretender desconocer la existencia de unidad ideológica y de acción para acceder al poder político en un contexto nacional, al nivel de las comunidades la estrategia de la guerrilla, al igual que de las autodefensas, está fundamentada en: i) la apropiación de excedentes económicos mediante extorsiones, robos y tráfico ilícito; ii) el dominio sobre la administración pública municipal para montar sus propias redes clientelistas, desviar los recursos públicos y cumplir las demandas de su base social; iii) el control de los flujos demográficos sobre el terreno a través de la protección de la población leal y el uso del terror contra la base social del enemigo; y iv) la definición de la normatividad y de la justicia que deben cumplir las comunidades. Así defiendan intereses de grupos sociales opuestos, el despliegue estratégico de la guerrilla se juega en lo local bajo prácticas similares a las de las autodefensas, con el mismo objetivo de controlar territorios a partir de la apropiación del Estado y evitar la hegemonía de las demás fuerzas. Y es ese sentido de Estado, de extraer recursos por proteger, lo que hizo que se extendiera la hegemonía que tenían sobre la sociedad y la economía local a la cadena productiva del narcotráfico. Pero antes que los guerreros subordinaran a los empresarios de la droga, los servicios de ‘coerción y protección’ disponibles tendrían que pasar por un violento proceso de evolución.

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3. El narcotráfico y sus requerimientos de ‘coerción y protección’ como fuente transformadora de la estructura de poder político. Una narración de ¿por qué el narcotráfico terminó subordinado a los guerreros? La historia de las empresas de ‘coerción y protección’ privada en Colombia no empieza con la llegada del narcotráfico en los ochenta. Desde finales de La Violencia numerosos campesinos formaron bandas criminales que se dedicaron a robar a los comerciantes, extorsionar hacendados y amedrentar a los competidores políticos de los gamonales locales, que en un principio los utilizaban como su aparato de coerción privada, dentro del modelo de luchas partidistas. Sánchez y Meertens calculaban que en 1964: Había más de cien bandas activas, constituidas por grupos de campesinos armados, que más o menos organizadamente, y desconociendo los acuerdos de paz entre las directivas oficiales de los dos partidos tradicionales, prolongaron la lucha bipartidista. En primer lugar, con el apoyo militante o pasivo de las comunidades rurales de su misma identidad partidaria y, segundo, con la protección y orientación de gamonales que, utilizándolos para fines electorales, los empujaba a una guerra de exterminio, debilitamiento o contención de sus adversarios en la estructura de poder local o regional9.

Luego, los bandoleros se independizaron del control político de las jefaturas partidistas locales y a través del terror impusieron su dominio en ciertas áreas rurales del país. Guillén (1996) sostiene que en las fases finales de La Violencia la estructura de poder asociativa de hacienda, basada en una alianza vertical entre las élites rurales, capataces y campesinos, que cada tanto se arma-

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Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, (1983). Bandoleros, Gamonales y Campesinos. El Caso de la Violencia en Colombia, Bogotá: El Áncora Editores. Pág.,42.

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ban y entraban en conflicto contra asociaciones similares, entró en una fase de disolución y dio paso a una nueva clase de poder en el campo. Había nacido una nueva serie de organizaciones dedicadas a las empresas de ‘la coerción y la protección’. Mucho antes que los grupos narcotraficantes se establecieran de manera masiva en Colombia, ya existían casos de aparatos armados como estos bandoleros, o como los “pájaros” del Valle del Cauca, que permitían a sus jefes, bien fueran gamonales, políticos profesionales o delincuentes puros, convertirse en los verdaderos dueños del Estado en lo local, o al menos hacer sentir su influencia mediante el uso de la violencia criminal como mecanismo de regulación de transacciones en la comunidad. El caso más relevante de la implantación de un Estado por parte de bandoleros puede rastrearse en las zonas esmeraldíferas de Boyacá, donde primero Efraín González y luego Humberto ‘el Ganso’ Ariza, ambos reconocidos bandoleros, harían del control territorial de las minas un laboratorio de lo que luego sería el modelo de dominación de los Señores de la Guerra en zonas de economía extractiva. Muchos años antes que estuvieran disponibles los cuantiosos recursos del narcotráfico: A Efraín González no le tenían miedo sino respeto, porque era él quien se encargaba de mantener el orden en la zona. […] Organizó todo eso, apaciguó la violencia bipartidista, cuidaba a todos los esmeralderos. […] Se reunía mucho con los comerciantes y esmeralderos, le preguntaban que cómo estaba la región, él les respondía que trabajaran tranquilos. Los esmeralderos lo patrocinaban, no habían robos cuando él cuidaba la zona, la gente lo quería mucho, y si se robaban algo él no permitía que el delito se quedara impune. Uno podía andar sin problema por toda la zona esmeraldífera10. 10

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Jeison Cifuentes Pérez. Testimonio de guaquero sobre “La guerra verde”. Bajado de la página de Internet de la Universidad Central de Colombia: http:// www.ucentral.edu.co/acn/articulos/f130904/art053.htm

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También existían grupos guerrilleros que agrupaban a la población, la mayoría de ellos familiares, paisanos, compañeros de colonización o expulsados de la violencia. Utilizaban el esquema de autodefensas campesinas como forma de protección contra la persecución del Estado o de miembros de partidos políticos antagonistas. Los habitantes de estas comunidades se organizaban alrededor de los grupos armados, que aunque estaban altamente influenciados por el trabajo político del partido comunista, en la práctica eran quienes regulaban todos los aspectos de la vida social. De esas hordas armadas que vivían en zonas de frontera con sus respectivas clientelas campesinas, surgirían las FARC luego de la ofensiva del Ejército y la Fuerza Aérea durante la Operación Marquetalia en 1964. A pesar del modesto crecimiento de las guerrillas y de la casi total extinción de las cuadrillas de bandoleros y “pájaros”, entre el final de La Violencia y principios de los ochenta, sin que existiera el narcotráfico como un fenómeno delincuencial masivo, ya era evidente la gestación en el seno de muchas sociedades de una parte considerable de la estructura de violencia que predominaría varias décadas más tarde. Pecault en vez de describir este periodo como de verdadera paz, utiliza el término de violencia larvada al manifestar: “que para diversos sectores colombianos la política y las luchas sociales no pueden ser dirigidas por un sistema de regulación democrática, sino que pasan por el uso de la fuerza”11. Las formas de bandolerismo social de este período concuerdan ante todo con los parámetros conceptuales de la mafia. Aunque hay que salvar algunas diferencias relevantes, sobre todo en el carácter más desorganizado y desinstitucionalizado de los bandoleros con respecto a la mafia, lo que Hobsbawm señala cuando sostiene que: “[…] las mafias son a la vez más permanentes y

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Daniel Pecault, (2001). Guerra Contra la Sociedad. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, S.A.. Pág. 27.

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más poderosas, por ser menos un rosario de rebeliones personales, y más un sistema normativo institucionalizado, situado fuera de la norma estatal. En casos extremos pueden llegar al punto de constituir un sistema de derecho y de poder virtualmente paralelo al de los gobernantes oficiales, o subsidiarios de éste”12. Pero en definitivas y salvando las diferencias mencionadas, el propósito de los bandoleros y pájaros consistía en un objetivo equivalente al de los mafiosos, el de una regulación violenta de transacciones sociales a través de empresas privadas de ‘coerción y protección’. Bien fuera para favorecerlos directamente o para favorecer los intereses de algún gamonal, político o terrateniente, existía un cobro por violentar y al mismo tiempo proteger las propiedades y los contratos que se establecían entre los miembros de la comunidad y entre éstos y el Estado. Era normal también, como la mayoría de manifestaciones mafiosas de sociedades campesinas, la expropiación masiva de los habitantes que no contaran con algún tipo de protección. El mismo Hobsbawm en su clásico texto Rebeldes Primitivos señala que al igual que en la mafia Siciliana tras los motivos ideológicos de La Violencia en Colombia, yacía toda una manifestación de acceso violento a la riqueza por capas excluidas de la población: En cierto modo desde luego se trata de una expresión de hambre de tierras, aunque se presente como campesinos conservadores asesinando y arrojando a los liberales de sus propiedades, o viceversa. Distintamente, en el curso de 15 años de anarquía, ha sido utilizada por una clase media rural ascendente (que por otra parte difícilmente hubiese encontrado forma de ascensión social en una sociedad casi feudal) para adquirir riqueza y poderío. Este aspecto de la Violencia se ha desarrollado en formas que recuerdan extraordinariamente a la Mafia siciliana, en especial en Caldas, el departamento pro12

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Eric J. Hobsbawm, (2001). Rebeldes Primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Libros de historia. Barcelona: Crítica. Pág. 17.

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ductor de café por excelencia. Allí la réplica de los gabellotti sicilianos, los administradores de los fundos y los burgueses han llegado a establecer una organización formal para hacer chantaje a los propietarios y aterrorizar a los campesinos, la Cofradía de Mayordomos13.

De hecho, el cambio violento de la estructura de derechos de propiedad era una señal de lo movible que se había tornado el orden social en el campo a partir de la irrupción de bandoleros, “pájaros” y guerrilleros. Una investigación de un caso particular, el texto A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia. 1946-1953 de Mary Roldan (2003), relata cómo durante el transcurso de La Violencia la primacía sobre el poder político evolucionó de los hacendados tradicionales a una nueva clase de poseedores de los aparatos de violencia. Para Roldan, la segunda fase de la violencia en Antioquia (1949- 1953) que ocurrió en los municipios periféricos del departamento, es un fenómeno opuesto al de la primera fase (1946-1949) en el que lo que se disputaba era el control de los puestos públicos por parte de la clase política afiliada a uno u otro partido. La violencia del segundo período estuvo marcada por el predominio de facciones armadas que bajo la excusa de los ideales liberales y conservadores, revolucionaron las luchas entre hacendados y colonos. La descripción que Roldan hace de los hechos sucedidos en el municipio del Tigre (Antioquia) ilustra el cambio en el sentido del conflicto que tuvo lugar con la nueva primacía de grupos armados por fuera de las alianzas políticas tradicionales: Lo que había empezado como una lucha por la propiedad de la tierra entre los colonos y propietarios había abierto el camino para que grupos armados (inicialmente financiados con los terratenientes con la finalidad de desalojar a los disgustados colonos que desafiaban su autoridad) asumieran gradualmente el control sobre la

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Eric J. Hobsbawm, (2001). Op. Cit. P-235.

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hacienda y actuaran por su cuenta. Los grupos de “autodefensa” sin duda desalojaron a los colonos, pero también provocaron ataques de la guerrilla liberal en la zona y en última instancia crearon una situación de violencia tan grave que los propietarios originales no pudieron ni volver a tomar posesión de sus tierras ni atraer mano de obra para trabajarlas. Para los terratenientes locales, la lección de El Tigre era clara: habilitar a grupos armados, especialmente a aquellos que podían justificar sus actividades violentas mostrándose como aliados del gobierno departamental en una zona caracterizada por luchas por la propiedad y la mano de obra, era sencillamente una estrategia demasiado arriesgada para ellos, incluso a pesar de ser conservadores14.

La regulación violenta por parte de bandas armadas en las comunidades no guardaba una preocupación seria para el nivel central de gobierno. Era cierto que se habían salido de control de las élites locales que funcionaban como canales de comunicación entre el Estado y los partidos con la población, pero en la medida que las bandas armadas, a excepción de los esmeralderos, no contaban con una fuente de capital apreciable, podían ser sometidos por el ejército o la policía e incluso podían ser cooptados desde el centro mediante alianzas políticas que recomponían la estructura de poder político en las regiones. La capacidad de coerción de los mediadores armados quedaba limitada por su propia naturaleza de fuerza social depredadora en regiones que pasaban por un estancamiento económico con respecto a los centros más poblados. Eran los años setenta, el país había experimentado un radical proceso de modernización. Ocurrieron las tasas de crecimiento económico más altas de la historia, la industria y el sector servicio ganaron peso sobre el total de la producción nacional, se construyó la base de la infraestructura 14

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Mary Roldan, (2003). A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia. 19461953. Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología. Págs. 197-198.

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vial, la población se urbanizó y en general se dio un proceso de modernización de la sociedad. El poder político desde las ciudades ganó primacía sobre las élites del campo. Los votos y la riqueza de lo urbano marcaron una tendencia hacia la consolidación de un Estado central con mayor capacidad de controlar lo que sucedía en las regiones y de definir las leyes y el modelo económico que configuraban la naturaleza de la sociedad. Sólo con la llegada del narcotráfico podrían los grupos armados disponer de suficiente capital para no depender de la producción económica regional, que por esos tiempos se rezagaba frente al auge de las grandes ciudades, y podrían además constituirse en garantes de la prosperidad de la coca como producto clave de muchas economías de frontera. Lo importante de resaltar las estructuras de mediación violenta que se habían conformado en las sociedades colombianas, es que obligan a tratar a los grupos armados como un fenómeno sociológico que tiene sus raíces antes de la aparición del narcotráfico, y a su vez obligan a tratar al narcotráfico como un fenómeno cuyos requerimientos de ‘coerción y protección’ se circunscriben en la dinámica de la crisis del monopolio estatal de la violencia. De la misma manera, afectan como nunca la capacidad de ‘coerción y protección’ del Estado central, al disponer los aparatos violentos en las localidades de recursos sin precedentes. Su análisis sobrepasa así el tema delincuencial y se enmarca en temas relacionados con la forma que adquiere la economía, la sociedad y la política en aquellas comunidades dominadas por alguna forma extra o paraestatal de coerción. De paso, en la medida en que se transformaron en estructuras reguladoras de los empresarios del narcotráfico, hicieron que la producción y contrabando de drogas como tal, alcanzara en un momento dado a volverse un factor determinante en el orden social, económico y político del país, tanto en un nivel nacional como regional. Sin embargo, el verdadero poder que se desprende del narcotráfico no llegaría de manera directa hasta las áreas rurales, y mucho menos hasta los dueños de los aparatos violentos en las 43

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regiones. Cuando se da su explosión hasta convertirse en un fenómeno de dimensiones inusitadas en la economía nacional, la primacía del negocio la llevan criminales que han asentado sus principales áreas de operaciones en los núcleos urbanos, en concreto aparecieron las organizaciones de Escobar y los Ochoa en Medellín, los Rodríguez Orejuela en Cali y Rodríguez Gacha en Bogotá. En ese período, posterior a los traficantes de marihuana de los setenta y algunos contrabandistas menores de cocaína, el narcotráfico se caracterizó por ser un negocio llevado a cabo por diversos carteles que a manera de grandes oligopolios del crimen organizado competían más por expandir su tamaño que por lograr un monopolio o por convertirse una organización que regulara del mercado. Lejos estaban los aparatos de violencia de estos carteles de parecerse a los grupos armados como autodefensas y guerrillas, que en actualidad regulan las diferentes etapas del negocio. La forma de los aparatos de violencia de las organizaciones narcotraficantes de las grandes ciudades era la de bandas criminales, sin uniformes, armados con ametralladoras ligeras y armas cortas, que funcionaban al estilo de guardaespaldas, asesinos a sueldo y terroristas ocasionales. No necesitaban de tecnologías de violencia o de terror más complejas. Sus exigencias eran muy específicas, se debían a los requerimientos de los jefes de las empresas narcotraficantes, que se orientaban hacia su protección personal, la eliminación de los competidores, el castigo a otros empresarios para evitar el incumplimiento de los acuerdos o simplemente para poder incumplir los acuerdos sin temor a retaliaciones. Durante la guerra de Escobar contra la extradición, y luego contra los ‘pepes’15, unos cuantos de estos aparatos se dedicaron a labores más sofisticadas de violencia. Los sicarios de Medellín ejecutaron operaciones bastante complejas de asesinato de jueces, funcionarios del gobierno, miembros de

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Los PEPES ó ‘perseguidos por Pablo Escobar’ era el seudónimo bajo el cual se agruparon los enemigos del capo de Medellín que pertenecían al mundo criminal.

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las Fuerzas de Seguridad del Estado y atentados terroristas de gran magnitud, que provocaron la muerte de centenares de víctimas inocentes16. Aunque los grupos de sicarios y guardaespaldas que trabajaban de la mano de los narcotraficantes, junto a los cuantiosos sobornos que ofrecían a los funcionarios del Estado, fueron los mecanismos más usados para acceder a sus necesidades de ‘coerción y protección’, en esa época aparecieron dos tipos de aparatos armados y se dio la construcción masiva de redes clientelares financiadas por los nuevos narcos, que en períodos posteriores tendrían bastante incidencia en la consolidación de las empresas privadas de protección. En primer lugar se crearon las famosas ‘oficinas de cobro’, donde los narcotraficantes y demás delincuentes contrataban el uso de la violencia contra socios o contrapartes que se rehusaban a cumplir con las deudas contraídas. En segundo lugar, el surgimiento de los paramilitares creó las bases para la conformación de grupos armados en las zonas rurales que ofrecían sus servicios de violencia al mejor postor. La figura de los bandoleros y “pájaros” que habían quedado como un resabio de La Violencia y que habían sido casi exterminados por la Fuerza Pública, tendrían una nueva oportunidad para actuar como mercaderes de la violencia en la definición del poder político y económico de las regiones. La expansión guerrillera y la práctica masiva de secuestros, el anticomunismo y la flexibilidad internacional ante las violaciones de los derechos humanos en el entorno de la Guerra Fría, las disputas electorales en las localidades y la necesidad de los narcotraficantes de contar con algún tipo de protección en sus nuevas propiedades rurales, le daría una nueva forma a las bandas de asesinos y criminales.

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Los atentados terroristas de Pablo Escobar bajo el nombre de los ‘extraditables’ fueron de tal magnitud, que solamente en el derribo del avión de Avianca y la bomba del DAS alcanzaron a causar cerca de 200 víctimas civiles.

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Tradicionalmente se señala el inicio de los grupos paramilitares en 1982 con la conformación del movimiento MAS (Muerte a Secuestradores), como respuesta al secuestro de una hermana del Clan de los Ochoa. Pero en la práctica resulta difícil precisar en que momento aparecen los escuadrones paramilitares, en la medida que conceptualmente no es claro lo que significa el término paramilitar para el caso colombiano y en la medida que, en la práctica, sus características rebasan o se quedan cortos con respecto a las distinciones que comúnmente se le atribuye al concepto. Se ha referido a los paramilitares como fuerzas que el Estado organiza para llevar a cabo asesinato selectivo de opositores políticos, como grupo de mercenarios anticomunistas propios de la Guerra Fría, como ejércitos secretos adscritos a un grupo de interés como terratenientes o barones locales y como bandas armadas al servicio de narcotraficantes. Lo cierto es que, en el caso colombiano, existieron rasgos de cada una de las definiciones, aunque estos rasgos variaban de acuerdo al momento histórico, a los actores involucrados y a las regiones donde operaban. Para efectos del tema de este artículo nos interesa un rasgo particular de los grupos paramilitares, su subordinación inicial a los empresarios del narcotráfico de las grandes ciudades. El grupo paramilitar quizás más representativo de la década del ochenta, las autodefensas del Magdalena Medio de Henry Pérez y Pablo Guarín17, no pudo mantener por mucho tiempo su proyecto contra-insurgente libre de la influencia de Rodríguez Gacha y de Pablo Escobar, quienes habían encontrado en la región un terreno propicio para refugiarse y dirigir sus transacciones criminales y su guerra contra el Estado. Con todo y las constantes fricciones que existieron entre los capos y los mandos paramilitares, que acabarían con el asesinato del propio Henry Pérez y la delación de varios de los narcotraficantes, el volumen del dinero que provenía de las ciudades inclinó la balanza a favor

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Algunos comandantes pudieron quedar al margen como Ramón Isaza y el “Águila”.

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de los empresarios urbanos, quienes reclutaron a los grupos paramilitares para cuidar las tierras que habían adquirido en las zonas rurales, para protegerse del acoso de las guerrillas y para satisfacer la demanda de violencia que implicaba el negocio. Así, los paramilitares funcionarían como grupos armados que garantizaban la seguridad de los miembros de las nuevas élites rurales conformadas en el proceso de contra-reforma agraria18. Los antiguos terratenientes y empresarios honestos encontrarían una fuente de protección ante la escalada de secuestro y la extorsión por parte de las guerrillas, como lo describe Camacho: En zonas del interior de la frontera agrícola, los procesos de adquisición de tierra por los narcotraficantes se traducen no sólo en el mejoramiento objetivo de algunas haciendas ganaderas en las que introducen nuevas variedades de insumos y productos, sino en la modificación de los patrones de dominación local. Los nuevos terratenientes son desde luego menos escrupulosos que los viejos propietarios, y no tienen reparos en organizar bandas armadas contra la insurgencia, sus supuestos simpatizantes o quienes son definidos como delincuentes, a los que es preciso exterminar. No pocos ciudadanos aceptan esta modalidad de poder y justicia local, en la medida en que así se pretende lograr una cierta tranquilidad local19.

En tercer lugar, los recursos de los narcotraficantes y el poder de intimidación de sus aparatos de violencia, permitieron que algunos empresarios de la droga financiaran y en ocasiones

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El término contrarreforma agraria ha sido citado en numerosos textos, pero sin duda la investigación más seria sobre la apropiación de tierras por parte de narcotraficantes es la realizada por Reyes. Alejandro Reyes. Compra de tierras por narcotraficantes. En Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social. Editado por Ariel, PNUD y DNE. 1997. Pp. 279 – 346. Álvaro Camacho Guisado, (2001). “Narcotráfico, Coyuntura y Crisis: Sugerencias Para un Debate”. En Rafael Pardo (Ed.), El Siglo Pasado. Colombia: Economía, Política y Sociedad. Bogotá: Red Multibanca Colpatria, CEREC. Pág. 541.

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construyeran sus propios movimientos electorales con su respectiva clientela. Bajo el control de políticos profesionales que rendían cuentas a los jefes narcos, aparecieron estructuras organizadas que negociaban su influencia con los círculos de poder del gobierno central, las altas cortes de justicia y los mandos militares, para proteger a los empresarios de la droga o direccionar la persecución de las autoridades hacia sus enemigos. Eran estructuras políticas que iban más allá de los proyectos delirantes de Ledher y Escobar para llegar a la presidencia, se trataba de la infiltración sistemática de la clase política para asegurar la inmunidad de las etapas del narcotráfico y la protección de sus jefes frente a la persecución de la justicia. El proceso 8000, liderado por el fiscal general, Alfonso Valdivieso, aunque no logró tumbar al entonces presidente Ernesto Samper destapó todos los vínculos existentes entre la clase política que manejaba el país y las estructuras narcotraficantes que sobrevivieron a la guerra narcoterrorista de Pablo Escobar. El cartel de Cali, de manera opuesta a sus contrincantes de Medellín, había renunciado a la violencia masiva contra los miembros del establecimiento y había apostado a la cooptación de las instancias de poder. Sin embargo, esta estrategia también demostraría ser insuficiente ante la presión de Estados Unidos para que se persiguiera a los jefes de Cali, luego que durante el proceso 8000 se hiciera evidente su compleja estructura de vínculos con la clase política. En 1995 serían capturados Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño, Fanor Arizabaleta y Henry Loaiza, un año después se entregaría Helmer Herrera, con lo que el grueso del Cartel sería desmantelado. De esa forma, la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la captura de los jefes de Cali en 1995 marcaron un cambio definitivo en la forma de las organizaciones narcotraficantes del país, que conduciría hacia el desmantelamiento de los grandes carteles de la droga o, lo que es lo mismo, hacia una recomposición de las empresas oligopólicas descritas por Krauthausen y Sarmiento (1991). Los grandes empresarios y grupos dedicados al tráfico de drogas pasarían de una estructura de redes organizada jerárquicamente a una estructura de redes 48

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atomizada, menos visible a la persecución de las autoridades y más readaptable frente a los golpes recibidos por las fuerzas de seguridad u otros competidores20. En la medida que se daban estos cambios en su estructura organizativa, ocurrían también cambios radicales en los requerimientos de ‘coerción y protección’ del narcotráfico. El perfil más bajo de los nuevos empresarios los hacia menos visibles pero a la vez eran más vulnerables a la violencia ejercida por grupos armados de izquierda o de derecha, o por otros delincuentes. El alcance de su infiltración en las agencias del Estado se redujo considerablemente luego que se destaparan las redes políticas que habían sido cooptadas por los anteriores oligopolios de la droga, por lo que su influencia en las decisiones políticas nacionales se vio tan limitado que no pudieron evitar el renacimiento legal de la extradición. En consecuencia, como ya no contaban con los aparatos armados que en su época ostentaran Escobar o Rodríguez Gacha, ni con la red de influencia sobre la clase política que tejieron los miembros del Cartel de Cali, sus requerimientos de ‘coerción y protección’ quedaban ahora en manos de los grupos de autodefensas y de las guerrillas que controlaban el poder local donde estaban ubicadas las posesiones de los narcotraficantes y las sitios de producción y transacción de drogas. Los ejércitos que estos guerreros en las áreas rurales y semiurbanas habían construido durante hacia más de una década tenían ahora una oportunidad única para hacerse al control del negocio. De alguna manera, hasta cuando el Cartel de Cali mantuvo su vigencia como organización criminal, los narcotraficantes mediaron como terceros en la lucha que existía entre guerrilla y paramilitares. La captura de los hermanos Rodríguez Orejuela, junto a la explosión de denuncias por sobornos de los narcotraficantes a la clase dirigente del proceso 8000, agudizó además el carácter desorganizado de la relación entre narcos y grupos de poder en 20

Andrés López y Álvaro Camacho Guizado. From smugglers to drug-lords to “traquetos”: changes in the Colombian illicit drugs organizations. Bajado de: http:/ /www.nd.edu/~kellogg/pdfs/LopeCama.pdf.

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los cuerpos de seguridad. En Colombia, a diferencia de México, donde el poder de los narcotraficantes está subordinado al poder de las élites políticas y económicas mediante jerarquías verticales, las alianzas entre delincuentes y miembros de las agencias de seguridad no presentan una estructura jerarquizada (Resa, 2001). Los equilibrios de poder y las cadenas de mando y subordinación son volátiles, dependen de quién logre imponer sus reglas de juego durante un momento dado. Las alianzas se dan entre actores que coinciden en una zona, un operativo o un corredor geográfico determinado en la lucha contra un enemigo común (guerrilla y/o delincuentes menos organizados), al tiempo que se pacta la renuncia a perseguir determinada criminalidad, básicamente narcotráfico y extorsión por protección, a través de sobornos a miembros de la fuerza pública. En adelante los empresarios de la droga estarían subordinados a quien ejerciera el control territorial y pudiera proteger sus operaciones delictivas. Pero a cambio de la protección las organizaciones de narcotraficantes estaban obligadas a ceder el grueso de las ganancias del negocio. El camino para la ruralización de las grandes fortunas del narcotráfico estaba despejado. El hecho que el narcotráfico en una primera instancia hubiera funcionado bajo el mando de los grandes carteles urbanos, que luego fueron desmantelados, y hubiera terminado en pequeños carteles y células operativas subordinadas a ejércitos rurales, responde a toda una lógica económica y sociológica. En las ciudades era donde existía un aparato económico lo suficientemente grande para absorber los ingresos del narcotráfico, pero en el largo plazo la visibilidad y la competencia con proyectos de modernización que eran excluyentes con proyectos criminales, hacían vulnerables a los jefes de los carteles. El mantenimiento de una supremacía en el poder del negocio ilegal de las drogas no dependía solamente de la mayor acumulación de capital, dependía también de las condiciones sociales que determinaban la forma que adoptaban las empresas privadas de ‘coerción y protección’ encargadas de regular el narcotráfico. Y no se trató 50

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de la extinción de las grandes empresas oligopólicas, este tipo de organizaciones son indispensables para garantizar las economías de escalas óptimas en el negocio del contrabando de drogas, sino de la aparición de súper estructuras armadas que además de prestar sus servicios de ‘coerción y protección’ asumieron dentro de sus funciones aquellas relacionadas con la de las grandes empresas oligopólicas. Involucrarse con el narcotráfico no era una opción, guerrillas y autodefensas tenían que hacerlo para garantizar los flujos de recursos que les permitieran la financiación de sus ejércitos, una condición indispensable para sobrevivir como organización en la guerra. Quien no se involucrara simplemente era aniquilado por sus enemigos, los que ahora sobraban con la avalancha de dinero de la droga para armar ejércitos. El poder que alcanzaron guerrillas y autodefensas, gracias entre otras variables a los recursos de la droga, en últimas estaba determinado por su capacidad de apropiarse del Estado en las diferentes comunidades del país. Entre mayor fuera el volumen de población, la riqueza de las economías locales y la extensión de los territorios controlados, mayor era la influencia de su poder. Para ello necesitaban de un aparato coercitivo que además de ser capaz de proteger a la población de otros ejércitos contrincantes y de los propios delincuentes que la sociedad produce, fuera capaz de extraer suficientes recursos de las comunidades dominadas y de disuadir a la población de seguir los parámetros de justicia y el orden social que les interesaba imponer, bien fuera como un proyecto guerrillero o como un modelo de control de autodefensa. Los requerimientos de ‘coerción y protección’ del narcotráfico tenían entonces un referente paralelo en el sentido que el conflicto tenía para los guerreros, la producción de violencia para regular transacciones sociales de toda índole en las comunidades. El texto de Krauthausen y Sarmiento (1991) señala de manera muy acertada la racionalidad que existía tras la conformación de empresas oligopólicas para regular las etapas intermedias del negocio del narcotráfico. También señala la forma racional en que los empresarios de la droga hacían uso de la 51

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violencia y de la infiltración en los cuerpos de seguridad del Estado, para incrementar la rentabilidad y disminuir los riesgos de persecución personal y de interceptación de las transacciones del negocio. Pero este texto fue publicado en 1992 cuando todavía guerrillas y autodefensas no habían alcanzado las dimensiones de poder que alcanzarían unos pocos años después, por lo tanto no incluye la siguiente evolución en la racionalidad del negocio de drogas: la hegemonía por parte de organizaciones que poseen el monopolio en un territorio de ‘la coerción y la protección’ sobre las empresas oligopólicas. Indistintamente si en un territorio los guerreros son los propietarios de las empresas oligopólicas, o si son sus reguladores a cambio de un excedente en los precios de transacción, las ganancias están garantizadas y los riesgos pueden asumirse sólo cuando los individuos u organizaciones narcotraficantes funcionan bajo el manto de aprobación de los empresarios privados de ‘la coerción y la protección’. Lo que sucede luego de 1992, año hasta donde abarca la investigación de Krauthausen y Sarmiento (1991), es que la racionalidad económica del narcotráfico evoluciona y se inserta como un apéndice en la racionalidad que determina la configuración del Estado regional en Colombia en el contexto del conflicto interno. Las expectativas de ingresos del negocio comienzan a ser parte de un juego de poder de actores colectivos más organizados y complejos, donde el éxito no se reduce a colocar mercancías ilícitas en mercados internacionales, sino que se expande hacia la conversión de las ganancias de la droga en ejércitos y aparatos políticos capaces de controlar poblaciones y territorios enteros. Y la racionalidad económica funciona en la otra vía, la de las ventajas que poseían los guerreros para hacerse a la primacía sobre las empresas oligopólicas. Autodefensas y guerrillas encontraron en sus tecnologías de ‘coerción y protección’ todas las ventajas dadas para subordinar a los empresarios de la droga dentro del esquema de funcionamiento de sus organizaciones. Tenían la disponibilidad y el conocimiento de aparatos administrativos al margen de lo legal, ya que manejaban la burocracia y el presupuesto público de los municipios; tenían los contactos 52

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con las redes urbanas que manejaban las etapas del negocio que sucedía en las ciudades, de hecho, muchas de estas redes les pertenecían o eran protegidas por sus estructuras urbanas de ‘oficinas de cobros’; tenían la mayor influencia política en la región en la medida en que ellos eran el poder político, por lo que eran inmunes a la persecución del Estado local, además de que contaban con influencia en los círculos centrales de poder; tenían el capital suficiente para financiar las diferentes etapas del negocio, puesto que cobraban tributos a todos las transacciones económicas; y tenían los aparatos de violencia que monopolizaban ‘la coerción y la protección’ sobre todas las transacciones ilegales que sucedían en su territorio. En suma, tenían todos los componentes claves para controlar un negocio ilegal: contactos, capital, inmunidad y violencia. Lo racional, tanto para los guerreros como para los demás empresarios de la droga, era entonces negociar los términos y los porcentajes de ganancia para cada una de las partes de modo que fuera rentable para todos, pero dejando en claro que quienes tenían el control y el mayor porcentaje de las utilidades de las etapas del negocio eran las guerrillas y autodefensas que protegían la producción y las transacciones. En la dinámica evolutiva del narcotráfico en Colombia que llevó a que el control de las empresas oligopólicas se balanceara hacia los guerreros, también influyó el hecho que su primacía contribuía a la protección de un flujo de capital ilícito hacia regiones económicamente rezagadas, lo que evitaba que en su proceso de apropiación del Estado guerrillas y autodefensas fueran simples depredadores de la producción local. Su extracción de recursos de las comunidades era funcional a los intereses de la población, garantizaban la prosperidad de la economía de las drogas y, directa o indirectamente, muchos en lo local sacaban provecho de estos recursos. Así, era de esperar que en un proceso de definición del Estado en comunidades fragmentadas, sucediera una subordinación del narcotráfico hacia los aparatos armados más poderosos, en la medida que el narcotráfico era un negocio proclive a formas muy violentas de regulación como aquellas 53

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que surgieron cuando los ejércitos de guerrillas y autodefensas entraron a disputar el control de territorios. Tampoco hay que interpretar la mezcla de violencia y depredación como una anormalidad colombiana, un resumen de los diferentes modelos utilizados para explicar el origen de los Estados modernos revelaría que todos incluyen algo de estos componentes (Rasler y Thompson, 1989)21. Ni que decir de los actuales Estados en crisis que están surgiendo de las guerras internas en África Subsahariana y los Balcanes. Lo que surge como un fenómeno particular de Colombia, y que merece una análisis más profundo, es la adaptación que han experimentado los bandos de guerreros a raíz del requerimiento de ‘coerción y protección’ que demandaba el narcotráfico como una empresa criminal fundamental de la vida económica y social de muchas regiones, así como los recursos que genera para fortalecer los aparatos de guerra. Este análisis de los actores de la guerra puede dividirse en la formación de dos tipos de ejércitos, él de las guerrillas y él de Señores de la Guerra, que aunque fueran muy similares en sus formas de financiación y en su uso de la violencia, tienen significados históricos muy diferentes, formas opuestas de organizar la sociedad e intereses encontrados con respecto a las relaciones que entablan con los empresarios de la droga. Como se ha mencionado previamente, el primero de estos ejércitos compuesto por grupos guerrilleros, básicamente las FARC y el ELN, tienen un origen anterior al fenómeno del narcotráfico. En un sentido estricto, están lejos de ser empresarios de la droga, en la medida que la acumulación de recursos a través de actividades ilícitas no es un fin en sí mismo de la organización sino un medio para la toma absoluta del poder nacional. Pero a la vez, no hay duda que han apelado a directamente al tráfico de cocaína, como lo demuestran los procesos que se siguen en la

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R. Rasler & W.Thompson, (1989). War and the state making. The shaping of the global powers. Studies of international conflict. London: Boston Unwin Hyman.

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Fiscalía al ‘negro’ Acacio por la venta de cocaína y más diciente aún de la relación que existe con el negocio de las drogas, es el crecimiento de estas organizaciones a raíz de su financiación con algún tipo de transacciones vinculadas al narcotráfico. En efecto, desde que el narcotráfico entró en escena, le ha permitido a las FARC y al ELN disponer de cuantiosos recursos para expandir sus ejércitos y su control territorial. Sólo así pudieron financiar su avance hacia regiones más integradas a los circuitos económicos nacionales, donde a su vez podían extraer mayores recursos a través del secuestro y la extorsión. De unos centenares de combatientes pobremente apertrechados, cuyo armamento dependía del robo de obsoletos fusiles y carabinas que hacían en audaces emboscadas al ejército y la policía, pasaron a tener una tropa superior a los 20.000 hombres armados con modernos fusiles, ametralladoras, RPG y toda una tecnología de armas de fabricación propia, que les permite enfrentar al ejército en combates de movimiento. En 1998, la capacidad del aparato de guerra de las FARC quedó demostrada cuando llevaron acabo operaciones contra el ejército como Patascoy y las Delicias. La relación de las guerrillas con el negocio de las drogas guarda los rasgos del mismo dilema que mantienen con ciertas poblaciones, en donde los intereses por extraer recursos para fortalecer el ejército en su objetivo de toma absoluta del poder nacional puede ser contrario a los intereses de los habitantes que están bajo su control. En el caso del narcotráfico, la extracción de recursos para financiar la guerra es contraria a la acumulación de capital por parte de los empresarios de la droga, su objetivo no está trazado en la posibilidad de disponer de un consumo conspicuo o en la construcción de conglomerados de inversiones legales desde las posibilidades que le ofrecen las facciones armadas a un narcotraficante, sino que el grueso de los recursos se invierte con un propósito muy específico: reclutar hombres y adquirir armas para tomarse el Estado y cambiar su naturaleza. En el mediano plazo los narcotraficantes que habitan y operan en territorios de las FARC o el ELN, se ven obligados a entregar sus riquezas ante las amenazas de las guerrillas o a financiar la 55

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llegada de grupos de autodefensas que cobran una proporción más racional de sus ganancias y se adecuan a sus aspiraciones como empresarios de la criminalidad. Es por esta razón que el grueso de la subordinación de los empresarios del narcotráfico a la guerrilla ocurren en las etapas iniciales del negocio, donde todavía no existen grandes empresarios y organizaciones sino iniciativas individuales o pequeñas empresas de cultivos de coca y laboratorios de procesamiento de pasta y base. Los individuos que no están amparados por el poder de organizaciones fuertes son más vulnerables a la depredación de un grupo guerrillero, y de hecho, necesitan su presencia para que actúen como una tercera parte encargada de la regulación de los derechos de propiedad, de las transacciones y de los precios. De esa manera, las guerrillas se hicieron al control de uno de los eslabones competitivos del negocio, compuesto por los productores de hoja, pasta y base de coca. En las fases subsiguientes del narcotráfico, los individuos que han construido organizaciones más complejas, propias de las etapas de transformación y comercialización de estupefacientes, necesariamente habrán tenido que estructurar aparatos armados que podrían ser utilizados en caso de amenazas de algún grupo. Por lo que estarán en una posición más favorable que los individuos o grupos pequeños para negociar un porcentaje de las ganancias de su negocio por la protección que reciben a cambio. Deben además garantizar grandes flujos de ingresos para pagar a los miembros y empleados de la organización, por lo que están obligados a negociar menores descuentos en las ganancias brutas para cubrir sus gastos operativos. Así pues, la relación de las guerrillas con los empresarios de las etapas oligopólicas del negocio, son más tensas y su negociación depende de un pulso constante de poderes entre las partes. También influyen las marcadas diferencias en la ubicación geoestratégica de las guerrillas y de las autodefensas con respecto a las regiones donde ocurren las diferentes etapas del narcotrafico. Mientras que las FARC y el ELN se hallan en zonas 56

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por lo general aisladas de los puertos de embarque para hacer tránsito hacia los mercados internacionales (básicamente Norteamérica y Europa), los grupos de autodefensa poseen el punto final de los corredores de drogas en la Costa Caribe y en el Pacífico, teniendo mayor predominio territorial sobre zonas consideradas de embarque de cocaína como Tumaco y Buenaventura. El hecho que la guerrilla controle las zonas donde se produce la base y la pasta de coca, y que las autodefensas dominen el grueso de las zonas de transformación y comercialización, determina que el pulso de la negociación entre los dos tipos de empresarios de la droga, competitivos y oligopólicos, se relacione usualmente con las fronteras de control territorial entre los dos grupos armados, que en últimas definen los precios del intercambio. El control de la guerrilla sobre regiones donde ocurren las fases iniciales del negocio tiene una consecuencia adicional en la dinámica del conflicto que rebasa lo estrictamente económico, en el sentido de la capacidad de generar recursos para financiar el ejército. Tan importante como la disponibilidad de recursos para adquirir armamento moderno en la estrategia de expansión territorial de las FARC y el ELN, ha sido la aparición del fenómeno de los cocaleros que actuó y sigue actuando como válvula de escape para la población expulsada en el proceso de contrarreforma agraria. El éxito de la erradicación de cultivos de coca en Bolivia y Perú y la producción de variedades de hojas de coca adecuadas a las condiciones de los bosques tropicales de Colombia, hizo que el país se convirtiera en el principal productor mundial. Rocha estimó que “para 1998 los cultivos ilícitos habrían tenido una producción valorada en US$ 301 millones, equivalentes al 5.5% del PIB agrícola de las regiones productoras. Allí también habrían generado 57.000 empleos directos, es decir, cerca del 6.7% del empleo agrícola”22. En zonas de frontera agrícola y colonización, donde las guerrillas ejercen como 22

Ricardo Rocha, (1999). La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico. Bogotá: UNDCP. Pág. 33.

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estado, el porcentaje era aún mayor. En Putumayo, Guaviare y Vichada representaron el 45% del empleo agrícola. Para la guerrilla el fenómeno de campesinos sembradores de coca o cocaleros significó no solamente una nueva fuente de ingresos, sino una poderosa base social desde donde articular su lucha contra el Estado. Los paros campesinos de 1996 auspiciados por las FARC mostraron que su fuerza social era capaz de inmovilizar tres departamentos. Por su crecimiento y exclusión de los servicios básicos del Estado, los cocaleros y demás base social pobre que se gana la vida alrededor de la producción de narcóticos, pasó a constituirse un elemento importante para definir los resultados del conflicto. Dado que el Estado no puede encargarse de regular actividades criminales, que serían condenadas por la comunidad internacional, las oportunidades están servidas a facciones armadas del estilo de guerrillas y autodefensas. En adelante, contarían con una población que superaba el millón de habitantes ubicadas en la frontera agrícola del país en busca de un agente que haga las veces de Estado. Lo que equivalía a cuidar la seguridad de las comunidades, aplicar justicia, organizar los servicios básicos y evitar la especulación de los precios de la coca, a cambio del pago de un tributo periódico. El mejor ejemplo de la incapacidad del Estado para regular las transacciones y los proyectos colectivos de las sociedades cocaleras son las declaraciones de los propios miembros de las Fuerzas Armadas, que reclaman la acción de otras agencias al realizar operaciones de recuperación de territorios que fundamentan su existencia en la producción y comercio de la coca. El 7 de septiembre de 2002 en un artículo del periódico El Tiempo el comandante de la Brigada Móvil Número 7, Coronel Jairo Rodríguez Sarmiento, aseguraba que la recuperación de Miraflores, un municipio dominado por las FARC-EP, no se hacía por la falta de acción integral de otras agencias del estado. Él argumentaba: “si fuera por llegar a Miraflores, ya lo habríamos hecho. El problema es permanecer allá y eso se debe hacer en conjunto 58

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con el Gobierno. Junto con la tropa deben llegar obras sociales e instituciones como la Defensoría, el ICBF, los jueces. Hay que retomar la confianza de la población civil”23. En operaciones realizadas durante el primer semestre de 2004, el Ejército finalmente recuperó el dominio militar de Miraflores. Pero tal como lo advirtió el Coronel Rodríguez la recuperación del territorio fue incompleta en la medida que el resto del Estado no llegó. Lo más preocupante es que la población local, que depende exclusivamente de la coca, ha empezado a abandonar el municipio. El 9 de junio de 2004, El Tiempo tituló un reportaje con el encabezado “El ocaso de Miraflores”, donde narraba cómo con la llegada de las fuerzas militares a reprimir el negocio de la coca se había producido una quiebra económica general de la población, al punto de tramitarse una iniciativa legal para reducir la categoría de Miraflores a corregimiento. Y en un reportaje posterior (agosto 21 de 2004) titulado “Miraflores pasó de ser la opulenta capital mundial de la coca a un municipio que se muere de hambre”, los habitantes le solicitaron al gobierno que: “nos flete un avión para salir de aquí y nos haga un canje por la coca que tenemos enterrada. Si nos la compran o la canjean, la desenterramos”. El segundo tipo de ejércitos, por el contrario, tiene una relación más estrecha con el negocio de las drogas, sus empresarios y sus inversiones en las economías locales. De hecho, muchos de los comandantes y jefes políticos que iniciaron la construcción del proyecto de las AUC, eran previamente narcotraficantes puros, incluyendo a los hermanos Fidel y Carlos Castaño, quienes en la década de los ochenta se movían a sus anchas en la estructura del Cartel de Medellín. Otros conformaron sus primeros aparatos armados para proteger de la guerrilla a los hacendados y ganaderos, entre los que se contaban los narcotraficantes que invirtieron en grandes predios rurales y que propiciaron todo el fenómeno

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El Tiempo - Conflicto Armado. Las FARC instituyeron un ‘paraestado’ en Miraflores (Guaviare). Bogotá, 7 de septiembre de 2002.

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de la contrarreforma agraria. Su aparición responde a su vez al proceso de traslado de la primacía del narcotráfico desde las ciudades al campo. A diferencia de los grandes centros urbanos, donde no poseían el control absoluto de un complejo sistema de redes sociales, en las áreas semiurbanas y rurales los grandes capos podían contar con la protección de sociedades más atrasadas, habituadas a un modelo de dominio patronal. El atraso político y económico del campo ofrecía la posibilidad de disponer de clientelas que eran funcionales a la seguridad de la actividad criminal, si se contaba con el poder político y con una base social propia dependiente de los recursos del narcotráfico o del presupuesto y las oportunidades laborales de la administración pública. El flujo de dinero desde las redes establecidas en las ciudades durante la etapa de los carteles de Medellín y Cali, a su vez les permitió desarrollar todo un sistema de inversión de los capitales repatriados. Bien fuera mediante la infiltración en proyectos y empresas legales en lo urbano o bien fuera mediante la apropiación del sector productivo rural, de acuerdo a la capacidad de absorción de lavado de cada economía, desde la caída de los grandes carteles, los Señores de la Guerra se convirtieron el eje de los servicios de ‘coerción y protección’ que requería la estructura económica de las inversiones del narcotráfico. La disponibilidad de un aparato de coerción capaz de someter a los otros competidores, como narcotraficantes, políticos, gamonales y la misma fuerza pública, y de garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad y los contratos, era una condición indispensable para la prosperidad del negocio. Los ejércitos privados en las áreas rurales y semiurbanas, articulados alrededor de la financiación de actividades criminales, terminarían por adquirir la primacía sobre el tráfico de drogas, y más importante aun, llevarían a que lo delincuencial adquiriera un trasfondo eminentemente político. En adelante, muchos criminales dejarían de pensar puramente en lo delincuencial y tendrían que concentrarse en la forma de organizar las sociedades locales para poder garantizar su prestigio y su supervivencia como figura ascendente en su comunidad. 60

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Fue así que durante el mismo período en el que las autoridades desmantelaron los grandes carteles, Carlos Castaño recogía la cosecha de varios años de construcción de un verdadero ejército y superaba la subordinación que los paramilitares habían experimentado a mano de los narcotraficantes, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los caciques políticos y demás figuras de poder en las comunidades. Se había producido la transformación de los grupos paramilitares en ejércitos privados al servicio de Señores de la Guerra. Ahora no se trataba de grupos armados subordinados a otros poderes, eran ejércitos de combatientes con una doctrina, identidad simbólica (uniformes, escudos, himnos, etc.) y armamento de guerra, que garantizaban la primacía de sus jefes sobre el poder local. En el propio discurso de sus miembros se hace manifiesto el cambio, se hacen llamar autodefensas y niegan su carácter de paramilitares. En las escuelas de formación del Bloque Central Bolívar, por citar sólo un caso, le repetían a los nuevos reclutas en las clases de formación política: “Las autodefensas son un grupo político, militar, antisubversivo, al margen de la ley, anticomunista, antiterrorista que busca la paz del país. Las autodefensas no son paramilitares; ellos eran los de antes, los que hacían masacres y mataban gente inocente. Nosotros sólo matamos guerrilleros”24. Desde la supuesta muerte de Fidel Castaño en 1994, y la llegada al liderazgo de las ACCU25 de su hermano Carlos, los grupos paramilitares adquirieron su verdadera dimensión de propietarios del Estado en muchas ciudades pequeñas, municipios y zonas rurales del país. Su naturaleza de facciones armadas de los capitalistas rurales y narcotraficantes evolucionaría hacia ejércitos que imponen la seguridad, capturan los excedentes de la producción lícita e ilícita, administran la justicia y garantizan la supremacía de sus comandantes en lo local. Indistintamente de su origen, como narcotraficantes, paramilitares, políticos, militares 24

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Publicado en El Tiempo – conflicto armado. Las Autodefensas Unidas de Colombia entregaron a 13 menores de edad en Santander. Bogotá, diciembre 14 de 2002. Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

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retirados o simples asesinos, los Señores de la Guerra se transformarían en nuevas élites rurales. Ahora serían los dueños de los ejércitos quienes subordinarían al poder político, económico y social. Incluso, la naturaleza de la relación entre aparatos armados irregulares y las Fuerzas de Seguridad del Estado, se trastocó. De ser los encargados de las desapariciones, masacres, amenazas y el resto del ‘trabajo sucio’ bajo el mando de los militares, pasaron a incidir en la dirección del aparato de combate de las Fuerzas Armadas del gobierno. Apelando a la máxima de Patton de ‘no conozco al primer general que haya resistido un cañonazo de 200.000 dólares’, los Señores de la Guerra sobornan a los oficiales responsables de las acciones militares para orientar sus acciones de acuerdo con sus objetivos militares estratégicos. Las FARC, como ejército, constituyen sin duda un aparato de guerra superior a cualquier bloque de autodefensas, pero para los enfrentamientos entre combatientes los Señores de la Guerra pueden hacer uso de las tropas regulares del Estado a manera de un outsourcing, en vez de tener que construir ejércitos más grandes con todos los costos que ello implicaría. La posibilidad de construir una hegemonía sobre lo rural, esto es constituirse en el poder de facto que regula la vida de las comunidades, catapultaría a muchos individuos hacia un poder por encima de los empresarios oligopólicos de la droga. El uso de la violencia y de las relaciones con los cuerpos de seguridad y la clase política del nivel central de gobierno, que se requiere para garantizar las condiciones de dominio territorial que ejerce un Señor de la Guerra, era apenas la agencia que necesitaban los narcotraficantes para que una ‘tercera parte’ dirimiera en las disputas entre las partes de un negocio ilegal y persuadiera a los empresarios a cumplir los contratos pactados. Además, la lógica de la guerra mostraba que el cuerpo de sicarios o de guardaespaldas de un narcotraficante, por más poderoso y bien equipado que estuviera, era un blanco fácil en el combate contra una tropa en campo abierto. No era entonces, que los Señores de la Guerra fueran instrumentales a los intereses de los empresarios de la droga, sino que estaban obligados a la subordinación si querían operar en sus zonas de control. 62

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La mejor demostración de la supremacía del poder de los Señores de la Guerra sobre los empresarios puramente narcotraficantes, es que pese a haber sido solicitados en extradición por Estados Unidos bajo cargos de conspiración para traficar cocaína, ni “Don Berna”, ni Salvatore Mancuso han afrontado cargos fuera del país por estar en el proceso de paz con el actual Gobierno. Durante ese mismo período más de cien narcotraficantes que no poseían ejércitos fueron extraditados, incluyendo los otrora poderosos capos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La lección no podía ser más clara. El alcance del poder político de los Señores de la Guerra es tal que pueden negociar su vinculación más que probada con el tráfico de drogas dentro de los términos del carácter político de sus aparatos de violencia. Todo este poder de acumulación de capital protegido por un proyecto de supremacía política en muchas comunidades del país, está basado en el dominio de dos variables fundamentales: la población y la tierra. El control de un territorio solamente es efectivo cuando se despliega población leal sobre el terreno, sin importar que la lealtad sea producto del terror o de la dependencia de los medios de subsistencia, y no repose sobre los acuerdos acerca de los principios políticos y morales que deben regir la sociedad. Es así que el sentido de la apropiación desmedida de tierras por parte de los Señores de la Guerra guarda una racionalidad política antes que económica. La rentabilidad de los grandes latifundios es pobre cuando se compara con otros negocios de las autodefensas como el narcotráfico y la extorsión. La ganadería, los cultivos industriales y la finca raíz en el campo, no son empresas que se distingan por su dinamismo al evaluar su tasa de retorno, el riesgo de la inversión y demás indicadores económicos. Pero la rentabilidad del control de territorios es invaluable desde el punto de vista de la inmunidad ante la justicia nacional e internacional cuando se trafica con drogas. Duffield (1998) considera que en los nuevos conflictos internos, a los que califica como conflictos postmodernos, el objetivo de las facciones lideradas por Señores de la Guerra o redes de crimen organizado no es la toma del Estado sino la posibilidad de 63

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disponer de santuarios inmunes al control de los modernos Estados Nación desde donde negociar con los grandes mercados internacionales. El éxito del poder político de los Señores de la Guerra en Colombia es que han logrado disponer de santuarios de inmunidad en las zonas rurales desde donde articular sus operaciones criminales. La reclusión y la eliminación física de la generación de los narcotraficantes de los carteles de Medellín y Cali, demostraron que las ciudades eran lugares vulnerables para los jefes del crimen organizado. Su presencia en un territorio no controlado del todo, donde la protección de escoltas y los lujos resaltaba su visibilidad, proporcionaba un blanco atractivo para las autoridades. El aislamiento del campo proporciona un mejor refugio para los jefes del crimen si cuentan con facciones armadas propias, influencia sobre las autoridades políticas y militares locales, y los respectivos contactos vía soborno de instancias centrales de gobierno. Pero no se trata de la connotación tradicional del campo de territorios aislados, ordenados bajo la lógica de economías y sociedades agrarias, sino de las áreas de influencia de municipios e incluso ciudades intermedias que a pesar de su historia rural han generado aglomeraciones de población, mercados locales, servicios básicos e importantes fuentes de trabajo no agrícola. Son regiones que han superado el relativo atraso de sus economías primarias gracias a los excedentes del narcotráfico. Y fue en estos territorios, mezcla de cabeceras urbanas en crecimiento con su respectiva área de influencia rural, que los Señores de la Guerra montaron la estructura de su poder político, basados en la inmunidad de empresas criminales, y lo proyectaron a la escala nacional. La prueba del éxito de la inmunidad de los santuarios rurales ha quedado plasmada en los resultados de las fuerzas de seguridad del Estado contra las facciones de autodefensa, que aunque muestran bajas de combatientes y decomisos de armas y de drogas, raras veces incluyen la captura de altos mandos de facciones. Quizá la captura más importante sea la de Juan Prada, 64

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fundador de las Autodefensas Campesinas del sur del Cesar26, que es muy probable que se deba más a presiones de otros jefes de autodefensas que a un esfuerzo verdadero de los cuerpos de seguridad. De hecho, el final de los Señores de la Guerra se debe con mayor frecuencia al ataque de otras facciones de Señores de la Guerra, interesadas en competir por el dominio de espacios inmunes. La desaparición de Carlos Castaño, así como los asesinatos de Miguel Arroyave y alias “Doble Cero”, por sólo mencionar los casos más sonados, fueron ante todo el resultado de disputas territoriales entre las mismas autodefensas o de fricciones al interior de los grupos. La racionalidad del conflicto no es producto entonces del simple interés de una clase terrateniente por garantizar su hegemonía sobre el principal medio de producción de las economías agrarias: la tierra. Pese a que el proceso de expansión de las autodefensas y la codicia misma de las individualidades exigen la concentración de extensas propiedades, su racionalidad responde en últimas al control de poblaciones y territorios, desde donde se articula todo el proceso de acumulación de capital a partir de negocios ilícitos, en especial narcotráfico y corrupción pública. Se es exitoso como un Señor de la Guerra por ejercer como Estado sobre un mayor número de habitantes y regiones, pero no por hacerse a la fuerza a un sinnúmero de haciendas. Las nuevas propiedades, que en la práctica pueden ocupar extensiones tan amplias que aparecen en los mapas departamentales, son ante todo un botín de guerra por el logro del control territorial. La prueba que para los Señores de la Guerra es más importante el control de poblaciones y territorios que la concentración de la tierra per se, es que al igual que las guerrillas han reconocido en la base social de los cocaleros, un elemento de dominio indispensable para ampliar su poder regional. Aunque no se pretende cuestionar que una de las consecuencias de la guerra 26

Ver noticia en página Web del Ejército Nacional de Colombia: http://www.ejercito.mil.co/detalleArticulo_Periodico.asp?numDocumento=7621 &idPagina=

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es la agudización del problema agrario alrededor de ejércitos de narcotraficantes que concentran las mejores tierras27 y guerrillas que son funcionales a los intereses de los campesinos expulsados fuera de la frontera agrícola, en particular hacia el Suroriente del país, dentro de la estrategia de las autodefensas juega un papel importante la lealtad de los cocaleros como población residente en territorios estratégicos. La matanza de la Gabarra de 34 campesinos raspachines por parte de las FARC, porque trabajaban en una hacienda cocalera de un jefe paramilitar, advierte la importancia que tiene para ambos bandos el control mediante la violencia y la disuasión económica de este campesinado pobre. En su autobiografía Mi confesión, Castaño relató cómo se apoderó de los sembrados de coca del sur de Bolívar: El ELN también perdió el control de la zona con esa rapidez, a raíz de la condonación de la deuda que tenían los campesinos con la guerrilla. Al llegar la Autodefensa, reuní a los cultivadores de coca de la región y les dije: “Por favor se organizan y por cada vereda se presenta un delegado para una reunión importante”. A la cita asistieron unos sesenta representantes. Según las cuentas les debían al ELN más de cinco mil millones de pesos. La guerrilla los había prestado para sembrar los cultivos

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Durante las últimas dos décadas las mejores tierras se han concentrado en pocos propietarios y en actividades de baja productividad. Bejarano et al. argumentan que: “las organizaciones de justicia privada creadas a nivel rural por estos nuevos propietarios con intereses en el sector agropecuario cumplen adicionalmente con la función de amparar la compra de las mejores tierras, que en este momento puede aproximarse a cuatro millones de hectáreas localizadas en 409 municipios. Esta superficie sería más o menos la mitad de la tierra que el país dedica a la actividad agrícola, que en total es de alrededor de ocho millones de hectáreas. El incremento de los niveles de concentración de la tierra en pocas manos ha ocasionado el desplazamiento de campesinos hacia la frontera agrícola y las ciudades. Las tierras se han sobrevalorado, lo cual desestimula la entrada de empresarios agrícolas y ganaderos al mercado. Asimismo, se ha apuntalado la tendencia hacia la extensión de la ganadería en el país en detrimento de la agricultura y de los bosques”. Bejarano et. al, (1997) Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Áreas Rurales, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonadey Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 85.

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ilícitos. En la zona obraba un comandante subversivo con el alias de “Gallego” al que conocían por “el gerente del Banco Agrario” Aproveché la situación y les dije a todos: “Señores, les dicen a todos los campesinos de la región que la deuda ha quedado condonada”. La gente hizo tremenda algarabía y festejó varios días. Entérese, que tampoco todo es color de rosa y que el campesino no nos quiere porque sí28.

Así como el pasado histórico de las comunidades donde actualmente dominan los grupos guerrilleros y los Señores de la Guerra, está estrechamente vinculado a la naturaleza de sus ejércitos y a la forma como ejercen su dominio, existe una región que por sus características históricas ha desarrollado manifestaciones propias en cuanto a la forma de proveer sus requerimientos de ‘coerción y protección’. Se trata del área compuesta por aquellos municipios donde se dio la colonización antioqueña y donde actualmente se ubican las facciones que componen el Cartel del Norte del Valle. Allí los mismos narcotraficantes fueron capaces de desarrollar sus estructuras armadas, diferentes a los ejércitos de otras regiones que poseen doctrina, un mando regular y una iconografía, pero que resultan igual de efectivas a la hora de controlar sus territorios. Las condiciones sociales de la región dispusieron que los ejércitos se organizaran alrededor de asesinos a sueldos y guardaespaldas que, sin ninguna mística, ni disciplina militar, ni uniforme, ni mando organizado, fueron capaces de mantener el dominio de sus jefes en las comunidades. Pese a que las guerrillas y las autodefensas han intentado en numerosas ocasiones entrar a estos municipios de forma permanente y ejercer un verdadero control territorial, hasta ahora han fracasado porque estas bandas de asesinos sin ninguna organización militar los han rechazado. La raíz de los ejércitos de empresarios de la droga en el Norte del Valle, que a su vez permitió la consolidación de los narcotraficantes 28

Mauricio Aranguren, (2001). Mi Confesión. Carlos Castaño Revela sus Secretos. Bogotá: Editorial Oveja Negra. Pág. 254.

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locales como una verdadera mafia, se halla en dos elementos de su historia, muy relacionados entre si. Por un lado, la conformación de una estructura social y económica en estas comunidades a partir de la experiencia de la colonización cafetera, que se dio bajo parámetros diferentes a los de la estructura de hacienda que imperó en la mayoría del resto de regiones del país29. Eran sociedades más democráticas, más urbanizadas, más equitativas en sus relaciones laborales, con mayor movilidad, con un clientelismo político que había superado su fase puramente agraria y con un predominio de campesinos propietarios que producían un bien con alta demanda en los mercados internacionales, el café. La acumulación de capital por el café luego permitió diversificar la producción agrícola local gracias a las campañas de la Federación de Cafeteros, lo que contribuiría a la expansión del consumo local y al establecimiento de mercados internos que otorgaban unas condiciones de vida relativamente prósperas en el contexto nacional. La llegada de los recursos de la droga incluso empató con la conformación de esa dinámica regional que era afín al mejoramiento del bienestar local, tal como lo relata Betancourt (1998): Estas poblaciones, en un principio producto de la colonización antioqueña y ligadas a la economía cafetera y a la ganadera de leche, a partir de los años setentas entraron en un proceso de diversificación de cultivos, sobre todo de frutales, promovido por la Federación de Cafeteros, proceso que fue retomado por las organizaciones de tipo mafioso las cuales en los últimos diez años han generado una gran transformación de la región en cuanto a la mejora de la ganadería, la tecnificación, los nuevos cultivos, la vivienda rural y una dinámica comercial y de la construcción muy aceleradas30.

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Fernando, Guillén Martínez, (1996). El poder político en Colombia. Bogotá: Editorial Planeta S.A. Darío Betancourt Echeverri, (1998). Mediadores, Rebuscadores, Traquetos y Narcos. Valle del Cauca 1890-1997. Bogotá: Ediciones Antropos, Colección Historia y Sociología. Pág. 132.

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Y por otro lado, la tradición de los “pájaros”31 que se gestó durante la Violencia clásica, que incidiría en momentos posteriores sobre el desarrollo de las tecnologías de producción de violencia en la región donde posteriormente se ubicaría el Cartel del Norte del Valle, y que daría lugar a las características de bandas de asesinos a sueldo de las empresas privadas de ‘coerción y protección’ de los actuales jefes del Cartel. Los “pájaros” eran una manera particular de ejercer la violencia, del estilo de criminales a sueldo en zonas urbanas, muy ligados a los poderes económicos y políticos de las localidades, diferente al carácter más subversivo y reivindicativo de las clases campesinas de los bandoleros (Sánchez y Meertens 2002): Los “pájaros” eran, a su vez, verdaderos ‘asalariados del delito’, ejecutores de la violencia planificada desde las oficinas, los cargos públicos, los directorios políticos. Era la característica modalidad de la violencia en el departamento del Valle, que en esos años ya se encontraba a un nivel de desarrollo de la agricultura y de urbanización mucho más avanzado que el de cualquiera de los demás departamentos. Allí el régimen del salario se había generalizado de en tal forma que ni siquiera la práctica delictiva le escaparía: por el ejercicio del delito se pagaba el equivalente de un salario32.

Existía una violencia generalizada, de hecho el eje cafetero ha sido una de las regiones con mayores tasas de homicidios en la historia reciente de Colombia, pero sus manifestaciones tomaban un matiz distinto al de la violencia organizada alrededor de un cacique terrateniente que poseía la hacienda como instrumento 31

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“Pájaro” era el término con que se hacía referencia a las bandas armadas afiliadas al partido conservador, que con la tolerancia de las autoridades, asesinaban y desterraban a los miembros del partido liberal durante el período de la Violencia. Todavía en muchas regiones del país se usa este término para señalar a los guardaespaldas de los jefes locales. Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, (2002). Bandoleros, gamonales y campesinos el caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Ancora Editores. Pág. 159.

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económico desde donde se organizaba el orden social de las comunidades. Era cierto que las expropiaciones de tierra eran usuales, sin embargo, estas expropiaciones se daban en un contexto donde la sociedad no era dependiente de sus relaciones con los latifundistas para acceder a un ingreso ni para acceder a los servicios básicos del Estado. Por ser más urbanas, por la presencia de minifundios cafeteros y por poseer un capitalismo más desarrollado, la mediación se daba a través de individuos que dominaban sus comunidades ante todo como consecuencia de su control violento del poder político mismo, básicamente del control de las votaciones y de los cargos públicos. Pese a que la tierra era un factor determinante de poder, en el sentido que proveía los recursos para organizar los aparatos armados, también existían otros factores igual de importantes. Por ejemplo, la extorsión a los comerciantes, la corrupción con los recursos públicos, el control de clientelas para asegurar los resultados de una votación, también eran objetos de la presión armada de los mediadores locales y sus bandas de “pájaros”. Desde las postrimerías de La Violencia, se consolidaron en la región estos mediadores violentos que al estilo de mafias (Betancourt 1998) imponían su hegemonía sobre las comunidades, al tiempo que manejaban las relaciones políticas con el gobierno central y las directivas partidistas, y predaban sobre la economía local haciendo uso sistemático de la expropiación y la extorsión. Las organizaciones de narcotraficantes del Norte del Valle datan de los inicios de los dos grandes carteles de Colombia en la década de los ochenta, el de Medellín y el de Cali. La región contaba con salidas estratégicas para sitios de embarques de cocaína en la costa pacífica y de refugio de criminales en momentos de alta persecución por las autoridades, que la hacían propicia para el establecimiento de empresarios de la droga que controlaran los municipios de la región. Atehortúa (1995), por ejemplo, relata la entrada de Henry Loaiza a Trujillo a finales de los setenta, en momentos en que todavía los caciques locales se disputaban con 70

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sus asesinos el poder local pero que entraban en un ocaso inminente frente a la capacidad financiera de los nuevos competidores y al avance de la guerrilla desde las cordilleras. En ese entonces, las organizaciones narcotraficantes del Norte del Valle eran ante todos grupos subsidiarios de los dos grandes carteles. Eran los encargados del manejo de algunas rutas hacia el Pacífico, de la operación de laboratorios, del cuidado del transporte de mercancías e insumos, y de la provisión de asesinos a sueldos para acciones criminales en otras zonas. Sólo cuando el Cartel de Cali es reducido a organizaciones desarticuladas sin su poderosa ascendencia sobre la clase política nacional, surgió entonces el Cartel del Norte del Valle como una de las principales organizaciones de empresarios oligopólicos encargados de la producción y comercialización de drogas y el lavado de activos. La entrada del ‘hombre del overol’33 a la Cárcel de la Picota en Bogotá, lugar de reclusión de los hermanos Rodríguez Orejuela, y sus amenazas contra los miembros del Cartel de Cali para actuar autónomamente en el negocio, señalan el momento histórico exacto cuando los narcotraficantes del Norte del Valle se independizan de la subordinación de los demás carteles, y comienzan actuar como una estructura clave para la exportación de drogas y para la repatriación de capital ilícito hacia las diferentes regiones donde se otorga algún tipo de valor agregado al negocio. La dinámica subsiguiente del Cartel del Norte del Valle sucede en dos escenarios. En las áreas exteriores donde habitan sus miembros, es decir fuera de determinados municipios de Quindío, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, recurren a los servicios de ‘coerción y protección’ de autodefensas y guerrillas. Mientras

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De acuerdo a Carlos Castaño en su texto Mi confesión el ‘hombre del overol’ era Orlando Henao Montoya, de quién decía “el hombre más poderoso”. Las grabaciones interceptadas a Helmer ‘Pacho’ Herrera y a Gilberto Rodríguez Orejuela confirman el episodio de la Cárcel de la Picota. Orlando Henao Montoya sería finalmente asesinado por un hermano de Pacho Herrera en una prisión.

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que en sus áreas raizales apelan a sus propios aparatos de ‘coerción y protección’, han seguido las pautas de dominio político de las regiones y de producción de violencia sobre una sociedad muy particular en el país, lo que está descrito en párrafos anteriores. El problema que encuentran los empresarios del narcotráfico pertenecientes al Cartel del Norte del Valle, es que la naturaleza de sus aparatos armados no les permite entablar negociaciones de paz en los términos de narcotraficantes por motivos ‘políticos’ que adquirieron quienes poseían ejércitos del corte de bloques de autodefensas que en su momento creó Carlos Castaño. Es paradójico que por estar situados en regiones más democráticas y desarrolladas, a diferencia de las sociedades cuasi feudales de las sabanas de la Costa Norte o del Magdalena Medio o del piedemonte llanero y amazónico, los empresarios de la droga del Norte del Valle no hayan podido construir verdaderos ejércitos con doctrina, mando e iconografía, y que por esta razón, sean considerados por el Estado y la comunidad internacional como ‘narcotraficantes purasangre’. Todo esto a pesar que una comparación de sus características dentro de las distinciones conceptuales del término Señores de la Guerra, mostraría que cabrían más en esta concepción que en la del término Mafia, en el sentido que el alcance de su dominio traspasa el ámbito de regulación de algunas transacciones en la sociedad y se enmarca en el control absoluto del Estado en los municipios de la región. Los jefes del Cartel del Norte del Valle intervienen como una tercera parte en las disputas entre los miembros de la comunidad, es decir prestan el servicio de justicia, se han apoderado de los gobiernos locales, cobran impuestos por las transacciones económicas que exceden determinado volumen, eliminan a los ladrones y se hacen cargo de la seguridad de la población. Además, definen quienes pueden vivir en la región y quienes deben marcharse al exilio. Palabras más, palabras menos, asumieron el papel de los tradicionales mediadores violentos de la región y se convirtieron en la forma del Estado.

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Se les sindica también de no haber tenido un carácter contrainsurgente, cuando en realidad los jefes mafiosos del Norte del Valle cumplieron un papel clave en la conformación de grupos armados que contuvieran la entrada de grupos subversivos en la región. La propia Vicepresidencia de la República sostiene en sus informes sobre derechos humanos: Con una presencia anterior a la de las Farc, el Eln se asentó en el Valle con el frente Luís Carlos Cárdenas a partir de 1984. Este frente amplió su presencia en los municipios de Riofrío, El Dovio y Trujillo a lo largo de dicha década, estableciéndose en la cordillera occidental. Su expansión sufrió un grave traspiés entre 1989 y 1993 luego del accionar de los grupos paramilitares del cartel del norte del Valle, que entraron en dura disputa por el territorio, en especial la zona del Cañón de Garrapatas y eliminaron el campesinado que podía servirles de apoyo34.

Entonces, ¿por qué no son considerados los jefes del Cartel del Norte del Valle como empresarios de las drogas con un componente político, si el resto de cabecillas de grupos armados que están sentados en Santafé de Ralito también están involucrados directamente en el tráfico de drogas? Esto se debe en esencia por la naturaleza de las empresas de ‘coerción y protección’ que regulan las transacciones de los narcotraficantes del Norte del Valle. Para la comunidad internacional y la opinión pública resulta muy difícil de aceptar como sediciosos a un grupo armado que no cumpla con un conjunto mínimo de apariencias que lo proyecte como un ejército contrainsurgente, y que, por consiguiente, parezcan más bien bandas de asesinos al servicio de los narcotraficantes locales.

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Panorama actual del Valle del Cauca. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República. Bogotá, Enero 2003. Pág. 5.

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Esta dinámica la han percibido las dos principales facciones de narcotraficantes del Norte del Valle, aquella compuesta alrededor del liderazgo de ‘Don Diego’ y la compuesta alrededor de ‘Jabón’. Al respecto los reportajes de prensa informan sobre la preocupación de estas dos principales facciones por crear estructuras armadas similares a las de las AUC que están negociando con el Estado, con todo y que se encuentran en una guerra a muerte entre ellas: Desde el 18 de diciembre del 2004, cuando 553 hombres del bloque Calima dejaron las armas y el Valle creyó que empezaba a librarse del fenómeno ‘para’, Los Machos y Los Rastrojos, ejércitos privados de ‘Don Diego’ y ‘Jabón’, respectivamente, encontraron el espacio libre para hacerse pasar como ‘paras’, y así buscar beneficios de la Ley de Justicia y Paz y ganar poder de intimidación. Entonces, pasaron a usar camuflados, a tener una línea de mando más piramidal, a exhibir sus armas y aumentaron sus patrullajes por las zonas de su influencia. “El espacio que dejó el Calima lo usaron los capos para consolidar una idea: inscribir sus bandas como autodefensas y ganar espacio ante el Gobierno”, dice una analista del DAS35.

Incluso los archivos hallados a un lugarteniente de ‘Don Diego’ demuestran que su jefe estaba preocupado por construir un ejército capaz de aparentar ante la opinión pública la imagen de un proyecto político antisubversivo. En su puño y letra se hallaron documentos donde enfatizaba la necesidad de un himno, uniformes, doctrina, campamentos y demás rasgos de un ejército regular.

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El Tiempo - Justicia. Advierten en el Valle del Cauca un sorpresivo renacimiento de los grupos paramilitares. Agosto 7 de 2005. En: http://eltiempo.terra.com.co/judi/2005-08-07/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR2174252.html

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4. Algunas reflexiones sobre los efectos políticos, económicos y sociales del narcotráfico en Colombia, a partir del concepto de ‘empresarios de la coerción y protección’ […] y que además genere unas empresas productivas que den un estabilidad social y económica a todas las personas de este país, especialmente a las personas del campo, que han estado marginadas de la gran ciudad y de Bogotá, que es donde se toman las determinaciones y las decisiones del país sin consultar y sin conocer cuáles son los problemas que tienen esas poblaciones rurales. Salvatore Mancuso36

La anterior declaración de Mancuso muestra el trasfondo de la violencia política en Colombia, el contraste entre un proyecto modernizador que se quiere imponer desde las grandes ciudades, principalmente Bogotá, para expandir las normas y principios liberal democráticos de un mundo globalizado, con el proyecto de Estado de los Señores de la Guerra y de la guerrilla que se impone en las áreas rurales. Como se sostuvo en un artículo anterior: De todos los efectos políticos que ha tenido la irrupción de los Señores de la Guerra, el que se adivina con mayor trascendencia es la revolución en la estructura de poder que causó la narcotización de las élites rurales, su apropiación de las mayorías en el Congreso y el control de los cargos públicos locales. La histórica disputa entre fragmentaciones regionales de poder que caracterizó al país antes del Frente Nacional y que parecía que iba a ser zanjada con su urbanización, adquirió una nueva forma 36

El Espectador. Salvatore Mancuso habla sobre el futuro de los ‘paras’ desmovilizados. ‘Lo ideal es crear una guardia nacional’. Entrevista por Enrique Rivas G. Bogotá, domingo 7 de agosto de 2005.

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bajo el liderazgo de ejércitos rurales que, soportados en una estructura vertical que influye hasta a las altas instancias de gobierno, moldean las decisiones políticas nacionales de acuerdo al interés económico de una clase que se ha especializado en el tráfico de drogas y la captura de excedentes mediante la mecánica de ‘coerción y protección’. El sello de la historia política en el momento actual es la tensión entre las fuerzas de las ciudades que quieren orientar la estructura de poder político hacia la construcción de una democracia y un capitalismo moderno versus las fuerzas del campo que quieren dispersar el poder del Estado para construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales37.

Por consiguiente, las palabras de Mancuso no dejan de tener una gran dosis de falsedad cuando manifiesta que el interés de su proyecto político está centrado en la ‘estabilidad social y económica’ de ‘todas las personas del campo’. La evidencia demuestra que el proyecto de Estado de los Señores de la Guerra no sólo es excluyente e inequitativo, sino que sus instrumentos de dominación son sumamente violentos y despóticos. Pero más falsa resulta su afirmación de que las determinaciones y decisiones del país se toman sin consultar a las regiones. La lista de curules en la rama legislativa del Estado que en la práctica están ocupadas por candidatos dependientes del poder local de las autodefensas, supera el 35% del total del Congreso, según las declaraciones del propio Vicente Castaño a la revista Semana. Desde el mismo lugar donde se definen democráticamente las leyes sobre la distribución del poder político nacional, los Señores de la Guerra son capaces de ajustar las decisiones de la rama legislativa de acuerdo a sus intereses. Todo este poder se ve reflejado en la forma como se configura el orden social en la suma de comunidades del país que son controladas por ellos, pero que en el fondo reflejan las consecuencias sociológicas de

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Gustavo Duncan. Op. Cit. Pág. 63.

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la combinación del narcotráfico con nuevas formas de dominación que son afines a la acumulación de capital a través del negocio de las drogas. En el resto de este artículo se analizan varios de los efectos políticos y económicos que en la actualidad tiene el narcotráfico desde la distinción realizada entre el concepto de crimen organizado y mafia. Esta distinción se utiliza para comprender hasta donde llega el alcance delincuencial del fenómeno, que es la empresa narcotraficante en sí misma, y hasta donde llega su influencia en campos más complejos y amplios de las ciencias sociales, como son la estructura de poder político y los cambios que se experimentan en la naturaleza del capitalismo de muchas regiones, que es una consecuencia de la expansión de las empresas privadas de ‘la coerción y la protección’ hacia otras esferas de la sociedad. En otras palabras, las consecuencias que se desprenden de la posibilidad de acumular capital suficiente para conformar grupos armados que fundamentan su poder en la apropiación de sociedades dependientes de los ingresos del narcotráfico para mantener niveles básicos de ingresos y de consumo local. Lo primero que hay que recalcar en la comparación de los efectos políticos y económicos del narcotráfico en las comunidades bajo dominio de estructuras armadas irregulares, es el referente que precede a su conformación. Antes de la llegada de la guerrilla, las autodefensas o cualquier otro grupo violento, no existía una verdadera democracia ni mucho menos un capitalismo moderno en dichas comunidades. Eran regiones donde el orden político pasaba sin lugar a dudas por la parte procedimental de las democracias, había elecciones periódicamente, pero éstas estaban mediadas por los intercambios propios de un sistema clientelista desde donde se definía el acceso a la burocracia pública de la clase política y el acceso a los servicios del Estado de la población. Eso sin mencionar la incidencia que recurrentemente tenía la violencia en la definición de los resultados electorales, ya que era común que los seguidores de cada bando 77

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fueran amenazados por los matones de candidatos contrincantes. El desarrollo económico era apenas incipiente, y el proceso de creación de empresas y de acumulación de riqueza sucedía en el contexto de un capitalismo político. La forma como la economía era orientada para generar rentabilidad se relacionaba más con la producción de riqueza a través de las oportunidades que ofrecían los procesos políticos, que con un capitalismo racional donde las empresas tenían que competir en mercados con sistemas legales independientes y libre acceso de capitales y de mano de obra. El costo de este tipo de capitalismo era una pobre acumulación de capital y la marginación de grandes sectores de la población a salarios con verdadera capacidad de consumo, lo que conducía a que los mercados locales fueran muy restringidos para el desarrollo de un capitalismo moderno. Es necesario resaltar el referente tan pobre de la democracia y del capitalismo en muchas comunidades colombianas, porque ayuda a comprender las razones por las que sus habitantes terminaron por aceptar el orden social que se deriva del dominio de grupos armados irregulares y de la economía del narcotráfico. En ningún momento el nuevo orden social era una decisión propia o impuesta por los violentos de renunciar a la democracia y a la prosperidad del capitalismo moderno. Simplemente esas condiciones no existían, o en el mejor de los casos apenas estaban en proceso de formación. Lo que en realidad hicieron y guerrillas y Señores de la Guerra fue trastocar un orden un tanto premoderno del Estado y de la economía, por un orden más violento pero quizá con mayores oportunidades de ascenso para miembros de las capas bajas de la población, que a través de la vinculación a una organización armada o a una empresa narcotraficante podían ascender hasta el tope de prestigio en sus comunidades. A eso fue a lo que renunciaron los habitantes de muchas regiones del país, y por esa razón la comparación del orden social resultante no puede hacerse con respecto a sociedades previamente desarrolladas. La racionalidad de la población no funcionaba dentro de esa lógica, sino que las decisiones individuales y colectivas eran tomadas de acuerdo al juego de oportunidades 78

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que ofrecía el Estado con su sistema de mediación clientelista para alcanzar el desarrollo económico y social y a las oportunidades de riqueza y de poder político que más tarde ofrecería el narcotráfico. La disyuntiva entre ambos procesos de formación de las sociedades tiene un referente interesante en las reformas y en los cambios sucedidos durante el Frente Nacional. En ese período el país entró en un proceso de rápida modernización, en el sentido de crecimiento de población en las ciudades, ampliación de la cobertura de servicios sociales, ampliación de la industria, el sector terciario y la economía en general. Aunque la participación en el Estado estaba limitada a los dos partidos tradicionales y se había impuesto el clientelismo como forma de mediación política entre el poder central y las regiones, los sectores progresistas habían encontrado unos mecanismos propicios para impulsar el desarrollo regional. Los políticos profesionales podían desviar el gasto público a sus intereses particulares, básicamente sus fortunas personales y el costo de las campañas para hacerse elegir, pero se había creado un canal de inversión en la provisión de ciertos servicios esenciales para encauzar a comunidades excluidas hacia el desarrollo. Así, las estadísticas en cobertura de educación, salud, acueducto, energía eléctrica, entre otros tantos servicios, mejoraron a ritmos sin precedentes. Pero el sistema político traía implícito muchos defectos para los propósitos de construir sociedades democráticas y economías modernas. Algunos de ellos tendrían repercusiones que sobrevivirían al Frente Nacional y se manifestarían con mayor fuerza en el momento en que el narcotráfico y los guerreros trastocarían el orden social del país. La violencia política, quizá el rezago de este período que más incidencia tendría en la conformación de las luchas de poder en las comunidades, no pudo sellar su término final con los acuerdos de los partidos. Las tasas de homicidio se habían reducido en la década de los sesenta y setenta, pero como bien lo interpreta Bolívar (2003), la vieja clase política y los políticos profesionales emergentes continuaron usando 79

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bandas armadas para garantizar su primacía en lo local y para asegurar su influencia en la mediación con el gobierno central: Los gamonales respaldaban y protegían a los bandoleros en la medida en que les garantizan una influencia sobre la política regional o incluso sobre las consideraciones de política nacional que hace el gobierno de turno. Los bandoleros expresan la defensa del dominio indirecto del Estado, que garantiza el dominio directo propio. El continuo estrechamiento del campo político del bandolero revela hasta qué punto el bandolerismo era parte del repertorio con que los sectores dominantes de cada partido resistían la acción de sus contrincantes partiditas en el gobierno. […] Recogiendo las precisiones de Betancourt sobre esta modalidad extrema de bandolero que fue el “pájaro”, habría que decir que forma parte del repertorio de lucha de políticos emergentes38.

El clientelismo que en un momento se mostró instrumental al objetivo de ampliar la participación de sectores excluidos y de llevar servicios básicos a los habitantes más pobres, entró en una fase de absoluta especulación y desnaturalización de sus propósitos. Desde antes de la nueva Constitución, las reformas posteriores al Frente Nacional habían conducido a un relajamiento de las estructuras partidistas (Gutiérrez Sanín 2003)39. Cualquier político profesional que se sentía con un caudal atractivo de votos los negociaba con cualquier otro político que dispusiera de capital e influencia suficiente para pagarlos. El propósito de ampliar la base de acceso a servicios como educación, salud, acueducto, energía o alcantarillado a partir de las clientelas de la clase política, se diluyó cuando bastaba el dinero en efectivo o en especie para garantizar los resultados en las elecciones. 38

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Ingrid Johann Bolívar (2003). Violencia política y formación del Estado. Bogotá: CINEP, CESO, UNIANDES. Pág. 141. Francisco Gutiérrez Sanín (2003). Fragmentación electoral y política tradicional en Colombia – piezas para un rompecabezas en muchas dimensiones. Programa de Estados en Crisis. Documentos de Trabajo # 24.

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Los narcotraficantes que llegaron a las regiones a invertir sus jugosos capitales, encontraron en los políticos profesionales un mercado de poder donde podían adquirir inmunidad local, así como proyectar algo de esa inmunidad en escalas superiores del poder político nacional. También encontraron en los aparatos violentos locales y en los grupos armados que ellos habían construido, una fuente de poder indispensable para satisfacer los requerimientos de ‘coerción y protección’ que exigía la empresa. Al agregarle las armas a la ecuación de dinero y votos, era cuestión de tiempo que aquellos quienes poseyeran los ejércitos se hicieran al poder político, en la medida que quien poseyera las armas podía extraer los mayores recursos para fortalecer su aparato de coerción. El narcotráfico proveyó entonces los recursos suficientes para agregar la variable armas a la ecuación del conflicto. El poder de las clientelas emanaba ahora de un poder coercitivo que se financiaba en las armas que el narcotráfico era capaz de proveer. Se había entrado a una fase más intensa del clientelismo, la del clientelismo armado, un clientelismo donde el intercambio instrumental entre los electores y los elegidos incluía un nuevo producto, los servicios de ‘coerción y protección’. Fue así que los ejércitos privados en las áreas rurales y semiurbanas, articulados alrededor de la financiación de actividades criminales, estarían obligados a adquirir la primacía sobre el tráfico de drogas para mantener su hegemonía sobre las comunidades. Y la consecuencia más importante de este suceso histórico sería que lo delincuencial adquiriría un trasfondo eminentemente político. Sin embargo, e indistintamente de su origen, los narcotraficantes, políticos profesionales de cualquier tendencia, antiguos guerrilleros, militares, paramilitares o terratenientes que decidieron convertirse en Señores de la Guerra, en adelante, estaban obligados también en dejar de pensar puramente en lo delincuencial y tendrían que concentrarse en la forma de organizar las sociedades locales para poder garantizar su prestigio y su supervivencia como figura ascendente en su comunidad. Estaba claro que no bastaba 81

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ser un narcotraficante para llegar al tope de la pirámide de poder, había que poseer un ejército capaz de mantener el orden local. El pasado personal pesaba para determinar los rasgos particulares del orden social que imponía cada Señor de la Guerra, pero indistintamente fueran en sus inicios narcotraficantes ‘purasangre’ o milicias contrainsurgente, todos los ríos terminaban en el mismo cauce. La figura del Señor de la Guerra estaba sustentada en dos tipos de conductas que era imposible de eludir para mantener el orden local, había que construir un aparato de ‘coerción y protección’ capaz de regular las transacciones sociales y había que garantizar la estabilidad del flujo de ingresos del narcotráfico que se canalizaban hacia las comunidades. Quienes entendieron que su ascenso dependía de la construcción de ‘empresas de la protección privada’ que subordinaban el tráfico de drogas que sucedía en una localidad, entraron a hacer parte de la estructura de poder político nacional. Podían desde regiones apartadas incidir en el trámite de las leyes que se definen en los cuerpos colegiados del Estado nacional. Lograron también que en la práctica se les otorgara un tratamiento de criminales políticos pese a sus vínculos con el narcotráfico, con lo que garantizaban su inmunidad frente a instituciones de justicia nacionales e internacionales. No toda la imposición de los aparatos armados se debía a la fuerza de las empresas de ‘coerción y protección’. La crisis regional del sector agrario favoreció a la imposición de los guerreros. Las élites regionales que fundamentaban su poder político en la posesión de empresas capitalistas asociadas a una producción capitalista racional, o al menos aquellas empresas que menos hacían uso de las ventajas políticas para su rentabilidad, entraron en decadencia con la crisis económica de inicios de los ochenta. Quienes no hicieron el tránsito hacia políticos profesionales, con mayor habilidad para acceder a recursos del presupuesto público o a pactar alianzas con narcotraficantes, serían relegados en la escala de poder de las comunidades. Una década después se verían obligados a evolucionar en Señores de la Guerra o en parte de su estructura de funcionamiento, para guardar sus espacios de poder. 82

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Y no fueron solamente las élites quienes en la crisis económica de los ochenta, tendrían que buscar alternativas de ingresos diferentes a la agricultura y a la incipiente oferta de empleos que había generado la industria y el sector terciario de la economía. Las clases medias y bajas encontrarían en las actividades alrededor del narcotráfico y de la política toda una gama de nuevas opciones para sobrevivir. Desde los cocaleros que sobreviven en la frontera agrícola del suroriente del país, controlada por las FARC, hasta los testaferros que administran los negocios de las autodefensas en los municipios intermedios de las sabanas del Magdalena Medio, dependen económicamente del flujo de recursos del narcotráfico. De paso encontrarían unas oportunidades sin precedentes para lograr ascensos sociales espectaculares. De hecho, fueron en su mayoría individuos de orígenes humildes, por lo general delincuentes, excombatientes o activistas políticos de diferentes corrientes, quienes se encargarían de construir las dos empresas más lucrativas de las regiones colombianas en el fin de siglo: las drogas y los votos. La relación de los cocaleros con la guerrilla, la función de vigilantes de los embarques por parte de las autodefensas, y en general, la definición de los derechos de propiedad sobre las ganancias que se reinvierten en las comunidades, demuestra que los requerimientos de ‘coerción y protección’ que se establecen en las diferentes etapas del negocio de las drogas, ha significado que formas de regulación de lo criminal se proyecten de una manera u otra hacia la regulación de la sociedad en su conjunto. El papel que el narcotráfico asumió como principal fuente de riqueza en diversas comunidades donde previamente existía una disputa violenta por la regulación social, bien fuera desde la perspectiva de gamonales con sus sicarios o de frentes guerrilleros, se insertó rápidamente en la lógica de la definición del Estado en estas comunidades. Y las ganancias, de manera análoga, se proyectaron hacia el campo de los beneficios políticos que supone para actores armados irregulares el dominio de una sociedad dentro de la mecánica de construcción del Estado de extraer recursos para poder proteger a la población bajo control. 83

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Guerrillas y autodefensas han llegado a ser parte importante de la estructura de poder político en Colombia no porque tengan ejércitos capaces de predar la producción local, sino porque el orden económico que imponen en las regiones permite la prosperidad de economías ilícitas, que incrementan el peso del poder regional sobre la globalidad del poder nacional. Y es también por esta razón que los propios grupos sociales de menores ingresos se acomodan a su sistema económico y a la forma violenta como configuran el Estado local. En un eventual orden social basado en los principios y procedimientos democráticos, con una forma de producción legal, donde funciona un capitalismo de mercado abierto y dinámico, la capacidad de competir y generar ingresos con las condiciones actuales de tecnología, capital y mano de obra disponible son limitadas. Los ingresos, y por consiguiente, la capacidad de consumo de pobres y ricos en esas sociedades sería aun más restringido. El éxito de los guerreros, y también la razón porque han podido subordinar a los narcotraficantes, es que han logrado construir sistemas económicos alternos sumamente rentables, a partir de una regulación violenta de los derechos de propiedad y las transacciones ilícitas, que son coherentes y eficientes con las bajas condiciones de competitividad que prevalecen en muchas regiones de Colombia.

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Cultivos ilícitos en Colombia: elementos para un balance Ricardo Vargas M.

Abstract A partir de una mirada sobre la situación de los cultivos ilícitos y de los resultados en materia de lucha antidrogas para el 2004 en Colombia, el presente texto busca encontrar elementos clave para establecer los costos sociales y políticos de la inscripción de la estrategia antinarcóticos dentro de la política antiterrorista. Si se pudiese valorar como exitoso para la guerra contrainsurgente, el cambio de énfasis del Plan Colombia del combate a las drogas hacia una inscripción más explícita en la política de combate a la guerrilla, colateralmente las posibilidades de estabilización de las regiones controladas por los grupos armados, es aún incierta. Si bien la guerra colombiana está narcotizada, el cruce de estrategias en los escenarios de confrontación, deja serios interrogantes sobre su sostenibilidad social, económica y política en el mediano y largo plazo.

Un nuevo contexto: Drogas en el marco de la Seguridad hemisférica Con el derrumbe de la confrontación Este – Oeste, las drogas hicieron parte, junto con las migraciones ilegales, el tráfico de armas, el crimen y la corrupción de las definiciones que formuló 87

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Washington sobre amenazas a la democracia, la estabilidad regional y la prosperidad en América Latina1. Hacia el final de la pos Guerra Fría y con el liderazgo del Departamento de Estado, el Plan Colombia se constituyó entonces en la estrategia más decidida de actuación de EU sobre la amenaza de las drogas. Sin embargo, esta determinación no fue el resultado de un gran acuerdo entre las distintas instancias de decisión frente a la seguridad norteamericana, y tempranamente, el Departamento de Defensa promovió una serie de estudios y debates sobre lo adecuado de esa política frente a lo que comenzaba a señalarse como reales peligros2. El desarrollo de ese debate, la crisis del proceso de paz del presidente Pastrana junto con la contundencia de los hechos del 11 de septiembre de 2001, terminaron generando las condiciones políticas para un cambio de énfasis de la estrategia inicial. Se produjo entonces una nueva lectura de su significación en matera de seguridad, siendo al final, incorporadas las drogas como parte integral de la lucha antiterrorista y por tanto, como uno de los aspectos decisivos en la defensa de los referentes del poder hegemónico cultural en que se afirma el liderazgo político de los EU a nivel global3. A pesar de que tanto el Departamento de Estado como de Defensa coincidieron en buscar un mayor compromiso de las fuerzas armadas y por tanto en unos contenidos dirigidos a su fortalecimiento, el punto de partida de las críticas fue el señalamiento del énfasis equivocado de la cooperación del gobierno de los EU, al definir inicialmente el componente antinarcóticos del Plan Colombia como el punto central de la estrategia. Cuando se 1

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USA Senate Armed Services Committee Statement of General Peter Pace, United States Marine Corps Commander in Chief, United States Southern Command march 27, 2001, Washington. Véase entre los estudios más prominentes Rand Corporation “Colombian Laberinth”, 2001 (mimeo). Sobre una nueva contribución al debate iniciado por la Rand Corporation, véase Marks, Thomas, Colombian Army Adaptation to farc Insurgency January 2002 Departament of the Army, DOD, US Government, Washington.

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inició dicho plan bajo esa premisa, incluso dentro de la comandancia de las FFAA colombianas hubo desdén hacia este enfoque y dicha cooperación si bien fue apreciada, su articulación a la estrategia fundamental para el problema de seguridad de este país, la guerra contrainsurgente, estaba lejos de ser consistentemente centrada4. Los críticos agregaron que además de visualizar desacertadamente a las drogas como el foco principal del problema colombiano, se cometió el error, como consecuencia, de entender el apoyo al componente social, como soporte para hacer sostenible las tareas antidrogas y no como base para recuperar territorios en el contexto de la guerra. El argumento de la crítica también se dirige a señalar, una inversión de las prioridades en términos demográficos, traduciéndose en estimativos que arrojaban como resultado una actuación no frente al 95-96% de la población que vive por fuera de las zonas productoras de ilícitos, sino en últimas alrededor de aquella que se sitúa en la marginalidad y que es controlada por los grupos insurgentes. Más que una discriminación frente a esta última, se trataba de priorizar la significación política de un plan contrainsurgente y que requería ganar un gran respaldo nacional. En un contexto más global, esta crítica también se alimentó de un debate –luego de los hechos del 11 de septiembre– sobre las redefiniciones del rol de la cooperación en materia económica y social de los EU y que hasta entonces de algún modo, se caracterizó por la falta de una coordinación más rigurosa con las prioridades que demanda la estrategia de seguridad. En efecto, una de las respuestas con posteridad a los ataques a las torres gemelas, al Pentágono y a la ausencia de esa coordinación, fue el Plan Estratégico - que unificó las políticas del Departamento de Estado y de la cooperación internacional a 4

Véase Marks, Thomas “Sustainibiliy of Colombian Military/Strategic Support for “Democratic Security”, Strategic Studies Institute, July de 2005, Washington.

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través de la US AID - fundándose en la necesidad de preservar y defender los valores propios del libre mercado, la libertad de empresa y en general los principios políticos que fundan los regímenes democráticos5. Si bien allí se reconoce que en el forjamiento de estos valores, Estados Unidos ha tenido un papel muy importante, ahora son más conscientes de que se necesita desarrollar un liderazgo a nivel global en esa materia. La razón es el efecto perverso de la globalización, ya que si bien ella ha favorecido lo que el analista Joseph Nye6 denomina el “poder blando” de EU, sabemos ahora que sin el fortalecimiento de este poder basado en los fundamentos culturales y del acceso a la información, se incrementarán aquellos problemas que ponen en peligro la permanencia de estas sociedades, en primer lugar por efecto del terrorismo y también por otros factores (migraciones, delincuencia urbana, corrupción, etc) que pueden afectar la estabilidad política, económica y cultural. En ese sentido el Plan Estratégico identificó las prioridades más importantes (key priorities) que necesitan mayor atención de EU, bajo el reconocimiento de que su falta de solución puede desestabilizar la seguridad requerida. Uno de esos puntos alude a la Erradicación de la droga y (la defensa de la) democracia en la región andina. Dentro de este elemento se argumentó que: “el comercio de narcóticos en la región andina especialmente en Colombia, impone un costo muy alto a sus ciudadanos comunes y corrientes además de ser la principal fuente del tráfico de drogas hacia los EU. La Iniciativa Andina Antidrogas a través de la erradicación, la interdicción y el desarrollo alternativo, apoyará la lucha contra los narcoterroristas y (trabajará) por una

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United States Department of State and United States Agency for International Development: “Strategic Plan Fiscal Year 2004-2009”, Washington. En adelante se citará como Strategic Plan 2004-2009. Joseph Nye “La paradoja del poder norteamericano” Ediciones Taurus, Madrid, 2003.

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democracia segura, extendiendo la seguridad y restaurando la prosperidad económica en la región”7. Esta perspectiva ratificó un nuevo énfasis más unilateral de Washington y una significación política de la lucha antidrogas que de alguna manera se diferencia de lo que fueron los intentos de concertación regional andina, y que fracasaron en el desarrollo de las cumbres presidenciales de Cartagena (1990) y San Antonio (1992). Se consolidó así un enfoque que en la práctica sigue tomando partido por un unilateralismo típico del poder militar estadounidense del escenario unipolar, sustentado en la hegemonía de EU tanto por el tamaño presupuestal para gastos bélicos8, como por la posesión de armas de alcance intercontinental y una infraestructura militar sin competencia. Sin embargo, han surgido voces críticas que señalan que las decisiones antidrogas pueden tender a reconocerse más en el ámbito del llamado “tablero inferior” es decir, el reino de las relaciones transnacionales, que rebasan las fronteras, quedando por fuera del control gubernamental9. Una de las características de este ámbito es el reconocimiento de la participación significativa de agentes no estatales que van desde el sistema bancario que están en capacidad de transferir sumas superiores a muchos presupuestos nacionales, hasta los grupos terroristas que orga7 8

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Strategic Plan 2004 – 2009. Como se sabe, esta cifra abarca desde el 2002, una proporción equivalente a los veinte siguientes países con mayor presupuesto bélico a nivel mundial. En esta clasificación se sigue a Nye, quien distingue para la actual época de globalización tres escenarios con tres tipos de mecanismos de actuación para el gobierno de los Estado Unidos: 1. “Tablero superior” = Poder Militar = Escenario Unipolar. Aquí el poder militar es generalmente unipolar y es de la hegemonía de EU por el tamaño presupuestal y la posesión de armas con poder intercontinental y una infraestructura que no tiene competencia. 2. “Tablero del Centro” = Poder económico = escenario Multipolar. Con EU, Europa y Japón representando dos tercios de la producción mundial y eventualmente con China como un posible jugador importante a principios de siglo, debido a su espectacular crecimiento. Aquí EU NO es el poder hegemónico y a menudo debe negociar como homólogo de Europa. 3. “Tablero inferior” = reino de las relaciones transnacionales, que rebasan las fronteras, quedando fuera del control gubernamental. Joseph Nye, Ibídem.

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nizan atentados o los piratas informáticos que interfieren operaciones realizadas por Internet. En este tablero inferior el poder está muy disperso y en él no tiene sentido hablar de unipolaridad, multipolaridad o hegemonía. “Quienes recomiendan una política exterior estadounidense hegemónica basada en las descripciones tradicionales del poder de EU hacen un análisis penosamente inadecuado. Si se participa en una partida tridimensional, uno perderá si se centra sólo en el tablero militar interestatal y no repara en los otros tableros y en las conexiones verticales entre ellos”10. El punto toca con una distribución más compleja del poder en el siglo XXI en la medida en que cada vez quedan más elementos fuera de control, incluso del país más poderoso. Septiembre de 2001 debió ser una gran enseñanza en este sentido. Aunque EU domina las medidas tradicionales, cada vez suceden más cosas en el mundo que esas condiciones no consiguen captar. Bajo la influencia de la revolución de la información y globalización, la política mundial está cambiando de tal forma que los estadounidenses no pueden lograr todos sus objetivos internacionales en solitario11. Si se observa esta afirmación bajo una perspectiva de las drogas en cuanto movimiento económico ilegal, y se enfrenta a la luz del incremento del movimiento de personas, bienes y recursos en el escenario del mundo globalizado, es notorio el gran reto para las agencias de Estados Unidos que deben proteger las fronteras12.

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Joseph Nye, Ibídem pág. 67 Joseph Nye, Ibídem. Así, para dar unas pocas referencias, cada año de acuerdo con el servicio de aduanas: • 60 millones de personas ingresan a los EU en más de 675.000 vuelos comerciales y privados. • 6 millones ingresan por vía marítima. • 370 millones lo hacen por tierra. • 116 millones de vehículos cruzan la frontera terrestre por Canadá y México.

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Es evidente pues, que resulta prácticamente imposible desarrollar un control riguroso a nivel fronterizo, situación que sigue siendo aprovechada por las organizaciones en redes del narcotráfico, las cuales están en capacidad de seguir introduciendo drogas a través de las principales vías de acceso marítimo, terrestre y aéreo. A la luz de la tesis de Nye, resulta insostenible una política de drogas basada en la militarización siendo mucho más necesario el desarrollo de procesos de concertación global tanto con gobiernos como actores no estatales en tareas de inteligencia y control (compañías aéreas, marítimas y terrestres, por ejemplo) para ganar una mayor capacidad sobre el flujo de sustancias ilegales. Esto supone a su vez el desarrollo de tareas asociadas al fortalecimiento del control estatal de sus fronteras y una lucha contra la corrupción, dinámicas que se corresponden con políticas de mediano y largo plazo. Sin embargo, en materia de drogas por ejemplo, parece primar en el contexto político de hoy, un énfasis de resultados en el muy corto plazo, a través del ejercicio de un control desarrollado directamente por los EU sobre todo en las acciones contra la oferta. Bajo el argumento de que el control del cultivo representa, la mejor relación costo-beneficio frente al uso de medios para cortar la oferta, ha resultado privilegiándose esta opción con el fin de incrementar la probabilidad de contener totalmente el flujo de drogas. Según esta política la destrucción de los cultivos o su imposibilidad de ser cosechados, implica que son drogas que no entran al sistema económico ilegal. Esta decisión hace que la mayor concentración (de recursos e instrumentos para el uso de la fuerza) de las acciones antidroga, •

Ingresan más de 90.000 embarcaciones comerciales y de pasajeros. Estas embarcaciones llegan a tener hasta 9 millones de contenedores que corresponden a 400 millones de toneladas de carga. Otras 157.000 pequeñas embarcaciones visitan los pueblos con costas. Sobre el particular véase DEA “Drugs Trafficking in the United States” 11-10-03 (www.dea.gov).

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recaiga en última instancia sobre los cultivos ilícitos tal como lo demuestra la composición de la ayuda en el marco del Plan Colombia. Pero ello también está significando unos costos políticos que afectan el poder hegemónico pretendido por EU en el nivel regional. Así por ejemplo, en el caso boliviano, país donde se ha venido delegando en las fuerzas de seguridad el control de las drogas, EU entró a exigir al gobierno de Sánchez de Losada unos compromisos radicales de “tolerancia cero” frente al manejo de los cultivos de coca. Tal política contribuyó a generar, junto con la profunda crisis social, económica y de las políticas para el manejo de los recursos energéticos, una situación de ingobernabilidad del régimen. En el caso de Ecuador, bajo el gobierno de Álvaro Palacio, se han incrementado las críticas a nivel estatal, de los efectos colaterales de las aspersiones aéreas en la zona fronteriza de ese país con Colombia13. En Venezuela, bajo el régimen de Chávez emerge por primera vez, un serio impasse alrededor de la presencia de la DEA en ese país que cuestiona las reales intenciones de la política de drogas de EU14. Como se ha observado, una perspectiva como la de Nye que diferencia las esferas del poder global, termina por establecer al narcotráfico en un tablero que no es del resorte del poder mili13

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Véase Maugé, René “Fumigaciones funestas” en El Comercio, Sábado, 20 de Agosto del 2005, Quito; “Parra Gil y Carolina Barco se reunirán el miércoles en Bogotá”, El Comercio, Domingo, 28 de Agosto del 2005, Quito. Associated Press “Ecuador urges Colombia to stop fumigating drug crops”, September 01, 2005. “Frontera: No terminan líos por fumigaciones”, Resumen de agencias, Quito en El Pais, 7 de septiembre, 2005, Cali. Véase Headline “Conacuid counters DEA arguments against Venezuelan anti-drugs record” Thursday, August 18, 2005; Domingo Alberto Rangel M. “En materia de Drogas Chávez y Bush están raspados”, en Venezuela Analítica, Lunes, 22 de agosto de 2005, Caracas; “Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reestablecerá las relaciones con la DEA” en El Tiempo, Agosto 30 de 2005, Bogotá. “Zar antidrogas responsabilizó de la situación al presidente Chávez: Denuncian «serio deterioro» en la cooperación con EEUU” en El Universal, jueves 01 de septiembre, 2005, Caracas; “La DEA no podrá participar en operativos policiales” en El Universal, 2 de septiembre, 2005, Caracas.

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tar, sino que se sitúa en las complejidades de la globalización y, por tanto, de una redefinición del rol del uso de la fuerza como el mecanismo más expedito para lograr resultados interesantes en la búsqueda del control de las drogas. Sin embargo, este aspecto se hace aún más complejo en escenarios de conflicto armado.

Política de drogas en escenarios de guerra Colombia tipifica junto con casos como Afganistán y Birmania, un caso de implementación de la estrategia antidrogas en contextos de guerra. La prolongación del conflicto armado colombiano, el señalamiento de que una de las consecuencias del proceso de negociación adelantado por la administración Pastrana fue justamente el fortalecimiento de la insurgencia y finalmente, los efectos en seguridad de los hechos del 11 de septiembre, han terminado por dar todo el impulso a las opciones que buscaban redefiniciones estratégicas al énfasis puesto en la lucha antidrogas en materia de seguridad. Por su parte, en el contexto colombiano la política de ‘Seguridad Democrática y Defensa” también reorientó radicalmente la posición inicial del Estado frente a las drogas hacia lo que se considera allí como el principal desafío de seguridad para Colombia, esto es, una insurgencia inextricablemente ligada al tráfico de narcóticos y a otras actividades criminales. En tal sentido, la ofensiva actual apunta hacia los dos centros de gravedad del poder militar de la insurgencia: sus tropas y las fuentes económicas de sustento, dentro de las cuales, las drogas siguen siendo percibidas como su principal base financiera. De este modo los argumentos del Departamento de Defensa prevalecen hoy y logran una modificación de los supuestos del Plan Colombia replanteándolo hacia un enfoque antiterrorista. Observemos una muestra de este tipo de escenarios con sus consecuencias en diferentes esferas y niveles, en el cuadro No. 1: 95

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Cuadro No. 1 Evolución de la relación Drogas y Lucha antiterrorista en el marco del Plan Colombia Punto de partida

Estrategia

Objetivo

Instrumento

Principal Defensor

Posición en Colombia

Las drogas son una amenaza a la seguridad de EU.

Énfasis en la contención en los lugares de tránsito pero sobre todo, donde se producen.

Erradicación forzosa de cultivos ilícitos como aspecto prioritario, junto con acciones de interdicción y DA.

Plan Colombia e IRA en su esquema inicial. Militarización de la guerra contra las drogas y fumigaciones.

Dpto de Estado, con aprobación del Congreso de EU.

Gobierno Pastrana acepta esta nueva versión del Plan Colombia.

Si bien las drogas son un peligro, no son la amenaza principal. Tomando como referencia áreas productoras, lo son más los grupos insurgentes (o terroristas).

Énfasis en el combate a los grupos armados y redefinición de las drogas como su fuente de financiación.

Fragmentación del Estado colombiano permite más poder de los grupos insurgentes. Se debe golpear la capacidad militar de los grupos armados y debilitar sus fuentes de financiamiento.

Plan Colombia redefinido, pero a mediano plazo, una estrategia específica antiterrorista. Militarización de la lucha antiterrorista.

Analistas y Think Tanks contratados por el Departamento de Defensa y el Strategic Studies Institute SSI. (Thomas Marks, Rand Corporation).

El presidente Uribe coincide plenamente con esta interpretación, en el marco de su política de seguridad democrática y se constituye en un ganador frente a la reformulación que se desarrolló en Washington.

Las drogas junto con otras actividades ilegales, se alimentan de las ventajas de la globalización y corresponden al tablero inferior. Actores transnacionales y poco espacio al control gubernamental.

Énfasis en los grupos y estructuras que están en capacidad de aprovechar la globalización para introducir drogas y lavar dineros (mafias, sistema financiero, contrabandistas, etc.).

Ganar más capacidad de contención en los sistemas de comercialización y circulación de dineros.

El instrumento militar es inadecuado para este propósito. Mayor énfasis en inteligencia y acuerdos transnacionales involucrando Estados y actores no estatales (Bancos, empresas privadas, etc.).

En general analistas independientes con baja capacidad de incidencia en cambios de política de drogas. (Las referencias reseñadas se infieren del modelo de análisis de Joseph Nye).

No existen sectores políticos que abiertamente se acerquen clara y en términos de un programa de gobierno, a una reformulación estratégica. En algunos casos sólo se habla retóricamente de legalizar.

El impasse que se percibe entre el énfasis de la militarización y los propósitos antidrogas que caracterizaron la primera fase del Plan Colombia, han venido siendo superados por un más claro 96

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enfoque contrainsurgente, dentro del cual las drogas son un propósito inscrito en la perspectiva estratégica de derrota de los alzados en armas. En sentido estricto, la militarización tampoco es el antídoto contra la lucha antiterrorista, al reconocerse en estos, estructuras en red que se mueven en un mundo global en contextos como el tablero inferior de la propuesta de Nye. Pero la militarización si guarda más correspondencia con la guerra contrainsurgente que caracteriza el caso colombiano, a pesar de que retóricamente se hable más de una lucha antiterrorista, afirmación cuyos fundamentos son muy precarios. Puesto sobre el terreno, la estrategia antidrogas redefinida hacia los grupos armados enfrenta un complejo escenario de crisis económica y social en aquellos escenarios bajo su influencia, la cual ha terminado por producir impactos graves sobre la población civil (crisis económica, desplazamiento forzoso, confinamiento, desestructuración de las organizaciones sociales, crisis de gobernabilidad, agravamiento de los impactos ambientales) que vive en las áreas de la ofensiva “antiterrorista”.

El problema de la integralidad de la guerra contrainsurgente Sin embargo, tal como lo reconocen los mismos estrategas de la seguridad democrática, la tarea central de avanzar en el control de territorios no es una responsabilidad meramente militar, sino que se requiere de la complementariedad de otras instancias estatales y en primer lugar, en lo relacionado a garantías en el cumplimiento de la ley y en el funcionamiento del sistema de justicia, en las zonas donde el Estado desarrolla una ofensiva para buscar el control de esas áreas15.

15

Thomas Marks, 2005, ibídem.

97

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Lo que la experiencia ha dictado es que una estrategia contrainsurgente exitosa debe desarrollar los siguientes pasos generales16: 1. El gobierno debe establecer gradualmente la presencia y autoridad de las instituciones estatales, comenzando por hacerlo en aquellas áreas estratégicas. 2. Una vez las FFAA y la Policía han establecido el control sobre esas áreas, unidades como los “soldados campesinos’ y los carabineros de la Policía mantendrán la seguridad y protegerán a la población civil. Esto permitirá el desenvolvimiento de las autoridades de investigación para que puedan desarrollar su trabajo en el área. 3. Establecido un nivel básico de seguridad, el Estado debe comprometerse a la consolidación de su presencia a través de una política de control territorial, que se plasma en la creación de condiciones que garanticen el funcionamiento del sistema de justicia, el fortalecimiento de la democracia local, el reconocimiento de las necesidades prioritarias de la población, el establecimiento de los servicios básicos e iniciar procesos dirigidos a garantizar la sostenibilidad del desarrollo. Para los ideólogos de la política de seguridad democrática, la protección de la población y la eliminación del tráfico de drogas son condiciones centrales que deben mantenerse en la estrategia. Sin embargo, en el marco de una guerra contrainsurgente, que es muy distinta a una estrategia para acabar con cabezas de carteles de drogas o a “grupos de bandidos”, el apoyo de la población civil se convierte un punto central para el logro de los resultados propuestos. Sin embargo, un balance sobre lo que sucede en la realidad colombiana en este sentido muestra serias dificultades de la política de seguridad democrática en materia de incidencia social y económica, en aquellas regiones

16

98

Thomas Marks, 2005, Ibídem.

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que están sufriendo los impactos más altos de la ofensiva de guerra. Este punto se analizará más adelante.

El panorama regional sobre la economía de las drogas A pesar de haberse adelantado una fumigación equivalente a un millón de hectáreas de hoja de coca desde 1994 hasta el 2004, Colombia se mantiene como el primer productor mundial de coca con 113.850 hectáreas en el 2003, área que se mantuvo igual en el 2004, según cifras el Departamento de Estado, lo que equivale al 65.6% del área andina17, o de acuerdo con United Nations on Drugs and Crime UNODC, 80.000 hectáreas, esto es, 50.8% de la región18. De otro lado, las cifras sobre áreas de amapola son erráticas dada la imposibilidad de ser plenamente detectados los cultivos y medidos mediante el uso de satélite u observados en el terreno, lo cual se traduce en un desconocimiento sobre el verdadero potencial productivo de heroína19. Las autoridades antinarcóticos suponen que hay una superficie de 4.000 hectáreas aproximadamente, lo que significaría una producción anual de heroína entre 4.5 y 5 toneladas. Al ser contrastada esta cifra con los datos que poseen organismos de inteligencia de Estados Unidos (EU) sobre el comportamiento de la demanda y el origen de la sustancia, la información resulta 17

18

19

Para calcular este porcentaje se toman como base las cifras del 2003 del informe US Department of State, 2004, International Narcotics Control Strategy Report, Washington, dado que para el 2004 no aparecen datos oficiales del área de Perú. Véase US Department of State, 2005, International Narcotics Control Strategy Report. Véase Naciones Unidas, Oficina contra las drogas y el delito, junio de 2005 “Censo de Cultivos de Coca”. A mediados de junio de 2003, la Cámara de Representantes de los EU propuso pagar a informantes para que denuncien en dónde se encuentran los cultivos. Véase “EU pagaría a informantes” en El Tiempo, 13 de junio de 2003. Más adelante se analiza más en detalle el problema de las cifras del mercado de heroína en EU.

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inconsistente. Sin embargo, se suele denunciar a la heroína colombiana como la principal fuente dentro de ese mercado ilegal, hecho que se argumenta junto con su alta pureza (cerca del 85%) y la comprobada capacidad de los narcotraficantes para introducirla en diversos puntos de comercio, tanto en la costa pacífica como del Este de EU. Por otra parte, si se tienen en cuenta los cálculos de UNODC y del Departamento de Estado (US DoS) para el 2004, el potencial productivo de cocaína de Colombia se sitúa alrededor de 390 toneladas anuales. Sumada la capacidad de Perú y Bolivia se tiene un potencial total en la región de 670 toneladas. Si se tiene en cuenta que el Departamento de Estado señaló haber incautado en el 2004 junto con los países del hemisferio 373 toneladas métricas de cocaína20 y que el consumo mundial se calcula en 540 toneladas21, es decir, que se requieren 913 toneladas para satisfacer esa demanda, entonces las cifras muestran serias inconsistencias, apareciendo un subregistro de por lo menos 250 toneladas de cocaína. Adicionalmente, de acuerdo con la DEA y tomando como base el año 2001, los precios de la cocaína en EU se han mantenido bajos y estables lo cual sugiere un flujo normal de esta drogas en el mercado norteamericano, alcanzando un rango que va entre US$12.000 a US$35.000 dólares kilo. Así mismo, la pureza permanece estable en niveles altos que oscilan alrededor del 73%22. Se calcula que en EU se consumen 259.08 toneladas de cocaína esto es, el 48.3% del consumo mundial. Si se incautaron 373 toneladas en el trasiego hacia ese mercado, quiere decir que hacia EU se dirigen cerca de 633 toneladas, quedando el resto, es decir, alrededor de 280 toneladas de la producción de clorhi-

20

21 22

100

Véase John Otis, Junio 21, 2005, “Drug war in Colombia: Is there any progress? “ en Houston Chronicle. Drug Avallability Steering Comitee, 2002, “Drug Availability Estimates in the USA”. Drug Enforcement Administration DEA “State Factsheets” en www.dea.gov (consulta 23 – 06 –04).

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drato de cocaína (HCL) de la región para distribuir en el resto del mercado internacional23. De acuerdo con el informe para el 2004 de UNODC sobre la situación de los cultivos ilícitos en Colombia, a lo largo de ese año la reducción de áreas de coca alcanzó la cifra de 6.000 hectáreas24. En el caso colombiano, la relación inmediata que se hace frente a estas cifras, es asociarlas como un resultado relativamente exitoso de las fumigaciones. Veamos sin embargo algunos elementos para contrastar esa asociación. En primer lugar, vale señalar que la reducción obtenida como resultado de la erradicación manual fue de 2.589 hectáreas. Quiere decir que lo obtenido por las fumigaciones aéreas fue una reducción de apenas 3.411 hectáreas. El equivalente de lo fumigado a lo largo del 2004 fue de 136.551 hectáreas de coca, lo cual significa que para erradicar efectivamente una hectárea de hoja de coca fue necesario fumigar 40 hectáreas (en el 2003 era necesario fumigar 11.3 Has.). Lo que a nivel de costos implica multiplicar por esta cifra el precio de cada hectárea erradicada, la cual se calcula en US 700 dólares. Significa que una hectárea menos de coca en el 2004 costó cerca de US 28.000 dólares esto es, alrededor de 64 millones de pesos. En el marco del Plan Colombia, la dinámica de las fumigaciones tiene un salto importante a partir del 2002. Veamos:

23 24

DEA, Ibidem Véase Naciones Unidas, junio de 2005, Op.Cit.

101

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Cuadro No. 2 Áreas de coca, Fumigaciones y Reducciones efectivas Año Base 1999 2000 2001 2002 2003

No. de Has 160.119 163.289 144.807 102.071 86.000

Año de fumigaciones 2.000 2.001 2.002 2003 2.004

Áreas Fumigadas 58.073 94.153 130.364 132.817 136.551

Disminución efectiva + 3.170 - 18.482 - 42.736 - 15.731 - 6.000

Fuente: Elaborado con base en información de: Naciones Unidas Oficina contra la droga y el Delito UNODC –Gobierno de Colombia, junio de 2004, “Colombia, Monitoreo de Cultivos de Coca”, Viena y Naciones Unidas Oficina contra la droga y el Delito UNODC– Gobierno de Colombia, junio de 2005, “Colombia, Monitoreo de Cultivos de Coca”, Viena.

Uno de los argumentos que se ventiló hacia 1999 a raíz del fracaso en la disminución de áreas de coca luego de seis años de aspersiones aéreas, fue la falta de recursos para garantizar acciones más envolventes. Sin embargo, cinco años después de haberse gastado una suma significativa de US $4.000 millones dentro de la cual los gastos en infraestructura y en los operativos de las aspersiones han tenido un lugar destacado, los resultados tampoco son contundentes. Así por ejemplo, a partir del 2002 y durante el 2003 y 2004 se encuentran las cifras anuales más altas de las fumigaciones aéreas. Sin embargo, y de acuerdo con los datos de UNODC, el punto más alto de la disminución efectiva de cultivos de coca se presentó sólo en el 2002, cuando esta cifra alcanzó 42.736 hectáreas al finalizar dicho año (véase cuadro No. 2). Al observar los años siguientes, esto es, 2003 y 2004, los resultados muestran serias dificultades en la obtención del propósito central: justo en los dos años de mayores fumigaciones en la historia de las aspersiones en Colombia, el desenlace es muy pobre si se compara con lo que sucedió en el 2002. En efecto, la disminución del 2003 representa tan sólo el 36.8% de lo erradicado efectivamente en el año anterior, presentando incluso una cifra por debajo de los resultados del 2000 (18.482 Has.). Así mismo, la disminución del 2004 equivale tan sólo al 14% de lo erradicado en el 2002. La explicación que se puede dar a esa situación es que el punto de referencia sobre el tamaño de la 102

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disminución en el 2002 se relaciona con las ventajas de las aspersiones al concentrase en una de las áreas de mayor siembra extensiva o continua de coca, como en efecto lo fue el caso del departamento de Putumayo, que alcanzó a tener el 40% del área nacional en el 2000, es decir, en el momento en que se iniciaron los operativos del Plan Colombia. Es decir, las altas cifras de disminución que se obtuvieron por la aspersión aérea en el 2002 fueron una oportunidad coyuntural, pero inmediatamente después los cultivos inician un proceso itinerante con modelos de producción que son el resultado de una racionalización de la experiencia en el Putumayo, y como consecuencia, no se va a repetir la alta concentración de la coca y la política tendrá que enfrentar mayores dificultades en los próximos años. En efecto, se produce a partir de entonces una atomización de los cultivos que se refleja en la presencia de coca en 23 departamentos frente a sólo 12 que existían en 1999, en la antesala del Plan Colombia. En segundo lugar, se establece un cambio en los manejos agronómicos que se refleja en la conversión hacia modelos de pequeña finca de 3 o menos hectáreas. En tercer lugar, el incremento del número de matas sembradas en cada hectárea con lo cual se varían notablemente los cálculos de productividad con que se establece la relación de kilo de cocaína por número de hectáreas. En cuarto lugar, el aprovechamiento de siembras en parques naturales para protegerse de las fumigaciones con lo cual se agrava la situación de esas zonas frágiles por la tala del bosque y quema de suelos de ecosistemas importantes en biodiversidad; a esta penosa situación se agrega la amenaza de las fumigaciones sobre los ecosistemas que se verán también golpeados por la política gubernamental. Finalmente, la inserción de los cultivos en zonas no marginales sino dentro de áreas más integradas a los mercados nacionales y que son manejados bajo técnicas de asociación de cultivos, como en el caso de la zona cafetera, con lo cual se obstaculiza el conocimiento real de las áreas de ilícitos. 103

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Dentro de las estrategias más recientes de enfrentamiento a las fumigaciones se agregan otras dinámicas: de un lado la selección de variedades de coca que dan muestras de resistencia frente al glifosato (Round Up) por el tiempo de uso intensivo del herbicida para el cuidado del cultivo. De otro, el incremento de la velocidad y dispersión de las nuevas siembras. El informe de UNODC de 2004 empieza a registrar esta nueva situación al señalar que del total de lotes de coca existentes en el país, un 62% corresponde a cultivos nuevos dentro de los cuales zonas fuertemente fumigadas como Putumayo y Caquetá, presentan los más altos promedios con un 77% de siembras recientes para el 200425. A pesar de este intrincado escenario de mecanismos de resistencia de los cultivadores, existe el temor de que un eventual fracaso de las acciones antidrogas, pueda implicar una mayor radicalización de la estrategia, a través de propuestas de uso de un método biológico, tal como sucedió en el 2000, con la idea de utilizar el hongo fusarium oxysporum26. Hoy en día ese peligro se manifiesta en nuevas iniciativas legislativas dentro de la Cámara de Representantes de EU, para autorizar el desarrollo de más investigaciones y el eventual uso de una cepa de hongos supuestamente específicas de la coca27. 25 26

27

104

UNODC, 2004, ob.cit. A partir de 1990 la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado de los EU, auspiciaron investigaciones con diversos agentes biológicos para destruir la coca. En el marco del Plan Colombia y con el aval de la entonces United Nations International Drug Control UNDCP, se propuso utilizar el hongo fusarium oxysporum para tal fin. En el marco del debate que abrió la propuesta, se señaló la imposibilidad de garantizar una actividad específica sobre la coca, los efectos negativos sobre el medio ambiente (afectación de microorganismos del suelo y aéreos, fauna, plantas, etc.) dado el incremento abrupto de la población de un organismo que incidiría negativamente sobre el bosque húmedo tropical. Así mismo, incidiría la condición de patógeno de un sinnúmero de especies de este hongo y el hecho de contener más de 250 enzimas que pueden ser activadas o desactivadas de acuerdo con las condiciones ambientales. A ello se agrega el grave impacto sobre organismo humanos inmunodeficientes. Todos estos argumentos, dieron al traste con la propuesta. Véase Ricardo Vargas M., 2001, Cultivos ilícitos, conflicto y proceso de paz, en Jairo Estrada (ed.) “Plan Colombia, ensayos críticos”, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Véase U.S. House of Representatives, june 16, 2005, Media Advisory Office of Congressman Dan Burton, Fifth District, Indiana “Chairmen Burton & Souder Praise House Comitee Passage of Illegal Drug Crop Reduction Legislation”, Burton provision in ONDCP reauthorization bill allows mycoherbicide testing to erradicate drug crops.

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Se trata del liderazgo que han asumido de un lado, Dan Burton, jefe del Subcomité de Relaciones Internacionales para el Hemisferio Occidental de la Cámara y Marc Souder Jefe del Subcomité de Reforma de la Justicia Criminal del Gobierno, en el marco de la Ley 2005 sobre reautorización a la Oficina Nacional de Drogas: “Hemos gastado millones de dólares cada año en esfuerzos antinarcóticos, incluyendo la erradicación de cultivos de drogas e interdicción, especialmente en nuestros esfuerzos conjuntos en Colombia, Afganistán y otros lugares, (y) todavía el flujo de narcóticos ilegales y letales continúa siendo el mayor problema de nuestro país” señaló Burton. “La llegada de micoherbicidas y otras alternativas antinarcóticos nos ofrece la posibilidad de cortar el flujo de esas drogas, literalmente en sus raíces”. “Si prueban ser exitosos, los micoherbicidas pueden revolucionar los esfuerzos de erradicación de drogas” dijo Mark Souder”. “Las investigaciones de micoherbicidas necesitan ser desarrolladas y necesitan iniciar pruebas de campo. El beneficio potencial de estos hongos es tremendo. Mi colega de Cámara (Burton) debería liderar esta iniciativa y pediría que esta enmienda sea incluida en la ley”. Esta iniciativa que arrancó el 16 de junio, cuenta con 90 días para ser desarrollada y aprobada. Así mismo se empieza a hablar del uso de la larva Elorgia Noyesi supuestamente específica en el consumo de coca28, o eventualmente, el ensayo de nuevos y más peligrosos químicos. Frente a ese indeseable escenario emerge la pregunta sobre la necesidad de reflexionar más a fondo acerca de las vías más realistas y aceptables para garantizar reducciones que se sostengan en el largo plazo y que generen a la vez menos efectos negativos colaterales, hablando sólo de decisiones en la parte de la producción. 28

Véase Le Monde, “Le papillon ‘gringo’à l’assaut de la coca colombienne?”, Juin 28, 2005. Esta propuesta aparentemente aséptica, generaría una proliferación de insecticidas para buscar su destrucción con lo cual, se empeoraría la ya grave contaminación química, sin que se observen resultados eficaces frente al complejo problema de los cultivos ilícitos es zonas marginales y con conflicto armado.

105

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El mercado de la heroína Existen grandes dificultades para establecer cálculos aproximados acerca de la real participación de Colombia en el mercado de heroína de EU. De acuerdo con el informe Drug Avalability Estimates in the United States del Drug Availability Steering Comitee de diciembre de 2002, se presentan dos informaciones contradictorias. Mientras la DEA a través de DEA Heroin Signature Program & Custom señala a Colombia como la principal fuente de suministro del mercado de heroína en EU, la CIA en su informe Opium Poppy Cultivation and Heroin Production Estimates CNC señala que el primer lugar lo ocupa México. Al contrastar el cálculo del número de toneladas que se consumen en EU (13 – 18 ton./año)29 y el tamaño del potencial productivo de Colombia (4.5 a 5.0 toneladas año) – sobre el supuesto, que es válido, que toda la producción de Colombia se dirige a EU – se tiene una participación que oscila entre el 25% y el 34.6%. Esto le daría más consistencia a los cálculos de la CIA (CNC) ya que ambas entidades coinciden en señalar que el mayor porcentaje de la heroína consumida en EU procede de América Latina, habiéndose producido entonces un desplazamiento sostenido de la oferta del sureste y suroccidente de Asia. Al contrastar estos dos datos, el comportamiento de la participación del conjunto de fuentes de suministro de heroína es así:

29

106

En este estudio más reciente en EU (diciembre de 2002) y confiable por reunir a las principales agencias que llevan un manejo estadístico en el tema de las drogas, existen dos fuentes de cálculo sobre la heroína: por un lado, Abt Associetes, Inc. en el estudio “What America’s Users Spend on Illegal Drugs, US GPO, December 2001 establece para el 2001, una demanda de 13 toneladas. De otro lado, Global Heroin Threat to the United States, CNC, July 2000, situó en 18 toneladas la demanda en EU para el 2000.

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Cuadro No. 3 Participación de México, Colombia y así en el mercado de la heroína en EU 1999-2001 Área

México Colombia Total A.L. Asia

1999

2000

2001 (*)

Ton.

% de la demanda

Ton.

% de la demanda

Ton.

% de la demanda

6 3.3 9.3 5

42 23 65 35

3 3.2 6.2 7.1

23 24 47 53

7 4.3 11.3 1.7

54 33 87 13

Elaborado por el autor con base en CNC y Abt Study What American’s Users Spend an Illegal Drugs 1988 – 2000. (*) Se toma como base para el 2001, un consumo de 13 toneladas, dato de Abt Study.

El cambio que se pone de presente en estas cifras entre el 2000 y el 2001 es significativo ya que México pasó entonces a controlar de un 23% de la demanda de EU en el 2000 a un 54% en el 2001, mientras que Colombia desarrolló un salto del 23% al 33%, ratificándose, en el caso de este último, los rangos históricos de participación de las dos fuentes estadísticas más importantes (CNC y DEA). Al ser totalizada la producción de heroína de América Latina como fuente de suministro de la demanda de EU, para la CIA la participación de México y Colombia tiene el siguiente comportamiento:

Cuadro No. 4 Participación de las fuentes de suministro de heroína procedentes de Latinoamérica Área Ton.

1999

2000

%

Ton.

2001 (*)

%

Ton.

%

México

6

65

3

48

7

Colombia

3.3

35

3.2

52

4.3

62 38

Total A.L.

9.3

100

6.2

100

11.3

100

Global Heroin Threat to the United States, CNC

107

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En efecto desde 1999 México preservaría un papel dominante en la producción de heroína, excepto una disminución coyuntural en el 2000 y que representó un repunte de Colombia que fue luego superado en el 2001 de nuevo por México, al alcanzar una participación récord de un 62%, presentándose una disminución significativa de Colombia al pasar a un 38%.

Lo que dice la DEA Para la DEA la situación es completamente distinta: Cuadro No. 5 Participación porcentual de las fuentes de suministro de heroína en el mercado de EU 1999 - 2000 Región América Latina

ASIA

Subregión Sudamérica (C/bia) México Total Sureste Suroeste Total

1999 (%) 60 24 84 10 6 16

2000 (%) 59 17 76 8 16 24

DEA’s Heroin Signature Programs HSP, 2000.

De acuerdo con el cuadro No. 5, la DEA sostiene que la heroína colombiana ha venido desplazando paulatinamente a la asiática tanto del sureste como del suroeste. Sin embargo como se puede observar en esta presentación, los datos en relación con Asia son bastante contradictorios entre las dos fuentes. En efecto, si bien ambas corroboran una tendencia al incremento en la participación de Asia (del 16 al 24% en el caso de la DEA) entre el 1999 y el 2000, en el caso de la CIA, se señala prácticamente que es justamente Asia la que estaría obteniendo un margen mucho mayor en el mercado de la heroína de EU al pasar de un 35% a un 53%, entre 1999 y el 2000. Pero a diferencia de la DEA, el dato del 2001 de la CIA presenta un giro muy fuerte en las 108

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tendencias al señalar que México desplazó a Asia de ese rango tan importante que muestran las cifras del 2000. Por su parte para la DEA, entre 1999 y el 2000, Colombia estaría preservando un porcentaje muy alto del mercado (alrededor del 60%) mientras México disminuye significativamente su participación (del 24 al 17%). En general para el Drug Availability Steering Committee la probabilidad de corroborar los datos es remota, manteniéndose un rango elevado de inconsistencias. Las agencias de aduana que trabajan incautaciones de drogas ( US Customs Service USCS, la DEA’s Heroin Signature Programs HSP), sobre las cuales se hacen pruebas para establecer su origen, tampoco han podido validar sus cifras ya que, no necesariamente las incautaciones adelantadas en un país determinado, significan, de un lado, que provenga de ese país y en segundo lugar, que de las incautaciones se pueda inferir inexorablemente mayor producción del origen establecido. En general, sólo se conocen con certeza algunos datos primarios de países productores de opio de amapola y exportadores de heroína como Colombia, sobre todo a través de acciones como la Operación Breakthrough (Operación Ruptura) aunque si bien son importantes, son aún muy primarias: 1. El cultivo de amapola produce dos cosechas al año. 2. Se calcula una alta eficiencia en Colombia en los procesos de transformación de opio a heroína en un porcentaje del 67%, esto es, que se requieren 24 kilos de látex de opio para producir un kilo de heroína con una pureza del 100%. 3. El potencial productivo de Colombia está en 104 toneladas métricas de opio que se cosechan de 6.540 hectáreas de amapola (dato del 2001, el cual, según organismos antinarcóticos de EU y Colombia, se ha mantenido relativamente constante hasta el 2005). 4. Bajo la proporción establecida de 24:1, Colombia tiene un potencial de producción de heroína de 4.3 toneladas métricas. 109

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5. De acuerdo con US Customs Service, ya para el 2001 y con base en el análisis de muestras incautadas de heroína en las fronteras de EU, el porcentaje de pureza de la heroína colombiana alcanza un significativo 84.5%. Quiere esto decir que si Colombia produce 4.3 toneladas métricas de heroína 100% pura, su conversión para la exportación las convierte en 5.1 toneladas anuales.

Sobre la demanda de heroína en EU Por su parte la serie sobre el tonelaje de uso de heroína en EU es el siguiente: Cuadro No. 6 Demanda de heroína en EU 1994-2000 (ton.) 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

10.8

12.0

12.8

11.8

14.5

14.3

13.3

Fuente: Abt Associetes, Inc. “What America’s Users Spend on Illegal Drugs, US GPO, December 2001

El comportamiento de la demanda de heroína en EU por grandes regiones es así: Cuadro No. 7 Comparativo muertes y casos de emergencia en EU por grandes regiones 1999 - 2000 Región

Este Oeste EU

Cifras / %

1999 Muertes

Número % Número % Número %

2.782 (58) 2.038 (42) 4.820 (100)

Fuente: DAWN ME and ER 1999 – 2000

110

2000 Casos de emergencia 43.916 (78) 12.253 (22) 56.169 (100)

Muertes 3.120 (65) 1.712 (35) 4.832 (100)

Casos de emergencia 49.988 (80) 12.523 (20) 62.511 (100)

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Como se observa, la región Este de EU (que se presume es de mayor influencia de la heroína colombiana) presenta durante 1999-2000, un incremento del 12% en muertes asociadas a la demanda de heroína y 13.8 % de casos graves de salud por la misma razón, lo que puede indicar un incremento significativo del opiáceo. Mientras tanto en la región occidental (en donde se presume domina la heroína mexicana) se presentó una disminución en muertes (16%) pero un leve incremento de casos de emergencia hospitalaria. Por su parte el promedio muestra incrementos en ambas situaciones. La tendencia al incremento de muertes y casos de emergencia asociadas al uso de heroína contrastan con la tendencia que presentaron esos mismos años y que fueron de 14.3 toneladas en 1999 y 13.3 en el 2000. Se podría afirmar que no necesariamente la disminución del tonelaje consumido disminuye la situación de problemas de salud por razón del uso o abuso de drogas.

Otros estimativos en el uso de heroína en EU 1. Para 1999, existían cerca de 900.000 usuarios crónicos versus 250.000 ocasionales. 2. El número de usuarios crónicos disminuyó paulatinamente en los noventa, sin embargo en la última parte de esa década se incrementó el número de nuevos usuarios en lo cual se presume jugó un papel importante el incremento de la presencia de heroína, la alta calidad y los bajos precios. 3. Para el 2.000 los usuarios de heroína gastaron 10.000 millones de dólares en su demanda. El cálculo de una demanda anual de 18 toneladas de heroína en EU, se establece por vía de información estándar sobre el número de dosis que demandan los distintos niveles de uso (usuarios duros y ocasionales). Tomando como referencia los archivos sobre tratamiento para calcular demanda de dosis con información muy segmentada de 1996 e información más global del 111

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CNC arriba reseñada, se estableció el siguiente cálculo de uso de heroína: Cuadro No. 8 Cálculo demanda (ton) de heroína de acuerdo con cálculos de dosis Tipo de usuario Duro Ocasionales Total

Ton. Año 14.13 4.71 18.84

Fuente: Treatment Episode Set (TEDS) 1996 Global Heroin Threat to the United States, CNC, July 2000

La fuente sobre casos de emergencia es tal vez una de las más creíbles y aporta datos interesantes para establecer los problemas asociados al uso de drogas. Así por ejemplo, la oficina de drogas UNODC en su último informe mundial (2004) reconstruyó un panorama del estado de los problemas de salud en el hemisferio, por el uso de todas las drogas más conocidas. Una de las dificultades para establecer análisis comparativos es la inexistencia de información con años similares de referencia para los distintos países. Esta situación sirve también para establecer el grado de compromiso de los Estados en el seguimiento estadístico a su problema de drogas30. Como complemento y buscando un panorama que nos permita evaluar el tema del tráfico, observemos enseguida la situación de la política frente a los laboratorios que procesan la pasta básica en cocaína.

30

112

En esta información de referencia, Colombia ocupa un lugar vergonzoso en cuanto al año base de información disponible, al lado de países como Brasil, Nicaragua y Uruguay. Mientras países como Argentina tienen cifras actualizadas del 2004, las de este conjunto de países es de 1998. Sabemos pues, casi nada en Colombia sobre los problemas de salud asociados al uso de drogas.

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Un balance sobre la estructura de laboratorios de procesamiento de cocaína Para este propósito hemos tomado como referencia una serie histórica de la destrucción de laboratorios entre 2001 y 2003 (véase cuadro No. 9), información a parir de la cual hemos buscado contrastar los datos presentados para el 2004 (véase cuadro No. 10).

Cuadro No. 9 Áreas de coca y laboratorios de cocaína destruidos por departamento 2001-2003 Departamento Área coca 2001 Arauca Antioquia Magdalena Nariño N. de S. Putumayo Cauca Boyacá Bolívar

2.749 3.671 480 7.494 9.145 47.120 3.139 245 4.824

%

1.9 2.5 0.3 5.1 6.3 32.5 2.1 0.2 3.3

% Área coca laboratorios 2002 destruidos 1.6 2.214 4.0 3.030 6.0 644 5.0 15.131 9.0 8.041 49.5 13.725 1.0 2.120 1.7 118 1.6 2.735

%

2.2 3.0 0.6 14.8 7.9 13.4 2.0 0.2 2.7

% Área coca laboratorios 2003 destruidos 3.2 539 5.9 4.273 11.0 484 8.1 17.628 14.3 4.471 42.5 7.559 0.7 1.443 0.5 594 0.8 4.470

%

0.6 5.0 0.6 20.4 5.2 8.8 1.7 0.7 5.2

% laboratorios destruidos 23.5 18.6 10.9 8.2 7.7 6.9 3.4 3.3 2.5

Elaborado con base en DNE cifras conciliadas con DIRAN y Fuerzas Armadas citado por UNODC “Coca Survey Colombia”, junio de 2004.

113

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Cuadro No. 10 Áreas de coca y laboratorios de cocaína destruidos por departamento año 2004 Departamento

Área de coca

% del área nacional

No. laboratorios de cocaína destruidos31

% frente al total destruido

Nariño Valle Antioquia Santander Cauca Bolívar Boyacá Caldas Magdalena Meta La Guajira Córdoba Putumayo Cundinamarca Norte de Stder Cesar

14.154 45 5.168 1.124 1.536 3.402 359 358 706 18.740 556 1.536 4.386 71 3.402 0

23 0.1 6 1 2 4 0.4 0.4 1 23 1 2 5 0.1 4 0

76 21 20 20 20 16 15 13 11 6 6 4 3 3 3 3

31.3 8.7 8.2 8.2 8.2 6.6 6.2 5.3 4.5 2.5 2.5 1.7 1.2 1.2 1.2 1.2

Fuente: Elaborado con base en información de UNODC Situación de las Drogas Colombia, junio 2005.

Frente al comportamiento histórico de los años 2001 a 2003 (véase cuadro No. 9) la dinámica de laboratorios destruidos presenta modificaciones interesantes. En primer lugar, se observa un incremento en la presencia (o detección) de laboratorios en el Valle del Cauca, hecho atribuible a los fuertes enfrentamientos sostenidos entre los grupos hoy activos dirigidos por Diego Montoya y por Varela (Jabón), contexto en cual la delación frente a las autoridades como mecanismo para golpear los intereses del contrincante, se refleja en el lugar ocupado por el Valle (2º) en este tipo de acciones.

31

114

El total de laboratorios de procesamiento de cocaína destruidos en el 2004 fue de 243.

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En segundo lugar, está el grupo de departamentos que sin poseer un número significativo de áreas de coca, se puede constatar una significativa presencia de laboratorios, lo cual puede expresar una fuerte influencia del poder del narcotráfico y se trata de los casos de Santander, Cauca, Boyacá, Caldas y Magdalena. Se resalta aquí mismo el ingreso por primera vez en este sentido de los departamentos de Santander y Caldas. La dinámica de estos departamentos puede ser asociada al incremento de la actividad del narcotráfico en zonas bajo control paramilitar, proceso que se incrementó a pesar del cese de hostilidades pactado con el alto gobierno con la finalidad de adelantar las conversaciones de paz. Finalmente llama nuevamente la atención del caso del Meta, en el cual la acción contra los laboratorios de cocaína no se corresponde con el fuerte peso que tiene la producción de pasta básica en esta zona, como resultado del peso que ha adquirido este departamento en relación con los cultivos de coca. Se puede concluir que sobre vastas áreas del Meta no se han desarrollado, por razones aún desconocidas, acciones envolventes contra los cultivos y contra la infraestructura de laboratorios de procesamiento de cocaína.

Aspersiones aéreas departamentales en el 2004 y la consistencia de la política De acuerdo con el cuadro No. 11 las fumigaciones en el 2004 estuvieron focalizadas en cuatro departamentos que se distribuyeron así: prácticamente una cuarta parte de las fumigaciones se adelantó sobre Nariño, otra cuarta parte sobre Guaviare y otra cuarta parte sobre Caquetá y Putumayo. En el caso de estos dos últimos, sumados ambos, poseen un área similar al Meta. Sin embargo sobre este último sólo se llevó a cabo el 2.8 de las fumigaciones lo cual muestra serias inconsistencias si se trata de 115

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responder con esa estrategia frente a la concentración de cultivos de coca. Cuadro No. 11 Comparativo fumigaciones 2004 en zonas de conflicto a partir de áreas de 2003 Lugar Nariño Guaviare Putumayo Caquetá Total Dptos Total Nacional

Área dic. / 03 17.628 16.163 7.559 7.230 48.580 86.000

% del total 20.5 18.8 8.8 8.4 56.5 100

Fumigación 31.307 30.892 17.524 16.276 95.995 136.551

% del total 23 22.6 12.8 12 70.3 100

Lugar Meta Bolívar Antioquia N. de S. Total Dptos Total Nacional

Área dic. / 03 12.814 4.470 4.273 4.471 26.028 86.000

% del total 15 5.2 5.0 5.2 30.3 100

Fumigación 3.888 6.456 11.048 5.686 27.078 136.551

% del total 2.8 4.7 8.0 4.2 20 100

Fuente: Elaborado con base en información de UNODC Situación de las Drogas Colombia, junio 2004.

Lo que las comunidades perciben a partir de estas cifras, es que existe una selectividad en el impulso de las acciones de fumigación más asociadas a la ofensiva de la guerra contra la cúpula insurgente, que al diseño de una estrategia antidrogas rigurosamente decidida y evaluada. El resultado es el mismo de años atrás. El Estado no diferencia a una población civil que es fundamental como aliada para garantizar su legitimidad, siempre y cuando con ella se desarrollen los diagnósticos y los procesos integrales de desarrollo fundados en una política estratégica para la Amazonía o para el Pacífico. Muy al contrario, se promueve una polarización que acentúa la distancia entre la población civil y el Estado. 116

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Así mismo llama la atención en el comportamiento de las áreas de coca durante el 2004 que justo en áreas como Antioquia, Córdoba, Santander, Magdalena, Caldas, Boyacá se esté presentando un incremento importante de los cultivos y de la actividad del narcotráfico. Algunas de estas áreas coinciden con zonas bajo control paramilitar, hecho aún más diciente si se tiene en cuenta el condicionamiento de un cese de hostilidades y actividades ilícitas en el marco del proceso de conversaciones hacia su desmovilización. Hoy la amenaza de las fumigaciones se mantiene también sobre los parques nacionales naturales, en donde la fumigación estaba prohibida, debido a preocupaciones ambientalistas. Existen en Colombia 50 parques naturales que cubren 10 millones de hectáreas y se hallan entre las cinco principales redes de parques del mundo en cuanto a diversidad de plantas, anfibios y reptiles. Cuentan con 1.754 especies de aves, más que cualquier otra red de parques32. Se calcula que hay coca en 13 de ellos y que abarcan un 7% del total existente. Para estas áreas se ha venido implementando la erradicación manual, sin embargo, el control que ejercen las guerrillas sobre aquellos con más siembra de coca y a pesar del bajo porcentaje que ocupan frente al total, ha hecho que el gobierno Uribe Vélez amenace con extender las fumigaciones hacia estas zonas33. En general se observa que la articulación total de la guerra antidrogas en la dirección exclusiva de la lucha antiterrorista está teniendo altos costos, en relación con una pretensión estratégica de integrar zonas marginales hacia el Estado colombiano y

32

33

Véase Steven Ambrus, “Colombian parks a drug-policy battleground” en Ecoaméricas, june 2005, Vol.7 – No.8, Santa Mónica, California. El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia se convirtió en centro del debate sobre la fumigación el 8 de abril de 2005, cuando aprobó los planes de fumigación aérea de tres parques nacionales altamente valorados: el de Sierra de la Macarena al sudeste de la nación; el de Catatumbo-Barí al noreste; y el de Sierra Nevada de Santa Marta, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sobre la costa Norte. Véase Ecoaméricas, Ibidem.

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consolidar la presencia estatal en esos territorios que hoy en día se catalogan como áreas en donde se tipifica de algún modo, dinámicas propias de los denominados Estados Fallidos (failed states).

Fumigaciones y Desarrollo Alternativo: la muestra de una incoherencia de la política De acuerdo con el documento Conpes 3218 “Programa de Desarrollo Alternativo 2003-2006”34 el Desarrollo Alternativo (DA) se propone: I. Consolidar el proceso de erradicación de cultivos ilícitos y prevenir su expansión. II. Brindar alternativas estables de ingreso, empleo y valorización patrimonial a las familias y comunidades campesinas vinculadas. III. Promover procesos de desarrollo institucional y de legitimación del Estado. IV. Apoyar el fortalecimiento del capital social, estimulando la organización, participación y el control comunitario. Así mismo se ratifica el enfoque del DA en el sentido de jugar un papel complementario a las acciones de fuerza que soportan las estrategia antidrogas, y a su vez la estrategia se convierte en una parte de la política de seguridad democrática. Como lo señala el documento Conpes: “El programa de DA 2003-2006 complementa la estrategia de combate a las drogas ilícitas, y en particular la erradicación de cultivos ilícitos, la cual es un requisito para el acceso al programa”35. 34

35

118

Véase República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación “Programa de Desarrollo Alternativo 2003 – 2006”, Documento Conpes 3218, marzo 3 de 2003, Bogotá. (En adelante Conpes 3218). Véase Conpes 3218, pág. 6.

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A su vez, en cuanto a los criterios para definir las áreas de intervención, se asume en primer lugar las “Áreas afectadas por cultivos ilícitos” situación que se reconoce tanto para el componente productivo, como para el componente de Familia Guardabosques. Quiere esto decir, que dentro de la ubicación de prioridades, la presencia de cultivos y el hecho de desarrollarse allí acciones de erradicación, constituyen los supuestos para el enfoque del programa y a su vez este juega luego, un papel complementario al restablecimiento de condiciones que mantengan las áreas de cultivos ilícitos erradicadas y, a la vez, prevengan que se vuelva a presentar su expansión. Para observar un indicador central en la realización de ese propósito de la política, hemos desarrollado un cuadro (véase cuadro No. 12) en donde se cruza la información pertinente a la fumigación por departamentos, contrastándola con la participación en el presupuesto 1999-2007 que ordena el uso de los recursos invertidos en proyectos de DA directamente en departamentos y municipios, en relación con la suma que actualmente existe para ello y que se calcula en US $240 millones de dólares36.

Cuadro No. 12 Relación departamental entre participación en presupuesto desarrollo alternativo 1999-2007 y fumigaciones Lugar en prpto D.A.

Departamento

1º 2º 3º

Putumayo Norte de Stder Santander

36

Cultivos ilícitos acumulados 1999-2004 (Has.) 197.109 46.031 5.460

Fumigación 1999- 2004 (Has.) 148.751 48.586 2.330

Lugar en % del Inversión % del fumiga total acum. en DA prpto. prpto. de fumiga 1999-2004 1999-2004 (US millones) 1º 24.1 54.5 23 5º 7.9 47.9 20 15º 0.4 19.8 8

Sobre el particular UNODC “Situación de las Drogas Colombia”, junio 2004.

119

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Lugar en prpto D.A.

Departamento

4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º

Magdalena Bolívar Cauca Cesar* Antioquia Nariño Huila* La Guajira Caquetá Meta Córdoba Tolima* Caldas Atlántico Valle Risaralda Boyacá Guaviare Quindío Sucre Chocó Vaupés Vichada Guainía Arauca Amazonas Cundinamarca TOTAL

Cultivos ilícitos acumulados 1999-2004 (Has.) 3.035 27.288 18.835 3.514 21.833 67.709 5.497 1.891 86.979 74.708 5.448 7.218 412 0 453 0 1.638 124.920 0 0 1.380 8.151 27.521 4.367 8.032 2.724 273

Fumigación 1999- 2004 (Has.) 1.632 22.820 9.523 3.031 31.147 100.837 6.125 190 77.982 19.249 1.548 11.385 190 0 0 0 102 108.686 0 0 0 ** 1.105 4.789 0 17.070 0 0 617.078

Lugar en % del Inversión % del fumiga total acum. en DA prpto. prpto. de fumiga 1999-2004 1999-2004 (US millones) 16º 0.3 17.8 7 7º 3.7 12.9 5 11º 1.5 12.1 5 14º 0.5 11.5 5 6º 5 11.2 5 3º 16 11.0 5 12º 1 8.5 4 19º 0.03 6.0 3 4º 13 5.5 2 8º 3 4.7 2 17º 0.3 4.5 2 10º 2 2.6 1 19º 0.03 2.0 1 0 1.9 1 0 1.6 1 0 0.8 0.3 20º 0.02 0.7 0.3 2º 18 0.5 0.2 0 0.2 0.2 0 0.1 0.01 0 18º 0.2 13º 1 0 9º 3 0 0 100 238.6

Fuente: Elaborado con base en información de UNODC Situación de las Drogas Colombia, junio 2004; Policía Nacional DIRAN “Comportamiento de los cultivos ilícitos año 1991-2000, Agosto 18 de 2000; Dirección Nacional de Estupefacientes “La lucha contra las drogas ilícitas: Acciones y resultados 2001”. (*) Se trata de cultivos de amapola.

En términos generales, el presupuesto para proyectos de desarrollo alternativo dirigidos directamente a departamentos y municipios es bastante precario en relación con el tamaño del gasto efectuado en tareas de erradicación forzosa y en fortalecimiento del aparato militar en el marco del mismo Plan Colombia. 120

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En ese contexto y salvo en el caso de Putumayo, la relación entre el tamaño de la fumigación, es decir, la destrucción de una de las más importantes fuentes económicas en algunos departamentos y la participación de esos entes territoriales en el presupuesto de desarrollo alternativo en el lapso 1999-2007, es claramente inconsistente. En efecto, Putumayo contabiliza históricamente la mayor cantidad de hectáreas fumigadas en los últimos seis años, esto es, el 24.1% de todo lo fumigado en ese lapso, esto es, casi una cuarta parte del total. Pero en ese mismo período, este departamento ha venido teniendo una participación del 23 % de la financiación de proyectos dirigida a municipios y departamentos. Se aprecia pues, una aplicación coherente de la política de garrote y zanahoria para esta región. Sin embargo en el resto de casos, la política no es tan armónica. Veamos las situaciones más dicientes: en primer lugar, está el caso del Guaviare, que recibió el 18% de las fumigaciones (casi una quinta parte del total) y sin embargo su participación de inversiones directas de desarrollo alternativo sólo alcanza un precario 0.2%. Este es el caso más extremo de inequidad entre la fuerza y la inversión social y económica. Otra situación parecida ha vivido el departamento del Caquetá en donde se descargó el 13% de las fumigaciones y su participación en inversiones de DA es tan sólo del 2%. En tercer lugar está el caso de Nariño, que recibió el 16% de las fumigaciones y su participación en DA es sólo del 4%. Es decir estos tres últimos departamentos, Guaviare, Caquetá y Nariño totalizaron una participación en las fumigaciones del orden del 47% (casi la mitad) y sin embargo su participación en inversiones directas de DA ha sido tan sólo del 6.2%. La relación es en todo sentido bastante injusta e inconsistente con los principios del desarrollo alternativo a los cuales se acogió el Estado colombiano, en el sentido de ser de alguna manera, una política complementaria a las acciones de fuerza ejecutadas contra esas 121

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áreas en razón a su participación en la economía de los cultivos ilícitos. Por esta razón nos parece que el comparativo contribuye a establecer la relación de medición de la consistencia entre le postulado de la política y la realidad del apoyo económico y social para estas zonas, en relación con lo presupuestado en DA. La falta de equilibrio también se refleja en la presencia de departamentos que tienen una baja participación en áreas de cultivos ilícitos o peor aún, que no han tenido acciones de fumigación tan envolventes como en los casos de Putumayo, Guaviare, Caquetá y Nariño y que contabilizan juntos el 71.1% de las aspersiones aéreas. Se trata de casos como Santander, Magdalena, Cesar, Huila, Guajira, Córdoba, Atlántico y Valle, zonas todas que contabilizan el 2.23% de las fumigaciones y sin embargo vienen participando con el 31% (casi una tercera parte del total) de la inversión directa a departamentos y municipios. El hecho es muy diciente si se compara con el grupo de departamentos más fumigados distintos a Putumayo, en el cual como se señaló, a pesar de haber recibido el 47% de las fumigaciones sólo participa de inversiones directas de DA con un precario 6.2%. Esta situación de inequidad a simple vista, se observa mucho más reveladora si tenemos en cuenta las condiciones de precariedad en infraestructura, falta inversiones para el desarrollo y situación muy grave en cuanto a políticas sociales para las zonas de colonización como Guaviare o Caquetá, o la condición de ser uno de los departamentos más pobres como en el caso de Nariño, situación que se agrava mucho más en la región pacífica, área principal en la cual se asientan los cultivos de coca y por tanto donde más se ha llevado a cabo la fumigación aérea. Existen casos que sobresalen por inconsistencias aún mayores como los de Atlántico y Valle que, sin tener cultivos ilícitos, y, por tanto, no haber tenido fumigaciones como en el primero, o una muy baja participación histórica (453 has.) y ninguna fumigación 122

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como en el caso del segundo, contabilizan un porcentaje de participación en este presupuesto de DA con un 2% mientras Guaviare sólo lo hace en un 0.2% a pesar de haber tenido el 18% de las fumigaciones y tener una mayor dependencia y condiciones muy débiles de desarrollo, si se compara con el Valle o el Atlántico. Los pocos ejemplos y relaciones que hemos reseñado muestran con claridad, una muy seria inconsistencia en los criterios y decisiones de focalización y aprobación de recursos para el apoyo directo a los departamentos y municipios con una alta dependencia en la economía ilegal de los cultivos de coca y amapola. Estos hechos contribuyen a explicar porqué casos como el Guaviare, que recibió sobre todo en el lapso 1994-1999 unos niveles de fumigaciones altamente significativos (Vargas, 1999) con resultados importantes –aunque coyunturales– en la disminución de áreas, al pasar de 24.000 hectáreas cuando se inició la fumigación a 17.619 en el 2000, y que experimentó luego un nuevo auge entre el 2001 y 2003, momento en el cual por la intensidad de las fumigaciones baja su área nuevamente a cerca de 10.000 hectáreas en el 2004, no ha funcionado. Quiere decir que la gran precariedad en la inversión del desarrollo alternativo en este departamento no creó, ni está creando aún, las condiciones para generar una economía alternativa a los cultivos de coca. Así mismo, significa que una política que se sustenta casi exclusivamente en el uso de la fuerza, está generando nuevamente un círculo vicioso que hace insostenible las bajas coyunturales de áreas de coca, dada la inexistencia de unos volúmenes de inversión y claridad en los criterios de focalización de los recursos. El caso del Guaviare es emblemático y explica porqué la coca retorna en ciclos luego de conseguirse disminuciones significativas. Adicionalmente, la realidad de las drogas en Colombia exige analizar otro fenómeno que interviene estructuralmente en su configuración actual y por tanto en la elaboración de propuestas de manejo: la inserción de dicha economía en el conflicto armado. 123

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Narcotráfico y conflicto armado Luego de la caída de Pablo Escobar en 1993 y del apresamiento de los líderes de Cali en 1994, se preveía como uno de los efectos de esa guerra la proliferación de pequeños grupos cuyo poder no sería equiparable a los sindicatos conocidos internacionalmente como los grandes carteles. La depreciación de la lucha contra los nuevos grupos organizados del narcotráfico junto con el auge de cultivos de coca hacia Colombia, llevó a un cambio de énfasis en el enfoque de la lucha antidrogas, que condujo finalmente a hacer más visibles las zonas productoras y los grupos alzados en armas que se involucraron con esa actividad. El auge cocalero en el sur de Colombia y la inserción de los grupos insurgentes en las estructuras del tráfico, condujo a un mayor sometimiento de los productores a los actores armados en cuanto a regulación de precios y control de la comercialización. Como consecuencia en las zonas de producción de cultivos ilícitos se generó una pérdida de liquidez, y, como resultado, se terminó afectando la estructura de servicios en los sitios de comercio de la pasta básica de coca, afectando el empleo de las zonas y así mismo, generando más dificultades para los productores para adquirir los bienes y servicios básicos. En efecto, al ausentarse el circulante, muy pocos negocios del sector servicios pueden sostenerse en las zonas y de esa manera se produce una crisis que al final resulta dificultando aún más la adquisición de bienes de consumo y artículos básicos para los productores. Al crearse este escenario y terminarse el papel desempeñado por algunas poblaciones que emergieron por el movimiento comercial de la coca, los productores deben desplazarse a centros más distantes de sus fincas, incrementándose así el precio de los pasajes y fletes de las mercancías que se adquieren. Este escenario golpea los escasos recursos de los productores. Al constituirse las zonas cocaleras en escenarios bajo control insurgente y al incrementarse su inserción en el circuito de las drogas, se ha llegado a una focalización de las acciones ofensi124

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vas hacia esas áreas. En efecto, el Plan Colombia centró su incidencia en el Sur del país, buscando quebrar las finanzas de las guerrillas y al final, golpearlos militarmente. Así mismo, al generalizarse el argumento de que las guerrillas se constituyen en los reemplazos de los carteles abatidos a comienzos de los noventa, junto con el énfasis de la estrategia antidrogas de centrase en la parte inicial de la cadena basada en resultados mensurables en el corto plazo, la estrategia terminó facilitando el incremento del poder de los nuevos empresarios ilegales, que sustituyeron los viejos carteles. En efecto, en el lapso de los últimos diez años, se fortaleció una poderosa simbiosis ilegal que articuló el negocio de drogas con el control privado y armado de territorios dinámica facilitada a través de la concentración de la propiedad de la tierra. Según estimativos del antiguo instituto de la reforma agraria INCORA, los narcotraficantes adquirieron el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 68% de los propietarios poseen sólo el 5.2% del área (PNUD-DNE,1997). La compra de predios rurales por los narcotraficantes les permitió vincularse a las actividades legales y asimilarse, en cierta forma, a los empresarios tradicionales. (Camacho, López y Thoumi, 1999). Adicionalmente su uso generó una fuerte irracionalidad en la orientación de la estructura productiva agraria y en las áreas de bosques, al ser dedicadas fundamentalmente a la ganadería extensiva. El control de territorios sirvió también para consolidar la producción ilícita, la instalación de laboratorios de procesamiento y un mejor acceso a rutas internacionales para la exportación de drogas. Toda esta dinámica se encubrió y se fortaleció por vía de un marco político que abrió el uso de un modelo de privatización de la estrategia contrainsurgente, a través de la promoción de mecanismos de autodefensa contemplados en el decreto legislativo 3398 de 1965. Este marco legal fue aprovechado en la década de los ochenta para contener los desmanes de las guerrillas (extorsión, secuestro, etc.), pero fue rebasado por el narcotráfico y elites locales principalmente del sector rural, quienes 125

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establecieron ejércitos privados en sus zonas de influencia y luego, desarrollaron un proceso violento de desalojo o venta forzada de propiedades, aprovechando la débil presencia estatal. La dinámica violenta de estos warlords condujo al control pleno de territorios principalmente en el norte del país, siendo tolerados por los organismos de seguridad, teniendo en cuenta su papel en la eliminación de las redes de información o apoyo de las guerrillas. En el marco de esa poderosa simbiosis entre narcotráfico y guerra contrainsurgente, organizaciones de derechos humanos han logrado establecer 2.137 casos de desapariciones forzadas entre 1988 y el 2004, bajo responsabilidad de los jefes paramilitares que actuaron con total impunidad, por omisión o acción de los organismos de seguridad del Estado37. Así mismo, la compleja articulación de seguridad privada contrainsurgente y su fortalecimiento como poder territorial, han contribuido notoriamente a que Colombia se sitúe entre los tres países con una situación humanitaria de desplazamiento más graves del mundo38. La reiterada ausencia de agilidad en los procesos de extinción de dominio de los bienes adquiridos con dineros ilegales, contribuyó a consolidar ese proceso. En efecto, del total de bienes rurales registrados oficialmente como incautados (3.376 bienes), el 55% no cuenta con información referente a la extensión del número de hectáreas. Sólo se conoce esa cifra del 45% restante y que equivalen a 421.638 hectáreas. Las devoluciones por orden judicial de esas hectáreas que se conocen ascendieron al 35%, mientras que sólo se ha extinguido el dominio al 4.2% del total de esos bienes, lo cual representa tan sólo 17.581 hectáreas. (Estos son datos sobre el 45% del total incautado porque no se conocen cifras de los demás). Es decir, sólo el 5% de los

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Véase derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación ejercido por la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos ASFADES, la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colectivo de Abogados José Alvear y el Proyecto Justicia y Vida, en oficio de julio 1 de 2004, Bogotá. Los otros dos son Sudán y el Congo.

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predios incautados han sido objeto de extinción de dominio y el 35% del total incautado se ha devuelto a los narcotraficantes por orden judicial (Contraloría General de la República, 2005)39. A ello se agrega la falta de claridad y de políticas públicas sobre el uso de los pocos recursos ya incautados y extinguidos al narcotráfico, todo lo cual desfavorece y aplaza la creación de condiciones que inhabiliten el territorio colombiano como lugar expedito para la continuidad de la economía ilegal de las drogas. Así mismo y como lo muestran los indicadores sobre disponibilidad de las drogas en mercados como EU y Europa, los narcotraficantes conservan la capacidad de exportación de sustancias ilegales. El fuerte espacio político que conserva el narcotráfico, se manifiesta en su alta capacidad de corrupción y penetración de diversas esferas del Estado. Este panorama contrasta con los argumentos señalados por el Departamento de Estado con respecto a la relación costo efectividad, que viene implicando concentrar los mayores esfuerzos y recursos en la búsqueda de resultados de corto plazo en los escenarios propios de los cultivos ilícitos. Finalmente y teniendo en cuenta los términos de aprobación de la denominada ley de Justicia y Paz del 22 de junio de 2005, marco legal para la reincorporación de los grupos paramilitares que negociaron su desmovilización con el gobierno Uribe, diferentes entidades expertas en legislación sobre derechos humanos han argumentado que la ley aprobada deja intactas las estructuras paramilitares, reduce los plazos para investigar sus crímenes y no toca las redes mafiosas ni el poder económico que alimenta las actividades de estos grupos. Así mismo, dificulta la posibilidad de establecer la verdad de los hechos criminales cometidos, 39

Para un balance de la efectividad de la política de extinción de dominio de bienes adquiridos por el narcotráfico, véase entre otros Contraloría General de la República (CGR), 2005, “La gestión de la reforma Agraria y el Proceso de Incautación y Extinción de bienes rurales”; CGR, 2001, “Plan Colombia Segundo Informe de Evaluación”, Bogotá, y El Tiempo, 28 de julio de 2002, “La mafia recupera sus bienes”, Bogotá.

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inhibiendo la acción de la justicia y soslayando por tanto, la reparación de las víctimas expropiadas o que padecieron la violencia de estos grupos40. Bajo estas condiciones, Colombia se acerca a un escenario del posconflicto marcado por un control regional del empresariado ilegal que se blindó políticamente al calor del modelo de seguridad que cedió a los particulares el uso de la fuerza, en contra de los grupos de oposición armada. Como consecuencia la recuperación del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, está lejos de ser alcanzada. Este es uno de los efectos políticos más importantes del modelo de privatización de la lucha contrainsurgente, cuyas consecuencias se relacionan con la ausencia de límites claros entre el monopolio de la fuerza del Estado, la corrupción asociada al narcotráfico y la condición prevaleciente de los grupos privados ilegales. Agregado a ello están las consecuencias humanitarias y socioeconómicas, pues en la actualidad no hay mecanismos que establezcan con transparencia la responsabilidad del narcotráfico (y de los grupos armados que han participado en esa dinámica) sobre el proceso violento de expropiación de comunidades indígenas, negras y campesinas. Como consecuencia, el débil ejercicio del cumplimiento de la ley en Colombia prolonga la condición de lugar favorable a la pervivencia del narcotráfico (Thoumi, 2002). Teniendo en cuenta este panorama, la extensión del trato criminalizado del uso de drogas y el hecho de sobredimensionar el escenario de los cultivos ilícitos, se han venido convirtiendo en un recurso político útil a los soportes de las estrategias antidrogas e incluso contrainsurgentes, mientras de otro lado se observan muy débiles los diagnósticos y las decisiones dirigidas a un fragmentado pero poderoso 40

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Véase entre otros, Human Rigths Watch “Colombia: proyecto deja intactas estructuras paramilitares”, junio de 2005. Comisión Colombiana de Juristas, “Sin garantías del derecho a la verdad”, junio 14 de 2005; “Sin garantías del derecho a la justicia”, junio 15 de 2005; “Sin garantías del derecho a la reparación”, junio 20 de 2005; “Una metafórica justicia y paz”, junio 21 de 2005; “Sin paz y sin justicia”, junio 20 de 2005. Así mismo, The New York Times, “Colombia’s capitulation”, julio 4 de 2005.

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sector empresarial ilegal que controla el uso de la fuerza en vastas regiones, principalmente en el norte de Colombia. Dentro de esa perspectiva se observa también una responsabilidad política de Washington en cuanto a la serie de efectos que ocasiona la focalización de la estrategia sobre los cultivos ilícitos y la concentración de su estratégica presencia militar directa o contratada en el sur del país, privilegiando como enemigo a las guerrillas. Sin poner en tela de juicio el deber del Estado de buscar el logro del ejercicio del monopolio de la fuerza sobre la base del respeto ineludible a los derechos humanos, el desequilibrio en el uso de esa violencia en términos espaciales y obrando con una selectividad que puede ser catalogada como ideológica, se favoreció por omisión, la ausencia de una ofensiva significativa contra la simbiosis de narcotraficantes y líderes paramilitares41. En efecto, a pesar de los incrementos de las operaciones militares contra las autodefensas, al pasar de 76 en el 2001 a 134 en el 2002, 276 en el 2003 y 369 en el 2004, (Fundación Seguridad y Democracia, 2005) se observa en los niveles regionales, un fortalecimiento de sus líderes y del negocio de las drogas así como las actividades mafiosas controladas por las estructuras locales42. Aquí se revela también la ausencia de correspondencia entre el modelo de confrontación militar asociada a la condición de grupos armados, frente al tránsito que han venido desarrollando hacia estructuras mafiosas de redes, en áreas ya consolidadas, cuya confrontación es más del resorte de la inteligencia y de golpear intereses económicos de origen ilegal.

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Es el caso de los planes antinarcóticos y contrainsurgentes más importantes desarrollados en los últimos cinco años, esto es, el Plan Colombia (2000-2005), cuyo componente antidrogas fue financiado por Washington con un valor de 4.000 millones de dólares y el Plan Patriota, un plan de ofensiva militar contra la retaguardia estratégica de las FARC, también apoyado por el Departamento de Defensa de los EU. Véase LAWG, CIP, WOLA, US Office on Colombia “Blueprint for a New Colombia Policy”, March 2005, Washington. Fundación Seguridad y Democracia,2005, “Colombia: Balance de Seguridad 2001 2004”, Bogotá.

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Sin embargo, muy pocos cambios se observan en el horizonte de una política que reconozca con más inteligencia la fuerte simbiosis entre el narcotráfico, el nuevo control territorial emergente y el incremento del poder de las estructuras en red. Estas utilizan el control de áreas estratégicas para fortalecer aún más el negocio de las drogas y la serie de actividades ilegales que se originaron y se fortalecieron con capital ilegal, y por el contexto generado ante las señales de privatización de la guerra interna colombiana. De otro lado, la solicitud que se ha formalizado ante Washington para un incremento del número de asesores militares y contratistas privados en el marco de la ofensiva contra la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, refleja una percepción del problema bajo el sesgo que privilegia a este grupo como el enemigo principal. Como consecuencia, prevalece un tipo de manejo que se afirma casi con exclusividad en la militarización de las zonas de influencia de los grupos insurgentes, mientras el aprestamiento del Estado para enfrentar el poder del narcotráfico que procura su legalización, se observa débil en investigación e inteligencia y pobre en el accionar de la Fiscalía General de la Nación frente al tamaño de la criminalidad y los delitos contra la población civil en las regiones pretendidas. La política de seguridad muestra pues, debilidades frente a un tratamiento integral del problema y refleja una carencia de voluntad política para enfrentar en profundidad, el violento reordenamiento ilegal producido en el marco de la guerra, y la posterior consolidación mafiosa de grandes territorios. La opción de ideologizar la guerra antidrogas seguramente argumentada en las prioridades de seguridad para garantizar dinámicas de inversión, está teniendo un alto costo en las zonas marginales donde se afianza el poder insurgente. Observemos esas consecuencias.

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Implicaciones por la ofensiva armada estatal, que combate a las drogas bajo un enfoque de guerra antiterrorista: 1. Pérdida de visibilidad de las causas sociales y económicas que inciden en la alta dependencia de algunas regiones frente a los cultivos ilícitos. Como consecuencia, las aspersiones se desarrollan indiscriminadamente, lo cual acentúa los impactos sociales en la población expuesta. Fuerte deterioro de la confianza entre comunidades y Estado, hecho que se expresa de un lado, en la ausencia de diferenciación entre cultivos de subsistencia y extensivos; de otro, se refleja en los altos índices de resiembra de coca nueva en departamentos como Putumayo que ha tenido la más alta inversión social en el marco del Plan Colombia. La medida que no diferencia los cultivos, se corresponde con el énfasis de la producción ilegal como finanzas de la insurgencia. Así mismo se continúan generando impactos de la fumigación en algunos programas de desarrollo alternativo. En este punto se observan varios elementos para el análisis: En primer lugar, bajo la administración del presidente Uribe, no se desarrolló un balance a fondo de los desaciertos en que incurrió el Estado cuando asumió la experiencia de los pactos de erradicación manual. Se resaltaron más algunos incumplimientos de cultivadores que, en efecto, quisieron manipular los espacios de alguna protección frente a las aspersiones, para desarrollar nuevas siembras ilegales. Sin embargo, el problema es mucho más complejo y existe una alta responsabilidad estatal en los modelos de intervención43. Como consecuencia, se optó por borrar la diferencia que se hacía entre cultivos de subsistencia y cultivos ilícitos extensivos. 43

Para una mirada crítica de esos modelos en la experiencia de Putumayo véase, Vargas, Ricardo “Drogas, Conflicto Armado y Desarrollo Alternativo”, Acción Andina Colombia, 2003, Bogotá.

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Este hecho, junto con las dificultades presupuestales para garantizar una cobertura significativa de las ofertas de los programas de Familia Guardabosques y proyectos productivos, puede estar generando un incremento de los efectos negativos de las fumigaciones44. Para dar un ejemplo significativo, en las aspersiones adelantadas recientemente (mayo y junio 2005) en el departamento del Cauca específicamente en el municipio de Sucre, los campesinos han denunciado que: “La Asociación Agropecuaria de Sucre – AGROSUCRE, conformada por 181 productores de café orgánico, los cuales son apoyados por la Empresa Cooperativa del Sur del Cauca COSURCA en el proyecto de producción que financian entidades de cooperación, denunciaron las pérdidas de la cosecha de café, su principal fuente de ingresos. Esta asociación vende a buen precio el café que se exporta a Europa pero después de las aspersiones ya no nos quisieron comprar el producto porque con el veneno perdió calidad y esto ha dejado quebrados a los campesinos que cultivamos café y generamos empleo”45. Allí mismo se agrega que: “Así como AGROSUCRE, se perjudicaron otras asociaciones de productores tales como ASOFRU44

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En efecto, entre los años 2003 – 2005 el Programa de Desarrollo Alternativo ha ejecutado US 170 millones de dólares de los cuales un 90% son aportes del presupuesto nacional para financiar los programas Familias Guardabosques PFG y el Programa de Proyectos Productivos PPP. En el lapso de cuatro años (2002 – 2006) se aspiraba a una cobertura sobre 50 mil familias, de las cuales se ha alcanzado un poco más de 30.000 en tres años. Los programas tienen una alta dependencia de recursos del presupuesto nacional, dada la baja estima de sus bondades por parte de los recursos de la cooperación internacional. Véase Comité Andino para el Desarrollo Alternativo CADA, “Estrategia andina de desarrollo alternativo integral y sostenible”, Agosto 205, Bogotá. Las aspersiones en ese departamento en los meses de mayo y junio de 2005 se adelantaron también sobre Bolívar, San Sebastián, Santa Rosa, Almaguer, Balboa, Patía y Rosas. Véase “Fumigaciones en el Macizo colombiano y sur el Cauca: impactos negativos en las comunidades” Informe Preliminar, julio de 2005, testimonios directos en reuniones con comunidades afectadas, Popayán agosto 2 de 2005.

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TÍCULA, ASOPANELA, quienes perdieron el programa de panela orgánica. Los productores de tomate de mesa denuncian que perdieron toda la cosecha calculada en 30 toneladas y quedaron sin cómo responder a un crédito por valor de 20 millones de pesos, además se fumigó la bocatoma del agua para riego”46. En segundo lugar, hemos establecido que aquellas áreas mayormente marginadas y con una alta dependencia de la economía de la coca, por tanto, con condiciones para una continuidad del control insurgente y extensamente fumigadas, son prácticamente excluidas del apoyo a proyectos como lo establecen los objetivos mismos del Documento Conpes No. 3218 sobre la estrategia del Desarrollo Alternativo (véase cuadro No. 12). 2. El carácter envolvente de los operativos dirigidos tanto a golpear la estructura militar de las guerrillas como a debilitar sus fuentes de financiación, viene generando, de acuerdo con denuncias de las comunidades, graves violaciones a los DDHH, en razón a la instauración de la sospecha sobre las comunidades asentadas en las zonas rurales de estas áreas, como base de los operativos en zonas cocaleras bajo influencia insurgente. Así mismo en respuesta a estos operativos, las guerrillas optan por incrementar también mecanismos de fuerza contra las comunidades (confinamiento, amenazas de represalias, etc.) que constituyen a su vez graves violaciones a las normas del DIH. En el marco de los operativos del Plan Patriota, las comunidades del Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá han denunciado casos graves de violaciones a derechos humanos47. En el caso 46 47

Ibídem pág. 3. Las denuncias se presentaron en foros simultáneos adelantados sobre la situación humanitaria en esos departamentos, en Bogotá, Florencia y Cartagena del Chairá el 29 de julio de 2005. En un SOS de estas últimas se señala que: “Hay insolvencia económica para cientos de familias, quienes no pueden trabajar ante la zozobra y los peligros de la guerra. Hay desplazamiento diario de una o dos familias que les ha tocado dejar sus tierras, ganados y cosechas abandonadas, perdiéndolo todo.

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de Cartagena del Chairá sus denuncias aluden sobre todo a detenciones arbitrarias, casos de tortura, amenazas individuales, atentados, desplazamiento, ejecuciones, desapariciones forzadas y violencia sexual48. Como consecuencia, la actual política antidrogas - dirigida a debilitar la economía ilegal que oxigena las estructuras insurgentes - es percibida por parte de las comunidades, como acciones inscritas en la ofensiva de guerra y que las termina involucrando como parte del problema, desde al lado de los grupos armados. Así se entiende también, el desarrollo de requisas en rutas fluviales y terrestres, hecho que viene incrementando de manera alarmante los costos y tiempos de traslado de las comunidades hacia los centros de comercio y servicios, lo cual afecta la precaria economía familiar49. En ese mismo sentido se entienden las limitaciones de compra de combustible, bienes básicos, medicinas y recursos para el sustento y las actividades de las fincas. 3. Finalmente las amenaza de fumigación sobre los parques nacionales con presencia de cultivos ilícitos, se entiende también como una decisión en el marco de esa lectura de acabar con toda posibilidad de una financiación para los grupos armados.

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Cada día son más estrictos los racionamientos de alimentos y medicamentos esenciales y artículos de primera necesidad para las familias y la producción agropecuaria”. Véase “SOS de las comunidades de Cartagena del Chairá ante la emergencia humanitaria generada por el conflicto armado y el desarrollo del Plan Patriota”, septiembre 5 de 2005, Florencia. Las cifras se recogen del Banco de datos de Cinep en el documento “Estadísticas de Derechos Humanos y DIH, Cartagena del Chairá, Caquetá”, números que van entre el 1 de enero de 2004 y el 6 de julio de 2005. Así por ejemplo, un recorrido desde Remolino del Caguán a Cartagena del Chairá que se hacía en 5 o 6 horas, hoy puede alcanzar 10- 12 horas. Esto implica más costos (hospedaje, alimentación) para quienes se desplazan porque deben quedarse más tiempo en los sitios intermedios.

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Propuestas En general la fuerte polarización del Estado y las áreas marginales con presencia insurgente, está teniendo un alto costo que se viene incrementando con la articulación de la guerra antidrogas a la estrategia de seguridad, inscrita en el marco de la confrontación armada. Esto debería conducir a serias reflexiones para un marco de políticas que debe partir de la realidad de una guerra que se inserta profundamente en la economía ilegal. Veamos algunas que podrían suscitar avances hacia la superación de esa compleja trama, cuyo débil tratamiento puede generar un autoprolongamiento del conflicto. 1. A pesar de que la iniciativa que envuelve a las drogas como parte de la ofensiva de guerra ha estado en cabeza del Ejecutivo, se ha venido generando un ambiente de baja controversia y veeduría por parte de los partidos políticos y como consecuencia, de instancias como el Congreso de la República. Los balances de lo que ha sido la implementación del Plan Colombia se siguen desarrollando de una u otra forma en escenarios políticos y académicos de Washington. Mientras tanto en Bogotá, suelen desarrollarse algunos debates que reaccionan a impactos parciales de orden local o regional50 sin que se observen discusiones integrales con cobertura nacional o una mirada sobre la incidencia regional andino amazónica, sobre lo que ha sido la actual estrategia contra las drogas. Esa apropiación y su traducción en iniciativas políticas y legales tiene que ver con: a. Impulsar un balance nacional de la política de drogas, cuyo modelo se ha implementado para la coca desde 1994,

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Casos como Putumayo a iniciativa del Representante de ese departamento Guillermo Rivera y el Senador Rafael Pardo desarrollado en julio de 2005.

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teniendo un repunte financiero a partir del 2000, hecho sin antecedentes, y que suma hoy 4.000 millones de dólares. Se debe abrir ese espacio político dado el tiempo y los efectos de orden social, económico, político y ambiental –muchos de ellos aún desconocidos– de la actual estrategia. b. La generación de condiciones para desarrollar un nuevo marco de política bajo la identificación y defensa de los intereses nacionales colombianos y eventualmente una redefinición del conjunto de acuerdos con EU en esa materia. En ese mismo sentido y dadas las alarmas que empiezan a observarse, se deben asumir compromisos políticos para evitar que en Colombia se restablezca la posibilidad de uso del método biológico como técnica de erradicación. c. Recuperar una voluntad política sobre la extinción de dominio de los bienes incautados al narcotráfico, teniendo en cuenta las denuncias sobre la crisis institucional en esta materia. Así mismo la definición de una política sobre el uso de esos bienes y su incorporación a la reparación de las víctimas de la guerra. En ese sentido se deben retomar y resolver, en el marco de la política de Estado, la situación de crisis permanente que padecen entidades relacionadas como la Dirección Nacional de Estupefacientes, sobre todo en relación con la sistematización y manejo de los bienes incautados al narcotráfico. d. Apropiación del tema de los problemas asociados al consumo de drogas, asumiendo una responsabilidad en el desarrollo de la legislación y políticas públicas relacionadas con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis personal de algunas sustancias51.

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Como se ha observado este es tal vez uno de los temas de mayor abandono y trato marginal en Colombia.

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e. Desde el punto de vista institucional, se debe abordar el desarrollo de políticas estatales que estabilicen un enfoque coherente en el manejo del problema del abuso de drogas. Así mismo, sistemas de información óptimos para una identificación, seguimiento y análisis periódico de los problemas asociados al uso de drogas, dirigidos a fortalecer una política elaborada con la participación de organizaciones y entidades que hoy han acumulado experiencias segmentadas o locales en el manejo del problema. 2. Las acciones antidrogas inscritas en el marco de la guerra buscan afectar las fuentes de financiación de las FARC y determinar el impacto de los esfuerzos antinarcóticos sobre la capacidad de combate de ese grupo. Sin embargo, las regiones productoras están pagando unos costos altos que demandan una reformulación del componente social, económico y ambiental. Para este fin se debería producir una concertación con dirigentes políticos, iglesias, sociedad civil organizada, incluidas las comunidades, con el fin de establecer un balance de las emergencias creadas por la ofensiva militar en estos escenarios y dar prioridad a la grave situación humanitaria y proteger los intereses de las regiones. No se trata además de imponer o llevar una política desde Bogotá sino de reconocer esfuerzos locales y regionales que podrían ser fortalecidos. Desde el punto de vista de la proyección en el mediano y largo plazo, se debe partir de una política para la amazonía como región, identificando los actores sociales clave en su sostenibilidad estratégica, es decir, involucrando y reconociendo los espacios de las etnias y grupos sociales que están desarrollando propuestas alternativas, las cuales deben ser concertadas por el Estado52.

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Una de las debilidades del actual esfuerzo gubernamental de acercar los entes nacionales a regiones de alto conflicto, es la ausencia de un reconocimiento a los procesos locales y regionales en marcha, los cuales pueden no encajar en los modelos que se buscan implementar para estas áreas desde Bogotá. Eventuales reticencias alrededor de programas como Familias Guardabosques, por ejemplo, deben

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3. La actual política antidrogas inscrita en el ámbito de la seguridad, viene acarreando costos político diplomáticos frente a los Estados vecinos, generando desconfianza, produciendo tensiones y limitando las posibilidades de ganar apoyo de sus recursos y fuerzas dentro del objetivo común de prevenir el uso de las fronteras para actividades ilícitas. El condicionamiento de las relaciones internacionales en el ámbito regional a la seguridad militar, genera situaciones adversas para el desarrollo de una agenda integral, la cual ha resultado fuertemente influenciada por demandas de compromisos militares en el contexto de la política de seguridad de Colombia53. 4. Es perceptible una falta de claridad en el desenvolvimiento institucional en las acciones frente a los cultivos ilícitos. Hemos señalado la débil coherencia de la fumigación en relación con áreas de alta concentración de hoja de coca y una gran déficit en relación con el desarrollo alternativo. La política parece subsumirse en una serie de acciones que combinan: fumigaciones, erradicación manual forzosa, familia guardabosques, en ocasiones, ofertas poco sustentadas como la compra de la coca, hechos que develan justamente la ausencia de una estrategia que vaya más allá del puro interés de reducir áreas de cultivos ilícitos y que mejore las condiciones de negociación en esta materia con los países más interesados en el desarrollo de acciones para la oferta.

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subsanarse retomando y reconociendo las dinámicas locales en materia de uso y protección ambiental de ecosistemas complejos como el amazónico. Sobre la iniciativa gubernamental para territorios de ofensiva bélica véase, Presidencia de la República Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI “Por la recuperación social del territorio”, Agosto de 2005. Véase Arlene Tickner, “La securitización de la crisis colombiana: bases conceptuales y tendencias generales” en Percepciones hemisféricas sobre la crisis colombiana, Colombia Internacional No. 60, Universidad de los Andes, Centro de Estudios Internacionales, Departamento de Ciencia Política, Julio 2004 – Diciembre 2004. Arlene Tickner y Ann C. Mason “Mapping Transregional Security Structures in the Andean Region”, Alternatives, Vol.18, No.3, pp.359-391. Martha Ardila “La politica exterior de Colombia hacia sus vecinos” en Martha Ardila, Diego Cardona y Arlene Tickner, Prioridades y Desafíos de la política exterior colombiana, Fescol – Hanns Seidel Stiftung, Bogotá, pp. 299 – 352.

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NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA - Economía y Violencia

Sobre las magnitudes del Narcotráfico Por Ricardo Rocha García1

Introducción El hecho que el narcotráfico sea un problema muy importante para Colombia, lleva rápidamente a pensar que su importancia económica también lo sea. Algo nada gratuito, dado que existe bastante información en la cotidianidad y en la historia reciente para darle sustento a la percepción de que su importancia económica va de la mano con sus efectos sobre el acontecer nacional. Para la muestra, el despliegue militar que exhiben los grupos armados ilegales, en buena parte es resultado de su incursión en el control de las regiones con cultivos ilícitos, así como del acopio de las cosechas de base y de manera creciente en la exportación de cocaína. Otra muestra radica en la pugna por el control territorial de significativas regiones del país donde se sabe que han realizado inversiones en tierras. Dando origen a un cruento conflicto armado donde la guerra irregular ha dado

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Investigador Asociado del CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Artículo elaborado con el patrocinio de la Fundación Seguridad & Democracia. Los errores, omisiones y opiniones contenidas son de responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen de manera alguna a las instituciones mencionadas. Comunicaciones [email protected]

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lugar a la intimidación de la población y la corrupción de las instituciones, las cifras del desplazamiento forzado de la población y los escándalos de corrupción de la política, son una muestra de la intensidad de los efectos colaterales de las utilidades del narcotráfico. Otro tanto, se podría desprender de la magnitud y complejidad de la respuesta del Estado para combatir este delito y sus efectos colaterales. Sin embargo, la magnitud del valor de la operación del narcotráfico en correspondencia con el valor de las remuneraciones a los residentes, tiene un límite en las extensiones de los cultivos, las productividades, las incautaciones, y los precios dentro de la frontera colombiana. El gasto de operación doméstica presenta débiles eslabonamientos con los diferentes sectores de la economía y tiene un importante componente de importaciones de contrabando, además está marginado de la cadena de recaudo fiscal y se realiza en regiones de enclave. Los incrementos de valor que experimenta la droga en su trayecto hasta el consumidor final, corresponde a la remuneración tanto de colombianos y no residentes, sin que el valor exportado guarde correspondencia con la oferta exportable y los precios finales. En consecuencia, las percepciones de las magnitudes del narcotráfico en la economía colombiana necesariamente no tienen que ir en consonancia con la realidad, y precisamente, su estimación debe ser un ejercicio contable resultado del entendimiento del fenómeno en sus diferentes dimensiones, incluido el económico, por consiguiente, pese a las limitaciones de información producto de la ilegalidad, existen diversidad de metodologías de estimación. Aclarando al respecto, que las limitaciones de datos sobre el tema, no son muy diferentes a la que enfrenta la medición de muchos sectores de la economía legal. Precisamente, las reflexiones que suscita el funcionamiento del narcotráfico respecto a sus magnitudes estimadas y esperadas, son la principal motivación del presente ensayo estructurado en cinco secciones. Se aclara que no se trata de un compendio 146

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metodológico de la medición económica del narcotráfico, ni pretende hacer una crítica de las existentes, solo se trata de una revisión de la información secundaria disponible y su entendimiento con el fin de discutir algunas hipótesis sobre magnitudes y efectos en Colombia. En la primera sección del ensayo, se abordan diferentes explicaciones en torno a la vinculación de Colombia al narcotráfico, analizando diferentes motivaciones a la luz la información disponible, intentando aproximar el porqué de la magnitud y hasta donde debería llegar la inserción de Colombia en el mercado mundial de las drogas ilícitas. En la segunda sección, se analizan aspectos del funcionamiento del narcotráfico y los efectos que se le atribuyen en un sentido multidimensional, haciendo énfasis en los aspectos de economía política, indagando sobre las implicaciones que las magnitudes ejercen sobre el bienestar y las políticas públicas. La siguiente sección, se dedica a discutir las estimaciones sobre la contribución del narcotráfico al PIB de la economía, explorando los alcances de los resultados conocidos y su pertinencia para la política económica. Finalmente, una sección de consideraciones finales, que se detiene sobre las opciones de política pública frente al futuro del narcotráfico, sobre un escenario, donde se necesita consolidar la reducción de la operación en Colombia, no solo marchitando la producción, sino también el accionar del crimen organizado y sus actividades relacionadas.

1. Explicaciones de la inserción No resulta sorprendente que el nombre Colombia se asocie con el tráfico de cocaína, sin embargo, no se trata de un fenómeno inveterado y por consiguiente no tiene por que ser definitivo. Hasta mediados de los años setenta se empezaron a registrar noticias de las primeras incautaciones de cocaína y de la existencia de los primeros cultivos en los ochenta. Entonces, se producía y exportaba marihuana desde Colombia, para atender 147

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la demanda desatada en los años 60, luego de que su cultivo migrara desde México hacia el Caribe, como resultado de su persecución por parte de las políticas de erradicación e interdicción, las cuales les dieron alcance en el territorio nacional a principios de la década siguiente. La elevada relación volumen peso de la marihuana la hacía relativamente vulnerable frente al riesgo de incautación y erradicación por parte de las autoridades, de allí que su cultivo rápidamente languideciera, al menos en términos de magnitudes exportables, y se desplazara a otros países, incluidos los mismos consumidores. Lo anterior pudo haber sido solamente una incursión transitoria, si a finales de los años 70 no se hubiera presentado un repunte en la demanda internacional por el consumo de cocaína. La hoja de coca se cultivaba y se consumía entre la población indígena desde tiempos precolombinos en Bolivia y Perú en las regiones de los Yungas, con una producción que para atender la demanda local no debería superar las 30 mil hectáreas. En 1980 se reportaron en Colombia 4,5 mil hectáreas, el 4% de las 122 mil cultivadas en los países andinos. En 1990 los cultivos locales se habían multiplicado casi por diez, llegando a 40 mil hectáreas, un 19% de los tres países andinos, que ya sumaban en total 212 mil hectáreas. Diez años después, los cultivos en Colombia se habían cuadriplicado, hasta alcanzar las 163 mil has y representar el 74% del área andina. Para 2004, de acuerdo con el sistema de monitoreo de las Naciones Unidas el área cultivada en hoja de coca fue de 80 mil hectáreas (\h Gráfica 1). Por otra parte, la incursión de Colombia en la producción de amapola y las exportaciones de heroína, datan de los años 90, y esta no pasa de tener un carácter incipiente. En 2004 se reportaron 3.100 hectáreas, luego de un promedio de 14 mil hasta 1998, equivalentes a la mitad de la producción hemisférica y menos del 2% de la cosecha mundial, cuyos principales proveedores son Afganistán, Birmania. Laos y Paquistán (\h Gráfica 2).

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Gráfica 1. Cultivos de Hoja de Coca en Colombia y el Mundo

Fuente: UNODC, Policía Nacional

Gráfica 2. Cultivos de Amapola en Colombia y el Mundo

Fuente: UNODC, Policía Nacional

¿Porqué se expandieron de manera vertiginosa los cultivos de hoja de coca en Colombia hasta el punto de llegar a ser el principal productor de cocaína?. Es una pregunta que surge de mirar los hechos mencionados y cuya respuesta se encuentra recorriendo varios aspectos e interpretaciones del narcotráfico, que a continuación se mencionan.

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Una rápida mirada a la información estadística podría sugerir que la opción de la economía ilícita es un dilema de ingresos con la lícita. La rentabilidad de los cultivos ilícitos es generalmente mas alta que la ofrecida por la agricultura legal, al menos ello es visible en el precio relativo del kilo de base de coca con respecto a su equivalente obtenido de los cultivos legales, el cual ha descendido a su nivel actual desde mediados de los años noventa (\h Gráfica 3). Si se corrigiera dicho indicador por la probabilidad de erradicación, se esperaría disminuciones adicionales. Gráfica 3. Precios relativos de la base de coca y la agricultura ilícita

Plante, Ministerio de Agricultura. Estadísticas agrícolas - Cálculos propios.

Además, la relación reciente (1999-2002) entre el valor de la producción agrícola lícita y los cultivos de coca en los departamentos con mayores áreas cosechadas de coca, ofrece un signo negativo (\h Gráfica 4), muestra que la reducción de los cultivos ilícitos estuvo acompañada de una significativa recuperación de la producción de la agricultura legal, sin que ello se pueda atribuir a una relación de sustituibilidad, ni a una política deliberada. En consecuencia, las decisiones para insertarse en el narcotráfico no competen exclusivamente a los campesinos y tampoco a la economía. Allí, también intervienen otros agentes y variables adicionales. 150

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Gráfica 4. Valor de la producción ilícita con respecto a la producción lícita (productos y departamentos cultivadores seleccionados, precios constantes de 1994)

Fuente: Plante, Ministerio de Agricultura. Estadísticas agrícolas - Cálculos propios.

Por ejemplo, las ventajas que ofrece la naturaleza o las ventajas absolutas ayudan a explicar el rol de países que cuentan con unas condiciones agronómicas optimas, permitiendo que quienes exhiban elevadas productividades por hectárea de cocaína y látex, sean al tiempo importantes productores tal como acontece Perú y Bolivia, así como con Afganistán, de manera respectiva (\h Gráfica 5). Por su parte, Colombia y Ecuador, a pesar cumplir con la doble condición de no contar con un significativo consumo 151

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indígena y de tener condiciones favorables, aunque no optimas para los cultivos, ofrecen resultados muy diferentes. El primero logró llegar a ser el principal productor mundial de coca en un tiempo muy corto, a pesar de tener inferiores productividades, mientras que en el segundo, los cultivos no muestran en la actualidad una escala significativa. La geografía y los costos de transporte también podrían explicar los cultivos en el área andina. En Perú y Bolivia, por su inmediatez a la demanda local por hoja de coca. En Colombia, ha sido un determinante fundamental para insertarse en la transformación de base importada de la región andina y obtenida de los cultivos locales, su posición estratégica sobre el mar Caribe y el océano Pacífico, que le permite acceder a los principales mercados de consumo de cocaína, como son Norteamérica y Europa, aprovechando las ventajas que ofrece una arraigada tradición del comercio de contrabando en Centro América y el Caribe que se remonta a los tiempos de la colonia. De allí, que las mafias locales encontraran una rentable oportunidad en la exportación de cocaína controlando la producción andina. Gráfica 5. Productividad por hectárea de la cocaína y la heroína en Colombia y el Mundo

Fuente: UNODC

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También la geografía explica que en el País haya incursionado en el tráfico de heroína, más por la cercanía al consumo de los Estados Unidos, que debido a la ventaja comparativa. Tal como anteriormente se señaló, las extensiones locales siempre han tenido una importancia minoritaria dentro del contexto mundial y en descenso. De hecho, Colombia no se puede considerar un productor mundial importante de drogas ilícitas de origen sintético y la mayor parte de la producción de drogas ilícitas se encuentra en los mismos países consumidores, debido a que su bajo costo de producción y química simple, no permite incorporar los costos de transporte, sin que el precio final logre ser competitivo. A menudo se argumentan explicaciones de la competitividad del narcotráfico basadas en aspectos institucionales y de los valores morales, basados en la sabida intimidación y la corrupción que el crimen organizado ejerce sobre un amplio espectro de la sociedad y la economía. El principal ejemplo de ello es la respuesta institucional a la mayor demanda por bienes públicos relacionados con seguridad y justicia, desatada por la criminalidad desatada por la irrupción del narcotráfico en la sociedad. En teoría, dicha respuesta dependerá de la fortaleza institucional y de su respaldo ciudadano. En la práctica, una sociedad como la Colombiana de finales de los años 70, claramente no estaba preparada para enfrentar una perturbación institucional como la que se presentó entonces, y sus efectos desestabilizadores han sido mayúsculos, y desde entonces han puesto sobre la agenda pública la necesidad de promover el imperio de la ley y el fortalecimiento de las instituciones. Es muy difícil establecer cual es la escala de fortaleza institucional de una sociedad frente al narcotráfico, sobre todo cuando ello depende entre otras razones de su magnitud relativa frente a la economía legal. Es de esperarse que el narcotráfico en sus fases de producción y exportación tiene más oportunidades de operar con bajo riesgo de interdicción, en la medida que se tengan regiones y sectores marginados del progreso dentro de una economía grande, diversificada y globalizada. Ello le permitirá al narcotráfico no recurrir en excesivos costos de intimidación y corrupción. 153

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El narcotráfico es una actividad económica, agroindustrial de exportación, que por su ilegalidad se encuentra fragmentada de manera espacial, de tal forma que los integrantes de esta cadena productiva, demandan un amplio espectro de bienes y servicios de la economía legal, cuya operación es compleja y costosa, que obliga a internalizar reducciones en los costos operativos mediante la conformación de empresas criminales que operan con un alto nivel de subcontratación. De lo contrario, el no operar como empresas criminales para minimizar el riesgo de su relacionamiento con la sociedad y la economía, preciso cuando se necesita abarcar un amplio espectro de demanda de bienes y servicios, sorteando la permanente persecución de las autoridades, implicaría elevar los costos de la intimidación y la corrupción a unos niveles que afectarían adversamente la rentabilidad operacional del narcotráfico. También existen motivaciones para operar como crimen organizado, ante la imposibilidad de acceder a la Ley para hacer respetar los contratos del narcotráfico, así como para garantizar el control de las rutas logísticas y de distribución de manera transnacional. Por las anteriores razones el narcotráfico en Colombia se estructuró en empresas criminales que experimentaron un proceso de consolidación y crecimiento, hasta llegar a configurar los grandes carteles de la droga, que en su momento llegaron a operar grandes consorcios exportadores con elevada capacidad para controlar rutas, en alianza y subordinación del crimen organizado local y de otras nacionalidades. En la medida que la escala del narcotráfico y la repatriación de utilidades crecían en los años 80, también se producía la conformación de nuevas modalidades de crimen organizado, diferentes a las hasta el momento existentes, las cuales estaban dedicadas al contrabando del comercio internacional, principalmente dedicadas a facilitar la operación doméstica, la repatriación de utilidades y el lavado de activos. Un fenómeno que con las inversiones rurales y la promoción de los cultivos por parte del narcotráfico, determinó la expansión regional de formas de crimen organizado en torno al control del territorio, con estrechos vínculos con la guerrilla y los grupos 154

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paramilitares, que en muchos casos van más allá de la simbiosis y que desbordan consideraciones ideológicas (\h Gráfica 6). Lo anterior, produjo un reto a la institucionalidad. En primera instancia, durante la década de los ochenta se produjo un desbordamiento del sistema de seguridad y justicia, cuyo principal indicador fue el repunte en las tasas de criminalidad muy por encima de los estándares internacionales, tras lo cual se produjo, el asesinato de numerosos jueces y policías, líderes políticos, defensores de derechos humanos, candidatos presidenciales, la propagación del secuestro y la extorsión. En esa época el narcotráfico conformó ejércitos privados encargados de garantizar contratos criminales, respetar los derechos de propiedad y la seguridad de los propios narcotraficantes, ejerciendo violencia sobre organizaciones rivales, las autoridades y de manera indiscriminada sobre la sociedad. Gráfica 6. Cultivos de coca y sucesos del narcotráfico

Fuente: UNODC, autor.

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Frente al narcotráfico como crimen organizado, la respuesta del Estado colombiano implicó cambios institucionales en la legislación, penalizando el narcotráfico y los delitos conexos, recurriendo a la extradición y modernizando su aparato de administración de justicia y de seguridad. Para la primera mitad de los años 90 se había logrado desarticular la mayoría de los grandes carteles de la década anterior y sus vínculos con la política, el empresariado, funcionarios públicos y medios de comunicación. Para finales de la década, se implementó el Plan Colombia, una estrategia integral de políticas de fortalecimiento institucional, desarrollo alternativo, sometimiento de los grupos de extrema ideología y lucha antinarcóticos. Sin embargo, esta respuesta institucional se dio con éxito, fundamentalmente en los principales centros urbanos, donde el Estado tiene mas instrumentos para garantizar el imperio de la Ley y protegerse del accionar del crimen organizado. No ocurrió lo mismo en las zonas del país donde se han establecido los cultivos, ni donde se han conformado clusters de transformación y exportación, como en las localidades preferidas para las inversiones rurales. Allí, es donde los aparatos de seguridad del narcotráfico de los desvertebrados carteles y la guerrilla encontraron en el control del acopio de la cosecha una oportunidad competitiva, tras ser debilitados en su operación de exportación, protagonizando una cruenta pugna por el control del territorio, frente a pretensiones equivalentes de la guerrilla y los grupos paramilitares, desatada por la búsqueda de recursos financieros y reclutamiento. Una pugna que ha dado lugar a la ola de masacres y desplazamiento forzado de la población civil, y también dio al traste con las negociaciones de paz con la guerrilla y ofrece serios peligros para las recientemente iniciadas con los grupos paramilitares. En el primer caso, las FARC nunca pudieron asumir el compromiso de desvincularse del narcotráfico y de las actividades criminales, al tiempo que exigían protección del Estado frente a la arremetida de los paramilitares en los territorios que extorsionaban. Mientras que en el segundo caso, en medio de los evidentes y antiguos vínculos de muchos de sus cabecillas con el 156

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narcotráfico, los paramilitares hacen al Estado exigencias de no extradición y de protección frente a la guerrilla. La debilidad institucional debida al accionar del crimen organizado en un país, donde el narcotráfico ha sido su principal promotor, se hace presente en las encuestas realizadas para el Informe anual de 2003 del Foro Económico Mundial, cuyos resultados aunque sólo reflejan la percepción que se tiene de las instituciones de 102 países analizados, da una idea de la respuesta institucional para promover la economía legal (\h Tabla 1). Allí, el indicador de calificación de las instituciones públicas muestra que Colombia resulta en la posición 60 ocupando un lugar en la mitad de menor calificación. El mencionado indicador se compone de dos subíndices, uno de garantías a la observancia de la ley y al cumplimiento de los contratos (puesto 79), y otro subíndice de la intensidad de la corrupción (44), Detrás del primer subíndice, el componente del costo que representa el crimen organizado sobre los negocios aparece como la principal explicación, por el puesto 101 que se le atribuye a Colombia; le siguen en importancia los otros tres componentes en su orden, la independencia del aparato judicial frente a poder político (70), la imparcialidad de la gestión pública (72) y la garantía de los derechos de propiedad (49). Por su parte, el escalafonamiento del subíndice de corrupción es menos desfavorable que el anterior, fundamentalmente por la percepción de la existencia de prácticas de sobornos a la gestión pública en el recaudo de impuestos (45), los trámites de comercio exterior (42) y las compras estatales (45), ubican a Colombia dentro de la primera mitad de los países. La capacidad institucional del Estado para enfrentar el crimen del narcotráfico y los delitos relacionados, ha ido en aumento, lo cual se ha reflejado en los cambios introducidos en la legislación, la transformación institucional y los recursos destinados en la lucha contra el narcotráfico. Mucho ha cambiado desde finales de los años setenta cuando la falta de preparación institucional de Colombia frente al narcotráfico le ofrecía una situación de santuario. La desvertebración de los grandes carteles, la incautación de sus 157

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propiedades, destrucción de infraestructura y extradiciones, ponen de presente el riesgo de operar en Colombia. Sin embargo, la implementación y cobertura del imperio de la ley presenta matices que aún ofrecen oportunidades para la competitividad de la operación en Colombia. La fortaleza de las instituciones locales, que resulta evidente en los principales centros urbanos, ofrece evidentes debilidades en las zonas con cultivos y aquellas preferidas para hacer inversiones rurales, que en últimas constituyen el soporte básico de la infraestructura del narcotráfico. Gráfica 7. Tasas de criminalidad y hectárea de coca en Colombia

Fuente: UNODC y Policía Nacional

Tabla 1. Ranking de Colombia en el Índice de instituciones públicas del Foro Económico Mundial

Fuente: Informe del Foro Económico Mundial de 2003.

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Desde mediados de los años 80 se emprendió un proceso de descentralización política, administrativa y fiscal, permitiendo la elección de los gobiernos locales y transfiriéndole recursos del presupuesto nacional, pero sin descentralizar las políticas de seguridad y los instrumentos de su financiamiento. En consecuencia, muchos gobiernos locales quedaron a merced de la intimidación y corrupción de los grupos de extrema ideología y el crimen organizado financiados por el narcotráfico, quienes precisamente están buscando su competitividad en la operación local. De allí que no resulte sorprendente que las organizaciones criminales del narcotráfico que luego de hacer simbiosis con los grupos de extrema ideología, haciendo alianzas tácticas, hayan transitando hacia la mutación, donde se han borrado muchas diferencias con el fin de obtener en sus reivindicaciones políticas el estatus de santuario para sus riquezas y modo de vida. Las razones de la inserción también son susceptibles de ser argumentadas por el lado de los rasgos de la economía, al margen de consideraciones de política. Por el lado de la estructura, si se tiene una economía dual, donde coexisten sectores de elevada informalidad y atraso productivo, en medio de una economía grande, diversificada e internacionalizada, es muy probable que el narcotráfico opere de una manera más integrada, fluida y encubierta. Los costos de la operación serán menores, pues se puede tener que el riesgo de penalización de la repatriación de utilidades y el lavado disminuye, en la medida que estas operaciones se puedan mimetizar dentro las transacciones de la economía moderna y legal. Por el lado del funcionamiento de la economía, lo anterior obrará en el mismo sentido en la medida que los costos de transacción sean mas elevados, tal como usualmente acontece con las economías inflacionarias y donde también existe una reducida base gravable y altas tasas de evasión fiscal, elevadas dispersiones arancelarias y controles administrativos al comercio pueden también favorecer el lavado de activos. Además no puede olvidarse que la precaria integración regional y presencia estatal ofrecen 159

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oportunidades a la operación del narcotráfico, al incrementar (aumentar) el costo relativo (la rentabilidad) de la economía. En este sentido, muchas de estas condiciones, resultaban evidentes para Colombia antes de las reformas estructurales de los 90, sin que se le pueda por ello atribuir la paternidad de la inserción al narcotráfico a la economía cerrada. De hecho, la liberalización de la cuenta de capitales abrió nuevas oportunidades a la repatriación que no son fáciles de controlar. Durante la vigencia del decreto 444 de 1967, el monopolio cambiario en el Banco de la República estuvo acompañado de un pujante mercado negro de divisas, que financiaba las transacciones internacionales mas allá de los controles administrativos y también ofrecía oportunidades a la repatriación y al lavado de activos. Posteriormente, con la liberalización de la balanza de pagos ocurrida en 1991, se descentralizó el mercado cambiario, pero se mantuvo el registro e identificación de las transacciones y se implementaron políticas de prevención y control del lavado de activos. Sin embargo, el mercado negro de divisas persiste ante la oferta de divisas originada en la repatriación de utilidades del narcotráfico, mientras que su demanda para financiar importaciones de contrabando y la fuga de capitales, hace posible el cierre exitoso del nagocio (\h Gráfica 8). En ambos regímenes se observa como el dólar en el mercado negro era mas barato que el oficial para la mayor parte de los años. Así como la inserción de Colombia al narcotráfico antecedió a la era de la globalización, y logró en aquel entonces integrar las diferentes fases del proceso y consolidarse como crimen organizado, en la apertura se ha replegado a la fase de producción y organizado en empresas más pequeñas. Luego de la apertura, el narcotráfico local ha confrontado con mayor intensidad las políticas del Estado, su operación se ha replegado a las tareas agroindustriales, con un menor protagonismo en la exportación y la distribución internacional.

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Sin pretender haber sido exhaustiva, muchas de las condiciones de índole estructural favorables al narcotráfico, arriba mencionadas, siguen presentes como son la geografía, la agronomía, la marginalidad regional y la debilidad institucional a escala local, entre otras. No obstante, sus efectos son susceptibles de mitigarse y removerse parcialmente mediante las políticas públicas que tengan como objetivo común, restarle atractivo al narcotráfico como negocio y su accionar con el crimen organizado y los grupos de extrema ideología, al tiempo que impulsar un mejor entorno para la economía legal, mediante la modernización institucional y el desarrollo económico. Hasta el momento el Estado ha logrado replegar el narcotráfico a las regiones productoras y aquellas que sirven de santuario de sus inversiones, donde parecen haberse enquistado los narcotraficantes, con la consecuente disminución de la escala de operación, pero sin un claro menoscabo de su capacidad competitiva. Una perspectiva poco halagüeña, la coca sólo se produce en la región andina y la demanda aunque está bajando, está lejos de desaparecer.

Gráfica 8. Premiun de la tasa de cambio paralela sobre la oficial

Fuente: Banco de la República

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2. Funcionamiento y efectos Dada la complejidad de la operación del narcotráfico, esta suele demandar, no sólo insumos y mano de obra, sino también servicios logísticos y financieros por parte de la economía legal, que en un contexto de ilegalidad hacen necesario obtenerlos a partir de la corrupción e intimidación de diferentes segmentos de la población, lo cual ha favorecido la propagación del crimen organizado, de los grupos de extrema ideología y de la economía subterránea. El narcotráfico de origen agroindustrial, entendido como una actividad que comprende la producción y la distribución de drogas cuyo consumo genera desutilidad individual y pérdida de bienestar, opera de manera imperfecta como mercado, no sólo por su ilegalidad que lo hace objeto de la prohibición, sino también por la fragmentación de la demanda y de las cadenas de distribución, donde tanto oferentes como demandantes concurren con desigual información a lo largo de las diferentes fases del negocio, tal como se refleja en los elevados márgenes de intermediación y en el hecho de que la administración del riesgo es importante agregador de valor, ante el elevado riesgo de incautación (\h Gráfica 9). La mayor parte del incremento del precio que experimenta la cocaína cuando va rumbo al mercado detallista tiene que ver con la remuneración de las actividades logísticas destinadas a mitigar el riesgo de pérdida por incumplimientos contractuales y por incautación. La base de la cadena productiva se encuentra a cargo de numerosos cultivadores establecidos en las regiones más pobres y desamparadas de la presencia estatal, algo que también ocurre en Perú y Bolivia, como también en los países productores de Asia Central y del Sudeste. En las mismas fincas lo cosechado experimenta una sencilla transformación por parte de los agricultores para obtener base de coca y látex. Un procedimiento que facilita el almacenaje y el acopio, reduciendo costos de transporte y de incautación. 162

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Gráfica 9. Márgenes de precios para la cocaína, mercados detallista y mayorista

Fuente: UNODC, INSCR varios números, Plante

Gráfica 10. Márgenes de precios para la heroína, mercados detallista y mayorista

Fuente: UNODC, INSCR varios números, Plante

A su turno, los campesinos venden sus cosechas a monopsomios, es decir, a unos pocos acopiadores en cada localidad, que suelen estar bajo el control por parte de grupos armados ilegales y pertenecientes al crimen organizado, quienes proceden a reali163

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zar la fase industrial, donde se obtiene la cocaína y la heroína de la transformación de la base y el látex, de manera respectiva. La fase agroindustrial demanda insumos químicos que son introducidos de contrabando ante los controles de las autoridades, su ingreso a las zonas de producción es extorsionado por los grupos armados, al igual que la salida de las cosechas. También requiere de ubicar los laboratorios en lugares que tienden a coincidir con las zonas de cultivos y en territorios de brinden seguridad frente a la interdicción (\h Gráfica 11). En consecuencia, el control territorial requiere de la conformación de ejércitos irregulares capaces de contener a sus rivales y de hostigar a las autoridades, al igual que la propiedad de grandes extensiones de tierras y la intimidación de la población, factores que explican su desplazamiento forzado. Esta fase industrial demanda la contratación de técnicos especializados en químicos y equipos especializados, así como personal no calificado que sirve en las labores operativas y de seguridad.

Gráfica 11. Distribución de áreas de coca y destrucción de laboratorios 1999 - 2003

Fuente: UNODC, Policía Nacional

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Los laboratorios generalmente exhiben una elevada capacidad no utilizada, porque su número excede los requerimientos de producción de los cultivos, como una respuesta estratégica frente al elevado riesgo de detección y la necesidad de atender justo a tiempo los pedidos de exportación. Ello determina que su operación, sumada al acopio, sea intensiva en requerimientos de capital en moneda local y por consiguiente en el lavado de la repatriación de utilidades y la movilización del ahorro privado. La fase de exportación al mercado mayorista se realiza sobre pedido y se despacha en frontera emprendiendo infinidad de rutas y multimodalidad de transporte. Las costas de Colombia sobre el océano pacífico y el mar Caribe son puerto para lanchas rápidas que realizan transbordos en países de tránsito, a otros modos de transporte que comprenden la movilización terrestre y aérea, según las exigencias de seguridad. También se sabe del transporte de manera encubierta en navíos de línea, y hasta, el uso de submarinos. El modo aéreo también es utilizado mediante el flete completo de aeronaves que eluden los controles de los radares y también de manera fraudulenta en aerolíneas comerciales. Hasta aquí, la mención de las movilidad de grandes embarques de cocaína al mercado mayorista, pues cuando se trata del transporte de pequeñas cantidades con destino a intermediarios del mercado detallista, es bien conocido el uso de correos humanos que llevan mimetizados en sus equipajes y adosados a su cuerpo, la cocaína y la heroína, junto con una multiplicidad de modalidades entre los despachos de mercancía legal. Ya en la fase internacional, la exportación al mercado mayorista demanda de servicios logísticos de exportación por parte del crimen organizado a lo largo de los países por donde la droga hace tránsito, incluidos los sobornos y la intimidación. Se sabe del pago en especie del tránsito con México, Centroamérica y el Caribe, como una operación de riesgo compartido con residentes de los países de tránsito. La distribución en el mercado minorista se realiza por parte del crimen organizado local, donde los colombianos tienen una reducida preeminencia. De allí que 165

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los precios relevantes para los exportadores colombianos, corresponden principalmente a los del mercado mayorista. Ya en la parte de la repatriación de las utilidades, estos ingresan y salen de la economía colombiana, utilizando diferentes canales a través de la balanza de pagos, financiado el contrabando y la fuga de capitales. Para lo cual previamente, las utilidades se lavan en el mercado de destino, en paraísos fiscales de la cuenca del Caribe, y finalmente, cuando llegan a Colombia ingresan a la economía informal en aquellas actividades intensivas en el manejo de dinero de efectivo y por fuera de la base gravable, que por estos atributos ofrecen una menor vulnerabilidad a la interdicción. De acuerdo con lo anterior, los efectos económicos del narcotráfico dependen de los rasgos intrínsecos de la operación, localización y magnitud. La baja capacidad de negociación de los campesinos frente a los acopiadores determina que la apropiación del valor agregado le sea más favorable a los segundos y los propietarios de los laboratorios. Los rasgos de enclave de los cultivos y la transformación, implican eslabonamientos de baja intensidad con el resto de la economía, es decir, que su accionar si bien tiene efectos directos sobre la economía, equivalente al valor de su producción, no obstante, no tiene efectos indirectos significativos, otro tanto ocurre con su marginación de la base tributaria, pues al no pagar impuestos no reporta efectos fiscales de consideración. Ello determina que los efectos locales sean significativos en aquellas regiones donde la economía y el empleo son pequeños en términos relativos (\h Gráfica 12). En la fase de exportación hasta el momento de cruzar la frontera se tiene certeza de remunerar el valor agregado de residentes, y por consiguiente, la valoración de la oferta exportable debe considerarse como una buena aproximación al PIB. Sin embargo, una vez que se inicia la fase internacional también se remunera el valor agregado de no residentes (\h Gráfica 13), de tal forma que las utilidades que quedan disponibles para la repatriación, afectaran el PIB en la medida que financien la demanda de importaciones de bienes y servicios, relacionados con 166

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la operación del negocio así como el consumo y las inversiones de las familias dedicadas al narcotráfico. Se sabe de la elevada inequidad de la apropiación del valor agregado al interior del sector narcotráfico y de su propensión al consumo suntuario, que no hacen esperar efectos multiplicadores de importancia sobre la demanda. Gráfica 12. Producción de base como % del PIB en 2000

Fuente: UNODC, Policía Nacional, cálculos propios

Gráfica 13. Decomisos de cocaína en países de tránsito, % del total 1990 - 2004

Fuente: UNODC, cálculos propios

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En la fase de repatriación, las operaciones de lavado, introducen una recomposición en el portafolio financiero de la economía, a favor de los activos en moneda extranjera, siempre que la financiación del contrabando y de la fuga de capitales permita una acumulación neta y por lo tanto repercusiones sobre la tasa de cambio. Estos cambios pueden afectar variables reales en la medida que se financien actividades de menor valor agregado y eslabonamientos, que aquellas que corresponde a la economía legal, favoreciéndose la evasión fiscal. En este caso, la economía del narcotráfico genera una externalidad negativa sobre el desempeño macroeconómico y le impide lograr el crecimiento que permitiría su potencialidad. De tal forma, que la contribución al PIB de las cadenas de los productivas de la coca-cocaína y de la amapola-heroína no revisten de una importancia significativa. En consecuencia su virtual eliminación y sustitución por actividades de la economía legal, y cuyo resultado no sería negativo, ni un ejercicio de suma cero, dado que la sustitución de la economía legal, permitiría un mayor PIB en el mediano plazo, luego de un proceso de ajuste, donde el empleo y los recursos que se dedicaban a actividades ilícitas experimentarán un desempleo transitorio. En el entendido que se trata de la producción de un bien, pues si se acepta que se trata de un mal, los costos pueden superar con largueza los beneficios. Algo sobre lo cual se dispone de abundante información. La operación del narcotráfico tiene una conexión económica con los efectos sociopolíticos como son la promoción del crimen organizado, el conflicto el desplazamiento forzado de la población, el repunte de la criminalidad, el debilitamiento institucional, el consumo, la competitividad y el deterioro del medio ambiente. A lo cual se suma la demanda por recursos públicos para financiar las políticas antinarcóticos y las relacionadas con la mitigación de los efectos colaterales, que implican una reasignación de recursos que en ausencia de narcotráfico no se daría. En consecuencia, la producción de drogas ilícitas ejerce efectos adversos sobre el entorno de los negocios y los procesos de ahorro inversión, constituyéndose en un lastre para el crecimiento. 168

NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA - Economía y Violencia

Lo anterior tiene sustento en abundante evidencia empírica que muestra como la incursión de Colombia en el narcotráfico contribuyó a la desestabilización sociopolítico en un espectro bastante amplio. La asociación positiva entre criminalidad y crecimiento ha sido estimada con econometría que analiza transversalmente información a escala departamental (Montenegro y Posada, 1995). La influencia negativa del narcotráfico y el terrorismo sobre la eficiencia en la administración de justicia también ha sido estimada utilizando técnicas que analizan la cointegración de la series en el período 1960-1995 (Montenegro y otros (1999). También ha sido evidente la influencia negativa del narcotráfico y el terrorismo asociado con la eficiencia en la administración de justicia: “La violencia tiene mucho más que ver con el narcotráfico y con el desplome del sistema de justicia en el país que con explicaciones tradicionales que han sido repetidas desde cuando no había narcotráfico” (Montenegro y otros, 1999; Echeverry y Partow, 1997). Además, se estima que la inversión privada podría ser superior en 4% del PIB si se tuviera un contexto de estabilidad sociopolítica (Parra, 1998), dado que los factores de violencia e inseguridad afectan las decisiones de inversión. La asociación entre los niveles de criminalidad y ingresos por narcotráfico resulta evidente en los análisis entre la geografía y el crecimiento (Sánchez y Núñez, 2000). Los patrones de la difusión de la criminalidad son explicados fundamentalmente por la insurgencia y el narcotráfico (Sánchez y otros, 2002; Martínez, 2002). Además, las pérdidas humanas y materiales derivadas del conflicto armado con la guerrilla y los grupos paramilitares (minas antipersonales, desplazamiento, combates, secuestros, asesinatos, extorsión), han sido estimadas en 0,7% del PIB (Castro y otros, 1999). También resulta evidente que las causas fundamentales del desplazamiento forzado corresponden en primera medida a la magnitud del conflicto armado, que pueden superar el 4,5% del total de la población colombiana. Este conflicto ata sus orígenes a un problema de dimensión política (reivindicaciones rurales, ideologías extremas, etc.), junto al interés de las facciones confrontadas por el exclusivo control de la actividad económica regional, tanto 169

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legal, como la relacionada con la producción de ilícitos. El grado de concentración de la propiedad rural como determinante del desplazamiento forzado en Colombia, tiende a reforzarse con la destrucción de la pequeña propiedad rural y el surgimiento de grandes extensiones controladas por grupos armados ilegales (Kirchhoff e Ibáñez, 2001). Los grupos armados han buscado aumentar el control territorial a partir de la estrategia del despoblamiento, enmarcado en la evolución del conflicto colombiano, que ha pasado de la forma de guerra de guerrillas, a la guerra que busca el posicionamiento y control de vastas zonas geográficas económicamente estratégicas (Ibáñez y Querubín, 2004). En cuanto a las repercusiones económicas sectoriales, resulta un lugar común atribuirle al narcotráfico la explicación del desempeño de sectores de la economía, sin embargo, ello no tiene mucho asidero en el análisis de la información estadística. Si ello fuera cierto, en el caso de la construcción ello implicaría que las constructoras se utilizaran para lavar a gran escala, algo de lo que no se tiene certeza. Además, de acuerdo con las descripciones de las incautaciones de propiedades realizadas por las autoridades a los narcotraficantes, se observa una clara inclinación por las inversiones que representan un alto depósito de valor, al margen de consideraciones productivas. Una sencilla exploración a los datos puede ilustrar lo anterior. En primer término el valor de la producción de drogas ilícitas tiene la participación minoritaria dentro del PIB total cuando se compara con otros sectores económicos (\h Gráfica 14). Además cuando se examinan las tendencias sectoriales de la producción se encuentran relaciones negativas con un indicador de la actividad del narcotráfico como son las tasas de delitos por Ley 30 (\h Gráfica 15). Las anteriores gráficas fueron la principal motivación para realizar un sencillo ejercicio econométrico que combina información para el conjunto de sectores para el período 1980-2001, donde la variable dependiente es el PIB a nivel sectorial depar170

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tamental utilizando modelos de efectos fijos, con variables independientes la actividad del narcotráfico y controlando por aquellas que se asociarían con una función de producción agregada, tales como infraestructura, stock de capital físico y humano, el grado de apertura de la economía, el gasto en educación. Los mejores modelos desde el punto de vista estadístico resultaron para la agrícultura, la industria, la construcción y el comercio (\h Tabla 2). De acuerdo con los resultados del modelo anterior se puede establecer que la variable ICV Índice de Calidad de Vida, que captura efectos por stock de capital humano y la Apertura económica, que mide la suma de las exportaciones e importaciones, presentan signos positivos y altamente significativos en la mayoría de las estimaciones, con la excepción de la segunda en la construcción y comercio. La variable que aproxima el narcotráfico – Delitos por ley 30- es significativa y negativa para el producto de los sectores industria, construcción y comercio, para el sector agrícola no resultó significativo a niveles convencionales.

Gráfica 14. PIB para algunos sectores de la economía colombiana

Fuente: DANE-DNP. Millones de pesos de 1994. Participación de Sectores: EGA: Electricidad, Gas y Agua, CONS: Construcción y obras públicas, CIO: Comercio, restaurantes y hoteles, AGRO: Agropecuario, silvicultura, pesca y caza, TRANS: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, FIN: Sector Financiero, SER: Servicios comunales, sociales y personales y NARCO: Ingresos netos para repatriación.

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Gráfica 15. PIB sectorial vs. Tasa de delitos por ley 30

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Tabla 2. Determinantes del crecimiento sectorial con un panel para 1980-2001

Fuente: CANE, DNP, Policía. Cálculos propios.

La sabiduría convencional presume una conexión positiva entre la economía local y el narcotráfico, en aquellos departamentos donde han tenido un papel protagónico las grandes organizaciones, como se dice del Valle del Cauca, Antioquia y los departamentos del Eje Cafetero. Sin embargo, ello sólo parece ser cierto, cuando se trata de economías regionales débiles En la tabla se puede observar que para la mayoría no hay una correlación significativa entre el crecimiento y los delitos asociados al narcotráfico, con la excepción de los departamentos del Caquetá, La Guajira, Magdalena, Meta y Sucre. Así se sepa que en algunos de ellos, los cultivos y las inversiones en tierras han tenido un papel protagónico, todos en común tienen el ser economías pequeñas. De manera global, el menor crecimiento de la economía colombiana ha sido atribuido al evidente deterioro de la estabilidad sociopolítica, al menos cuando se analizan las tendencias del PIB total. Estimaciones del modelo de crecimiento neoclásico (Rubio, 1995) con datos anuales para 1950–1993 y nacionales, encontró que la alta y creciente criminalidad habían afectado en forma permanente el potencial de crecimiento económico, dos puntos de crecimiento anual del producto. Recientemente, se ha reiterado controlado por la productividad y la desigualdad (Cárdenas, 2002). Estos resultados van en la misma dirección que trabajos donde previamente se han analizado los efectos de la criminalidad sobre el crecimiento regional. La probabilidad de repunte en la criminalidad, se explica por el narcotráfico y la pobreza, y ella implicaría 173

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pérdidas de crecimiento del 2,8% para las regiones mas afectadas, lo cual resulta incorporando en el ejercicio de estimación variables relacionadas con la heterogeneidad inherente a las condiciones regionales en educación, la internacionalización y la autonomía fiscal (Rocha y Martínez, 2003). También se ha encontrado que las manifestaciones de violencia asociadas al conflicto armado, el narcotráfico y la delincuencia común, han desacelerado significativamente el crecimiento de los departamentos en la década de los noventa (Querubín, 2003).

Tabla 3. Correlación entre el PIB departamental y la Tasa de delitos por ley 30

Fuente: CANE, DNP, Policía. Cálculos propios.

3. La contribución al PIB y repatriación de utilidades La medición de la economía del narcotráfico se debe enmarcar, considerando que se trata de un mercado que funciona en los agregados y en las tendencias de mediano plazo, y donde las interrupciones en la cadena logística debidas a las incautaciones y la erradicación, no se reflejan instantáneamente en los precios finales, pues en el corto plazo los elevados márgenes permiten a los distri174

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buidores absorber los ajustes al interior de los diferentes eslabones y en el mediano plazo, el ajuste se da en las cantidades, por la movilidad de los cultivos y la simplicidad de su manufactura. Resulta evidente que una parte significativa del precio corresponde a rentas que se apropian los eslabones de la cadena con mayor poder de negociación, para un producto de elevado poder de adicción. El cultivo de la coca en 2000 registró una extensión de 163 mil has observadas, lo cual equivale a cuatro veces la extensión de 1990, posteriormente el área se redujo a 80 mil has en 2004 en virtud de la ejecución del Plan Colombia, pero sigue siendo el principal productor nivel mundial Durante el período 1985-1995 Colombia tenía el 15% del área andina, que se elevó a 55% entre 1995-2000 y luego a un promedio de 63% para 2001-2004 (\h Gráfica 16). Se estima que una hectárea de hoja de coca puede producir anualmente 1, 86 toneladas, de las cuales se puede obtener 2,88 kilos de base y de cada uno de ellos 0,95 kilos de cocaína, para un rendimiento de 5,11 kilos por hectárea. Los márgenes de precios entre la hoja y la base de 229% y de la cocaína y la base de 102% (\h Tabla 4).

Gráfica 16. Cultivos de coca en la región andina (1985-2003)

Fuente: 1985-1997 INSCR (1997). 1998-2004 UNODC 2005.

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Tabla 4. Coeficientes técnicos y márgenes de la cadena coca-cocaína

Fuente: UNODC 2005. Cálculos propios

Una adecuada medición de la contribución al PIB debe seguir las pautas de cuentas nacionales, considerando qué tanto es consumo intermedio y cuanto es valor agregado, incorporando los efectos de las incautaciones en las diferentes fases del proceso y los incrementos de precios, al igual que estimativos de las importaciones de materias primas. Un aspecto metodológico que por su complejidad aquí no se aborda, pero que a continuación se aproxima valorando la fase agrícola, de acuerdo con la producción de base y sus precios en finca, lo cual en 2004 equivaldría al 2,8% de la producción agrícola y la producción total valorando la producción de cocaína neta de decomisos por su precio FOB, representaría el 0,5% del PIB total (\h Tabla 5). Tabla 5. Estimativos del valor de la cosecha de base y su transformación a cocaína

Fuente: UNODC 2005. DANE, DNP, Cálculos propios

En la fase de exportación, el control de la materia prima y la transformación industrial, y la apropiación de un excedente por parte de las organizaciones armadas ilegales, se reflejó en un deterioro de los términos de intercambio (el precio de la base de coca para los agricultores vs. el precio mayorista en Estados Unidos) para los agricultores durante toda la década del ochenta y hasta 1993. Con la desarticulación de los carteles colombianos de la droga estos perdieron poder de mercado en las fases 176

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de comercialización y colocación del producto en Estados Unidos, mientras localmente los grupos de extrema ideología ganaron poder en el acopio de la base de coca. Desde entonces los precios mayoristas en el mercado de Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables, mientras los precios de la base para los agricultores se redujeron considerablemente. Algo explicable, dado que a diferencia de los acopiadores tradicionales del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares tomaron control de una gran parte de las zonas con cultivos ilícitos desde finales de los años ochenta, y empezaron a ejercer un control casi feudal del territorio, con precarios vínculos con las fases subsiguientes del negocio y por consiguiente con escaso poder para influir en los precios de exportación de la cocaína, pero con un gran poder para fijar los precios a los cuales le compran la base de coca a los campesinos (\h Gráfica 17). Gráfica 17. Utilidades repatriables por narcotráfico, % del PIB

Fuente: autor.

Así, la producción de base de coca en Colombia en 2004 fue de 429 ton, con las cuales se produjeron 214 ton de cocaína, que valoradas a precio de la frontera colombiana de US$1.713 por kilo representan un valor bruto de US$366 millones, equivalentes a 0.5% del PIB. En el caso del látex de amapola, su producción en 2004 fue de 73 ton (UNODC, 2005), que generaron una 177

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producción de heroína de 3,5 ton, que valorada a precios de frontera de US$10.000 por kilo ascienden a US $35 millones, equivalente a 0.04% del PIB. Así, el valor bruto de la producción de cocaína y heroína en 2003 fue alrededor de US$400 millones, equivalentes a 0,5% del PIB. Una vez las exportaciones salen de las fronteras de Colombia, estas sufren cambios de valor e incurren en costos relacionados con su transporte y distribución hasta llegar los mercados mayorístas. Las utilidades y la repatriación de divisas obtenidas por el narcotráfico en Colombia han sido objeto de diversas estimaciones, que presentan una dispersión amplia, y como porcentaje del PIB han oscilado en: 3,6% en 1978 (Junguito y Caballero, 1978); entre 9,8% en 1982 y 0,9% en 1991 (Gómez, 1988, 1990; Gómez y Santa María, 1992); topes de 3% y 17% para un escenario mínimo y un máximo entre 1985 y 1994 (Rocha, 1997); entre 5% y 2% anual del PIB entre 1980 y 1998 (Steiner, 1997 y Rocha 2000). Una actualización de la estimación de los ingresos percibidos por las organizaciones criminales dedicadas a la producción de drogas ilícitas en Colombia (\h Gráfica 17) siguiendo la metodología de Rocha (2000), según la cual las magnitudes de las utilidades descendieron como porcentaje del PIB de 3,6% anual en los años ochenta a 3% anual en la década siguiente, para luego llegar a 0,8% en del año 2004. Es decir, las utilidades superan los requerimientos de la operación doméstica y no todo se debe repatriar, de lo cual se sabe que los principales canales para traer dichos recursos al país, son la sobre-facturación de exportaciones, el contrabando y la sobre-facturación de remesas y la cuenta de capitales. La repatriación de capitales se destina a la financiación de la operación doméstica y a la adquisición de riqueza mediante divisas, por fuera de los mercados formales y que tienen una imperfecta acreditación de los derechos de propiedad, que hace necesaria que la titularidad de los activos se ejerza a través de la 178

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intimidación y del testaferrato, utilizando vínculos familiares, de amistad y corporativos, así como sociedades de papel. Lo anterior también explica la preferencia por activos suntuarios, como automóviles y propiedades inmobiliarias que corresponden a un depósito de valor más que a activos generadores de ingresos. Por consiguiente, no resulta sorprendente que en un país donde la titulación de la propiedad rural sea precaria, parte de las utilidades de dichas organizaciones se haya destinado a la adquisición de tierras, mientras que en sectores de mayor modernidad como el sector financiero e industrial, donde predominan los esquemas de propiedad cerrados, sus inversiones sean marginales. Un ejemplo claro de ello, son las compras de tierras por parte de narcotraficantes y grupos de extrema ideología con las utilidades obtenidas de la droga, quienes han encontrado una forma de atesoramiento fuera de la óptica de las autoridades, ejerciendo los derechos de propiedad a través de testaferros y el uso de la intimidación. De acuerdo con encuestas realizadas a expertos en tierras, se encontró que entre 1975 y 1995 se registraron significativas compras de tierras en 400 municipios del país (Reyes 1997). Diferentes trabajos han reportado un acelerado proceso de concentración de la tierra en el occidente del país y en particular en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Sucre y Cesar, así como en Putumayo, Caquetá y Meta. En los primeros, coincidiendo con las zonas de exportación y en los segundos con las de producción, y en todos con una marcada preferencia de uso de la tierra hacia la ganadería extensiva, poca intensidad en la demanda de mano de obra y la compra de tierras de precio relativamente bajo con respecto al costo total del proceso productivo (Kalmanovitz y López, 2004).

4. Consideraciones finales La inserción de Colombia al narcotráfico completa ya más de tres décadas, con efectos adversos sobre el crecimiento y la competitividad, así como sobre la estabilidad sociopolítica. La 179

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contribución al PIB ha sido de magnitudes desdeñables sin ejercer efectos positivos sobre el funcionamiento macroeconómico, por sus bajos eslabonamientos productivos y que la repatriación de las utilidades financia el contrabando y la fuga de capitales, permitiendo el auge del lavado de activos y la promoción de la economía subterránea. En cambio han sido significativos y variados los efectos sobre la criminalidad, el desplazamiento, la corrupción de la política, el debilitamiento de la democracia y las instituciones, todas ellas como resultado de la metástasis del crimen organizado en torno a la operación del narcotráfico y la acumulación de su riqueza, que en conjunto afectan adversamente el clima para los procesos de ahorro e inversión y las posibilidades de mayor crecimiento y mejor bienestar. De lo anterior, las metas del Plan 2019 del Gobierno Colombiano de eliminación de los cultivos ilícitos para el 2010, surgen dos reflexiones. En primer lugar, en el sentido económico ello daría espacio para un relanzamiento de la economía legal, cuya efectividad dependería de la articulación de las políticas económicas a las de la lucha antinarcóticos, donde los temas fiscales, regionales y sectoriales tendrán un gran importancia, para consolidar el balance de las decisiones macroeconómicas, en una perspectiva donde parte de la riqueza del narcotráfico no ha sido aún repatriada al país. En segundo lugar, el enquistamiento regional del crimen organizado al narcotráfico y su simbiosis con los grupos de extrema ideología, plantea un monumental reto para las políticas de seguridad, descentralización y fortalecimiento institucional. De esta manera, surgen dos grandes preocupaciones para la agenda pública del bicentenario de una Colombia sin narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. Este legado, plantea una grave amenaza contra los objetivos de estabilizar las condiciones sociopolíticas y consolidar la competitividad de la economía legal, que ponen en peligro las oportunidades, que se esperarían de un futuro sin narcotráfico. 180

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Conflicto interno y narcotráfico entre 1970 y 2005 Por Andrés López Restrepo*

El narcotráfico y sus efectos han sido centrales en la vida colombiana de las últimas tres décadas. Dado el carácter ilegal de esa actividad, son inevitables los vacíos de nuestro conocimiento sobre su naturaleza y sus alcances. Mucho de lo que sabemos tiene que ver no con el propio narcotráfico sino con sus consecuencias sobre la vida política, social y económica, es decir, que lo conocemos no tanto en sí mismo como a través de sus manifestaciones. Una de tales manifestaciones, la que más preocupa en el momento presente, es la financiación de las actividades de los grupos armados no estatales. Pero dado que tales grupos son también ilegales, su relación con el narcotráfico es muy opaca. Es claro, no obstante, que los grupos armados ilegales requieren recursos para sostenerse, y las principales fuentes de recursos provienen de actividades ilegales: narcotráfico, secuestro, extorsión, desviación del presupuesto de municipios y departamentos y empleo de la violencia para monopolizar actividades legales como el chance. Todas estas actividades tienen un impacto nacional, con excepción del narcotráfico, que por diversas razones1 *

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Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Este texto se basa en un artículo próximo a publicarse por Editorial Norma, editado por María Emma Wills, Francisco Gutiérrez y Gonzalo Sánchez. Las razones son muchas: históricas, sociológicas, de reparto de poder. Se deja constancia de ellas aunque este no es el lugar para analizarlas en detalle.

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se ha convertido en un problema que interesa a muchos actores de la comunidad internacional, y en particular a los Estados Unidos, la potencia hegemónica de la comunidad2. El interés de los actores externos por el narcotráfico no necesariamente hace más difícil la solución del conflicto interno pero sí la hace más compleja. La intervención de más actores aumenta la complejidad de cualquier proceso social, y en el caso de la solución del conflicto interno, obliga a escucharlos y a tener en cuenta sus intereses. En ocasiones, esta presencia puede entorpecer la solución del conflicto; en otras, por el contrario, puede presionar a las partes enfrentadas y acercarlas al desenlace. Esta situación obliga a considerar cuál es la relación entre el conflicto y las drogas. Si los grupos armados ilegales se financian con el narcotráfico y dada la necesidad de combatir ambos fenómenos, es claro entonces que la política estatal debe tener en cuenta esa relación. De hecho, el gobierno nacional ha presentado en ciertos momentos la política de paz o de combate a los grupos armados como una política contra el narcotráfico, y viceversa, ha planteado que la política contra el narcotráfico es una política de lucha contra los grupos armados. Aunque es claro que existen relaciones entre los grupos armados y los narcotraficantes, es necesario preguntarse por la pertinencia de este interrogante. El otro tema es la presencia de los Estados Unidos. Aunque no con la misma intensidad que en algunos momentos del pasado, como a principios de la década de 1970 y toda la década de 1980, nuestro vecino del norte sigue defendiendo la necesidad de combatir el negocio de las drogas ilegales en todas sus etapas. Los diversos gobiernos colombianos de las últimas tres décadas,

2

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No hay contradicción al hablar de comunidad y hegemonía en un mismo sistema: la comunidad internacional está compuesta por miembros que comparten algunos valores y pueden actuar de manera concertada en ocasiones, pero no todos los miembros de esa comunidad tienen el mismo poder. Estados Unidos es la potencia dominante de esa comunidad.

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por su parte, no siempre vieron el tema de las drogas con la misma preocupación que el gobierno estadounidense, lo cual dio lugar a algunas fricciones en el pasado. En particular, esta situación fue evidente entre principios de la década de 1970 y mediados de la década de 1980. Pero la expansión de las grandes organizaciones de exportación de cocaína con sede en Medellín y Cali obligó al gobierno nacional a adoptar una posición más firme, lo cual incluyó la utilización de la extradición. Estados Unidos acogió con satisfacción el cambio de la posición colombiana y empezó a ayudar con recursos económicos, materiales y humanos a la lucha contra el narcotráfico. Esto no significó el fin de los conflictos. El encarcelamiento de Pablo Escobar en una cárcel construida de acuerdo con sus especificaciones, la concesión de la zona de despeje para la negociación con la guerrilla y, sobre todo, las denuncias sobre financiación de la campaña de Ernesto Samper con recursos del narcotráfico, pusieron a prueba la cooperación entre ambos países. Así, en un contexto en el que lo dominante ha sido la cooperación, en determinados momentos la relación entre ambos países en materia de drogas ha sido puesta a prueba. En el gobierno Samper la situación fue tan tirante que el gobierno estadounidense interrumpió toda cooperación y comunicación con el gobierno colombiano. Por el contrario, Estados Unidos tiene una relación inmejorable con el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ve con desconfianza el actual proceso de negociación con los paramilitares por la participación de jefes del narcotráfico, que estarían aprovechando la oportunidad para pasar a la legalidad con poco o ningún costo. Este texto no es un análisis del narcotráfico en sí mismo, sino de sus vínculos con la sociedad y la política colombiana, en particular de sus efectos sobre el conflicto y de los efectos que el conflicto del país ha tenido sobre el narcotráfico mismo. El texto todo 185

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está atravesado por la convicción de que el país tiene condiciones que han favorecido la expansión de actividades ilegales, incluidas el narcotráfico y la violencia política3. Ambos fenómenos, a su vez, le permiten al otro mantenerse y crecer: el narcotráfico genera recursos que financian a los actores armados ilegales y los actores armados ilegales debilitan al Estado y así facilitan el narcotráfico. La primera parte describe las condiciones que en las décadas siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial favorecieron la aparición y consolidación del narcotráfico en Colombia. Esas condiciones incluyen factores sociales y el puro azar. La segunda parte examina el crecimiento explosivo del narcotráfico entre la década de 1970 y 1984. Durante esos años el país exportó grandes cantidades de marihuana y de cocaína, aunque no se prestó tanta atención al auge de esta última droga, por razones que serán analizadas en su lugar. En ese período muchos sectores sociales vieron con simpatía el avance del narcotráfico y los recursos que aportó a la economía. El gobierno nacional, por su parte, no mostró gran preocupación por el fortalecimiento de los criminales dedicados a la exportación de drogas. Los narcotraficantes comprometieron sus avances cuando buscaron acceder a los órganos políticos representativos. Esta situación culminó con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en la primera de las acciones violentas que marcaron el período de la historia nacional durante el cual se dio el enfrentamiento entre el Estado y los llamados “narcoterroristas”. Los actos violentos estuvieron acompañados todo el tiempo por intentos de negociación que eran inspirados por las conversaciones que simultáneamente efectuaban el Estado y los grupos guerri-

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La violencia política tiene carácter delictivo –se le considere delito común o tenga el estatus privilegiado de delito político-, y por tanto es una forma más de ilegalidad. El narcotráfico y la violencia política están emparentados por su carácter ilegal, y ambos medran en las condiciones generales que propician la ilegalidad en Colombia.

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lleros. Estos hechos, que tuvieron lugar entre 1984 y 1993, son estudiados en la parte tercera. El fin del narcoterrorismo no supuso el fin del narcotráfico, pero sí abrió un período de grandes cambios dentro del negocio. Los grandes “carteles” fueron reemplazados por carteles más pequeños, el país se convirtió en un centro de cultivos de coca y amapola, y, lo más importante de todo, los grupos armados ilegales lograron capturar una parte importante de la renta producida por el narcotráfico, obteniendo así recursos muy importantes para financiar sus maquinarias de guerra. En este período el narcotráfico y el conflicto armado se vinculan de manera mucho más estrecha que en el pasado. Y aunque aún es pronto para comprender todos sus alcances, parece que las negociaciones con los paramilitares pueden estar abriendo la puerta a la incorporación de algunos narcotraficantes a la legalidad, permitiéndoles incluso su participación en la política electoral. Los “narcoparamilitares” podrían así triunfar donde no pudieron hacerlo los narcoterroristas. Esto será analizado en la parte cuarta. El texto culmina con algunas reflexiones sobre la relación entre el narcotráfico y el conflicto y el papel de los Estados Unidos en esa relación.

I. Contexto de surgimiento del narcotráfico4 La expansión del narcotráfico en la década de 1970 fue favorecida sobre todo por dos factores: la economía ilegal y la violencia. Fue durante esa década que el narcotráfico se manifestó como un problema de gran magnitud; antes de esa fecha existía tráfico de drogas pero era poco significativo. La posición de Colombia en la esquina noroeste de América del Sur y su vecindad con

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Algunas de las ideas y los hechos presentados en esta primera parte están más desarrollados en Andrés López Restrepo, “De la prohibición a la guerra: El narcotráfico colombiano en el siglo XX”, en Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEPRI, Colombia: Cambio de siglo. Balances y perspectivas, Bogotá, Planeta, 2000, págs. 69-112.

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Panamá convirtieron al país en obligado camino para muchos de los intercambios, tanto legales como ilegales, que tenían lugar entre el norte y el sur del continente. Por ello, desde fines de la década de 1940, Colombia sirvió como lugar de paso de los primeros envíos ilegales de cocaína que partían de Perú y Bolivia hacia Cuba y Estados Unidos, pero la participación de agentes colombianos en el tráfico fue mínima durante las primeras dos décadas y media5. Durante estos años se consolidaron dos formas de economía ilegal que después tendrían una importancia decisiva para el narcotráfico, el contrabando y la explotación de esmeraldas. El contrabando en Colombia se ha concentrado tradicionalmente en dos lugares, ambos sobre el océano Atlántico: el golfo de Urabá y la península de la Guajira. El contrabando creció y se organizó en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando el crecimiento económico y la expansión de las clases medias aumentaron la demanda por ciertos bienes que era imposible adquirir de forma legal debido a la política proteccionista. Las rutas y contactos establecidos por los contrabandistas fueron posteriormente aprovechadas por los narcotraficantes. El centro de producción de esmeraldas se encuentra en todo el centro del país. A pesar de que las minas de esta piedra preciosa son en gran medida propiedad del Estado, éste renunció a ejercer control sobre la explotación, que quedó en manos de particulares. Hasta el día de hoy los esmeralderos controlan el occidente del departamento de Boyacá, la región donde están las explotaciones de la piedra, y mantienen lazos estrechos con los jerarcas de la Iglesia, los líderes políticos y las fuerzas de seguridad estatales presentes en la región. Los diversos grupos dedicados a la explotación de esmeraldas requirieron desde hace décadas ejércitos 5

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Sobre los orígenes del narcotráfico en los países andinos y la escasa participación de Colombia en el negocio, ver Paul Gootenberg, “Birth of the Narcs: The first illicit cocaine flows in the Americas, 1945-1965”, documento presentado en el Boston Area Latin American History Workshop, Harvard, 16 de marzo de 2005.

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particulares para defender sus intereses. En esos ejércitos se formaron sicarios y guardaespaldas que posteriormente participaron en el narcotráfico; el más famoso de ellos fue Gonzalo Rodríguez Gacha. El otro fenómeno que contribuyó a crear un contexto favorable al narcotráfico fue la violencia. Los grandes capos de la primera generación de narcotraficantes, aquellos que el país conoció durante la década de 1980, nacieron durante la violencia. Las familias de algunos de ellos, como Pablo Escobar, la padecieron. Estos narcotraficantes ejercieron, a su vez, una violencia que alcanzó niveles sin precedentes en la historia del país. La relación entre ambos fenómenos, la violencia política y la violencia del narcotráfico, no requiere una explicación cultural en el sentido de que quienes crecieron con la violencia están condenados a repetirla; a este respecto puede ser más útil un argumento racional: la violencia sigue constituyendo en Colombia un camino que permite acceder fácilmente al poder y al reconocimiento. La inexistencia de mecanismos sociales e institucionales para reprimir de forma efectiva el uso de aquella ha dado lugar a la creación de una meritocracia de la violencia. En suma, la ilegalidad y la violencia pagan –y muy bien– en Colombia; de otra manera, ambos fenómenos constituyen unos caminos particularmente rentables con respecto a los procedimientos legales, si se considera la relación costo-beneficio6. No es el momento de demostrar esta afirmación, pero creo que un rápido repaso de la historia del país desde al menos el Frente Nacional deja pocas dudas de su validez. Así, los tres fenómenos mencionados –contrabando, explotación de esmeraldas y violencia- crearon unas condiciones propicias para el narcotráfico.

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La participación del narcotráfico en la economía total y la larga tradición de la violencia política sugieren que estas actividades son más rentables en Colombia que en casi todos los demás países del mundo.

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El contrabando estableció unas rutas por las cuales salían y entraban productos que, como los electrodomésticos, el licor o el tabaco, eran legales pero cuya introducción se hacía de forma ilegal. Buena parte de los narcotraficantes de la década de 1970 se formaron en el contrabando de productos legales y conocieron rutas y contactos que luego les serían muy útiles. Los esmeralderos establecieron ejércitos particulares que sirvieron de modelo a los que establecieron después los narcotraficantes. Unos y otros, contrabandistas y esmeralderos, eran reconocidos y respetados en sus regiones de influencia y tenían estrechos contactos con los poderes legales locales. Las diferencias principales del narcotráfico con respecto a esas dos actividades han sido dos, una cualitativa y la otra cuantitativa. La diferencia cualitativa es que en tanto que el contrabando y la explotación de esmeraldas suponen el comercio de productos que son legales, el narcotráfico es ilegal en todos los eslabones del negocio, desde la adquisición de insumos hasta la venta al consumidor final. La otra diferencia, de magnitud, es colosal: los recursos generados por el narcotráfico fueron tan grandes que su mera presencia desestabilizó las estructuras sociales colombianas, basadas como estaban en actividades mucho menos rentables. Debido a su riqueza, los narcotraficantes pudieron comprar acceso a espacios antes restringidos a los miembros de los grupos de poder tradicionales. Hubo en un principio una diferencia muy grande en la percepción de los costos y beneficios generados por el narcotráfico. Los beneficios han sido principalmente económicos y por lo general han sido muy visibles, por ejemplo, en la mayor disponibilidad de divisas y en inversiones en bienes raíces y compra de artículos suntuarios. En cambio, los costos han sido más que todo políticos y sociales y por su carácter insidioso no fueron percibidos inicialmente en su real dimensión, por diversos factores. Por una parte, la sociedad, acostumbrada a unos niveles altos de violencia y ilegalidad, estaba parcialmente anestesiada frente a la presencia de una fuente adicional de criminalidad. 190

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Por otra parte, los efectos negativos operaban de manera acumulativa, siendo pequeños en un principio y solo a medida que pasó el tiempo se hicieron más notorios. Es probable que la sociedad hubiera reaccionado más ágilmente si hubiera visto con claridad la violencia producida por el narcotráfico. Los mercados ilegales generan violencia porque no pueden recurrir a la justicia ordinaria y la violencia se convierte en la instancia última para dirimir diferencias. Sin embargo, la tasa de homicidios no aumentó dramáticamente durante la década de 1970, pese a que el negocio ya era muy dinámico. Las cifras agregadas sobre homicidios a nivel nacional, disponibles únicamente a partir de 1964, muestran que la tasa por cada 100 mil habitantes alcanzó el punto más bajo en 1969, 19 por cada 100.000 habitantes. La tasa aumentó a lo largo de los años setentas, pero en 1978 aún era inferior a la de 1964, 27 versus 31 por cada 100.000 habitantes7. Aunque no existen pruebas al respecto, es muy posible que el aumento en los homicidios durante la década de 1970 se debiera en gran parte al narcotráfico. El negocio era muy rentable y los narcotraficantes empezaron a matarse entre sí para resolver conflictos. Pero aún el mercado estaba muy abierto y el Estado no ejercía una represión significativa; así, la tasa de homicidios no superó a la producida por la reciente violencia, por lo que fue más fácil que la mayor criminalidad consiguiente a la expansión del negocio pasara inadvertida. En la década siguiente la violencia se disparó. Después de 1988 las tasas de homicidios se mantuvieron por encima de los 60 por cada 100.000 habitantes, lo cual puede atribuirse en buena medida a la competencia de los narcotraficantes por el control de un negocio que estaba menos abierto, a la reacción del Estado y a otros efectos del narcotráfico que operaban indirectamente sobre el aumento de 7

Unidad de Análisis Macroeconómico del Departamento Nacional de Planeación, Estadísticas históricas de Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores – DNP, 1988, tomo I, cuadro 8-2, pág. 267 (Fuente: Instituto de Medicina Legal).

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la violencia, tales como el debilitamiento de las instituciones estatales y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales gracias a la financiación recibida del narcotráfico. Un factor que muy probablemente aumentó la tolerancia de la sociedad frente a la violencia, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones generados por el tráfico de drogas fue la crítica general de las instituciones que durante la década de 1970 se extendió por todo el mundo occidental, y por América Latina en particular, incluida Colombia. Si la legalidad era asociada a un orden capitalista despreciable, entonces las acciones ilegales podían ser consideradas como un instrumento de lucha política en contra de ese orden. Más aún si los principales consumidores de drogas eran ciudadanos de los Estados Unidos, la principal potencia imperialista. Así, el narcotráfico llegó a ser visto como un arma más en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo8. Un último factor que pudo anestesiar a la sociedad colombiana frente a los avances del narcotráfico fue el debilitamiento de las jerarquías políticas y sociales. La década de 1970 fue un período de cambios sociales agudos y muy rápidos, inducidos, entre otros factores, por el narcotráfico mismo. Estos cambios determinaron el fin del predominio de las viejas jerarquías. Así, cuando miembros de las viejas élites señalaron con preocupación el ascenso de los que entonces se llamaron “grupos emergentes” – piénsese en el ex presidente Carlos Lleras Restrepo-, se encontraron con que su predicamento era cada vez menor. No es fácil precisar los alcances de este factor, pero no debió ser deleznable.

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Ver, por ejemplo, los libros de Jorge Child y Mario Arango y las declaraciones de Jaime Bateman Cayón, líder del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M-19, en Oiga hermano, Bogotá, Ediciones Macondo, 1984, págs. 110-117. Refiriéndose a Estados Unidos, decía Bateman: “Los que tienen que controlar son ellos el consumo…! Por otro lado nosotros no tenemos por qué ser gendarmes de los gringos para esa mierda” (pág. 111).

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El contrabando, el comercio de esmeraldas y la violencia conformaron el contexto social en el cual surgió el narcotráfico. Pero lo que más llama la atención del caso colombiano no es la existencia del narcotráfico, que al fin y al cabo es un fenómeno que en mayor o menor grado ha afectado a todos los países del mundo. Lo destacable es la importancia que ha tenido Colombia en el negocio: durante algunos años fue el principal productor y exportador de marihuana en el mundo, por tres décadas ha sido el primer exportador mundial de cocaína, en la última década se convirtió en el principal cultivador de hoja de coca, y desde hace unos años exporta la mitad de la heroína consumida en Estados Unidos. La cuestión entonces no es porqué surgió el narcotráfico en Colombia, sino porqué Colombia se convirtió en el centro del narcotráfico a nivel mundial. Los elementos examinados hasta el momento constituyen el conjunto de posibilidades que permitieron la implantación con éxito del narcotráfico en Colombia, pero no contribuyen a dilucidar porqué el país se convirtió en un centro tan importante del narcotráfico. Para esto puede pensarse en otros dos factores, complementarios entre sí. El factor accidental, al cual se hizo ya referencia, es de orden geográfico: son pocos los países que, como Colombia, tienen una posición tan propicia para el contrabando entre el sur y el norte del Continente. Pero la geografía casi nunca es destino, y hay por lo menos ocho o diez países centroamericanos y caribeños que comparten con Colombia esa posición estratégica intermedia. Además, no existe razón alguna que justifique que actores del país de paso controlen las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas: los grandes carteles hubieran podido tener igualmente su origen en los países cultivadores o los consumidores. Se ha sugerido que el mayor talento empresarial de los agentes colombianos les confirió una ventaja competitiva. Este argumento merece ser explorado en profundidad, pero habría que explicar porqué esa supuesta ventaja competitiva no se ha extendido de manera tan clara a las actividades económicas 193

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legales. Si la supuesta ventaja competitiva se limita a las actividades ilegales, para explicarla había que volver entonces a los factores ya mencionados: la preeminencia de los colombianos se derivaría de su experiencia en el contrabando, el comercio de esmeraldas y la violencia. El otro factor que habría contribuido a hacer de Colombia el centro del narcotráfico mundial es que determinados individuos, podemos llamarlos empresarios, decidieron realizar las inversiones necesarias que tuvieron como resultado esa situación. Los dos auges de la droga que ha vivido Colombia fueron posibles por acciones determinadas tomadas por ciertos inversionistas. La bonanza de la marihuana, durante la cual Colombia fue el principal país exportador del mundo, comenzó en 1974 en respuesta a iniciativas empresariales de agentes estadounidenses que buscaban nuevos centros de cultivo, luego de los exitosos esfuerzos de erradicación que recientemente habían tenido lugar en México y Jamaica. El de la marihuana fue un típico auge de ciclo corto, que llegó a su fin en 1982 por diversas razones, la principal de ellas que Estados Unidos completó la sustitución de las importaciones de la hierba. El fuerte olor, el gran volumen y el bajo precio de la marihuana son características que desalientan su comercio internacional y favorecen la producción interna9. La cocaína, a diferencia de la marihuana, sigue siendo luego de tres décadas un rubro muy importante de las exportaciones colombianas. Esta droga no fue significativa en la década de 1960, porque entonces se preferían la marihuana y las drogas psicodélicas. La cocaína tenía una fracción del mercado de drogas ilegales, aunque los colombianos participaban en su tráfico, tenían un papel subordinado en organizaciones controladas por traficantes cubanos, chilenos y estadounidenses. En la segunda mitad 9

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Al menos tres de los cinco factores que conforman el conjunto que hizo posible el narcotráfico también son relevantes para la violencia política: la violencia, la geografía y las condiciones organizativas de determinados individuos.

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de la década de 1970, los colombianos, inconformes con su parte en el negocio, emplearon la violencia para eliminar a la mafia cubana de la que entonces dependían y accedieron de manera directa al mercado estadounidense. De forma simultánea, y sin que hubieran podido preverlo, las preferencias de los consumidores estadounidenses cambiaron de forma súbita y la demanda de cocaína se disparó. Así, los traficantes colombianos se encontraron, por puro azar, en control del tráfico de cocaína justo en el momento en que el negocio de esta droga adquiría dimensiones colosales.

II. El auge del narcotráfico: 1975 a 1984 A mediados de la década de 1970 se hizo evidente que el país empezaba a inundarse con los recursos provenientes del narcotráfico. El Estado no lo impidió y permitió que se fortalecieran unas organizaciones criminales cuyo poder casi no tiene paralelo a nivel mundial. La presencia del narcotráfico fue particularmente notoria en algunas regiones, la primera de ellas el nordeste de la costa Atlántica, en el triángulo que conforman los departamentos de Cesar, Magdalena y la Guajira, donde se concentraba el cultivo de marihuana. En esos años, cuando los colombianos pensaban en narcotráfico, pensaban en marihuana, no obstante que ya era mucho más significativa la exportación de cocaína. De acuerdo con Kalmanovitz, el negocio de la marihuana tuvo su mejor momento en 1978, cuando ingresaron al país US$600 millones por concepto de exportación de esa droga. Ese mismo año la cocaína produjo US$1960 millones, una cifra más de tres veces superior a la generada por la marihuana10. 10

Salomón Kalmanovitz, con la asistencia de Rafael H. Bernal, “Análisis macroeconómico del narcotráfico en la economía colombiana”, en Ricardo Vargas (compilador), Drogas, poder y región en Colombia, tomo 1: Economía y política, Bogotá, Cinep, 1994, cuadro No. 1, pág. 15. Kalmanovitz es el único de los economistas que han calculado el tamaño del negocio del narcotráfico en Colombia que presenta cifras para la década de 1970. Estas cifras son dudosas, como todas las estimaciones de actividades económicas ilegales, pero se las cita para dar idea de las magnitudes relativas del narcotráfico.

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Esta diferencia entre las percepciones sobre la magnitud de los negocios de la marihuana y la cocaína se debió a la particular localización geográfica de las distintas etapas productivas de cada una de las drogas. A diferencia de la marihuana, cuya transformación es mínima –se cultiva, se recoge y se seca-, la cocaína requiere un proceso más complejo que supone el cultivo de la hoja de coca, la producción de base de coca, y luego de la propia cocaína. Por tanto, a diferencia de la marihuana, que es exportada directamente desde el sitio en que se la produce, en el caso de la cocaína puede haber una separación entre el lugar en que se cultiva la coca y aquellos en que se realizan las diversas etapas de transformación. Así, mientras que la marihuana era producida y exportada en la costa Atlántica, la cocaína exportada tenía su origen en base de coca producida en Perú y Bolivia, donde estaban los cultivos. En la década de 1970 solo se realizaba en Colombia la transformación de la base de coca en cocaína. Las actividades agrícolas requieren superficies extensas y por ello suelen ser más notorias que las industriales. La marihuana ocupaba una amplia superficie y empleaba muchos trabajadores debido a que es muy intensiva en mano de obra; la producción de cocaína, en cambio, dado que no era cultivada en el país, solo ocupó en un principio a muy poca gente: los jefes, el personal de los laboratorios, y los encargados de la protección y el transporte de la droga entre los países cultivadores y los consumidores. De esta manera, la marihuana, pese a producir menos ingresos que la cocaína, era mucho más visible y así lo reflejaron los medios de comunicación, que en la segunda mitad de la década de 1970 divulgaron múltiples historias sobre los impactos sociales, económicos y políticos generados por su explotación, mientras que poco o nada decían de la cocaína. Las fortunas generadas por la cocaína pasaron desapercibidas en un momento en que coincidieron otras dos bonanzas, la de la marihuana, ya mencionada, y la del café. El precio de este grano se disparó en 1976, y en 1977 llegó al nivel más alto de su historia. Entre 1977 y 1979 el total producido por las exportaciones 196

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de café fue muy similar al de la cocaína: en el primer año las exportaciones de café generaron US$1577 millones y las de cocaína US$1680 millones; en 1978 las cifras fueron, respectivamente, US$1936 y US$1960 millones; y en 1979 el café exportado produjo US$2086 millones y la cocaína US$2080 millones11. El país se inundó de dólares, haciendo muy difícil distinguir cuales tenían un origen legal y cuales habían sido obtenidos en actividades criminales. Como ya se mencionó, la bonanza de la marihuana llegó a su fin en 1982. El negocio de la cocaína, en cambio, siguió creciendo; según Kalmanovitz, en 1982 produjo ganancias por un total de US$4320 millones. Pero los exportadores de cocaína aún eran un grupo misterioso. En abril de 1983, la revista Semana, el semanario más prestigioso de Colombia, presentó a Pablo Escobar, un congresista suplente, en un artículo de portada titulado “Un Robin Hood paisa”. Aún entonces, Semana podía eludir el tema de la procedencia de los ingresos de Escobar, limitándose a decir que este tema era objeto de muchas especulaciones, sin mencionar siquiera la palabra cocaína. La revista incluso permitió que Escobar explicara, sin contradecirlo, que había obtenido su fortuna en negocios de automóviles y bienes raíces, y concentró su reportaje en las obras benéficas que él realizaba. A principios de la década de 1980 las inmensas riquezas generadas por el narcotráfico estaban produciendo una profunda transformación de la sociedad colombiana, la cual aún continúa. Las jerarquías sociales, el destino de las inversiones, el régimen político, todo esto fue afectado completamente por el narcotráfico. Fue en el terreno político donde la influencia del narcotráfico resultó más decisiva, o, al menos, más evidente. A principios de

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Las cifras de ingresos de la cocaína provienen del cuadro citado de Kalmanovitz y las del café de Unidad de Análisis Macroeconómico del Departamento Nacional de Planeación, op. cit., tomo I, cuadro 4-1, pág. 131.

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los años 1980, esa influencia política tuvo dos manifestaciones principales12. La primera fue la creación, en diciembre de 1981, del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, MAS, en respuesta al secuestro de una hermana de los miembros del clan Ochoa, que hacían parte del cartel de Medellín, por parte del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M-19. Con miras a obtener su libertad y para prevenir futuros secuestros, más de 200 narcotraficantes aportaron dineros que sirvieron para establecer el MAS. Mediante el asesinato y la entrega a las autoridades de miembros de la guerrilla, el MAS consiguió la devolución de la señora Ochoa y la virtual desaparición del M-19 en Antioquia. Este grupo no se atrevió nunca más a oponerse a los narcotraficantes. El MAS, habiendo cumplido su misión, desapareció poco después. Sin embargo, el éxito de sus acciones llevó a la aparición de grupos paramilitares en otras partes del país. El MAS dejó de existir, pero su influencia aún está presente en al actual movimiento paramilitar. La segunda manifestación de la influencia del narcotráfico fue la participación en la política electoral de algunos de los principales capos, entre ellos el más importante de todos, Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, quien fundó el movimiento Civismo en Marcha, con el cual realizó obras públicas como viviendas y escenarios deportivos en barrios marginales de su ciudad, que financiaba de su propio bolsillo. Su imagen como benefactor le facilitó la entrada a la política en compañía del parlamentario antioqueño Jairo Ortega. Con miras a las elecciones de 1982, el representante Ortega se vinculó al movimiento “Nuevo liberalismo”, que dirigía el disidente liberal Luis Carlos Galán. Ortega buscaba ser reelecto en una lista en la cual Escobar era su su-

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Los hechos recogidos a continuación han sido expuestos con más detalle en Luis Javier Orjuela y otros autores, “Narcotráfico y política en la década de los ochenta: Entre la represión y el diálogo”, Carlos Gustavo Arrieta y otros autores, Narcotráfico en Colombia: Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales, Bogotá, Ediciones Uniandes – Tercer Mundo Editores, 1990, págs. 199-276.

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plente. Al enterarse de historias que vinculaban a Escobar con el narcotráfico, el Nuevo Liberalismo exigió a Ortega que lo retirara de su lista. Ortega se negó y fue expulsado por el movimiento. Aún así, Ortega y Escobar consiguieron ser elegidos, pero Escobar se encontró con una fuerte oposición de algunos sectores. Luego de fuertes debates, en octubre de 1983 la Cámara de Representantes levantó la inmunidad parlamentaria de Escobar, lo que permitió su juzgamiento por la justicia ordinaria. Otro narcotraficante que intervino en política fue Carlos Lehder. A mediados de 1983, Lehder lanzó su partido Movimiento Latino Nacional (MLN). En declaraciones que dio en junio de ese año reconoció abiertamente el origen ilícito de su fortuna, aunque aclaró que parte de ella había sido legalizada en la amnistía tributaria concedida por el presidente Belisario Betancur unos meses antes. Lehder manifestó que aspiraba a llegar al Senado de la República y empezó a hacer giras por todo el país. Al siguiente mes, en julio, cambió de opinión y dijo que se proponía ser elegido al Concejo de Bogotá. Su carrera política llegó a su fin en septiembre, cuando fue solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos y optó por pasar a la clandestinidad. Unas semanas después anunciaba la disolución del MLN. En realidad, el temor de Lehder a ser extraditado no parecía tener mucho fundamento en ese momento. El tratado de extradición que Colombia firmara con Estados Unidos en 1979 había entrado en vigencia en marzo de 1982, pero el gobierno colombiano no manifestó el menor interés en aplicarlo. Estados Unidos hizo las primeras solicitudes de extradición en abril de 1983. La decisión última de extraditar correspondía al Ejecutivo, pero el proceso requería un concepto previo no vinculante de la Procuraduría y el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. El procurador general Carlos Jiménez expresó que el tratado era inconstitucional, pero la Corte dio el visto bueno a las extradiciones. Sin embargo, el presidente Belisario Betancur se negó a autorizar extradición alguna, con argumentos jurídicos teñidos de una retórica altamente nacionalista. Pese a las presiones del 199

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gobierno de los Estados Unidos, Betancur se ratificó en su negativa. La posición que tuvo Colombia frente al narcotráfico hasta ese momento podía calificarse de ambigua. Por una parte, diversos sectores de la economía legal obtuvieron grandes ganancias de sus negocios con los narcotraficantes. Hubo varias propuestas para legalizar los capitales ilícitos; una de las personas que más insistió en la legalización fue Ernesto Samper, futuro presidente del país y en ese momento presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Podía notarse incluso en algunas personas cierto orgullo nacionalista de que los colombianos dominasen el negocio mundial de las drogas ilegales. Pero también existían diversos individuos y organizaciones que vieron con preocupación el ascenso social de las organizaciones criminales y advirtieron de sus consecuencias. Por algunos años ambas posiciones coexistieron sin conseguir imponerse. Fueron muchas las expresiones de la ambivalencia frente al narcotráfico. En el terreno financiero, por ejemplo, la propuesta de legalización de los capitales generados por el narcotráfico no tuvo al final éxito por la oposición de algunos sectores nacionales y del gobierno de los Estados Unidos, pero varios gobiernos aprobaron amnistías tributarias que permitieron la legalización parcial de esos capitales. Y aunque muchos políticos estaban dispuestos a recibir el dinero de los narcotraficantes, no tenían interés en que los narcotraficantes mismos participaran en política. Esta ambigüedad se vivió al interior mismo de los gobiernos, en particular el del presidente Betancur. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara, que provenía del Nuevo Liberalismo, estaba adelantando una dura campaña contra los narcotraficantes, pero sus actuaciones no parecían tener la solidaridad del Presidente. Lara defendió la extradición, pero la política oficial del gobierno era la opuesta. El Presidente rechazó la aplicación de la extradición por razones nacionalistas, pero carecía de una política alternativa para contener a los narcotraficantes, cuyo poder siguió creciendo. 200

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III. La era del narcoterrorismo: 1984 a 1993 El 30 de abril de 1984, Lara fue asesinado por un sicario que iba en motocicleta. Al matar al ministro de Justicia, los narcotraficantes demostraron el alcance de su poder y su decisión de desafiar al Estado y la ley. El asesinato de Lara marcó un momento decisivo en la historia colombiana porque obligó a reconsiderar las contradicciones en que hasta entonces había vivido el país. Inmediatamente fue declarado el Estado de Sitio y el gobierno lanzó la ofensiva más intensa hasta el momento contra los narcotraficantes. Durante el funeral de su ministro, el presidente Betancur señaló que, a pesar de dudar de sus bondades, empezaría a aplicar la extradición. Poco después, sin embargo, el gobierno anunció la creación de una comisión encargada de revisar el tratado. Finalmente, en enero de 1985 los primeros cuatro colombianos fueron entregados al gobierno de Estados Unidos. Las vacilaciones del Estado habían propiciado esta situación. Sin embargo, la muerte de Lara no supuso tanto el fin de la ambigüedad como el principio del fin. Ante la persecución desatada por las autoridades, los principales narcotraficantes colombianos huyeron a Panamá, donde contaban con la protección pagada, claro está- del general Manuel Noriega. El expresidente Alfonso López y el procurador Jiménez viajaron a Panamá y sostuvieron conversaciones con esos narcotraficantes. Los narcotraficantes negaron haber participado en el asesinato de Lara, lo cual era de esperar, pero prometieron abandonar el negocio y retirarse de la política si se les juzgaba en Colombia. Cuando la noticia se supo en el país hubo un escándalo. López y Jiménez dijeron que los encuentros tuvieron lugar con el beneplácito del presidente Betancur; este lo negó, pero quedó el sabor de que el gobierno, pese al asesinato de Lara, aún mantenía abiertas las puertas a los narcotraficantes. El que estas conversaciones se llevaran a cabo en tal momento lo atribuyo a tres razones diferentes. La primera es que muchos veían en el narcotráfico un fenómeno positivo, o al menos cuyos 201

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aspectos positivos superaban a los negativos. Esto ocurría con quienes opinaban que la bonanza del narcotráfico era una bendición, más aún en momentos en que el resto de América Latina padecía una fuerte crisis económica, o con aquellos que consideraban beneficioso el desplazamiento de las elites tradicionales, a las cuales achacaban todos los problemas de país, por parte de los narcotraficantes. Pero el asesinato de Lara hizo más evidentes los costos, al mostrar que el fortalecimiento de una élite criminal era más peligroso de lo que se había creído. Por ello, la persistencia de la búsqueda de los acuerdos requiere otros dos factores adicionales, que fueron entonces más importantes. Uno fue la corrupción: la política, en particular, se vio afectada por el contacto con los narcotraficantes. Esto tuvo graves consecuencias, como se verá. La última razón estaba relacionada con el momento político que se vivía entonces. Es necesario recordar que el gobierno había firmado treguas con las principales guerrillas del país: con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en marzo de 1984, y con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación, en abril del mismo año. El llamado proceso de paz se mantuvo con muchas dificultades hasta septiembre de 1985, cuando el M-19 ocupó el Palacio de Justicia, en una acción que dejó más de 100 muertos. Aunque esto nunca se probó y los miembros sobrevivientes del M-19 siempre lo han negado, hubo insistentes rumores que señalaban que la toma del Palacio había sido financiada por los narcotraficantes con el fin de atemorizar a la Corte Suprema para que dejara de apoyar la extradición, y destruir además los procesos abiertos en su contra. Pero hasta la tragedia del Palacio el gobierno hizo una apuesta decidida por una paz negociada. Los narcotraficantes, por su parte, manifestaron que si el Estado podía negociar y dar un trato privilegiado a las guerrillas izquierdistas, también podía hacerlo con ellos. El proceso de paz estaba fundado en una ambigüedad que los narcotraficantes aprove202

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charon. El gobierno negociaba con las guerrillas porque, primero, reconocía motivaciones políticas en su lucha, y segundo, porque no podía derrotarlas. Este segundo factor es más importante porque es condición necesaria del primero: si el gobierno hubiese derrotado a las guerrillas no tendría que reconocerles motivaciones políticas. Los narcotraficantes vieron la posibilidad de aprovechar esta condición: si el gobierno nacional no podía derrotarlos, entonces debería reconocerles un carácter político y negociar su incorporación a la legalidad. De esta manera, la apuesta que el gobierno hizo por la negociación tuvo efectos contrarios a los esperados: no tuvo éxito con las guerrillas y en su lugar incentivó la violencia de los narcotraficantes. Los años siguientes estuvieron marcados por la lucha en torno a la extradición. El objetivo de los narcotraficantes era acabar con ella y con ese fin emplearon todos los recursos a su alcance, legales e ilegales –entre los ilegales destacaban la corrupción, la intimidación y la violencia. Además de emplear la violencia para resolver los conflictos propios de quienes están involucrados en actividades criminales, los narcotraficantes empezaron a usarla para someter al Estado. A principios de la década de 1980 habían tratado de hacerse al control del Estado de manera pacífica, participando en elecciones; cuando esto fracasó, quisieron hacerlo por medio de la violencia. En ese lapso, el alcance de sus objetivos se redujo. Cuando participaron en política usando medios pacíficos, buscaban extender al campo político el poder que ya habían conseguido en el campo económico y, de forma creciente, en el campo social. En cambio, la violencia de finales de la década tenía un objetivo menos ambicioso, cual era garantizar su impunidad, evitando lo que más temían, su juzgamiento en los Estados Unidos. En ese período hizo su aparición la organización llamada “Los extraditables”, cuyo lema era: “Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos”. La frase no era cierta: no deseaban ni tumba ni cárcel, su propósito real era vivir en Colombia libremente, disfrutando de sus ganancias, habiendo sometido al Estado a sus dictados.

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En diciembre de 1986 la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 27 de 1980, por la cual se había ratificado el tratado de extradición firmado con Estados Unidos. El argumento de la Corte fue que la ley no había sido ratificada por el Presidente sino por el ministro de Gobierno, Germán Zea, que estaba encargado de las funciones presidenciales. No obstante, muchos interpretaron que la razón real de la decisión fue el temor de la Corte, debilitada por la muerte de muchos de sus integrantes en la toma realizada por el M-19 y asediada por las continuas amenazas de los narcotraficantes. Para mantener la vigencia de la extradición, inmediatamente el presidente Virgilio Barco sancionó la Ley 68 de diciembre de 1986, cuyo texto era idéntico al de la ley declarada inexequible. Las opiniones de los juristas que no hacían parte del gobierno fueron unánimes en señalar que esta acción era abiertamente inconstitucional. Sin embargo, el gobierno ganó tiempo y prosiguió las extradiciones hasta junio de 1987, cuando la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 68. La extradición llegó a su fin después de estar vigente menos de dos años y medio. Los narcotraficantes obtuvieron así su principal objetivo, el fin de la extradición, pero ello no supuso el fin de su lucha. Estaban dedicados a matar a todos los que se les opusieran. Los asesinatos de un gobernador, del líder del partido de izquierda Unión Patriótica, de jueces, policías, periodistas, se sucedieron unos a otros. Su objetivo era generar terror en la población y someter al Estado. Algunos sectores aprovecharon la confusión generalizada y la debilidad del Estado para impulsar sus agendas: el M-19 y el EPL volvieron a negociar en 1989 y obtuvieron generosas concesiones del gobierno nacional; hay indicios de que algunos sectores de ultraderecha trataron de impulsar una salida autoritaria; los paramilitares, estrechamente asociados a los narcotraficantes, empezaron a extender su poder territorial eliminando a los miembros de la Unión Patriótica y masacrando campesinos. No obstante, en medio de esta situación aún proseguían los diálogos entre el gobierno y los narcotraficantes, y a un nivel 204

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más alto que en el pasado. El Secretario General de la Presidencia, Germán Montoya, recibió a delegados de los narcotraficantes que pedían un indulto similar al que se estaba ofreciendo al M19. En agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán, líder del Nuevo Liberalismo y seguro ganador de las elecciones presidenciales del siguiente año. Esto ocasionó dos reacciones inmediatas del gobierno. En primer lugar, fue restablecida la extradición haciendo uso del Estado de Sitio. Mes y medio después, la Corte Suprema, plegándose a la nueva situación política, declaró constitucional ese mecanismo. En segundo lugar, los contactos entre el gobierno y los narcotraficantes quedaron interrumpidos. Por ese entonces el Congreso tramitaba una importante reforma política que debía ser aprobada mediante referendo en enero de 1990. Pese a la oposición del gobierno nacional, la Cámara de Representantes incluyó el tema de la extradición en el temario del referendo. En su titular, el diario El Espectador decía que la Cámara había actuado “en abierto desafío al país”, lo cual es paradójico: la acción de la Cámara entregaba a la ciudadanía la decisión sobre si mantener o no la extradición, por lo cual parece una exageración afirmar que estaba desafiando al país. Pero era claro que el terrorismo había inclinado a la opinión ciudadana a oponerse a la extradición, y dado que las acciones terroristas proseguían no se podía considerar que la ciudadanía estuviera entonces en condiciones de decidir libremente. Se dijo que la votación de la Cámara era resultado del soborno y las presiones. El gobierno nacional se empleó a fondo y consiguió el hundimiento de la reforma. El enfrentamiento era brutal y los costos altísimos para ambas partes. Varios narcotraficantes murieron o fueron extraditados. En enero de 1990, sus voceros manifestaron que aceptaban el triunfo del Estado y que depondrían sus armas. Fue un momento muy significativo: los narcotraficantes manifestaban, luego de casi seis años de enfrentamiento directo, que no podían someter al Estado. Pero esto no supuso el fin de la lucha. Otros dos candidatos presidenciales fueron asesinados: Bernardo Jaramillo, 205

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de la Unión Patriótica, en marzo de 1990, y Carlos Pizarro, del M-19, en abril del mismo año. Múltiples actos terroristas en las principales ciudades del país dejaron centenares de muertos. La Corte Suprema y el Congreso habían sido intimidados, restaba el Ejecutivo. Los narcotraficantes secuestraron a parientes del presidente Virgilio Barco y su secretario privado. Con estas acciones finalmente consiguieron que el gobierno nacional aceptase reanudar los contactos con intermediarios de los narcotraficantes. El fiasco de la reforma política, junto con la profunda crisis derivada del conflicto con los narcotraficantes y la necesidad de consolidar los acuerdos firmados con el M-19, abrieron la puerta a una reforma de la Constitución. Recién los narcotraficantes habían reconocido el triunfo del Estado, pero paradójicamente fue en buena medida la violencia generada por ellos lo que permitió el proceso que desembocó en la convocatoria de una asamblea constituyente, la cual cambió profundamente la estructura del Estado. La Asamblea Nacional Constituyente se reunió durante el primer semestre de 1991 y acordó una nueva carta que fue sancionada el 4 de julio de 1991. Indudablemente, la nueva Constitución era más pluralista y democrática que la Constitución de 1886. Sin embargo, la Constituyente no estuvo exenta de acciones controvertidas. La prohibición de la extradición fue quizás la más polémica de todas. Hacía poco más de un año el gobierno y la prensa habían puesto en la picota a la Cámara de Representantes por haber introducido la extradición en el referendo. La Constituyente fue un pasó más allá, al prohibir directamente la extradición; sin embargo, la transformación del ambiente político hizo que las críticas fuesen esta vez mucho más moderadas. El nuevo gobierno del presidente César Gaviria había apostado por una solución negociada al conflicto con los narcotraficantes, a través de la denominada “política de sometimiento a la justicia”, en la cual los narcotraficantes se entregaban a cambio de rebajas de pena y beneficios procesales y la promesa implícita de no 206

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aplicar la extradición. El gobierno nunca reconoció que estaba negociando la legislación penal con los narcotraficantes –no podía hacerlo porque eran criminales comunes que habían cometido los peores actos terroristas vistos en la historia del país; no obstante, su política tuvo un respaldo significativo por parte de la opinión pública cansada de la violencia terrorista. Pero al parecer los narcotraficantes no querían dejar nada al azar y buscaron garantizar la prohibición de la extradición con sobornos a los constituyentes. Al menos así lo indicaría la denuncia de uno de ellos, cercano a los paramilitares, que presentó un video en el cual se le entregaba dinero para que votara a favor de la prohibición de la extradición. Se decía en ese video que 36 de los 70 constituyentes habían recibido dinero para votar en contra de la extradición. Claramente el denunciante buscaba deslegitimar la decisión tomada por la Asamblea Constituyente. Se desató una gran polémica sobre los motivos reales del denunciante, y en general de los constituyentes que apoyaban el fin de la extradición, pero la decisión de la Asamblea permaneció inalterada. El día 19 de junio de 1991, la Asamblea votó por amplia mayoría el artículo 35, que prohibió la extradición de los colombianos por nacimiento. Con la seguridad de no ser extraditado, esa misma tarde se entregó a las autoridades Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, que fue recluido en una cárcel diseñada según sus especificaciones. La violencia de los narcotraficantes disminuyó, pero pronto empezaron a circular rumores de que el Estado no tenía control alguno sobre las acciones de Escobar. Éste entraba y salía libremente de la prisión, e incluso mandó a traer varias personas a quienes personalmente torturó y asesinó. El gobierno se vio obligado a intervenir, pero cuando intentó cambiarlo de lugar de detención, en julio de 1992, Escobar se fugó fácilmente. El gobierno había sido puesto en ridículo y reaccionó empleando todos los recursos disponibles para cazar a Escobar. Esto incluyó la cooperación de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, y de narcotraficantes enemigos de Escobar. Tras un respiro de un 207

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año, de nuevo se habían recrudecido la violencia y el terrorismo. Escobar contactó a algunos funcionarios para explorar las condiciones de su entrega, aunque también manifestó su intención de convertirse en rebelde político, con el fin de recibir el mismo trato de los guerrilleros que abandonaron las armas. Finalmente Escobar fue acorralado y muerto en diciembre de 1993. Con su desaparición terminó el llamado narcoterrorismo, que había azotado al país desde 1984.

IV. El conflicto actual: 1994 al día de hoy Distraído por su enfrentamiento con el Estado, el cartel de Medellín perdió parte del control sobre el negocio de exportación de cocaína, circunstancia que fue aprovechada por el cartel de Cali. Esta organización evitó siempre enfrentarse directamente con el Estado, y por el contrario prefirió el dinero y la corrupción para impulsar sus intereses. En 1994, el cartel de Cali entregó seis millones de dólares a la campaña del liberal Ernesto Samper, quien fue electo presidente. Esta situación provocó una profunda crisis política, en la cual el gobierno Samper debió confrontar el rechazo internacional, sobre todo de los Estados Unidos, investigaciones internas, llamados a su renuncia y un movimiento golpista. La Fiscalía adelantó investigaciones que llevaron a la cárcel a empresarios, políticos regionales, congresistas y miembros del entorno del Presidente de la República, incluido su ministro de Defensa, Fernando Botero. Pese a que diversos testimonios, incluido el de Botero, comprometieron directamente al Presidente en las negociaciones que llevaron a la entrega de los seis millones de dólares, Samper siempre lo negó. La Constitución establece que el juzgamiento del Presidente es una función del Congreso. En junio de 1996, el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo absolvió definitivamente de los cargos relacionados con la financiación de su campaña. Este resultado no sorprendió a nadie, dados los favores que el gobierno otorgó a 208

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los miembros del Comité de Acusaciones. Por tanto, la decisión del Congreso no resolvió la crisis y esta se prolongó hasta el día en que Samper entregó el poder a su sucesor13. La crisis política debilitó de forma dramática al gobierno y al Estado mismo. Entre las múltiples consecuencias de esta situación, tres son particularmente relevantes para nuestro tema. En primer lugar, el gobierno colombiano, cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico, incrementó sus acciones en contra de ese negocio para tratar de probar que las denuncias en su contra eran infundadas. Los principales esfuerzos fueron dirigidos a destruir al cartel de Cali y detener a sus principales dirigentes. Esta campaña empleó a miles de hombres y fue dirigida por el Director de la Policía Nacional, el General Rosso José Serrano, quien era prácticamente la única persona destacada del gobierno colombiano en el que confiaba Estados Unidos. Cali quedó convertida en una ciudad ocupada pero la operación tuvo éxito: entre junio y agosto de 1995 fueron detenidos seis jefes del cartel, entre ellos los dos hermanos Rodríguez Orejuela. De esta manera desapareció el cartel de Cali, que dominaba entonces la exportación de cocaína hacia los Estados Unidos. Los defensores del Presidente Samper citan la destrucción del cartel de Cali como prueba contundente de su inocencia. Según ellos, Samper, si en efecto hubiera recibido del cartel de Cali dineros para su campaña, no lo habría combatido entonces con tal saña, porque se arriesgaba a que sus miembros hubieran manifestado que efectivamente las denuncias sobre financiación eran ciertas. Pero este argumento desconoce que tanto Samper como el cartel de Cali estaban enfrentados a múltiples demandas, y en ese momento en las presiones eran particularmente fuertes. 13

Para dos posiciones contrarias sobre el proceso de juzgamiento del Presidente en el Congreso, ver la justificación del Presidente, en Ernesto Samper Pizano, Aquí estoy y aquí me quedo. Testimonio de un gobierno, Bogotá, El Áncora Editores, 2000; y una crítica en Informe de la Comisión Ciudadana de Seguimiento, Poder, justicia e indignidad. El juicio al presidente de la República Ernesto Samper Pizano, Bogotá, Comisión Ciudadana de Seguimiento, 2000.

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Samper estaba obligado a demostrar que las denuncias eran falsas. Y a los miembros del cartel de Cali no les preocupaba exclusivamente su libertad. El gobierno podía extraditarlos con algún pretexto, dificultar su estadía en prisión, acosar a los miembros de su familia o aplicar de forma draconiana la ley de extinción de dominio. No hizo ninguna de estas cosas, y por tanto es posible pensar que, de ser ciertas las denuncias sobre el conocimiento de Samper frente alo relativo con la financiación de su campaña, los Rodríguez Orejuela tenían motivos para aceptar su encarcelamiento sin armar un escándalo político. En cualquier caso, la destrucción de los carteles de Medellín y de Cali demuestra que cuando el Estado se lo propone es capaz de destruir organizaciones criminales muy poderosas, al menos las que tienen carácter urbano. Fueron indispensables muchos hombres y la colaboración internacional para copar los carteles e ir progresivamente eliminado sus círculos de seguridad. Pero bastaron dieciséis meses para acorralar a Escobar y aún menos tiempo, ocho meses, para descabezar al cartel de Cali. Por ello, es inevitable concluir que esos carteles adquirieron tal poder al menos en parte por la pasividad de los gobiernos anteriores. El gobierno Samper también impulsó en el Congreso la ley de extinción de dominio, la cual fue redactada pensando en los narcotraficantes pero la cual tiene una aplicación mucho más amplia, permitiéndole al Estado hacerse a las propiedades en relación con las cuales sus tenedores no puedan demostrar que las adquirieron con recursos legales. Adicionalmente, debió enfrentar presiones muy fuertes provenientes del gobierno estadounidense para que restableciera la extradición, lo cual requería una reforma de la Constitución. En un principio el gobierno Samper se opuso, pero estaba tan débil que luego accedió a impulsar la reforma constitucional necesaria. La desaparición del cartel de Medellín hizo desaparecer el temor que tenían los congresistas para tratar el tema. Así, el Congreso realizó las votaciones necesarias y desde noviembre de 1997 la extradición adquirió por vez primera rango constitucional. Pese a que la 210

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propuesta del gobierno establecía que la extradición podía aplicarse retroactivamente a hechos anteriores a su aprobación, el Congreso no acogió esta parte de la propuesta del gobierno, con lo que la extradición fue aplicable solo a conductas posteriores a su aprobación14. A partir de entonces se han realizado extradiciones de manera ininterrumpida; durante el gobierno Uribe ya se acercan a las 400, un número muy superior al del total de las extradiciones efectuadas en los gobiernos anteriores. El tema de la extradición ya no concita los conflictos de antes. Esto se debe no solo a la desaparición del narcoterrorismo, sino también a la internacionalización de la política criminal, que ha reducido las resistencias a la entrega de nacionales para su juzgamiento en el exterior, o más precisamente, pues ese es el principal objetivo del mecanismo, de la entrega de narcotraficantes para su juzgamiento por parte de la justicia estadounidense. En la actual negociación con los paramilitares la extradición es un elemento contencioso, pero no se discute el fundamento y la justificación de ese mecanismo sino la conveniencia de su aplicación concreta a los narcotraficantes que hacen parte de los paramilitares. Un segundo aspecto en el que se reflejó la crisis política fue en el avance de los cultivos ilegales, particularmente de hoja de coca. En al año 1994, a comienzos del gobierno Samper, los cultivos de coca de Colombia eran menos extensos que los de Perú y Bolivia. En poco tiempo esta situación se invirtió, de tal 14

El texto de la Constitución, en su artículo 35, quedó así: “La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la materia. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”. Se dijo entonces que el gobierno apoyaba públicamente la retroactividad de la extradición, pero que privadamente hizo saber que estaba de acuerdo con el proyecto del Congreso. Sobre este tema ver Luis Cañón M., La crisis. Cuatro años a bordo del gobierno Samper, Bogotá, Planeta, 1998.

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manera que a partir de 1997 Colombia ha sido el principal país cultivador de hoja de coca en todo el mundo15 . Así, de centro del tráfico de cocaína, Colombia pasó también a ser en estos años el centro de los cultivos. Esta significativa transformación del negocio respondió a varios factores económicos y políticos. Los “microcarteles” que sustituyeron en el negocio a los grandes carteles de Medellín y Cali no tenían el poder ni los recursos de sus predecesores. Para esos microcarteles los viajes a Perú y Bolivia para adquirir base de coca son mucho más costosos y riesgosos; necesitados de materia prima, es natural suponer que los microcarteles debieron fomentar la expansión de los cultivos en el territorio colombiano16. La decisión de trasladar los cultivos a Colombia se dio en un contexto político muy favorable, el de la crisis política del gobierno Samper. Es posible entonces que la crisis política debilitara la capacidad del Estado de controlar el territorio nacional, facilitando la expansión de los cultivos. Así, la decisión de sustituir las importaciones de base de coca por la producción local, que era fundamentalmente de carácter económico, tuvo un gran éxito gracias a las muy propicias condiciones políticas. La tercera manifestación de la crisis política fue el avance de los grupos armados ilegales, sobre todo las FARC y los paramilitares. Las FARC obtuvieron los mayores triunfos militares de su historia entre 1996 y 1998, y a fines de 1997 se organizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la primera fuerza paramilitar de alcance nacional. Pese a que las AUC son una cúpula que coordina los esfuerzos de organizaciones independientes y no una entidad centralizada, la conformación de las AUC le permi15

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En 1994, las hectáreas cultivadas con coca fueron: Perú, 108600, Bolivia, 48100, y Colombia, 44700. En 1997, fueron: Colombia, 79400, Perú, 68800, y Bolivia, 45800. Ver Office on Drugs and Crime - United Nations, Global Illicit Drug Trends 2003, 2003 (http://www.unodc.org/pdf/report_2003-06-26_1.pdf). Ver Francisco E. Thoumi, The causes of illegal drug industry growth in the Andes, anti-drug policies and their effectiveness, Bogotá, Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (CEODD) de la Facultad de Economía de la Facultad del Rosario, marzo de 2005, pág. 24.

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tió a los paramilitares acordar estrategias nacionales y aumentar el número y alcance de sus operaciones. Así, el total de acciones bélicas en las cuales participaron los paramilitares dio un gran salto entre 1996 y 1997, pues de 6 pasaron a 37, y en los siguientes años mantuvieron ese nivel17. El progreso de los paramilitares está estrechamente vinculado con la expansión de los cultivos de coca, habida cuenta que fueron los gravámenes impuestos sobre los cultivadores de la hoja los que generaron buena parte de los recursos que permitieron a los paramilitares dar ese salto ofensivo. Carlos Castaño, jefe de las AUC hasta su desaparición en abril de 2004, reconoció esa situación: “Actualmente ejercemos control y cobramos impuesto en 15.000 hectáreas de coca en el Putumayo, antes de las FARC y obtenidas en combate. También dominamos en el sur de Bolívar, donde antes lo hacía el ELN. Ahora controlamos cerca de 20.000 hectáreas sembradas por la subversión. En la zona del Catatumbo existen más de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos, la mitad controladas por las FARC y la otra por la autodefensa”. Pero agregaba que “yo soy medio puritano y confieso que no fue fácil tomar la decisión (de aceptar la financiación del narcotráfico)”18. Los dos últimos fenómenos mencionados –la expansión de los cultivos ilegales y el fortalecimiento de los grupos armados- no fueron causados únicamente por la crisis política del gobierno Samper. Ya se ha visto que en el caso de los cultivos los narcotraficantes colombianos tenían motivaciones económicas para promover la expansión de los cultivos en el territorio colombiano.

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Ver Fernán E. González, Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vázquez, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, Cinep, 2002, gráfica N° 4, pág. 104. Precisamente, Jorge Alberto Restrepo y Michael Spagat, en un artículo publicado en otro lugar de este libro (“La dinámica del conflicto colombiano, 1998-2003”), usan el término “recrudecimiento” para caracterizar el conflicto a partir de 1996. Mauricio Aranguren Molina, Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos, Bogotá, Editorial Oveja Negra, 2001, cap. 14.

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Adicionalmente, los cultivos de coca son un fenómeno regional, y por tanto lo que ocurre con los cultivos en Colombia está necesariamente relacionado con los procesos que afectan a los cultivos de Perú y Bolivia. Por ese entonces los gobiernos de ambos países adoptaron políticas que disminuyeron la extensión de los cultivos de coca, lo cual pudo contribuir a su desplazamiento hacia Colombia. Por otra parte, los avances de las guerrillas y los paramilitares no se debieron únicamente a las oportunidades ofrecidas por la crisis política que vivía entonces el gobierno. Los éxitos militares de las FARC fueron posibles también porque ese grupo cambió su estrategia y concentró ejércitos mayores para golpear instalaciones del Ejército Nacional. Esto le permitió tener la iniciativa, al menos por un tiempo. En cuanto a los paramilitares, su consolidación fue resultado de unos procesos que se remontaban a la década anterior, por los cuales unos grupos regionales se organizaron y estabilizaron y posteriormente empezaron a establecer vínculos con grupos similares de otras regiones, hasta que finalmente se llegó a la creación de las AUC. Andrés Pastrana fue elegido presidente en 1998 con el mandato de sacar al país de la crisis vivida los cuatro años anteriores. Con ese fin, el nuevo gobierno adoptó dos políticas diferentes. Por una parte, adelantó conversaciones sin condiciones con las FARC en la llamada “zona de distensión”, un territorio de más de 42 mil kilómetros que el gobierno cedió al control de la guerrilla. El gobierno y las FARC se reunieron durante más de dos años sin obtener ningún resultado concreto, hasta que en febrero de 2002, pocos meses antes de culminar su gobierno, Pastrana declaró el fin del proceso de paz, y por consiguiente de la zona de despeje. Por otra parte, el gobierno inició un proceso de fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas, sin precedentes en el país. Esta inversión permitió consolidar el predominio aéreo de las fuerzas armadas y les dio una mayor movilidad, lo cual ha impedido a las FARC concentrar grandes ejércitos. 214

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La mayor capacidad de combate del Ejército fue posible en buena medida por la ayuda dada por los Estados Unidos a través del “Plan Colombia”. Debido a las denuncias de financiación de la campaña del presidente Samper con dinero del narcotráfico, Estados Unidos redujo al mínimo la cooperación con Colombia y mantuvo unas relaciones abiertamente hostiles con el gobierno nacional, llegando incluso a retirar públicamente la visa de entrada a ese país del Presidente colombiano. La presión estadounidense contribuyó a profundizar la crisis política de entonces, por lo que puede decirse que de manera indirecta el gobierno estadounidense coadyuvó a la extensión de los cultivos de coca y amapola y al fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Cuando Pastrana llegó al poder, Estados Unidos, preocupado por la gravedad de la situación, se propuso ayudar a la recuperación de la gobernabilidad en Colombia. El Plan Colombia fue resultado de la conjunción de intereses del gobierno Pastrana, que quería mejorar la eficiencia de las fuerzas armadas, y del gobierno estadounidense, que trató de revertir el deterioro de la situación política en Colombia. Pero la posibilidad de la ayuda de Estados Unidos estaba limitada por la oposición de importantes sectores políticos de ese país a colaborar con la lucha antiinsurgente en Colombia. Muchos congresistas demócratas y diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos se oponían a colaborar con el Ejército colombiano, dado su historial de violaciones a los derechos humanos. Por ello, desde su primera versión, en septiembre de 1999, el Plan Colombia fue presentado siempre como un proyecto de ayuda exclusiva a la lucha contra el narcotráfico19, aunque es claro que en su origen estaba la preocupación por las derrotas sufridas por el Ejército a manos de la guerrilla. Como en aquel momento el gobierno estadounidense no podía ayudar 19

Sobre el origen del Plan Colombia, ver Andelfo García, “Plan Colombia y ayuda estadounidense: Una fusión traumática”, en Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto, Bogotá, Planeta, 2001, págs. 193-306.

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de manera directa al Ejército, entonces decidió hacerlo de manera indirecta, colaborando con la erradicación de los cultivos ilegales, lo cual debía permitir aumentar el control sobre el territorio nacional y disminuir los recursos de que podían disponer los actores armados ilegales. El Plan Colombia ha supuesto el aporte de más de 3 mil millones de dólares en los últimos cuatro años y medio20. Los resultados sugieren que el Plan tuvo éxito en la erradicación de los cultivos ilegales hasta 2003. De acuerdo con todas las fuentes disponibles –gobierno colombiano, Naciones Unidas, gobierno estadounidense-, la extensión de los cultivos de coca en Colombia aumentó continuamente entre 1992 y el año 2000. Los aportes del Plan Colombia empezaron a llegar a fines del año 2000, y sus efectos se sintieron con toda intensidad a partir del año 2001. Los cultivos descendieron en un comienzo. Así, de 169 mil hectáreas en el año 2001, pasaron a 114 mil en el año 2003. Sin embargo, en el año 2004 los cultivos se mantuvieron constantes, pese a que las fumigaciones llegaron al nivel más alto de su historia, con más de 130 mil hectáreas afectadas21. Con anterioridad a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos había declarado como terroristas a las dos principales organizaciones guerrilleras colombianas, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y al mayor grupo paramilitar del país, las AUC –en el caso de las AUC, un día antes, el 10 de septiembre. A raíz de los atentados, Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo. Desde entonces fueron desapareciendo las limitaciones que existían para apoyar

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Ver las cifras detalladas del Center for Internacional Policy (http://ciponline.org/ colombia/aidtable.htm). Las cifras sobre cultivos son del Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI (http://www.cultivosilicitoscolombia.gov.co/botoneras/ estadisticas/cultivos_estadisticas.htm#). Las de fumigación provienen del Sistema de Información de la Defensa Nacional (http://www.mindefensa.gov.co/fuerza/ res_op200307.html) y la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca (http://www.whitehousedrugpolicy.gov/news/press05/032505.html).

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al Ejército colombiano. El Congreso de Estados Unidos, mediante ley del 2 de agosto de 2002, autorizó el uso de los recursos del componente militar del Plan Colombia en estrategias conjuntas, es decir, en la guerra contra el narcotráfico y contra los grupos armados ilegales. Así, el Plan Colombia, y en general toda la ayuda militar estadounidense, prácticamente ya no establecen diferencias entre la lucha antiinsurgente y el combate al narcotráfico. El Presidente Álvaro Uribe, que encarnaba el rechazo a la zona de despeje concedida a las FARC, ganó fácilmente la primera ronda de las elecciones presidenciales del año 2002. Su “política de seguridad democrática” ofreció negociaciones a los ejércitos ilegales que aceptaran una tregua, pero prometió aumentar la presión militar sobre los que se negaran. El diagnóstico que el gobierno actual hace del conflicto da un lugar importante al narcotráfico. El gobierno nacional considera que el narcotráfico constituye la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales. Por lo tanto, el combate al narcotráfico es un elemento esencial de la lucha contra esos grupos22. Los dos instrumentos principales que el gobierno nacional ha usado para combatir al narcotráfico han sido la extradición y la fumigación. La extradición, la entrega de criminales para su juzgamiento en el exterior, ha alcanzado sus máximas cotas en el actual gobierno. Desde agosto de 2002 han sido extraditados a los Estados Unidos cerca de 400 acusados, casi todos por narcotráfico. La fumigación, como se mostró anteriormente, también ha llegado a su máximo nivel durante el gobierno Uribe. Los resultados de la política gubernamental son difíciles de precisar. La situación de seguridad ha mejorado: las cifras de 22

Para la estrategia del gobierno nacional, ver Presidencia de la República – Ministerio de Defensa, “Democratic Security and Defence Policy”, 2003 (http:// alpha.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Home/ Seguridad%20Democratica.pdf).

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homicidios, secuestros, tomas a poblaciones están disminuyendo. No es claro, sin embargo, en qué medida la disminución se debe a las acciones del gobierno. En relación con las drogas, la situación es aún más confusa. Ya se mencionó que las estimaciones disponibles señalan una disminución de los cultivos de coca entre los años 2001 y 2003, lo cual se atribuyó al aumento de las fumigaciones, mientras que en el 2004, justo cuando las fumigaciones llegaron a su máximo nivel, se mantuvieron estables. De acuerdo con el gobierno estadounidense, en el año 2003 disminuyó la cantidad de cocaína exportada hacia los Estados Unidos pero no hubo cambios en la disponibilidad de la droga en ese mercado23. Obviamente, estos dos fenómenos son contradictorios. Incluso si se admite que los traficantes tienen existencias que les permiten cubrir la demanda cuando disminuyen las importaciones, no es posible que la disminución dure mucho sin que haya un impacto sobre los precios. Dado que los precios al por mayor en el mercado estadounidense no han cambiado y que la pureza de la cocaína ha seguido creciendo, debe suponerse que la disponibilidad de la droga sigue igual o incluso ha aumentado ligeramente, y que por tanto no han disminuido las exportaciones de cocaína hacia los Estados Unidos. Y como la participación de los países productores de coca y cocaína se ha mantenido más o menos constante24, habría que concluir que Colombia sigue exportando cantidades similares de cocaína. Es claro que el gobierno ha fracasado en términos de los objetivos que se impuso: los cultivos de coca y la exportación de cocaína se mantienen, pese a las acciones gubernamentales. Pero hay que preguntarse cuál sería la situación si el gobierno dejase de actuar en contra del narcotráfico. Si se considera que el narcotráfico ha prosperado en Colombia porque existen di23

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National Drug Intelligence Center, “National Drug Threat Assessment 2005”, febrero de 2005 (http://www.usdoj.gov/ndic/pubs11/12620/cocaine.htm#Availability). Ver United Nations – Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2004, volumen 2: Statistics, pág. 229 (http://www.unodc.org/pdf/WDR_2004/volume_2.pdf).

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versos factores que estimulan el florecimiento de las actividades ilegales en su territorio, es indudable que la ilegalidad sería aún más beneficiosa si llegaran a disminuir las acciones del gobierno. Lo cual no significa que la estrategia utilizada actualmente para hacer más costosa la ilegalidad sea la más adecuada. No es este, sin embargo, el lugar para discutir cuál debería ser la mejor política contra el narcotráfico. Si el negocio se mantiene, es porque existen muchas personas que participan y se lucran de él. Además de su papel tradicional como exportadora de drogas, Colombia se ha convertido en el principal centro de cultivo de hoja de coca de los países andinos. Esto significa que existen miles de personas dedicadas a atender los cultivos y su recolección, y la transformación de la hoja en cocaína. Los campesinos cultivadores, al igual que los encargados de transportar las drogas, son de bajos recursos y están en actividades que no requieren mayores conocimientos, por lo que aquellos que son capturados son fácilmente reemplazados por otros pobres dispuestos a correr riesgos. Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ya no tienen los alcances y dimensiones de los grandes carteles del pasado. Los viejos carteles de Medellín y Cali obtenían ganancias inmensas gracias al control del negocio en todas sus etapas, desde el cultivo hasta la venta en los mercados estadounidenses y el lavado de las ganancias. Su tamaño y recursos los convirtieron en una amenaza para la estabilidad del Estado colombiano, y por esa misma razón el Estado, con la colaboración de muchos agentes nacionales e internacionales, públicos y privados, concentró todos los recursos posibles con el objetivo de destruirlos. Los nuevos microcarteles concentran su labor en determinadas etapas del negocio –la refinación, el transporte o el lavado- y se alían con otros carteles para completar todo el ciclo productivo y comercial. Ya no constituyen una amenaza para el Estado, no obligan a una movilización general en su contra y, en aquellos casos en que son destruidos, resulta fácil su reemplazo por otros microcarteles. Adicionalmente, los carteles colombianos ya no 219

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tienen un control del mercado estadounidense. Las organizaciones mexicanas, en particular, se independizaron y establecieron vínculos entre los productores y los consumidores25 . Pero aunque ya las organizaciones narcotraficantes no son una amenaza directa al Estado, el narcotráfico si lo sigue siendo. Nadie desconoce la importancia que tienen los recursos procedentes del narcotráfico para la financiación de los ejércitos ilegales, en particular las FARC y los paramilitares. Pero como es natural con toda actividad económica ilegal, las estimaciones sobre el tamaño de los recursos que reciben los actores armados son muy diferentes. Así, por ejemplo, en el caso de las FARC, el informe oficial más reciente y detallado afirma que los ingresos de ese grupo en las diferentes etapas del negocio del narcotráfico ascendieron a entre 1,1 y 1,8 billones de pesos, lo cual habría supuesto un 45,8% de sus ingresos totales. De acuerdo con la tasa de cambio promedio del año 2003, esas cifras corresponden a entre 378 y 612 millones de dólares26. Sin embargo, Francisco Thoumi, al examinar los últimos datos sobre la magnitud de los cultivos ilícitos en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, consideró que el narcotráfico no generó en 2004 más de 350 millones de dólares a todos los agentes colombianos involucrados en el narcotráfico –incluidos campesinos, narcotraficantes y gru-

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“El desmantelamiento del grupo colombiano de Cali en 1995-1996 creó nuevas oportunidades para los traficantes mexicanos, quienes empezaron a desarrollar sus propias operaciones mayoristas y al detal en los Estados Unidos. Circunvalando los ahora débiles operadores colombianos, también empezaron a establecer vínculos directos con los cultivadores y los laboratorios de procesamiento en Bolivia y Perú” (Peter Smith, “Semiorganized International Crime: Drug Trafficking in Mexico”, in Tom Farer (ed.), Transnational Crime in the Americas, An Inter-American Dialogue Book, New York y Londres, 1999, pág. 197). Junta de Inteligencia Conjunta de la República de Colombia, “Estimación de los ingresos y egresos de las FARC durante 2003 basados en información de inteligencia recolectada por las agencias del estado”, Bogotá, 24 de febrero de 2005 (http:/ /alpha.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Home/ Finzanzas%20de%20las%20Farc.pdf).

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pos armados. Y que el total recibido por guerrillas y paramilitares no debió superar los 150-200 millones de dólares. Estas estimaciones no incluyen las ganancias obtenidas por la exportación de drogas a los mercados extranjeros, pero las FARC, al menos, no tienen una participación significativa en ese negocio27. Esta comparación ratifica una vez más la imposibilidad de obtener certeza alguna en relación con la dimensión económica de las actividades ilegales. Las cifras presentadas por la Junta de Inteligencia corresponden al año 2003 y las de la ONU al 2004, pero esto no es problema porque la extensión de los cultivos no cambió entre esos dos años. Pudiera pensarse que la Junta tiene una disposición a sobredimensionar la amenaza de las FARC, pero en todo caso Thoumi estima que los grupos armados reciben mucho menos recursos de lo que se suele creer. El interrogante que queda es si Thoumi tiene razón o si más bien la ONU está subestimando la extensión de los cultivos ilegales. Las relaciones que establecen ambas organizaciones con el narcotráfico son muy diferentes. Las FARC reciben ingresos del narcotráfico pero no son una organización exclusivamente narcotraficante: su propósito no es el enriquecimiento sino el financiamiento de sus actividades militares. La situación de los paramilitares es más complicada. Mientras que las FARC son una organización centralizada, en la cual cada uno de sus miembros actúa de acuerdo con lo que determinan sus líderes, los paramilitares son una federación de grupos que tienen historias muy diferentes. Varios de estos grupos, aunque financiados por el narcotráfico, tienen una historia real de participación en las luchas antisubversivas, en colaboración muchas veces con el ejército regular. El gobierno del Presidente Uribe adelanta en la actualidad negociaciones con los paramilitares. Un factor que habría pesado

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Francisco Thoumi, “Más realista”, en Semana.com (http://semana2.terra.com.co/ opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=87932).

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mucho en la disposición de los paramilitares a negociar fue la actitud de Estados Unidos, que declaró terroristas a las AUC y en septiembre de 2002 pidió en extradición a sus líderes de entonces. El objetivo mínimo que pretendían los paramilitares en las negociaciones era no ser extraditados. Castaño incluso pidió que Estados Unidos suspendiera los pedidos de extradición para facilitar el proceso de paz y a cambio ofreció la erradicación de los cultivos, pero Estados Unidos ha insistido en que no renuncia a la extradición de los paramilitares comprometidos en el narcotráfico. Es posible que algunas entidades del gobierno estadounidense, como el Departamento de Estado, consideren que el objetivo de conseguir la paz en Colombia justifique no extraditar a los paramilitares, pero otras entidades –por ejemplo, los Departamentos de Justicia o de Seguridad Interna- presumiblemente están más interesadas en la aplicación de la justicia. Por tanto, la decisión de abandonar la búsqueda de la extradición de los paramilitares comprometidos en el proceso de paz tendría que venir de una instancia superior, la Casa Blanca, pero ésta no ha dado señas de que tenga esa intención. El tema de la extradición aún sigue rondando las negociaciones. El proceso se ha visto complicado por el oportunismo de algunos narcotraficantes que, aprovechando sus vínculos con los paramilitares, consiguieron colarse en las negociaciones. Hace dos años un informe confidencial realizado para el gobierno concluyó que hasta un 80% de la financiación de las AUC provenía del narcotráfico y que se había hecho imposible diferenciar entre paramilitares y narcotraficantes. Agregaba el informe que las AUC estaban vendiendo su “franquicia” a grupos de narcotraficantes y que a través de los narcotraficantes convertidos en comandantes paramilitares las AUC controlarían alrededor del 40% del total del narcotráfico en el país. Según el informe, la principal preocupación y razón de ser del paramilitarismo no era el combate a la guerrilla sino la ampliación de sus lazos con el narcotráfico. Y concluía que el objetivo de los paramilitares 222

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en las negociaciones era legalizar su pasado y sus ganancias y salvarse de la extradición28. Las afirmaciones de ese documento se vieron confirmados al menos en parte en julio de 2004, cuando una investigación del diario El Tiempo ratificó que al menos dos de los comandantes militares presentes en las negociaciones habían comprado su posición29. El gobierno nacional optó por aceptar la situación, pero exigió que no se diese cabida a nuevos comandantes. Los paramilitares no respondieron, pero al momento de escribir este texto es claro que algunos narcotraficantes siguen buscando su ingreso a la negociación. Recientemente dos narcotraficantes del norte del Valle, conocidos como “Don Diego” y “Jabón”, que tienen a su cargo sendos ejércitos privados denominados “Los Machos” y “Los Rastrojos”, decidieron rebautizarlos, respectivamente, como “Autodefensas Campesinas del Valle» y «Rondas Campesinas Populares». Su propósito era convertir a sus organizaciones sicariales en ejércitos paramilitares y obtener así los beneficios jurídicos contemplados en la Ley de Justicia y Paz, aprobada para adelantar las negociaciones con los paramilitares. Resulta curioso, sin embargo, que ambos grupos estén actuando de manera similar pese a que mantienen entre sí un enfrentamiento que ha producido unos 1500 muertos. Esta situación fue denunciada por la revista Semana y el diario El Tiempo y hasta el momento el gobierno nacional rechaza su pretensión30 . Sin embargo, dado el carácter descentralizado de los paramilitares y a que no hubo claridad desde un principio respecto a quienes eran los individuos con los que el gobierno negociaba, es posible que los 28

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El informe es confidencial, pero el periódico The Washington Post obtuvo una copia a través de un jefe paramilitar –“Rodrigo” o “Doble 00”- que se oponía a las negociaciones y que posteriormente fue asesinado. Ver Washingtonpost.com, 26 de junio de 2003 (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A336762003Jun25.html). El comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, calificó al documento de “no oficial” pero confirmó sus conclusiones, no obstante lo cual las negociaciones prosiguieron. El Tiempo, 3 de julio de 2004. Fundación Ideas para la Paz, “Siguiendo el conflicto. Hechos y análisis de la semana”, No. 25, 12 de agosto de 2005, pág. 1.

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intentos de los narcotraficantes por meterse en el proceso continúen en tanto el proceso siga abierto. El narcotráfico sigue siendo el factor más perturbador en las negociaciones con los paramilitares. La doctrina jurídico-política aún dominante en Colombia –aunque en franco retroceso- establece una diferencia clara entre delito político y delito común. El delito político, que es objeto de un trato preferente, incluye todas aquellas actividades violentas y criminales dirigidas a la búsqueda del poder, exceptuando los crímenes de guerra y contra la humanidad. El delito político puede y, de acuerdo con la opinión de diversos sectores, debe ser negociado y, en últimas, perdonado por el Estado, dado su supuesto carácter altruista. El delito común no relacionado con la búsqueda del poder, en cambio, no puede ser negociado y menos perdonado. La consecuencia de esto es que resulta más fácil perdonar los asesinatos y masacres cometidos por los paramilitares que su participación en el narcotráfico. Esta peculiar ética no puede durar indefinidamente pero por el momento ha dificultado la negociación con los paramilitares.

V. Para terminar El narcotráfico surgió y se expandió en Colombia porque existían en el país condiciones que propiciaban las actividades ilegales. Así, hasta 1984, cuando tuvo lugar el asesinato del ministro Lara, los narcotraficantes y sus dineros progresaron rápidamente, sin mucha oposición, distorsionando la economía y corrompiendo las instituciones y la política. En las dos últimas décadas han tenido lugar esfuerzos más consistentes por contener el avance del narcotráfico, pero esta es una actividad muy rentable y es muy difícil construir instituciones que permitan imponer el imperio de la ley cuando hay tanto dinero sucio penetrando y tratando de corromper a los distintos sectores de la sociedad colombiana. Las acciones del gobierno nacional han sido exitosas en algunos campos, como la destrucción de los grandes carteles 224

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de Medellín y Cali que controlaron el negocio hasta principios de la década de 1990, pero no se ha conseguido la erradicación de los cultivos ni la disminución de las exportaciones de cocaína. No obstante, la tarea del país y del Estado es clara: el establecimiento del imperio de la ley y la afirmación de la legalidad. Llegados a este punto, es posible poner bajo una nueva luz el dilema de la relación entre el narcotráfico y el conflicto armado. Mucho se ha discutido en el país sobre el sentido de los vínculos entre ambos fenómenos, es decir, si es el narcotráfico el que alimenta el conflicto armado o es al revés, o si existe un solapamiento inextricable entre ambos. En realidad, uno y otro han sido posibles y han adquirido tal dimensión porque el país ofrece grandes ventajas a quienes optan por el camino de la ilegalidad, bien sea en el campo político, el social o el económico. Para construir una sociedad democrática y respetuosa de la ley es necesario que se disminuyan las ventajas que han tenido quienes optan en Colombia por las actividades ilegales o, dicho de otra manera, que no se premie y por el contrario se castigue el recurso al crimen y la ilegalidad. Esto no es fácil, como lo evidencian las negociaciones que actualmente se adelantan con el paramilitarismo. Pero si se acepta el objetivo último, es posible empezar a imaginar cómo hacerlo. Algunas estadísticas como las que señalan una disminución generalizada de la violencia y una reducción de los cultivos ilegales dan motivos para ser optimista sobre el futuro. Sin embargo, aún quedan dos guerrillas y no es claro de ninguna manera que la negociación con los paramilitares, incluso si es exitosa, consiga eliminar por completo su presencia en las regiones donde son más fuertes. Además, luego de varios años de disminución de los cultivos de coca, en el año 2004 parece que la disminución se hizo más lenta o se paralizó por completo. Por otra parte, Estados Unidos, aunque apoya en términos generales la acción política del gobierno Uribe, sigue insistiendo en la extradición de líderes paramilitares como Salvador Mancuso y “Don Berna”. En estos momentos no está ejerciendo una presión fuerte porque 225

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ello podría descarrilar las negociaciones, pero con seguridad no han renunciado a llevar a esos personajes a sus cárceles federales. Como lo demuestra la experiencia de Fabio Ochoa y de los hermanos Rodríguez Orejuela, sus esfuerzos pueden requerir muchos años para tener éxito. Por todo lo anterior, es necesario concluir que la lucha contra los actores armados ilegales y contra el narcotráfico es una labor que requerirá paciencia y muchos más años de trabajo.

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