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Página 12/LA NACION

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Jueves 17 de enero de 2008

Fallo judicial: hicieron lugar a un amparo de ATE por la no renovación de 2400 contratos en la ciudad

Macri debe reincorporar a cesanteados Continuación de la Pág. 1, Col. 4

no se les renovó dicho contrato. Macri tiene previsto evaluar otros 20.000 contratos y realizar un censo de los 120.000 empleados que hoy tiene la planta permanente de la ciudad para determinar qué tipo de función cumple cada uno y si realmente concurren a trabajar. En ese sentido, la jueza Liberatori ordenó que los empleados cuyos contratos no hubieran sido renovados fueran incluidos en dicho censo, que comenzará a realizarse el 1° de marzo próximo. La medida de la Justicia fue celebrada ayer ruidosamente por los gremialistas de ATE, que sienten que lograron con su amparo lo que no pudo conseguir el gremio mayoritario de los empleados porteños: el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), que había levantado una medida de fuerza de 72 horas para sentarse a negociar con el gobierno con la condición de no judicializar la situación de los contratados. “La jueza reconoció la fuente laboral, el salario y las funciones y retrotrae una medida unilateral y autoritaria que había dispuesto Macri”, dijo a LA NACION el secretario adjunto de ATE-Capital, Rodolfo Arrechea.

Malestar oficial En el gobierno, la decisión de la jueza despertó un profundo malestar. Reuniones en varios despachos del Palacio Municipal signaron una jornada bastante agitada para Macri y sus ministros. El mandatario local convocó a una conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas. Serio, y acompañado por la vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, dio un discurso de sólo cuatro minutos. “Lamentablemente, quisiera venir aquí a contarles lo que estamos haciendo, pero nos siguen poniendo palos en la rueda y piedras en el camino... Igual, no nos van a detener en la transformación de la ciudad que los vecinos apoyaron. Los tres fallos de la jueza van mas allá de sus facultades, pretendiendo tomar decisiones de gobierno en lugar de los que hemos sido votados por la sociedad para hacerlo”, aseguró Macri. El procurador porteño, Pablo Tonelli, acusó a Liberatori de querer gobernar la ciudad. “Se ve que la jueza está decidida a gobernar. Es una de-

cisión política la que tomó... Ahora el gobierno tendrá que incorporar a los trabajadores cesanteados hasta tanto la Cámara de Apelaciones se expida, en un plazo que demandará entre 20 y 30 días”, dijo Tonelli a LA NACION. Fuentes judiciales indicaron que la apelación será tratada por la sala de feria antes de fines de este mes cuando concluya el receso de verano, previa vista a la fiscal Daniela Ugolini y al gremio. LA NACION intentó dialogar con la jueza Liberatori, pero su secretaria privada indicó que la magistrada no concedía entrevistas. ATE instó a los trabajadores a que concurran hoy a sus puestos con la resolución de la jueza Liberatori en mano, a fin de recuperar sus empleos. Algunos, incluso, ya lo habrían hecho ayer. LA NACION no pudo confirmar esta última aseveración del gremio. “El gobierno de Macri cerró los canales de diálogo. Le pedimos que aceptara un diálogo constructivo y que no cortara el hilo por lo más delgado, pero no lo hizo. Esperemos que el jefe de gobierno respete los poderes del Estado y acepte el fallo de la jueza”, dijo Arrechea. El secretario de Comunicación de ATE, Hernán Vázquez, acotó: “Es importante poner un freno a las medidas autoritarias del gobierno. Mañana [por hoy] haremos una movilización hacia Diagonal Norte y Florida para que todos conozcan el fallo de la jueza”. El jefe de gobierno fue criticado por legisladores de la oposición tras su discurso, en el que anunció su voluntad de recusar a la jueza. El legislador Raúl Fernández (Encuentro Progresista) opinó: “Macri se comporta de manera prepotente, actúa como un barrabrava. No sólo no respeta la división de poderes, sino que, además, se comporta de manera extorsiva. Quiere condicionar a la Justicia a través del chantaje, amenazando con un juicio político”. Sobre la intención del gobierno de pedir el juicio político de la magistrada, el diputado Diego Kravetz dijo: “No se puede utilizar la mayoría automática que tienen Macri y Carrió en la Legislatura para avasallar al Poder Judicial”. Kravetz, jefe de la bancada kirchnerista, acotó: “Es un mal precedente que el jefe de gobierno y Elisa Carrió vulneren la Constitución de la ciudad atacando a los jueces cuando no es de su agrado un fallo”. Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) opinó: “Macri va a tener que acostumbrarse a ser controlado”.

GENTILEZA GCBA

El jefe de gobierno, Mauricio Macri, acompañado por la vicejefa, Gabriela Michetti, dijo que recusará a la jueza Liberatori

El escenario

El controvertido fallo

La pelea por ver quién gobierna en la ciudad

Facsímil de la resolución de la jueza Liberatori

Por Pablo Tomino De la Redacción de LA NACION

Fuente: Procuración General de la Ciudad

LA NACION

La pelea entre los gremios municipales y el gobierno porteño acaba de ingresar en un nuevo round. Mientras que los primeros encontraron en la justicia en lo contencioso administrativo una aliada para intentar frenar los decretos de Mauricio Macri de intervención de la obra social de los municipales y de no renovación de contratos vencidos, el Estado porteño busca ahora en la Cámara de Apelaciones la revalidación de sus medidas y pedirá la recusación de la magistrada por entender que excede su papel al “pretender tomar decisiones de gobierno”. * * *

Perfil de Elena Liberatori

La jueza que retruca decisiones oficiales Elena Liberatori les puso freno en menos de siete días a tres de las medidas más fuertes que tomó Mauricio Macri desde que inició su gestión. Pero eso no es nuevo para la magistrada, que ya, previamente, se había enfrentado con dos de los antecesores de Macri: Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. En la novel justicia porteña, creada en 2000, la magistrada se ha erigido en una adalid de los más débiles. Con sus fallos se puso, cada

vez que pudo, en defensa de los más necesitados. No está sola en esta tarea. Integrante del grupo Autoconvocatoria por el Derecho y la Justicia, junto con otros magistrados del fuero que también dictaron fallos contra decisiones del Poder Ejecutivo porteño, la jueza ordenó la construcción de un hospital en Villa Lugano y multó a Telerman por no resguardar a las familias asentadas en la villa Rodrigo

Bueno, frente a la Reserva Ecológica. Pero su fallo más recordado es el que cerró la muestra del artista León Ferrari, tres años antes de que fuera consagrado en la Bienal de Venecia. Ese fallo fue revocado. En 2003, Liberatori exigió que el Banco Central le devolviera a un ahorrista 500 dólares mensuales de los que le había capturado el corralito. El entonces juez Mariano Bergés la procesó por dictar sentencias contra-

rias a la ley, medida que también fue revocada. Precisamente, prevaricato es el delito con el que el macrismo amenaza a la jueza, en un eventual pedido de juicio político que el gobierno dice seguir estudiando. De buena relación con el gremio de los municipales, fue expositora en una charla sobre cuestiones judiciales organizada por las Cátedras Bolivarianas de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo.

La posición de los gremios quedó francamente dividida: mientras que el sindicato de los trabajadores estatales, Sutecba, que representa al 90% de los empleados de la ciudad, se sentó a negociar con el macrismo para levantar un paro de 72 horas y analizar la revisión de unos 20.000 contratos, el sector menos representativo en el distrito, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sostuvo la medida de fuerza con una huelga de 24 horas y recurrió a la Justicia para que deje sin efecto las cesantías. A los sindicalistas de ATE, esta jugada les resultó más que auspiciosa: la medida cautelar que presentaron para pedir la reincorporación de los 2400 hoy ex empleados, tuvo el visto bueno

de la jueza Elena Liberatori. Así, el gremio minoritario consiguió la continuidad de los censanteados, de los cuales sólo 100 son afiliados a ATE. ¿Quién gana y quién pierde en esta puja entre sindicatos ante el gobierno? ¿Cuál es el papel de Sutecba, que si bien ofrece resistencia a la intervención a la obra social porteña, se sentó a negociar con el macrismo sobre la rescisión de los contratos? * * * El gobierno porteño también planteó batalla contra la jueza Liberatori, que en menos de una semana falló tres veces contra decisiones del Poder Ejecutivo. Macri y sus allegados interpretan esta arremetida judicial como “una cuestión personal” de la magistrada contra el jefe de gobierno. Se apoyan en tres hechos objetivos. Primero, el gobierno intervino la obra social porteña con un decreto de “necesidad y urgencia”, pero la jueza no lo creyó conducente. Segundo, el Poder Ejecutivo recurrió a la Legislatura para lograr que esa medida tuviese todo el peso de la ley. Sin embargo, la jueza Liberatori se volvió a pronunciar ratificando a la conducción gremial y permitiendo la intervención sólo a efectos de llevar adelante la adeudada desregulación de la obra social. Tercero: la magistrada decidió hacer lugar al pedido de ATE de reincorporar a 2400 ex empleados cuyos contratos no fueron renovados. Y los tres fallos, decididos en cuestión de horas por la magistrada cuestionada por el macrismo.

Buscan agilizar un trámite: confusos comunicados oficiales El análisis de la noticia

Una amnistía de multas que apenas duró cuatro horas

El riesgo de elegir las palabras equivocadas Por Angeles Castro De la Redacción de LA NACION

Depuran el archivo de actas prescriptas El gobierno porteño dará de baja de su base de datos a dos millones y medio de multas de tránsito prescriptas, confeccionadas antes de enero de 2006 y que no han sido notificadas a los infractores, según indicaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad. Antes, desmintieron que se tratara de una amnistía, tal como figuró ayer en comunicados oficiales. Esta modificación de los archivos, ordenada por una resolución que será publicada la semana próxima en el Boletín Oficial, pretende evitar complicaciones administrativas para los vecinos que, al solicitar un libre deuda de su vehículo –trámite necesario para obtener el carnet de conductor, entre otros– se encuentren con viejas faltas impagas y acudan innecesariamente a pagarlas. Según justificó el subsecretario de Justicia, Daniel Presti, “los vecinos tienen que soportar colas de cuatro horas en el edificio de la Dirección de Infracciones, donde se centralizan los pagos”. El gobierno –dijo– quiere revertir la situación. El comunicado que había difundido el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño agregaba que la medida optimizará el trabajo de los controladores para brindar una mejor atención al público. También mencionaba la gacetilla que la iniciativa apunta a satisfacer el

“derecho del ciudadano a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable”. Hasta ahí lo que se dijo era lo que se pretendía decir. Sin embargo, el mismo texto provocó confusiones, por transmitir información errónea acerca del alcance de la resolución. “La medida implicará la baja del sistema informático de aquellas infracciones que se labraron hasta marzo de 2007”, rezaba el comunicado. Por un momento se pensó que se trataba de una amnistía para las multas que vencen entre mediados de este mes y marzo próximo. Las actas labradas hasta marzo de 2007 tenían un plazo de prescripción de un año, según lo establecido por la ley 451 (el Régimen de Faltas). Luego, la Legislatura modificó esa norma y alargó hasta los dos años ese lapso; además, fijó que la prescripción se interrumpe por la citación fehacientemente notificada para comparecer, a partir de la cual comienza a correr nuevamente el plazo de dos años. Ni la ley anterior ni la actual discriminan, para su prescripción, la gravedad de la falta. Presti tuvo que desmentir la información del comunicado: “No es un perdón; sólo borraremos multas prescriptas”. La fecha hasta la que tendría alcance la medida, sin embargo, fue una in-

ARCHIVO

Un agente de la Policía Federal labra un acta a un taxista

cógnita hasta que el ministro Guillermo Montenegro lo aclaró a LA NACION: “Sacamos del sistema las multas que tienen dos años, prescriptas por ley, y que no fueron notificadas. Hay más prescriptas, sobre las que la intención es hacer lo mismo; puede establecerse con otra resolución o con una interpretación de ésta”. Montenegro hacía referencia a las actas labradas desde enero de 2006 y marzo de 2007.

Siete millones La cifra de infracciones que literalmente se borrarán, según precisó Presti, surge de la suma de multas vencidas que, hasta ahora, formaban parte de los “siete millones” que se acumulan en el sistema informático y en actas de comprobación [en papel]. Las multas sin vigencia obligaban a padecer esperas prolongadas para que un controlador resolviera que, finalmente, ya no había nada que pagar, pues la sanción que impedía obtener el libre deuda ya no estaba vigente.

Pero la resolución que pretende “solucionar problemas de fondo y facilitar los trámites a los vecinos”, en las palabras del presidente de la Comisión de Tránsito de la Legislatura, Daniel Amoroso, deja un resto pendiente. Las infracciones cometidas antes de enero de 2006 y ya notificadas son la excepción. Ninguna de ellas será borrada, ya que, acorde con la ley 451 y su modificatoria, como se dijo, el plazo de prescripción vuelve a regir desde cero cuando se produce la citación. Es decir que los dos años de prescripción comienzan a contarse desde la llegada de la notificación al domicilio del infractor, cosa que puede ocurrir, incluso, un año y once meses después de cometida la falta. Respecto de la cantidad existente de esos casos, Presti explicó: “A fin de febrero se finalizará un relevamiento que determinará cuáles y cuántas han sido las citaciones hechas”.

María Luján Scarpinelli

A veces el mal uso de las palabras puede hacer que alguien termine diciendo todo lo contrario de lo que quería decir. Y provoque en el receptor reacciones no deseadas. El gobierno porteño lo padeció ayer, cuando una equívoca gacetilla emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad y repetida por la Secretaría de Comunicación Social informó que “el Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante la resolución Nº44/08 dispuso la prescripción de 2.500.000 multas de tránsito” y que “la medida implicará la baja del sistema informático de aquellas infracciones que se labraron hasta marzo de 2007”. Como no hay palabra más oficial que una gacetilla de prensa, enseguida los medios empezaron a comunicar la “amnistía”. Los equipos de gobierno, con las energías concentradas en los fallos de la jueza Elena Liberatori (sobre lo que se informa por separado), nada aclararon. Todo cambiaría horas más tarde, cuando la confusión alcanzó un punto tan álgido que hasta el ministro Guillermo Montenegro –un hombre usualmente inaccesible para los periodistas– se vio obligado a levantar el teléfono y hacer las aclaraciones del caso. En el medio, la noticia no había hecho más que alentar, por un lado, la fantasía de miles de infractores: muchos se entusiasmaron con la posibilidad de un “borrón y cuenta nueva”.

Diputados de la oposición, ni lerdos ni perezosos, abrieron fuego. “La decisión del Ejecutivo porteño de disponer la prescripción de dos millones y medio de multas de tránsito cometidas con anterioridad a marzo de 2007 celebra la impunidad de aquellos que cometen infracciones”, se enardecía el legislador Martín Hourest (CTA). En sintonía, la opinión pública comenzó a hablar de una “polémica incitación a no pagar”. Se trató de reacciones proporcionales al anuncio del comunicado. Sobre todo, porque el macrismo emprendía una amnistía luego de que sus diputados hubieran respaldado una ley que estiró de uno a dos años el plazo de prescripción de todas las multas, que se aplica desde marzo de 2007. Consultados por la dimensión de escándalo que la noticia había tomado, los legisladores fueron justamente los primeros en dar pistas de que existía un malentendido. Las segundas líneas del Ministerio de Justicia también desmentían la amnistía. Al solicitar la famosa resolución 44/ 08 para obtener un poco de luz, en realidad la información terminó de oscurecerse: no planteaba una amnistía, pero ordenaba borrar las multas de dos años de antigüedad o más. Sólo entonces reaccionaron las más altas esferas del gobierno macrista, desesperadas por aclarar todo lo dicho durante cuatro horas, conscientes de la confusión que las palabras menos adecuadas habían causado mientras ellos pensaban en los fallos de Liberatori.