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ENFOQUES

I

Domingo 4 de septiembre de 2011

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Medios

Una ley en señal de ajuste Continuación de la Pág. 1 de “mentir”, “tergiversar” y tener “una actitud atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia”. La ley de medios abrió un fuerte debate en la sociedad sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia y la intervención del Estado en su regulación. Para algunos, la norma es el mayor triunfo cultural del kirchnerismo que, según esa lógica, habría logrado lo que ningún otro gobierno pudo: doblegar a los medios hegemónicos, como los denomina el oficialismo. “La ley de medios permitió sincerar el país y establecer una discusión como la que nunca hubo cayéndose todas nuestras caretas, las de los periodistas y las de los políticos”, editorializó el periodista Víctor Hugo Morales, en su programa Bajada de Línea. Para Morales, tal vez la figura pública que más apoyó la sanción de la norma, la ley fue además “absolutamente decisiva en el resultado” de las elecciones primarias de agosto pasado. Es el mismo discurso del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, para quien los medios “fueron los grandes derrotados”. “Para que la sociedad democrática pueda extender sus libertades tiene que haber real pluralidad. No puede haber monopolios”, afirmó Mariotto el 15 de agosto pasado y reclamó a la Justicia que se defina sobre los artículos de la norma que se mantienen suspendidos. En paralelo a esta euforia, otros impulsores de la ley ya no ocultan su insatisfacción por los resultados concretos. En esa lista se incluyen las cooperativas, que esperaron infructuosamente sus licencias para dar TV paga e incluso amenazaron con una marcha en Santa Rosa, La Pampa; los cableoperadores pyme, que ahora enfrentan la competencia de aquellas cooperativas mientras los grandes operadores –entre ellos Cablevisión, del Grupo Clarín– siguen sin mayores rivales; y los canales de televisión comunitarios, que vieron esfumarse la posibilidad de acceder a licencias –e incluso un lugar en el aire– por el alto costo de los pliegos de los concursos lanzados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por citar sólo algunos ejemplos. El Gobierno sí avanzó en el reordenamiento de la grilla de la televisión paga –aunque Cablevisión mantiene vigente una medida cautelar que frena la aplicación en su caso, y otros sistemas argumentaron a Afsca que técnicamente no pueden hacerlo–, se agregó la hora y la temperatura en todas las pantallas de señales nacionales, y en todos los canales la identificación de espacio de publicidad, se fijaron porcentajes de contenidos infantiles –por eso volvieron viejos programas de Piñón Fijo, Panam y la serie que convirtió en productora a Cris Morena, Chiquititas–, y también se comenzaron a aplicar las restricciones a la retransmisión de contenidos. Esto último sacó del aire en el interior al programa deportivo Competencia, que conduce el propio Víctor Hugo Morales, por Radio Continental. Por lejos, el mayor avance de este largo y enredado proceso fue el lanzamiento del concurso para la licitación de 220 nuevos canales de televisión (una mitad para empresas comerciales y la otra para organizaciones sin fines de lucro), cuya apertura Afsca postergó para noviembre próximo. Además, según las resoluciones del organismo, los nuevos canales deberán contratar exclusivamente el servicio de puesta en el aire de Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones. En cambio, en distintas instancias la Justicia mantiene suspendido un puñado de artículos, entre ellos el que más interesa al Gobierno: el 161, que obliga a las empresas de medios a adecuarse a la norma en el término de un año desde su reglamentación. Ese plazo se cumplió el miércoles pasado para la mayoría de las empresas, con excepción de los grupos Clarín, Uno Medios y Cadena 3, que lograron cautelares judiciales. ¿Cuándo aplicará la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) ese artículo a las empresas que, por alguna razón, no recurrieron a la Justicia? Por ejemplo, ¿tendrá Telecentro, empresa del ex diputado justicialista Alberto Pierri, que elegir entre seguir brindan-

CRONOLOGIA

El camino de la ley de medios

Archivo LA NACION

Bancas vacías. Con la retirada de los diputados opositores del recinto, el oficialismo festejó en solitario su conquista

MARTIN BECERRA INVESTIGADOR EN MEDIOS

Profesión: doctor en Comunicación, profesor en las universidades de Buenos Aires (UBA) y Quilmes (UNQ)

MARIANA ARAUJO

Promesas

Realidades

“Más voces” Más canales de televisión y la participación de nuevos actores en el reparto de las frecuencias.

Nuevos canales oficiales Hay nuevos canales de TV privados, pero se otorgaron por fuera de la ley y a empresarios cercanos al Gobierno.

Universidades Las universidades nacionales accederán a frecuencias de radio y televisión.

Sin financiamiento Las universidades ya tienen asignadas sus frecuencias pero carecen de presupuesto.

Pueblos aborígenes Los pueblos originarios accederán a frecuencias de radio.

Sin reglamentar Se desconoce el criterio que se adoptará para la distribución.

Cooperativas Las cooperativas de servicios públicos podrán dar TV por cable.

Sin licencias Afsca no entregó ninguna licencia y la Justicia suspendió esa posibilidad.

Desconcentración El art. 161, que daba un plazo de un año para la adecuación a la norma, está suspendido para Clarín, Uno Medios y Cadena 3, entre otros grupos de medios.

Cablevisión, en la mira El Gobierno avanza en un proceso administrativo iniciado en 2009 con la anterior ley de radiodifusión que podría desmembrar la red de TV por cable del Grupo Clarín.

do el servicio de televisión por cable o mantener su señal de TV Canal 26, algo impedido por la nueva norma? El grupo Infobae, del empresario Daniel Hadad, ¿venderá alguna de sus cinco emisoras para quedarse con sólo una AM y dos FM por área geográfica? ¿Lo harán Pedro Raúl Moneta y Matías Garfunkel con las seis emisoras que tienen en la Capital Federal? ¿El grupo Telefe deberá vender algunos de sus canales de aire del interior para llegar sólo al máximo del 35% del mercado que prevé la legislación? Luis Lazzaro, coordinador general de Afsca, sugirió hace algunos meses que hasta que el desguace no alcance al grupo Clarín, el Gobierno no avanzará sobre otros medios. Paradójicamente, la embestida contra Clarín podría llegar a partir de la aplicación del decreto-ley de radiodifusión de la dictadura, derogado por la ley de la democracia. Eso porque Afsca lleva adelante un proceso administrativo por el cual le exige a Cablevisión, corazón del negocio del grupo Clarín, la devolución de decenas de licencias en distintas localidades por considerar que viola el Art. 43 de la ley vieja, que impedía a un operador contar con más de una licencia en la misma localidad. La empresa asegura que ya las devolvió, pero el Gobierno no se conforma con un papel y quiere la infraestructura de red desplegada a nombre de ese permiso. En la lista de espera Mientras tanto, entre los artículos sin reglamentar hay capítulos enteros de reformas que lograron alto consenso social y parlamentario: el acceso de las universidades y los pueblos originarios a canales y radios no está reglamentado y no se sabe, entre otras cosas, con qué reglas funcionarán y cómo se van a financiar. Aunque la Bolsa de Valores, el Sindicato de Camioneros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mostraron

interés en participar de la licitación en marcha, tampoco está reglamentado el inciso f del Art. 89, que reserva el 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro. No hay novedades respecto de la función del Defensor del Público, una suerte de ombudsman que debe velar por el interés de la audiencia y cuya selección no tiene fecha. Por otra parte, en los últimos meses, por el fuerte impulso que la administración Kirchner le dio al despliegue de la televisión digital terrestre –la evolución de la actual TV analógica– la audiencia asistió al lanzamiento de varios canales de aire, que sólo pueden ser vistos en televisores nuevos o mediante un decodificador. Esos nuevos medios no nacieron hijos de la nueva ley sino gracias a una excepción en la aplicación de la letra de la ley, con la promesa oficial de que, pasada la fase “experimental” de la tecnología, todos los que accedieron a frecuencias deberán concursarlas y correr el riesgo de perderlas. En esa situación están al aire la señal de noticias CN23, de la sociedad entre los empresarios Matías Garfunkel y Sergio Spolzki; 360 TV, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de Electroingenía; GolTV, de los uruguayos Francisco Casal y Enzo Francescoli; Canal Suri, del mexicano Remigio Angel González González, también dueño de Canal 9. La ley señala que los ciudadanos extranjeros no pueden ser licenciatarios de radiodifusión. En Capital ya se puede ver por TV digital Construir TV, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el primer canal sindical, que tampoco es producto de la ley sino de un amparo judicial previo. “En Capital Federal hay que pagar 200.000 pesos el pliego para poder participar en el concurso y 24.000 pesos por mes para salir al aire con Arsat. Nosotros no estamos en condiciones de competir con los grandes canales que han aparecido,

como 360TV, y que tienen fondos como para comprarse 200 canales como los nuestros”, explicó Alberto Martínez, presidente de la Asociación Argentina de Teledifusoras Pyme y Comunitaria (Aateco), una entidad que apoyó la sanción de la ley. Martínez es, además, integrante del consejo asesor de la TV digital estatal. Las elogiadas señales Paka Paka, del ministerio de Educación, o la esperada Tecnópolis TV, del ministerio Ciencia y Tecnología (que llegará en septiembre), surgen por la política de comunicación de la administración Kirchner pero tampoco se desprenden del texto de la ley de medios, como no lo hizo en su momento el reconocido canal Encuentro, que salió al aire el 5 de marzo de 2007 y fue rápidamente adoptado por todos los sistemas de cable del país. Ninguna relación guardan con el nuevo marco jurídico varios concursos de producción de contenidos coordinados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y financiados por el Ministerio de Planificación Federal, que va camino de convertirse en el principal productor de ficción y documentales del país. En cambio, productores independientes del interior se sorprendieron al tener que respetar topes a la cantidad de publicidad que emiten. “El día que se reglamentó la ley recibí una pésima noticia: nos fueron quitados 3 minutos de publicidad en nuestro programa”, agregó Nahuel Abregú, dueño de una productora en Río Negro, cuyo principal activo es Mamitas de Hoy, un envío sobre crianza. En este contexto, las fuerzas políticas que, durante el tratamiento de la ley, se opusieron tenazmente y aun después de su sanción recurrieron a la Justicia, prácticamente desaparecieron de la escena. Las sillas previstas en la legislación para las minorías parlamentarias siguen vacías y recién hace pocas semanas, la diputada radical Silvana Giudice reclamó que el oficialismo convoque a la comisión bicameral de seguimiento de la ley. Esa ausencia tampoco ayuda a la transparencia de Afsca, que nunca difundió los resultados de su primera gran medida: el censo de servicios de comunicación audiovisual. Cuando se terminó ese censo, el presidente del organismo se limitó a decir que existen 15.000 medios audiovisuales en el país, pero sin dar mayores precisiones. Tampoco es clara la situación de Canal 9 –flojo de papeles, como reconoció el propio Mariotto hace unos meses–, con dueño extranjero, a contramano de lo que indica la ley. Esta vez, en cambio, el presidente de Afsca prefirió no responder. Desde hace diez días, LA NACION llama día por medio a la secretaría privada del funcionario y candidato a vicegobernador bonaerense para pedirle una entrevista o al menos un simple comentario sobre el doble aniversario de la ley de medios, dos años de la sanción y uno de la reglamentación. Este diario también intentó dialogar con Damián Loretti, abogado especialista en derecho de la comunicación que es señalado como uno de los autores del texto original de la ley. También buscó la opinión de Víctor Hugo Morales. En todos los casos fue en vano.

Martín Becerra es doctor en Comunicación, investigador independiente del Conicet, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Dedicó buena parte de su trayectoria académica al estudio de la concentración de medios, sobre lo que tiene varios libros publicados. Desde su cátedra fue un defensor de la ley de medios, a la que considera un gran avance respecto de la situación previa. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas, también es un crítico contundente de algunos aspectos de la norma y, principalmente, de cómo el Gobierno está llevando adelante su aplicación. Para Becerra, la ley peca de “generalista” al darle el mismo tratamiento a situaciones totalmente distintas, “no es una norma preparada para la convergencia de medios” y carece de un capítulo que determine cómo se van a financiar los nuevos medios. se está aplicando la ley? ➼ ¿Cómo ➺ La ley es compleja de poner en

funcionamiento rápidamente. Por su naturaleza, por su complejidad y por los temas que regula no existe esa posibilidad ni aun en un contexto más favorable que el actual. Actualmente tres obstáculos frenan la instrumentación de la norma: el propio Gobierno, la oposición y los grupos privados concentrados. El Gobierno porque está obsesionado con algunos artículos de la ley que están inspirados en la disputa con el grupo Clarín. Entonces enfoca la aplicación de la ley traccionando por el objetivo de atacar, disminuir o erosionar el poder que tiene el grupo. Los grupos privados evidentemente defienden sus intereses, acostumbrados a muchas décadas de una regulación funcional con gobiernos dóciles, incluido el de Néstor Kirchner. Y, por último, la oposición política, que boicoteó la integración de los órganos republicanos de control, lo que le hace poco favor a su prédica republicana.

ley generalista? ➼ La¿Esleyunapeca de generalista, por ➺

ejemplo, porque no es lo mismo retransmitir 24 horas contenidos de un canal de aire analógico de televisión de Capital Federal donde la oferta en cada localidad es limitada. En FM, el espectro analógico permite que haya cantidad de oferta, y recibe un tratamiento similar. En general, la ley está redactada tomando como referencia las grandes ciudades argentinas y no está redactada pensando en la mayor parte del territorio, donde no hay grandes ciudades.

La Argentina decidió regular ra➼ diodifusión y telecomunicaciones por separado, ¿es eso correcto?

➺ Es un error. Hay que pensar en

términos de leyes convergentes. No se puede tener un objeto de regulación convergente y leyes divergentes. Así, el Estado tiene una mirada esquizofrénica. Un fracaso de la oposición de centroizquierda es haber impedido que las telefónicas puedan dar TV por cable. Las telefónicas están y seguirán estando en el negocio de los medios, en lugar de prohibirlas el Estado debe exigirles contraprestaciones sociales.

Más información. La versión completa de esta entrevista, en www. lanacion.com.ar/edicion-impresa/ suplementos/enfoques

© LA NACION

18/03/2009

15/09/ 2009

10/10/2009

10/10/2009

31/10/2010

05/10/2010

21/06/2011

Presentación en La Plata

La cámara baja da media sanción

Aprobación en el Senado

Promulgación automática

Reglamentación parcial de la ley

Primer fallo de la Corte Suprema

Se abre el concurso de licencias

En el Teatro Argentino de La Plata, el lugar preferido del kirchnerismo para sus grandes lanzamientos, la presidenta Cristina Kirchner presentó el borrador del proyecto.

Con el apoyo del socialismo y de Proyecto Sur, de Pino Solanas, el proyecto obtiene media sanción en Diputados. La oposición se retiró del recinto antes de la votación.

Sin modificaciones, por 44 votos contra 24, y durante la madrugada, los senadores aprobaron la ley. El Art. 161, de desguace de medios en un año, es aprobado 38 a 24.

Por primera vez en mucho tiempo, el Boletín Oficial se edita un sábado. El Gobierno publicó el decreto de la Presidenta con la promulgación de la ley,

Mediante el decreto 1225, la Presidenta reglamentó parcialmente la ley (aún quedan 81 artículos pendientes). Empieza a correr el plazo de un año para el desguace.

Legisladores opositores y medios logran medidas cautelares en distintas instancias judiciales. En el primer fallo sobre el tema, la Corte mantiene la suspensión del Art. 161.

Junto con el anuncio de su candidatura para la reelección, la Presidenta anuncia el llamado a concurso público para conceder 220 nuevas licencias de TV en todo el país.

LA NACION